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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-06485-00

Fecha
26 de junio de 2026
Consejero ponente
José Roberto Sáchica Méndez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-06485-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR la configuración de la cosa juzgada constitucional, la temeridad, así como la improcedencia de la acción de tutela de la referencia, en atención a las consideraciones planteadas. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-06485-00

Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez

26 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Veintiséis (26) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06485-00
Accionante: Édgar Fernando Guzmán Robles
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro de proceso de nulidad electoral. Irregularidades en votaciones y
escrutinios / DECLARA IMPROCEDENCIA – Se configuró cosa juzgada
constitucional y no se cumplió el requisito de inmediatez.

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela
de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.
El 15 de octubre de 2025, el señor Édgar Fernando Guzmán Robles promovió
acción de tutela contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, con el fin de que
se ampararan sus derechos fundamentales a la igualdad, acceso a la administración
de justicia y debido proceso y se dejara sin efectos la sentencia de 13 de marzo de
20252, emitida dentro del proceso de nulidad electoral3 que incoó contra el señor
Renson Jesús Martínez Prada, encaminado a que se anulara su acto de elección
como gobernador de Arauca para el período 2024-2027.

2.
Mediante la providencia acusada se negó la pretensión ordinaria. Se determinó
que (i) la entrega y recibo de pliegos electorales de las mesas de votación objeto de
estudio se dio en condiciones normales; (ii) hubo correspondencia entre votantes y
votos y el voto que fue incinerado obedeció a que no fue depositado en la urna, sino
que se halló en un cubículo; (iii) no se presentaron diferencias injustificadas en los

1
Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de
2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
2
Frente a la que se presentaron solicitudes de aclaración y adición, despachadas de manera desfavorable con auto de 3 de
abril de 2025, notificado el 9 de los mismos mes y año.
3
Expediente 11001-03-28-000-2024-00016-00, al que se acumuló el expediente 11001-03-28-000-2024-00018-00, el cual fue
promovido por el partido Centro Democrático.

1

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formularios E-14 y E-24; (iv) no se constató la presunta demora de 3 mesas para dar
su reporte; (v) no se vulneró el debido proceso al declarar la elección, pues aunque
la parte actora indicó que ello acaeció antes de que se desatara el recurso de
apelación interpuesto, no se aportó la constancia de que esa impugnación fue
recibida y, en todo caso, las irregularidades advertidas fueron rechazadas por la
Comisión Escrutadora Departamental de Arauca por falta de pruebas; (vi) los motivos
que fundamentaron el aludido rechazo se encuentran debidamente soportados en
las normas aplicables; y (vii) el hecho de que no se haya implementado la tecnología
de biometría en todas las mesas de votación de Arauca, así como las diferencias
entre preconteo y el escrutinio de las mesas, no derivan en la nulidad del acto de
elección acusado.

3.
La parte actora sostuvo que acaeció defecto procedimental absoluto porque se
presentó una incongruencia en la providencia acusada, al no cumplir los artículos
281 del Código General del Proceso (CGP), 187 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y 55 de la Ley 270 de
1996, los cuales le imponen al juez el deber de que en la sentencia haya
correspondencia entre lo resuelto y lo que oportunamente se planteó como materia
de la controversia.

4.
Se excluyeron en la fijación del litigio, contenida en el auto de 5 de agosto de 2024,
los cargos que previamente habían sido admitidos en la demanda, relacionados con
acusaciones graves que se vieron representados en la trashumancia electoral, la
suplantación de electores, la violencia y constreñimiento al elector, el cargue y
descargue de los formularios E-14 una vez publicados en la página electrónica de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, la violación del derecho al debido proceso
en los escrutinios, el indebido trámite de reclamaciones y denuncias, la omisión en
valorar adecuadamente la evidencia documental y la aplicación de criterios formales
rígidos que no corresponden a la realidad probatoria.

5.
También se configuró defecto fáctico, en tanto se omitió valorar la totalidad de
las pruebas aportadas, al desestimarse en la fijación del litigio los cargos que tenían
alguna relación con el respectivo elemento de convicción y el cual demostraba la
irregularidad advertida en el trámite electoral. Además, no se tuvo en cuenta que no
se desataron los recursos de queja interpuestos en el marco del proceso de
escrutinio, que 18 mesas de votación fueron modificadas después de haberse
cargado la información como lo establece la ley electoral y que la biometría se
requería en puestos rurales, en atención al contexto de seguridad. Tampoco se
emitió pronunciamiento sobre las medidas de seguridad y acompañamiento de la
fuerza pública a los documentos electorales de los puestos de votación debatidos.

6.
De igual modo, se incurrió en defecto sustantivo y desconocimiento del
precedente. No se tuvo en cuenta la jurisprudencia relacionada con el principio de
congruencia y el control de legalidad que se debe hacer sobre los procesos
electorales. A pesar de contar con indicios y pruebas sólidas de fraude electoral,
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alteración de documentos y manipulación de resultados, la autoridad judicial optó por
una interpretación restrictiva y altamente formalista.

7.
Se desconoce lo regulado por el CGP y el CPACA, en lo relativo a la fijación del
litigio y el decreto de pruebas, ya que contraría las oportunidades y derechos que
como parte le garantizan el debido proceso. Asimismo, se desatiende lo sostenido
por el Consejo de Estado sobre el particular en la sentencia de 28 de febrero de
20194.

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda

8.
Mediante auto de 27 de octubre de 2025 5, el despacho a cargo del consejero
William Barrera Muñoz admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la autoridad
demandada y vinculó al señor Renson Jesús Martínez Prada y al partido Centro
Democrático, en condición de terceros con interés. De igual modo, ordenó comunicar
la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.

9.
El 6 de marzo de 2026 los integrantes de la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado6 manifestaron su impedimento, debido a que en la presente
tutela se formulan las mismas pretensiones y se guarda similitud con los argumentos
planteados en la acción de amparo 11001-03-15-000-2025-04077-00, la cual
resolvieron previamente, circunstancia que les impide manifestarse nuevamente
sobre un tema relacionado, conforme al numeral 4 del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal. Impedimento que fue declarado fundado por esta Subsección7,
mediante auto de 24 de marzo de 2026.

10.
Sin embargo, el 7 de abril de 2026, el consejero Fernando Alexei Pardo Flórez
manifestó su impedimento, en razón a la amistad estrecha que tiene desde hace 8
años con el consejero Omar Joaquín Barreto Suárez, quien fue el ponente de la
sentencia ordinaria acusada. Impedimento aceptado el 22 de abril del año en curso.

11.
El 12 de mayo de 2026 se registró proyecto de fallo. No obstante, el 21 de mayo
siguiente, la consejera Zoranny Castillo Otálora manifestó estar impedida para
conocer del caso, por su amistad íntima con la magistrada Gloria María Gómez
Montoya, quien suscribió la decisión cuestionada. Ese impedimento se declaró
fundado en auto del 29 de mayo de 2026. En esa misma providencia, se dispuso que
se designaran 2 magistrados de la Sección Tercera – Subsección B para actuar
como conjueces.

12.
Por sorteo llevado a cabo el 5 de junio de 2026, fueron designados como
conjueces los consejeros Alberto Montaña Plata y Fredy Hernando Ibarra Martínez.

4
Expediente 11001-03-28-000-2018-00035-00, C. P. Rocío Araújo Oñate.
5
Notificado el 5 de noviembre de 2025.
6
Magistrados Nicolás Yepes Corrales, William Barrera Muñoz y Adriana Polidura Castillo.
7
Sala integrada, en ese momento, por los consejeros Fernando Alexei Pardo Flórez y José Roberto Sáchica Méndez.
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13.
El 17 de junio de 2026, el expediente ingresó a despacho para fallo.

(i) Consejo de Estado – Sección Quinta

14.
Advirtió que en la sentencia de segunda instancia emitida el 30 de mayo de 2025
dentro de la tutela 11001-03-15-000-2025-01008 8 , en la cual existe identidad de
partes y de causa petendi con este asunto, se concluyó que el asunto no cumplía el
presupuesto de relevancia constitucional. Por ende, se debe declarar la existencia
de cosa juzgada, dado que los motivos por los cuales el actor pidió el amparo en
esta ocasión son idénticos a los planteados en la mencionada demanda de tutela.
Ello, por cuanto, si bien se reprocha la sentencia de 13 de marzo de 2025 no se
evidencian reproches que se dirijan directamente a atacar esa providencia, sino los
autos de 5 de agosto, 24 de septiembre, 29 de octubre y 28 de noviembre de 2024.

15.
Indicó que, en todo caso, no se supera el presupuesto de inmediatez. Contra el
auto de 5 de agosto de 2024 se interpuso recurso de reposición, desatado mediante
proveído de 24 de septiembre siguiente. Frente al cual se pidió aclaración y se
formuló recurso de súplica, los cuales fueron resueltos con providencia de 29 de
octubre de esa anualidad, en el sentido de negar la solicitud de aclaración, rechazar
por improcedente la súplica, en cuanto a lo decidido respecto de la fijación del litigio,
y remitir el expediente para que se desatara la súplica, en lo relativo a la negativa de
pruebas, determinación que fue confirmada con auto de 28 de noviembre de ese
año, notificado el 2 de diciembre siguiente. Con base en ello, como la tutela se
presentó el 15 de octubre de 2025, es evidente que se formuló después de los 6
meses jurisprudencialmente fijados como término razonable para acudir a ese
mecanismo constitucional, sin que la parte actora justificada su tardanza.

16.
Tampoco se cumple el presupuesto de subsidiariedad, en razón a que alegó que
la sentencia de 13 de marzo de 2025 adolece de incongruencia. Irregularidad que
debe ser dilucidada a través del recurso extraordinario de revisión, bajo la causal de
nulidad originada en la sentencia, consagrada en el numeral 5 del artículo 250 del
CPACA.

17.
Adicional, los reproches planteados denotan el incumplimiento a la exigencia de
relevancia constitucional, por cuanto el objetivo principal de la solicitud de amparo
es reabrir el debate frente a los argumentos dilucidados en el auto de 5 de agosto de
2024, contra el cual tuvo la oportunidad de presentar varios recursos que le fueron
resueltos, sin que se hayan señalado concretamente las razones por las que
considera la sentencia contraria al ordenamiento jurídico.

(ii) Renson Jesús Martínez Prada

18.
Señaló que el reproche se dirige a cuestionar el proveído de 5 de agosto de 2024,
frente al cual se configura la figura de cosa juzgada constitucional, en razón a que la
8
C. P. José Roberto Sáchica Méndez.
4

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parte actora instauró de manera previa una tutela en la que se controvertía dicha
decisión judicial y la cual el 30 de mayo de 2025 fue declarada improcedente, en
segunda instancia, y el 28 de agosto siguiente no fue seleccionada por la Corte
Constitucional para su eventual revisión. Sin embargo, la parte actora formula la
presente tutela, incluso por fuera del término de inmediatez 9, para insistir en los
argumentos que sostuvo previamente, no solo en la tutela anterior, sino también en
el medio de control de nulidad electoral.

19.
Además, con posterioridad a la referida tutela y con antelación a la de la
referencia, el partido político Centro Democrático instauró acción de amparo con
identidad a la que es objeto de análisis, a la cual se le asignó el radicado 11001-03-
15-000-2025-04077-00, en la que se le vinculó al accionante como tercero interesado
desde el 4 de julio de 2025 y en la que se profirió sentencia de primera instancia, en
el sentido de declararla improcedente.

20.
En todo caso, la parte actora no controvirtió los argumentos de la autoridad judicial
accionada para negar las pretensiones de anulación. Solo realizó interpretaciones
subjetivas y juicios de valor respecto de la decisión genérica que no se ajustan a
derecho. Su intención es que se realice un nuevo análisis de corrección sobre una
controversia jurídica y probatoria que ya fue debidamente atendida por el juez natural
de la causa. Sin perjuicio de lo anterior, los reproches del actor fueron examinados
en sede del proceso electoral.

II. CONSIDERACIONES

C. Análisis del caso concreto

21. Lo primero por señalar es que los argumentos que fundamentan las causales

específicas de procedibilidad alegadas respecto a la sentencia de 13 de marzo de
2025 realmente están dirigidos a cuestionar el auto de 5 de agosto de 2024, por ser
mediante el cual se fijó el litigio.

22. La parte accionante aduce que se excluyeron del debate jurídico en la fijación del

litigio cargos que habían sido planteados en la demanda, lo que derivó en que la
sentencia acusada no los abordara y, en consecuencia, originó que en dicha
providencia se presentara una incongruencia, que transgrede los artículos 281 del
CGP, 187 del CPACA y 55 de la Ley 270 de 1996. Determinación que también
implicó que se negara la práctica y la valoración de pruebas que demostraban las
irregularidades que configuraban dichos cargos.

23. Delimitadolo anterior, se observa que la autoridad accionada y el tercero
interesado, señor Renson Jesús Martínez Prada, afirman que el tutelante con

9
En cuanto al auto de 5 de agosto de 2024, se tiene que el recurso de súplica se resolvió el 28 de noviembre de 2024 y la
tutela se instauró el 15 de octubre de 2025. Asimismo, frente a la sentencia de 13 de marzo de 2025, esta cobró ejecutoria el
9 de abril de ese año, por lo que la presentación de la tutela el 15 de octubre de 2025, excedió los 6 meses de los que se
disponía para tal propósito.
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anterioridad a acudir a este trámite constitucional formuló solicitud de amparo
(expediente 11001-03-15-000-2025-01008-01) tendiente a dejar sin efectos los
autos de 5 de agosto, 24 de septiembre, 29 de octubre y 28 de noviembre de 2024.
Asunto que conoció -en segunda instancia- esta Subsección que, mediante
sentencia de 30 de mayo de 2025, declaró su improcedencia, al no satisfacer el
presupuesto de relevancia constitucional. Por tanto, se procederá a verificar si en
este evento se presenta o no la figura de cosa juzgada constitucional.

24. En el sub lite se constató, en la herramienta electrónica judicial Samai, que el 21

de febrero de 2025 el accionante presentó tutela10, encaminada a obtener el amparo
de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia y a dejar sin efectos los mencionados autos (incluido el de 5 de agosto de
2024), dictados por la Sección Quinta del Consejo de Estado, al haber incurrido en
defectos fáctico, procedimental absoluto y sustantivo y desconocimiento del
precedente. Básicamente, porque (i) se negó la valoración de las pruebas que
aportó, por no haberse incluido en la fijación del litigio la cuestión que demostraban;
(ii) se fijó el litigio como acto discrecional, pues se desconocieron los hechos
planteados en la demanda y las pretensiones perseguidas; y (iii) se desatendió lo
establecido en el CGP y en el CPACA, en lo relativo a la fijación del litigio y el decreto
de prueba.

25. Elasunto constitucional le correspondió, en segunda instancia, a la Sección
Tercera - Subsección A, que, mediante sentencia de 30 de mayo de 2025, declaró
su improcedencia, al no satisfacer el presupuesto de relevancia constitucional. En
dicha providencia se concluyó que “la accionada ya analizó en los distintos autos
cuestionados los asuntos traídos a colación de nuevo por el señor Edgar Fernando
Guzmán Robles -fijación del litigio y prueba testimonial-; sin que se advierta un
estudio caprichoso o carente de fundamento”. Además, se resaltó que “fue esa
instancia judicial la que tuvo a su cargo valorar los elementos de hecho y de derecho
que se sometieron a su consideración, así como las solicitudes probatorias, y
confrontarlas con la normativa aplicable al asunto; sin que ahora quepa prolongar el
debate sobre los mismos, pues la acción de tutela es mecanismo principal, no
complementario al del medio control ordinario y, no tiene por fin revisar las bases
del debate judicial, para definir como instancia final la interpretación del tema
realizada por el juez natural”.

26. El respectivo expediente de tutela fue enviado a la Corte Constitucional el 16 de

junio de 2025, con el fin de que se surtiera la eventual revisión de que trata el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991. Dicha Corporación con auto de 28 de agosto de esa
anualidad, notificado el 12 de septiembre siguiente, excluyó el asunto de revisión11
y respecto al mismo no se presentó insistencia.

10
Expediente 11001-03-15-000-2025-01008-00/01.
11
En esa Corporación se asignó el radicado T11291874.
6

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27. Así, resulta claro que desde ese entonces ya se había emitido un pronunciamiento

de improcedencia de la tutela para alegar la presunta afectación constitucional
derivada de los autos de 5 de agosto, 24 de septiembre, 29 de octubre y 28 de
noviembre de 2024 emitidos por la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro del
proceso de nulidad electoral que la parte actora promovió contra el señor Renso
Jesús Martínez Prada, para obtener la anulación de su acto de elección como
gobernador de Arauca.

28. A pesar de ello, el 15 de octubre de 2025 el actor optó por presentar de nuevo

una solicitud de amparo, que es la que dio origen a este trámite constitucional, contra
la mencionada autoridad judicial. Y si bien la formuló con ocasión de la expedición
de la sentencia de 13 de marzo de esa anualidad, lo cierto es que reitera los
fundamentos cuya finalidad es atacar las referidas providencias de 5 de agosto, 24
de septiembre, 29 de octubre y 28 de noviembre de 2024, con el objeto de que se
ampararan también las garantías superiores al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, en razón a que, insiste, la fijación del litigio se efectuó de
manera indebida, lo que generó una negativa frente a las pruebas que aportó y que
estaban relacionadas con los cargos que fueron excluidos en dicha actuación.

29. Lo expuesto, pone en evidencia la existencia de la tiple identidad entre la tutela

formulada con antelación (11001-03-15-000-2025-01008-00) y la presente, dado
que coinciden las partes que conforman tanto el extremo pasivo como el activo,
persiguen el mismo objeto y se fundamentan en los mismos supuestos fácticos. En
la medida en que (i) fueron instauradas por el señor Édgar Fernando Guzmán
Robles y se dirigieron contra la Sección Quinta del Consejo de Estado; (ii) en ambas
se solicitó el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a
la administración de justicia, con ocasión de las providencias de 5 de agosto, 24 de
septiembre, 29 de octubre y 28 de noviembre de 2024 emitidas en el proceso de
nulidad electoral promovido por el tutelante contra el señor Renson Jesús Martínez
Prada, aunque en este caso se presente como una afectación derivada de la
sentencia; y (iii) tuvo como sustento la indebida fijación del litigio.

30. Además de la triple identidad entre las acciones constitucionales, se tiene que la

nueva tutela se instauró el 15 de octubre de 2025, esto es, con posterioridad a la
ejecutoria de la sentencia emitida en la acción anterior, la cual fue notificada el 6 de
junio de esa anualidad, y dentro de aquel asunto constitucional ya se surtió el trámite
de revisión ante la Corte Constitucional.

31. En ese sentido, concurren los elementos para tener por configurado el fenómeno

de la cosa juzgada constitucional y no se evidencia la existencia de hechos nuevos
que justificaran la interposición de esta nueva acción de tutela. Aunque con
posterioridad se haya emitido la sentencia de 13 de marzo de 2025, el tutelante se
limita a insistir en la indebida fijación del litigio, lo cual no se zanjó en ese
pronunciamiento judicial, en razón a que allí se abordó el asunto con base en la

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fijación del litigio efectuada el 5 de agosto de 2024, decisión que origina la
inconformidad real del accionante.

32. En cuanto al acaecimiento de la temeridad, se observa que el tutelante, aunque

dirigió el reproche constitucional contra la aludida sentencia, lo cierto es que reitera
los motivos planteados en la solicitud de amparo anterior, con el fin de lograr la
acogida sobre cómo se debió haber fijado el litigio en la controversia que suscitó a
como dé lugar, sin tener en cuenta la decisión adoptada en la tutela anterior, según
la cual había lugar a declarar la improcedencia de la acción constitucional, porque
no se cumplió con el presupuesto de relevancia constitucional.

33. No puede el accionante promover otra acción de tutela con la finalidad de que se

analicen nuevamente sus reproches, cuando en la que instauró con antelación se
concluyó que lo decidido por el juez natural respecto de la fijación del litigio devenía
en razonable y, por el contrario, se evidenciaba la intención de emplear la tutela
como una instancia adicional al proceso de nulidad electoral. Aceptar ello, sería
desconocer una decisión adoptada en sede de tutela que ya se encuentra
debidamente ejecutoriada y reviste el carácter de cosa juzgada.

34. En este punto, cabe anotar que el ejercicio de la acción de tutela debe realizarse

acorde a los principios de lealtad procesal, buena fe y prohibición de abuso del
derecho, en aras de evitar el desgaste injustificado del aparato judicial ante la
reiteración de solicitudes improcedentes y frente a las cuales ya se ha adoptado una
decisión judicial que goza de fuerza vinculante.

35. En tal sentido, se evidencia una actuación temeraria, que no puede ser
descartada bajo el falaz argumento de que lo cuestionado es la sentencia y no los
referidos autos, en los que se definió la fijación del litigio.

36. Aún si se obviara lo anterior, y se admitiera que de la demanda se deriva algún

reproche concreto y específico contra la sentencia de 13 de marzo de 2025,
asociada a la supuesta incongruencia o a una indebida valoración probatoria, se
advierte que, en todo caso, no se podría abordar el estudio desde una óptica
constitucional de tales reproches, en razón a que no se supera el requisito de
procedibilidad general de la tutela contra providencia judicial de inmediatez.

37.
Uno de los presupuestos generales para que proceda la tutela contra una
providencia judicial es haberla instaurado dentro de un término razonable, en
atención a que con la acción constitucional se pretende la salvaguarda de garantías
superiores, lo que implica que se deba acudir con urgencia a su interposición,
máxime cuando se involucran los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica. En
consecuencia, se ha fijado jurisprudencialmente como lapso razonable 6 meses
siguientes a cuando la parte interesada tuvo conocimiento de la providencia objeto
de censura, porque es allí cuando surge la posibilidad de que promueva el trámite
constitucional, es decir, desde su notificación.

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38.
No obstante, cuando la providencia objeto de reproche constitucional sea
susceptible de algún tipo de recurso o solicitud que suspenda su ejecutoria o que
eventualmente podría modificarla, resulta indispensable que el cómputo para
dilucidar el cumplimiento del presupuesto de inmediatez no se efectúe desde su
notificación, sino desde cuando aquella queda ejecutoriada, lo que acaece una vez
se resuelvan tales mecanismos.

39. En el asunto sub examine se pretende controvertir una sentencia de nulidad
electoral emitida en única instancia el 13 de marzo de 2025, frente a la que se
presentaron solicitudes de aclaración y adición, las cuales se despacharon de
manera desfavorable, mediante proveído de 3 de abril siguiente, el cual se notificó
el 4 del mismo mes y año. Por ende, conforme a la constancia de ejecutoria expedida
por la secretaría de la Sección Quinta de esta Corporación, la ejecutoria de la
sentencia acaeció el 9 de abril de 2025. Sin embargo, la solicitud de amparo se
formuló el 15 de octubre de 2025, es decir, después de los 6 meses de ejecutoriada
la providencia censurada, y no se planteó argumento alguno tendiente a justificar la
mora en acudir al juez constitucional.

40.
En ese orden de ideas, comoquiera que se demostró la existencia de la cosa
juzgada constitucional y el ejercicio abusivo y temerario de la acción de tutela y no
se supera el requisito de inmediatez, esta Sala declarará la improcedencia de la
solicitud de amparo.

41.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la configuración de la cosa juzgada constitucional, la
temeridad, así como la improcedencia de la acción de tutela de la referencia, en
atención a las consideraciones planteadas.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional el expediente para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Aclaración parcial de voto

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06485-00
Accionante: Édgar Fernando Guzmán Robles
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE12
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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