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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00977-00

Fecha
21 de marzo de 2025
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00977-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora Gloria Stella Gutiérrez Ortega contra la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado 50 Administrativo de Bogotá, por las razones expuestas. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-00977-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

21 de marzo de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00977-00
Demandante: Gloria Stella Gutiérrez Ortega

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00977-00
Demandante: GLORIA STELLA GUTIÉRREZ ORTEGA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN F, Y OTROS
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de
fondo porque no se cumplen los requisitos generales / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL
– Se pretende utilizar la tutela como instancia adicional del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la señora Gloria Stella Gutiérrez
Ortega contra la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca y el Juzgado 50 Administrativo de Bogotá.

I. A N T E C E D E N T E S

Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda

1. El 19 de febrero de 20251, la señora Gloria Stella Gutiérrez Ortega, mediante
apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra la Subsección F de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado 50
Administrativo de Bogotá, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales
al trabajo, a la igualdad, a la seguridad social y al debido proceso2, con ocasión de
las sentencias del 21 de febrero de 2024 y del 3 de julio de 2024, proferidas en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-42-050-
2022-00322 00/01. Formuló las siguientes pretensiones (transcripción textual):

1. Proteja los derechos fundamentales de la demandante al trabajo, igualdad,
seguridad social, debido proceso y al principio de la primacía de la realidad.

2. Ordenar al Juzgado Cincuenta (50) Administrativo del Circuito de Bogotá y
al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
que emitan un fallo de reemplazo en el proceso de nulidad y restablecimiento

1
Se advierte que el 11 de marzo de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2 También consideró desconocido el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades.

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Demandante: Gloria Stella Gutiérrez Ortega

del derecho, tomando en cuenta los lineamientos de la presente tutela y
garantizando el análisis de las pruebas bajo el principio de primacía de la
realidad.

2. De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes supuestos
fácticos jurídicamente relevantes:

3. La señora Gloria Stella Gutiérrez Ortega suscribió contratos de prestación de
servicios con la Comisión Nacional del Servicio Civil, en adelante CNSC, entre el 9
de marzo de 2012 y el 24 de febrero de 2020, con el fin de ejecutar actividades
relacionadas con la coordinación de convocatorias, supervisión de procesos de
selección, y la elaboración de informes.

4. Al finalizar el último contrato, la actora solicitó a la CNSC que reconociera la
existencia de una relación laboral por el periodo en que prestó sus servicios, con el
fin de que le reconociera y pagara las prestaciones dejadas de percibir. La petición
se resolvió desfavorablemente mediante los Oficios 2022RS016579 del 18 de
marzo de 2022 y 2022RS075205 del 21 de julio de 2022.

5. En atención de lo anterior, la señora Gutiérrez Ortega ejerció el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, del cual, conoció en primera instancia el
Juzgado 50 Administrativo de Bogotá, quien, mediante sentencia del 21 de febrero
de 2024, denegó las pretensiones de la demanda, básicamente porque no encontró
demostrado el elemento de subsidiariedad exigido para que se configure la relación
laboral reclamada por la contratista.

6. Inconforme con la decisión, la accionante la apeló y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, la confirmó con sentencia del 3
de julio de 2024, dado que, a su juicio, no se probó la subordinación.

7. La accionante considera que, con las decisiones censuradas, las autoridades
judiciales demandadas incurrieron en los defectos sustantivo y fáctico, por cuanto
desconocieron abiertamente el principio de primacía de la realidad sobre las formas
previsto en el artículo 53 Superior. En su concepto, las pruebas aportadas al
proceso de origen son suficientes para demostrar la subordinación de la contratista,
que da paso a la declaratoria de la relación laboral reclamada.

8. En punto al principio constitucional invocado, citó como referentes
jurisprudenciales las siguientes providencias proferidas por la Sección Segunda de
esta Corporación:

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• Sentencia del 30 de septiembre de 2021; M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez;
radicado 76001-23-33-000-2018-00204 01(3307-20);
• Sentencia de unificación del 09 de septiembre de 2021; radicado 05001-23-
33-000-2013-01143-01 (1317-2016);
• Sentencia del 27 de enero de 2022; M.P. William Hernández Gómez;
radicado 08001-23-31-000-2014-00666-01 (0527 2018);
• Sentencia del 8 de octubre de 2020; M.P. Carmelo Perdomo Cuéter;
radicado 08001-23-33-000-2014-90305-01(2143-19);

9. Así mismo, adujo que la Corte Constitucional en reiteradas ocasiones se ha
pronunciado sobre el principio de la primacía de la realidad sobre las formas y en
virtud del mismo, ha reconocido la existencia de relaciones laborales encubiertas o
escondidas detrás de la suscripción de contratos de prestación de servicios. Entre
otras, citó las sentencias C-154 de 1997, T-388 de 2020, y T-366 de 2023.

10. De otra parte, sostuvo que las autoridades judiciales accionadas valoraron
indebidamente las pruebas documentales (contratos de prestación de servicios),
dado que no repararon en las actividades que se contrataron, ni en la continuidad
de las mismas; no tuvieron en cuenta los memorandos internos, en los que se le
impartían órdenes específicas a la contratista y no consideraron los correos
electrónicos, en los cuales se establecían directrices sobre su desempeño laboral.

11. Señaló que la prueba testimonial tampoco fue valorada correctamente, puesto
que se desconoció que los declarantes confirmaron que la contratista cumplía un
horario de trabajo fijo y seguía instrucciones de trabajo de manera constante.

12. En ese orden, afirmó que la señora Claudia Margarita Prieto Torres indicó que
la demandante trabajaba de lunes a viernes en las instalaciones de la CNSC,
cumpliendo un horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., con una hora de almuerzo y que,
en ocasiones, trabajaba hasta las 10:00 p.m. por la responsabilidad que tenía como
gerente de convocatoria; y la señora Constanza del Pilar Guzmán Manrique narró
que la demandante debía asistir diariamente a las instalaciones de la CNSC, incluso
los fines de semana, para cumplir con sus funciones, y que además recibía órdenes
tanto verbales como escritas del despacho del comisionado, incluyendo
memorandos y correos electrónicos. Que, de hecho, en el interrogatorio de parte la
contratista explicó en detalle las particularidades de su jornada laboral, se refirió a
la continuidad de las labores realizadas y describió los cronogramas estrictos que
tenía que seguir para cumplir con las responsabilidades propias de su cargo.

13. No obstante lo anterior, en concepto de la accionante, las autoridades

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accionadas no analizaron dichas declaraciones a la luz del principio de primacía de
la realidad, ni las valoraron integralmente, razón por la cual sostiene que incurrieron
en un defecto procedimental absoluto.

Trámite impartido e intervenciones

14. Mediante auto del 26 de febrero de 2025, se admitió la acción de tutela y se
ordenó que se notificara a los magistrados que integran la Subsección F de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y a la titular del
Juzgado 50 Administrativo de Bogotá, como parte demandada, y, como tercero, al
presidente de la Comisión Nacional del Servicio Civil, toda vez que la entidad que
representa intervino en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 11001-33-42-050-2022-00-322-00. Asimismo, se ordenó notificar a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

15. La titular del Juzgado 50 Administrativo de Bogotá solicitó que se niegue el
amparo deprecado, dado que las consideraciones que sirvieron de fundamento
para la expedición de las providencias cuestionadas no resultan arbitrarias ni
caprichosas, y por ende, se evidencia que la demandante busca reabrir el debate
surtido en sede ordinaria, y convertir la acción de tutela en una tercera instancia.

16. Explicó que la sentencia censurada negó las pretensiones de la demanda,
porque, pese a que la contratista demostró dos de los elementos de la relación
laboral, esto es, la prestación del servicio y la remuneración directa del mismo, no
hizo lo propio con el tercero, en tanto no probó la relación subordinada. Esto,
básicamente porque se presentaron dudas respecto de las funciones que debía
realizar y si ejecutaba sus labores en coordinación con la entidad contratante.
Además, resaltó que no se encontró en la planta de personal de la CNSC un cargo
que tuviera asignadas las funciones para las que se contrató a la accionante y que,
en cambio, se acreditó que la señora Gutiérrez Ortega tuvo la suficiente autonomía
como para contratar con otras entidades, es decir, no se presentó la exclusividad
propia de la relación laboral.

17. El magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F, ponente de la providencia objeto de reproche, señaló
que la tutela es improcedente, toda vez que con ella se pretende reabrir el debate
surtido al interior del contencioso de origen y convertir la tutela en una tercera
instancia.

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18. En todo caso, reiteró que en la sentencia de segunda instancia se analizaron
los medios de prueba allegados al plenario de forma integral, y no se encontró
acreditada la subordinación, no solo porque las labores encargadas contenidas en
los diferentes contratos no guardaban completa identidad, sino porque de ellas se
destaca que la actividad de la contratista se encaminaba a «coordinar, gerenciar,
asesorar, direccionar y elaborar documentos para el desarrollo de distintos
procesos de selección en entidades públicas». Además, no se encontró limitación
alguna a la autonomía de la accionante.

19. Asimismo, precisó que el dicho de los testigos no fue determinante para
establecer la existencia del elemento subordinación, porque no se demostraron
circunstancias de tiempo, modo y lugar que dieran cuenta de ello. Igualmente, no
se encontró respaldo en otros medios de prueba, verbigracia, no se acreditó que la
actora ejecutara sus actividades en las mismas condiciones que los empleados de
planta.

20. Adicionalmente, resaltó que el acervo probatorio dio cuenta de que la señora
Gutiérrez Ortega de forma concomitante suscribió un contrato de prestación de
servicios con el Ministerio de Justicia y del Derecho, lo cual refleja la autonomía de
la contratista.

21. La CNSC no intervino en esta oportunidad, así como tampoco lo hizo la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Problema Jurídico

22. Lo primero que la Sala deberá examinar es si está acreditado o no el
cumplimiento del requisito de relevancia constitucional. Sólo en el evento de que se
reúna esta exigencia y todos los demás requisitos generales, se analizará si las
autoridades judiciales accionadas vulneraron los derechos fundamentales
invocados por la parte actora.

Análisis de la Sala

El requisito general de relevancia constitucional

23. En sentencia del 5 de agosto de 20143, la Sala Plena de esta Corporación señaló
que esta exigencia tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia

3 Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde
resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de
amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos
elementos.

24. El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa,
esto es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración
de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».

25. El segundo hace referencia que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda
vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger
derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen
sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

26. En resumen, el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se
agota al señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los
defectos contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i)
una carga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como
tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

27. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 4 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción
de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios,
ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o
la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento
constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en
juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada
especialidad.

Caso concreto y solución del problema jurídico

28. De entrada, la Sala anticipa que la presente tutela deviene improcedente porque
no supera el requisito de relevancia constitucional, dado que tiene la intención de
revivir la controversia planteada en sede ordinaria.

4 Sobre este aspecto, pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103

de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.

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29. De los hechos expuestos por la señora Gloria Stella Gutiérrez Ortega para
sustentar la solicitud de amparo, se colige, sin duda, que su inconformidad radica
en la valoración de las pruebas realizada por las autoridades accionadas, toda vez
que no comparte la conclusión a la que arribaron, pues, a su juicio, en el proceso
de origen se acreditó la subordinación de la contratista, argumento que también
planteó en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 21 de febrero
de 2024, proferida por el Juzgado 50 Administrativo de Bogotá.

30. En efecto, en la alzada la parte actora expuso que:

• Se desconoció la continuidad de la prestación del servicio, evidenciada por
la suscripción de contratos durante los años 2012 a 2020.
• Se inaplicó la restricción señalada en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993,
respecto de la duración del contrato, que debe ser por el término
estrictamente necesario.
• Se restó valor probatorio a la declaración de la señora Claudia Margarita
Prieto Torres, quien dio cuenta de que la demandante trabajaba todos los
días de 8 a.m. a 5 p.m., con una hora de almuerzo, y que a veces permanecía
en el trabajo hasta las 10 p.m. Además, señaló que conocía de las reuniones
impuestas por el comisionado, en las cuales se le imponían tareas
perentorias.
• Se restó valor al testimonio de la señora Constanza del Pilar Guzmán, quien
también se pronunció sobre el horario laboral que tenía que cumplir la
contratista, que implicaba asistir a las instalaciones de la CNSC, incluso
algunos fines de semana.
• No se dio valor a lo manifestado por la actora en el interrogatorio de parte,
en relación con las particularidades de su jornada de trabajo.
• Se desconoció que el haber suscrito contratos concomitantemente con otra
entidad no estaba prohibido y que la relación laboral no impide que se presten
actividades en otras entidades.

31. Amén de lo anterior, la Sala advierte que con la totalidad de argumentos
invocados en la tutela, la accionante pretende convertir este valioso mecanismo de
protección de los derechos fundamentales en una instancia adicional del
contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho.

32. Obsérvese que el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia
censurado se cimentó en los mismos argumentos que sustentan esta acción de
tutela, sobre los cuales el juez natural de segunda instancia ya se pronunció, al
momento de resolver la alzada.

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33. Verbigracia, en lo que atañe a la valoración de las pruebas documentales de
cara a la actividad subordinada de la contratista, en la sentencia del 3 de julio de
2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
F, señaló:

Del análisis de las obligaciones de las órdenes de prestación de servicios, no
es posible inferir algún elemento indicativo del elemento de subordinación, al
contrario, lo que se demuestra, es que la mayoría de las obligaciones
contractuales iban encaminadas a la coordinar, gerenciar, asesorar,
direccionar y elaborar documentos para el desarrollo de distintos procesos de
selección en entidades públicas.

Considera la Subsección que, si bien se advierte de las obligaciones
contractuales que se estableció en cabeza de la señora Gutiérrez Ortega la
obligación de asistir a reuniones, el rendimiento de ciertos informes, y la
proyección de ciertos documentos, dichas circunstancias per se no alteran la
naturaleza contractual del vínculo entre contratante y contratista, ni son en
estricto sentido, evidencia de una relación de subordinación o dependencia
continuada, pues, en algunos casos, tales acciones hacen parte de las
relaciones de coordinación entre las partes contratantes para efectos de la
prestación eficiente del servicio pactado.

En este punto, resulta importante señalar que la Ley 80 de 1993, en el artículo
4, numeral 1, prevé como uno de los deberes y derechos de las entidades
estatales para la consecución de los fines de la contratación, exigir al
contratista la ejecución adecuada y oportuna del contrato. En concordancia
con ello, los artículos 145 y 266 de la misma normativa disponen que todas
las entidades y servidores públicos tienen la obligación de propender por el
cumplimiento del objeto y fines de aquel, así como de vigilar su correcto
desarrollo, con miras a salvaguardar los derechos que le asistan a la
administración, al contratista y a los terceros que pudieren verse afectados
con el contrato. (…)

Puestas en este contexto las cosas, se reitera entonces que la asistencia a
determinadas reuniones y la presentación de informes a los que aluden la
prueba documental, y con apoyo en la cual se pretende demostrar la
existencia de subordinación y dependencia, no es indicativa de que en efecto
se haya configurado ese elemento de la relación laboral pues, según se ha
dicho, es obligación del Estado velar por la ejecución adecuada y oportuna
del contrato, propósito cuya satisfacción le permite requerir reportes del
desarrollo del objeto contractual e incluso impartir las instrucciones que se
requieran.

De otra parte, de un análisis sistemático de las obligaciones contractuales, se
puede concluir que la mayoría de ellas estaban destinadas a una tarea
especializada, la cual era la de estructurar y gerenciar los procesos de
selección que adelantaba la entidad demandada, es decir, en el cumplimiento
de sus obligaciones, la demandante no desempeñaba tareas concernientes
al giro habitual y ordinario de la entidad, o a cumplir determinadas labores
consignadas en el manual de funciones de la entidad asignadas a un cargo
en concreto, situación que desvirtúa el elemento de subordinación.

34. De lo anterior, se colige que, contrario a lo señalado en la solicitud de amparo,
la autoridad judicial accionada sí se ocupó de examinar detalladamente las
actividades contratadas y la forma en que se desarrollaron, toda vez que determinó
que las tareas ejecutadas por la señora Gutiérrez Ortega se relacionaban con la
coordinación, gerencia, asesoría y direccionamiento de los diferentes procesos de

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selección adelantados en diversas entidades públicas, por lo tanto, se trataba de
actividades especializadas que no son del giro ordinario de la CNSC, no se
encuentran estipuladas en el manual de funciones de la entidad y, por lo tanto,
tampoco están asignadas a un cargo concreto.

35. En punto de los testimonios recaudados en la etapa probatoria, el Tribunal
accionado señaló:

Ahora bien, de los testimonios rendidos por las señoras Claudia Margarita
Prieto Torres y Constanza del Pilar Guzmán Manrique, se pueden extraer las
siguientes conclusiones, pues fueron coincidentes en afirmar lo siguiente:

✓ Que la demandante, trabajó en la Comisión Nacional del Servicio Civil -
CNSC-, en el período comprendido entre los años 2012-2020, bajo la
modalidad de contratos de prestación de servicios, “(…) de forma continua
(…)”.
✓ Que la demandante se desempeñó en calidad de gerente de diferentes
convocatorias en las cuales ejecutaba funciones de planeación y ejecución,
así como manejo de personal.
✓ Que las funciones las debía cumplir en las instalaciones de la entidad, ya
que se encontraba adscrita al Despacho del Comisionado. Aunado a los
anterior que debía cumplir horario, para el efecto señaló: “(…) todos los días
de las 8 am hasta las 5 pm, tenía una hora de almuerzo de 12:30 a 1:30 pm,
pero no todas las veces salía a las 5 pm por la responsabilidad que ella tenía
como gerente de convocatoria y había días en los que salía a las 10 pm,
situaciones que le consta porque algunas veces la vio llegar a las 8 am y sabía
que no podía salir antes de las 5 pm (…)”.
✓ Que la demandante recibió órdenes verbales y escritas de parte del
Despacho del Comisionado, para el efecto obran memorandos, correos
electrónicos y actas de las reuniones que se hacían, en donde se
especificaban las instrucciones que se brindaban a la demandante.
✓ Que la prestación del servicio se realizaba con las herramientas
proporcionadas por la entidad.

Pues bien, analizadas las pruebas testimoniales recaudadas, se tiene que las
afirmaciones realizadas por las testigos no demuestran de forma específica
alguna circunstancia de tiempo, modo y lugar con la cual la accionante
hubiese estado subordinada a la entidad, pues si bien manifiestan que se
cumplía un horario, y la prestación del servicio se realizaba de manera
personal con las herramientas proporcionadas por la entidad, tales
situaciones no son suficientes para demostrar la subordinación de la
prestación del servicio, dado que son relaciones de coordinación propias del
contrato de prestación de servicios.

En ese sentido, se observa que los testimonios recaudados no permiten
establecer con suficiencia la manera en que la señora Gutiérrez Ortega
desarrolló la actividad que permitan a la Sala concluir que existió
subordinación en la prestación del servicio, esto en razón a que las respuestas
otorgadas por las testigos corresponden a apreciaciones formuladas en
términos generales, pero no mencionan de forma precisa circunstancias que
den cuenta del cumplimiento del elemento de subordinación.

Sin perjuicio de lo indicado en precedencia, debe destacarse que al resolver
un caso de contrato realidad, el H. Consejo de Estado indicó que las
declaraciones de los testigos frente a horarios y realización de actividades no
son per se prueba suficiente para establecer que el contratista se encuentre
en una posición subordinada, cuando no se encuentran pruebas adicionales
que soporten tales afirmaciones. Al respecto señaló: (…)

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Así las cosas, si bien en los testimonios recaudados se indica que el servicio
se prestaba de forma personal, y las herramientas para la prestación del
servicio eran suministradas por la entidad demandada, lo cierto es al plenario
no fueron allegados elementos de prueba adicionales que soporten lo
manifestado.

36. De lo transcrito se extrae que la autoridad judicial accionada advirtió varias de
las situaciones que aduce la actora para enarbolar su tesis respecto de la existencia
de la relación subordinada entre las partes del contrato; por ejemplo, tuvo por
demostrado el cumplimiento de horarios y la prestación del servicio en forma
personal en las instalaciones y con las herramientas suministradas por la CNSC, sin
embargo, en consideración del Tribunal, ello no fue suficiente para acreditar este
elemento propio de la relación laboral, porque de la revisión integral del material
probatorio allegado no encontró respaldo para las afirmaciones de los testigos, ni
otros indicios que apuntaran a la existencia de la relación laboral reclamada.

37. Aunado a ello, verificó que las actividades contratadas no se encontraban
asignadas a un cargo específico en el manual de funciones de la entidad, y que la
actora no las desarrolló en igualdad de condiciones a un empleado adscrito a la
planta de personal. Esto quiere decir que no se acreditó que la demandante haya
ejecutado las labores objeto del contrato en circunstancias de tiempo, modo y lugar
idénticas a las de los empleados de planta.

38. Asimismo, en la providencia judicial censurada se insistió en que la supervisión
del contrato no implica una ejecución subordinada, sino una mera coordinación
propia y necesaria en el desarrollo de los contratos de prestación de servicios.

39. A lo anterior, se suma que la señora Gutiérrez Ortega durante la ejecución de
los contratos con la CNSC suscribió contrato de prestación de servicios con el
Ministerio de Justicia y del Derecho, hecho probado al que las autoridades judiciales
accionadas prestaron especial atención, al considerar que ello, muestra la
autonomía de la contratista. Al respecto, en la sentencia de segunda instancia se
acotó:

Para finalizar, y aunque el apoderado de la demandante le resta
importancia en su escrito de impugnación, para la Sala sí resulta relevante
que en desarrollo del contrato núm. 002 2015 suscrito con la CNSC, la
demandante suscribió contrato de prestación de servicios con el Ministerio
de Justicia y del Derecho, situación que diáfanamente demuestra la
autonomía con la que contaba la señora Gutiérrez Ortega en la prestación
del servicio contratado, al punto que las afirmaciones referentes a
exclusividad y dedicación en la prestación del servicio a la CNSC dados
los estrictos horarios que cumplía resultan contradictorias a lo probado en
el expediente.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00977-00
Demandante: Gloria Stella Gutiérrez Ortega

40. Para la Sala, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, conforme a las pruebas obrantes en el expediente ordinario, las
cuales valoró en su conjunto, concluyó razonablemente que los elementos de
convicción allegados no eran suficientes para desvirtuar la legalidad de los actos
administrativos acusados, por cuanto de ellos no fue posible establecer la
configuración del elemento de subordinación propio de la relación laboral.

41. A este punto, recuérdese el precedente5 reiterado de la Corte Constitucional
que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de tutela no
puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el
escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la
interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento
constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en
juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada
especialidad.

42. En cuanto a las providencias del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional
invocadas por la accionante para cimentar los argumentos de la solicitud de amparo,
encaminados a que en este tipo de controversias el material probatorio debe ser
valorado a la luz del principio de la primacía de la realidad, basta con señalar que
las autoridades judiciales de primera y segunda instancia partieron de esa premisa
para justificar la decisión y precisamente direccionaron el análisis del plenario a
verificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se ejecutaron las
actividades contratadas, sin encontrar que lo hayan sido bajo la subordinación
propia de la relación laboral.

43. A lo dicho, súmese que, en estos casos, en los que se pretende desentrañar la
existencia de una relación laboral subyacente y oculta detrás de la suscripción de
contratos de prestación de servicios, el debate es meramente probatorio, por tanto,
la decisión dependerá en gran medida de la actividad que despliegue la parte actora
para demostrar los supuestos fácticos que invoca, pues es quien tiene la carga de
la prueba, es decir, le corresponde acreditar que en el marco de la ejecución del
contrato se presentaron los tres elementos indispensables para que se configure la
relación laboral.

44. Conforme a todo lo razonado, en criterio de la Sala, las consideraciones que
sirvieron de fundamento a la decisión censurada, lejos de ser arbitrarias y

5
Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103
de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.

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caprichosas, resultan razonables y, además, estuvieron soportadas en la
jurisprudencia emitida por el Consejo de Estado.

45. En consecuencia, no merecen reproche alguno desde el punto de vista
constitucional. El hecho de que la parte demandante no las comparta, no significa
que se hubieran configurado los defectos alegados, ni habilita al juez constitucional
para reabrir el debate, convirtiendo la acción de tutela en una instancia adicional.

46. Por tanto, la Subsección concluye que la presente solicitud de amparo deviene
en improcedente, dado que no satisface el requisito general de relevancia
constitucional.

47. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora
Gloria Stella Gutiérrez Ortega contra la Subsección F de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado 50 Administrativo de Bogotá,
por las razones expuestas.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.

TERCERO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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