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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03286-00

Fecha
18 de julio de 2024
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03286-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR improcedente la pretensión de ordenar al Consejo Superior de la Judicatura de fijar la competencia de estas materias para el 13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandantes: Amanda Gómez Arciniegas y otros Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro Radicado: 11001-03-15-000-2024-03286-00 departamento de Putumayo por no superar el requisito de procedibilidad de subsidiariedad. SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia de la parte actora por la mora judicial injustificada que han debido que soportar en el trámite de los procesos ordinarios que promovieron y en los cuales no se ha dictado auto admisorio. TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo del Putumayo que, en el término de veinte (20) días, tome las medidas pertinentes para la designación de los jueces ad hoc de los procesos con radicado 52001-23-33-000-2019-00664- 00, 52001-23-33-000-2019-00422-00, 52001-23-33-000-2019-00418-00 y 52001-23-33-000-2021-00023-00. CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. QUINTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-03286-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

18 de julio de 2024

Demandantes: Amanda Gómez Arciniegas y otros
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03286-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03286-00
Demandantes: AMANDA GÓMEZ ARCINIEGAS Y OTROS
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTRO
Tema: Tutela de fondo – mora judicial. Se configura la vulneración
del derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia de la parte accionante.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve la acción constitucional de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991
y 1069 de 20151.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. Las señoras Amanda Patricia Gómez Arciniegas, Alexandra Adriana
Mojhana Solarte, Sandra Patricia Cardozo Cuerán y el señor Iván Beltrán Arcila,
actuando en nombre propio, presentaron acción de tutela contra el Consejo
Superior de la Judicatura y el Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Cali. Con
la solicitud de amparo pretenden la protección de su derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia.

2. La parte actora considera que la garantía constitucional fue vulnerada con
ocasión de la devolución del Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Cali al
Tribunal Administrativo de Nariño de los expedientes de los procesos de nulidad
y restablecimiento del derecho interpuestos en contra de la Fiscalía General de
la Nación. Lo anterior por la presunta falta de competencia de ese despacho
judicial, con fundamento en lo establecido en el Acuerdo PCSJA23-12125 del 19
diciembre de 2023 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.

1 Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.

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Demandantes: Amanda Gómez Arciniegas y otros
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03286-00

1.2. Pretensión

3. Los accionantes solicitaron lo siguiente:

PRIMERO: TUTELAR mi derecho fundamental a la administración de justicia
y ORDENAR al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA o a quien
corresponda en derecho, fijar la competencia de los procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho generados en reclamaciones salariales y
prestacionales en contra de la Fiscalía General de la Nación, o entidades
similares para el departamento de Putumayo.

1.3. Hechos

4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia, de la siguiente manera:

5. En el Tribunal Administrativo de Nariño cursan los siguientes procesos de
nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Fiscalía General de la
Nación, con el fin de que se les reconociera a los demandantes la bonificación
judicial como factor salarial que devengan en calidad de servidores de la entidad
demanda:

a) Radicado 52001-23-33-000-2019-00664-00 con fecha radicación del 19
de diciembre de 2019.
b) Radicado 52001-23-33-000-2019-00422-00 con fecha de radicación del 6
de agosto de 2019.
c) Radicado 52001-23-33-000-2019-00418-00 con fecha de radicación del
6 de agosto de 2019.
d) Radicado 52001-23-33-000-2021-00023-00 con fecha de radicación del
21 de febrero de 2021.
6. Sostienen que, para la fecha de la radicación de las demandas no se había
creado el Tribunal Administrativo de Putumayo, razón por la cual el Tribunal
Administrativo de Nariño era el superior jerárquico del circuito de Mocoa.

7. Indicaron que el Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo
PCSJA24-12140 del 30 de enero de 2024, por medio de cual se adoptaron
medidas transitorias a nivel de tribunales y juzgados de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, con el propósito de avanzar en la atención de los
procesos originados en las reclamaciones salariales y prestacionales contra la
Rama Judicial. En este acto administrativo definió lo siguiente:

3. Juzgado administrativo transitorio de Cali tendrá competencia para
conocer de los procesos que se encuentran en los circuitos
administrativos de Buenaventura, Buga, Cartago, Pasto, Popayán y
Cali.

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8. Con fundamento en lo anterior, el Tribunal Administrativo de Nariño remitió
los procesos referenciados al Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Cali. Por
su parte, este último operador judicial devolvió los expedientes de los actores al
referido tribunal porque Mocoa no pertenece al circuito de Pasto, aunque sean
parte del mismo distrito.

1.4. Sustento de la vulneración

9. La parte actora manifestó que la devolución de los expedientes está
vulnerado su derecho al acceso a la administración de justicia. Consideran que,
con base en los argumentos expuestos por el Juzgado 404 Administrativo
Transitorio de Cali, se deja al departamento de Putumayo sin juez natural
competente para conocer de esta clase de procesos.

1.5. Trámite de primera instancia

10. Por medio del auto del 27 de junio de 2024, el Despacho ponente de esta
decisión admitió la solicitud de amparo. En consecuencia, ordenó notificar como
entidades accionadas al Consejo Superior de la Judicatura y al Juzgado 404
Administrativo Transitorio de Cali. Además, se vinculó como terceros con interés
al Tribunal Administrativo de Nariño y al Tribunal Administrativo de Putumayo.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Cali

11. La titular del despacho rindió informe en el que indicó que, mediante el
Acuerdo PCSJA23-12034 del 17 de enero de 2023, el Consejo Superior de la
Judicatura dispuso la creación Juzgado Administrativo Transitorio de Cali para
conocer de los procesos que se encuentren en los circuitos administrativos de
Buenaventura, Buga, Cartago, Pasto, Popayán y Cali, con vigencia a partir del 1
de febrero de 2023 hasta el 30 de abril de la misma anualidad, decisión que fue
prorrogada hasta el 15 de diciembre del mismo año.

12. Posteriormente, expidió el Acuerdo PSCJA24-12140 del 30 de enero de
2024, que al igual que el anterior acuerdo, ordenó la creación Juzgado
Administrativo Transitorio de Cali para conocer de los procesos que se
encuentren en los circuitos administrativos de Buenaventura, Buga, Cartago,
Pasto, Popayán y Cali, con vigencia a partir del 5 de febrero de 2024 hasta el 13
diciembre de la misma anualidad.

13. Con base en lo anterior, explicó que, de los procesos remitidos a su
despacho por el Tribunal Administrativo de Nariño, detectó un número importante
de ellos provenientes de los municipios de Mocoa y Tumaco. Por ende, teniendo
en cuenta que aunque el circuito de Mocoa pertenecía al distrito judicial de
Nariño, los acuerdos citados no le otorgaron competencia para conocer de los
procesos provenientes de ese circuito.

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14. En ese orden, y con el objetivo de impulsar los procesos provenientes de
los dos municipios referenciados, ordenó la devolución de los mismos al Tribunal
Admirativo de Nariño, tras considerar que no es competente para conocer de
esos asuntos.

15. Finalmente, puso de presente que mediante sentencia de tutela del 18 de
abril de 2024 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado2 contra el
Tribunal Administrativo de Nariño y el Juzgado Administrativo Transitorio de Cali,
se precisó que:

El actuar del Tribunal Administrativo de Nariño al suspender la designación
de jueces ad hoc y ordenar la devolución del expediente en dos
oportunidades al Juzgado Transitorio de Cali, sin que se haya fundamento
para considerar es el competente para conocer el asunto, transgrede el
derecho de acceso a la administración de justicia de la accionante, ya que
a la fecha han transcurrido más de 4 años y no se ha resuelto sobre la
admisión de la demanda, sino que el proceso se encuentra pendiente por
nombrar conjueces o jue ad hoc.

16. Por lo anterior, consideró que no es procedente resolver una solicitud de
resolución de conflicto de competencias cuando el acuerdo es claro en establecer
la competencia de circuitos juridiciales determinados. En ese sentido, recalcó que
su despacho no es transgresor de los derechos fundamentales de la parte actora.
1.6.2. Tribunal Administrativo de Nariño

17. El secretario del despacho rindió informe en el que puso de presente que,
de conformidad con los acuerdos referenciados, el Tribunal suspendió la
designación de jueces ad hoc en los procesos en los que funge como demandada
la Rama Judicial y demás entidades con régimen salarial similar, comoquiera que
la competencia para su conocimiento fue asignada al Juzgado Transitorio de Cali.

18. Por lo anterior, le remitió 241 procesos de reclamaciones salariales de los
funcionarios judiciales correspondientes a los circuitos judiciales de Pasto, Mocoa
y Tumaco. Sin embargo, el referido juzgado ordenó la devolución de los procesos
correspondientes al circuito judicial de Mocoa por falta de competencia.

19. En este sentido, alegó que el juzgado debió realizar una interpretación
extensiva del acuerdo que lo creó y así incluir los procesos del circuito judicial de
Mocoa, pues el distrito judicial de Nariño está compuesto por los circuitos de
Pasto, Tumaco y Mocoa.

20. Por lo anterior, previamente a la devolución de los procesos por el Juzgado
Transitorio de Cali, el Tribunal radicó una petición al Consejo Superior de la
Judicatura, el 30 de junio de 2023, solicitando que se pronunciara frente al

2 Radicado 11001-03-15-000-2024-01327-00.

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alcance del acuerdo o que, en su defecto, expidiera un acuerdo adicional en el
que se incluya al circuito judicial de Mocoa. Sin embargo, no obtuvo respuesta
positiva a su requerimiento.

21. Adicionalmente, manifestó que la falta de pronunciamiento deja en
indeterminación la suerte de dichos procesos dado que esta corporación no
cuenta con una lista de jueces ad hoc para que continúen con el trámite de los
mismos. En este sentido, puso de presente que realizó una convocatoria para
elegir jueces ad hoc en febrero de 2023, sin embargo, ningún profesional del
derecho manifestó su interés para desempeñar dicho cargo.

22. Finalmente, indicó que el Acuerdo PCSJA23-12125 del 19 de diciembre
de 2023 creo con carácter permanente del Tribunal Administrativo de Putumayo
a partir del 11 de enero de 2024, cuyos magistrados titulares tomaron posesión
del cargo el 7 de mayo de la presente anualidad, razón por la cual se remitieron
los procesos objeto de la presente acción de tutela a esa corporación.

1.6.3. Tribunal Administrativo de Putumayo

23. El presidente de esta corporación rindió informe en el que manifestó que
el Tribunal Administrativo de Putumayo inició su funcionamiento el 7 de mayo de
2024. En ese sentido, el Acuerdo PCSJA23-12125 del 19 de diciembre de 2023
dispuso que los despachos que lo conforman conocerán de los procesos
ordinarios en trámite de sentencia de primera instancia que estén en etapa de
admisión, pendientes de audiencia inicial, de sentencia anticipada o práctica de
pruebas, y de los procesos de segunda instancia, para efectos de redistribución
de los expedientes. Por lo anterior, indicó que los Consejos Seccionales de la
Judicatura garantizarán la redistribución señalada.

24. Posteriormente, mediante el Acuerdo CSJNAA24-124 del 24 de mayo de
2024, el Consejo Seccional de la Judicatura le comunicó al tribunal la existencia
de 812 expedientes que le serán remitidos para la designación de jueces ad hoc
según corresponda, dentro de los cuales se encuentran identificados los
procesos objeto de la presente acción constitucional.

25. Indicó que, de acuerdo con la revisión de los expedientes, el tribunal está
pendiente de designar juez ad hoc en virtud de los impedimentos presentados
por los jueces administrativos Putumayo, a quienes se les asignó inicialmente los
procesos por competencia.

26. Informó que, en sala plena del 23 de mayo de 2024, se decidió dar trámite
a la convocatoria de conjueces. Posteriormente, 9 abogados tomaron posesión
del cargo el 27 de junio de la presente anualidad. Por lo anterior, el 2 de julio
solicitó la creación de sus correos electrónicos al Centro de Documentación
Judicial de la Rama Judicial para realizar el sorteo correspondiente de la totalidad
de los procesos pendientes por designar juez ad hoc. Sin embargo, a la fecha no
ha recibido respuesta.

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27. Finalmente, recalcó que el tribunal ha realizado las actuaciones
administrativas necesarias para la designación y entrada en funcionamiento de
los jueces ad hoc, y se encuentra a la espera de las actuaciones administrativas
necesarias, razón por la cual no transgredió los derechos fundamentales de la
parte actora.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

28. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de
tutela presentada por la parte actora contra el Consejo Superior de la Judicatura
y el Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Cali. Lo anterior, de conformidad
con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto
1069 de 2015 modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019
de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.3. Legitimación en la causa

29. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

30. La Sala advierte que las señoras Amanda Patricia Gómez Arciniegas,
Alexandra Adriana Mojhana Solarte, Sandra Patricia Cardozo Cuerán y el señor
Iván Beltrán Arcila presentaron las demandas de nulidad y restablecimiento del
derecho cuya mora judicial en el trámite procesal se cuestiona por esta vía. Por
lo tanto, están legitimados en la causa por activa.

31. Por su parte, el Consejo Superior de la Judicatura está legitimado en la
causa por pasiva por ser la autoridad frente a la cual se determinó la pretensión
de la parte actora consistente en fijar la competencia en los procesos de
reclamaciones salariales y prestacionales contra entidades de la Rama Judicial.

32. Asimismo, el Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Cali está
legitimado en la causa por pasiva al ser la autoridad judicial que determinó su
falta de competencia y devolvió los expedientes al Tribunal Administrativo de
Nariño.

2.4. Problema jurídico

33. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados; los problemas
jurídicos a resolver son los siguientes:
• ¿El Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Cali, el Tribunal

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Administrativo de Nariño y el Tribunal Administrativo del Putumayo vulneraron el
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia de la parte actora
con ocasión de mora judicial en el trámite de los procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho promovidos por los accionantes?

• ¿El Consejo Superior de la Judicatura vulneró el derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia de la parte actora por no establecer los
jueces competentes de conocer los procesos de reclamaciones salariales y
prestacionales contra entidades de la Rama Judicial en el departamento del
Putumayo?

34. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) generalidades de la acción de tutela, (ii) mora judicial, y (iii) el caso
concreto.

2.5. Generalidades de la acción de tutela

35. Según el artículo 86 de la Constitución Política toda persona puede ejercer
la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción
u omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que
indica el Decreto 2591 de 1991.

36. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio inmediato
de esta acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz
para evitar la lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y
demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace viable la
tutela como mecanismo transitorio. En este sentido, para que la acción de tutela
sea procedente debe superarse los requisitos procesales de subsidiariedad e
inmediatez.

37. Así las cosas, frente al primer problema jurídico planteado la Sala
considera que se supera estos requisitos porque frente a la mora judicial
injustificada no existe otro mecanismo judicial que proceda para la protección
invocada. Además, como quiera que según los actores la vulneración continua,
es evidente que se supera el requisito de la inmediatez.

38. Por otra parte, respecto del segundo problema jurídico planteado y que
deduce de la pretensión realizada por la parte actora en su escrito de tutela, la
Sala considera que no se supera el requisito de la subsidiaridad.

39. En efecto, la parte actora pretende que se le ordene al Consejo Superior
de la Judicatura «fijar la competencia» de los procesos de nulidad sobre
reclamaciones salariales que cursan en el circuito de Mocoa.

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40. Al respecto, en principio podría sostenerse que esta acción constitucional
no es procedente para obligar al Consejo Superior de la Judicatura a las reglas
de competencia judiciales porque esta función es del legislador. En este sentido,
el Congreso de la República estableció en el CPACA dichas reglas. Es por ello
que los proceso ordinarios que promovieron los actores de esta tutela siempre le
han correspondido, en primera instancia, a los jueces administrativos de Mocoa.
Cosa diferente es que por la naturaleza de la controversia, todos los jueces de
ese circuito se declararon impedidos. Por lo tanto, la designación de los jueces
ad hoc primero estuvo a cargo del Tribunal Administrativo de Nariño y ahora el
del Putumayo.

41. En otras palabras, frente a esta pretensión, la presente acción
constitucional es improcedente, por cuanto la tutela es un mecanismo residual
que no puede ser utilizado para suplantar la competencia del legislador y, porque
además, ya existen reglas de competencias para la distribución de estos asuntos.

42. No obstante lo anterior, la Sala puede inferir que en realidad lo que los
actores pretenden es que el Consejo Superior de la Judicatura cree un despacho
judicial ad hoc que asuma el conocimiento de todos los proceso judiciales de
carácter laboral promovidos por los funcionarios de la Rama Judicial y la Fiscalía
General de la Nación en el circuito de Mocoa. Esta pretensión es improcedente
porque, de conformidad con la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia,
es al Consejo Superior de la Judicatura a quien le corresponde realizar este tipo
de actuaciones de conformidad con las necesidades de la Rama Judicial 3.

43. Así las cosas, la Sala declarará improcedente por no superar el requisito
de la subsidiariedad el segundo problema jurídico planteado. Por lo tanto, el
análisis de fondo se circunscribirá a la cuestión que tiene relación con la presunto
mora judicial injustificada.

2.6. La mora en el trámite de las actuaciones judiciales

44. La Sala considera necesario recordar que de acuerdo con una
interpretación armónica de los artículos 229 de la Constitución4, del derecho
fundamental al debido proceso5 y de los principios de la Carta Política, se ha

3 Ley 270 de 1996. Artículo 85. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS. Corresponde a la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura:(…) 5. Crear, ubicar, redistribuir, fusionar,
trasladar, transformar y suprimir Tribunales, las Salas de éstos y los Juzgados, cuando así se
requiera para la más rápida y eficaz administración de justicia, así como crear Salas
desconcentradas en ciudades diferentes de las sedes de los Distritos Judiciales, de acuerdo con
las necesidades de éstos. (…) 9. Determinar la estructura y las plantas de personal de las
Corporaciones y Juzgados. Para tal efecto podrá crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la
Rama Judicial, determinar sus funciones y señalar los requisitos para su desempeño que no
hayan sido fijados por la ley.
4 «Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley

indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de su abogado».
5 Constitución Política de 1991. Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de

actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes
preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la
plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun

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otorgado el carácter de fundamental al derecho de acceso a la administración de
justicia6.

45. Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado que esta garantía:

(…) no puede concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal
de llegar ante los jueces, o en la simple existencia de una estructura judicial lista a
atender las demandas de los asociados, puesto que su esencia reside en la
certidumbre de que, ante los estrados judiciales, serán surtidos los procesos a la
luz del orden jurídico aplicable, con la objetividad y la suficiencia probatoria que
aseguren un real y ponderado conocimiento del fallador acerca de los hechos
materia de su decisión7.

46. Frente a esto, debe además recordarse que de los artículos 228, 229 y
230 de la Constitución Política y del desarrollo de la jurisprudencia constitucional
se desprende que el derecho a la tutela judicial efectiva implica de una parte, que
cuando el «ciudadano acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
encuentre una respuesta rápida y efectiva a su pretensión de protección de sus
derechos y garantías»8, y de otro lado, «la obligación correlativa de las
autoridades judiciales de promover e impulsar todas las condiciones que sean
necesarias para que el acceso de los particulares a dicho servicio público sea
real y efectivo»9.

47. Por ello, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley 270 de
1996 - Estatuaria de la Administración de Justicia-10 y con sustento en los
principios de celeridad, eficiencia y respeto de los derechos que rigen la función
judicial, el juez, como director del proceso, debe velar por la rápida solución del
caso con el fin de evitar el desgaste que representa adelantar todo un proceso
para terminarlo con una sentencia inhibitoria o que termine por vulnerar los
derechos fundamentales de las partes.

48. Estas obligaciones del juez se derivan directamente del papel que cumple
en el Estado Social de Derecho, en el que «ha dejado de ser el frio funcionario
judicial que aplica irreflexivamente la ley, convirtiéndose en el funcionario –sin
vendas- que se proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender la

cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se
presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado
tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante
la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia
condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la
prueba obtenida con violación del debido proceso.
6 Corte Constitucional, Sentencia T-006 de 1992.
7 Corte Constitucional, Sentencia C-1027 de 2002.
8 Corte Constitucional, Sentencia C-796 de 2006.
9 Ibídem.
10 Ley 270 de 1996. Artículo 1: La administración de justicia es la parte de la función pública que

cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos,
obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia
social y lograr y mantener la concordia nacional.

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agitada realidad subyacente y asumir su responsabilidad como servidor vigilante,
activo y garante de los derechos materiales. El juez que reclama el pueblo a
través de su Carta Política ha sido encomendado con dos tareas imperiosas: (i)
la obtención del derecho sustancial y (ii) la búsqueda de la verdad. Estos dos
mandatos a su vez constituyen el ideal de la justicia material»11.

49. La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial
puede llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia, en aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación
es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas
estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de
diligencia y en la omisión sistemática de sus deberes por parte de los mismos12.

50. Asimismo, el Máximo Tribunal Constitucional ha considerado que
«atendiendo la realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento
de los términos procesales no es imputable al actuar de los funcionarios
judiciales»13.

51. De conformidad con la sentencia SU-453 de 2020 de la Corte
Constitucional, se entiende justificada la mora cuando: (i) se está ante asuntos
de alta complejidad en los que se demuestra de manera integral una diligencia
razonable del juez que los atiende, y (ii) se constata la existencia de problemas
estructurales, de exceso de carga laboral u otras circunstancias que pueden ser
catalogadas como imprevisibles e ineludibles.

52. Continuando con el criterio de esa Corporación frente al particular se tiene
que:
… por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un
mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su estudio,
para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por ello, la
jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al actuar del
juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se entienden
vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012, luego de hacer un extenso
recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación concluyó que el
incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando es producto de
la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable
del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente existen problemas
estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga
laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias
imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo
previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de la misma providencia, se está
ante un caso de dilación injustificada, cuando se acredita que el funcionario judicial

11 Corte Constitucional, Sentencia SU-768 de 2014.
12 Corte Constitucional, Sentencia T-1019 de 2010.
13 Corte Constitucional, Sentencia T-230 de 2013.

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no ha sido diligente y que su comportamiento es el resultado de una omisión en el
cumplimiento de sus funciones14.

53. Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición
reiterada en relación con la existencia de la mora judicial, según la cual
únicamente se predica si hay dilación injustificada al resolver los asuntos
sometidos a la competencia del juez15. En este evento, debe acreditarse que la
conducta omisiva materializa la violación al derecho de acceso a la
administración de justicia y de contera, al debido proceso de las partes.

2.7. Mora judicial en el caso en concreto

54. Como se expuso desde el acápite de antecedentes, a juicio de la parte
actora, la vulneración de su derecho fundamental de acceso a la administración
de justicia se debe a la presunta mora en el trámite de los procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho objeto del presente mecanismo constitucional, pues
el Tribunal Administrativo de Nariño y el Juzgado 404 Administrativo Transitorio
de Cali han manifestado su falta de competencia en el asunto, razón por la cual
solicita que el Consejo Superior de la Judicatura determine la competencia frente
a los procesos del circuito judicial de Mocoa.

55. De los hechos narrados en la demanda y en los informes se extrae que los
accionantes radicaron las demandas en los años 2019 y 2021, respectivamente,
ante el Tribunal Administrativo de Nariño, quien los remitió al Juzgado 404
Administrativo de Cali por considerarlo competente de conformidad con el
Acuerdo PCSJA23-12034 del 17 de enero de 2023. Posteriormente, el juzgado
devolvió el expediente de conformidad con el el Acuerdo PCSJA23-12125 del 19
de diciembre de 2023 tras considerar que no es la autoridad judicial competente
para conocer de esos asuntos.

56. Actualmente, los procesos están en el Tribunal Administrativo de
Putumayo, quien dispuso el sorteo de jueces ad hoc para conocer de los asuntos
en cuestión. La lista se conformó con 9 profesionales en derecho en sala plena
extraordinaria el 19 de junio de 2024.

57. Así las cosas, la Sala evidencia que, desde la presentación de las
demandas hasta la fecha han transcurrido 5 años en los procesos con radicado
52001-23-33-000-2019-00664-00, 52001-23-33-000-2019-00422-00, 52001-23-
33-000-2019-00418-00 y 3 años en el proceso con radicado 52001-23-33-000-
2021-00023-00. Lo anterior, sin que se haya realizado un primer pronunciamiento
frente a la admisibilidad de las respectivas demandas.

14 Corte Constitucional, Sentencia T-230 de 2013.
15 Entre otras, consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Quinta. Sentencia del 18 de agosto de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03905-00. C.P. Pedro
Pablo Vanegas Gil.

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58. Es importante resaltar que los procesos permanecieron en el Tribunal
Administrativo de Nariño sin ningún impulso procesal desde el año 2019 y 2021,
respectivamente, hasta el año 2023 cuando se remitieron al Juzgado 404
Administrativo Transitorio de Cali. Es decir, pasaron varios años sin que ni
siquiera se profiriera auto admisorio de la demanda, circunstancias que persiste
en la actualidad.

59. Frente a estos hechos, el Tribunal Administrativo de Nariño informó que
para dar trámite a los procesos realizó las siguientes actuaciones:

i) Una convocatoria para conformar la lista de jueces ad hoc publicada
en febrero de 2023 en el sitio web de la Corporación y en la página
oficial de la Rama Judicial, a la que no se inscribió ningún profesional
en derecho. Al respecto es importante anotar que los proceso fueron
interpuestos en los años 2019 y 2021, mientras la convocatoria para
jueces ad hoc fue realizada en el 2023.

ii) El 30 de junio de 2023, solicitó al Consejo Superior de la Judicatura
que se pronunciara frente al alcance del acuerdo que creó el Juzgado
Administrativo Transitorio de Cali, o en su defecto, que expidiera un
acuerdo adicional en el que se incluyera al circuito judicial de Mocoa.

60. Para la Sala, del informe rendido por el Tribunal Administrativo de Nariño
se puede concluir que esa corporación incurrió en mora judicial injustificada en el
trámite de los procesos que dieron lugar a la interposición de la presente acción
de tutela. Esto, toda vez que transcurrieron años sin realizar actuación alguna
encaminada a la designación de conjueces ad hoc que resolvieron los asuntos.

61. En ese sentido, es importante precisar que en su momento era a dicha
corporación a la que correspondía conformar la lista de jueces ad hoc para
asignar el conocimiento de los procesos ordinarios, de conformidad con lo
dispuesto en el Acuerdo PSAA12-9482 de 201216.

62. En este orden, se encuentra configurada la vulneración del derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia de la parte actora porque
está demostrado que: «(i) se presenta un incumplimiento de los plazos señalados
en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo
razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el
volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento
de las funciones por parte de la autoridad judicial»17.

16 «Por el cual se adiciona el artículo 5º y se modifica el artículo 30 del Acuerdo 209 de 1997, en

lo relacionado con la lista de conjueces de los tribunales administrativos».
17 Corte Constitucional, sentencia SU-179 de 2021.

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63. A su vez, se resalta que el Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Cali
no vulneró el derecho fundamental de la parte actora, toda vez que devolvió los
expedientes de manera rápida al Tribunal Administrativo de Nariño-

64. Ahora bien, pese a evidenciarse la transgresión de los derechos
fundamentales del parte actor es atribuible al Tribunal Administrativo de Nariño,
la Sala no puede pasar por alto que el Consejo Superior de la Judicatura,
mediante el Acuerdo PCSJA23-12125 del 19 de diciembre de 2023, el Distrito
Judicial Administrativo de Putumayo, con un tribunal administrativo, a quien le
corresponderá asumir la designación de jueces ad hoc en los circuitos que lo
conforman, ente ellos el circuito de Mocoa. En este orden, actualmente es a esta
última corporación la que le corresponde designar los jueces ad hoc que debe
tramitar las causas ordinarias de las personas que conforman la parte actora de
esta tutela

65. En ese orden, el Tribunal Administrativo de Putumayo informó que designó
jueces ad hoc para resolver los asuntos objeto de esta acción de tutela y que
solicitó la creación de sus correos electrónicos institucionales al Centro de
Documentación Judicial de la Rama Judicial. Lo anterior para realizar el sorteo
de la totalidad de los procesos pendientes de asignar despacho ad hoc.

2.8. Conclusiones

66. En consecuencia, y aunque no se puede predicar la vulneración del
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia al Tribunal
Administrativo del Putumayo, con el fin de lograr que cese esta situación de
evidente mora judicial injustificada, se ordenará a esta corporación que en el
término de veinte (20) días tome las medidas pertinentes para la designación de
los procesos con radicado 52001-23-33-000-2019-00664-00, 52001-23-33-000-
2019-00422-00, 52001-23-33-000-2019-00418-00 y 52001-23-33-000-2021-
00023-00 al juez ad hoc que corresponda.

67. Asimismo, frente a la pretensión tendiente oficiar al Consejo Superior de
la Judicatura para que «fije la competencia» de los procesos de nulidad sobre
reclamaciones salariales que cursan en el circuito de Moca, esta sala la declarará
improcedente por no superar el requisito de subsidiariedad toda vez que su
pretensión se escapa de la órbita del juez constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR improcedente la pretensión de ordenar al Consejo
Superior de la Judicatura de fijar la competencia de estas materias para el

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departamento de Putumayo por no superar el requisito de procedibilidad de
subsidiariedad.

SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental de acceso a la administración
de justicia de la parte actora por la mora judicial injustificada que han debido que
soportar en el trámite de los procesos ordinarios que promovieron y en los cuales
no se ha dictado auto admisorio.

TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo del Putumayo que, en el
término de veinte (20) días, tome las medidas pertinentes para la designación de
los jueces ad hoc de los procesos con radicado 52001-23-33-000-2019-00664-
00, 52001-23-33-000-2019-00422-00, 52001-23-33-000-2019-00418-00 y
52001-23-33-000-2021-00023-00.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

OMAR JOAQUIN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Salvamento parcial de voto

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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