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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-01001-01

Fecha
8 de agosto de 2025
Consejero ponente
Nicolás Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-01001-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 3 de abril de 2025 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, de conformidad con las razones ut supra. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados por el medio más expedito. 37 Sobre el requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional ha señalado que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”. En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario examinar dos elementos, a saber: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa, justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. 38 El inciso 3 del artículo 86 de la Constitución Política claramente expresa que la acción de tutela resulta procedente cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial. Sin embargo, la Corte Constitucional ha señalado que la solicitud de amparo procede de forma excepcional i) cuando a pesar de existir otros mecanismos, estos no son idóneos ni eficaces para la protección de los derechos fundamentales o ii) cuando se ejerce para evitar la causación de un perjuicio irremediable. En el primero de los casos la orden de protección sería definitiva y, en el segundo, transitoria. 39 Obra en el archivo 062_MemorialWeb_Recurso-TRIBUNALADMINISTRAT del certificado 9C06A2280F504F7A FFBDE42D1774E443 C0004C3AC49701A9 9520FC7570A74994, índice 9. 11 Acción de tutela – Segunda instancia Expediente: 11001-03-15-000-2025-01001-01 Accionante: Richard Gómez Vargas […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-01001-01

Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales

8 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá, D.C., ocho (08) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01001-01
Accionante: Richard Gómez Vargas
Accionados: Sección Quinta del Consejo de Estado
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra del fallo de
tutela proferido el 3 de abril de 20251 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo constitucional

El 21 de febrero de 20252 Richard Gómez Vargas presentó acción de tutela3 en procura
de la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia que consideró vulnerados en el marco del proceso de nulidad
electoral 17001-23-33-000-2024-00199-01, por cuanto la Sección Quinta del Consejo de
Estado profirió la providencia del 21 de noviembre de 2024, mediante la cual confirmó el
auto del 18 de septiembre de 2024 del Tribunal Administrativo de Caldas, en el sentido
de negar la solicitud de suspensión provisional del acto de elección de Juan Carlos Pérez
Vásquez como contralor departamental de Caldas para el período 2022-2025.

1.2. Hechos

1.2.1. Richard Gómez Vargas interpuso demanda de nulidad electoral 4, con el propósito
de que se anulara el acto de elección de Juan Carlos Pérez Vásquez como contralor
departamental de Caldas para el período 2022-2025, y solicitó, como medida cautelar, la
suspensión de los efectos del acto demandado.

1 Obra en el certificado 80ACBB840CD3F76F B1884B4896D79757 DFF2B2BDCD201F5E C2C6240866C46F6F,
índice 19.
2 Según el correo obrante en el certificado 069F25E885A7B953 0E964B5727C8164E 556ED6B00FA8E13B

778C3F53427709CB, índice 2.
3 Obra en el certificado 1CF60F71C728B062 DA556F4E0D1F72B2 04E541049E7D1973 F7B2CB9FD3F14805, índice

2.
4 Obra en el archivo 002DemandayAnexos del certificado 9C06A2280F504F7A FFBDE42D1774E443
C0004C3AC49701A9 9520FC7570A74994, índice 9.

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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2025-01001-01
Accionante: Richard Gómez Vargas
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado

1.2.2. El 18 de septiembre de 2024 5 el Tribunal Administrativo de Caldas admitió la
demanda, ordenó notificar, en calidad de demandados, a Juan Carlos Pérez Vásquez y
a la Asamblea Departamental de Caldas; además, negó la medida cautelar solicitada por
el demandante.

1.2.3. Posteriormente, el actor instauró incidente de nulidad 6 , al considerar que se
configuró una falta de competencia funcional en cabeza del magistrado Publio Martín
Andrés Patiño Mejía; recusó7 al magistrado Carlos Manuel Zapata Jaimes y apeló 8 la
decisión de no decretar la medida provisional solicitada9.

1.2.4. Luego de que se corriera el correspondiente traslado10, se declarara infundada la
recusación11, se rechazara de plano la solicitud de nulidad y se concediera el recurso de
apelación 12 , la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante el auto del 21 de
noviembre de 202413, confirmó la decisión recurrida.

Como fundamento, se expuso que la Ley 2200 de 2022 no reguló situaciones fácticas
iniciadas con anterioridad a su vigencia, como lo fue la elección examinada en el caso
concreto. En el mismo sentido, se indicó que no era posible aplicar el artículo 25 del citado
cuerpo normativo, dado que no se evidenció el desconocimiento de las condiciones
legales o reglamentarias que rigieron el proceso de selección. Adicionalmente, la parte
no identificó con claridad los medios probatorios que, en su criterio, el juez ordinario de
primera instancia dejó de valorar y, en esa etapa procesal, no se advirtió, de manera
preliminar, un vicio que ameritara decretar la medida solicitada.

1.2.5. Transcurrido el correspondiente cauce procesal, el Tribunal Administrativo de
Caldas profirió la sentencia del 6 de diciembre de 202414, a través de la cual negó las
pretensiones de la demanda. Esta decisión fue confirmada en el fallo del 5 de junio de

5 Obra en el archivo 026Autoadmitedem_Admitedem_17001233300020240019, ibid.
6 Obra en el archivo 060_MemorialWeb_Alegatos-TRIBUNALADMINISTRAT, ibid.
7 Obra en el archivo 061_MemorialWeb_Otro-TRIBUNALADMINISTRAT, ibid.
8 Obra en el archivo 062_MemorialWeb_Recurso-TRIBUNALADMINISTRAT, ibid.
9 El recurso fue “complementado” mediante memorial obrante en el archivo 063_MemorialWeb_Recurso-
TRIBUNALADMINISTRAT, ibid.
10 Obra en el archivo 075AlDespachocon_ConstanciaSecretarial, ibid.
11 Obra en el archivo 083Autoresuelver_otros_17001233300020240019, ibid.
12 Obra en el archivo 115Autoconcedere_concedere_17001233300020240019, ibid.
13 Obra en el certificado 1F41B38FB6761CFF 4FCFB27F9DE10A6B 340BB3709B691C1C B81B768E891BAC14,

índice 5 del expediente 17001233300020240019901 de la Sección Quinta del Consejo de Estado.
14 Obra en el archivo 148Sentencia1ai_sentencia_17001233300020240019 del certificado 9C06A2280F504F7A

FFBDE42D1774E443 C0004C3AC49701A9 9520FC7570A74994, índice 9.

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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2025-01001-01
Accionante: Richard Gómez Vargas
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado

202515 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, el cual, a su vez, fue objeto de una
solicitud de aclaración y adición16, resuelta negativamente en providencia del 3 de julio
de 202517.

1.3. Fundamentos de la acción de tutela

La parte tutelante considera que se vulneraron sus derechos fundamentales, porque se
configuró un defecto sustantivo y un desconocimiento del precedente, dado que se aplicó
erróneamente lo dispuesto en la Ley 2200 de 2022 respecto del periodo en el que tenía
que realizarse la elección del contralor. Además, se desconoció el principio de
retrospectividad de la mencionada ley; se citó en la sentencia censurada la Resolución
725 de 2019 de la Contraloría General de la República, que, según el actor, no existe; y
las interpretaciones realizadas en la providencia reprochada, que pudieran tener su
origen en la Ley 1904 de 2018, no resultaron compatibles con las disposiciones del
artículo 34 de la Ley 2200 de 2022.

1.4. Pretensiones de la acción de tutela

La parte demandante solicitó textualmente:

“Solicito respetuosamente se proteja el derecho fundamental al debido proceso y el
acceso a la administración de justicia.”18.

2. Trámite de la acción de tutela en primera instancia

2.1. Mediante auto del 27 de febrero de 202519 la Sección Cuarta del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela, negó la medida provisional solicitada y ordenó notificar, en
calidad de demandada, a la Sección Quinta del Consejo de Estado y, como terceros
interesados, al Tribunal Administrativo de Caldas y a Juan Carlos Pérez Vásquez20.

15 Obra en el certificado E60A538CCAAF4404 A7B5A735AA4AF3C2 A69A10C0DD81C413 1692F76040302FFD,
índice 60 del expediente 17001233300020240019902 de la Sección Quinta del Consejo de Estado.
16 Obra en el certificado E7BD7D74824E1692 4FDEA79F3121A5F8 1523CFA7FBB0058A 5CD5B6588F888819,

índice 64, ibid.
17 Obra en el certificado 99CBBFC8BFFB2CAE 81E38E7413166D20 E369699BAA78F1B0 1926BF3C32811B70,

índice 66, ibid.
18 Folios 16 – 17 del certificado 1CF60F71C728B062 DA556F4E0D1F72B2 04E541049E7D1973
F7B2CB9FD3F14805, índice 2.
19 Obra en el certificado A9EFF9730DC0FEAD 3EAF5561E43CE0EA 3CB602634F3A3C1A 5E93C9B9976D88DE,

índice 4.
20 Los soportes de notificación obran en el índice 8.

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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2025-01001-01
Accionante: Richard Gómez Vargas
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado

2.2. La Sección Quinta del Consejo de Estado21 contestó que la solicitud de amparo no
cumplió con los requisitos de relevancia constitucional ni de subsidiariedad, ya que, por
un lado, estuvo dirigida a revivir una cuestión procesal debidamente zanjada en el trámite
electoral y, por el otro, el actor tuvo la oportunidad de solicitar la aclaración o adición del
auto controvertido, pero no lo hizo, sumado a que dicha providencia tampoco resolvió de
manera definitiva el litigio planteado.

Adicionalmente, aseguró que no se sustentó suficientemente el cargo por
desconocimiento del precedente y, de igual forma, el estudio particular del caso llevó a
concluir que, de manera preliminar, no se vulneró la Ley 2200 de 2022. Resaltó que,
mientras se tramita la presente acción de tutela, el asunto ordinario surte su segunda
instancia y puso de presente que el accionante ha formulado varias solicitudes en
detrimento del curso normal y ágil del proceso.

2.3. El actor allegó un memorial22 en el que manifestó que la convocatoria para la elección
de contralor departamental de Caldas fue clara al determinar que la Ley 1904 de 2018
tendría carácter transitorio mientras el Congreso expedía otra normativa sobre la materia,
por lo que, en su sentir, el procedimiento se debió regir por el artículo 34 de la Ley 2200
de 2022.

Ahora bien, frente a los argumentos esgrimidos por la autoridad judicial demandada, el
actor consideró que no se podía asumir que, por el hecho de haber participado
activamente y ejercido los recursos legalmente previstos, tuvo la oportunidad de
defenderse, pues su participación formal y el acceso a medios de controversia no
garantizaron su debido proceso ni su acceso efectivo a la administración de justicia. En
ese sentido, sostuvo que la solicitud de amparo sí reviste relevancia constitucional y que
el trámite ordinario estuvo viciado por la falta de respuesta a los planteamientos que
propuso en lo relativo a la retrospectividad de la Ley 2200 de 2022. Por otro lado, también
estimó que su demanda tuitiva cumplió con el requisito de subsidiariedad, toda vez que

21 Obra en el certificado BE053CFC1DD2C17C 43230878065388CC 5D66DE1F9C4B345D D559560B4E48CB9C,
índice 10.
22 Obra en el certificado EDC9A6E1852D7DA2 851F9EF76C25A929 C57584150ADBFE49 1AAC2121B61BD625,

índice 13.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01001-01
Accionante: Richard Gómez Vargas
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado

los recursos que interpuso no fueron idóneos ni eficaces para solventar las vulneraciones
a sus prerrogativas constitucionales.

Finalmente, señaló que, con algunos de los argumentos expuestos en la contestación, la
Sección Quinta del Consejo de Estado anticipó su postura sobre el recurso de apelación
que se encontraba pendiente por resolver dentro del medio de control examinado.

2.4. El Tribunal Administrativo de Caldas23 afirmó que emitió la providencia de primera
instancia en ejercicio de sus competencias legales, con plena observancia de los
derechos de las partes y con la debida motivación exigida. Adicionalmente, informó que,
con posterioridad, dictó la sentencia del 6 de diciembre de 2024, mediante la cual negó
las pretensiones de la demanda de nulidad electoral y que el 14 de enero de 2025
concedió el recurso de apelación propuesto por el actor, el cual se encontraba pendiente
de ser tramitado por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

2.5. Juan Carlos Pérez Vásquez24 expuso que el tutelante, a través de múltiples acciones
constitucionales, ha dilatado, entorpecido y saboteado el proceso de elección del
contralor general del departamento de Caldas por razones personales en su contra. En
consecuencia, solicitó que se amparen sus derechos fundamentales a ser elegido, a
ocupar un cargo público y a permanecer en el cargo de contralor para el que fue
seleccionado. Sumado a ello, reiteró los argumentos que ha planteado durante el proceso
ordinario.

3. Fallo de tutela de primera instancia

La Sección Cuarta de esta Corporación, mediante fallo del 3 de abril de 202525, declaró
la improcedencia de la acción constitucional por no superar el requisito de subsidiariedad.

3.1. El juez constitucional de primera instancia estimó que la solicitud de amparo no era
procedente, toda vez que el proceso de nulidad electoral se encontraba en curso al

23 Obra en el certificado BED394BD66465483 37E98CA4B4336708 25EECAD577E07E78 773777F61C23DD66,
índice 14.
24 Obra en el certificado 164690CC80C048ED 2A5D0E798A889008 10A83C9F1231E035 5FC4646C232868F2, índice

15.
25 Obra en el certificado 80ACBB840CD3F76F B1884B4896D79757 DFF2B2BDCD201F5E C2C6240866C46F6F,

índice 19.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01001-01
Accionante: Richard Gómez Vargas
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado

momento en que se interpuso la demanda tuitiva. En ese sentido, el actor podía
manifestar en sede ordinaria las inconformidades que tenía respecto de la aplicación del
artículo 34 de la Ley 2200 de 2022 y era al juez natural a quien le correspondía
pronunciarse sobre la legalidad del acto de elección.

3.2. Además, enfatizó que las censuras planteadas coincidieron con las expuestas en el
marco del medio de control, de modo que el juez constitucional no podía pronunciarse
respecto del asunto sin que ello implicara una elusión de los procedimientos establecidos
por el ordenamiento jurídico y una intromisión indebida en las funciones del juez natural.

4. Razones de la impugnación

En contra de la providencia referida, la parte actora presentó impugnación26, en el sentido
de señalar que se desconoció la sentencia SU 309 de 2019; que, en el proceso ordinario,
se han ignorado sus planteamientos sobre la retrospectividad de la ley; y que el recurso
de apelación, en su caso concreto, resulta ineficaz e inidóneo, pues está diseñado para
revisar aspectos de legalidad, pero no aborda la dimensión constitucional de las
irregularidades cometidas por la autoridad judicial demandada. Así mismo, sostuvo que
ya agotó todos los recursos legalmente dispuestos por el ordenamiento jurídico para la
protección de sus prerrogativas y citó varias providencias que estimó debieron ser tenidas
en cuenta.

5. Trámite de la acción de tutela en segunda instancia

5.1. Mediante auto del 8 de mayo de 202527 se negó una solicitud de aclaración o adición
de la sentencia y se concedió la impugnación.

5.2. El 19 de junio de 2025 28 el Despacho ponente ordenó vincular a la Asamblea
Departamental de Caldas, dada su participación en el litigio ordinario 29.

26 Obra en el certificado A6D182F980E77F30 70111BB33BA243C2 400EBC0AC4BB639E 0C2E2592C080E5C0,
índice 33.
27 Obra en el certificado 387099266BB89ED4 DAD93D2A3A7C8BC4 8F60EB05F76199F2 980FBE5109857418,

índice 29.
28 Obra en el certificado AB71A1049436B0F9 5B81F408226D8CA5 D134752FFE6A7DC4 C117DE30FA07191C,

índice 4 del trámite de segunda instancia.
29 Los soportes de notificación obran en el índice 8, ibid.

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5.3. La entidad vinculada guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada en contra del fallo
de tutela proferido el 3 de abril de 2025 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado de
conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 32 del Decreto 2591
de 1991 y 25 del Acuerdo No. 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Problema jurídico

En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos alegados.

3. Cuestión Previa

Dada la intervención de Juan Carlos Pérez Vásquez, encaminada a que también se
protejan sus derechos fundamentales, esta Sala considera necesario aclarar que el
examen que se hará sobre la solicitud de amparo se realizará únicamente en función de
las prerrogativas constitucionales de las que es titular Richard Gómez Vargas, toda vez
que él fue quien ejerció la acción tuitiva, mientras que Juan Carlos Pérez Vásquez fue
vinculado como un tercero con interés.

4. Carencia actual de objeto

El Alto Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia30, ha indicado que la carencia
actual de objeto se configura cuando, frente a las pretensiones esbozadas en la acción
de tutela, cualquier orden emitida por el juez sería inane. Específicamente, esta figura

30 Se toma de la sentencia T-038 de 2019.

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tiene lugar cuando se presenta un daño consumado 31 , un hecho superado 32 o una
situación sobreviniente33.

4.1. De la situación sobreviniente en el caso concreto

4.1.1. De acuerdo con el escrito de tutela y con los elementos de juicio que surgieron en
el trámite de amparo, la parte accionante alegó la vulneración de sus derechos
fundamentales, dado que la autoridad judicial demandada, en el marco de la nulidad
electoral 17001-23-33-000-2024-00199-01, confirmó la providencia mediante la cual se
negó la solicitud de suspensión provisional del acto de elección del contralor
departamental de Caldas, lo que, a su juicio, configuró un defecto sustantivo y un
desconocimiento del precedente por la errónea aplicación de la Ley 1904 de 2018, en
lugar de la Ley 2200 de 2022.

4.1.2. Para la Sala, sería del caso entrar a analizar los requisitos de procedibilidad
respecto de la solicitud de amparo; sin embargo, en este punto se advierte que la
demanda tuitiva se interpuso en contra del auto del 21 de noviembre de 2024 que, en una
etapa preliminar del medio de control, estimó que no se habían desconocido las
condiciones legales o reglamentarias que regían el proceso de selección del contralor
departamental de Caldas y, por ello, negó la medida provisional solicitada en la demanda

31 Se da cuando se materializa la afectación que se pretendía evitar con la acción de tutela, de tal manera que el juez

no puede emitir una orden al respecto, con el fin de hacer que cese la vulneración o impedir que se consume el peligro.
Sobre el asunto, consultar la sentencia SU-225 de 2013, dictada por la Corte Constitucional.
32 Tiene cabida entre el momento de interposición de la acción de tutela y el fallo. Se apercibe cuando, como

consecuencia del obrar de la accionada, cesó la vulneración de derechos fundamentales alegada por el accionante.
Se configura si se realizó la conducta pedida (acción u abstención) y, por tanto, terminó la afectación, por lo que resulta
inocua cualquier intervención del juez constitucional en aras de proteger derecho fundamental alguno, pues ya la
accionada los ha garantizado. Sobre los casos en que cesó la vulneración de derechos fundamentales ver las
sentencias de la Corte Constitucional T-970 de 2014, T-597 de 2015, T-669 de 2016, T-021 de 2017, T-382 de 2018,
entre otras. En lo relacionado con la terminación de la afectación, el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 establece:
“[s]i, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la
actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si
fueren procedentes”.
33 El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena como por las distintas Salas de Revisión. Es una

categoría que ha demostrado ser de gran utilidad para el concepto de carencia actual de objeto, pues por su amplitud
cobija casos que no se enmarcan en los conceptos tradicionales de daño consumado y hecho superado. El hecho
sobreviniente remite a cualquier “otra circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa
a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto caiga en el vacío”. No se trata entonces
de una categoría homogénea y completamente delimitada. A manera de ilustración, la jurisprudencia ha declarado un
hecho sobreviniente cuando: (i) el actor mismo es quien asume la carga que no le correspondía para superar la
situación vulneradora; (ii) un tercero –distinto al accionante y a la entidad demandada– ha logrado que la pretensión
de la tutela se satisfaga en lo fundamental; (iii) es imposible proferir alguna orden por razones que no son atribuibles a
la entidad demandada; o (iv) el actor simplemente pierde interés en el objeto original de la Litis. Al respecto consultar
la SU-522 de 2019, así como las sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010, T-200 de 2013, T-481 de 2016, entre otras.

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ordinaria. Posteriormente, el 6 de diciembre de 2024 34 el Tribunal Administrativo de
Caldas profirió la sentencia en la que negó las pretensiones y el 5 de junio de 2025 35 la
Sección Quinta del Consejo de Estado confirmó la mencionada decisión36.

En esa línea, resulta evidente que durante el trámite de la presente acción de tutela, la
cual estuvo dirigida en contra de una decisión judicial que no era definitiva y que, de
manera preliminar, decidió sobre la legalidad del acto de elección, se profirieron las
sentencias de primera y segunda instancia en las que se examinó el proceso de selección
del contralor departamental de Caldas para establecer, de manera definitiva, que no se
había incurrido en vicio alguno que ameritara la nulidad de la elección.

4.1.3. Lo anterior implica que, de conformidad con la jurisprudencia constitucional en
materia de la carencia actual de objeto por una situación sobreviniente, en este caso, el
juez constitucional no puede proferir una orden, dado que la providencia atacada hizo
parte de un debate más amplio sobre la legalidad del acto de elección, que ya fue resuelto
por el juez ordinario en primera y segunda instancia, y en el que se resolvió el debate
planteado en lo que se refiere al supuesto desconocimiento de la Ley 2200 de 2022.

4.2. En atención a lo señalado, esta Subsección procederá a declarar la improcedencia
del amparo por carencia actual de objeto por una situación sobreviniente, pues no le
atañe al juez de tutela proferir una orden en este asunto en particular, dado que la
expedición de las sentencias de primera y segunda instancia de nulidad electoral impide
a esta autoridad constitucional adoptar una orden específica, en la medida en que, si se
accediera a las pretensiones del escrito introductorio, se iría en contravía de lo decidido
de manera definitiva por el juez natural del asunto, sin que los fallos electorales hubieran
siquiera sido señalados como la fuente de la vulneración de derechos aquí alegada.

5. Ahora, en gracia de discusión, si se continuara con el análisis de procedibilidad del
presente mecanismo constitucional, la Sala encuentra que tampoco se superaría el

34 Obra en el archivo 148Sentencia1ai_sentencia_17001233300020240019 del certificado 9C06A2280F504F7A
FFBDE42D1774E443 C0004C3AC49701A9 9520FC7570A74994, índice 9.
35 Obra en el certificado E60A538CCAAF4404 A7B5A735AA4AF3C2 A69A10C0DD81C413 1692F76040302FFD,

índice 60 del expediente 17001233300020240019902 de la Sección Quinta del Consejo de Estado.
36 La mencionada providencia fue notificada el 5 de junio de 2025, según el índice 62, ibid.

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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2025-01001-01
Accionante: Richard Gómez Vargas
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado

examen de relevancia constitucional37 ni el de subsidiariedad38, ya que, por un lado, los
argumentos planteados en la solicitud de amparo resultaron prácticamente idénticos a
los propuestos por el actor en el recurso de apelación39 que propuso en contra del auto
del 18 de septiembre de 2024 y que fueron resueltos en la providencia aquí reprochada
y, por el otro, como bien lo señaló el a quo, al haberse ejercido la demanda tuitiva mientras
el medio de control se encontraba pendiente de su trámite, el actor tenía la posibilidad de
plantear sus inconformidades en sede ordinaria, de manera que es claro que pretendió
utilizar la acción de tutela como un procedimiento paralelo a la nulidad electoral.

6. Visto lo anterior, esta Subsección confirmará la decisión del juez constitucional de
primera instancia, en el sentido de declarar improcedente la solicitud de amparo, pero por
la carencia actual de objeto derivada del acaecimiento de una situación sobreviniente.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 3 de abril de 2025 por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, de conformidad con las razones ut supra.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados
por el medio más expedito.

37 Sobre el requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional ha señalado que el juez de tutela “no puede

entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”. En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo
tiene o no relevancia constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario examinar dos
elementos, a saber: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa, justifique suficientemente la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos
y (ii) que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la
providencia acusada, puesto que este mecanismo especial constitucional está constituido para proteger derechos
fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.
38 El inciso 3 del artículo 86 de la Constitución Política claramente expresa que la acción de tutela resulta procedente

cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial. Sin embargo, la Corte Constitucional ha señalado
que la solicitud de amparo procede de forma excepcional i) cuando a pesar de existir otros mecanismos, estos no son
idóneos ni eficaces para la protección de los derechos fundamentales o ii) cuando se ejerce para evitar la causación
de un perjuicio irremediable. En el primero de los casos la orden de protección sería definitiva y, en el segundo,
transitoria.
39 Obra en el archivo 062_MemorialWeb_Recurso-TRIBUNALADMINISTRAT del certificado 9C06A2280F504F7A

FFBDE42D1774E443 C0004C3AC49701A9 9520FC7570A74994, índice 9.

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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2025-01001-01
Accionante: Richard Gómez Vargas
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejera de Estado Consejero de Estado

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