Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03147-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03147-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03147-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
18 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-03147-00
Demandante JOSÉ JONH PEÑA PACHECO
Demandado CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Temas Solicitud de suspensión de reparto de tutelas por congestión judicial.
Incremento desproporcionado de reparto de tutelas en vacancia
judicial. La legitimación en la causa.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, decidir en primera
instancia la acción de tutela instaurada por José Jonh Peña Pacheco, de
conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 23 de abril de 20261 se radicó en Samai acción de tutela promovida por el señor
José Jonh Peña Pacheco contra el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá,
la Oficina de Reparto de Tutelas de Paloquemao, y el Centro de Servicios Judiciales
de Paloquemao, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales «a la salud
mental» y «a la estabilidad laboral reforzada». Lo anterior, con ocasión a la
desproporción en el reparto de tutelas, especialmente en el periodo de vacancia
judicial, dado que desborda la capacidad de trabajo y hace que se extienda de
manera inhumana la jornada laboral.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones2:
«PRIMERO: Tutelar a mi favor el Derecho Fundamental a la Salud Mental, Estabilidad laboral
reforzada, vulnerados por el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, CONSEJO
SECCIONAL DE LA JUDICATURA BOGOTÁ, OFICINA DE REPARTO DE TUTELAS
PALOQUEMAO, CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES.
SEGUNDO: Ordenar a la CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, CONSEJO
SECCIONAL DE LA JUDICATURA BOGOTÁ, OFICINA DE REPARTO DE TUTELAS
PALOQUEMAO, dentro del término de traslado de la presente acción SUSPENDA EL
REPARTO DE ACCIONES DE TUTELA A LOS JUZGADOS PENALES MUNICIPALES DE
GARANTÍAS DE BOGOTÁ, POR DOS SEMANAS, MIENTRAS SE RESUELVEN LAS 50
ACCIONES DE TUTELAS ASIGNADAS EN SEMANA SANTA DE 2026, así evitar un perjuicio
irremediable.
1
Samai, índice 2. Se precisa que la acción de tutela fue inicialmente asignada por reparto a la Corte Suprema de Justicia.
En auto del 20 de abril de 2026, esa autoridad judicial remitió la acción de tutela a esta corporación con fundamento en
las reglas de reparto, porque la tutela fue promovida por un empleado judicial vinculado a la jurisdicción ordinaria con
ocasión a sus funciones.
2
Página 10 de la acción de tutela. SAMAI, índice 2.
2
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Demandante: José Jonh Peña Pacheco
TERCERO: Ordenar a la CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, CONSEJO
SECCIONAL DE LA JUDICATURA BOGOTÁ, que en termino de cuarenta y ocho (48) horas
contadas a partir de la notificación del fallo, CREE OTRO CARGO DE SUSTANCIADOR U
OFICIAL MAYOR PARA LOS JUZGADOS PENALES MUNICIPALES CON FUNCIÓN DE
CONTROL DE GARANTÍAS DE BOGOTÁ
CUARTO: En caso de no acceder a la pretensión anterior, Ordenar a la CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA, CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA BOGOTÁ, que en
termino de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación del fallo, CREE EL
CARGO DE ESCRIBIENTE PARA LOS JUZGADOS PENALES MUNICIPALES CON
FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE BOGOTÁ.
QUINTO: En caso de no acceder a la pretensión anterior, Ordenar a la CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA, CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA BOGOTÁ, que en
termino de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación del fallo, DEVUELVA
A LOS ESCRIBIENTES DEL CENTRO SERVICIOS JUDICIALES S.P.A. DE PALOQUEMAO
A LOS JUZGADOS PENALES MUNICIPALES CON FUNCIÓN DE CONTROL DE
GARANTÍAS DE BOGOTÁ.
SEXTO: En caso de no acceder a la pretensión anterior, Ordenar a la CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA, CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA BOGOTÁ, que en
termino de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación del fallo, SE
ADOPTEN MEDIDAS ESTUDIADAS PERTINENTES PARA AFRONTAR LA CONTINGENCIA
CON LA AVALANCHA DE ACCIONES DE TUTELAS, PUES POR MAS COMPROMISO QUE
HAYA POR PARTE DE LOS EMPLEADOS, LA SITUACIÓN ES DESBORDADA.». (Sic para
toda la cita)
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El actor relata que los juzgados penales municipales con función de control de
garantías de Bogotá están integrados por los siguientes servidores: un juez,
un secretario y un oficial mayor o sustanciador. Indicó que el oficial mayor o
sustanciador tiene a su cargo la sustanciación de las acciones de tutela y la
proyección del fallo que la resuelve.
2.2. Informó que en el periodo 2021 a 2025, la carga aumentó considerablemente
y que están tramitando un promedio de 400 tutelas anualmente.
2.3. Manifestó que, aunque el Consejo Superior de la Judicatura tiene
conocimiento de esta situación no ha adoptado medidas efectivas de
descongestión para hacer frente a esa problemática. Expone que esa omisión
ha conllevado que «los judiciales nos sentimos abandonados, con una persecución
laboral.»
2.4. Agregó que en los periodos de vacancia laboral la situación se hace más
crítica, pues toda la carga de gestión de las acciones de tutela recae sobre los
juzgados penales municipales con funciones de control de garantías y de
conocimiento de Bogotá. Esto ha hecho que tengan que asumir el
conocimiento y trámite de hasta 10 tutelas diarias, lo cual materializa una
«situación inhumada» que no se atenúa con las medidas de contención, que
considera insuficientes adoptadas por el Consejo Superior de la judicatura.
2.5. Dijo que después de la Semana Santa siguen recibiendo un promedio de 8 a
9 tutelas diarias. De manera que, adujo, no se ha compensado el esfuerzo y
continúan sin descanso, por lo que reprochó lo siguiente: «nos ha tocado trabajar
sábados y domingos, todos los días desde las 6 de la mañana hasta pasadas las 12 de la
noche.»
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Demandante: José Jonh Peña Pacheco
3. Fundamentos de la acción
El señor José Jonh Peña Pacheco sostiene que el reparto de las acciones de tutela
dirigido a los juzgados penales municipales con funciones de control de garantías
supera ampliamente la capacidad de los despachos que están conformados solo
por tres funcionarios y solo uno de ellos puede hacerse cargo de las acciones de
tutela.
Expuso que el reparto desproporcionado de acciones de tutela, que se agrava en
periodo de vacancia judicial, vulnera su derecho a la salud mental y a la estabilidad
laboral, pues solo hay una persona que se puede dedicar a sustanciar y proyectar
las acciones de tutela, cuyo número puede superar 30 a la semana. Esta congestión
implica que los servidores judiciales a cargo de las acciones de tutela deban trabajar
sábados y domingos y que las jornadas diarias puedan superar las 12 horas.
Estima que esta situación se equipara a un escenario de acoso laboral y reprocha
que el Consejo Superior de la Judicatura no haya tomado medidas eficaces para
mitigar este escenario de congestión estructural que está afectando la dignidad
humana de los trabajadores de estos despachos.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. En auto del 27 de abril de 2026, el despacho ponente admitió la acción de
tutela presentada por el señor José Jonh Peña Pacheco, quien actúa en
nombre propio, contra el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá, la Oficina de Reparto de Tutelas de
Paloquemao, y el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao.
4.2. El juez coordinador del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal
Acusatorio indicó que la dependencia que representa no tiene competencia
para atender la inconformidad del accionante sobre la asignación y carga
derivada del reparto de las acciones de tutela. Precisó que la función de
reparto de procesos corresponde a las Oficinas Judiciales y de Apoyo, las
cuales adelantan esta labor con la ayuda de herramientas tecnológicas
diseñadas para asegurar la distribución equitativa de los procesos, en
particular, a través del Sistema de Administración de Reparto Judicial (SARJ),
cuya administración técnica está a cargo de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.
En ese contexto, recordó que las reglas de reparto de las acciones de tutela
son definidas por el Consejo Superior de la Judicatura y por disposiciones de
carácter nacional como el Decreto 1382 de 2000. Por lo anterior, destacó que
«la asignación de tutelas responde a criterios objetivos y reglados, no a decisiones
discrecionales de los Centros de Servicios Judiciales.»
Finalmente, advirtió que las pretensiones de la tutela, especialmente las
dirigidas a suspender el reparto de tutelas, crear nuevos cargos o adoptar
medidas de descongestión, superan el ámbito funcional del Centro de
Servicios Judiciales. Agregó que son cuestiones que atañen al Consejo
Superior de la judicatura y demás autoridades administrativas de la Rama
judicial.
De acuerdo con lo anterior, solicitó que se vincule a la Oficina de Apoyo
Judicial y/o la dependencia encargada del reparto de acciones de tutela de la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá y que se declare la
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Demandante: José Jonh Peña Pacheco
falta de legitimación en la causa por pasiva del Centro de Servicios Judiciales
del Sistema Penal Acusatorio.
4.3. El coordinador de la Oficina de Administración y Apoyo Judicial -Complejo
Judicial de Paloquemao solicitó que se verifique la legitimación en la causa
por activa del señor José Jonh Peña Pacheco, pues, aunque manifestó ser
empleado judicial no probó esa condición. Destacó que de los documentos
aportados por el accionante no es posible verificar su vinculación con algún
despacho judicial del circuito de Bogotá.
De otra parte, considerando la relevancia del asunto, solicitó que se vincule al
proceso a la Dirección Seccional de Administración judicial de Bogotá, entidad
a la que se encuentra adscrita esa dependencia y a la Unidad de Análisis y
Estadística del Consejo Superior de la Judicatura quien maneja las cifras y
cargas de los diferentes despachos.
En cuanto al fondo del asunto, precisó que esa Oficina cumple funciones
estrictamente administrativas, entre ellas, el registro y reparto de las acciones
constitucionales y procesos penales de la Ley 600 de 2000. Actividades que
desarrolla en el marco de la normativa jurídica aplicable y las reglas
establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura.
Informó que el reparto de los procesos se realiza a través del software SARJ,
el cual está estructurado sobre la orden de la distribución equitativa de las
cargas de trabajo entre los despachos judiciales y cuya asignación se realiza
aleatoriamente. Además, la herramienta está diseñada para considerar
novedades como descansos, permisos e incapacidades a efectos de
compensar los repartos.
De otro lado, enfatizó en que el reparto de las acciones de tutela está
determinado por el Decreto 333 de 2021, normativa que establece las pautas
administrativas que determina la asignación de las acciones de tutela.
Explicó que el Centro de Servicios Administrativos para los Juzgados Civiles,
Laborales y de Familia de Bogotá, es la oficina encargada de recibir todo el
reparto de acciones constitucionales radicadas para conocimiento en el
circuito judicial de Bogotá, labor que desarrolla en el marco de las directrices
establecidas en el Decreto 333 de 2021, acuerdo PCSJA20-11632 del 30 de
septiembre de 2020 y el memorando DESAJBOO20 3872. Agregó que, para
desarrollar esta labor, se realiza un filtro inicial y se distribuyen los casos en
tres oficinas de reparto, así: «a) Oficina de Apoyo Para los Juzgados Administrativos de
Bogotá (68 Juzgados categoría Circuito); b) Oficina de Administración y Apoyo Judicial de
Paloquemao, (86 Circuito y 138 Municipales); c) Centro de Servicios Administrativos Para los
Juzgados Civiles, Laborales y de Familia de Bogotá, (192 Circuito y 196 Municipales).»
De acuerdo con lo expuesto, concluyó que la pretensión del actor dirigida a
que se suspenda el reparto equivale a una petición para que esa entidad deje
de ejercer las funciones que le fueron asignadas por ley, solicitud a la que no
puede acceder pues implicaría un desconocimiento al marco jurídico. Dijo que
la omisión en el ejercicio de sus funciones derivaría en una vulneración de los
derechos fundamentales de los ciudadanos y podría tener consecuencias
incluso de carácter disciplinario o penal.
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También expuso que la estrategia de trabajo corresponde al titular de cada
despacho, por lo que es a esa autoridad a quien deben solicitársele los ajustes
para aliviar la carga laboral del personal que lo conforma.
Frente a la cantidad de tutelas que son repartidas a los juzgados, indicó que
los datos relacionados en la acción de tutela sub examine no se corresponden
con la realidad. Solicita que se tengan como prueba los registros que aportó.
En los documentos se evidencia que, aunque si ha habido un aumento de las
acciones de tutela, «en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, juzgado alguno
debe resolver 30 tutelas en la semana.»
Adicional a lo anterior, reprochó que el actor manifestara que no se ha
realizado la compensación de los asuntos repartidos de más en Semana Santa
y aduce que tal afirmación deriva del desconocimiento sobre la manera en que
se realiza esa gestión a nivel tecnológico e institucional. Se transcribe el aparte
por estimar lo relevante:
«Se afirma de manera irresponsable que no se ha realizado la respectiva compensación de
asuntos “repartidos de más” en la semana santa, sin que al respecto se tenga certeza y
conocimiento de la compensación de estos asuntos no solo a nivel tecnológico (realizado por
el mismo sistema SARJ), sino institucional (información del reparto de asuntos por esta oficina
al Centro de Servicios Administrativos para los Juzgados Civiles, Laborales y de Familia de
Bogotá), para que se ajusten las cantidades que se remiten en el día a día para reparto.
(…) El volumen de acciones de tutela radicadas y remitidas para reparto por esta Oficina ha
superado cualquier registro histórico, evidenciando un incremento sostenido y significativo en
comparación con los años anteriores, por temas que son de amplio conocimiento por la
ciudadanía en general, los cuales no pueden ser sub iudice para dejar de realizar las funciones
asignadas a las distintas instancias de la rama judicial.
Particularmente, a la fecha, se evidencia un aumento del 34,07 % en el número de asuntos
repartidos, en comparación con el mismo mes del año inmediatamente anterior. Asimismo,
con corte al 31 de diciembre del año pasado, el acumulado anual reflejó un incremento del
30,27 % en las radicaciones gestionadas por esta Oficina para la respectiva jurisdicción.
Este fenómeno de sobrecarga laboral se ha venido presentando de manera progresiva en los
últimos periodos y, pese a las respuestas institucionales adoptadas por el Consejo Superior
de la Judicatura, estas no han resultado suficientes frente al incremento sustancial en el
volumen de radicaciones.»
En todo caso aceptó que la realidad actual es que la carga laboral está en
aumento y los recursos humanos resultan insuficientes para atender la
demanda con estándares de oportunidad y eficiencia que exige el servicio de
justicia. Para ilustrar lo dicho, relacionó el siguiente cuadro con los datos sobre
el reparto.
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Establecido lo anterior, concluyó que esa Oficina no ha vulnerado los derechos
fundamentales invocados por el actor, sino que se ha concentrado en cumplir
las funciones que por ley le fueron asignadas.
En todo caso, adujo que la implementación de medidas para mitigar la
congestión que afecta a los despachos judiciales y a las oficinas
administrativas corresponde al Consejo Superior de la Judicatura.
En línea con lo expuesto, solicitó que se desvincule a esa Oficina de la
presente acción de tutela.
4.4. La directora de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo
Superior de la Judicatura indicó frente a la pretensión segunda de la tutela,
relativa a la suspensión del reparto de tutelas por dos semanas, que, en virtud
del Acuerdo PSAA16-10561 de 2016, corresponde a los Consejos Seccionales
de la Judicatura la decisión sobre la exoneración o disminución temporal del
reparto.
También advirtió que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para
solicitar la creación de cargos permanentes o transitorios en la Rama Judicial
ni para invadir el ámbito de competencias que por ley corresponde al Consejo
Superior de la Judicatura (leyes 270 de 1996 y 2430 de 2024). A ese respecto,
recordó que la Corte Suprema de Justicia en varias sentencias de tutela
estableció la improcedencia de la acción de tutela para disponer la creación
de cargos y despachos judiciales en la Rama Judicial. Mencionó las siguientes
providencias: la sentencia de tutela del 24 de noviembre de 2011 (rad. 02064-
01), sentencia del 31 de octubre de 2013 (rad. 20130040001) y sentencia del 14
de mayo de 2020 (rad. 20200244) y sentencia del 24 de mayo de 2022 (rad.
CSJ STP7074–2022).
En similar sentido, mencionó también las sentencias de tutela proferidas por
diferentes secciones del Consejo de Estado en los siguientes expedientes:
11001-03-15 000-2024-00583-00, 11001-03-15-000-2024-03286-00 y 11001-03-15-
000-2025-00955-00.
De otro lado, frente a las pretensiones quinta y sexta de la acción de tutela,
destacó que corresponde al Consejo Superior de la Judicatura, en el margen
de su autonomía, disponer las medidas pertinentes para mitigar la congestión
respetando el límite de los recursos asignados. Agregó que para adoptar
medidas especiales de descongestión el Consejo Superior de la Judicatura
debe acudir a criterios como la asignación de partidas presupuestales, por lo
que, atendiendo a las limitaciones fiscales, la entidad realiza priorización de
los despachos para establecer cuáles deben acceder a medidas de apoyo,
como el fortalecimiento de la planta de personal.
4.5. El presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá precisó,
en primer lugar, que en lo corrido del año 2026 la entidad que representa no
ha recibido ninguna petición por parte del señor Peña Pacheco en el que
informe el escenario fáctico de reparto y congestión de tutelas que fue
expuesto en la acción de tutela. Relacionó certificado que al respecto emitió la
secretaria del Consejo Superior de la Judicatura.
Ahora, en relación con la alegada congestión derivada del reparto de acciones
de tutela, precisó que no se trata de un fenómeno aislado ni exclusivo de la
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Demandante: José Jonh Peña Pacheco
especialidad penal, sino de una problemática estructural y generalizada que
obedece al incremento de la demanda judicial en el distrito de Bogotá.
Informó que los datos estadísticos en el periodo de enero a marzo de 2026
reflejan que los 84 juzgados penales municipales «registraron un ingreso
aproximado de 8.265 acciones de tutela, lo que equivale a un promedio cercano a 98 tutelas
por despacho en dicho trimestre». En comparación con los juzgados civiles
municipales, se tiene que en el mismo periodo recibieron 8.219 acciones de
tutela, lo que equivale a un promedio de 115 tutelas asignadas a los 71
despachos judiciales.
Se relacionó la siguiente imagen frente al reparto en la especialidad penal:
De acuerdo con lo anterior, advirtió que el incremento de las acciones de tutela
es un fenómeno transversal a las diferentes especialidades de la Rama
Judicial y que afecta a los 839 despachos que funcionan en el distrito judicial
de Bogotá.
A ese respecto, enfatizó en el incremento de la demanda de justicia que se
reflejó en el informe de rendición de cuentas brindado por el CSJ en el mes de
marzo, el cual evidenció «el ingreso de acciones de tutela en línea presentó un
crecimiento significativo, al pasar de 94.135 en 2024 a 229.491 en 2025, equivalente a un
incremento del 143,79%».
Explicó que el aumento en las acciones de tutela obedece a factores externos
como la crisis del sistema de salud, la facilidad de acceso a mecanismos
judiciales a través de herramientas tecnológicas y el incremento de
conflictividad social. Por lo tanto, solicitó que se considere que el fenómeno
descrito por el actor obedece a una situación estructural que no puede ser
atribuida a la actuación u omisión de una autoridad específica.
En todo caso, informó que el Consejo Superior de la Judicatura ha adoptado
medidas para mitigar la congestión como la creación de cargos de apoyo en
diferentes especialidades, implementación de despachos transitorios, medidas
de descongestión selectiva y el fortalecimiento de herramientas tecnológicas
para la gestión judicial. Individualizó las referidas medidas, así:
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(i) Acuerdo PCSJA25-12377 del 30 de diciembre de 2025, mediante el
cual se adoptaron medidas de descongestión en la jurisdicción de lo
contencioso administrativo para la gestión de reclamaciones salariales
de los servidores de la rama judicial.
(ii) Acuerdo PCSJA25-12376 del 30 de diciembre de 2025, a través del
cual se adoptaron medidas transitorias de descongestión en algunos
Tribunales, Juzgados y dependencias de apoyo a nivel nacional para
conjurar situaciones que por su complejidad requieren atención prioritaria
en aras de evitar fenómenos como la prescripción en asuntos de la
especialidad penal o cuando median peticiones relacionadas con la
libertad.
(iii) Acuerdo PCSJA26-12395 del 11 de febrero de 2026, en el que se
adoptaron medidas transitorias de descongestión para tribunales y
juzgados a nivel nacional. Respecto del distrito de Bogotá, se crearon
medidas para el trámite de las solicitudes de personas privadas de la
libertad y en materia civil para gestionar inventarios que superan los 5000
procesos.
De acuerdo con lo anterior, recordó que la creación de cargos y despachos
judiciales es una competencia del Consejo Superior de la Judicatura, la cual
está precedida de estudios técnicos de cargas laborales y necesidades del
servicio y que se encuentra sujeta a la disponibilidad presupuestal que a su
vez está condicionada a la apropiación de recursos por parte del Gobierno
Nacional.
Por lo anterior, advirtió que la acción de tutela no es el mecanismo judicial
idóneo para ordenar la creación de cargos judiciales, despachos o
modificaciones estructurales a la organización de la Rama Judicial. Añadió que
la finalidad de este mecanismo judicial no es la adopción de decisiones de
política pública o planificación institucional.
Frente a la solicitud de suspensión del reparto de acciones de tutela, manifestó
que tal medida solo trasladaría la carga a otros despachos judiciales pasando
la congestión a otras especialidades, pero no resuelve el problema estructural.
Además, manifestó que el conocimiento de las acciones de tutela no puede
ser condicionado por las cuestiones de orden administrativo o de congestión,
dado que tal gestión tiene una relación directa con el derecho de acceso a la
administración de justicia.
Agregó que las funciones de los Consejos Seccionales de la Judicatura son
de carácter administrativo, por lo que dentro de sus competencias no está la
de creación de cargos o adopción de decisiones estructurales de política
judicial. Por ello, indicó que tal pretensión debe presentarse ante el Consejo
Superior de la Judicatura, entidad competente para decidirla, según las
prioridades del orden nacional y la disponibilidad de recursos.
Establecido lo anterior, concluyó que no existe una acción u omisión atribuible
a esa corporación que dé cuenta de una vulneración de los derechos
fundamentales del actor. Añadió que las pretensiones de la acción de tutela
son improcedentes en sede de tutela.
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CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19913, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Planteamiento del problema jurídico
De acuerdo con los antecedentes expuestos, corresponde a esta Sección
establecer, en primer lugar, si se acreditan en el caso particular los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela.
De superarse el anterior análisis, se determinará si las autoridades administrativas
accionadas vulneraron los derechos fundamentales de José Jonh Peña Pacheco a
la salud y a la estabilidad laboral por no adoptar medidas que mitiguen el reparto
desproporcionado de tutelas que es asignado a los juzgados penales municipales
con función de control de garantías de Bogotá y que desborda de manera abrupta
la capacidad de los despachos.
3. Análisis del caso concreto
3.1. La Sala analizará el presupuesto de legitimación en la causa de la acción de
tutela, ya que, frente a este requisito, se plantearon dos solicitudes en el
trámite del proceso constitucional. En primer lugar, debe resolverse la solicitud
de desvinculación presentada por el coordinador del Centro de Servicios
Judiciales del Sistema Penal Acusatorio quien indicó que esa entidad no tiene
legitimación en la causa por pasiva para atender los reparos del actor respecto
del reparto de las acciones de tutela ni competencia para satisfacer sus
pretensiones. Depurado lo anterior, se analizará la solicitud del coordinador
de la Oficina de Administración y Apoyo Judicial -Complejo Judicial de
Paloquemao de verificar la legitimación en la causa por activa del accionante,
dado que no acreditó la condición de empleado judicial ni que estuviera
vinculado a algún despacho judicial en Bogotá.
3.2. En cuanto a la legitimación en la causa por pasiva, la jurisprudencia
constitucional ha establecido que se refiere a la aptitud legal de la entidad
contra quien se dirige la acción de tutela para responder por la vulneración o
amenaza de los derechos fundamentales invocados. Es decir, se debe analizar
si la conducta que genera la vulneración del derecho tiene una vinculación
directa o indirecta con la entidad demandada, por acción u omisión.
La Sala estima que el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal
Acusatorio está legitimado para obrar como parte pasiva en esta acción de
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Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
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Demandante: José Jonh Peña Pacheco
tutela. Lo anterior, considerando que las funciones asignadas a esta entidad
guardan relación con los hechos y pretensiones de la acción de tutela.
Recuérdese que el Centro cumple funciones de apoyo administrativo para los
juzgados penales, específicamente, en materia de reparto el Acuerdo 2764 de
20044 le atribuye al juez coordinador, en el artículo 6° literal c), la función de
«[v]elar por que el reparto de los asuntos y diligencias que se tramitan por la
Secretaría sea equitativo y eficiente».
Entonces, teniendo en cuenta que la solicitud de amparo se origina
principalmente en el alegado reparto desproporcionado de las acciones de
tutela respecto de los juzgados penales municipales con función de control de
garantías, a juicio de esta Sala, la entidad si está legitimada para conformar el
extremo pasivo de este proceso constitucional.
3.3. Frente a la legitimación en la causa por activa del señor José Jonh Pacheco,
conviene recordar que, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución
Política de 1991, la acción de tutela es un mecanismo de defensa judicial al
que puede acudir cualquier persona para pedir la protección inmediata de sus
derechos fundamentales, cuando resulten vulnerados o amenazados como
consecuencia de acciones u omisiones de autoridades o de particulares, en
los eventos delineados por la Constitución y la Ley.
De lo anterior se deduce que la acción de tutela debe ser promovida por el
titular de los derechos fundamentales cuya protección se reclama, o por quien
actúe válidamente en su nombre5. En ese sentido, la Corte Constitucional ha
señalado que «es el titular de los derechos fundamentales cuya protección o
restablecimiento se persigue, quien está legitimado para interponer la solicitud de
amparo»6. Por lo tanto, cuando quien acude al mecanismo constitucional no
acredita ser el titular de los derechos invocados, no se satisface el presupuesto
de legitimación en la causa por activa.
Descendiendo las anteriores consideraciones al caso concreto, la Sala
advierte que, aunque de los hechos de la acción de tutela podría inferirse que
el accionante es servidor judicial y que, presuntamente, desempeña el cargo
de oficial mayor o sustanciador en un juzgado penal municipal con función de
control de garantías de Bogotá, lo cierto es que dicha calidad no fue acreditada
dentro del expediente. Incluso, el actor no la invocó de manera expresa, ni
identificó el cargo que ocupa ni mencionó cual era, en específico, el despacho
al cual se encuentra vinculado.
En esa medida, no es posible corroborar que el accionante sea el titular de los
derechos fundamentales cuya protección reclama, ni que exista una afectación
individual, directa y cierta derivada de la situación que plantea en la solicitud
de amparo.
4
«Por el cual se organizan las funciones del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio en el Distrito
Judicial de Bogotá y se dictan otras disposiciones.»
5
«El mencionado artículo constitucional fue regulado, entre otros, por el Decreto 2591 de 1991 que en su artículo 10 señala
que la acción de tutela puede ejercerse de las siguientes maneras: (i) en forma directa, (ii) por intermedio de un
representante legal (caso de los menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jurídicas), (iii) mediante
apoderado judicial (abogado titulado con poder judicial o mandato expreso), o (iv) a través de agente oficioso, cuando el
titular del derecho no está en condiciones de promover su propia defensa. Asimismo, dicha norma señala que (v) tanto el
defensor del Pueblo como los personeros municipales estarán legitimados para ejercer la acción de tutela.»
6
Corte Constitucional, sentencia T-262 de 2024
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Demandante: José Jonh Peña Pacheco
En este punto, debe resaltarse que dada la informalidad que caracteriza el
trámite de la acción de tutela, el despacho ponente procuró incorporar la
información necesaria para verificar dicho presupuesto de procedencia,
mediante requerimiento dirigido al actor a través del correo electrónico
señalado por él para efectos de notificaciones, del siguiente tenor literal:
Sin embargo, no se obtuvo respuesta alguna que permitiera constatar su
legitimación en la causa por activa.
Sobre el particular, conviene precisar que la sola referencia a la problemática
estructural de congestión judicial no habilita, por sí misma, el ejercicio de la
acción de tutela. Máxime cuando no se allegó ninguna prueba que dé cuenta
de alguna petición formulada por el actor ante el Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá en la que se solicite y justifique la exoneración temporal
del reparto, pues es la autoridad competente para tal fin. Lo procedente, en
primera medida es acudir por el conducto pertinente ante el Consejo Seccional
de la Judicatura de Bogotá a presentar la solicitud de exoneración temporal
del reparto pretendida.
Correspondía al accionante acreditar que dicha situación incide de manera
concreta en sus derechos fundamentales, mediante la demostración de una
afectación personal y verificable. No obstante, en el presente asunto, tal
exigencia no se satisface, pues la solicitud de amparo fue formulada en
términos generales y sin elementos mínimos que permitan establecer la
titularidad de los derechos invocados.
4. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala declarará la improcedencia de la presente acción
de tutela, por no encontrarse acreditada la legitimación del señor José Jonh Peña
Pacheco.
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Demandante: José Jonh Peña Pacheco
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el señor José
Jonh Peña Pacheco, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
2. NEGAR la solicitud de desvinculación del Centro de Servicios Judiciales del
Sistema Penal Acusatorio, de conformidad con los argumentos expuestos en
la parte considerativa de este fallo.
3. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
4. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
5. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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