Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-01008-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-01008-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-01008-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
20 de marzo de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01008-00
Actor: Édgar Fernando Guzmán Robles
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01008-00
Demandante: ÉDGAR FERNANDO GUZMÁN ROBLES
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad electoral.
Carencia actual de objeto por el acaecimiento de una situación
sobreviniente
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Édgar Fernando Guzmán Robles, quien actúa en nombre
propio, contra el Consejo de Estado, Sección Quinta.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 21 de febrero de 2025, el demandante acudió al juez constitucional con el fin de
que protejan sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, así como a los principios de confianza legítima, seguridad
jurídica y legalidad, supuestamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“1. Se estudie y declare que los Magistrados de la Sección Quinta del Consejo de
Estado al proferir los Autos del 05 de agosto de 2024, del 24 de septiembre de 2024,
del 29 de octubre 2024 y del 28 de noviembre de 2024, dentro del radicado 11001-
03-28-000-2024-00016-00 acumulado con 11001-03-28-000-2024-00018-00,
mediante los cuales negó la fijación del litigio y decreto de pruebas respecto del
cargue y descargue de los Formularios E-14 de Delegados pasada la media noche
del día de las elecciones del 29 de octubre de 2023, incurrió en violación de mis
derechos fundamentales.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se REVOQUE lo correspondiente
a dichos asuntos dentro de los Autos relacionados en esta acción de tutela y, en su
lugar, ORDENE fijar dentro del litigio el estudio sobre la legalidad del cargue y
descargue de los Formularios E-14 de Delegados pasada la media noche del día de
las elecciones del 29 de octubre de 2023, así como que se decrete la prueba
documental obtenida de la RNEC y la testimonial que tiene por objeto sustentar los
documentos aportados sobre el análisis de las pruebas recaudadas.
3. Se vincule a esta acción a la Registraduría Nacional del Estado Civil, ya que fue
dicha entidad quien emitió la prueba y dentro de la contestación de la demanda de
nulidad electoral guardo silencio respecto de la misma”.
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2. Hechos
El accionante relató que presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad electoral, con el fin de que se declarara la nulidad del acto de elección
contenido en el “formulario E-26 Gob” de 6 de noviembre de 2023, por el cual se
declaró la elección del gobernador de Arauca para el período 2024-2027.
Indicó que por auto de 5 de agosto de 2024, el despacho sustanciador de la Sección
Quinta del Consejo de Estado fijó el litigio delimitándolo así: rompimiento de la
cadena de custodia del material electoral, indebida incineración de votos, existencia
de más votos que votantes, diferencias injustificadas en los formularios E-14 y E-
24, violación del derecho al debido proceso, indebido trámite de reclamaciones y
denuncias, no implementación del sistema de biometría, y diferencias entre
preconteo y escrutinio.
Sostuvo que en los hechos de la demanda se indicó que “través de petición se logró
conocer por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que el día 30 de octubre
de 2023 siendo las 02:35 a.m aproximadamente fue ingresado al sistema y se modificó
información respecto de los E-14. (Ver Excel con respuesta sobre publicación E-14
delegados y documento de análisis del cargue y descargue de los E-14)”.
Mencionó que contra la decisión que fijó el litigio interpuso recurso de reposición
con el fin de que se incluyera lo concerniente a “la ilegalidad en las mesas donde fue
descargada y cargada la información de los E-14 pasada la media noche del día de las
elecciones” y se decretara la prueba testimonial del señor Jorge Humberto Nieto
Ortiz, a lo que agregó que la parte demandante presentó recurso de reposición y,
en subsidio de súplica.
Señaló que los recursos fueron desatados por auto de 24 de septiembre de 2024,
en el que se resolvió no reponer la decisión reprochada, se aclaró el numeral
segundo del auto de 5 de agosto de 2024, en el sentido de señalar que no había
lugar a oficiar a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que allegara los
formularios E-11, y se rechazó por extemporáneo el recurso de súplica.
Aludió que contra la decisión que resolvió los recursos interpuso recurso de súplica
que se decidió por auto de 29 de octubre de 2024, en el que se dijo que era
procedente su concesión respecto de la decisión que no repuso la negativa de
pruebas.
Por último, refirió que el 28 de noviembre de 2024 se resolvió el recurso de súplica
en el sentido de establecer que el testimonio solicitado no era una cuestión sobre
la cual debía hacerse un pronunciamiento ya que lo que se pretendía demostrar
con el mismo quedó por fuera del litigio y, en consecuencia, no resulta pertinente
su decreto.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora hizo mención a los artículos 29, 86 y 229 de la Constitución Política
y señaló que el asunto cumple con los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela para cuestionar una decisión judicial, por cuanto: (i) tiene relevancia
constitucional, ya que al negarse la inclusión de la fijación del litigio y el decreto de
la prueba testimonial se está vulnerando las garantías iusfundamentales, (ii) la
acción de tutela no se promueve como una instancia adicional para reabrir el
proceso, debido a que los defectos se configuran en las actuaciones surtidas en el
proceso judicial, (iii) el asunto se orienta a resolver aspectos que transcienden
cuestiones legales, por cuanto tiene una relación directa e inmediata con los
derechos fundamentales alegados, (iv) se agotaron todos los mecanismos de
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defensa, (v) se interpone dentro de un plazo razonable, (vi) la irregularidad procesal
tiene un efecto decisivo visible en la negativa en la fijación del litigio relacionada con
el estudio de haberse descargado los formularios E-14 pasada la medianoche y la
prueba testimonial pedida, y (vii) se identifican de manera razonable los hechos que
generaron la afectación.
Expuso que, las decisiones reprochadas incurren en i) defecto fáctico en su
dimensión negativa, ya que “la Sección Quinta del Consejo de Estado, rebasando el texto
de la norma constitucional, ha negado la valoración de las pruebas aportadas, pese a
cumplirse con todos los requisitos formales para que dichas pruebas sean decretadas y
consideradas al momento en que se vaya a emitir sentencia; con los Autos aquí
reprochados se vino desestimando de manera gradual las pruebas solicitadas y aportadas
en la demanda. A pesar de que en el presente caso se decretaron las pruebas
documentales, finalmente se desconocieron por no haberse incluido en la fijación del litigio
de manera puntual el cargo solicitado”.
Señaló que, además, se incurre en ii) defecto procedimental absoluto, toda vez
que la autoridad judicial accionada cercenó la posibilidad de ejercer el derecho al
debido proceso y de acceso a la administración al no decretar las pruebas
necesarias en el proceso. Así mismo, indicó que se configura un iii) defecto
sustantivo y iv) desconocimiento del precedente judicial, ya que se desconoce
lo establecido en la Ley 1564 de 2012 y la Ley 1437 de 2011.
Por último, manifestó que se vulneraron los principios a la seguridad jurídica y a la
igualdad, al aplicar la normatividad de una manera diferente.
4. Trámite procesal
Por auto del 26 de febrero de 2025, se admitió la demanda de tutela y ordenó
notificar al demandante, así como a la autoridad judicial demandada -Consejo de
Estado, Sección Quinta-. A su vez, se ordenó vincular a la Registraduría Nacional
del Estado Civil, al Partido Centro Democrático y al señor Renson Jesús Martínez
Prada, como terceros con interés. De igual modo, se dispuso a notificar a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado y se negó la medida provisional solicitada
por la parte actora.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 25904 a 25910 de
4 de marzo de 2025, con el fin de notificar a las partes y terceros.
5. Oposición
Respuesta del Consejo de Estado, Sección Quinta
El magistrado sustanciador del medio de control de nulidad electoral solicitó que se
declarara la improcedencia de la acción de tutela, por considerar que el accionante
pretende revivir aspectos que fueron zanjados en el marco del proceso ordinario.
Afirmó que el accionante interpuso los recursos que tuvo a su alcance para debatir
las decisiones relativas a la fijación del litigio y decreto de pruebas, por lo que insiste
en sus planteamientos, aun cuando el proceso ordinario se encuentra para emitir
sentencia.
Resaltó que el asunto no reviste la relevancia constitucional ya que se acude al
mecanismo constitucional como una instancia adicional. A lo que agregó que las
actuaciones proferidas no configuran los defectos alegados, como quiera que la
fijación del litigio se dio a partir de los términos en los que fue formulada la demanda
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y el decreto de pruebas tuvo en consideración las que resultaban necesarias,
pertinentes y conducentes para abordar el caso.
6. Terceros con interés
6.1. Respuesta de la Registraduría Nacional del Estado Civil
El jefe de la oficina jurídica de la entidad pidió la desvinculación del trámite
constitucional, por considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva
para atender las súplicas de la demanda.
Señaló que en el caso no se demostró el cumplimiento de los requisitos establecidos
para debatir una providencia judicial, por lo que se entiende que el actor pretende
acudir a la acción de tutela como una instancia adicional ante la negativa de sus
solicitudes en el proceso de nulidad electoral.
6.2. Respuesta del señor Renson Jesús Martínez Prada
La apoderada judicial del señor Martínez solicitó que se declare improcedente la
solicitud de amparo por no cumplir con los requisitos generales para su
procedencia. Al respecto, indicó que de la demanda se advierte que el demandante
pretende reabrir el debate que se surtió en debida forma por el juez natural.
Mencionó que el accionante promovió una acción de tutela contra la decisión que
negó las pretensiones de la demanda de nulidad electoral proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado en el proceso judicial con radicado No. 11001-03-28-
000-2023-00105-00 acumulado, la cual fue declarada improcedente por no
cumplirse con el requisito de la relevancia constitucional.
6.3. El Partido Centro Democrático guardó silencio aun cuando fue notificado en
debida forma.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.
2. Cuestión preliminar
La Registraduría Nacional del Estado Civil pidió la desvinculación del trámite
constitucional por considerar que no tiene competencia para atender las
pretensiones de la demanda. Al respecto, la Sala precisa que su vinculación se
realizó teniendo en consideración que participó como parte demandada en el
proceso de nulidad electoral del que se cuestionan las decisiones allí dictadas, por
lo que, en consideración con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución
Política y el artículo 5 del Decreto 2591 de 1991, la Sala negará la solicitud debido
a que su participación deviene del interés en las resultas del proceso.
3. Planteamiento del problema jurídico
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Le corresponde a la Sala establecer si es procedente la acción de tutela de
conformidad con los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial
y, en caso afirmativo, si la Sección Quinta del Consejo de Estado vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, así como a los principios de confianza legítima, seguridad jurídica y
legalidad, por haber incurrido en los defectos fáctico, procedimental absoluto,
sustantivo y desconocimiento del precedente judicial.
4. Generalidades de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que
dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable”.
Así mismo, el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991 establece que “Toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señale este Decreto. Todos los días y horas son hábiles para interponer la
acción de tutela (…)”.
En suma, la acción de tutela es un mecanismo de protección inmediato y subsidiario
de los derechos fundamentales, que puede iniciar cualquier persona, cuando éstos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares.
5. Estudio y solución del caso concreto
El señor Édgar Fernando Guzmán Robles, quien actúa en nombre propio, señaló
que la Sección Quinta del Consejo de Estado con los autos de 5 de agosto, 24 de
septiembre, 29 de octubre y 28 de noviembre de 2024, vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, así
como a los principios de confianza legítima, seguridad jurídica y legalidad.
A su juicio, la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos: sustantivo,
fáctico, desconocimiento del precedente judicial y procedimental absoluto, en
tanto no se tuvo en consideración dentro de la fijación del litigio lo concerniente a “la
ilegalidad en las mesas donde fue descargada y cargada la información de los E-14 pasada
la media noche del día de las elecciones”, que fue manifestada en la demanda, y se
negó el decreto de la prueba testimonial del señor Jorge Humberto Nieto Ortiz.
Consideró que la accionada desconoció lo establecido en la Ley 1564 de 2012 y la
Ley 1437 de 2011, así como dejó a un lado las pruebas necesarias para resolver el
fondo del asunto.
De conformidad con la información suministrada en el Sistema para la Gestión
Judicial SAMAI, la Sala evidencia que en el curso del medio de control de nulidad
electoral con radicado No. 11001-03-28-000-2024-00016-00 acumulado con el
proceso judicial No. 11001-03-28-000-2024-00018-00, se han surtido las siguientes
actuaciones:
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• Por auto de 5 de agosto de 2024, se resolvió el decreto de pruebas, la fijación del
litigio y se corrió traslado para alegar de conclusión, en aplicación a la figura de la
sentencia anticipada.
• Por auto de 24 de septiembre de 2024, se decidió un recurso de reposición
interpuesto contra la decisión que fijó el litigió y negó el decreto de pruebas, en el
sentido de no reponer la decisión recurrida, aclarar el numeral 2° de la parte
resolutiva del auto de 5 de agosto de 2024 y rechazar por extemporáneo el recurso
de súplica interpuesto por el Partido Centro Democrático en relación con la negativa
de pruebas.
• Por auto de 29 de octubre de 2024, se decidió una solicitud de aclaración y el
recurso de súplica interpuesto por el demandante contra la decisión que negó el
decreto de pruebas.
• El 14 de enero de 2025 el proceso ingresó al despacho para dictar sentencia.
• Por auto de 21 de febrero de 2025, se resolvió la solicitud de intervención de tercero.
• Por auto de 6 de marzo de 2025 se resolvió la solicitud de práctica de pruebas
presentada por el accionante, en relación con un hecho nuevo.
• El 13 de marzo de 2025, la autoridad judicial accionada profirió sentencia en la que
resolvió negar las pretensiones de la demanda de nulidad electoral.
En esa medida, la Sala observa que para el momento en que se presentó la acción
de tutela -21 de febrero de 2025-, se desatendió el carácter residual y subsidiario
de este mecanismo de protección constitucional de derechos fundamentales, en
tanto el proceso de nulidad electoral se encontraba en curso.
Sobre el particular la Sala resalta que la acción de tutela contra providencias
judiciales no procede de manera directa cuando el asunto está en trámite, toda vez
que se cuenta con la posibilidad de agotar los medios de defensa judicial previstos
en el ordenamiento. En la sentencia T-103 de 2014, dicha Corporación sostuvo que
el requisito de subsidiariedad cuando se atacan decisiones judiciales se puede
presentar en dos escenarios i) cuando el proceso ha concluido, o ii) cuando se
encuentra en curso, escenario en el que “la intervención del juez constitucional está
vedada en principio, toda vez que la acción de tutela no constituye un mecanismo alternativo
o paralelo para resolver problemas jurídicos que deben ser resueltos al interior del trámite
1
ordinario” .
En ese sentido, para la Sala es claro que, al momento en que fue promovido este
mecanismo constitucional se encontraba en curso el proceso de nulidad electoral,
por lo que la acción de tutela resultaba improcedente para dirimir lo pretendido por
el actor.
A pesar de lo anterior, al realizar una búsqueda en el Sistema para la Gestión
Judicial SAMAI, se constató que el 13 de marzo de 2025, la Sección Quinta del
Consejo de Estado profirió sentencia de única instancia en el medio de control de
nulidad electoral en la que se negaron las pretensiones de la demanda, cuya
2.
notificación electrónica se surtió el mismo día
1
Sentencia de 2 de marzo de 2023, exp. 2023-00138-00, M.P. Wilson Ramos Girón.
2 Sistema para la Gestión Judicial Samai índice 113.
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En ese orden, se configuró la carencia actual de objeto por acaecer una situación
sobreviniente, que consiste en la adopción y notificación de la sentencia, por lo que
cualquier estudio en relación con las pretensiones formuladas por el demandante
encaminadas a que se revoquen las decisiones judiciales por medio de las cuales
se negó la modificación de la fijación del litigio y el decreto de una prueba
testimonial, caen en el vacío, pues la situación que justificaba la presentación de la
solicitud de amparo dejó de existir y, en consecuencia, resultaría inocuo emitir algún
pronunciamiento.
Con base en lo previsto en el artículo 86 de la Carta Política, la Corte Constitucional
ha desarrollado el concepto de la carencia actual de objeto, que permite evidenciar
la imposibilidad material del juez constitucional para dictar alguna orden para
salvaguardar los intereses jurídicos cuya garantía ha sido solicitada. Este fenómeno
se materializa a través de tres figuras: (i) hecho superado; (ii) daño consumado y
(iii) el acaecimiento de una situación sobreviniente.
El hecho superado está previsto en el inciso primero del artículo 26 del Decreto 2591
de 1991, el cual se configura cuando entre el momento de la presentación de la
acción de tutela y el fallo desaparece la situación que presuntamente generaba la
afectación ius fundamental. La Corte ha dicho que tiene lugar cuando “(i) se superó
la afectación y (ii) resulta inocua cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela
para lograr la protección de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado
de desconocer”3.
De otra parte, el daño consumado consagrado en el numeral 4º del artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991, consiste en que “a partir de la vulneración que venía ejecutándose,
se ha consumado el daño o afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de forma
que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se concrete el peligro, no
es factible que el juez de tutela, dé en principio, una orden al respecto”4.
Por último, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado una tercera modalidad
que comprende supuestos de hecho que no se encajan en un hecho superado o un
daño consumado, la cual ha denominado acaecimiento de una situación
sobreviniente, “la jurisprudencia ha establecido que la carencia actual de objeto por
situación sobreviniente tiene lugar cuando la vulneración alegada cesa y por lo tanto la
protección solicitada no es necesaria como resultado de que el accionante asumió la carga
que no le correspondía, o porque se presentó una nueva situación que hace innecesario
conceder el derecho. En este escenario, a diferencia del hecho superado, la presunta
vulneración de los derechos no cesa por una actuación desplegada por la entidad
accionada, sino por circunstancias ajenas a su voluntad. Para que se configure la situación
sobreviniente, es necesario que (i) ocurra una variación en los hechos que originaron la
acción; (ii) que dicha variación implique la pérdida de interés del accionante en que se
5
acceda a sus pretensiones, o (iii) que estas no se puedan satisfacer” .
Sobre la anterior modalidad, la Corte Constitucional6 ha expresado que “ocurre
cuando la protección solicitada por el accionante ya no tiene lugar, ya sea porque el actor
mismo asumió la carga que no le correspondía, o porque a raíz de dicha situación, perdió
interés en el resultado de la Litis”. Igualmente, preciso que el hecho sobreviniente “debe
modificar las circunstancias del caso de tal manera que la protección real del derecho, en
el sentido pretendido por el accionante, resulte inocua”.
Cabe resaltar que en sentencia SU-274 de 20197, la Corte Constitucional reiteró que
“ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la
3
Cfr. T-449 de 2018, M. P. Alberto Rojas Ríos.
4
Cfr. SU-225 de 2013, M. P. Alexei Julio Estrada.
5
Sentencia T-431 de 2019, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
6
Sentencia SU-068 de 2022, M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado.
7
M. P. José Fernando Reyes Cuartas.
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vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud pierde su eficacia
y sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de
protección judicial”. Ello se justifica en que al desaparecer el supuesto de hecho que
motivó la presentación de la solicitud, cualquier determinación por el juez
constitucional sería inocua y no atendería el objetivo de esta acción consagrado en
el artículo 86 de la Constitución Política.
De conformidad con lo anterior, en el caso se configuró la carencia actual de objeto
porque acaeció una situación sobreviniente, teniendo en cuenta que en el
transcurso del trámite de tutela la Sección Quinta del Consejo de Estado profirió
sentencia de única instancia en el medio de control de nulidad electoral, lo que
conduce a establecer que las pretensiones formuladas por el accionante no se
pueden satisfacer.
Por las razones expuestas, la Sala declarará la carencia actual de objeto por
configurarse una situación sobreviniente.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- Declarar la carencia actual de objeto por configurarse una situación
sobreviniente.
Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la
siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx
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