Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01027-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01027-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-01027-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
27 de marzo de 2025
Expediente: 11001-03-15-000-2025-01027-00
Demandante: Kevin Enrique Cantillo Sarmiento
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01027-00
Demandante: KEVIN ENRIQUE CANTILLO SARMIENTO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de reparación directa.
Improcedencia de la acción de tutela por incumplimiento del requisito
general de inmediatez
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Kevin Enrique Cantillo Sarmiento
contra el Tribunal Administrativo del Magdalena.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 24 de febrero de 20251, en ejercicio de la acción de tutela, Kevin Enrique Cantillo
Sarmiento, por conducto de apoderado, solicitó se amparen sus derechos fundamentales
a la presunción de inocencia, a la defensa y contradicción, igualdad, al trabajo, al mínimo
vital, y los principios de seguridad jurídica in dubio pro-reo, in dubio pro disciplinado.
A juicio del accionante, la vulneración se presenta con ocasión de las sentencias del 26
de agosto de 2022, y el 5 de julio de 2024 dictadas por el Juzgado Séptimo Administrativo
del Circuito de Santa Marta y el Tribunal Administrativo del Magdalena, respectivamente,
que denegaron las pretensiones dentro del proceso de reparación directa con radicado
47-001-3333-007-2020-00127-00/01
2. Pretensiones
La parte actora formuló, textualmente, las siguientes pretensiones:
1. Solicito respetuosamente al honorable Magistrado conceda la protección de los derechos
fundamentales a la PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, EL PRINCIPIO DE IN DUBIO PRO-REO,
IN DUBIO PRO DISCIPLINADO, DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA DEFENSA Y
CONTRADICCIÓN, IGUALDAD, AL TRABAJO, AL MÍNIMO VITAL, PRINCIPIOS DE
SEGURIDAD JURIDICA, PRINCIPIO DE LEGALIDAD y PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO
ADMINISTRATIVO del accionante y ordene a la accionada la protección inmediata de sus
derechos fundamentales, toda vez que el Tribunal Administrativo del Magdalena, el Juzgado
Séptimo Administrativo de Santa Marta y la Policía Nacional incurrieron en sus decisiones en un
Defecto Factico, Defecto Material o Sustantivo, Decisión sin Motivación, Desconocimiento del
Precedente y Violación Directa de la Constitución.
2. Solicito respetuosamente al honorable Magistrado deje sin efectos la Sentencia de Segunda
Instancia Radicado 47001333300720200012701 del 05/06/2024 notificada el 14/08/2024,
proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena y la Sentencia de Primera Instancia
Radicado 47001333300720200012700 del 26/08/2022 notificada el 30/08/2022, proferida por el
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Índice 1 SAMAI
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01027-00
Demandante: Kevin Enrique Cantillo Sarmiento
Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Santa Marta, por violar los derechos
fundamentales del accionante en especial el de la Presunción de Inocencia.
3. Solicito respetuosamente al honorable Magistrado ordene al Juzgado Séptimo Administrativo de
Santa Marta que, en el término de esta providencia, profiera una nueva sentencia dentro del
proceso administrativo de nulidad y restablecimiento del derecho promovido, teniendo en cuenta
y aplicando los lineamientos establecidos en la Sentencia C-495/2019 Magistrado Ponente
ALEJANDRO LINARES CANTILLO del 22/10/2019, en cuanto a la Presunción de Inocencia y el
Deber de Resolver las Dudas Razonables en Favor del Investigado y la Ratio Decidendi
contenida en la Sentencia Segunda Instancia Rad. 2016-03623 Consejero ponente: WILLIAM
HERNÁNDEZ GÓMEZ, en la cual se protege el Derecho Fundamental de la Presunción de
Inocencia.
4. Solicito respetuosamente al honorable Magistrado ordene al Juzgado Séptimo Administrativo de
Santa Marta que, en el término de esta providencia, antes que profiera una nueva sentencia
dentro del proceso administrativo de nulidad y restablecimiento del derecho promovido, ingrese
a la demanda la declaración Juramentada del Subcomandante del CAI San Jorge Intendente®
GINSO RAFAEL CARRANZA MORALES, igualmente la declaración Juramentada del
Supervisor de la empresa de vigilancia S.O.S. que prestaba servicio de vigilancia en la empresa
ALMACAFE S.A. señor LEONARDO ELIECER MATTOS CAMPO, quienes son testigos claves
para encontrar la verdad de la hechos ocurrido en el CAI San Jorge y ALMACAFE S.A. , lo
anterior con el fin de proteger la Presunción de Inocencia.
5. Solicito respetuosamente al honorable Magistrado ordene al Juzgado Séptimo Administrativo de
Santa Marta que, en el término de esta providencia, antes que profiera una nueva sentencia
dentro del proceso administrativo de nulidad y restablecimiento del derecho promovido, llame a
rendir Testimonio bajo juramento a los señores Patrullero DELUQUE PAEZ KILMAR y Patrullero
RIVAS ZAMBRANO JHANSSON quienes se transportaban en la motocicleta de siglas 63-0665
y que supuestamente estaban presentes en ALMACAFE S.A. durante la reunión o negociación,
igualmente al señor Patrullero CHICA GIRALDO LAREN quien para la fecha y hora de los hechos
prestaba servicio dentro del CAI San Jorge como Jefe de Información y fue testigo de lo que se
habló dentro del CAI con los quejosos, los policías son miembros activos de la Policía Nacional
y pueden ser ubicado a través de la entidad estatal, lo anterior con el fin de proteger la
Presunción de Inocencia.
6. Solicito respetuosamente al honorable Magistrado estudie la posibilidad de conceder y ordenar
la suspensión provisional de los efectos jurídicos de la Resolución 04555 del 11/10/2019
notificada el día 30/10/2019, Fallo Segunda Instancia Expediente SIJUR No. MESAN 2017-115
notificado el día 08/08/2019, Fallo Primera Instancia Expediente SIJUR No. MESAN 2017-115
notificado el día 28/09/2018 proferidos por la Policía Nacional de Colombia, mientras se resuelve
el asunto en la jurisdicción contenciosa administrativa, esto con el fin de proteger los derechos
fundamentales violados y evitar que los daños causados sigan incrementándose, teniendo en
cuenta que el accionante es totalmente INOCENTE de la conducta que le fue imputada.
7. En consecuencia, a la suspensión provisional de la Resolución No. 04555 del 11/10/2019
notificada el día 30/10/2019, se estudie la posibilidad de ordenar a la Policía Nacional a que
reintegre de manera provisional al señor Patrullero® KEVIN ENRIQUE CANTILLO SARMIENTO
identificado con la cédula de ciudadanía No 72.099.727 expedida en Sabanagrande (Atlántico),
al cargo y grado que ostentaba antes de ser retirado, mientras se resuelve de manera definitiva
el proceso administrativo de nulidad y restablecimientos de derecho.
3. Hechos
Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
3.1 Del proceso disciplinario
Los señores Kevin Enrique Cantillo Sarmiento Y Eduin Barraza Zambrano ingresaron a
la Policía Nacional como agentes de policía el 2 de mayo de 2006.
El 17 de junio de 2017, los agentes de policía realizaron una requisa a un vehículo
automotor donde se desplazaban 4 personas de nacionalidad extranjera y el conductor,
en el sector de Playaca – Santa Marta, con el propósito de hacer una revisión de
antecedentes y de las pertenencias de los ocupantes del vehículo.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01027-00
Demandante: Kevin Enrique Cantillo Sarmiento
Luego, los agentes de policía fueron requeridos por el CAI San Jorge de la ciudad de
Santa Marta con la finalidad de aclarar las acusaciones que realizaron los extranjeros de
nombres Liam Lloyd y Federic Van Der Linden, quienes señalaron a los patrulleros
Cantillo Sarmiento y Barraza Zambrano como responsables de la pérdida de una suma
de dinero que dijeron tener en las maletas revisadas.
A partir del 16 de noviembre de 2017, la autoridad adelantó la investigación disciplinaria
en contra del señor Kevin Cantillo y Eduin Barraza.
En el fallo de primera instancia del 28 de septiembre de 2018 proferido por el Jefe de
Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de Santa Marta dentro
del expediente bajo el radicado MESAN-2017-115, los patrulleros Cantillo Sarmiento y
Barraza Zambrano fueron declarados disciplinariamente responsables por los cargos
establecidos en la Ley 1015 del 07 de febrero de 2006 Titulo VI, Capítulo I, artículo 34,
numeral 14 <<apropiarse, bienes de particulares, con intención de obtener beneficio propio.>> y les fue
impuesta sanción consistente en destitución e inhabilidad general para ejercer cargos
públicos durante 10 y 13 años, respectivamente.
La decisión de primera instancia fue apelada por los patrulleros y confirmada de manera
integral por la Inspección Delegada Regional Ocho, Jefatura Control Disciplinario Interno
del Departamento de Policía Atlántico el 30 de julio de 2019.
Mediante Resolución No. 04555 del 11 de octubre de 2019, la Policía Nacional dio
cumplimiento a la decisión disciplinaria y retiró del servicio activo a los señores Kevin
Enrique Cantillo Sarmiento y Eduin Barraza Zambrano
3.2 . Del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
El 14 de agosto de 2020, los señores Kevin Enrique Cantillo Sarmiento y Eduin Barraza
Zambrano presentaron demanda de nulidad y restablecimiento del derecho para que se
declarara la nulidad de los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia. A título de
restablecimiento del derecho, pidieron ser reintegrados al servicio activo sin solución de
continuidad y en un cargo de igual o superior categoría, al pago de salarios y prestaciones
dejadas de percibir.
El asunto se adelantó bajo el radicado con numero de radicado 47001-3333-007-2020-
00127-00 y fue asignado por reparto al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de
Santa Marta que, mediante sentencia del 26 de agosto de 2022, denegó las pretensiones
de la demanda. Encontró que el procedimiento disciplinario garantizó el derecho de
defensa y contradicción de los patrulleros y los fallos fueron dictados con apego a las
normas y las pruebas recaudadas y sin desviación del poder.
Inconformes, los demandantes apelaron y el Tribunal Administrativo del Magdalena,
mediante sentencia del 5 de junio de 20242, la confirmó.
4 Fundamentos de la acción
De manera preliminar, el demandante expuso las razones por las que la acción de tutela
cumple los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial. En cuanto al fondo del asunto, alegó que la providencia objeto de
tutela incurrió en:
Defecto fáctico por indebida valoración de las pruebas pues, a su juicio, se tomó por
cierto todo lo señalado en algunos testimonios sin considerar las contradicciones
descritas en la demanda administrativa y además, no se decretó la práctica de pruebas
2 Notificada el 18 de agosto de 2024 índice 17 de SAMAI del proceso 47-001-3333-007-2020-00127-00
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01027-00
Demandante: Kevin Enrique Cantillo Sarmiento
que podrían favorecer al señor Cantillo Sarmiento, como la de solicitar los videos de las
cámaras de seguridad del lugar donde ocurrieron los hechos.
Defecto sustantivo pues, a su juicio, el Tribunal Administrativo del Magdalena incurrió
en defecto sustantivo, al contradecir lo establecido por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-495/2019 en la que se establece la importancia de la protección de la
presunción de Inocencia y el deber de resolver las dudas razonables en favor del
investigado.
Decisión sin motivación, pues no se logró probar por parte del Tribunal Administrativo
del Magdalena, el Juzgado Séptimo Administrativo de Santa Marta y la Policía Nacional,
si hubo una apropiación de dinero, si los testimonios dados durante el proceso son
verídicos o no y además, la autoridad disciplinaria no ejerció su facultad ni utilizó los
recursos de investigación para llegar a probar la verdad de los hechos ocurridos.
Desconocimiento del precedente, pues se desconoció la sentencia dictada el 11 de
junio de 2020 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, con radicado
número 2016-03623, que dice, fijó reglas sobre la presunción de inocencia y la
insuficiencia en las pruebas presentadas durante el proceso para demostrar la conducta
reprochada.
Violación directa de la Constitución, pues las autoridades judiciales demandadas
violaron el derecho fundamental a la presunción de inocencia
5 Trámite procesal
Por auto del 26 de febrero de 2025, el Despacho sustanciador admitió la demanda
presentada por Kevin Enrique Cantillo Sarmiento y, entre otras cosas, ordenó notificar en
calidad de demandados a los magistrados del Tribunal Administrativo del Magdalena y el
juez séptimo administrativo de Santa Marta y ordenó vincular como terceros con interés
al director de la Policía Nacional, por haber fungido como demandado y al señor Eduin
Barraza Zambrano, quien integró la parte demandante en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 47001-33-33-007-2020-00127-00/01.
En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 28 de febrero3 y
el 6 de marzo de 20254.
6. Intervenciones
La magistrada del Tribunal Administrativo del Magdalena, solicitó que se denegaran
las pretensiones de amparo. Dijo que no desconoció los derechos fundamentales ni actuó
con observancia de las normas procedimentales aplicables al caso.
El Ministerio de Defensa – Policía Nacional, a través de apoderada judicial, solicitó que
se declarara improcedente la acción de tutela, alego inexistencia de un perjuicio
irremediable ocasionado a la parte actora, derivado de la determinación adoptada por la
Rama Judicial.
El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Santa Marta y el señor Eduin
Barraza Zambrano no se pronunciaron pese a que, como se vio, fueron debidamente
notificados.
3 Índice 12 de SAMAI
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Índice 7 de SAMAI
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Demandante: Kevin Enrique Cantillo Sarmiento
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por Kevin
Enrique Cantillo Sarmiento para dejar sin efecto las sentencias del 26 de agosto de 2022
y el 5 de julio de 2024, dictadas por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de
Santa Marta y el Tribunal Administrativo del Magdalena, respectivamente, que denegaron
las pretensiones dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 47-001-3333-007-2020-00127-00/01
La Sala anticipa que declarará improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito
general de inmediatez. En efecto, la solicitud de amparo fue presentada luego de 6 meses
y 6 días después de haber sido notificada la última de las providencias cuestionadas.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la inmediatez y, finalmente, (iii) analizará el caso
concreto.
2. De la acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales5 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos6 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
3. La inmediatez
La inmediatez es un requisito de procedibilidad que el juez debe examinar, antes de
pasar al estudio de las causales específicas de tutela contra providencia judicial, con el
fin de determinar si la demanda se ha presentado de manera oportuna.
La inmediatez, en todo caso, no es un término de caducidad que limite el ejercicio de la
acción de la tutela. Es más bien un requisito que busca que la acción se presente en un
término razonable, esto es, desde el mismo momento en que el afectado tiene
conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales. Justamente, la
exigencia tiene razón de ser porque la acción de tutela es un medio excepcional para la
protección pronta y eficaz de derechos fundamentales y, por ende, se espera que el
interesado la ejerza en un tiempo razonable, prudencial, sin demora.
Ese mismo entendimiento ha sido expuesto por la Corte Constitucional, que ha señalado
que debe existir un término razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en
riesgo de los derechos fundamentales del interesado y la presentación de la demanda7,
en la medida en que la naturaleza misma de este medio de defensa judicial no solo tiene
que ver con la urgencia, sino también con el respeto a la seguridad jurídica y a los
derechos de los terceros que pudieran resultar afectados.
Ahora, la Sala Plena de esta Corporación estableció que seis meses, contados a partir
de la notificación de la providencia judicial cuestionada, es un término razonable para
5
Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
6
Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
7 Sentencia T- 123 de 2007.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01027-00
Demandante: Kevin Enrique Cantillo Sarmiento
ejercer la acción de tutela, en consideración a « la naturaleza del acto jurisdiccional, los
plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra
las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas
resueltas logren certeza y estabilidad»8.
4. Análisis del caso concreto
Para la Sala la acción de tutela no cumple el requisito general de inmediatez. En efecto,
consultado el expediente 47-001-3333-007-2020-00127-00/01 en el aplicativo Sistema
para la gestión Judicial SAMAI, se advierte que la providencia del 5 de julio de 2024 (que
confirmó en segunda instancia la providencia del 26 de agosto de 2022 del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho) fue comunicada a las partes el 14 de agosto de
20249 de modo que, en los términos del artículo 205 del CPACA fue efectivamente
notificada el 16 del mismo mes y año.
Siendo así, el plazo razonable para presentar la acción de tutela se extendió hasta el 17
de febrero de 2025; sin embargo, solo fue presentada hasta el 24 de febrero de 202510.
Esto es luego de 6 meses y 6 días, término que supera el plazo razonable previsto para
la Sala Plena de esta Corporación.
La Sala no desconoce que no siempre el simple transcurso del tiempo puede llevar al
juez a concluir que la tutela se ha presentado de forma tardía, toda vez que pueden existir
circunstancias especiales que no solo justifiquen que la acción de tutela no se haya
presentado en un término razonable, sino que demuestren que el hecho o la omisión que
vulnera los derechos fundamentales sean permanentes, persisten en el tiempo y hacen
que la violación sea siempre actual.
En este caso, sin embargo, no se advierte alguna circunstancia de modo, tiempo o lugar
que justifique la demora en presentar la acción de tutela y la demandante tampoco la
expone.
Si la parte demandante estimaba que la providencia 05 de junio de 2024 vulneró sus
derechos fundamentales, lo propio era que presentara la acción de tutela tan pronto como
fue notificada. Cuando se cuestionan providencias judiciales, la oportunidad de la
solicitud de amparo se determina a partir del momento en que se notifica la providencia
acusada, pues la notificación supone que las partes tienen conocimiento de las
decisiones judiciales.
En consecuencia, se declarará la improcedencia de la acción de tutela presentada por la
demandante.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
8 Sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014. Ex. Nº 11001-03-15-000-2012-02201-01, demandante: Alpina
Productos Alimenticios S.A., C P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Índice 17 de Samai del proceso 47-001-3333-007-2020-00127-00/01
10 Índice 1 de Samai de la presente referencia.
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Demandante: Kevin Enrique Cantillo Sarmiento
3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado
4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
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