Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-31-000-2014-00666-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-31-000-2014-00666-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-31-000-2014-00666-01
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
27 de enero de 2022
1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 08001-23-31-000-2014-00666-01 (0527-2018)
Demandante: LUIS CARLOS HERRERA CALDERÓN
Demandada: UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN1
Tema: Reconocimiento relación laboral.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
ASUNTO
La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado decide el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 28 de
julio de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico que accedió
a las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
Luis Carlos Herrera Calderón, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley 1437 del
20112, formuló, en síntesis, las siguientes:
Pretensiones2
1. Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio E-
1300,05-201402875 del 17 de febrero de 2014, expedido por la Nación,
Departamento Administrativo de Seguridad3, DAS en supresión, por medio
del cual se negó la existencia de una relación laboral, legal y reglamentaria
entre el señor Luis Carlos Herrera Calderón y dicha entidad.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la demandada
a reconocer la existencia de una relación laboral, legal y reglamentaria
entre el demandante y el DAS en supresión, a partir del momento en que
fue vinculado; así como, a reconocer todas las consecuencias jurídicas y
económicas que de ello se deriven y, a efectuar la nivelación del señor
Herrera Calderón al código y grado que en forma equivalente existía en la
planta de personal, de acuerdo a la asignación básica mensual y a las
funciones ejercidas.
1
En adelante UNP.
2
Folios 1 a 3, C1.
3
En adelante DAS
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2
3. Condenar a la parte demandada a reconocer y pagar la sanción o
indemnización moratoria, al igual que las costas procesales.
Fundamentos fácticos relevantes4
1. El señor Luis Carlos Herrera Calderón se vinculó con el DAS en forma
continua e ininterrumpida a partir del 16 de marzo de 2005 y hasta el 8 de
junio de 2011, y prestó sus servicios de manera personal y bajo la
subordinación y dependencia de sus superiores al interior de la entidad.
2. El cargo para el cual fue contratado el demandante, correspondió al de
escolta, servicio de protección a personas, además de prestar servicios de
guardia en la sede del DAS y su superior inmediato era el señor Jaime
Enrique Pinillos Ramírez.
3. El interesado prestó sus servicios en horarios y fechas señalados por su
superior, de acuerdo a las funciones asignadas, en el lugar que le fue
determinado por la entidad y conforme a las necesidades del servicio.
DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL
La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo»5, porque es guía y
ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia
debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones,
las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por los
intervinientes al precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia
inicial. De allí que los problemas jurídicos adecuadamente formulados y
aceptados por las partes se convierten en una eficiente guía para el decreto
de las pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos
pertinentes. Por lo dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo
y preciso para fundamentar adecuadamente la sentencia.
Resumen de las principales decisiones
Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
En el acta se consignó lo siguiente al momento de decidir las excepciones6:
«[…]
Las excepciones propuestas por los apoderados tanto de la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado como de la Unidad Nacional de Protección, tocan el
fondo del asunto, lo cual se estudiaran (sic) en la sentencia, excepto la de
“CADUCIDAD” e “INEPTA DEMANDA”.
• “EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD”
[…]
9º.- Al reanudar el término de caducidad de la acción deben contarse los setenta
y nueve (79 días que le quedaron faltando con respecto al pluricitado acto
acusado, (sic)lo cual se extendió la caducidad de la acción hasta el día 30 de
4
Folio 3, C1.
5
Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. (2015).
6
Folios 447 a 449, C1.
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septiembre. Ahora bien, la parte demandante hizo formalmente la presentación
de la demanda el día 8 de julio de 2014 ante la Oficina de Servicios de los
Juzgados Administrativos de Barranquilla (folio 29), fecha para la cual el
fenómeno extintivo no se había consumado. Por lo tanto, esta excepción no
prospera.
• “INEPTA DEMANDA”
En cuanto a esta excepción consistente en que el demandante no convocó a
conciliar a la Unidad Nacional de Protección, entidad esa que asumió funciones
de la entidad suprimida (DAS), el despacho manifiesta que al momento de
expedirse el acto administrativo acusado, esto es, Oficio No. E-1300,05-
201402875 de fecha 17 de febrero de 2014, fue expedido por la Jefe de la Oficina
Jurídica del Departamento Administrativo de Seguridad en proceso de Supresión,
fecha en la cual estaba ejerciendo sus actividades, ya que mediante los Decretos
2402 de 2013 y 1180 de 2014, fueron prorrogadas las actividades del Das en
supresión hasta el día 11 de julio de 2014. En consecuencia, no era necesario
intentar la conciliación prejudicial con respecto a la Unidad Nacional de
Protección, en razón a que para esa fecha todavía no había asumido la(sic)
funciones de la entidad en desarrollo de supresión (DAS), por lo tanto, esta
excepción no prospera.
[…]». (Mayúsculas y negrillas del texto original)
Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)
El litigio se fijó en los siguientes términos7:
«[…] el Despacho considera que el interrogante jurídico a ser debatido en el
presente proceso y que constituye la fijación del litigio, es el siguiente:
¿Le asiste al señor LUIS CARLOS HERRERA CALDERON, el derecho al
reconocimiento y pago de las prestaciones dejadas de percibir con ocasión del
vínculo que mantuvo con la entidad demandada?
En este interrogante planteado se estudiara (sic) todo lo referente a las
características del contrato de prestación de servicios versus los elementos del
contrato de trabajo; el material probatorio acreditado en el proceso». (Mayúsculas
del texto)
SENTENCIA APELADA8
El Tribunal de primera instancia dictó sentencia escrita el 28 de julio de 2017,
a través de la cual accedió a las pretensiones de la demanda, con sustento en
las siguientes consideraciones:
En primer lugar, hizo referencia al marco jurisprudencial respecto del cual se
analizan los contratos de prestación de servicios y las relaciones laborales
encubiertas bajo dicha modalidad, también denominados contrato realidad.
Seguidamente abordó las pruebas obrantes en el expediente y consideró que,
con sustento en ellas, se había acreditado que el demandante había estado
vinculado en calidad de escolta, de forma continua e ininterrumpida con el
7
Folio 449 y 450, C1.
8
Folios 538 a 560, C1.
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DAS, desde el 16 de marzo de 2005 hasta el 8 de junio de 2011 y mediante la
suscripción de contratos de prestación de servicios.
Al referirse a las funciones desempeñadas por el señor Luis Carlos Herrera
Calderón, el a quo señaló que, en su condición de escolta, cumplía funciones
que no eran temporales y que no contaba con autonomía e independencia al
estar sometido al cumplimiento de directrices y horarios. Asimismo, precisó
que las actividades desempeñadas en desarrollo de la prestación del servicio,
hacían parte de los objetivos y competencias del extinto DAS, específicamente
las de brindar seguridad a las personas que estuvieran en condición de
vulnerabilidad por razones de orden público.
Consideró entonces el tribunal que, en el presente caso, se desdibujó la figura
del contrato de prestación de servicios lo que dio lugar a la configuración de
una relación de tipo laboral, comoquiera que se verificaron los elementos
previstos en la jurisprudencia y la ley para el surgimiento de una relación de
dicha naturaleza.
En tal sentido sostuvo que, en atención al principio de la primacía de la realidad
sobre las formalidades, no puede reconocérsele al interesado las prestaciones
sociales propiamente dichas, pues ellas nacen a favor de quienes, al cumplir
los procedimientos sustanciales de derecho para el acceso al servicio,
alcanzan la condición de servidores públicos. En ese entendido, manifestó que
al demandante se le debe reconocer, a título de reparación del daño, el
equivalente a las prestaciones sociales que percibían los agentes escoltas
vinculados laboralmente al DAS, teniendo en cuenta el valor pactado en el
contrato de prestación de servicios.
Concluyó que correspondía a la entidad demandada, por intermedio de su
sucesor procesal UNP, el reconocimiento y pago de las referidas prestaciones
sociales, desde el 16 de marzo de 2005 y hasta cuando terminó la relación,
esto es, el 8 de junio de 2011.
Al pronunciarse sobre la prescripción, el juez de conocimiento indicó que, al
haberse verificado la prestación del servicio de manera ininterrumpida hasta
el 8 de junio de 2011, y que la reclamación se presentó el 11 de febrero de
2014, no había operado el fenómeno jurídico de la prescripción.
Como consecuencia de lo anterior, dispuso la nulidad del acto administrativo
demandado y el reconocimiento de las prestaciones sociales reclamadas,
desde el 16 de marzo de 2005 hasta el 8 de junio de 2011.
En cuanto a las prestaciones de pensión y salud, ordenó a la entidad
demandada pagar a favor del señor Herrera Calderón, los porcentajes de
cotización que le correspondía de conformidad con la Ley 100 de 1993, no
obstante, en caso de que aquellos no se hubieran efectuado, de acuerdo a lo
señalado en el artículo 282 de la mencionada ley, debe el UNP efectuar las
cotizaciones respectivas a los dos sistemas y descontar de las sumas que se
adeudan al demandante el porcentaje que a éste corresponde.
Finalmente indicó que, el tiempo efectivamente laborado, sería computado
para efectos pensionales.
RECURSO DE APELACIÓN
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5
La parte demandada9 presentó recurso de apelación contra la sentencia
arriba referenciada, con fundamento en lo siguiente:
La Unidad Nacional de Protección no es la llamada a responder por las
obligaciones dejadas de pagar por el DAS, por cuanto, de un lado, no recibió
la función de asumir las cargas administrativas de dicha entidad y, de otro, no
fue quien emitió el acto administrativo demandado.
Adujo que toda vez que el DAS ha sido suprimido, podía darse aplicación a lo
dispuesto en el artículo 25 del Decreto Ley 254 de 2000, que señaló que los
procesos judiciales y reclamaciones de carácter laboral y contractual, serían
entregados al Ministerio o Departamento Administrativo al cual se encontraba
adscrita o vinculada la entidad liquidada o suprimida, que en este caso
corresponde a la Presidencia de la República.
En lo atinente a la declaración de la existencia de una relación laboral, la
demandada manifestó que, si bien se había contratado al señor Herrera
Calderón para prestar el servicio de protección, escolta, y que debía ejecutar
de manera directa las obligaciones que le habían sido asignadas, aquello no
podía ser considerado como sinónimo de subordinación.
Sostuvo que el contrato de prestación de servicios se celebró en los eventos
en los cuales la función del DAS no pudo ser ejecutada por personas
vinculadas con la entidad, y que, pese a ello requerían conocimientos
especializados para su desarrollo. Asimismo, precisó que al demandante se le
pagaron honorarios por el cumplimiento de sus obligaciones contractuales,
mismos que no pueden ser confundidos con salarios.
Puntualizó que, en los contratos celebrados por el DAS, se incluyó la
designación de un supervisor, quien era la persona encargada de revisar el
cumplimiento de las obligaciones contractuales, sin perder de vista que, una
vez el escolta salía de las instalaciones de la entidad, todas las órdenes y
sugerencias eran impartidas por el protegido, circunstancia no mencionada por
el demandante en el libelo. Igualmente resaltó que el factor horario no
comprende subordinación, sino la ejecución de la labor contratada y aceptada
por el contratista.
De otro lado, argumentó que si lo que pretende el interesado es que se le
atribuyan iguales condiciones que las de un escolta vinculado a la entidad, al
haber cumplido actividades similares, debía darse aplicación al principio de a
trabajo igual, salario igual.
Frente a la prescripción, la demandada indicó que no compartía la postura
jurisprudencial sobre la imprescriptibilidad de las prestaciones sociales.
Consideró que al existir norma expresa que prevé la prescripción de esos
derechos, la misma debía observarse en igualdad con quienes reclaman
prestaciones por razones de un contrato de trabajo ficto.
Señaló no encontrar argumento para defender la ya referida imprescriptibilidad
de los derechos provenientes de un contrato realidad, hecho que denota una
9
Folios 570 a 574 Vto., C1.
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6
desigualdad injusta para con quienes están formalmente vinculados con la
administración.
Bajo dicho entendido, precisó que la reclamación administrativa fue
presentada en el año 2014, de manera que en el presente asunto hay lugar a
declarar la prescripción de los derechos causados tres años hacia atrás,
contados a partir de esa fecha, es decir, las prestaciones a que tenga derecho
el demandante a título de indemnización, originadas antes del 1.º de junio de
2011, se encuentran prescritas.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La parte demandante10 resaltó que eran dos los pilares fundamentales sobre
los cuales se edifica la solicitud de confirmar la sentencia de primera instancia
y que tienen que ver con los límites al poder de contratación de funcionarios
por parte del Estado, a través de contratos de prestación de servicios, y la
subordinación del demandante respecto de la entidad demandada.
La parte demandada11 reiteró los argumentos expuestos en el escrito de
alzada.
El Ministerio Público12, al emitir concepto, solicitó se confirme la sentencia
recurrida, pues se encontró acreditado que el demandante prestó sus servicios
de escolta a la entidad enjuiciada por más de 5 años, cumplió un horario
habitual en la semana y, en ocasiones, extraordinario; se sujetó a la tarea de
protección, control y coordinación; laboró en otras actividades impuestas por
la demandada; la índole de sus labores le imponía el deber de entregar un
inventario de los elementos dispuestos para el desempeño de la actividades;
y recibió una remuneración por sus servicios.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo13, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso14, el juez de segunda
10
Folios 604 a 612, C1.
11
Folios 616 a 624, C1.
12
Folios 645 a 651, C1.
13
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de
las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de
las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja
cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del
que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
14
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones
que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido
al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar
en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia.»
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7
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el
recurso de apelación.
Problema jurídico
De conformidad con los planteamientos derivados de la sentencia apelada y
del recurso de apelación elevado por la parte demandada, los problemas
jurídicos a resolver en esta instancia se circunscriben a:
1. ¿Cuál es la entidad llamada a responder por las condenas que llegasen a
ordenarse en favor del señor Luis Carlos Herrera Calderon, ante la
supresión del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS?
2. ¿El señor Luis Carlos Herrera Calderón demostró que, en su caso, se
configuraron los elementos de la relación laboral durante el tiempo que
estuvo vinculado como escolta del DAS?
En caso afirmativo,
3. ¿Hay lugar a declarar probada la excepción de prescripción extintiva del
derecho, al haber transcurrido más de tres años entre la finalización de
todos o algunos de los periodos contractuales y la reclamación
administrativa?
Primer problema jurídico
¿Cuál es la entidad llamada a responder por las condenas que llegasen a
ordenarse en favor del señor Luis Carlos Herrera Calderon, ante la supresión
del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS?
Al respecto, la Subsección sostendrá la siguiente tesis: Las obligaciones
laborales del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, fueron
asumidas por la Unidad Nacional de Protección, UNP, razón por la cual, como
sucesor procesal, deberá ocuparse de las condenas que eventualmente
resulten procedentes en el curso del presente trámite jurisdiccional, con
sustento en las siguientes consideraciones:
Mediante Decreto Ley 4057 del 31 de octubre de 2011, el Gobierno Nacional
dispuso la supresión del DAS, y señaló en su artículo 3.º que «[…] Las funciones
[...] que corresponden al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS),
contempladas en el Capítulo I, numerales 10, 11, 12 y 14 del artículo 2°, del Decreto
643 de 2004, y las demás que se desprendan de las mismas se trasladan a las
siguientes entidades y organismos, así: [...] 3.4. La función comprendida en el numeral
14 del artículo 2.° del Decreto 643 de 2004, en el Decreto 1700 de 2010 y las demás
que se desprendan de la misma, se traslada a la Unidad Administrativa denominada
Unidad Nacional de Protección que se creará en decreto separado [...]».
Por su parte, el Decreto 4065 de 2011, reglamentó en su artículo 3 que:
«[…] El objetivo de la Unidad Nacional de Protección (UNP) es articular, coordinar
y ejecutar la prestación del servicio de protección a quienes determine el
Gobierno Nacional que por virtud de sus actividades, condiciones o situaciones
políticas, públicas, sociales, humanitarias, culturales, étnicas, de género, de su
calidad de víctima de la violencia, desplazado, activista de derechos humanos,
se encuentren en situación de riesgo extraordinario o extremo de sufrir daños
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contra su vida, integridad, libertad y seguridad personal o en razón al ejercicio de
un cargo público u otras actividades que pueden generar riesgo extraordinario,
como el liderazgo sindical, de ONG y de grupos de personas desplazadas, y
garantizar la oportunidad, eficiencia e idoneidad de las medidas que se otorgan
[…]».
A su turno, el artículo 9 del Decreto 1303 de 2014, señaló que los procesos
judiciales y reclamaciones de carácter administrativo, laboral y contractual, en
los que sea parte el DAS y/o su Fondo Rotatorio al cierre de la supresión del
primero, serían notificados a las entidades que hayan asumido las funciones,
de acuerdo con la naturaleza, objeto o sujeto procesal y que, asimismo, en
caso de que aquellas no fueran atribuidas a alguna de las entidades de la
Rama Ejecutiva, correspondería a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.
Finalmente, se observa que la Unidad Nacional de Protección intervino en el
proceso de la referencia, ante esta Corporación como sucesor procesal del
DAS, suprimido, en virtud de lo reglamentado en la Resolución 0002 del 9 de
noviembre de 2011, artículo 5.º,15 por medio de la cual se delegó al Jefe de la
Oficina Asesora Jurídica de la UNP la representación judicial de la entidad.
En conclusión: La entidad que debe responder por las condenas proferidas
en el sub examine es la Unidad Nacional de Protección, de conformidad con
lo regulado en el artículo 68 del Código General del Proceso, contrario a lo
afirmado por dicha entidad en el recurso de apelación.
Segundo problema jurídico
¿El señor Luis Carlos Herrera Calderón demostró que, en su caso, se
configuraron los elementos de la relación laboral durante el tiempo que estuvo
vinculado como escolta del DAS?
Al respecto, la Subsección sostendrá la siguiente tesis: en el caso del señor
Luis Carlos Herrera Calderón se demostró la configuración de los tres
elementos de la relación laboral, razón por la cual, en virtud del principio de la
primacía de la realidad sobre las formalidades, debe confirmarse la decisión
asumida por el a quo, con base en los argumentos que proceden a explicarse:
El contrato de prestación de servicios y el principio de primacía de la
realidad sobre las formalidades.
Conforme lo consagrado en los artículos 122 y 125 de la Carta Política, existen
tres formas por medio de las cuales se puede estar vinculado con una entidad
pública. La primera de ellas se da a través de una relación legal y
reglamentaria que corresponde a los denominados empleados públicos; la
segunda por medio de un contrato laboral que cobija a los llamados
trabajadores oficiales y; finalmente, los contratistas de prestación de servicios,
vinculación que ha sido considerada como una relación de naturaleza
contractual con el Estado.
Esta última forma de vinculación con el Estado se reguló a través del Decreto
Ley 222 de 1983, la Ley 80 de 1993 y por la Ley 190 de 1995.
Al respecto, la Ley 80 de 1993 señaló en el artículo 32 lo siguiente:
15
Folios 379 a 381, C1.
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«Artículo 32. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de
obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto,
previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del
ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo,
se definen a continuación:
[…]
3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal
de planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales
y se celebrarán por el término estrictamente indispensable. […]» (Subraya la
Sala).
Dicha clase de contrato, de acuerdo con la norma que la regula, tiene como
propósito el de suplir actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de las entidades estatales, o para desarrollar labores
especializadas que no pueden ser asumidas por su personal de planta.
Por su parte, como característica principal del contrato de prestación de
servicios se encuentra la prohibición del elemento de subordinación
continuada del contratista, es decir, que éste debe actuar como sujeto
autónomo e independiente bajo los términos del contrato y de la ley
contractual16, no pudiendo versar aquellos sobre el ejercicio de funciones
permanentes17.
En tal sentido, la vinculación por contrato de prestación de servicios es de
naturaleza excepcional, pues no pueden desempeñarse funciones públicas de
carácter permanente o aquellas que se encuentren previstas en la ley o el
reglamento para un empleo público.
Ello con el fin de evitar el abuso de dicha figura18 y como medida de protección
de la relación laboral, en tanto que, a través de la misma, se pueden ocultar
verdaderas relaciones laborales y la desnaturalización del contrato estatal19.
Frente a este punto, se resalta que el Estado Colombiano ha ratificado
convenios internacionales que propugnan por el trabajo en condiciones dignas
lo cual hace obligatoria su aplicación en el ordenamiento interno, con el fin de
evitar la vulneración del derecho fundamental al trabajo.
Al respecto, Colombia como Estado parte de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos Pacto de San José de Costa Rica, ratificó el Protocolo de
San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos
en materia de derechos económicos, sociales y culturales, adoptado en San
16
Ver Sentencia de Unificación de Jurisprudencia del 25 de agosto de 2016. Consejo de Estado, Sección
Segunda. Consejero Ponente Carmelo Perdomo Cuéter. Radicación 23001233300020130026001(0088-
15) CE-SUJ2-005-16. Lucinda María Cordero Causil contra el Municipio de Ciénaga de Oro (Córdoba)
17
Ver sentencia C-614 de 2009.
18
Ver sentencia del 10 de julio de 2014. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Consejero
Ponente Gerardo Arenas Monsalve. Radicación 05001233100020040039101 (0151-13). Francisco
Zúñiga Berrio contra el Municipio de Medellín (Antioquia).
19
C-614 de 2009.
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10
Salvador, el 17 de noviembre de 1988; el cual en sus artículos 6 y 7 consagra
el Derecho al Trabajo:
«[…] Artículo 6 Derecho al Trabajo
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de
obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño
de una actividad lícita libremente escogida o aceptada.
2. Los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas que garanticen
plena efectividad al derecho al trabajo, en especial las referidas al logro del pleno
empleo, a la orientación vocacional y al desarrollo de proyectos de capacitación
técnico-profesional, particularmente aquellos destinados a los minusválidos. Los
Estados partes se comprometen también a ejecutar y a fortalecer programas que
coadyuven a una adecuada atención familiar, encaminados a que la mujer pueda
contar con una efectiva posibilidad de ejercer el derecho al trabajo.
Artículo 7 Condiciones Justas, Equitativas y Satisfactorias de Trabajo
Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo
al que se refiere el artículo anterior supone que toda persona goce del mismo en
condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos Estados
garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular:
a. una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un
salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción;
b. el derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a la
actividad que mejor responda a sus expectativas y a cambiar de empleo, de
acuerdo con la reglamentación nacional respectiva;
c. el derecho del trabajador a la promoción o ascenso dentro de su trabajo, para
lo cual se tendrán en cuenta sus calificaciones, competencia, probidad y tiempo
de servicio;
d. la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las
características de las industrias y profesiones y con las causas de justa
separación. En casos de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una
indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualesquiera otra prestación
prevista por la legislación nacional;
[…]
h. el descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así como
la remuneración de los días feriados nacionales. […]» (Subraya la Corporación)
Las disposiciones citadas, generan el deber del Estado Colombiano de otorgar
esas garantías mínimas que deben permear la materialización del derecho al
trabajo, por cuanto en los artículos 1 y 2 del citado Protocolo de San Salvador20
se consagró la obligación de los Estados partes de adoptar las medidas
20
«Artículo 1 Obligación de Adoptar Medidas. Los Estados partes en el presente Protocolo Adicional a
la Convención Americana sobre Derechos Humanos se comprometen a adoptar las medidas necesarias
tanto de orden interno como mediante la cooperación entre los Estados, especialmente económica y
técnica, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin
de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los
derechos que se reconocen en el presente Protocolo.
Artículo 2 Obligación de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. Si el ejercicio de los derechos
establecidos en el presente Protocolo no estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro
carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos
constitucionales y a las disposiciones de este Protocolo, las medidas legislativas o de otro carácter que
fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos.»
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11
necesarias en su orden interno y en cooperación con los demás, para
efectivizar los derechos que en el Protocolo citado se reconocen, entre ellos,
al trabajo.
De allí que en el artículo 53 de la Carta Política se haya elevado a rango
constitucional, el derecho al trabajo con unos principios mínimos
fundamentales:
«ARTICULO 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley
correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos
fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y
móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo;
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales;
facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles;
situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre
formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a
la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario;
protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.»
(Subraya la Sala).
Dicho canon constitucional, consagra precisamente el principio de la primacía
de la realidad sobre las formalidades en materia laboral, que responde a las
normas de rango supra y constitucional sobre las condiciones dignas del
trabajo, señaladas, el cual se desarrolla seguidamente.
Elementos que naturalizan la relación laboral
En el anterior hilo argumentativo, para la jurisprudencia, el contrato de
prestación de servicios se desfigura cuando se demuestra la concurrencia de
los tres elementos constitutivos de la relación laboral, es decir, cuando: i) la
prestación de servicio es personal; ii) bajo subordinación continuada; y con
una iii) remuneración.
En dicho caso, el derecho al pago de las prestaciones sociales surge a favor
del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre
las formalidades contenido en el artículo 53 de la Carta Política de Colombia,
lo que se ha denominado como contrato realidad.
En ese orden de ideas, habrá lugar a reconocer una relación laboral encubierta
cuando se constata la continua prestación de servicios personales
remunerados, propios de la actividad misional de la entidad contratante, para
ejecutarlos en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos
de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que
desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos
contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación
continuada propia de las relaciones laborales.21
Sobre el asunto sometido a discusión
21
Ver Sentencia de Unificación de Jurisprudencia CE-SUJ2-005-16.
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En primer lugar, la Sala advierte que en el presente asunto el señor Luis Carlos
Herrera Calderón pretende el reconocimiento de la existencia de una relación
laboral entre él y el extinto DAS, desde el 16 de marzo de 2005 hasta el 8 de
junio de 2011, sin solución de continuidad.
Por su parte, el Tribunal de primera instancia, encontró acreditado el vínculo
laboral solicitado entre las fechas referidas por el demandante, pues consideró
que el periodo durante el cual el señor Herrera Calderón prestó sus servicios
a la entidad demandada no había tenido solución de continuidad, en tal
sentido, para el a quo, no hay lugar a declarar la excepción de prescripción
extintiva de los derechos prestacionales que se derivan de la presunta relación
laboral.
De conformidad con lo que se desprende del recurso de alzada de la UNP,
entidad que sustituyó procesalmente al DAS en el trámite que aquí se
adelanta, no solo no hay lugar a la condena dictada por el juez de
conocimiento, al no ser ésta la entidad llamada a responder por las
obligaciones de carácter laboral que surgieran con ocasión de procesos
judiciales, sino que, además, no se demostraron los elementos de la relación
laboral necesarios para el reconocimiento deprecado por el libelista, y, de otro
lado, es preciso que se revise la configuración del fenómeno prescriptivo de
las prestaciones sociales a que hubiere lugar, en caso de acceder a las
pretensiones de la demanda.
De acuerdo con lo anterior, precisa esta Subsección que quien pretende la
declaratoria de existencia de una relación laboral escondida bajo la modalidad
de contratación por prestación de servicios, tiene el deber de demostrar, a
través de los medios probatorios a su disposición, la configuración de los
elementos esenciales del contrato de trabajo.
Así las cosas, y de acuerdo a la documentación obrante en el expediente, se
observa que el señor Luis Carlos Herrera Calderón estuvo vinculado con el
DAS mediante contrato de prestación de servicios, de la siguiente forma:
N.º de Periodo22 Valor Objeto Folio
contrato u
orden
CPS 046/05 16/03/05 $4.865.000 Prestar los servicios de protección; con sede 231 a 235,
30/06/05 principal en la ciudad de Barranquilla y C1.
eventualmente en la ciudad donde se asigne el
esquema protectivo, dentro del componente de
Seguridad a Personas del Programa de
Protección a Dirigentes Sindicales,
Organizaciones Sociales y Defensores de
Derechos Humanos, conforme a las medidas de
Seguridad Aprobadas por el Comité de
Reglamentación y evaluación de Riesgos del
Ministerio del Interior y de Justicia.
CPS 084/05 01/07/05 a $2.780.000 Ibidem 218 a 222,
30/08/05 C1.
CPS 156/05 31/08/05 $9.975.873,33 Ibidem 223 a 230,
28/02/06 C1.
CPS 049/06 01/03/06 a $13.122.990 Ibidem 53 y 64,
30/11/06 213 a 217,
C1.
CPS 049/06 $2.289.000 Ibidem 203 y 204,
ADICIÓN C1.
CPS 114/06 01/12/06 a $15.799.110 Ibidem 205 a 212,
30/06/07 C1.
22
Tal y como se desprende de la certificación suscrita por el Coordinador Administrativo Financiero y del
Talento Humano Seccional DAS Atlántico, de fecha 1.º de noviembre de 2011 (fl. 72, C1.).
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13
CPS 046/07 29/06/07 a $13.784.040 Ibidem 194 a 201
31/12/07 C1.
CPS 106/07 20/12/07 a $28.468.080 Ibidem 187 a 193,
20/12/08 C1.
CPS 046/08 01/01/08 a $28.468.080 Ibidem 180 a 186,
31/12/08 C1.
CPS 155/09 01/01/09 a $14.506.260 Ibidem 174 a 179,
30/06/09 C1.
CPS 155/09 01/07/09 a $4.835.420 Ibidem 163 y 164,
PRÓRROGA 29/08/09 C1.
Y ADICIÓN
CPS 155/09 30/08/09 a $2.417.710 Ibidem 165 y 166,
PRÓRROGA 28/09/09 C1.
Y ADICIÓN
CPS 039/09 30/09/06 a $4.835.420 Ibidem 156 a 160.
27/11/09 C1.
CPS 039/09 28/11/09 a $1.787.710 Ibidem 161 y 162,
PRÓRROGA 17/12/09 C1.
Y ADICIÓN
CPS 077/09 18/12/09 a $8.702.049 Ibidem 167 a 173,
31/03/10 C1.
CPS 126/10 01/04/10 a $7.543.254 Ibidem 130 a 135,
30/06/10 C1.
CPS 126/10 01/07/10 a $2.514.418 Ibidem 136 y 137,
PRÓRROGA 31/07/10 C1.
Y ADICIÓN
CPS 172/10 01/08/1023 a $12.572.090 Ibidem 141 a 146,
31/12/10 C1.
CPS 219/10 28/12/10 a $8.112.221,20 Ibidem 147 a 153,
31/03/11 C1.
CPS 219/10 01/04/11 a $2.514.418 Ibidem 138 y 139,
PRÓRROGA 30/04/11 C1.
Y ADICIÓN
CPS 013/11 01/05/11 a $2.514.418 Ibidem 122 a 127,
31/05/11 C1.
CPS 030/11 01/06/11 a $2.514.418 Ibidem CD folio
08/06/11 464, C1.
La anterior relación probatoria permite colegir de manera fehaciente que, el
señor Luis Carlos Herrera Calderón, prestó sus servicios como escolta
directamente al DAS, durante el periodo comprendido entre el 16 de marzo de
2005 y el 8 de junio de 2011, sin solución de continuidad. Ello, por cuanto la
periodicidad en la suscripción de los contratos de prestación de servicios no
se vio interrumpida, ni siquiera por el tiempo necesario para la formalización
del trámite contractual.
Con fundamento en lo anterior, y de conformidad con las condiciones en que
fueron ejecutados los contratos referenciados, procede la Subsección a
verificar si el demandante acreditó la prestación personal del servicio,
remunerada y bajo continua subordinación y dependencia.
a) La prestación personal del servicio.
Definido lo anterior, y según se desprende de los objetos contractuales citados
en precedencia, el demandante se desempeñó entre los años 2005 y 2011
como escolta al servicio del extinto DAS, de lo cual, se infiere que la prestación
de servicios fue personal, pues, de acuerdo con las reglas de la experiencia,
dicha actividad debe ser prestada por sujetos cualificados, es decir, por
personal que hubiese acreditado las condiciones profesionales requeridas
para la labor. En tal sentido, y dados los requisitos de ejecución de los
contratos de prestación de servicios, se observa que se trata de actividades
que no podían ser delegadas o encomendadas a un tercero por parte de quien
las ejecutaba.
23
Conforme al Acta de Inicio suscrita el 1.º de agosto de 2010 (fl. 119, C1.).
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b) Remuneración por el servicio prestado.
Frente al elemento de la remuneración, encuentra la Sala que al señor Luis
Carlos Herrera Calderón se le cancelaban periódicamente las sumas
reconocidas a título de honorarios en los diferentes contratos de prestación de
servicios. Ello se advierte, principalmente, de las cláusulas relacionadas con:
i) el valor de los contratos, según la cual, el monto del contrato correspondía a
honorarios y gastos de viaje o viáticos; y ii) a la forma de pago en la cual se
estipulaban los montos mensuales que recibiría el demandante por sus
servicios.
El pago periódico efectuado por concepto de honorarios al demandante,
encuentra sustento adicional en que de conformidad con la documentación
contenida en medio magnético24, cada mes se expedían certificaciones de
cumplimiento del objeto contractual, en donde se dejaba constancia, además
del pago de aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión, de los
gastos de viaje causados por el contratista durante el mes correspondiente.
c) Subordinación y dependencia continuada
Este elemento esencial del contrato de trabajo, según el artículo 23 del CST25,
es considerado por la doctrina como el determinante para distinguir la relación
laboral de las demás prestaciones de servicios, y que faculta al empleador
para exigir el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al
tiempo, modo o cantidad de labores, así como para imponerle reglamentos y
el poder disciplinario, teniendo en cuenta para ello, los límites constitucionales
que imponen el respeto a la dignidad humana del trabajador y sus derechos
mínimos, es decir, bajo criterios de razonabilidad y sin arbitrariedad. De
acuerdo con lo anterior, la subordinación parte del poder de dirección respecto
a las actividades de trabajo y como potestad disciplinaria del empleador para
conservar el orden en la empresa, pero únicamente en lo atinente al ámbito
laboral.
Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia C-386 de 2000 indicó:
«[…] La subordinación del trabajador al empleador como elemento distintivo y
definidor del contrato de trabajo ha sido entendida, según la concepción más
aceptable por la doctrina y la jurisprudencia, como un poder jurídico permanente
de que es titular el empleador para dirigir la actividad laboral del trabajador, a
través de la expedición de órdenes e instrucciones y la imposición de
reglamentos, en lo relativo a la manera como éste debe realizar las funciones y
cumplir con las obligaciones que le son propias, con miras al cumplimiento de los
objetivos de la empresa, los cuales son generalmente económicos.
Se destaca dentro del elemento subordinación, no solamente el poder de
dirección, que condiciona la actividad laboral del trabajador, sino el poder
24
Folio 464, C1.
25
«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley 50 de 1990. El
nuevo texto es el siguiente:>
1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos esenciales:
[…]
b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste
para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad
de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del
contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en
concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la
materia obliguen al país; […]» (Subraya la Sala).
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disciplinario que el empleador ejerce sobre éste para asegurar un
comportamiento y una disciplina acordes con los propósitos de la organización
empresarial y el respeto por la dignidad y los derechos de aquél. […]»26
Colofón de lo expuesto, como subordinación y dependencia continuada se
debe entender el elemento esencial y configurativo de la relación laboral,
según el cual el empleador, en ejercicio de su potestad de dirección, puede
exigir a sus empleados el acatamiento de órdenes e instrucciones sobre el
modo y la cantidad de trabajo, el cumplimiento de horarios para el desarrollo
de este, y la imposición de los reglamentos internos, en cualquier momento,
respetando la dignidad del trabajador y sus derechos mínimos constitucionales
y laborales.
Bajo tal entendimiento, se tiene que la entidad demandada sustentó su recurso
de apelación sobre la base de que, entre otros aspectos, el elemento de
subordinación del contrato realidad declarado por el tribunal de conocimiento,
no fue adecuadamente acreditado por el demandante, pues el cumplimiento
directo de las obligaciones pactadas en los contratos, así como el acatamiento
de horarios no implicaban necesariamente la constatación de dicho elemento.
En punto a la subordinación y dependencia continuada, la Sala advierte que,
el señor Luis Carlos Herrera Calderón ejerció funciones como escolta al
servicio del DAS, en el marco de las siguientes obligaciones:
«[…]
• Cumplir con las actividades de protección en el lugar que le sea asignado por
el DAS a través del supervisor, o por su protegido.
• Realizar las actividades de índole protectivo previa autorización para cumplir
con la actividad encomendada, o destinación del funcionario competente del
Departamento Administrativo de Seguridad.
• Presentar para su revisión en la dependencia de Control de Armamento,
Radios y Vehículos del DAS, o en la que haga sus veces, los elementos
logísticos de dotación, dentro de los últimos cinco (5) días de cada mes.
• Al terminar el servicio y cuando por alguna circunstancia, el contratista no se
encuentre prestando el servicio para el cual fue contratado deberá hacer
entrega de los elementos en la misma dependencia diariamente.
• Observar excelente conducta social, laboral y buenas relaciones
interpersonales con los funcionarios del Departamento Administrativo de
Seguridad, con sus compañeros y con la persona protegida.
• No ingerir bebidas embriagantes, sustancias alucinógenas o psicotrópicas.
• Respetar las normas de tránsito y de convivencia ciudadana, y colaborar con
las autoridades civiles, militares y de policía.
• Informar oportunamente a la Oficina de Protección Especial del DAS, los
desplazamientos que por la naturaleza del contrato deba hacer a otras
ciudades y las novedades que se presenten en el servicio.
• Mantener en buen estado los elementos logísticos entregados por el DAS y
velar por su buen uso y cuidado, los cuales deberán destinarse en forma
exclusiva para el servicio objeto del presente contrato.
• Observar en forma permanente las instrucciones impartidas en lo relacionado
con el uso de armas, técnicas protectivas y las demás que se relacionen con
las actividades propias del objeto del presente contrato.
• Informar al Supervisor del contrato las novedades de servicio relacionadas con
permisos, incapacidades u otras circunstancias que suspendan o interrumpan
la ejecución del contrato, caso en el cual se efectuaran los descuentos
correspondientes al valor diario por el tiempo en que no se preste el servicio.
26
Magistrado ponente Antonio Barrera Carbonell.
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16
Estos descuentos podrán hacerse efectivos durante el tiempo de ejecución del
contrato o en la liquidación del mismo, previa certificación del supervisor.
• Observar las medidas de seguridad preventivas para el manejo de armas de
fuego, evitando poner en riesgo la vida e integridad física de los ciudadanos.
• Presentar en forma oportuna la documentación mensual al Supervisor del
contrato, la cual se requerirá para expedir a certificación de cumplimiento para
pago por la prestación de servicios prestados y gastos de viaje estipulados en
la cláusula tercera del presente contrato.
• Efectuar el pago de los aportes a los sistemas de seguridad social, en salud y
pensión; obligación que deberá cumplir y acreditar mensualmente ante el
supervisor del contrato[…]».
Para esta Subsección resulta claro que, contrario a lo aducido por el DAS, las
pruebas allegadas en el curso del proceso permiten dilucidar que, si bien las
funciones desempeñadas por el señor Herrera Calderón, se encontraban
enmarcadas dentro del alcance de los objetos de los contratos de prestación
de servicio que suscribió con dicha entidad, debió cumplir y acatar
instrucciones y directrices emitidas por el supervisor u otras autoridades o
rangos no especificados en la relación obligacional, pero que denotan estar
supeditado a los lineamientos emitidos a instancias de la entidad.
La alusión que se hace al cumplimiento de las actividades contractuales en el
lugar definido por el DAS o por la persona respecto de la cual se debían
efectuar las labores de protección, reviste necesariamente la adecuación del
servicio a las determinaciones de terceros que, destinatarios del mismo,
ejercían tales disposiciones a voluntad, sin que en ella interviniera la del
escolta asignado.
Resulta importante resaltar el requerimiento de autorización para el
desempeño de las actividades encomendadas, en tanto ello refiere la falta de
liberalidad en la ejecución contractual, que resulta propia de los contratos de
prestación de servicio. No se desconoce que este tipo de contratos deban
ceñirse a parámetros de cumplimiento en la ejecución de actividades, sin
embargo, que el servicio y su prestación efectiva deban obtener autorización
previa, implica una restricción a la puesta en marcha del objeto contratado que
debe verificarse cada vez que se asuma una labor de protección diferente.
Circunstancia adicional la presenta el hecho de que sea la entidad
cuestionada, quien suministre los elementos logísticos de dotación,
específicamente armamento, vehículos y medios de comunicación, que
debían ser rigurosamente salvaguardados por el escolta designado y con
observancia de los protocolos definidos por el DAS para el uso, devolución y
almacenamiento de los mismos. Sobre este aspecto se resalta, la imperiosa
necesidad de acatar instrucciones no solo relacionadas con la manipulación
de tales elementos, sino para su implementación.
Se observa que sobre este asunto, la Jefe del Área de Protección y el
Subdirector Seccional, solicitaron al señor Luis Carlos Herrera Calderón
explicaciones sobre las razones de no haberse sujetado a las directrices
relacionadas con la entrega del arma de dotación en fechas específicas, pues
al verificar el Libro Minuta no se encontró registrada la anotación
correspondiente27. Solicitud que se evidencia, fue oportunamente respondida
27
Folio 45, C1.
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17
por el demandante, exponiendo para los efectos, los motivos de dicha
situación28.
De folios 47 a 50 obran Acta de Entrega de Arma de Dotación Oficial al señor
Herrera Calderón; Acta de Compromiso para Porte de Armamento, suscrito
por el demandante; solicitud efectuada por el responsable del Área de
Protección y el Coordinador Operativo al Director Seccional del DAS, Atlántico,
de asignación de armamento de dotación al señor Luis Carlos Herrera
Calderón «[…] a fin de dar cumplimiento al objeto de la contratación de prestación
de servicios del Programa del Ministerio del Interior y de Justicia […]»; y Planilla de
Control de Mantenimiento y Limpieza de Armas para el año 2008.
Tales documentos, comprenden la inescindible relación de control que existía
entre la entidad demandada y los elementos de dotación que suministraba al
demandante, por cuanto no de otro modo, le hubiese sido permitido a éste el
ejercicio de la labor encomendada, así como la disposición de dichos
elementos y el uso privativo de los mismos en las actividades asignadas.
Por su parte, a folios 51 y 52 se observan actas de entrega relacionadas con
la provisión de otros dispositivos de uso exclusivo en el cumplimiento del
objeto contratado, como lo son chips Avantel e implementos de
radiofrecuencia y telecomunicaciones Avantel marca Motorola.
Sobre el uso exclusivo de los referidos implementos, encuentra la Sala
reiterados memorandos29 encaminados a recordarles a los contratistas en
ejercicio de funciones de escolta, que debían cumplir de manera estricta las
obligaciones y responsabilidades contractuales, haciendo especial énfasis en
las directrices relacionadas con los vehículos asignados a los esquemas
protectivos, las dotaciones y el seguimiento ajustado a las actividades
enmarcadas en el contrato suscrito con la entidad.
En documento visible a folios 83 y 84, se observan «Disposiciones de carácter
permanente» dirigidas a «Agentes Escoltas y Escoltas Contratistas del Programa
de Protección», al cabo del cual se anota que «[…] el incumplimiento de dichas
disposiciones según el caso, acarreará Investigación Disciplinaria a los funcionarios
y los Escoltas Contratistas la aplicación de lo establecido en las cláusulas
contractuales». Dicho documento deja entrever que en la planta de personal de
la entidad, existían personas en ejercicio de función pública, ejecutando
actividades desarrollas por los escoltas vinculados a través de la modalidad
de contrato de prestación de servicios.
Lo anterior permite aseverar que el argumento expuesto por la demandada en
su escrito de apelación, relacionado con que los contratos se celebraron en
los eventos en los cuales la función del DAS no pudo ser asumida por personas
vinculadas con la entidad, carece de sustento, pues resulta evidente que la
parte cuestionada sí contaba con «Agentes escoltas» para el cumplimiento de
las funciones propias de los programas especiales de protección, en su planta
de personal.
Así mismo, a folio 102 del expediente, consta escrito por medio del cual la
Coordinadora Administrativa hace entrega al señor Herrera Calderón de las
estampillas pro-desarrollo y ciudadela, originales, en los que además se
28
Folio 44, C1.
29
Folios 55 a 57, 58, 65, 66 y 67, y 68 a 70 C1.
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inscribe el compromiso del demandante en hacer entrega de la copia autentica
de los mismos en determinada fecha, pues de lo contrario «[…] El
incumplimiento del presente compromiso será considerado como causal de mala
conducta».
En lo que toca a las circunstancias en que el demandante era autónomo para
ausentarse de las instalaciones o lugar de ejecución del objeto contractual, se
tiene que como parte de sus obligaciones está, la de informar las novedades
de servicio relacionadas con desplazamientos a otros municipios, permisos,
incapacidades u otras circunstancias que suspendieran o interrumpieran el
ejercicio de las actividades, al cabo de lo cual, se efectuarían los
correspondientes descuentos por la no prestación del servicio, demostrando
en primer término la necesaria aquiescencia de la administración en asuntos
como los mencionados, y de otro lado, la afectación en la contraprestación
recibida por el demandante.
Lo hasta aquí discurrido permite concluir que, en el caso concreto, la ejecución
de las actividades contratadas no podía ser ejercida en forma independiente y
autónoma, en tanto que el señor Luis Carlos Herrera Calderón, debía, con su
conocimiento profesional y experiencia en el área, apoyar al DAS en el
cumplimiento de su propia función pública.
En consecuencia, estima esta Corporación que, por la naturaleza de las
actividades desarrolladas por el señor Herrera Calderón, como escolta, debía
recibir órdenes e instrucciones por parte de la entidad contratante en tanto que
estaba sometido a disponibilidad horaria, no solo la definida por la institución
sino por la persona objeto del servicio, o protegido; al cumplimiento de
determinados horarios, específicamente para la ejecución del objeto
contractual que necesariamente implicaban la disposición de vehículos
oficiales para la efectiva satisfacción del referido objeto contractual; hacer uso
de los elementos de dotación otorgados únicamente por la contratante; e
identificarse como funcionario de la entidad ante las demás autoridades
públicas para lo cual se le suministraba carné de la demandada.
Finalmente, sobre el tema del servicio de escoltas, esta Subsección ha
sostenido en reiteradas oportunidades que la labor de brindar seguridad a
beneficiarios de programas de protección impone a quien ejecuta la actividad,
el deber de atender las directrices impartidas por el DAS en las distintas
misiones a él encomendadas. Así se ha concluido que las tareas que debe
ejecutar un escolta comportan el elemento de la subordinación, pues estas se
desarrollan en cumplimiento de órdenes directas de su superior, lo cual,
desvanece la figura de la coordinación y por ende se desvirtúa la autonomía e
independencia con la que se presta el servicio, más aún cuando para su
ejercicio, el demandante debía emplear los elementos de dotación
suministrados por el DAS como armamento y vehículo, toda vez que
desatender el esquema de seguridad propuesto podría afectar el éxito de la
labor desarrollada30.
En conclusión: al haberse demostrado en el proceso la existencia de los
elementos que configuran la relación laboral, debe declararse la existencia de
una relación laboral encubierta entre el Departamento Administrativo de
30
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Radicación 760001233300020120026001
(0621-16).
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19
Seguridad, DAS y el señor Luis Carlos Herrera Calderón, por el periodo arriba
referenciado.
Tercer problema jurídico.
¿Hay lugar a declarar probada la excepción de prescripción extintiva del
derecho, al haber transcurrido más de tres años entre la finalización de todos
o algunos de los periodos contractuales y la reclamación administrativa?
La Subsección sostendrá la siguiente tesis: los interesados en la declaratoria
de existencia de un contrato realidad no pueden exonerarse de su deber de
reclamar el derecho dentro de los tres años siguientes a la finalización del
vínculo contractual. Lo anterior se sustenta en las siguientes razones:
En materia de derechos laborales de los empleados públicos, los artículos 41
del Decreto 3135 de 196831 y 102 del Decreto 1848 de 196932 (reglamentario
del primero), regulan que las acciones que emanen de los derechos
consagrados en dichas normas prescriben en tres años contados desde que
la respectiva obligación se haya hecho exigible.
Particularmente, en cuanto al reconocimiento de la existencia de la relación
laboral encubierta a través de un contrato de prestación de servicios, esta
Sección, en sentencia de unificación jurisprudencial del 25 de agosto de 2016,
estipuló las siguientes reglas respecto a la prescripción extintiva de los
derechos salariales y prestacionales derivados del contrato realidad33:
«[…] i) Quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y,
en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación
del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá
reclamarlos dentro del término de tres años contados a partir de la terminación
de su vínculo contractual.
ii) Sin embargo, no aplica el fenómeno prescriptivo frente a los aportes para
pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional y en armonía
con los derechos constitucionales a la igualdad e irrenunciabilidad a los
beneficios mínimos laborales y los principios de in dubio pro operario, no
regresividad y progresividad.
iii) Lo anterior, no implica la imprescriptibilidad de la devolución de los dineros
pagados por concepto de aportes hechos por el trabajador como contratista, pues
esto sería un beneficio propiamente económico para él, que no influye en el
derecho pensional como tal (que se busca garantizar), sino en relación con las
cotizaciones adeudadas al sistema de seguridad social en pensiones, que
podrían tener incidencia al momento de liquidarse el monto pensional.
31
«Artículo 41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en
tres años contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o
prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual.»
32
«Artículo 102. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968
y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva
obligación se haya hecho exigible.
El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un
derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso
igual.»
33
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de Unificación Jurisprudencial CE-SUJ2-05 del 25
de agosto de 2016. Consejero Ponente Dr. Carmelo Perdomo Cuéter. Radicación 23001-23-33-000-
2013-00260-01 (0088-2015).
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iv) Las reclamaciones de los aportes pensionales adeudados al sistema integral
de seguridad social derivados del contrato realidad, por su carácter de
imprescriptibles y prestaciones periódicas, también están exceptuadas de la
caducidad del medio de control (de acuerdo con el artículo 164, numeral 1, letra
c, del CPACA).
v) Tampoco resulta exigible el agotamiento de la conciliación extrajudicial como
requisito previo para demandar a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, dado que al estar involucrados en este tipo de
controversias (contrato realidad) derechos laborales irrenunciables (cotizaciones
que repercuten en el derecho a obtener una pensión), que a su vez comportan el
carácter de ciertos e indiscutibles, no son conciliables.
vi) El estudio de la prescripción en cada caso concreto será objeto de la
sentencia, una vez abordada y comprobada la existencia de la relación laboral,
pues el hecho de que esté concernido el derecho pensional de la persona
(exactamente los aportes al sistema de seguridad social en pensiones), que por
su naturaleza es imprescriptible, aquella no tiene la virtualidad de enervar la
acción ni la pretensión principal (la nulidad del acto administrativo que negó la
existencia del vínculo laboral).
vii) El juez contencioso-administrativo se debe pronunciar, aunque no se haya
deprecado de manera expresa, respecto de los aportes al sistema de seguridad
social en pensiones, una vez determinada la existencia del vínculo laboral entre
el demandante y la agencia estatal accionada, sin que ello implique la adopción
de una decisión extra petita, sino una consecuencia indispensable para lograr la
efectividad de los derechos del trabajador. […]». (Subrayado de la Subsección)
Conforme con lo previsto en la sentencia de unificación jurisprudencial citada,
en su aparte aquí transcrito, se tiene que:
• El término para exigir el reconocimiento de una relación laboral con el
Estado es de tres años, contados a partir de la terminación del vínculo
contractual, y que pasado dicho tiempo se extingue el derecho a solicitar
las prestaciones que se deriven de aquella.
• En aquellos casos donde existe interrupción entre los contratos de
prestación de servicios y en su ejecución, debe analizarse la prescripción
frente a cada uno de ellos, a partir de sus fechas de finalización.
Sobre el particular, la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016
indicó:
«[…] Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un
interregno determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de
interrupción, frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a
partir de sus fechas de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la
existencia del contrato realidad es precisamente la vocación de permanencia
en el servicio. Por consiguiente, le corresponderá al juez verificar si existió o no
la citada interrupción contractual, que será excluida de reconocimiento y
examinada en detalle en cada caso particular, en aras de proteger los derechos
de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades administrativas
al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios. […]».
(Subrayado de la Subsección)
Ahora, si bien es cierto que esta Sala ha sostenido en varias ocasiones,
particularmente en el año 2018, que cuando existen múltiples contratos u
órdenes de prestación de servicios, y entre uno y otro se presentan
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interrupciones de al menos un día, debe considerarse suficiente para
determinar la interrupción del vínculo contractual, de manera que a partir de la
finalización de cada uno de estos periodos debe iniciar la contabilización del
término de prescripción, lo anterior fue revaluado ante la disparidad de criterios
sobre el momento a partir del cual ha de contarse el fenómeno extintivo del
derecho.
En tal sentido, y de conformidad con la sentencia de unificación del 9 de
septiembre de 202134, esta Sección ha adoptado un nuevo enfoque que
considera menos lesivo para efectos de contabilizar dicho lapso, en tanto que
se ha dispuesto fijar un periodo de treinta (30) días hábiles como indicador
temporal de la no solución de continuidad entre contratos sucesivos de
prestación de servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa de
fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los
elementos de juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se
presentó o no la rotura del vínculo que se reputa laboral.
Lo anterior permite aclarar que, en caso de múltiples vinculaciones
contractuales en los que se presenten interrupciones, debe entenderse que,
para efectos de determinar la fecha a partir de la cual empieza a correr el
término prescriptivo, no habrá solución de continuidad cuando entre contrato
y contrato no transcurran más de 30 días hábiles (sin perjuicio de que el juez
contencioso pueda determinar un término superior en un caso específico).
En otras palabras, si entre uno y otro vínculo contractual no transcurren más
de 30 días hábiles de interrupción, el juez contencioso deberá determinar que
no existió solución de continuidad, de modo que no podrá tener como extremo
para contabilizar la prescripción la finalización del primer vínculo, en tanto, se
reitera, a la luz de la jurisprudencia se debe entender que no hubo una ruptura
del vínculo laboral y, por consiguiente, se debe contabilizar como una única
relación.
Ahora bien, para la Sala resulta pertinente exponer que, de establecerse la no
solución de continuidad, los efectos jurídicos de dicha declaración serán
solamente los de concluir que, a pesar de haberse presentado interrupciones
entre uno y otro contrato, no se configura la prescripción de los derechos que
pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. Razonamiento del cual debe
concluirse que del hecho de que no hubo solución de continuidad solo lleva
aparejado la no configuración de la prescripción extintiva frente a la
reclamación de reconocimiento de la relación laboral encubierta, y no puede
interpretarse como una obligación de la entidad pública de liquidar las
prestaciones a las cuales resulte condenada, sobre los tiempos en los que se
interrumpió la relación contractual.
Conforme a lo anotado, la Sala observa que en el presente caso no existió una
interrupción contractual superior a 30 días, entre los contratos suscritos, a
saber:
Del 16/03/05 al 30/06/05
Del 01/07/05 al 30/08/05
34
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Radicado: 05001-23-
33-000-2013-01143-01 (1317-2016). Bogotá, D. C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).
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22
Del 31/08/05 al 28/02/06
Del 01/03/06 al 30/11/06
Del 01/12/06 al 30/06/07
Del 29/06/07 al 31/12/07
Del 20/12/07 al 20/12/08
Del 01/01/08 al 31/12/08
Del 01/01/09 al 30/06/09
Del 01/07/09 al 29/08/09
Del 30/08/09 al 28/09/09
Del 30/09/06 al 27/11/09
Del 28/11/09 al 17/12/09
Del 18/12/09 al 31/03/10
Del 01/04/10 al 30/06/10
Del 01/07/10 al 31/07/10
Del 01/08/10 al 31/12/10
Del 28/12/10 al 31/03/11
Del 01/04/11 al 30/04/11
Del 01/05/11 al 31/05/11
Del 01/06/11 al 08/06/11
Como se ha indicado previamente, y vale la pena reiterar, la demanda
persigue, entre otros aspectos, el reconocimiento y pago de las acreencias
laborales por el periodo en que el señor Luis Carlos Herrera Calderón estuvo
vinculado, bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios con el
DAS, comprendido entre el 16 de marzo de 2005 y el 8 de junio de 2011.
Por su parte, el recurso de apelación incluyó dentro de sus peticiones la de
revisar la procedencia del fenómeno de prescripción extintiva del derecho, en
caso de no serle favorables las consideraciones del presente pronunciamiento.
Al respecto, y para precisos efectos de esta decisión, se tiene que la última
fecha en la que el demandante estuvo vinculado contractualmente con la
entidad demandada corresponde al 8 de junio de 2011.
De otro lado, se encuentra probado que la solicitud administrativa que
perseguía el reconocimiento y pago de las acreencias laborales fue radicada
ante el DAS el 7 de febrero de 201435 y que el escrito petitorio fue presentado
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo el 8 de julio de 201436.
En tal sentido, por tratarse de una vinculación ininterrumpida al servicio
público, el término para que opere la prescripción extintiva debe contarse a
partir de la finalización del periodo laborado, lo que quiere decir que, el plazo
para reclamar los derechos prestacionales derivados de la vinculación laboral
(que como se indicó, corresponde a un único lapso comprendido entre el 16
de marzo de 2005 y el 8 de junio de 2011), corrió hasta el 8 de junio de 2014;
luego, no se evidencia la prescripción de las prestaciones causadas, por virtud
de la relación laboral comprobada.
En conclusión y de conformidad con los razonamientos precedentes,
considera esta Subsección que en el presente asunto no se encuentra
configurado el fenómeno prescriptivo aludido por el UNP como entidad
sucesora del extinto DAS, en su recurso de apelación.
35
Folios 37 a 39, C1.
36
Folio 279, C1.
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23
Decisión de segunda instancia
Por las razones que anteceden se impone confirmar la sentencia impugnada
toda vez que no prosperan los argumentos de la apelación.
De la condena en costas
Esta Subsección en providencias del 7 de abril de 201637 sentó posición sobre
la condena en costas en vigencia del CPACA, en aquella oportunidad se
determinó el criterio objetivo-valorativo para la imposición de condena en
costas por lo siguiente:
a) El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo
valorativo» –CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye
la mala fe o temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según
sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos
más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la
complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887
de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado
por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP38, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.
Por tanto, y en ese hilo argumentativo, en el presente caso hay lugar a la
condena en costas de segunda instancia a cargo de la parte demandada, por
cuanto no solo presentó argumentos de defensa que no estaban llamados a
prosperar, sino que motivó la actuación de la parte demandante en etapa de
alegatos de conclusión.
37
Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Expedientes: 4492-2013, Actor: María del Rosario
Mendoza Parra y 1291-2014, Actor: José Francisco Guerrero Bardi.
38
«Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]»
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24
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia proferida el 28 de julio de 2017 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, que accedió a las súplicas de la demanda que en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
promovió el señor Luis Carlos Herrera Calderón contra el extinto
Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, entidad sucedida
procesalmente por el Departamento Nacional de protección, DNP.
Segundo: Condenar en costas a la parte demandada por lo brevemente
expuesto.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal
de origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma del
Consejo de Estado denominada «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la
sesión de la fecha.
Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
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