Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00947-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00947-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00947-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
12 de marzo de 2026
Demandante: Clara Eugenia Correa Gallego
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00947-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., doce [12] de marzo de dos mil veintiséis [2026]
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00947-00
Demandante: CLARA EUGENIA CORREA GALLEGO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Tema: Tutela contra providencia judicial.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la solicitud de tutela presentada por la ciudadana Clara
Eugenia Correa Gallego contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
El 9 de febrero de 20261, la actora, actuando por intermedio de apoderado,
solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a
la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva.
Las anteriores garantías superiores las consideró vulneradas con ocasión de lo
resuelto en fallo de 4 de septiembre de 2025, mediante el cual el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca confirmó la sentencia de 27 de junio de 2023,
proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Cartago dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el radicado 76147-33-33-002-2017-00296-00/01.
1.2. Pretensiones
La parte actora solicitó lo siguiente:
1. Dejar sin valor u efecto jurídico la decisión adoptada por el Tribunal
Contencioso Administrativo del Valle del Cauca el 4 de septiembre de 2025, en
el proceso radicado 76174333300220170029602.
2. Se ordene a la Corporación judicial accionada a emitir providencia de
reemplazo, teniendo en cuenta las consideraciones y precedentes
jurisprudenciales aludidos en la presente acción constitucional.
1
Según consta en el aplicativo Samai.
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3. Ruego se adopten las medidas o correctivos que se estimen procedentes o
necesarios para garantizar el restablecimiento de los derechos fundamentales
del accionante y el cese en su vulneración.2
1.3. Hechos
El 25 de mayo de 2012, Clara Eugenia Correa Gallego fue nombrada en
provisionalidad como docente de prescolar vinculada a la Secretaría de Educación
del departamento del Valle del Cauca.
El 21 de mayo de 2014, mientras se dirigía a realizar sus labores, sufrió un
accidente por el que padeció una serie de lesiones en su rostro y extremidades, de
las que se resalta una contractura de isquiotibiales en su pierna izquierda, motivo
por el cual fue incapacitada de manera consecutiva por lo menos hasta marzo de
2017.
El 27 de mayo de 2016, la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del
Cauca, valoró el caso de la actora en un 16,30% de pérdida de capacidad laboral,
de origen común.
El 28 de diciembre de 2016, la Secretaría de Educación del Valle del Cauca dio
por terminado el nombramiento de la señora Correa Gallego. Motivo por el cual, la
accionante acudió al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
que se radicó con el consecutivo 76147-33-33-002-2017-00296-00. A su juicio, el
despido debía estar precedido de autorización del inspector del trabajo, en
atención a su condición de salud.
El 27 de junio de 2023, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Cartago, en primera instancia, emitió sentencia desestimatoria de las
pretensiones, para esa autoridad, el porcentaje de incapacidad era insuficiente
para considerar que tenía una limitación física y no había lugar a la adopción de
alguna medida afirmativa a su favor.
Inconforme, la señora Correa Gallego interpuso recurso de apelación, el cual fue
resuelto por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, con providencia de
26 de agosto de 2024, confirmó la decisión de su a quo, para lo cual, expuso:
En consecuencia, conforme a las pruebas aportadas, si bien la señora
CLARA EUGENIA CORREA GALLEGO ostenta la calidad de sujeto de
especial protección por razones de salud, su desvinculación obedeció a una
causal objetiva legalmente válida, como fue la provisión del cargo mediante el
traslado de un docente con derechos de carrera, en aplicación del principio
del mérito consagrado en el artículo 16 del Decreto 1278 de 2002. Sin
perjuicio de lo expuesto, la actora no demostró que por recomendación
médica podría válidamente seguir ejerciendo sus funciones en otro lugar, para
lo cual adicionalmente debía acreditar la existencia de otro cargo vacante de
igual o superior jerarquía en el municipio de El Cairo – Valle del Cauca, en la
cual hubiera podido ser reubicada. En ese sentido, pese a su condición de
vulnerabilidad, no advierte la Sala que se hubiera configurado una infracción
al derecho a la estabilidad laboral reforzada.
2
Trascripción literal del original con posibles errores.
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1.4. Fundamentos de la solicitud
Para la parte actora, la sentencia cuestionada incurrió en los defectos sustantivo,
factico y por desconocimiento del precedente.
Sobre el defecto sustantivo, afirmó que el artículo 26 de la Ley 361 de 1997
dispone que «ninguna persona en situación de discapacidad podrá ser despedida
o su contrato terminado en razón de su discapacidad, salvo que medie
autorización de la oficina de Trabajo», respecto de lo cual no existen lo que
denominó el tribunal accionado como «causales objetivas» y, por el contrario,
debía presumirse el despido discriminatorio. En su sentir, esta norma tenía
prevalencia sobre el Decreto 1278 de 2002, relativo a la profesionalización
docente.
En el defecto fáctico, censuró la falta de valoración de las recomendaciones
médicas de 28 de agosto de 2014 y 27 de mayo de 2016 en las que se fijaban las
restricciones que debía tener la accionante en atención a su estado de salud.
Lo anterior, por cuanto, a pesar de su padecimiento, lo cierto es que la señora
Correa Gallego sí podía seguir ejerciendo como docente. Señaló que la Corte
Constitucional «ha establecido reiteradamente que cuando se denuncia la
discriminación por razón de discapacidad, corresponde al empleador demostrar
que la desvinculación obedeció a razones objetivas y que agotó las posibilidades
de reubicación».
Aseguró que, en las recomendaciones realizadas por los galenos, no se impide el
ejercicio de su labor y que, en atención al porcentaje de pérdida de capacidad
laboral, 16,30%, se encontraba habilitada para continuar con sus funciones.
Ratificó que era deber de la Secretaría de Educación, y no de la actora, buscar
una vacante donde la profesora pudiera seguir laborando, en atención a su
condición de sujeto de especial protección constitucional. Estimó que le fue
impuesta una carga probatoria injustificada, puesto que quien tenía conocimiento
de la planta de personal a su cargo era la entidad demandada 3. Esta tesis la
reforzó con lo dispuesto en las sentencias T-427 de 1992, T-441 de 1993, T-198
de 2006 y T-373- 2017.
Concluyó que, con las pruebas mencionadas, se acreditó la limitación física de la
actora, la necesidad de uso de bastón y hasta la afectación psicológica.
Respecto del desconocimiento del precedente, citó la sentencia de 6 de marzo de
2024, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado4 y el fallo T – 373 de 2017, relativas a las medidas afirmativas que deben
adoptarse cuando se va a proveer en propiedad un cargo de carrera ocupado por
una persona nombrada en provisionalidad y que pueda considerarse sujeto de
especial protección.
3
Este argumento figura tanto en el defecto sustantivo como en el fáctico; no obstante, se dejará
como parte del segundo, por cuanto se trata de una censura al manejo probatorio dado por la
entidad accionada, lo que se enmarca en un defecto fáctico.
4
Expediente: 25000-23-42-000-2017-00559-01
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1.5. Trámite de la acción
Con auto de 12 de febrero de 2026, el magistrado sustanciador admitió la acción
de tutela, ordenó notificar como autoridad accionada al Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca.
Adicionalmente, vinculó al Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Cartago, como autoridad que conoció el proceso declarativo en primera
instancia, y las partes e intervinientes del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, como terceros con interés directo.
1.6. Contestaciones
Realizadas las notificaciones correspondientes, de conformidad con las
constancias visibles en la copia digital de la acción de tutela, se presentaron los
siguientes pronunciamientos:
1.6.1. Departamento del Valle del Cauca
El apoderado del ente territorial solicitó que se declarara la falta de legitimación en
la causa por pasiva, con base en que su representada no incurrió en alguna
acción u omisión que afectara los derechos fundamentales de la accionante.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por Clara Eugencia Correa Gallego contra el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de
1991 y 1069 de 2015, modificado por los Decreto 333 de 2021 y 799 de 2025 y, el
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Cuestiones previas
Se tiene que el departamento del Valle del Cauca solicitó que se considere, de su
parte, la falta de legitimación en la causa por pasiva. Esta petición se resolverá
desfavorablemente por cuanto su vinculación se realizó en calidad de tercero
interesado como extremo pasivo del proceso declarativo, no como accionado.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede el amparo de los derechos
fundamentales invocados por la parte actora, con ocasión de la providencia de 4
de septiembre de 2025, por la cual se confirmó la sentencia que negó las
pretensiones en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, (ii) los requisitos de
procedibilidad adjetiva, y, de superarse, (iii) el caso concreto.
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2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 5
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema6.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales 7.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 8, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Sobre la relevancia constitucional debe tenerse en cuenta que en la
sentencia SU – 215 de 2022, la Corte Constitucional refirió que las finalidades de
este requisito son las siguientes:
(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento
de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las
jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal9 (Énfasis de la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en
torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no
5
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela -
Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth
García González.
6
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
7
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
8
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9
Sentencia SU-573 de 2019.
5
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referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico 10; es
decir, la cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible”
relevancia constitucional.”11
(…)
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
(…)
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se
restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva
de los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter legal.”12 En
este orden, se reitera que el examen de relevancia constitucional exige que la
solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales”13
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental.
(…)
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto14, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria
o violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios,
ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal15. (Resaltado de la Sala)
Igualmente, como se señaló previamente, sobre esta suficiencia en la
argumentación de una tutela que se interpone contra una providencia judicial, el
Consejo de Estado ha prohijado los parámetros contenidos en la sentencia C –
590 de 2005, en la cual se explica que los accionantes deben exponer los
defectos16 en los que incurrió la decisión atacada.
Ahora bien, en el presente caso se tiene que, para la parte actora, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca incurrió en los defectos: sustantivo, por no
priorizar el artículo 26 de la Ley 361 de 1997; fáctico, por falta de valoración de las
recomendaciones médicas de 28 de agosto de 2014 y 27 de mayo de 2016
aunado a la inversión de la carga de la prueba, y de desconocimiento del
precedente, por omitir las reglas contenidas en la providencia de 6 de marzo de
2024, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado17 y el fallo T – 373 de 2017.
10
Sentencia SU-103 de 2022.
11
Sentencia SU-103 de 2022.
12
Sentencia SU-103 de 2022.
13
Sentencia SU-128 de 2021.
14
Sentencia SU-573 de 2019.
15
Ibid.
16
Sustantivo, fáctico, violación directa de la constitución, procedimental absoluto, orgánico, error
inducido, decisión sin motivación o desconocimiento del precedente.
17
Expediente: 25000-23-42-000-2017-00559-01
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Sobre el defecto sustantivo, no se posible tener por acreditado el requisito,
puesto que se evidencia una insuficiencia argumentativa de la parte actora.
Lo anterior, por cuanto en el escrito inicial se expuso lo que, a juicio de la parte
actora, debía ser la lectura adecuada del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y la
prevalencia que este debe tener por sobre la norma que regula la
profesionalización de la actividad docente.
Nótese que esto no implica una discusión de garantías ius fundamentales, sino un
intento de imponer un criterio de decisión por sobre el del Tribunal Administrativo
del Valle del cauca, lo que implica el uso de la acción de tutela como una instancia
adicional.
La Sala no pasa por alto que, por ejemplo, en la argumentación de este cargo, la
actora afirmó que el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 «no contempló "causales
objetivas" para omitir u obviar dicho requisito18», no obstante, al sustentar el cargo
por el presunto defecto fáctico, resaltó que la «Corte Constitucional estableció que
corresponde al empleador demostrar que la desvinculación obedeció a razones
objetivas».
Lo anterior, indica una contradicción en los fundamentos del accionante, puesto
que en principio critica al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca por esgrimir
una causal objetiva para su despido, pero, a su vez, reconoce que el órgano de
cierre exige dichas causales para la desvinculación.
En ese orden de ideas, no se evidencia, a partir de los señalamientos contenidos
en el escrito inicial, que se pueda inferir una decisión arbitraria o irrazonable en la
aplicación de las normas que motivaron la decisión atacada sino, por el contrario,
se observa un desacuerdo interpretativo de la parte actora, que impide superar el
requisito de la relevancia constitucional para el cargo del defecto sustantivo.
Para el defecto fáctico, se evidencia un doble sustento, por una parte, se
reprocha: (i) la falta de valoración de las recomendaciones médicas de 28 de
agosto de 2014 y 27 de mayo de 2016, y, de otro lado, (ii) la inversión de la carga
de la prueba.
Sobre el primer punto, se encuentra cumplido parcialmente el requisito aquí
estudiado, lo anterior, de acuerdo con los argumentos expuestos por la
accionante, este defecto se configuró por cuanto la autoridad accionada no tuvo
en cuenta las valoraciones de las recomendaciones médicas con lo cual se
demostraba el estado de debilidad manifiesta que padecía la actora al momento
de retiro, pero, adicionalmente, quedaba expuesta la falta de gestión de la
nominadora al no evidenciar que, a pesar de su condición médica, sí podía seguir
ejerciendo sus funciones, con lo cual, se podía beneficiar de una medida
afirmativa como la reubicación.
En cuanto al punto de la condición de salud especial en que se encontraba la
accionante, esto fue aceptado por la entidad accionada, incluso concluyó que
18
Se refiere al requisito de contar con autorización del inspector del trabajo para el retiro del
servicio de una persona con afecciones en su salud.
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«conforme a las pruebas aportadas, si bien la señora CLARA EUGENIA CORREA
GALLEGO ostenta la calidad de sujeto de especial protección por razones de
salud». Es decir, este objetivo pretendido con dichos elementos probatorios fue
logrado, por lo que no se evidencia la necesidad de un análisis de fondo sobre el
particular.
Sin embargo, lo relativo al segundo alcance de dichos documentos, esto es, que
debían valorarse como base para analizar la posibilidad de adoptar medidas
afirmativas a favor de la actora, sí cumple con la relevancia constitucional.
De acuerdo con el escrito inicial, la autoridad accionada afirmó que la señora Clara
Eugenia Correa Gallego no demostró la posibilidad médica de continuar prestando
la labor en otros cargos, a pesar de que, según ella, allegó las valoraciones
médicas que, presuntamente, demostraban justamente esa circunstancia.
Lo anterior, contiene un debate que supera la mera legalidad o inconformidad con
el criterio de decisión usado por la autoridad accionada, esto por cuanto, de ser
cierto que en el expediente del proceso declarativo obraban dos documentos que
expresamente contradicen la afirmación de la autoridad accionada, es posible que
se haya configurado un defecto fáctico por falta de valoración probatoria.
En cuanto al segundo punto, relativo a la inversión de la carga de la prueba se
evidencia acreditado el requisito. Esto por cuanto, uno de los argumentos, por los
cuales el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones, es
que la actora no acreditó la posibilidad de que pudiera ser reubicada.
Sin embargo, de acuerdo con las múltiples sentencias de la Corte Constitucional
citadas, se evidencia que sí puede existir un desconocimiento de la carga
probatoria, en cabeza del empleador, de acreditar las medidas afirmativas que
adoptó respecto de la empleada que se encontraba en una condición de especial
protección constitucional.
En ese sentido, la discusión planteada no se limita a una mera discrepancia en la
interpretación de una norma, sino que contiene una controversia relativa al debido
proceso, en el aspecto de la carga probatoria, circunstancia que, además, implica
un posible desconocimiento de garantías superiores de personas en estado
debilidad manifiesta.
En consecuencia, se superará el requisito respecto del punto delimitado.
Finalmente, sobre el desconocimiento del precedente, se evidencia que
contiene argumentos tendientes a demostrar el deber de la adecuada exigencia
probatoria en materia de medidas afirmativas respecto de empleados que se
encuentran en una condición de debilidad manifiesta, por lo que se estudiará como
parte de la argumentación del defecto fáctico.
2.5.2. La acción de tutela de la referencia no se dirige contra una sentencia de
la misma naturaleza, puesto que la providencia judicial que censura el accionante
fue proferida en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
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2.5.3. Respecto al requisito de inmediatez, es preciso señalar que la sentencia
atacada data del 4 de septiembre de 2025 y fue notificada mediante correo
electrónico enviado el 5 de septiembre siguiente. En ese orden de ideas, se
entiende que dicho trámite se cumplió el 9 siguiente, por lo que, sin necesidad de
contar la ejecutoria, es claro que el mecanismo de amparo se presentó de manera
oportuna.
Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 19, en la
que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó
los criterios fijados por la Corte Constitucional en el fallo C-590 de 200520, para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias
judiciales y, reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir y
solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con
estas.
2.5.4. Por otra parte, en consideración al requisito de agotamiento de los
mecanismos judiciales, en el caso concreto, se tiene que contra la sentencia de
segunda instancia no proceden recursos ordinarios ni extraordinarios, por lo que
se tiene cumplida esta exigencia.
2.6. Generalidades de los defectos alegados
2.6.1. Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 201521 precisó los alcances y
requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia del defecto
fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la
presente decisión así:
i) Omisión de decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii)
desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad
de los hechos alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las
pruebas aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas
con violación del debido proceso, los cuales tienen las siguientes características:
Evento Características
Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que
alega, solicitó al juez el decreto de una prueba relevante para
Omisión de resolver el problema jurídico sometido a consideración, y ésta
decreto y práctica fue negada; ello sin desconocer la facultad del juez ordinario
de pruebas de negar pruebas que no atiendan los requisitos de
indispensables conducencia, pertinencia e idoneidad. Así las cosas, es
para fallar el importante considerar que no toda negativa a un decreto de
19
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela, importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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«c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario,
esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos».
21 Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00947-00
asunto pruebas abre la posibilidad a la configuración del defecto, ya
que este procederá cuando se rechace el decreto y práctica
de la prueba que, solicitada oportunamente, no cumpla con los
parámetros arriba señalados.
De esta manera, se requiere que:
a) Que la parte identifique el elemento probatorio que solicitó
b) Que la parte demuestre que lo solicitó en oportunidad legal
c) Se expongan las razones por la cuales la prueba solicitada
era conducente, pertinente o idónea.
d) Señalar de manera razonada la razón por la cual, de
haberse decretado la prueba, el sentido de la decisión
hubiere sido otro.
Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción en
el expediente, y estos resultan decisivos frente a los hechos
que se pretenden probar, éstos no son tenidos en cuenta por
Desconocimiento el fallador ordinario. En este punto, se requiere que de forma
del acervo específica, se concrete en el escrito de amparo, cuáles
probatorio pruebas, aportadas oportuna y legalmente, fueron
determinante para desconocidas por el juez.
identificar la
veracidad de los Así las cosas, se configura siempre:
hechos alegados
por las partes a) Se identifiquen los elementos de prueba no valorados
por el juez.
b) Se demuestre que estos fueron aportados en forma legal
y oportunamente al proceso
c) Señale las razones por las cuales eran relevantes para
la decisión
d) Se precise, razonadamente, la incidencia de los mismos
para variar el sentido del fallo.
Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica,
la apreciación efectuada por el fallador, resulta
manifiestamente equivocada o arbitraria, y por ello, el
peso otorgado a la prueba se entiende alterado.
Valoración Requiere entonces que:
irracional o
arbitraria de las a) La parte precise cuál o cuáles de las pruebas fueron
pruebas aportadas objeto de indebida valoración por el juez
b) La razón del por qué, en cada caso en particular, la
consideración del operador judicial se aleja de las reglas
de la lógica, la experiencia y la sana crítica.
El segundo de los elementos señalados, resulta de vital
importancia, pues es claro que un sencillo desacuerdo
en relación con la conclusión a la cual arribó el juez de
instancia, de ninguna manera puede ser razón para
ordenar el amparo constitucional por este aspecto.
Aceptar lo contrario, implicaría una sustitución arbitraria
del juez natural.
c) Incidencia de la prueba en el fallo atacado
Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el
Dictar sentencia asunto con base en pruebas que no observaron los requisitos
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con fundamento legales para su producción o introducción al proceso. Así las
en pruebas cosas, el juez no ignora la prueba ni se equivoca en su
obtenidas con apreciación, pero yerra al haberla tenido en cuenta para
violación del decidir el problema jurídico que le fue planteado, al ser esta
debido proceso una prueba que desconoce el debido proceso de las partes.
Para su configuración corresponde:
a) Señalar con claridad los elementos probatorios
aportados con violación al artículo 29 constitucional.
b) Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
c) Demostrar que estos elementos de convicción fueron el
sustento de la decisión.
Como se observa de los elementos señalados, la parte accionante debe precisar
en su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del
defecto, sino también, su incidencia en la decisión judicial.
Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para
lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una
providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento
jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad
jurídica, la buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la
Constitución Política.
Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la medida en
que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen entre sí, de tal
manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma prueba,
como suele ocurrir, pues es desacertado.
Resulta importante precisar la posición de la Sala sobre el concepto de
precedente, el cual se sinteriza en los siguientes términos:
[…] es la decisión, o el conjunto de decisiones, que sirven de referente al juez que
debe pronunciarse respecto de un asunto determinado, por guardar una similitud en
sus presupuestos fácticos y jurídicos, y respecto de los cuales la ratio decidendi
constituye la regla… que obliga al operador jurídico a fallar en determinado sentido
[…]22
Aunado a ello, esta sección en reiterados pronunciamientos 23 explicó que el
concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho determinante del
sentido de la decisión y su contenido específico, es decir, la ratio decidendi, la cual
no está atada al número de decisiones, dado que solo basta una providencia en
donde se especifique una regla o subregla de derecho.
Cabe resaltar que el carácter vinculante de las reglas o subreglas de derecho
creadas por las altas cortes encuentra su fundamento en la jerarquía del juez, a
sus funciones asignadas por la norma superior y a la garantía de los principios de
igualdad y seguridad jurídica, así como, en la coherencia del ordenamiento
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 19 de
febrero de 2015, M.P. Alberto Yepes Barreiro, rad. 2013-02690-01.
23
Entre otras ver sentencia de 6 de mayo de 2021; expediente 11001-03-15-000-2021-0281-01.
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jurídico.
2.6.2. Referente al desconocimiento del precedente, esta Sección precisa que
el precedente es aquella regla creada por una Alta Corte como órgano de cierre en
determinada materia para solucionar un conflicto jurídico en particular, sin que sea
necesario un número plural de decisiones en el mismo sentido para que aquella
sea considerada como precedente. También se considera que constituyen
precedente las sentencias de constitucionalidad y las de unificación, expedidas
tanto por la Corte Constitucional, como por el Consejo de Estado.
Sin embargo, resulta necesario advertir que «debe aceptarse que no todas las
decisiones judiciales que profieren las Altas Cortes, generan una regla o subregla,
pues son el resultado de la aplicación al caso concreto de la norma que viene al
caso, sin una actividad creadora del juez» 24.
2.7. Caso concreto
De acuerdo con la delimitación realizada previamente, en este punto la Sala debe
estudiar si, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, incurrió en los defectos
fáctico y de desconocimiento del precedente, por: (i) omisión de valoración de las
recomendaciones médicas que acreditaban su capacidad para seguir en su labor
docente y; (ii) imponer a la actora la carga probatoria de demostrar que, en su
favor, podían o adoptarse medidas afirmativas, previo a su retiro del servicio.
Sobre las recomendaciones médicas, se tiene que la accionante afirmó que allegó
los siguientes documentos que contradicen lo afirmado por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca: «recomendaciones médicas documentadas el
día 28 de agosto de 2014 por el área de medicina laboral de Magisalud Unión
Temporal 2. Cosmitet Ltda y por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del
Valle del Cauca en el dictamen emitido el 27 de mayo de 2016».
De la verificación del proceso ordinario, se evidencia configurado el defecto fáctico
respecto de la valoración probatoria, pero solo frente al segundo de los elementos
enunciados en el escrito inicial.
Lo anterior, por cuanto, en el punto de las recomendaciones efectuadas por el
área de medicina laboral, se observa que si bien la actora las mencionó en su
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho25 y en una petición dirigida a
su empleadora y fechada el 16 de septiembre de 2014 26, esta Sala no encontró,
en los documentos que componen el expediente 2017-00296 la valoración de 28
de agosto de 2014.
Nótese que la sola mención de la existencia de un documento es insuficiente para
soportar un defecto fáctico por omisión si no se acreditó que la autoridad
accionada tuvo acceso efectivo a dicho medio probatorio.
24
Consejo de Estado, Sentencia del 19 de febrero de 2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No.
11001-03-15-000-2013-02690-01.
25
Ver imagen 238 del archivo digitalizado del expediente digitalizado 2017-00296.
26
Ver imagen 23 del archivo digitalizado del expediente digitalizado 2017-00296.
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Por el contrario, en el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez 27,
que finalmente es el que definió objetivamente el estado de salud de la actora y su
incidencia laboral, se observa que, tal como se manifestó en la solicitud de tutela,
el porcentaje de pérdida de capacidad laboral fue del 16.30%, además, se tiene
que esto conllevó a un resultado de incapacidad permanente parcial.
A pesar de lo anterior, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, afirmó:
Sin perjuicio de lo expuesto, la actora no demostró que por recomendación
médica podría válidamente seguir ejerciendo sus funciones en otro lugar, para
lo cual adicionalmente debía acreditar la existencia de otro cargo vacante de
igual o superior jerarquía en el municipio de El Cairo – Valle del Cauca, en la
cual hubiera podido ser reubicada.
Se resalta que, respecto del mencionado dictamen, la autoridad accionada se
limitó a estudiarlo como sustento de la condición de discapacidad de la señora
Correa Gallego; sin embargo, lo omitió de plano en lo referente a la posibilidad o
no de que la actora pudiera continuar con su servicio.
Esto es relevante, por cuanto el concepto de incapacidad permanente tiene
regulación legal específicamente dirigida para lo extrañado por la autoridad
accionada28, es decir, si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca tuvo como
probado el porcentaje de pérdida de capacidad laboral de la actora a partir de la
referida expertica y, a su vez, exigió que se demostrara la posibilidad médica de
seguir ejerciendo como labores, era su deber valorar en su integridad la prueba,
puesto que el porcentaje y la conclusión de la Junta Regional de Calificación
estaban intrínsecamente relacionados con la posibilidad de que la señora Correa
Gallego continuara en condiciones físicas de trabajar.
En consecuencia, aunque la colegiatura sí valoró el acta de 27 de mayo de 2016
para efectos de considerar que la accionante se encontraba en una condición de
discapacidad, sí incurrió en el defecto fáctico por cuanto omitió la misma prueba al
momento de analizar la exigencia por la que, finalmente, negó las pretensiones.
En el segundo punto, esto es, la carga probatoria en casos de empleados sujetos
de especial protección constitucional, la Sala recuerda que, cuando se encuentran
en pugna los derechos derivados de la carrera judicial 29 y las garantías de las
personas que se encuentran vinculadas en provisionalidad, los segundos deben
ceder ante los primeros. Esto, por cuanto quien supera un concurso de méritos no
solo se hace acreedor del ingreso en carrera, sino porque dicha dinámica da
cumplimiento al artículo 125 superior, lo que implica que, además de las garantías
subjetivas de quien se va a posesionar en propiedad, también se protege el interés
general, al procurar que los cargos públicos sean provistos a quien supere el filtro
del mérito.
27
Constatable desde la imagen 73 del expediente digitalizado 2017-00296
28
Ver artículo 8 de la Ley 776 de 2002: «ARTÍCULO 8o. REUBICACIÓN DEL TRABAJADOR. Los
empleadores están obligados a ubicar al trabajador incapacitado parcialmente en el cargo que
desempeñaba o a proporcionarle un trabajo compatible con sus capacidades y aptitudes, para lo
cual deberán efectuar los movimientos de personal que sean necesarios». (Resaltado fuera de
texto)
29
Como el ingreso o el traslado.
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Ahora bien, jurisprudencialmente, se ha aceptado que, en casos de sujetos de
especial protección constitucional, se puedan tomar medidas afirmativas que, sin
menoscabar los derechos de quien fue nombrado en propiedad, moderen, en la
medida de lo posible, el impacto que puede tener la terminación de la relación
laboral.
Es decir, lo anterior no implica que, si una persona se encuentra vinculada de
manera provisional, su condición de sujeto de especial protección pueda evitar o
entorpecer el ejercicio de los derechos derivados de la carrera judicial. Las
garantías a favor de un empleado en provisionalidad en dicha condición no se
oponen a los derechos de quien superó el concurso de méritos, sino que obliga a
la administración a explorar posibilidades a favor del trabajador en condición de
debilidad.
Partiendo de lo anterior, se tiene que, en las consideraciones de la sentencia
atacada, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al estudiar el derecho de la
estabilidad laboral reforzada, manifestó:
En el caso de los servidores públicos nombrados en provisionalidad, la
jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado, ha
considerado que gozan de estabilidad laboral relativa, lo que exige que su
desvinculación esté debidamente motivada y basada en una causal legal,
siendo una de éstas la provisión del cargo por parte de un funcionario que haya
superado el concurso de méritos, evento en el cual el derecho preferencial de
quien tiene derechos de carrera, justifica el retiro provisional. No obstante,
cuando los servidores provisionales pertenecen a un grupo de protección
constitucional reforzada como es el caso de los prepensionados, la
administración deberá aplicar medidas de acción afirmativas que
garanticen un “trato diferencial”, para evitar la afectación desproporcionada de
los derechos fundamentales del trabajador en condición de vulnerabilidad.
(Resaltado fuera del original)
Aunque en el texto se menciona a los prepensionados, es claro que no se hace
referencia solo a ese grupo de trabajadores, sino que la exigencia, relativa a que
es la administración quien debe aplicar medidas afirmativas, va dirigida a todos los
servidores, en provisionalidad, que sean beneficiarios de una protección
constitucional reforzada.
Ahora bien, aunque de las sentencias que citó el accionante no se encuentra que
alguna sea un fallo de unificación, lo cierto es que sí se extrae una regla de
decisión, relativa al deber de la administración de acreditar que, previo a
desvincular al empleado nombrado en provisionalidad en condición de debilidad
manifiesta, agotó alguna estrategia para procurar su protección.
Por ejemplo, el accionante acudió a la sentencia T-427 de 1992, que dispuso:
La especial protección de ciertos grupos y personas por parte del Estado tiene
como consecuencia la inversión de la carga de la prueba cuando la
constitucionalidad de una medida administrativa sea cuestionada por afectar
los derechos fundamentales de la persona directamente perjudicada. En dicho
evento, es a la administración a quien corresponde demostrar porqué la
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circunstancia o condición de desventaja de la persona protegida por el
Estado no ha sido desconocida como consecuencia de su decisión.
(Resaltado fuera de texto)
A su vez, la sentencia T – 373 de 2017, también mencionada en el escrito inicial,
concluyó:
Una entidad vulnera los derechos fundamentales a la salud y vida digna de
un sujeto de especial protección que ocupa un cargo de carrera en
provisionalidad, cuando con fundamento en el principio del mérito nombra de la
lista de elegibles a quien superó las etapas del concurso, sin antes adoptar
medidas afirmativas dispuestas en la Constitución y que materialicen el
principio de solidaridad social, relativas a su reubicación en un cargo similar
o equivalente al que venía ocupando, siempre y cuando se encuentre vacante.
(Resaltado fuera de texto)
La Sala, verificó que la mencionada postura se mantuviera actualmente, lo cual
fue constatado como puede verse en la sentencia T – 064 de 2025, así:
En virtud de lo anterior, las entidades deben proceder con especial cuidado
antes de efectuar los respectivos nombramientos, mediante la adopción de
medidas afirmativas tendientes a proteger los derechos de los sujetos de
especial protección constitucional. La Sentencia T-313 de 2024 sintetizó las
reglas jurisprudenciales para armonizar la importancia atribuida a la carrera
administrativa basada en el mérito y el mandato constitucional de adoptar
medidas especiales de protección para los funcionarios nombrados en
provisionalidad que están en una especial situación de vulnerabilidad.
Estas reglas, que indica la alta corte, y que están listadas en la sentencia T – 313
de 2024, corresponden a:
(i) El mérito es el criterio que prevalece para la asignación de empleos en la
carrera administrativa.
(ii) El trato preferencial no implica un derecho a permanecer de forma indefinida
en un cargo provisional. Su vinculación se prolonga hasta que los cargos sean
provistos en propiedad mediante el sistema de carrera o su desvinculación
cumpla los requisitos exigidos en la jurisprudencia constitucional.
(iii) La entidad nominadora debe adoptar medidas afirmativas para los
sujetos de especial protección constitucional, consistentes en (a) que
sean los últimos en ser removidos de sus cargos; (b) y, en lo posible,
vincularlos de manera provisional en cargos vacantes de la misma
jerarquía o equivalencia de los que venían ocupando.
(iv) La vinculación provisional en un nuevo cargo vacante requiere que se
demuestre alguna circunstancia que implique especial protección constitucional
al momento de su desvinculación y en la época del posible nombramiento.
(v) Si la vinculación a un nuevo cargo vacante no es posible por la existencia
de una persona con mejor derecho al haber ganado un concurso público, la
entidad nominadora debe hacer el nombramiento si se abren vacantes en el
futuro.
Como puede observarse, es innegable que, ante el escenario en el que se
encontraba la actora, el deber de adoptar medidas afirmativas, previo a su
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desvinculación, era de la entidad nominadora, por lo tanto, le correspondía a la
Secretaría de Educación del Valle del Cauca acreditar el cumplimiento de esa
obligación y, en ese sentido, no se le podía exigir a la accionante que acreditara la
existencia de vacantes disponibles donde pudiera ser nombrada.
Lo anterior, habida cuenta de que el propio tribunal reconoció que se encontró
«debidamente acreditado en el expediente que el estado de salud de la señora
CLARA EUGENIA CORREA GALLEGO era conocida por su empleador con
antelación a la expedición del acto de desvinculación».
En ese orden de ideas, la inversión de la carga de la prueba efectuada por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca afectó el derecho fundamental al
debido proceso de la actora, por cuanto le impuso el deber de demostrar un hecho
que, por claras reglas jurisprudenciales, recaía en la entidad demandada, lo que
implica la configuración de los defectos fáctico y de desconocimiento del
precedente.
Finalmente, sobre la sentencia de la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado proferida el 6 de marzo de 2024, no se ahondará como estudio
de precedente, esto, por cuanto verificada dicha providencia no se observa que
contenga un criterio vinculante de decisión de parte de esta colegiatura, más que
una postura de esta corporación como órgano de cierre, lo que contiene es una
reiteración las reglas fijadas por la Corte Constitucional 30 para estos casos.
En consecuencia, se ampararán las garantías superiores de la actora, se dejará
sin valor ni efecto la sentencia de 4 de septiembre de 2025 y se ordenará al
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, dentro de un término de 10 días,
posteriores a la notificación de esta providencia, profiera una nueva decisión en la
que tenga en cuenta las consideraciones de este fallo.
Lo anterior, no implica que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca esté
obligado a acceder a las pretensiones, como tampoco, que, a partir de lo anterior,
deba ordenarse un restablecimiento del derecho de la manera que lo solicitó la
demandante, simplemente, que al momento de abordar lo atinente a la presunta
falta de adopción de medidas afirmativas antes de la desvinculación de la
accionante, la autoridad judicial debe:
• Tener en cuenta las conclusiones del dictamen de pérdida de capacidad
laboral obrante en el plenario, para efecto de establecer la posibilidad de
que continuara laborando y
• Que es la Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca,
quien tiene la carga probatoria de acreditar las medias afirmativas que
adoptó.
3. DECISIÓN
30
En aquella oportunidad, la Sección Segunda del Consejo de Estado fundó su decisión en las
sentencias T – 373 de 2017, SU – 917 de 2010 y SU – 446 de 2011.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud del departamento del Valle del Cauca, en el
sentido de que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva.
SEGUNDO: CONCEDER el amparo a los derechos fundamentales invocados por
la parte actora.
TERCERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela respecto del defecto
sustantivo y parcialmente frente al defecto fáctico.
CUARTO: DEJAR sin valor ni efecto la sentencia de 4 de septiembre de 2025 y,
en consecuencia, ORDENAR al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que,
dentro de un término de 20 días, posteriores a la notificación de esta providencia,
profiera una nueva decisión en la que tenga en cuenta las consideraciones de este
fallo.
QUINTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
SEXTO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su
notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
(con salvamento de voto)
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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