Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00955-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00955-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00955-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
14 de marzo de 2025
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, catorce (14) de marzo de dos mil veinticinco (2025).
Magistrado Ponente (E): FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-00955-00
Demandante: YEHIMY MENDIETA QUIROGA
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA AUTORIDAD PÚBLICA –
AUSENCIA DE SUBSIDIARIEDAD
Síntesis del caso: la demandante solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al trabajo
y la salud con fundamento en que las autoridades demandadas no han adoptado medidas
eficaces para balancear la carga de trabajo que debe asumir como secretaria del Juzgado
Penal del Circuito de Acacías. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela
porque no se acreditó el cumplimiento del requisito general de procedencia de la
subsidiariedad.
La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Yehimy Mendienta
Quiroga en contra de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo
Superior de la Judicatura y el Consejo Seccional de la Judicatura del Meta para la
protección de sus derechos fundamentales al trabajo y la salud consagrados en los
artículos 25 y 49 de la Constitución Política, supuestamente vulnerados por las
autoridades demandadas con ocasión de la falta de adopción de medidas eficaces
para la descongestión del despacho del Juzgado Penal del Circuito Judicial de
Acacías (Meta).
I. ANTECEDENTES
1. Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente (índice 0002 en SAMAI):
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Demandante: Yehimy Mendieta Quiroga
Acción de tutela
1) El 9 de mayo de 2019, se posesionó en propiedad como secretaria del Juzgado
Penal del Circuito Judicial de Acacías (Meta), donde la planta de personal estaba
conformada por un citador, un escribiente, un oficial mayor, una secretaria y una juez.
2) Al despacho del Juzgado Penal del Circuito de Acacías le corresponde el
conocimiento de los procesos de la Ley 600 de 2000 y la Ley 906 de 2004 de los
municipios de El Castillo, El Dorado, San Luis de Cubarral, San Carlos de Guaroa,
Castilla la Nueva, Guamal y Acacías, las apelaciones concedidas por los Juzgados de
Ejecución de Penas y las acciones de tutela en primera y segunda instancia que se
repartan, entre otros asuntos.
3) La oficial mayor del despacho se ausentó desde el 11 de julio de 2023 y ha
presentado sucesivas órdenes de incapacidad que impiden nombrar un reemplazo.
4) El 19 de diciembre de 2023, el Consejo Superior de la Judicatura trasladó al citador
del despacho al Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados Penales de Acacías.
5) El 5 de julio de 2024, el Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo
PCSJA24-12194, por el cual creó un cargo transitorio de oficial mayor para el
Juzgado Penal del Circuito Judicial de Acacías como medida de descongestión hasta
el 13 de diciembre de 2024.
6) Mediante Acuerdo PCSJA25-12258 del 24 de enero de 2025, el Consejo Superior
de la Judicatura creó cargos transitorios para algunos tribunales y juzgados del país,
pero no adoptó dicha medida para el Juzgado Penal del Circuito Judicial de Acacías.
7) El 28 de enero de 2025 el Consejo Seccional de la Judicatura del Meta expidió el
Acuerdo CSJMEA25-6, por el cual exoneró del 50% del reparto de acciones de tutela
al Juzgado Penal del Circuito Judicial de Acacías.
2. Los fundamentos de la vulneración
La demandante adujo que la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo
Superior de la Judicatura y el Consejo Seccional de la Judicatura del Meta vulneraron
sus derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas y la salud porque no
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Acción de tutela
han adoptado medidas para balancear los altos flujos de trabajo que soportan los
empleados del Juzgado Penal del Circuito Judicial de Acacías.
Como no es posible reemplazar a la oficial mayor hasta que culmine el procedimiento
administrativo por abandono del cargo, el despacho opera actualmente solo con el
escribiente, la secretaria y la juez, situación que les impone una carga excesiva y
desproporcionada de tareas para cumplir las metas, además, los despachos de igual
categoría y especialidad de los Circuitos de Bogotá y Villavicencio cuentan con al
menos dos (2) sustanciadores.
Estas condiciones laborales aumentan el estrés y están agravando su cuadro de
depresión y ansiedad, lo cual pone en evidencia que (i) las medidas transitorias de
descongestión que adoptó el Consejo Superior de la Judicatura para el año en curso
y la exoneración del 50% de las acciones de tutela que dispuso el Consejo Seccional
de la Judicatura del Meta son insuficientes y, (ii) existe una urgencia de contar con un
personal de apoyo adicional para un digno y adecuado funcionamiento del despacho.
3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó lo siguiente:
“1. Sírvase señores Magistrados, tutelar mi derecho fundamental al trabajo
en condiciones dignas, y a la salud.
2. Que como consecuencia de lo anterior se ordene al Consejo Superior de
la Judicatura adoptar las medidas pertinentes para garantizar mi derecho al
trabajo en condiciones dignas. Esto es creando el cargo de oficial mayor o
al menos designando un cargo de oficial mayor en descongestión para este
despacho. O la creación de otro Juzgado Penal del Circuito para Acacías –
Meta, que permita hacer llevadera la carga laboral que debo soportar.
Igualmente se materialice el traslado transitorio del citador que estaba
asignado a este despacho desde el Centro de Servicios de los Juzgados
Penales a este Juzgado o el que resulte pertinente” (archivo disponible en
medio magnético en el índice 0002 del Historial de Actuaciones en el
aplicativo SAMAI).
4. Actuación procesal
Por auto de 25 de febrero de 2025 se admitió la acción de tutela y se notificó a la
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura y el
Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, entregándoles copia de la demanda y
los anexos (índice 00004 en SAMAI).
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Acción de tutela
5. Intervención de las autoridades demandadas
1) La Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la
Judicatura solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela porque,
según el criterio uniforme de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y el
Consejo de Estado, la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para pretender la
creación de cargos permanentes o transitorios en la Rama Judicial ni para cuestionar
la legalidad de los actos administrativos expedidos en el marco de las facultades del
Consejo Superior de la Judicatura para adoptar medidas transitorias de
descongestión.
Además, afirmó que la asignación presupuestal no es suficiente para atender todas
las necesidades de la Rama Judicial, por lo cual se estableció como criterio de
priorización que los despachos cumplan con los objetivos dispuestos en el Acuerdo
PCSJA24-12194 de 2024, sin embargo, como el Juzgado Penal del Circuito Judicial
de Acacías no cumplió con las metas establecidas, no resultó beneficiario de las
medidas transitorias en la presente anualidad (índice 00009 en SAMAI).
2) El Consejo Seccional de la Judicatura del Meta solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela porque se dirigió contra un acto de carácter
general impersonal y abstracto, como lo es el cumplimiento del Acuerdo PCSJA23-
12124 del Consejo Superior de la Judicatura (índice 00010 en SAMAI).
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración
con el siguiente derrotero: (i) finalidad de la acción de tutela y (ii) el caso concreto.
1. La finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
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Demandante: Yehimy Mendieta Quiroga
Acción de tutela
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco
para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para
revivir términos precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del
demandante.
2. El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Unidad de
Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo
Seccional de la Judicatura del Meta con el fin de que se protejan los derechos
constitucionales fundamentales al trabajo y la salud, supuestamente vulnerados por
las autoridades demandadas al no adoptar medidas eficaces para balancear la carga
de trabajo que debe asumir como secretaria del Juzgado Penal del Circuito Judicial
de Acacías.
La demandante afirmó que el despacho está operando actualmente solo con el
escribiente, la secretaria y la juez, lo cual les impone una carga excesiva y
desproporcionada de tareas para cumplir las metas, además, los despachos de igual
categoría y especialidad de los Circuitos de Bogotá y Villavicencio cuentan con al
menos dos (2) sustanciadores y si bien la autoridad administrativa ha adoptado
medidas de descongestión, estas han resultado insuficientes.
En los términos en que fue propuesta la controversia la Sala declarará su
improcedencia por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, por las razones
que se exponen a continuación.
2.1 Caracterización del requisito de subsidiariedad
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Demandante: Yehimy Mendieta Quiroga
Acción de tutela
1) La acción de tutela es un mecanismo excepcional y extraordinario para acudir ante
el juez constitucional cuando el ordenamiento jurídico no prevea una herramienta
jurisdiccional idónea y eficaz para la protección de los derechos fundamentales, como
se infiere del texto del inciso 3 del artículo 86 de la Carta Política.
2) En desarrollo del precepto constitucional aludido, el numeral 1 del artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991 exige como presupuesto procesal de la acción de tutela que el
demandante no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que se
interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
3) La finalidad de este presupuesto de procedibilidad de la acción es que las
personas hagan uso de todos los mecanismos que el sistema judicial consagra para
conjurar la situación que amenaza o vulnera sus derechos fundamentales, de modo
que se restrinja el uso indiscriminado e indebido de este mecanismo constitucional
como vía preferente o instancia judicial alterna de protección para desplazar o
reemplazar a las herramientas judiciales que el legislador estableció para la
protección de los derechos.
4) En esa medida, cuando se presenta la acción de tutela con el fin de obtener una
decisión más rápida, para burlar los procedimientos judiciales previamente estatuidos
o para proponer argumentos y planteamientos que no se propusieron ante el juez
ordinario habiendo tenido la oportunidad de hacerlo, se desconoce el carácter
subsidiario y residual de este mecanismo constitucional.
5) Ahora bien, como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional, el presupuesto de
la subsidiariedad debe ser estudiado en cada caso concreto y, por ende, aun en los
eventos en que existan otros medios de defensa judicial, existen dos excepciones que
justifican su procedibilidad, así: (i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto
por la ley para resolver las controversias no es idóneo y eficaz conforme a las
especiales circunstancias del caso estudiado, procede el amparo como mecanismo
definitivo; y, (ii) cuando, pese a existir un medio de defensa judicial idóneo, éste
no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual la acción de
tutela procede como mecanismo transitorio.
6) En suma, se condiciona el ejercicio de la acción de tutela a la inexistencia de otro
medio de defensa judicial, salvo que este no suponga un mecanismo idóneo y
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Demandante: Yehimy Mendieta Quiroga
Acción de tutela
efectivo para evitar la vulneración o amenaza del derecho fundamental o que se
pretenda un amparo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio
irremediable.
2.2 Verificación del requisito de subsidiariedad en el caso concreto
En el caso sub examine, la demandante pretende que se amparen sus derechos
fundamentales al trabajo y la salud y que el Consejo Superior de la Judicatura
disponga la creación de un cargo de oficial mayor para el Juzgado Penal del Circuito
de Acacías, la creación de otro juzgado de la misma categoría y especialidad o el
traslado temporal de un citador desde el Centro de Servicios Judiciales de los
Juzgados Penales de Acacías, con el propósito de aliviar los altos flujos de trabajo
que soportan los empleados del juzgado.
Sin embargo, esta Sala estima que la acción de tutela no constituye un mecanismo
idóneo para controvertir los acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la
Judicatura para la implementación de medidas transitorias de descongestión, ni fue
consagrada como un escenario para modificar la planta de personal de los despachos
judiciales.
1) En efecto, si la parte demandante considera que el Acuerdo PCSJA25-12258 del
24 de enero de 2025 del Consejo Superior de la Judicatura o el Acuerdo CSJMEA25-
6 del 28 de enero de 2025 del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta adolecen
de un vicio porque no contienen medidas adecuadas y eficaces para aliviar la
sobrecarga laboral, puede acudir a los medios de control previstos en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para que se declare
la nulidad total o parcial de los actos administrativos, a través de la acción de simple
nulidad.
2) Tampoco se evidenció un perjuicio irremediable que habilite la procedencia de la
acción como mecanismo transitorio, dado que la demandante no demostró
encontrarse en una situación de debilidad manifiesta que requiera adoptar medidas
urgentes, impostergables e inmediatas, además, si bien refirió una posible amenaza a
su salud mental, no presentó argumentos específicos ni pruebas suficientes que
acrediten un riesgo inminente de afectación a su derecho fundamental.
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Demandante: Yehimy Mendieta Quiroga
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3) Aunado a lo anterior, de conformidad con el artículo 257 de la Constitución Política,
el Consejo Superior de la Judicatura es el órgano encargado de la gestión de la Rama
Judicial, para lo cual se le atribuyeron las funciones de fijar la división del territorio
para efectos judiciales, crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos, dictar reglamentos
y proponer iniciativas legislativas acerca de la administración de justicia, entre otros.
4) En este sentido, la Sala advierte que la creación de cargos de la Rama Judicial es
una decisión administrativa que le corresponde al Consejo Superior de la Judicatura
en el ejercicio de sus funciones y en el marco de su libre configuración de política
pública que, ciertamente, debe fundarse en planes y estudios presupuestales
detallados.
5) El juez de tutela no puede disponer la creación de cargos o la nivelación de las
plantas de personal de los juzgados penales del Circuito Judicial de Acacías, pues
ello supondría una invasión de las competencias administrativas que le son propias al
Consejo Superior de la Judicatura e implicaría imponer un costo adicional que no fue
estimado en el presupuesto de la Rama Judicial.
6) Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado que “está vedado al juez de
tutela modificar las plantas de personal (…), pues una decisión judicial que así lo
previera supondría una evidente invasión de competencias administrativas que
además generaría un gasto no incluido en el respectivo presupuesto”1.
7) Por consiguiente, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por el
incumplimiento del requisito de subsidiariedad, por las razones hasta aquí expuestas.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,
1 Corte Constitucional, sentencia T-717 de 1999.
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Demandante: Yehimy Mendieta Quiroga
Acción de tutela
FALLA:
1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por la señora Yehimy
Mendieta Quiroga por las razones expuestas en la parte motiva.
2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
3º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de
Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado (E) Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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