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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00980-01

Fecha
16 de junio de 2025
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00980-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 27 de marzo de 2025 proferida por el Consejo de Estado – Sección Primera, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión. 9 Radicación: 11001-03-15-000-2025-00980-01 Accionante: Eduin Barraza Zambrano Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otros Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-00980-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

16 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00980-01
Accionante: Eduin Barraza Zambrano
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otros
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – CONFIRMA /
Improcedencia – Falta de subsidiariedad y relevancia constitucional.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora, contra la
sentencia proferida el 27 de marzo de 2025, por el Consejo de Estado – Sección
Primera, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.
El 20 de febrero de 2025, el señor Eduin Barraza Zambrano1, a través de
apoderado judicial, instauró acción de tutela2 contra el Nación - Ministerio de
Defensa - Policía Nacional, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Santa
Marta y el Tribunal Administrativo del Magdalena, con la pretensión de que se
dejaran sin efectos las sentencias de 26 de agosto de 2022 y 5 de junio de 20243,
proferidas dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho4
que promovió contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional; así como
con la Resolución 04555 de 11 de octubre de 2019, y los fallos de primera y segunda
instancia proferidos el 28 de septiembre de 2018 y 30 de julio de 2019 dentro del
proceso disciplinario5 adelantado en su contra.

2.
Informó que por hechos acaecidos el 17 de junio de 2017, en Santa Marta,
relacionados con la pérdida de dinero a unos extranjeros después de realizarles una
requisa, se le inició investigación disciplinaria, la cual fue conocida en primera
instancia por la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana
de Santa Marta que mediante fallo de 28 de septiembre de 2018 le impuso el

1 Si bien se admitió la demanda también en nombre de Kevin Cantillo, se advierte que el escrito de tutela
únicamente va dirigido a proteger los derechos del señor Eduin Barraza.
2 Invocó sus derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, defensa, mínimo vital e igualdad, así como los

principios de seguridad jurídica, legalidad e “in dubio pro reo”.
3 Notificada el 14 de agosto de 2024.
4 identificado con el número único de radicación 47001-33-33-007-2020-00127-01.
5 Radicado MESAN-2017-115.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00980-01
Accionante: Eduin Barraza Zambrano
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

correctivo disciplinario de destitución e inhabilidad general para ejercer cargos
públicos por 13 años, decisión confirmada en providencia de 30 de junio de 2019 de
la Inspección Delegada Región Ocho. Por ende, mediante Resolución 04555 de 11
de octubre de 2019 fue retirado del servicio.

3.Contra las anteriores decisiones promovió demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Policía Nacional, con el fin de que se dejaran sin efectos y, en
su lugar, se ordenara su reintegro a la institución, así como el pago de los perjuicios
económicos y morales causados.

4. El Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Santa Marta, mediante
sentencia de 26 de agosto de 2022 negó las pretensiones de la demanda. Sostuvo
que la parte demandante desde el momento en que le fue notificado el auto por
medio del cual se ordenó vincularlo a la indagación preliminar tuvo conocimiento de
la queja y la ampliación de la misma, así como de los testimonios rendidos por las
personas que estuvieron presentes al momento de la ocurrencia de los hechos, y
pudo controvertir dichas declaraciones con los medios probatorios de su elección,
pero fue él quien no aportó ni solicitó prueba alguna dentro del trámite cuestionado.
Estimó que, contrario a lo alegado, lo declarado por cada uno de los testigos fue
conciso, congruente y sin contradicción entre las versiones entregadas, lo que
permitió concluir que los Policías señalados estaban inmersos en las situaciones por
las cuales fueron disciplinados.

5. El Tribunal Administrativo del Magdalena, en sentencia de 5 de junio de 2024
confirmó la decisión de primera instancia. Consideró que una vez revisado el
expediente se advertía que la Policía Nacional realizó un examen amplio y completo
de las pruebas recaudadas, pues en los fallos dictados se argumentaron
ampliamente los motivos por los cuales se le dio validez y credibilidad a las pruebas
tanto testimoniales como documentales y por qué respecto de otras se restó
veracidad.

6. Frente al desacuerdo por las incongruencias en los testimonios, adujo que si bien
en las declaraciones rendidas por los señores Leonardo Toussaint Orjuela, Marvin
Daniel Duarte y Goesan Liquet de los Santos, se advertían imprecisiones, eso no le
restaba importancia al asunto objeto de análisis, ya que no mostraban un margen
de confusión o ambigüedad. Adicionó que no solo los testimonios ubicaban a los
demandantes en el espacio de tiempo y lugar de ocurrencia de los hechos, sino
también la minuta allegada por el comandante del CAI del Barrio San Jorge, su
respectivo informe y posterior ampliación, así como la misma declaración de parte.

7.La parte actora indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en los siguientes
yerros:

8.
Defecto fáctico, al dar por ciertas las declaraciones del señor Marvin Daniel
Duarte, sin comprobar si sus relatos eran verdaderos, omitiendo las contradicciones
puestas de presente, así como las pruebas allegadas a favor de los demandantes.
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Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

Manifestó que los testimonios tenían serias inconsistencias e incongruencias entre
sí, que fueron desatendidas. Manifestó que los testimonios tenían serias
inconsistencias e incongruencias, tales como:

(i) Marvin Daniel Duarte y Goesan Liquet, en sus declaraciones no concuerdan en
cómo los policías realizaron el registro a los extranjeros; pues el primero afirmó que
cada uno de los policías requisó personalmente a cada extranjero, pero el segundo
indicó que un Policía se quedó con él y el otro realizó el registro.

(ii) Marvin mintió al testificar que salieron del CAI por la calle 16 hasta Almacafé,
porque el Intendente Cárdenas en su declaración afirmó que salieron por la carrera
11, desconociendo hacía donde se dirigieron.

(iii) Los señores Leonardo Toussaint Orejuela y Marvin Duarte, en sus declaraciones
se contradicen, ya que no concuerdan en como participó el señor Marvin en el
procedimiento de registro a los extranjeros; pues Leonardo dijo que Marvin fue
requerido junto con los extranjeros para una requisa y, este último sostuvo que
observó el registro desde un vehículo distinto que cruzaba al lado del taxi donde se
transportaban los extranjeros.

(iv) Leonardo y Marvin en sus declaraciones generan duda razonable de qué hicieron
los extranjeros cuando se dieron cuenta de la pérdida del dinero; ya que el primero
expuso que los extranjeros revisaron dentro del taxi y posteriormente ingresaron a la
empresa de buceo buscando el dinero perdido y, el segundo sostuvo que los
extranjeros inmediatamente se bajaron del taxi manifestaron que los policías le
quitaron dinero.

(v) El Intendente Cárdenas en su declaración probó que Marvin Duarte testificó
hechos falsos, ya que fue mentira que aquel le preguntara a uno de los investigados
sobre cómo solucionaron el tema de la pérdida del dinero; pues el intendente fue
contundente en afirmar que ni los quejosos ni los patrulleros se acercaron a él.

9. Agregó que no se decretó como prueba solicitar los videos de las cámaras de
seguridad del establecimiento Almacafé, las cuales eran pertinentes y conducentes
para revelar la verdad sobre la presunta reunión para la entrega de dinero realizada
en sus inmediaciones. Sumado al hecho que tampoco se llamó a rendir testimonio al
jefe de información que estaba en el CAI el día de los hechos. Lo anterior demuestra
que no se tenía por parte de las accionadas la intención de establecer la verdad de
lo ocurrido.

10. Defecto sustantivo, al vulnerar el derecho de presunción de inocencia, pues

invirtieron la carga probatoria a los investigados, lo cual contradice lo dispuesto por
la Corte Constitucional en la sentencia C-495 de 2019. Sostuvo que para la
accionada la participación en un procedimiento de registro a extranjeros era
suficiente prueba para declarar la responsabilidad por la conducta de apropiarse de
dinero ajeno, lo que vulneró los derechos fundamentales invocados, máxime cuando

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Accionante: Eduin Barraza Zambrano
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

existían dudas sobre la ocurrencia de los sucesos (reiteró de forma resumida las
inconsistencias de los testimonios).

11. Decisión sin motivación, en la medida en que si bien es cierto se logró probar la

participación de los actores en el procedimiento de registro, no se consiguió
demostrar quien se apropió del dinero que supuestamente se extravió, tampoco si
en efecto existió una reunión como dijeron los testigos, lo que dejaba en evidencia
que existieron relatos que se contradicen y generan dudas de credibilidad.

12. Adicionó que la autoridad disciplinaria se conformó con practicar los testimonios

de 4 personas que no probaban que los Policías se apropiaron de dinero ajeno en el
procedimiento de requisa a los extranjeros, los cuales se contradicen (reiteró de
forma resumida las inconsistencias de los testimonios). Afirmó que alguno de los dos
testigos dio falso testimonio, pero la autoridad disciplinaria sólo tomó de cada
declaración lo que le servía para destituir a los funcionarios, y los jueces convalidaron
esa violación del derecho fundamental a la presunción de inocencia.

13.
Desconocimiento del precedente jurisprudencial, al presumir la
responsabilidad de los investigados con ocasión a que participaron en el
procedimiento de registro, pese a que se presentaron testimonios incongruentes y
falsos. Citó la sentencia C-495 de 2019 de la Corte Constitucional y el fallo radicado
2016-03623 (sin más información) emitido por el Consejo de Estado, relacionadas
con la presunción de inocencia.

14. Violación directa de la Constitución, toda vez que las decisiones afectaron sus

derechos fundamentales al actuar al margen de lo dispuesto por la jurisprudencia
sobre el asunto.

B. Sentencia de primera instancia

15.
En fallo de 27 de marzo de 2025, la Sección Primera del Consejo de Estado
declaró improcedente la solicitud de amparo, al estimar que el asunto no superaba
el requisito general de relevancia constitucional; pues observó que la controversia
que proponía la parte actora implicaba la reapertura de un asunto que ya fue resuelto
en sede ordinaria, por lo que pretendía constituir una instancia adicional.

En cuanto a las pretensiones dirigidas al Ministerio de Defensa Nacional – Policía
16.

Nacional, la Sala indicó que se relevaría de su análisis, comoquiera que frente a
estas ya se pronunció el juez natural de la causa, pues las decisiones proferidas
dentro del proceso disciplinario fueron, precisamente, objeto de debate dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho origen de la presente
controversia.

C. La impugnación
17.
La parte accionante cual indicó que al presente asunto se le dio poca importancia,
por cuanto no se allegó el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del

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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

derecho, pero aún así el juez constitucional falló sin poder analizar los hechos
denunciados, y solo le bastó con creer lo que el Tribunal Administrativo le informó.
18.
Expresó que el juez constitucional también omitió e ignoró los acontecimientos
falsos contenidos en las pruebas testimoniales, y que las decisiones acusadas
estaban cimentadas en aquellos.

19.
Reiteró que existió falsa motivación, toda vez que la afirmación de que el señor
Barraza realizó el registro al bolso de los extranjeros era totalmente falsa y se
demostró con la misma prueba testimonial utilizada para sancionarlo, como es la
declaración del taxista Goesan Liquet, quien afirmó que sólo uno de los policías fue
quien requisó. La Policía Nacional en su investigación disciplinaria omitió e ignoró
las situaciones espurias contenidas en las declaraciones de Marvin Daniel Duarte,
Goesan Liquet y Leonardo Toussaint Orejuela.

20.
Expuso que la supuesta reunión en Almacafé no existió, y que aquella se pudo
comprobar con los videos de las cámaras de vigilancia de ese lugar y llamando como
testigo a los supuestos policías de la segunda patrulla que llegaron al lugar, así como
al jefe de información del CAI que estaba el día de los sucesos.

21.
Afirmó que la investigación disciplinaria se inició por un “chisme”, máxime si se
tiene en cuenta que los testimonios se contradicen, pero para las accionadas aquello
no es relevante. De nuevo explicó cuáles son las afirmaciones carentes de verdad
contenidas en los testimonios recaudados.
22.
Sostuvo que el juez constitucional no realizó un análisis completo de lo
denunciado y las pruebas adjuntas en la tutela, incurriendo con ello en una indebida
interpretación del requisito de relevancia constitucional.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

D. Cuestión previa

23.
En el presente caso, la Sala aclara que el estudio se centrará en los derechos
fundamentales del señor Eduin Barraza Zambrano y no en los de Kevin Enrique
Cantillo Sarmiento; lo anterior, en la medida en que, si bien la presente acción se
admitió respecto de los dos, por el poder otorgado al abogado Hainer Cantero Osorio,
lo cierto es que de la lectura del escrito de tutela e impugnación se visualiza que el
mencionado profesional del derecho dirige la acción únicamente en busca de la
protección de los derechos del señor Barraza Zambrano; al punto que él mismo
informa que el señor Kevin Cantillo presentó otra acción constitucional la cual está
siendo tramitada por esta misma Corporación.
24.
Ahora, si bien esa otra persona no fue vinculada, no se advierte algún tipo de
irregularidad que invalide lo actuado hasta el momento, debido a que el abogado
Cantero Osorio también es el apoderado judicial del señor Kevin Cantillo en la otra

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00980-01
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acción de tutela que promovió bajo los mismos supuestos que ésta6. Por lo que
claramente éste último tiene pleno conocimiento de la presente acción y de las
decisiones adoptadas hasta la fecha, máxime cuando aquí se tuvo como parte actora
desde la admisión, a pesar de que el apoderado judicial no dirigió la tutela en busca
de la protección de sus derechos.

25.
En este punto, es indispensable hacerle un llamado de atención al profesional
Hainer Cantero Osorio, debido a que presentó 2 tutelas similares, bajo los mismos
supuestos de hecho y de derecho, pero con diferente accionante, con apenas 4 días
de diferencia, guardando silencio absoluto al respecto. Pues su actuar no solo genera
mayor congestión judicial, sino que también hace intuir la intención de obtener dos
pronunciamientos respecto a la misma decisión judicial.

E. Competencia

26.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19917.

F. Análisis del caso concreto

27. La revisión de los planteamientos aducidos tanto en la demanda como en la
impugnación, así como de las pruebas allegadas al plenario y de la decisión
cuestionada8, lleva a la Sala a anticipar que confirmará la decisión de primera
instancia, porque no se acreditan los presupuestos generales de relevancia
constitucional y subsidiariedad.

28.
Frente a los fallos disciplinarios emitidos el 28 de septiembre de 2018 y 30 de julio
de 2019, así como la Resolución 04555 de 11 de octubre de 2019, no se cumple el
señalado presupuesto de subsidiariedad, en la medida en que contra aquellas era
procedente el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, mismo
que la parte actora ejerció, y por el cual se profirieron las sentencias originan la
presente controversia.

29. Ahora bien, en este punto, es indispensable resaltar que a pesar de que la parte

actora esgrimió la configuración de 5 defectos, para esta Sala de Subsección es claro
que todos se subsumen en un mismo reproche, que no es otro que el indebido
estudio de los testimonios rendidos por los señores Marvin Daniel Duarte, Goesan
Liquet y Leonardo Toussaint Orejuela. Así como la supuesta omisión en decretar tres
pruebas que servían para esclarecer la verdad. Por ende, el estudio se centrará en
esos aspectos.

6 Proceso adelantado en esta Corporación bajo el radicado 11001-03-15-000-2025-01027-00/01.
7 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
8 Únicamente se analizará el fallo del Tribunal Administrativo del Magdalena, al ser el que cerró la litis de forma

definitiva.
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30.
La actora manifestó que los testimonios tenían serias inconsistencias e
incongruencias, las cuales no fueron estudiadas por las autoridades judiciales. No
obstante, al hacer una revisión del expediente digital allegado en préstamo 9, se
visualiza que de los reparos que se esgrimieron en contra de los señalados
testimonios sólo 2 fueron puestos en conocimiento de los jueces de la causa, los
cuales como se explicará más adelante no cumplen con el requisito de relevancia
constitucional.

31. Así, se tiene que específicamente, los reparos de los numerales ii, iii y v, incluidos

al explicar el defecto fáctico, no fueron planteados en el proceso ordinario, por lo que
los jueces naturales no tuvieron la oportunidad de pronunciarse sobre ellos, y evaluar
si los mismos eran importantes para la solución del caso.

32.
Del mismo modo, las pruebas que supuestamente no fueron decretadas tampoco
se solicitaron en aquellas diligencias, a saber los videos de las cámaras de vigilancia
de Almacafé y los testimonios de los policías Deluke Páez, Rivas Zambrano y Chica
Giraldo. Son planteamientos nuevos que, al igual que como se expuso en el párrafo
anterior, únicamente se esgrimieron en esta acción constitucional. Es decir, ni en el
asunto disciplinario ni el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
aquello fue exteriorizado por el señor Eduin Barraza Zambrano y su apoderado
judicial.

33.
De este modo, se observa que el señor Barraza Zambrano pretende utilizar este
mecanismo constitucional como un reemplazo de las vías ordinarias, al haber omitido
utilizar aquellas. En tal sentido, resulta importante destacar que la solicitud de
amparo no puede convertirse en un mecanismo alternativo para resolver los
problemas jurídicos o controversias que, por naturaleza, deben debatirse al interior
de los procesos judiciales.
34.
La parte accionante tampoco acreditó la configuración de un perjuicio
irremediable que habilite al juez constitucional a intervenir en asuntos que no son de
su competencia, pues, no hizo manifestación alguna al respecto y, esta Sala
tampoco observa perjuicio alguno.

35. Ahora, en relación con los reparos referentes a que se presentan inconsistencias

entre las declaraciones de Marvin Daniel Duarte y Goesan Liquet relativas a cómo
los policías realizaron el registro a los extranjeros y; que Leonardo y Marvin Toussaint
en sus declaraciones generan duda de qué hicieron los extranjeros cuando se dieron
cuenta de la pérdida del dinero. Esta Sala vislumbra una falta de relevancia
constitucional, pues el actor pretende crear una tercera instancia al proceso ordinario
de nulidad y restablecimiento del derecho.

36. Lo anterior, en la medida en que pretende reabrir y continuar con el debate surtido

al interior del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho, relativo a

9 Contrario a lo afirmado por el actor en su impugnación, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Santa

Marta sí allegó el expediente digital del proceso, lo cual se visualiza en el aplicativo SAMAI, índice 8.
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la valoración probatoria, para que su postura se imponga sobre la del juez natural
de la causa, por no estar de acuerdo con la decisión adversa a sus intereses.

37. Ese aspecto fue estudiado en forma razonable por el Tribunal Administrativo del

Magdalena en el fallo de 5 de junio de 2024; pues aquel explicó que frente a las
inconsistencias de los testimonios, aunque se advertían imprecisiones estas no le
restaban importancia al asunto objeto de análisis, el cual radicaba en la comisión de
las conductas que se les atribuyó a los patrulleros, pues aquellas no tenían la entidad
suficiente para colocar en tela de juicio la ocurrencia de los hechos, por cuanto no
mostraban margen de confusión o ambigüedad, pero sí permitían establecer la
pérdida de un dinero del que se percataron sus dueños inmediatamente después de
finalizada la requisa efectuada por los agentes de la Policía Nacional y la posterior
devolución de parte del dinero apropiado.

38.
Afirmó que, revisadas las declaraciones rendidas y las pruebas recopiladas en el
curso de proceso disciplinario, se tenía que las mismas ubicaban a los patrulleros
demandantes en el espacio de tiempo y lugar de ocurrencia de los hechos; lo cual
no solo se dio con los testimonios de los señores Leonardo, Marvin y Goesan, sino
de la versión libre de los demandantes, la minuta allegada por el Comandante del
CAI del Barrio San Jorge, su respectivo informe y posterior ampliación.

39. Aseveró que al unísono los señores Marvin y Goesan indicaron que los extranjeros

fueron abordados por los policiales para la realización de la requisa y que fue
inmediatamente después que notan la ausencia de la suma de dinero. Si bien,
ninguno de los dos observó la apropiación del dinero, si resultaba cierto que ambos
son testigos de la ocurrencia de la requisa, así como de las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en que se dio la devolución de parte del dinero.

40. Continuó explicando que existían pruebas que indicaban que los hoy
demandantes se encontraban de turno el día de los hechos; que hubo la pérdida de
un dinero; que tal situación acaeció luego de que los demandantes en calidad de
miembros de la Policía Nacional efectuaran una requisa a los extranjeros dueños del
dinero; que esos ciudadanos acudieron a la sede del CAI San Jorge en busca de los
mencionados policiales; que hablaron con el Comandante de turno, quien procedió
a realizar un llamado a las patrullas adscritas a dicho Centro; que se acercaron los
policiales que habían realizado la requisa, con quienes los ciudadanos se reunieron
en la sede del CAI del Barrio San Jorge y mantuvieron una conversación privada,
luego de la cual salieron hacia la misma dirección (manifestación expuesta por el
Intendente Francisco Javier Cárdenas Henao, comandante del CAI San Jorge); que
los policiales en compañía de otros agentes no identificados en el trámite disciplinario
hicieron la devolución de una parte del dinero en las inmediaciones del sitio conocido
como Almacafé con la finalidad de evitar quejas o reportes ante la Entidad.

41. Frente a lo anterior, la Corporación encontró que las inconsistencias en las
declaraciones que fueron planteadas por el apoderado de la parte accionante en su
recurso no eran suficientes para absolver la responsabilidad de los demandantes
frente a la comisión de la conducta endilgada, pues las confusiones o incongruencias
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de los testimonios en nada cambiaban el modo en que ocurrieron los hechos, sino
que obedecían a imprecisiones en cuanto a sumas de dinero y número de personas
presentes en el momento de ocurrencia de los sucesos.

42. Sin embargo, al confrontar estas en conjunto con las demás pruebas como la

minuta de guardia, la declaración del Comandante del CAI, así como su informe, se
advertía que los relatos guardaban coherencia, por lo cual, haciendo uso de la sana
crítica e interpretación de las pruebas, contrario a lo señalado por el apelante, sí se
lograba inferir la ocurrencia de los hechos con la participación de los señores Kevin
Cantillo y Eduin Barraza.

43. Conforme lo anterior, es evidente que la accionada ya analizó los distintos
cuestionamientos relativos a las imprecisiones de los testimonios recepcionados, los
cuales vuelve y trae a colación el actor a través del presente mecanismo
constitucional únicamente por no estar conforme con la interpretación probatoria
dada a los mismos.

44. En este punto, se resalta que fue esa instancia judicial la que tuvo a su cargo

valorar los alegatos de derecho y hecho que se sometieron a su consideración, así
como analizar las pruebas allegadas al plenario, y confrontarlas con la normativa
aplicable al asunto; sin que ahora quepa prolongar el debate sobre los mismos

45. De ahí que verificado que el malestar que se formula contra la providencia judicial

es por la interpretación probatoria realizada por la parte accionada, esto, con el fin
de que el juez de tutela reevalúe la postura finalmente adoptada por el fallador natural
de la causa, ningún espacio cabe para el juez constitucional

46.
Por lo expuesto anteriormente, la Sala CONFIRMARÁ la sentencia de 27 de
marzo de 2025 proferida por el Consejo de Estado – Sección Primera, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

47.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 27 de marzo de 2025 proferida por el
Consejo de Estado – Sección Primera, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00980-01
Accionante: Eduin Barraza Zambrano
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE10
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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