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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07743-00

Fecha
19 de febrero de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07743-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Denegar la solicitud de desvinculación propuesta por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE. 2. Denegar la solicitud de amparo presentada por Wilson Alirio Ramírez Díaz, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado 5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-07743-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

19 de febrero de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07743-00
Demandante: Wilson Alirio Ramírez Díaz

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., 19 de febrero de 2026

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07743-00
Demandante: WILSON ALIRIO RAMÍREZ DÍAZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Relación laboral encubierta. Defecto
fáctico, sustantivo, por desconocimiento del precedente y por
violación directa de la Constitución. Procedencia de la acción de
tutela. Deniega.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Wilson Alirio Ramírez Díaz contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 4 de diciembre de 2025, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de
apoderado, el señor Wilson Alirio Ramírez Díaz pidió la protección de sus derechos
fundamentales al trabajo, a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 27
de octubre de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, que revocó la decisión de primera instancia para, en su lugar,
denegar las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 11001-33-42-067-2022-00117-01.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

1. Amparar los derechos fundamentales del señor Wilson Alirio Ramírez Díaz al trabajo digno, a la
igualdad, al debido proceso y al acceso a la justicia.

2. Dejar sin efectos la Sentencia No. 199 del 27 de octubre de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho Rad. 11001-33-42-067-2022-00117-01.

3. Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictar una nueva sentencia, ajustada a la
jurisprudencia unificada y al principio de primacía de la realidad, confirmando el fallo de primera
instancia proferido por el Juzgado 67 Administrativo del Circuito de Bogotá.

4. Disponer las demás medidas de reparación integral necesarias para restablecer los derechos
conculcados.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07743-00
Demandante: Wilson Alirio Ramírez Díaz

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

3.1. Actuación administrativa

Manifestó el actor que suscribió contratos de prestación de servicios entre el 15 de marzo
de 2003 y el 31 de diciembre de 2014 con la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
Occidente ESE, para cumplir funciones de conductor de ambulancia y de auxiliar
operativo.

Que pidió a la mencionada entidad que le reconociera la existencia de una relación laboral
y le pagara todos los emolumentos y prestaciones sociales dejadas de percibir.

A través del oficio 1271 del 29 de diciembre de 2017, la Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur Occidente ESE denegó la solicitud relacionada en el párrafo anterior.

3.2. Actuación judicial

El señor Wilson Alirio Ramírez Díaz promovió demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, para que
se declarara la nulidad del oficio 1271 del 29 de diciembre de 2017. A título de
restablecimiento del derecho, pidió que se reconociera la existencia de una relación
laboral y se le pagaran todos los emolumentos y prestaciones sociales dejadas de
percibir. Adicionalmente, que se le pagara una indemnización por despido sin justa causa,
intereses moratorios y que se condenara en costas a la entidad demandada.

La demanda se adelantó bajo el radicado 11001-33-42-067-2022-00117-00 y
correspondió al Juzgado 67 Administrativo de Bogotá que, en audiencia del 31 de agosto
de 2023, dictó sentencia de primera instancia, en la que declaró la nulidad del oficio
demandado, la existencia de la relación laboral y que hubo solución de continuidad entre
los contratos ejecutados con anterioridad al 22 de julio de 2009.

Además, ordenó a la entidad demandada que: i) reconociera al demandante una
indemnización equivalente a la cuantía que había tenido que reconocer y pagar por
prestaciones sociales de carácter legal como cesantías, intereses a las cesantías, primas
de servicio, prima de vacaciones, prima de navidad y demás, las cuales debían ser
liquidadas conforme a los honorarios pactados por el período comprendido entre el 22 de
julio de 2009 al 31 de diciembre de 2014 y, ii) girara a favor de las entidades de previsión
a las que estaba afiliado el demandante la suma faltante por concepto de aportes en
pensión, en el porcentaje que como empleador debió realizar entre el 15 de marzo de
2003 y el 31 de diciembre de 2014.

Señaló que se había probado la prestación personal del servicio, la remuneración y la
subordinación, elementos necesarios para declarar la existencia de la relación laboral.
Respecto de la subordinación, dijo que el objeto contractual que cumplía el demandante
constituía una verdadera función misional de la entidad demandada, que no era de
carácter provisional o temporal. Que los documentos aportados y el testimonio recaudado
daban cuenta de que el señor Ramírez Díaz, en el cumplimiento de sus funciones, tenía
coordinadores o jefes a los cuales debía solicitar autorización para ausentarse y rendir
informe de sus actividades.

Inconformes, las partes apelaron, por un lado, el demandante manifestó que se debían
reconocer: i) los subsidios y beneficios de la caja de compensación familiar, ii) que la
liquidación de las prestaciones sociales debía realizarse con base en el salario
devengado por un trabajador de planta que cumpliera funciones similares, iii) el dinero
correspondiente al vestido de labor no suministrado, iv) la indemnización por el no pago
oportuno de las cesantías y, v) que se debían condenar en costas y agencias en derecho
a la entidad demandada.

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Demandante: Wilson Alirio Ramírez Díaz

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE adujo que se había
desconocido la legalidad y validez del acto demandado. Que con el demandante no
existió subordinación ni relación laboral, porque se trató de coordinación de actividades.
Que el cumplimiento de horarios y la recepción de instrucciones no constituían prueba de
una relación laboral, sino de la organización del servicio de salud. Que el actor actuaba
con autonomía, que nunca formuló reclamaciones en la ejecución de los contratos y que
los mismos fueron suscritos de manera libre y voluntaria.

Que se habían valorado inadecuadamente las pruebas testimoniales, al equiparar las
condiciones de los contratistas con las de los empleados de planta y que se habían
configurado las excepciones de caducidad y de prescripción, porque la demanda se había
presentado ocho años después de la desvinculación del actor.

Por sentencia del 27 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, revocó la decisión apelada, para, en su lugar, denegar
las pretensiones, al considerar que no se probó el elemento subordinación y que, por el
contrario, se acreditó que la ejecución de los contratos se dio en una dinámica de
coordinación administrativa, propia de los contratos de prestación de servicio.

Explicó que de las pruebas recaudadas no se advertían órdenes jerárquicas, controles
disciplinarios o dependencia funcional. Que no se acreditó que existieran empleados
vinculados mediante relación legal y reglamentaria que desempeñaran las mismas
funciones que el demandante.

Uno de los magistrados que integró la Sala de decisión salvó su voto, al estimar que de
las pruebas allegadas al expediente sí se desprendían indicios suficientes para deducir
la existencia de la relación laboral encubierta, por lo que, a su juicio, la sentencia de
primera instancia debió ser confirmada.

4. Fundamentos de la acción de tutela

La parte actora nada dijo sobre el cumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. En cuanto al fondo del
asunto, alegó que la decisión cuestionada incurrió en:

Defecto fáctico porque: i) se omitió valorar íntegramente las pruebas testimoniales y las
documentales, que daban cuenta de la existencia de la subordinación. Dijo que se ignoró
lo dicho por el testigo Edward Arney Quintero Cajamarca, quien, según el actor, acreditó
el cumplimiento de turnos, órdenes y que estaba sujeto a control jerárquico. Y ii) se
<<Desconoció la continuidad contractual y la naturaleza esencial de la labor, pese a estar
plenamente acreditadas>>.

Defecto sustantivo debido a que se aplicó de manera irrazonable el concepto de
coordinación operativa, con lo que se contrariaba lo dispuesto en la sentencia del 9 de
septiembre de 2021 SUJ-025-CE-S2-2021 proferida por el Consejo de Estado, que
reconocía que los turnos, horarios y la dirección efectiva eran indicios que determinaban
el vínculo laboral.

Desconocimiento del precedente <<judicial vinculante: Se omitió aplicar el precedente
obligatorio del Consejo de Estado sobre contratos de prestación de servicios encubiertos, lo que
constituye violación directa de la Constitución y del principio de igualdad ante la ley>>.

Violación directa de la Constitución porque la autoridad judicial demandada
desconoció el artículo 53 de la Constitución Política, que ordena dar primacía de la
realidad sobre las formas.

5. Trámite procesal

Por auto del 15 de diciembre de 2025, el Despacho sustanciador admitió la demanda y,
entre otras cosas, ordenó notificar, en calidad de demandados, a los magistrados del

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Demandante: Wilson Alirio Ramírez Díaz

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, y, como
terceros con interés, al juez 67 administrativo de Bogotá y a la gerente de la Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE.

En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 16 de diciembre
de 2025.

6. Intervenciones

El magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, ponente de la sentencia cuestionada, manifestó que la providencia del
27 de octubre de 2025 se adoptó en virtud del análisis normativo, jurisprudencial y
probatorio correspondiente. Que se acataron los principios de legalidad, el debido
proceso y se garantizó la tutela judicial efectiva. Que se emitió pronunciamiento sobre
cada uno de los argumentos de las partes, junto con la valoración probatoria
correspondiente.

Que en la sentencia acusada se valoraron las pruebas allegadas al proceso, de acuerdo
con las reglas de la sana crítica, la persuasión racional y los parámetros de la lógica y la
experiencia.

El Juzgado 67 Administrativo de Bogotá hizo un recuento de las decisiones proferidas
en el proceso ordinario, para señalar que ratificaba los argumentos expuestos en la
providencia que dictó el 31 de agosto de 2023 y que el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho se adelantó en garantía del debido proceso, con la debida
valoración probatoria y la normativa aplicable, sin que se hubieren transgredido las
garantías fundamentales reclamadas por el actor.

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE pidió que se declarara
la falta de legitimación en la causa por pasiva y que se le desvinculara del trámite
constitucional. Dijo que no profirió la decisión judicial objeto de tutela ni incurrió en
actuaciones u omisiones que puedan considerarse como vulneradoras de derechos
fundamentales.

II. CONSIDERACIONES

1. Legitimación en la causa por pasiva.

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1.º del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).

La Corte Constitucional1 ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede
de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la
acción de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del
derecho fundamental, cuando esta resulte demostrada.

En el presente asunto, la parte actora cuestiona la sentencia de segunda instancia del 27
de octubre de 2025 dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A.

Por su parte, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE pidió que se
declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva, al afirmar que no dictó la
providencia acusada y que no transgredió los derechos fundamentales de la parte actora.

1 Sentencia T- 1051 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Reiterada en la sentencia T-278 de 2018, M.P.

Gloria Stella Ortiz Delgado.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07743-00
Demandante: Wilson Alirio Ramírez Díaz

No obstante, la vinculación de esa entidad no fue como parte demandada, sino en calidad
de tercera con interés, debido a que fungió como parte demandada en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho 11001-33-42-067-2022-00117-00/01.

En consecuencia, no hay lugar a acceder a la solicitud de desvinculación.

2. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por Wilson
Alirio Ramírez Díaz para dejar sin efectos la sentencia del 27 de octubre de 2025, dictada
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que
revocó la decisión de primera instancia, para, en su lugar, denegar las pretensiones de
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-42-067-
2022-00117-01.

La Sala anticipa que denegará la solicitud de amparo, por cuanto el tribunal demandado
no incurrió en los defectos alegados por la parte actora.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la verificación de los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencia judicial y, (iii) el análisis del caso concreto.

3. De la acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales2 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos3 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

4. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial

La Sala comienza por verificar si la presente acción de tutela cumple los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

La relevancia constitucional del asunto está acreditada, toda vez que, la decisión de
primera y segunda instancia fue dictada en sentidos opuestos, no alude a una discusión
de orden legal o económico y cumple con la carga argumentativa de señalar que, si
existieran los errores que alega la parte actora, se estarían vulnerando sus derechos
fundamentales al trabajo, a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia.

La demanda de tutela también cumple el requisito de inmediatez porque, de acuerdo con
la verificación del expediente ordinario, la sentencia del 27 de octubre de 2025 fue
comunicada por correo electrónico del 4 de noviembre de 2025, de modo que fue
notificada el 6 de noviembre siguiente, y la demanda de tutela fue radicada el 4 de
diciembre de 2025, esto es, 28 días después, término que no supera los seis meses
fijados por la Sala plena de esta Corporación para presentar acciones de tutela.

La parte demandante agotó los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios dado
que promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y cuestiona
la sentencia de segunda instancia dictada en dicho proceso. Además, tampoco se

2 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
3 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.

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evidencia la viabilidad del recurso extraordinario de revisión contra la providencia
atacada, puesto que no parece que pueda encuadrarse en alguna de las causales de
procedibilidad previstas en el artículo 250 del CPACA. Así como tampoco la procedencia
del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, porque este solo procede
cuando la decisión cuestionada contrarié o se oponga a una sentencia de unificación.

Así mismo, advierte la Sala que la parte actora identificó de manera razonable los
hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, esto es,
expuso de manera clara que la vulneración de los derechos fundamentales invocados
proviene de advertir que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto fáctico,
sustantivo, por desconocimiento del precedente y por violación directa de la constitución
al proferir la sentencia del 27 de octubre de 2025.

Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, la parte actora cuestiona
una sentencia de segunda instancia de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.

5. Análisis del caso concreto

La parte actora alegó que la autoridad judicial demandada incurrió en los defectos
fácticos, sustantivo, por desconocimiento del precedente y por violación directa de la
Constitución, al no tener por acreditado el elemento subordinación para reconocer la
relación laboral encubierta.

La Sala precisa que estudiará los cargos de manera conjunta porque apuntan a demostrar
que se debió confirmar la decisión de primera instancia del proceso ordinario, que
reconoció la existencia de una relación laboral encubierta en contratos de prestación de
servicios, debido a que se habían acreditado la prestación personal del servicio, la
remuneración y la subordinación.

Para resolver tales cargos, la Sala estima necesario referirse a las pruebas aportadas al
expediente y al análisis realizado en la providencia acusada.

En la audiencia celebrada el 31 de agosto de 2023, el Juzgado 67 Administrativo de
Bogotá decretó como pruebas en favor de la parte actora las documentales aportadas
con la demanda, entre las que se encontraban:

• Petición del 11 de diciembre de 2017, en la que el actor pidió a la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur Occidente ESE que le reconociera la existencia de la relación
laboral y le pagara todos los emolumentos y prestaciones dejados de percibir.

• Oficio 1271 del 29 de diciembre de 2017, en el que la Subred Integrada de Servicios de
Salud Sur Occidente ESE denegó la petición relacionada en el párrafo anterior.

• Certificado del 29 de julio de 2016, expedido por la Unidad Funcional de Talento
Humano de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, sobre las
órdenes de servicios suscritas con el señor Ramírez Díaz.

Adicionalmente, se denegó que se librara unos oficios, porque ya obraban en el
expediente los antecedentes administrativos del demandante y se decretaron los
testimonios de los señores Oscar Javier Martínez, Néstor Oswaldo Soler Vargas y
Edward Arney Quintero Cajamarca.

En esa misma audiencia solo se recibió el testimonio de Edward Arney Quintero
Cajamarca, porque la apoderada del actor desistió de los otros testigos.

En esa ocasión, el señor Quintero Cajamarca señaló que laboró como auxiliar de
enfermería en ambulancia. Que estaba vinculado a través de contratos de prestación de
servicios. Que también adelantaba en un proceso judicial para que se le reconociera la

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07743-00
Demandante: Wilson Alirio Ramírez Díaz

existencia de una relación laboral encubierta en contratos de prestación de servicios. Que
trabajó con el señor Ramírez Díaz en las ambulancias y que cumplía horarios de 12
horas, con turnos establecidos, sin posibilidad de ausentarse o escoger el lugar de
ejecución de sus funciones. Que las actividades las reportaban por radio o teléfono. Que
cuando se dañaban las ambulancias, a los conductores se les asignaba otro vehículo y
que esa asignación dependía del jefe inmediato.

Ahora bien, en la sentencia del 27 de octubre de 2025, el tribunal demandado tuvo como
hechos probados los siguientes:

De acuerdo con las certificaciones expedidas por el Coordinador de Personal de la Cooperativa de
Trabajo Asociado Gestión y Calidad Eficiente, se registra la siguiente información:

Según Certificación del 19 de diciembre de 2017, expedida por la Directora de Contratación de la Subred
Integrada de Servicios de Salud del Sur Occidente E.S.E., se extrae lo siguiente:

Contrato Perfil Fecha de inicio de Fecha de terminación
ejecución de contrato
744 Conducto de ambulancia 22 de julio de 2009 30 de junio de 2010
1396 Conducto de ambulancia 01 de julio de 2010 31 de diciembre de 2010
134 Conducto de ambulancia 03 de enero de 2011 30 de junio de 2011
1091 Auxiliar operativo 01 de julio de 2011 31 de diciembre de 20131
66 Auxiliar operativo 02 de enero de 2012 31 de diciembre de 2012
93 Auxiliar operativo 02 de enero de 2013 31 de diciembre de 2013
87 Conducto de ambulancia 02 de enero de 2014 31 de diciembre de 2014

De los contratos se extraen las siguientes obligaciones específicas, entre otras.
Conductor de Ambulancia:
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El CONTRATISTA se obliga para con el HOSPITAL a realizar
las siguientes actividades: 1. Transporte de usuarios en el vehículo asignado. 2. Colaborar con el auxiliar
de enfermería en la seguridad de los pacientes 3. Reportar al Líder fallas mecánicas y/o técnicas. 4.
Informar oportunamente al Líder las novedades durante los traslados. 5. Recibir y entregar el turno en
las bases asignadas por la institución. 6. Garantizar la custodia de los elementos asignados para el
desempeño de su cargo 7. Diligenciar de manera clara, completa y oportuna, los instrumentos que le
sean encomendados para el ejercicio de su actividad. 8. Garantizar el cumplimiento de las medidas de
bioseguridad y política de seguridad del usuario. 9 Conocer y aplicar las normas de Bioseguridad, plan
de gestión ambiental y manual de higiene y seguridad industrial necesarias para la ejecución de las
actividades propias del cargo. 10, Garantizar el manejo óptimo y adecuado de los desechos, según la
normatividad vigente.11, Realizar el control interno sobre las funciones propias del cargo. 12. Las demás
actividades que le sean asignadas y sean afines con la naturaleza del objeto contratado. 13. Promover
la mejora continua de los diferentes procesos y la articulación de los mismos. 14. Aplicar y participar en
la actualización, formulación de las guías de atención, protocolos, procesos y procedimientos
formulados en la institución, 15. Utilizar de manera racional los recursos asignados a la prestación de
servicios. 16. Articular las actividades de salud pública en los procesos institucionales 17. Mostrar
valores y contribuir en su actitud diaria. además de las anteriores el contratista tendrá las siguientes: a)
Cumplir con las Leyes, Decretos, Acuerdos, Resoluciones, Reglamentos o cualquier acto de autoridad
Nacional o Distrital vigentes que tenga relación con la ejecución del objeto de la presente orden de
prestación de servicios, b) Velar y responder por los recursos y adecuado funcionamiento de los equipos
o bienes muebles del Hospital entregados para la ejecución de las actividades propias del objeto de la
presente orden de prestación de servicios, c) Pagar sus aportes de salud, pensión y riesgos
profesionales durante la ejecución de la presente orden de prestación de servicios sobre los montos
legales establecidos. d) Dar cumplimiento a las guías de manejo, planes de mejoramiento, procesos y
procedimientos institucionales, e) Responder por las Glosas Generadas en el desarrollo de las
obligaciones contenidas en la cláusula segunda de la presente orden de prestación de servicios. f)
Abstenerse de divulgar la información almacenada en algún medio o dispositivo de cualquier tipo que
pertenezca o utilice a la institución, sin el consentimiento de las directivas del mismo.

Auxiliar Operario:
SÉGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, EL CONTRATISTA se obliga para con el HOSPITAL a realizar
las siguientes actividades: Específicas. Realizar traslado de pacientes según indicaciones de referencia y contra
referencia con oportunidad, calidad y pertenencia. Generales. 1. Transporte de usuarios en el vehículo asignado.
2. Colaborar al auxiliar de enfermería en la seguridad de los pacientes. 3. Reportar al Líder fallas mecánicas y/o

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Demandante: Wilson Alirio Ramírez Díaz

técnicas. 4. Informar oportunamente al Líder las novedades durante los traslados, 5. Recibir y entregar el turno en
las bases asignadas por la Institución. 6. Garantizar la custodia de los elementos asignados para el desempeño de
su cargo 7. Diligenciar de manera clara, completa y oportuna, los instrumentos que le sean encomendados para el
ejercicio de su actividad. 8. Garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y política de seguridad del
usuario. 9. Conocer y aplicar las normas de Bioseguridad, plan de gestión ambiental y manual de higiene y
seguridad industrial necesarias para la ejecución de las actividades propias del cargo. 10. Garantizar el manejo
óptimo y adecuado de los desechos, según la normatividad vigente.11. Realizar el control interno sobre las
actividades propias del cargo. 12. Las demás actividades que le sean asignadas y sean afines con la naturaleza
del objeto contratado. 13. Promover la mejora continua de los diferentes procesos y la articulación de los mismos. 14. Aplicar y participar en la actualización, formulación de las guías de atención, protocolos. procesos y
procedimientos formulados en la institución. 15. Utilizar de manera racional los recursos asignados a la prestación
de servicios. 16. Articular las actividades de salud pública en los procesos institucionales. 17. Mostrar valores y
cultributos en su actitud diaria. 18.

Responder por los daños causados a los vehículos y por las infracciones de
tránsito que le impongan. de las anteriores y sin perjuicio de su autonomía deberá el contratista tendrá las
siguientes: i) Cumplir con las Leyes, Decretos, Acuerdos, Resoluciones, Circular de cualquier órgano externo o
Reglamento Interno, Código o Directriz Interna de la ESE que tenga relación con la ejecución del objeto de la
presente orden de prestación de servicios. ii) Velar y responder por los recursos y adecuado funcionamiento de los
equipos o bienes muebles del Hospital entregados para la ejecución de las actividades propias del objeto de la
presente orden de prestación de servicios. iil) Pagar sus aportes al Sistema General de Seguridad Social durante
la ejecución de la presente orden de prestación de servicios sobre los montos legales establecidos y dentro del
término establecido para ello. iv) Dar cumplimiento a las guías de manejo, planes de mejoramiento, procesos y
procedimientos institucionales. v) Responder por las glosas generadas en el desarrollo de las obligaciones
contenidas en la cláusula segunda de la presente orden de prestación de servicios, si a ello hubiere lugar. vi)
Abstenerse de divulgar la información almacenada en algún medio o dispositivo de cualquier tipo que pertenezca
en carácter reservado a la institución, sin el consentimiento de las directivas del mismo, vil) Realizar todas aquellas
actividades necesarias tendientes al cabal cumplimiento del objeto del negocio jurídico. viii) Obrar con lealtad y
buena fe en el desarrollo y ejecución del presente Contrato, de acuerdo al Código del Bueno Gobierno y Ética
Institucional, ix) Aplicar las políticas de Calidad de la Institución y participar activamente en el Proceso de
Certificación y Acreditación. x) Conocer, promover y aplicar las Normas de Gestión Ambiental y residuos
hospitalarios, manual de higiene y seguridad industrial, programa de salud ocupacional, planes de emergencia
Institucionales. xi) Formular y ejecutar las acciones preventivas y/o correctivas, y/o plan de mejoramiento a que
haya lugar de acuerdo a las evaluaciones y recomendaciones emitidas por los órganos extemos y directrices
internas. xii) Velar por el mantenimiento de la imagen institucional a través de las actuaciones individuales, xiii)
Preparar y presentar los informes, solicitudes, peticiones y/o respuestas, requeridas por las entidades públicas o
privadas; dentro de los términos de ley de tal manera que se garantice la veracidad de la misma, xiv) Preparar y
presentar los informes, solicitudes, peticiones y/o respuestas, requeridas por las entidades públicas o privadas;
dentro de los términos de ley de tal manera que se garantice la veracidad de la misma. xv) En caso de ser designado
interventor o supervisor de un contrato, realizar las gestiones necesarias tendientes al cabal cumplimiento técnico,
administrativo y financiero del negocio jurídico enmendado, respondiendo fiscal, disciplinaria y penalmente por el
manejo de los recursos y actividades que ello conlleve. xvi) EL (a) CONTRATISTA autoriza con la firma del presente
Contrato el descuento de los valores que se generen por glosas definitivas no subsanables aplicadas en contra de
la ESE y con ocasión del desarrollo de sus actividades. De los informes de ejecución contractual correspondientes al cargo de Conductor de Ambulancia, se
extrae el cumplimiento de las obligaciones desarrolladas, entre otros.

Asimismo, de los informes de ejecución contractual correspondientes al cargo de Auxiliar Operario, se
evidencia el cumplimiento de las obligaciones contractuales asignadas, entre otras funciones propias
de la prestación del servicio.

El 7 de diciembre de 2017, el demandante solicitó reconocimiento de relación laboral y,
consecuentemente, el pago de prestaciones sociales.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07743-00
Demandante: Wilson Alirio Ramírez Díaz

Mediante certificación expedida por la Unidad Funcional de Talento Humano de la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., se informó que el cargo denominado “Auxiliar Operativo” no
existe en la planta de personal de la entidad.

Con Oficio No. 1271 del 2 de enero de 2018, la entidad negó lo solicitado.
Mediante escrito presentado el 24 de enero de 2019, el demandante solicitó la expedición de un
certificado laboral en el que constara su vinculación a la Subred a través de cooperativas de trabajo
asociado, durante el periodo comprendido entre el 15 de marzo de 2003 y el 22 de julio de 2009.

A través de escrito radicado el 4 de febrero de 2019, el demandante presentó la adición y unificación
del derecho de petición formulado el 24 de enero del mismo año, mediante el cual solicitó que se
relacionaran todos los contratos de prestación de servicios suscritos con la autoridad demandada,
correspondientes al periodo comprendido entre el 15 de marzo de 2003 y el 31 de diciembre de 2014.

En audiencia de pruebas celebrada el 31 de agosto de 2023, se practicó testimonio con el fin de acreditar
la existencia de una relación laboral entre el demandante y la entidad, sustentada en el cumplimiento
de las actividades previstas en los contratos; cabe señalar que la parte demandante desistió de la
práctica de los testimonios de los señores Óscar Javier Martínez y Néstor Oswaldo Soler Vargas.

Del análisis del testimonio recaudado, en relación con el tiempo, modo y lugar en que el demandante
se desempeñó como Conductor de Ambulancia, se destaca lo siguiente:

Del testimonio del señor Edward Arney Quintero Cajamarca se desprende que laboró para la Subred
como auxiliar de enfermería en ambulancia, vinculado bajo la modalidad de contratos de prestación de
servicios; manifestó que, actualmente, adelanta un proceso judicial en el que reclama la existencia de
una relación laboral encubierta o subyacente. Señaló que trabajó junto al demandante en las
ambulancias y le consta que este cumplía un horario de 12 horas por 36, con turnos establecidos, sin
posibilidad de ausentarse ni de escoger el lugar de ejecución de sus labores, pues debía sujetarse al
cuadro de turnos, indicó, además, que cuando una ambulancia se encontraba en mantenimiento, los
conductores debían esperar la asignación de otro vehículo, lo cual dependía del jefe inmediato, y que
el cumplimiento de las actividades se reportaba mediante radio o teléfono celular.

Finalmente, refirió que, al ingresar a la Subred, se les realizaba una inducción sobre las especificaciones
del servicio, el funcionamiento del vehículo y los hospitales a los que debían dirigirse.

De acuerdo con lo anterior, la autoridad judicial demandada señaló que el testimonio
recaudado acreditaba que el actor prestó sus servicios a la entidad demandada, al
ejecutar actividades de carácter asistencial, relacionadas con la conducción de
ambulancias, durante todo el tiempo en que estuvieron vigentes los contratos.

Que le otorgaba plena credibilidad a esa prueba testimonial, porque el declarante carecía
de interés directo en lo resuelto en el proceso. Que, si bien se resaltaba que el
demandante había desarrollado actividades de conducción, también concurrían otros
elementos fácticos relevantes para determinar la existencia de la relación laboral
subordinada, tales como la existencia de un lugar específico de trabajo, un horario
determinado y la presencia de órdenes directas o control efectivo sobre actividades
ejecutadas.

Que, en consecuencia, verificaría cada uno de los elementos a efectos de determinar si
se había configurado o no la relación laboral reclamada.

Sobre la prestación personal del servicio, dijo que se encontraba probado que los
contratos estaban sujetos a la ejecución personal por parte del demandante. Sobre la
remuneración, manifestó que los medios de convicción probaban los honorarios pactados
en contraprestación por los servicios prestados por el señor Ramírez Díaz en la entidad
demandada.

Con relación a la subordinación, mencionó que se requería que la labor fuera ejecutada
de manera continua y sujeta a directrices, órdenes e instrucciones señaladas por la
entidad demandada durante el desarrollo de los contratos. Que debía existir una sujeción
o dependencia constante de quien prestaba el servicio respecto de su contratante.

Citó la sentencia del 27 de enero de 2022, dictada por el Consejo de Estado en el
expediente 08001-23-31-000-2014-00666-01, para precisar que la subordinación se
entendía como la facultad que tenía el empleador de impartir órdenes al trabajador y

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Demandante: Wilson Alirio Ramírez Díaz

exigir su cumplimiento, con el objeto de dirigir su actividad laboral, por lo que, según dijo,
era procedente imponer reglamentos y lineamientos de trabajo a los que debían
someterse para lograr el cometido misional para el cual fue contratado.

Dijo que para acreditar la existencia de la relación laboral encubierta era necesario
demostrar que el contratista desarrolló el objeto contractual en las mismas condiciones
que cualquier servidor público de la entidad contratante y que esas actividades eran
indispensables y hacían parte del objeto misional de la entidad.

Que no se había acreditado de manera suficiente ni concluyente que las actividades
desarrolladas por el actor para la entidad demandada, aunque misionales o propias del
giro ordinario, hubiesen sido ejecutadas bajo condiciones características de una relación
laboral subordinada.

Que de los objetos contractuales y de las certificaciones expedidas se desprendía que el
demandante había sido vinculado para ejecutar actividades de carácter asistencial,
dentro de las cuales se destacaba la de conducción de ambulancias, la verificación de su
adecuado funcionamiento y la colaboración en la atención de pacientes, junto con otras
tareas conexas, que si bien contribuían al funcionamiento institucional, se desarrollaban
en el marco de contratos de prestación de servicios que no generaban relación laboral.

Que de las pruebas incorporadas al expediente no se evidenciaba con certeza las
condiciones reales bajo las cuales se ejecutaron las labores, con el fin de determinar si
se configuraron los elementos propios de una relación subordinada y dependiente. Que
las pruebas no permitían demostrar la existencia de la subordinación laboral y que, por
el contrario, se desprendía una dinámica de coordinación administrativa, propia de la
contratación por prestación de servicios.

Que le correspondía al demandante desvirtuar la presunción de legalidad del acto
acusado y acreditar la subordinación, pero que esa carga no había sido satisfecha. Que
en el expediente se encontraba probado el cumplimiento de las obligaciones
contractuales pactadas, sin que de ello se desprenda la existencia de órdenes
jerárquicas, controles disciplinarios o dependencia funcional.

Señaló que el testimonio recaudado carecía de eficacia probatoria para acreditar la
subordinación, porque el testigo desempeñaba un cargo distinto y había manifestado que
no tenía conocimiento directo de los hechos. Que, además, no ratificó la existencia de
llamados de atención, memorandos, sanciones, felicitaciones o de cualquiera otra
manifestación de control jerárquico, elementos que, según dijo, eran indicativos de
subordinación laboral.

Que tampoco se habían aportado otros testimonios que corroboraran lo dicho por la parte
actora o que permitieran inferir la existencia de dependencia o sometimiento del actor a
la entidad demandada.

Que el cumplimiento de horarios y turnos era una medida de coordinación operativa
necesaria para garantizar la adecuada prestación del servicio de ambulancia y la atención
oportuna de los pacientes, que no configuraba una expresión de subordinación. Que el
programa de turnos respondía a razones lógicas y técnicas del servicio y no a un régimen
de control jerárquico.

Que no se había demostrado que el demandante estuviera sometido a un régimen
disciplinario ni a control permanente de sus actividades, ni que existieran empleados
vinculados mediante relación legal y reglamentaria que desempeñaran las mismas
funciones que el contratista, lo que impedía establecer equivalencias sustanciales entre
las condiciones de uno y otro.

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Demandante: Wilson Alirio Ramírez Díaz

Que la jurisprudencia había señalado que los contratos de prestación de servicios no
debían prolongarse indefinidamente y que su finalidad era suplir funciones que no podían
ser ejecutadas por personal de planta o que requirieran conocimientos especializados.

Que la entidad demandada había explicado que no contaba con conductores de
ambulancias vinculados como trabajadores oficiales ni empleados de planta, lo que
justificaba la contratación por prestación de servicio para atender esa necesidad
institucional.

Que la utilización de contratos de prestación de servicios se encontraba justificada, no
solo por la ausencia de personal de planta para ese cargo, sino también por la naturaleza
técnica de las labores contratadas.

En consecuencia, concluyó que del análisis integral de las pruebas no se desprendía la
existencia de subordinación ni la dependencia funcional del actor frente a la entidad
demandada y que, por lo anterior, no se habían acreditado los elementos estructurales
propios de una relación laboral encubierta.

A partir de lo anterior, para la Sala, la autoridad judicial demandada no incurrió en los
defectos alegados por la parte actora, por cuanto, la sentencia acusada no se enmarca
en una indebida valoración probatoria, puesto que no se separó de los hechos
debidamente probados en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, ni se
trata de una decisión que vaya en contravía de la evidencia probatoria. Por el contrario,
la decisión se fundamentó en las pruebas solicitadas, decretadas e incorporadas por
solicitud del propio demandante.

La autoridad judicial demandada tuvo en cuenta que no se acreditó que las funciones que
cumplía el actor se daban bajo condiciones de subordinación, pues no se habían probado
las condiciones reales en las que se ejecutaron las labores desarrolladas por el actor.

Que, por el contrario, los medios de prueba daban cuenta de una dinámica de
coordinación administrativa. Que ello no implicaba la existencia de una relación
jerárquica, de la que se desprendieran controles disciplinarios o dependencia funcional.
Además, señaló que el testimonio recaudado no tenía eficacia probatoria para acreditar
el elemento subordinación, debido a que había manifestado que no tenía conocimiento
directo de los hechos. Que, adicionalmente, no había ratificado la existencia de
actividades de las que se pudiera desprender un control jerárquico y que no se demostró
que en la entidad existieran empleados de planta que cumplieran las mismas funciones.

En este punto se debe señalar que la carga de la prueba es <<una noción procesal que
consiste en una regla de juicio, que le indica a las partes la autorresponsabilidad que tienen para
que los hechos que sirven de sustento a las normas jurídicas cuya aplicación reclaman aparezcan
demostrados y que, además, le indica al juez cómo debe fallar cuando no aparezcan probados
tales hechos>>4.

Es decir, las partes en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, desde la
presentación de la demanda y la contestación, ya son conscientes del ejercicio probatorio
que deben desplegar con el objeto de que se apliquen los supuestos normativos que
invocan y así obtener una decisión favorable a sus intereses. En la misma medida
asumen las consecuencias negativas de no probar los supuestos normativos que
consagran el efecto jurídico que persiguen, puesto que el debate probatorio que
proporciona las partes es el que finalmente permite al funcionario judicial tomar la
decisión que en derecho corresponda.

Por esa misma razón, era deber de la autoridad judicial exigir al demandante que
acreditara que cumplía sus funciones contractuales bajo subordinación. Máxime si se

4 PARRA QUIJANO, Jairo. Manual de derecho probatorio. Bogotá: Librería Ediciones del Profesional. 2007.,

pág. 249.

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Demandante: Wilson Alirio Ramírez Díaz

tiene en cuenta que esa circunstancia definía si existió o no una relación laboral
encubierta.

En realidad, la Sala encuentra que la decisión objeto de tutela obedece al análisis propio
del conjunto de pruebas practicadas en el proceso ordinario, que permitieron concluir que
la parte demandante no demostró el elemento subordinación para que fuera declarada la
relación laboral. Además, no se advierte que la decisión cuestionada contenga errores
sustanciales y que estos provengan directamente de deficiencias en la valoración
probatoria, a tal punto que no corresponda con la sana crítica o que no atienda a criterios
de objetividad, racionalidad, legalidad y motivación. Por el contrario, se observa un
análisis integral del material probatorio, que no resulta contraevidente y que permitió
arribar a la conclusión razonable de que la parte actora no acreditó los elementos
necesarios para la configuración de la relación laboral encubierta.

En este punto, conviene resaltar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
determinado que la acción de tutela contra decisiones judiciales se concibe como un juicio
de validez, mas no de corrección5, y que, por lo tanto, este mecanismo no puede utilizarse
como una instancia para discutir asuntos de índole probatoria que dieron origen a los
procesos ordinarios.

Ahora, con relación a la sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021 SUJ-025-
CE-S2-2021 proferida por el Consejo de Estado, la Sala debe precisar que se trata de
supuestos fácticos distintos, puesto que, en esa providencia, se estudió el caso de una
abogada que suscribió contratos de prestación de servicio con la Personería de Medellín
y al Instituto Tecnológico Metropolitano. En esa ocasión se declaró la existencia de la
relación laboral, debido a que se acreditó la prestación personal del servicio, la
remuneración y la subordinación, elementos necesarios para declarar la existencia de la
relación laboral.

Además, se fijaron las siguientes tres reglas de unificación, a saber:

(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable», al que alude el
numeral 3.º del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los estudios previos y en el objeto
del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de planeación, tiene que estar justificado en la
necesidad de la prestación del servicio a favor de la Administración, de forma esencialmente temporal
y, de ninguna manera, con ánimo de permanencia.

(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la finalización de un contrato
y la ejecución del siguiente, como término de la no solución de continuidad, el cual, en los casos que se
exceda, podrá flexibilizarse en atención a las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas
dentro del expediente.

(iii) La tercera regla determina que, frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad Social en salud
por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los valores que el contratista hubiese
asumido de más, en tanto se recaudaron como recursos de naturaleza parafiscal.

Respecto al cargo por desconocimiento del precedente, la Sala debe señalar que resulta
imposible verificar la configuración de ese defecto por la no identificación de las
providencias presuntamente desconocidas. Tampoco se observa la transgresión del
artículo 53 de la Constitución Política, por cuanto, como se vio, no había lugar a dar
primacía a la realidad sobre las formas, debido a que el actor no cumplió con la carga
procesal de acreditar la configuración de la subordinación en la ejecución de los contratos
de prestación de servicio que suscribió con la Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente ESE.

En consecuencia, las anteriores razones son suficientes para denegar la solicitud de
amparo, por cuanto la autoridad judicial demandada no incurrió en los defectos alegados
por la parte actora.

5 Ver, entre otras, las sentencias T.344 de 2015, SU-425 de 2016, y T-022 de 2019.

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Demandante: Wilson Alirio Ramírez Díaz

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

1. Denegar la solicitud de desvinculación propuesta por la Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur Occidente ESE.

2. Denegar la solicitud de amparo presentada por Wilson Alirio Ramírez Díaz, conforme
a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado

5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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