Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00947-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00947-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00947-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
20 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00947-00
Accionante: Adriana Rodríguez Sánchez
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Temas: Tutela contra providencia judicial. Nulidad y restablecimiento del
derecho. Indemnización por supresión del cargo. Defecto fáctico.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
1. Decide la Sala1, en primera instancia, la acción de tutela presentada por
Adriana Rodríguez Sánchez contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
2. El 19 de febrero del 2025, Adriana Rodríguez Sánchez, a través de apoderada,
presentó una acción de tutela para que se ampararan sus derechos fundamentales
al debido proceso (defensa) y acceso a la administración de justicia, presuntamente
vulnerados por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con la expedición de
la Sentencia de 30 de septiembre de 2024, por medio de la cual se confirmó la
decisión de negar las pretensiones de la demanda del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 76001-33-33-005-2018-00193-01. A título de
amparo, solicitó:
“1. Tutelar los derechos fundamentales de la señora Adriana Rodríguez Sánchez al
debido proceso, derecho de defensa y acceso a la administración de justicia,
declarando que en su caso se presentó una vía de hecho judicial y, en consecuencia:
2. Dejar sin efecto la Sentencia No. 333 del 30 de septiembre de 2024, proferida por el
Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, M.P. Paola Andrea Gartner
Henao dentro del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho con
Radicación No. 76001333300520180019301, instaurado por la señora Adriana
Rodríguez Sánchez en contra del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García”
E.S.E, Que confirmó la sentencia 43 del 5 de julio de 2022, proferida por el Juzgado
Quinto Administrativo Oral del Circuito de Cali.
3. Ordenar de ser necesario al Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca
que dentro de los treinta (30) días siguientes al fallo de tutela, profiera un nuevo fallo
en el que se garanticen los derechos fundamentales al debido proceso, derecho de
defensa y acceso a la administración de justicia de la accionante, en el que se tenga
1
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del
Sector Justicia, y el Acuerdo No. 80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente para
conocer del proceso de la referencia.
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Accionante: Adriana Rodríguez Sánchez
en cuenta la literalidad del artículo 44 de la ley 909 de 2004, los hechos y
consideraciones y pruebas que obran en el expediente, que permitan concluir sin duda
alguna que la demandante Adriana Rodríguez Sánchez, prestó sus servicios de manera
continua como empleada pública desde el 01 de agosto de 1994 hasta la fecha de
supresión del cargo.”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, fueron
identificados los siguiente:
4. Adriana Rodríguez Sánchez fue retirada del cargo profesional universitario –
área salud, código 237, grado 032 por supresión del mismo, en virtud del Acuerdo
No. 20 de 26 de octubre de 2016, por el cual se modificó la planta de personal del
Hospital Universitario del Valle - Evaristo García ESE.
5. Mediante la Resolución No. 1465 de 9 de mayo de 2018, el Hospital
Universitario del Valle - Evaristo García ESE reconoció y pagó a la demandante sus
cesantías definitivas y demás prestaciones sociales, así como el tiempo
suplementario y la indemnización por la supresión del cargo. Sin embargo, la
liquidación se efectuó tomando como fecha de ingreso el 1 de septiembre de 2003,
en lugar del 1 de agosto de 1994, que correspondía, según la accionante, a la real
fecha de ingreso de la accionante.
6. Inconforme con esta decisión, la señora Rodríguez Sánchez interpuso
recurso de reposición contra la Resolución No. 1465 de 9 de mayo de 2018, en el
que solicitó la corrección de su fecha de ingreso para efectos de la liquidación de
sus prestaciones laborales e indemnización.
7. Mediante la Resolución No. 2040 de 10 de julio de 2018, la entidad resolvió
el recurso y reconoció que su fecha de ingreso fue el 1 de agosto de 1994. Sin
embargo, argumentó que su vinculación no fue continua, pues existieron
interrupciones en la prestación de servicio. Por ello, negó la modificación de la
liquidación, porque en la documentación aportada solo se encontraba soporte de
posesión a partir del 1 de septiembre de 2003.
8. El 9 de octubre de 2018, Adriana Rodríguez Sánchez, a través de apoderado
judicial, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el
Hospital Universitario del Valle, en la que alegó su inconformidad con la fecha de
ingreso tomada como base para la liquidación de la indemnización derivada de la
supresión de su cargo.
9. Mediante Sentencia de 5 de julio de 2022, el Juzgado 5 Administrativo de Cali
negó las pretensiones de la demandante. Argumentó que no se acreditó un
nombramiento o posesión que le otorgara la calidad de servidora pública desde
1994 y, por el contrario, se evidenció que su vinculación se realizó a través de
“vinculaciones especiales y nombramientos provisionales”.
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Antes de 2005, el cargo se denominaba terapista físico.
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10. El 21 de julio de 2022, la señora Rodríguez Sánchez presentó recurso de
apelación en el que sostuvo que su vinculación con la ESE entre 1994 y 2016 le
otorgó la calidad de empleada pública, por lo que su tiempo de servicio debía ser
reconocido en su totalidad para la indemnización en relación a la supresión del
cargo. Señaló que, aunque en algunos periodos su vinculación se dio bajo la
modalidad de servicios especiales, siempre desempeñó funciones propias de un
cargo público y estuvo sujeta a las mismas condiciones laborales que los empleados
de planta. .
11. Mediante Sentencia de 30 de septiembre de 2024, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca confirmó la decisión de 5 de julio de 2022 con
argumentos similares a los del juez de primer grado y agregó que las vinculaciones
descritas presentaban intermitencia en la permanencia del cargo.
12. Como fundamentos de derecho, la parte actora afirmó que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca incurrió en un defecto fáctico al desconocer las
pruebas que acreditan su vinculación continua al Hospital Universitario del Valle
desde el 1 de agosto de 1994, tales como certificaciones laborales, tarjeta de Kardex
y actas de posesión. Omisión que llevó a la incorrecta liquidación de su
indemnización por supresión del cargo.
13. Asimismo, alegó la configuración de un defecto sustantivo por la
interpretación restrictiva el artículo 44 de la Ley 909 de 2004, comoquiera que se
exigió que el tiempo de servicio computable solo era aquel que se causara desde la
adquisición de derechos de carrera, mientras que la norma establece que basta con
ostentar la calidad de empleado público.
1.2. Actuaciones procesales
14. Mediante Auto de 24 de febrero de 2025, se admitió la acción de tutela de la
referencia contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y se vinculó, como
terceros con interés directo, al Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Cali y al Hospital Universitario del Valle - Evaristo García ESE.
1.3. Intervenciones
15. El Juzgado 5 Administrativo de Cali solicitó que se declarara la
improcedencia de la solicitud de amparo, tras considerar que las decisiones
judiciales cuestionadas se ajustaron a la Constitución y la ley, sin vulnerar derechos
fundamentales de la parte actora. Sostuvo que la Sentencia de 5 de julio de 2022
negó las pretensiones de la señora Rodríguez Sánchez, en consideración a que la
calidad de empleada pública con derechos de carrera administrativa solo se
consolidó con la Resolución No. DG-2283/2003 de 21 de agosto de 2003 y el acta
de posesión No. 304/2003, por lo que la fecha de liquidación de su indemnización
debía ser el 1 de septiembre de 2003. En consecuencia, argumentó que la tutela no
era procedente para reabrir debates ya resueltos en el proceso ordinario y las
decisiones impugnadas fueron producto de una valoración probatoria integral y una
interpretación normativa razonable.
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16. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca adujo la Sentencia de 30
de septiembre de 2024, que confirmó la decisión de primera instancia, se ajustó a
la normatividad vigente y no vulneró derechos fundamentales, toda vez que, al no
encontrar pruebas de una vinculación continua desde 1994 en un cargo de carrera
administrativa, sostuvo que Adriana Rodríguez Sánchez solo adquirió la calidad de
empleada pública con derechos de carrera administrativa a partir del 1 de
septiembre de 2003, por lo que su indemnización por supresión del cargo se liquidó
correctamente desde esa fecha. En consecuencia, concluyó que la acción de tutela
no era procedente.
17. El Hospital Universitario del Valle - Evaristo García ESE sostuvo que la
liquidación de la indemnización de Adriana Rodríguez Sánchez se realizó de
acuerdo a lo establecido en el artículo 44 de la Ley 909 de 2004, el cual otorga este
derecho exclusivamente a empleados de carrera administrativa. Indicó que la
demandante solo adquirió dicha condición (empelada de carrera) el 1 de septiembre
de 2003, con la Resolución No. DG-2283/2003 de 21 de agosto de 2003 y el acta
de posesión No. 304/2003. Enfatizó que la acción de tutela no puede ser utilizada
como una tercera instancia judicial, pues se agotaron los recursos ordinarios y el
debido proceso fue respetado en todas sus etapas. En consecuencia, argumentó
que la tutela era improcedente, ya que no existió una vulneración de derechos
fundamentales y la providencia enjuiciada fue producto de una interpretación
normativa correcta y razonable.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Problema jurídico
18. Consiste en determinar, en primer lugar, si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos de procedibilidad para controvertir la Sentencia de 30 de
septiembre de 2024 proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En
caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con dicha providencia se incurrió
en los defectos fáctico y/o sustantivo y, con ello, en la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso (defensa) y acceso a la administración de justicia
de la parte actora, por determinar que la fecha de referencia para la liquidación de
la indemnización por supresión del cargo era el 1 de septiembre de 2003.
2.2. Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
19. La solicitud de amparo de la referencia cumplió con todos los requisitos
generales de procedencia, toda vez que (1) goza de relevancia constitucional,
comoquiera que el debate gira en torno a la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia por las
presuntas e indebidas valoración de las pruebas y aplicación de normas propias del
caso; (2) se encuentra satisfecha la legitimación en la causa por activa y por pasiva,
debido a que, por un lado, la parte actora tenía la calidad de demandante en el
proceso ordinario y, por el otro, el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca profirió
la decisión que se cuestiona; (3) se encuentra acreditada la exigencia de
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subsidiariedad, comoquiera que se agotaron todos los mecanismos judiciales que
tenían para controvertir la providencia censurada; (4) la acción de tutela se presentó
el 19 de febrero de 2025, es decir, dentro de los 6 meses siguientes a la notificación
de la Sentencia de 30 de septiembre de 20243; (5) no se cuestionó una irregularidad
procesal, sino el hecho de realizarse el estudio sin un adecuado análisis probatorio
y normativo; (6) se identificaron razonablemente los hechos y argumentos con
fundamento en los cuales se alega la vulneración de derechos fundamentales; y (7)
la tutela no se interpone contra una providencia de igual naturaleza.
2.3. Análisis de vulneración alegada: estudio de defectos
20. La Sala negará el amparo deprecado por la señora Rodríguez Sánchez, por
las razones que se exponen a continuación:
21. La señora Adriana Rodríguez Sánchez fundamentó su acción de tutela en la
presunta configuración de los defectos (1) fáctico por la indebida valoración de las
pruebas que daban cuenta que se vinculó al Hospital Universitario del Valle -
Evaristo García ESE desde 1994; y (2) sustantivo, dado el alcance restrictivito que
se le dio al artículo 44 de la Ley 909 de 2004.
22. Para resolver, es preciso tener de presente que la Sentencia de 30 de
septiembre de 2024 del Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, sobre la prueba
de la vinculación primigenia de la demandante, sostuvo:
“Todo lo anterior dio lugar a la expedición de los actos administrativos demandados, de
los cuales se puede evidenciar que los vicios de nulidad que considera la demandante
estos ostentan al ser expedidos teniendo como fecha de ingreso el 1 de septiembre de
2003 y no el 1 de agosto de 1994, no se encuentran acreditados, pues de todo el acervo
probatorio se evidencia el registro de vinculaciones especiales y nombramientos
provisionales del 30 de noviembre de 1994, prórroga del mismo en marzo 14 de 1995
por el termino de cuatro (4) meses, es decir hasta el 31 de julio de 1994, posteriormente
retiro de nómina mediante resolución 0840-95 del 24 de julio de 1995 por terminación
del nombramiento en provisionalidad, esto ratificado mediante la carta de solicitud del
12 de julio de 1995 y el escrito del 13 de septiembre de 1995, al Jefe de División y
Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación
[…]
Así mismo, la tarjeta Kardex de empleados, da constancia de lo anteriormente descrito
y de la vinculación mediante servicios especiales de la actora con el Hospital
Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E.
[…]
Posteriormente mediante acta de posesión nro. 304/2003 se evidencia que a partir del
1° de septiembre del 2003, la demandante toma posesión del cargo Terapista Terapia
Física en unidad de Recién Nacidos, para el cual fue nombrada mediante Resolución
nro. DG-2283/2003 del 21 de agosto de 2003.
[…]
De todo lo anterior, no obra en el plenario evidencia de que la actora hubiese sido
nombrada y posesionada en cargo de carrera administrativa de forma continua para el
1 de agosto de 1994, pues las vinculaciones descritas fueron con intermitencia en la
permanencia del cargo y la condición especifica de vinculación de empleada pública en
provisionalidad, por lo que la calidad de empleada pública por ejercer un cargo de
carrera administrativa la obtuvo con el nombramiento realizado mediante Resolución
nro. DG-2283/2003 del 21 de agosto de 2003 y acta de posesión nro. 304/2003, a partir
del 1 de septiembre del 2003, lo que permite a la sala concluir que la indemnización
percibida por la demandante con fecha del 1 de septiembre de 2003, es ajustada, y los
3
Se advierte que la providencia fue notificada a través de mensaje de datos remitido el 16 de octubre de 2024, tal como
consta en los registros de SAMAI.
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actos administrativos demandados no fueron expedidos con infracción de las normas
en que debían fundarse, ni falsa motivación.”
23. De lo trascrito, la Sala no advierte que la autoridad accionada haya valorado
de forma irracional o caprichosa el material probatorio que daba cuenta de la
vinculación de la señora Rodríguez Sánchez al Hospital Universitario del Valle -
Evaristo García ESE. Por el contrario, se advierte que aquel ejercicio de apreciación
de los elementos de juicio respondió a la sana crítica, en el marco de los principios
de autonomía e independencia judicial.
24. Se encuentra que, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
quedo plenamente acreditado que Adriana Rodríguez Sánchez adquirió derechos
de carrera, a partir del 1 de septiembre de 2003, según consta en la Resolución No.
DG-2283/2003 de 21 de agosto de 2003 y el acta de posesión No. 304/2003.
Asimismo, la demandante no pudo demostrar, de forma alguna, que hubiese
ostentado una vinculación continua y en calidad de empleada de carrera desde el 1
de agosto de 1994. De hecho, dentro del expediente, obran documentos que
evidencian interrupciones en su vinculación, tales como (1) el retiro de nómina,
mediante la Resolución No. 0840-95 de 24 de julio de 1995; y (2) la comunicación
de la entidad de 21 de julio de 1995, en la que se le informó que continuaría bajo la
modalidad de servicios especiales hasta la realización del concurso de méritos.
25. Por lo anterior, la Sala encuentra que no se configuró el defecto fáctico en los
términos en lo que fue alegado por la parte actora.
26. Ahora bien, respecto la indemnización por supresión de cargo, esto es, el
alcance del artículo 44 de la Ley 909 de 2004, el Tribunal Administrativo de Valle
del Cauca, en la providencia enjuiciada, señaló:
“Al respecto, la Ley 909 de 2004, en su artículo 44 indica como uno de los derechos de
los empleados de carrera administrativa en caso de la liquidación, reestructuración,
supresión o fusión de entidades, organismos o dependencias, o del traslado de
funciones de una entidad a otra, o por modificación de planta de personal, de la
liquidación, reestructuración, supresión o fusión de entidades, organismos o
dependencias, o del traslado de funciones de una entidad a otra, optar por ser
incorporados en empleo igual o equivalente de la nueva planta de personal o recibir
indemnización, y establece la contabilización del tiempo de servicios continuos, el cual
se hará a partir de la fecha de posesión como empleado público en la entidad en la cual
se produce la supresión del empleo.
La norma es clara en establecer que la indemnización por supresión de cargo, es un
derecho exclusivo de quienes ostentan derechos de carrera administrativa y de forma
continua, en el caso que ahora se estudia la señora Adriana Rodríguez Sánchez, no se
demostró que ostentara dicha condición sino hasta el 1 de septiembre de 2003.”
27. Sobre el particular, la Sala encuentra que la interpretación y aplicación de la
norma en comento respetó el margen mínimo de racionalidad y proporcionalidad, si
se tiene en cuenta esta respondió a una postura válida a la luz del tenor literal de la
norma. Tampoco se trató de una tesis contraevidente al sentido de la norma o a los
mandatos constitucionales. El ejercicio hermenéutico de la autoridad accionada no
vulneró las garantías constitucionales de la parte actora.
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Accionante: Adriana Rodríguez Sánchez
28. Debe aclararse que las meras desavenencias entre lo decidido y el alcance
que estimaba la parte debía dársele a determinado precepto normativo no
configuran, por sí mismas, el defecto sustantivo. En ese orden, para el asunto de la
referencia, la Sala no advierte que este se haya configurado.
29. Por todo lo expuesto, se concluye que la acción de tutela carece de
fundamento, dado que las decisiones judiciales se adoptaron conforme al
ordenamiento jurídico y a la realidad probatoria del caso.
2.4. Conclusión
30. La Sala concluye que la providencia proferida por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca no vulneró los derechos fundamentales de la parte actora y, en
consecuencia, negará el amparo constitucional deprecado por Adriana Rodríguez
Sánchez.
En mérito de lo expuesto, la Subsección de la Sección Segunda del Consejo de
Estado administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
3. FALLA
PRIMERO: NEGAR la acción de tutela presentada por Adriana Rodríguez
Sánchez contra el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, por las razones
expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado Electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado Electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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