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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 17001-23-33-000-2024-00199-02

Fecha
5 de junio de 2025
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 17001-23-33-000-2024-00199-02

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 6 de diciembre de 2024, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Caldas negó la nulidad del acto de elección del señor Juan Carlos Pérez Vásquez, como contralor de dicha entidad territorial, para el periodo 2022- 2025. SEGUNDO: RECONOCER personería al abogado Eduardo Andrés Grisales López, identificado con tarjeta profesional 188.436 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de la Asamblea Departamental de Caldas, en los términos y para los efectos previstos en el poder otorgado por el presidente de esa corporación. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 17 Demandante: Richard Gómez Vargas Demandado: Juan Carlos Pérez Vásquez, contralor departamental de Caldas Radicado: 17001-23-33-000-2024-00199-02 TERCERO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia. CUARTO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede ningún recurso.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 17001-23-33-000-2024-00199-02

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

5 de junio de 2025

Demandante: Richard Gómez Vargas
Demandado: Juan Carlos Pérez Vásquez, contralor departamental de Caldas
Radicado: 17001-23-33-000-2024-00199-02

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 17001-23-33-000-2024-00199-02
Demandante: RICHARD GÓMEZ VARGAS
Demandado: JUAN CARLOS PÉREZ VÁSQUEZ – CONTRALOR
DEPARTAMENTAL DE CALDAS, PERIODO 2022-2025

Temas: Elección de los contralores departamentales. Aplicación en el tiempo
de la Ley 2200 de 2022.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el accionante contra la sentencia
del 6 de diciembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante
la cual negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El ciudadano Richard Gómez Vargas, el 14 de agosto de 2024, formuló demanda en
ejercicio del medio de control previsto en el artículo 139 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), tendiente a obtener la
nulidad del acta 064 del 24 de julio del mismo año, en la que consta que la Asamblea
Departamental de Caldas eligió al señor Juan Carlos Pérez Vásquez, como contralor de
dicha entidad territorial, para el periodo 2022-2025.

1.2. Hechos

El demandante relató que el Congreso de la República expidió la Ley 2200 de 2022, que
entró en vigor el 8 de febrero de esa anualidad.

Afirmó que el artículo 34 de la norma ibidem contiene disposiciones especiales sobre la
elección de los contralores departamentales, dentro de las cuales se establece que estos
servidores deben ser elegidos durante el último periodo de sesiones ordinarias que
antecede el inicio de su periodo.

Narró que, mediante Resolución 503 del 6 de mayo de 2022, la Asamblea Departamental
de Caldas conformó la terna para contralor departamental, para el periodo 2022-2025.

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Demandante: Richard Gómez Vargas
Demandado: Juan Carlos Pérez Vásquez, contralor departamental de Caldas
Radicado: 17001-23-33-000-2024-00199-02

Resaltó que la Ordenanza 922 de 2022, en sus artículos 711 y 1452, expedida por la
mencionada duma departamental, «derogó» el artículo 34 de la Ley 2200 de 2022, toda
vez que dispone que el «[…] contralor será elegido en el último periodo de sesiones
ordinarias que antecede el inicio del nuevo periodo institucional, siempre y cuando no
se trate de una elección atípica»3.

Manifestó que, por medio de Resolución 157 del 19 de julio de 2024, la Mesa Directiva
de la Asamblea de Caldas programó para el 24 de julio de 2024 a las 8:00 am, la
entrevista y la elección del contralor general de dicha entidad territorial, pese a que esta
última debía llevarse a cabo entre el 1° de octubre y el 30 de noviembre de 2023, en
aplicación de la Ley 2200 de 2022, por ser el último periodo de sesiones ordinarias que
antecedía a la designación de ese servidor.

Adujo que los actos de designación y posesión del mentado funcionario no fueron
publicados, lo que vulnera los principios de publicidad y transparencia establecidos en
los artículos 126 y 209 de la Constitución Política.

1.3. Concepto de la violación

El accionante invocó como normas desconocidas los artículos los artículos 25 y 34 de la
Ley 2200 de 2022.

Estimó que el acta 064 del 24 de julio de 2024 infringió las normas en que debía fundarse
y fue expedida en forma irregular, toda vez que la Asamblea Departamental de Caldas
desconoció el contenido del artículo 34 de la Ley 2200 de 2022, por cuanto, el 8 de febrero
de ese año, día en que comenzó a regir la norma, «[…] no se habían consolidado
derechos adquiridos para ninguno de los participantes a la convocatoria a la elección de
contralor de Caldas 2022- 2025, incluso solo hasta el 06 de mayo de 2022[,] a través de
la [R]esolución 0503 de 2022 […]», se designó la respectiva terna.

Destacó que la Resolución 157 de 2024, con la cual se citó a entrevista a los candidatos
y a elección de contralor departamental, hizo referencia a la Ley 2200 de 2022, lo que
indica que tenía conocimiento de su contenido; sin embargo, «[…] actuó como si la norma
superior no existiera, es decir[,] acudió al precepto legal, pero este no fue aplicado […]».

Consideró que la duma departamental carecía de competencia para fijar el 24 de julio de
2024 como fecha para realizar la designación, comoquiera que el funcionario debía ser
elegido durante el último periodo de sesiones ordinarias que antecede el inicio del periodo
del nuevo contralor, esto es, entre el 1° de octubre y el 30 de noviembre de esa anualidad.

Arguyó que, además, con la expedición del acto de elección se incurrió en la causal de
falsa motivación, dado que, a pesar de citar la Ley 2200 de 2022, el sustento fáctico no

1 «ARTÍCULO 71. FECHA DE ELECCIÓN Y CALIDADES PARA SER CONTRALOR. El contralor será elegido en el

último periodo de sesiones ordinarias que antecede el inicio del nuevo periodo institucional, siempre y cuando no se
trate de una elección atípica.
PARÁGRAFO: Para la elección de Contralor se agendará y/o citará con tres (3) días calendario de anticipación
conforme a la ley, en la fecha y la hora indicada en la Convocatoria correspondiente».
2 «ARTÍCULO 145. DEROGATORIA. Todas las disposiciones que contravengan lo aquí establecido serán derogadas

en la fecha en que entre en vigencia el presente Reglamento y lo no previsto en el mismo, será resuelto por el Pleno
de la Corporación».
3 Negrilla propia. El aparte destacado es el que, según el criterio del libelista, no fue previsto por el legislador.

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corresponde al acervo y apoyo jurídico, es decir, se configura una incongruencia que
afecta su validez.

Agregó que la Asamblea Departamental de Caldas ejerció sus funciones por fuera de las
condiciones legales y reglamentarias vigentes, por lo cual, el acto cuestionado no produce
efectos jurídicos y quienes participaron en las deliberaciones incurrieron en causal de
mala conducta.

1.4. Actuaciones procesales

1.4.1. La admisión

Mediante auto del 20 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo de Caldas inadmitió
la demanda, para que el accionante identificara plena y debidamente al demandado, así
como su canal digital para recibir notificaciones, señalara lo que pretendía con claridad y
precisión4, invocara las normas violadas y explicara el concepto de su violación.

El 23 de agosto de 2024 el demandante subsanó la demanda y explicó que el acto de
elección no había sido publicado, por lo cual no podía identificarlo, ni aportarlo.

Por medio de proveído del 28 de agosto de 2024, el magistrado conductor del proceso
requirió a la Asamblea Departamental de Caldas para que allegara copia del acto de
elección del contralor de esa entidad territorial, para el periodo 2022-2025, el cual fue
aportado por esa corporación el 2 de septiembre del mismo año.

El Tribunal Administrativo de Caldas emitió el auto del 5 de septiembre de 2024, con el
cual corrió traslado de la solicitud de suspensión provisional al demandado, a la aludida
asamblea y al Ministerio Público, por el término de 5 días.

El 18 de septiembre de 2024, el a quo admitió la demanda y negó la suspensión
provisional5 del acto de elección del contralor departamental de Caldas para el periodo
2022-2025, al considerar que, cuando inició la convocatoria pública que culminó con la
designación atacada, la Ley 2200 de 2022 no se encontraba vigente, de manera que no
podía ser aplicada a un proceso que se venía adelantando.

1.4.2. Contestaciones de la demanda

1.4.2.1. Demandado6

Manifestó que para el momento en el que la Asamblea Departamental de Caldas adelantó
la convocatoria para la elección del contralor (6 de septiembre de 2021), la Ley 2200 de
2022 no se encontraba sancionada, por lo cual, resulta «[…] ilógico indicar que no se dio
cumplimiento a dicha norma».

4 Comoquiera que el actor no mencionó con precisión cuál era el acto que demandaba.
5 Decisión confirmada por esta corporación, con auto del 21 de noviembre de 2024.
6 En nombre propio.

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Expresó que la jurisprudencia constitucional ha sostenido que el legislador es el llamado
a determinar el momento en el que inicia la vigencia de una ley; sin embargo, aquella no
puede ser anterior a su promulgación.

Comentó que las autoridades judiciales y administrativas están obligadas a adelantar las
actuaciones de su competencia, con sujeción a los procedimientos que la regulan.
Además, que en el caso de las convocatorias públicas o concursos de méritos se debe
acatar la Constitución Política y la ley, así como los lineamientos fijados en el respectivo
procedimiento de selección.

Hizo referencia al principio de confianza legítima, con fundamento en el cual la
administración debe guardar coherencia en sus actuaciones, lo que impide que un acto
intempestivo de las autoridades modifique de manera sustancial la situación de un
particular, sin tener en cuenta las consecuencias que dicho cambio conlleva.

Estimó que los actos administrativos expedidos dentro del trámite de la convocatoria para
elegir el contralor de Caldas «[…] se presumen legales y el concurso ha sido desarrollado
en igualdad de condiciones para todos los participantes, estableciendo criterios de
asignación de puntos objetivos que garantizaron la participación de los aspirantes en
igualdad de oportunidades».

Mencionó que su elección fue el resultado de «un concurso público basado en el mérito»,
por lo cual el demandante debe demostrar que la irregularidad en el trámite tiene la
potencialidad de modificar el resultado de la convocatoria y, por ende, de la «lista de
elegibles», lo que en el presente caso no se cumple, dado que el accionante se limitó a
hacer apreciaciones subjetivas carentes de cualquier material probatorio.

Adujo que la actuación del demandante es temeraria, toda vez que ha interpuesto un alto
número de tutelas, medios de control, solicitudes de aclaraciones y nulidades con hechos
similares y una misma argumentación, con el fin de entorpecer el proceso de elección del
contralor de Caldas.

Por último, indicó que nadie está obligado a lo imposible y, además, que:

[L]a NO ELECCIÓN del Contralor General de Caldas en el último periodo de sesiones de la
Asamblea Departamental, previo al inicio del periodo institucional 2022-2025, no fue posible
realizarse no por falta de planeación por parte del órgano componente, o por decisión
autónoma de dicha corporación de iniciar y culminar el proceso de elección en un término
diferente o posterior al inicio del periodo, sino, se reitera, por cumplimiento de órdenes
judiciales que ordenaban suspender el proceso, órdenes que no podía dejar de cumplir la
Duma Departamental, sin incurrir en el delito de incumplimiento a resolución u orden judicial;
por lo tanto, era imposible cumplir con el cronograma de elección

1.4.2.2. Asamblea Departamental de Caldas

A través de apoderada, destacó que la elección del demandado fue el resultado de la
convocatoria que inició por medio de Resolución 0299 del 6 de septiembre de 2021, esto
es, antes de la entrada en vigor de la Ley 2200, el 8 de febrero de 2022, por lo cual no
puede dársele efectos retroactivos a la aludida norma.

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Resaltó que no era posible darle aplicación a la ley invocada por el accionante, porque al
momento en el que entró a regir, el último periodo de sesiones ordinarias que antecede
el inicio del periodo del contralor 2022-2025 ya había pasado, comoquiera que
correspondía al comprendido entre el 1° de octubre y el 30 de noviembre de 2021.

Explicó que las normas que regían el proceso de selección del contralor de Caldas fueron
los artículos 272 de la Constitución Política y 6 del Acto legislativo 04 de 2019, la Ley
1904 de 2018, la Resolución 728 de 2019 y la Ordenanza 874 de 2020, las cuales no
establecen un periodo específico para la elección del citado servidor.

Afirmó que, aunque la elección fue fijada para el 30 de noviembre de 2021, para que el
periodo del nuevo contralor iniciara el 1° de enero de 2022, terminó siendo un cronograma
afectado por 11 suspensiones, originadas en su mayoría por acciones de tutela, por lo
que no le fue posible cumplir con la fecha.

1.5. Otras actuaciones de la primera instancia

• Mediante proveído del 13 de noviembre de 2024, el a quo dispuso el trámite de
sentencia anticipada, incorporó las pruebas allegadas por las partes y negó una
documental requerida por el extremo activo de la litis7, toda vez que obraba dentro del
plenario.

De la misma manera, fijó el litigio en los términos que se citan a continuación:

[S]e centrará en determinar si la elección del señor Juan Carlos Pérez Vásquez como
Contralor Departamental de Caldas para el período 2022 – 2025 se encuentra viciada de
nulidad por haber sido expedida de manera irregular, con infracción de las normas en que
debía fundarse, sin competencia, con motivación falsa y con desviación de las atribuciones
propias de quien la profirió.

Lo anterior sin perjuicio de que otras cuestiones, principales o subsidiarias, que tengan que
ver con la controversia planteada, puedan ser objeto de estudio al momento de decidir de
fondo el asunto.

2. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Caldas, por medio de providencia del 6 de diciembre de
2024, negó las pretensiones, con base en los siguientes argumentos:

Sostuvo que, en aplicación de lo previsto en los artículos 272 de la Constitución Política,
modificado por el Acto Legislativo 4 de 2019, y 19 de la Ley 2200 de 2022, la Asamblea
Departamental de Caldas tenía competencia para elegir al accionado como contralor, tal
y como lo hizo el 24 de julio de 2024, según el acta 64.

Refirió que la convocatoria para elegir al aludido servidor está contenida en la Resolución
299 del 6 de septiembre de 2021 de la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental de
Caldas, en el cual, entre otros lineamientos, fijó el cronograma, que finalizaba con la
respectiva designación el 30 de noviembre del mismo año.

7 El demandante requirió oficiar a la Asamblea Departamental de Caldas para que allegara la constancia de publicación

de los actos de nombramiento expedidos para la elección de contralor para el periodo 2022-2025.

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Destacó que la Ley 2200 de 2022 entró en vigor del 8 de febrero de 2022, esto es, 5
meses después de la expedición de la mencionada resolución y que es el legislador «[…]
el llamado a determinar el momento de iniciación de vigencia de una ley lo que a su vez
conlleva a su “eficacia jurídica”, concepto relacionado con la obligatoriedad y oponibilidad
en tanto hace referencia a la generación de efectos jurídicos obligatorios por parte de la
norma de la cual se predica».

En virtud de lo anterior, consideró que el artículo 34 de la Ley 2200 de 2022 era
inaplicable, por cuanto no podía ser exigible a una convocatoria que inició en septiembre
de 2021. Pese a ello, precisó que la duma departamental tenía previsto elegir al contralor
de Caldas en el último periodo de sesiones ordinarias que antecedía el inicio del periodo
constitucional 2022 a 2025.

Arguyó que, aunque al momento de la elección del citado servidor regía la Ley 2200 de
2022, las pruebas aportadas al proceso dan cuenta de que el procedimiento que adelantó
la Asamblea Departamental de Caldas tuvo diferentes suspensiones, debido a las
acciones de tutela y medios de control de protección de los derechos e intereses
colectivos, nulidad, entre otros, que conllevaron que la designación se realizara en 2024.

Coligió que, comoquiera que se presentó una situación excepcional «[…] como la
suspensión del procedimiento de elección de contralor a raíz de decisiones judiciales que
así lo ordenaban, la [designación] del señor Juan Carlos Pérez Vásquez como Contralor
Departamental de Caldas para el periodo 2022-2025 en el mes de julio de 2024, no se ve
afectada en su legalidad al omitir lo previsto en el artículo 34 de la Ley 2200 de 2022, en
tanto se presentó una imposibilidad fáctica y jurídica de aplicación de dicho mandato
legal».

Agregó que acoger la interpretación restrictiva de la parte demandante impediría la
elección de contralor departamental, solo por el hecho de no poder hacer la elección en
el último periodo de sesiones ordinarias que antecede el inicio del periodo del mentado
servidor. Lo anterior «[…] desconocería el propósito de la vigilancia y el control fiscal
como una función pública e impediría vigilar la gestión fiscal de la administración y de los
particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, en los términos del
artículo 267 constitucional».

Finalmente, se relevó de examinar el artículo 25 de la Ley 2200 de 2022 relacionado con
la invalidez de las sesiones y decisiones de los miembros de la asamblea departamental,
en tanto se demostró que el acto de elección de contralor el 24 de julio de 2024 produce
efectos jurídicos.

Aunado a ello, declaró probadas las excepciones denominadas «[…] PRINCIPIO DE
NADIE ESTÁ OBLIGADO A LO IMPOSIBLE propuesta por el señor Juan Carlos Pérez
Vásquez, e INAPLICABILIDAD TEMPORAL DE LA LEY 2200 DE 2022 EN LA
CONVOCATORIA CGC01-2021 – IRRAZONABILIDAD DEL FUNDAMENTO JURÍDICO
DE LA SOLICITUD, IMPOSIBILIDAD MATERIAL EN LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO
34 DE LA LEY 2200 DE 2022, IMPOSIBILIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DEL
CRONOGRAMA DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN No. 299 DE 2021 EMITIDA POR
LA ASAMBLEA DE CALDAS, formuladas por la Asamblea Departamental de Caldas».

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3. El recurso de apelación8

Inconforme con la decisión, el demandante formuló recurso de apelación, porque
considera que el tribunal no debió establecer como probada la excepción consistente en
que nadie está obligado a lo imposible, porque la Asamblea Departamental de Caldas
contó con tiempo suficiente para cumplirlo, puesto que la Ley 2200 de 2022 entró en vigor
el 8 de febrero de ese año y el acto administrativo que eligió al accionado es del 2024.

Debido a ello, comentó que la duma departamental debió adaptarse al nuevo marco legal
y a las regulaciones específicas que se emitieron, con el fin de cumplir con los principios
de transparencia y objetividad establecidos por la ley.

Estimó que la Ley 2200 de 2022 no da lugar a interpretaciones que permitan elecciones
en otros periodos, por lo cual, las suspensiones que se produjeron con fundamento en
decisiones judiciales no están previstas en la normativa aplicable.

Insistió en que la ley especifica el marco temporal en el que debe realizarse el
nombramiento del contralor, esto es, generalmente, entre el 1° de octubre y el 30 de
noviembre, antes del inicio del nuevo periodo que comienza el 1° de enero, por lo cual no
existía la imposibilidad alegada, ya que el cumplimiento era viable en un corto plazo.

Aclaró que no solicita que se dé cumplimiento al cronograma fijado en la Resolución 299
de 2021, sino a la aplicación de la Ley 2200 de 2022 que estaba vigente al momento de
la elección, es decir, que la designación se realizara entre el 1° de octubre y el 30 de
noviembre de 2024 y no el 24 de julio de ese mismo año, que no corresponde al último
periodo de sesiones ordinarias.

Mencionó que el artículo 11 de la Ley 1904 de 2018 establece que las disposiciones
contenidas en esa norma son aplicables a la elección de los contralores departamentales,
distritales y municipales, hasta que el Congreso de la República expida la normativa
correspondiente para regular la materia. Así, como fue proferida la Ley 2200 de 2022, era
obligatorio darle cumplimiento.

Señaló que la duma departamental estaba a tan solo 66 días de dar cumplimiento a lo
ordenado por el artículo 34 de la Ley 2200 de 2022, esto es, una vez superadas las
suspensiones, dicha corporación debió acatar el contenido de la citada norma y no le era
dable «[…] modificar leyes orgánicas, ya que esto violaría el principio de legalidad y el
procedimiento especial requerido para su creación o modificación».

En cuanto a la, aparente, modificación de leyes orgánicas, el recurrente explica que haber
convocado la elección el 24 de julio de 2024 «[…] es una vulneración del artículo 151 de
la Constitución Política, excediendo su potestad de actuar sin competencia para modificar
la ley 2200 de 2022 siendo esta competencia exclusiva del legislador ordinario. La Corte
Constitucional ha señalado que cualquier intento del legislador ordinario de regular
materias que son competencia exclusiva del legislador orgánico es considerado un vicio
material de competencia, lo que puede llevar a la inconstitucionalidad de dicha norma».

8 Concedido por el tribunal, mediante auto del 14 de enero de 2025.

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4. Actuaciones en segunda instancia

Por medio de providencia del 27 de enero de 20259, el despacho del magistrado ponente
admitió el recurso de apelación formulado por el demandante y corrió traslado a las partes
para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su concepto.

El accionante recusó10 al magistrado ponente de esta providencia, por considerar que
estaba incurso en la causal contenida en el numeral 2° del artículo 11 del CPACA, en
concordancia con el artículo 141 del CGP, por haber conocido del asunto en oportunidad
anterior. Al respecto, mediante auto del 13 de febrero de 202511, la recusación fue
declarada infundada.

A través de proveído del 11 de marzo de 2025 12, se rechazaron de plano las solicitudes
de nulidad procesal13 formuladas por el accionante.

Con auto del 24 de abril de 202514, se declaró infundada la recusación alegada por el
demandante contra el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez.

5. Alegatos de conclusión

5.1. Demandado15

Manifestó que la norma invocada por el accionante como vulnerada no era aplicable al
proceso de elección del actual contralor de Caldas, por cuanto el periodo es institucional
(2022-2025) y el último periodo de sesiones ordinarias de la asamblea departamental
para la vigencia 2021, fue en el mes de noviembre, lo cual no fue posible cumplir debido
a las suspensiones del procedimiento adelantado.

Planteó la siguiente situación para desvirtuar los argumentos de la parte actora:

Como análisis práctico de la situación que se pretende definir en la sentencia, puede
considerarse el hecho de que es posible que la persona que desempeñe el cargo de
Contralor General del Departamento en un periodo institucional específico, como el actual,
presente renuncia a su cargo, sea objeto de una sanción disciplinaria que le impida
continuar con el desempeño de sus funciones, se presente una inhabilidad o
incompatibilidad sobreviviente que implique dejación del cargo, acceda a su pensión de
vejez o invalidez, cumpla la edad de retiro forzoso o muera. En cualquiera de estas
situaciones, se generará una vacancia definitiva del cargo, lo que implicará que se realice
una nueva elección de Contralor para culminar el periodo que reitero, no es personal sino
institucional, elección que claramente y por obvias razones, no podrá ser culminada con la
elección del Contralor en el último periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea
Departamental, previo al inicio del periodo del nuevo contralor, pues como ya se ha
indicado, este periodo corresponde a uno solo en el tiempo, único e irrepetible.

Por último, requirió aclarar si la permanencia en el cargo de contralor de Caldas en el que
fue designado debía ser durante 4 años, esto es, si tenía que permanecer del 24 de julio

9 Índice 5 del expediente visible en la sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
10 Índice 9 del expediente visible en la sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
11 Índice 15 del expediente visible en la sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
12 Índice 42 del expediente visible en la sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
13 Índices 21 y 41 del expediente visible en la sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
14 Índice 49 del expediente visible en la sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
15 Índice 10 del expediente visible en la sede electrónica para la gestión judicial, Samai.

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de 2024 al 24 de julio de 2028, dado que no se estableció con claridad este punto en el
acto de elección o en la convocatoria pública.

5.2. Asamblea Departamental de Caldas16

Insistió en la argumentación contenida en la contestación de la demanda, referente a la
imposibilidad material de dar aplicación al artículo 34 de la Ley 2200 de 2022, al tratarse
de una convocatoria iniciada en el mes de septiembre de 2021, porque para esa época
la norma no estaba vigente, así como a las suspensiones del procedimiento, suscitadas
por decisiones judiciales.

Por otra parte, el demandante guardó silencio en esta etapa procesal.

6. Concepto del Ministerio Público17

La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado solicitó confirmar la
sentencia de primera instancia, con base en los siguientes argumentos:

Aclaró que el periodo del contralor de Caldas finalizó en 2021 y en 2022 iniciaba uno
nuevo para lo cual debía designarse el respectivo servidor, por consiguiente, se
encuentra ajustado a derecho el principio aplicado por el tribunal, según el cual nadie
está obligado a lo imposible, puesto que, no podía imponérsele a la corporación
nominadora que retrotrajera el tiempo y realizara una elección a finales de 2021, cuando
no estaba vigente la Ley 2200 de 2022.

Estimó que, aunque la elección del demandado se hubiese llevado a cabo entre octubre
y noviembre de 2024, no se hubiese podido dar aplicación a la norma, porque no
antecedía el inicio de un nuevo periodo institucional para el contralor departamental.

Expresó que el nombramiento del accionado se fundó en la normativa vigente aplicable,
«[…] teniendo como sustento la reglamentación del proceso de selección de regente del
órgano de control fiscal departamental. Pues no puede perderse de vista que, tal como
lo ha expuesto la Corte Constitucional, “en lo que hace a la reglamentación, como puerta
de entrada a los concursos o procesos de selección, se tiene que la convocatoria “…es
la norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la administración, como a las
entidades contratadas para la realización del concurso y a los participantes”18. (T- 147 de
2013)».

Coligió que la Asamblea Departamental de Caldas podía realizar la elección del contralor
durante el periodo 2022-2025, en julio de 2024, en cumplimiento de la convocatoria
pública y como garantía, entre otros, «[…] de los principios de responsabilidad, confianza
legítima, buena fe y seguridad jurídica, así como, del cumplimiento del núcleo
fundamental del derecho a elegir, ser elegido y ocupar cargos en el sector púbico, siendo
imposible en materia espacio temporal, devolverse para generar un proceso de selección
entre octubre y noviembre de 2021 con aplicación de la Ley 2200 de 2022».

16 Índice 55 del expediente visible en la sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
17 Índice 57 del expediente visible en la sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
18 Cursiva y comillas del texto original.

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II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

De conformidad con lo establecido en los artículos 150 inciso 1 y 152 19 numeral 7 literal
(b) del CPACA y el Acuerdo 080 de 201920, proferido por la Sala Plena del Consejo de
Estado, esta Sección es competente para conocer en segunda instancia del recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 6 de diciembre de
2024, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Caldas negó las pretensiones de
la demanda.

2.2. Cuestiones previas

Dos aspectos confluyen en este capítulo, el primero, en relación con un argumento de la
parte demandada formulado en el escrito de alegatos y, el segundo, frente a un memorial
presentado por el recurrente, con el cual se pronunció frente al concepto de la
procuradora.

2.2.1. Argumento parte demandada

Previo a abordar el fondo del asunto, la Sala no puede pasar por alto que el señor Juan
Carlos Pérez Vásquez solicitó, junto con sus alegatos de conclusión, que en la sentencia
que diera fin a esta instancia se aclarara si su permanencia en el cargo de contralor de
Caldas debía ser durante 4 años, esto es, si su periodo que inició el 24 de julio de 2024
finalizaría el 24 de julio de 2028.

Al respecto, se aclara que, conforme al artículo 320 del Código General del Proceso, la
finalidad del recurso de apelación se centra en «[…] que el superior examine la cuestión
decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión».

Cabe recordar, además, que, una vez interpuesta la alzada, esta delimita la competencia
funcional del juez de segunda instancia, quien, en principio, no podrá actuar más allá del
marco normativo que se ha descrito. De igual modo, el citado precepto enseña que el
estudio en segunda instancia se remite de forma concreta a la «cuestión decidida», es
decir, los asuntos de hecho y de derecho que han sido presentados al juez previo a que
se adopte la decisión que corresponda.

Debido a ello, el planteamiento del demandado no es procedente, por cuanto, el estudio
de legalidad que debe realizarse sobre el acto cuestionado por el demandante se
analizará a la luz de los fundamentos fácticos y jurídicos propuestos en el recurso de
apelación, que son acordes con las pretensiones y concepto de violación planteado con
la demanda.

Así, no es posible que se aborden debates nuevos y diferentes, y mucho menos, precisar

19 «Artículo 152. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia […] 7. De los siguientes asuntos
relativos a la nulidad electoral: […] b) De la nulidad de la elección de los contralores departamentales […]».
20 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

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el alcance de la resolución que lo designó como contralor departamental, pues ello
escapa de manera evidente la competencia de esta Sección Quinta.

2.2.2. Escrito de la parte demandante

El señor Richard Gómez Vargas allegó un escrito, el 15 de mayo de 2025, con el cual
menciona que «[…] descorr[e] el traslado que me hace la honorable doctora IDAYRIS
YOLIMA CARRILLO PÉREZ Procuradora Séptima delegada ante el Consejo de Estado
[…]»21.

Sobre el particular, es imperioso recordar que, con auto del 27 de enero de 202522, el
despacho del magistrado ponente admitió el recurso de apelación formulado por el
demandante y ordenó correr traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio
Público para que rindiera su concepto, con fundamento en el artículo 293 del CPACA,
que ordena:

ARTÍCULO 293. TRÁMITE DE LA SEGUNDA INSTANCIA. El trámite de la segunda
instancia se surtirá de conformidad con las siguientes reglas:

1. El reparto del negocio se hará a más tardar dentro del segundo día a su llegada al tribunal
o al Consejo de Estaco <sic>. El mismo día, o al siguiente, el ponente dispondrá en un solo
auto sobre la admisión del recurso y que el expediente permanezca en Secretaría por tres
(3) días para que las partes presenten sus alegatos por escrito.

2. Vencido el término de alegatos previa entrega del expediente, el agente del Ministerio
Público deberá presentar su concepto, dentro de los cinco (5) días siguientes.

3. Los términos para fallar se reducirán a la mitad de los señalados para la primera instancia.

4. La apelación contra los autos se decidirá de plano.

5. En la segunda instancia no se podrán proponer hechos constitutivos de nulidad que
debieron ser alegados en primera instancia, salvo la falta de competencia funcional y la
indebida notificación del auto admisorio de la demanda al demandado o a su representarte.

Se aclara que el término de 3 días de traslado a las partes para que presentaran sus
alegatos de conclusión inició el 5 de mayo de 2025 y finalizó el 7 siguiente, según consta
en el expediente visible en la sede electrónica para la gestión judicial, Samai 23. Dentro
del referido término el accionante no radicó el referido memorial.

Conforme a lo anterior, el escrito del 15 de mayo de 2025 no fue presentado dentro del
término legal concedido para ser tenido como alegatos de conclusión y, en todo caso, de
su lectura se advierte que hace referencia a un supuesto traslado del concepto rendido
por el Ministerio Público, lo cual, en los términos de la citada norma, no corresponde a
una etapa procesal en segunda instancia. En consecuencia, no procede el estudio de los
argumentos allí contenidos.

21 Índice 59 del expediente visible en la sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
22 Índice 5 del expediente visible en la sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
23 Índice 54 del expediente visible en la sede electrónica para la gestión judicial, Samai

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2.3. Problema jurídico

En el marco de los argumentos expuestos en el recurso de apelación, corresponde a esta
Sección determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia del 6 de diciembre de
2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la cual negó las
pretensiones de la demanda.

Conforme a lo anterior, se deberá determinar si la Asamblea Departamental de Caldas
incumplió con el mandato contenido en el artículo 34 de la Ley 2200 de 2022, según el
cual el demandado, en su calidad de contralor, debió ser elegido dentro del último periodo
de sesiones ordinarias que antecedió al inicio de su periodo y no como ocurrió en este
caso en el que fue designado en la sesión del 24 de julio de 2024, mediante acta 064.

Para abordar el asunto, la Sala desarrollará la siguiente metodología: (i) el marco jurídico
y jurisprudencial de la elección de los contralores departamentales; y (ii) el caso concreto,
conforme a los límites indicados en el párrafo anterior.

2.4. De la elección de los contralores territoriales

El artículo 267 de la Constitución Política encomienda la dirección del órgano autónomo
e independiente de control fiscal al contralor general, elegido por el Congreso en pleno,
previa convocatoria pública, para un periodo de 4 años, no reelegible. Esta modalidad de
selección fue introducida por el Acto Legislativo 2 de 2015, que también modificó el
artículo 126 ibidem, reemplazando al anterior diseño de ternas de las Altas Cortes:

Artículo 126. […] Salvo los concursos regulados por la ley, la elección de servidores públicos
atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida de una convocatoria pública
reglada por la ley, en la que se fijen requisitos y procedimientos que garanticen los principios
de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de
mérito para su selección.

La Ley 1904 de 2018 regula este procedimiento, señalando sus etapas, el contenido
mínimo de la convocatoria, los criterios de selección, los plazos para la elección, entre
otras provisiones necesarias para el debido ejercicio de esta función electoral.

Aunado a ello, esta Sección ha resaltado que «[…] las reglas para el desarrollo de las
anteriores etapas serán aquellas fijadas en la resolución expedida por la Contraloría
General de la República y las que, a su vez, sean determinadas por la respectiva
corporación electora[l] -asamblea o concejo-, con sus modificaciones y aclaraciones, las
cuales serán vinculantes para quienes manifiesten interés en la etapa de inscripción» 24.

De otra parte, en los órdenes departamental, distrital y municipal, el artículo 272 superior
advierte que para ser elegido contralor en el nivel territorial se requiere ser colombiano
por nacimiento, ciudadano en ejercicio, mayor de 25 años, acreditar título universitario,
no haber sido en el último año miembro de la asamblea o concejo a la que corresponde
la elección ni haber ocupado en ese lapso cargo público en la rama ejecutiva del
respectivo orden.

24 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 19 de septiembre de 2024. Expediente 68001-23-33-000-2021-

00800-01. C.P. Omar Joaquín Barreto Suárez.

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Así mismo, tal norma confía a las respectivas corporaciones político-administrativas la
elección de los contralores, en los siguientes términos:

Artículo 272. […] Los Contralores departamentales, distritales y municipales serán elegidos
por las Asambleas Departamentales, Concejos Municipales y Distritales, de terna
conformada por quienes obtengan los mayores puntajes en convocatoria pública conforme
a la ley, siguiendo los principios de transparencia, publicidad, objetividad, participación
ciudadana y equidad de género, para un periodo de cuatro años25 que no podrá coincidir
con el periodo del correspondiente gobernador y alcalde.

En concordancia, el artículo 11 de la Ley 1904 de 2018 prevé que las disposiciones para
la elección del contralor general serán aplicables en lo que corresponda a los demás
contralores, «en tanto el Congreso de la República expida disposiciones especiales para
la materia». Sumado a lo anterior, en virtud del artículo 6º ibidem, la Resolución 728 de
2019 de la Contraloría General de la República estableció los términos generales de las
convocatorias públicas de selección de contralores territoriales.

De manera que, tanto el contralor general, como los contralores departamentales,
distritales y municipales, son elegidos como resultado de una convocatoria pública
reglada, que permite una participación ciudadana más amplia en la postulación que en
aquel esquema anterior tenía origen en ternas conformadas por una autoridad judicial, e
introduce un criterio meritocrático objetivo, en clave con el derecho fundamental de
acceso a cargos públicos, consagrado en el numeral 7 del artículo 40 constitucional.

Con todo, la jurisprudencia de esta Sección26 ha observado que, si bien estas reglas de
selección están orientadas por factores cualitativos para la evaluación del aspirante, no
transforman la convocatoria pública en un concurso de méritos, como el previsto para la
elección de personeros, pues en este último el nominador siempre está obligado a
designar al primero de la lista, es decir, al candidato que obtenga el mayor puntaje como
resultado de las diferentes pruebas aplicadas. En contraste, en el sistema que precede
la elección de los contralores la corporación competente mantiene un margen de
discrecionalidad política que le permite escoger entre los ciudadanos que alcancen los
tres primeros puntajes, a partir de la autonomía administrativa de la autoridad que ostenta
tal atribución.

Ahora bien, específicamente respecto de la elección de los contralores departamentales
el artículo 34 de la Ley 2200 de 2022 dispone:

ARTÍCULO 34. Elección del Contralor. Los Contralores departamentales, serán elegidos
por las Asambleas Departamentales conforme lo dispuesto por el Artículo 6 del Acto
Legislativo 4 de 2019 y demás disposiciones que lo desarrollen o modifiquen.

El contralor será elegido en el último periodo de sesiones ordinarias que antecede el inicio
del periodo del nuevo contralor.

25 Es de advertir que el parágrafo transitorio 1º del artículo 272 de la Constitución Política dispuso que «La siguiente

elección de todos los contralores territoriales se hará para un período de dos años».
26 l respecto, ver: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 29 de septiembre de 2016, Rad. 70001-23-33-

000-2016-00011-02, MP. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 29 de abril de 2021, Rad. 15001-23-33-2020-00100-
01, MP. Rocío Araújo Oñate. Sentencia de 30 de septiembre de 2021, Rad. 66001-23-33-000-2020-00499-03, MP.
Rocío Araújo Oñate.

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Así las cosas, es claro que para la elección de este funcionario del orden departamental
se debe adelantar la convocatoria pública y el procedimiento señalado en el precitado
acto legislativo; sin embargo, la facultad nominadora se encuentra en cabeza de la
respectiva asamblea y, debe ejercerla dentro del último período de sesiones ordinarias
antes de que empiece el período del nuevo contralor.

2.5. Caso concreto

Como viene de explicarse, la Sala deberá resolver si hay lugar a confirmar, modificar o
revocar la decisión del Tribunal Administrativo de Caldas que negó las pretensiones de
la demanda, al considerar que el artículo 34 de la Ley 2200 de 2022 era inaplicable a la
elección del contralor de Caldas, para el periodo 2022-2025, que inició con la
convocatoria contenida en la Resolución 299 del 6 de septiembre de 2021.

Aunado a ello, al establecer que la aludida corporación pudo realizar la designación del
funcionario solo hasta el año 2024, debido a una situación excepcional como fue la
suspensión del procedimiento, producto de decisiones judiciales, lo cual no afecta la
legalidad del acto cuestionado, en tanto se presentó una imposibilidad fáctica y jurídica
de aplicación de dicho mandato legal.

Por su parte, el recurrente alega que no se configura el principio según el cual «nadie
está obligado a lo imposible», por cuanto la duma departamental podía prever que la
elección del demandado debía concretarse durante el último periodo de sesiones
anteriores al inicio de su periodo como contralor, dado que la Ley 2200 de 2022 entró en
vigor el 8 de febrero de ese año y la designación se efectuó el 24 de julio de 2024, cuando
debió hacerse entre el 1° de octubre y el 30 de noviembre de esa anualidad, sin que la
norma invocada permita la interpretación dada por la administración.

Sobre el particular, se recuerda que la competencia del juez de segunda instancia se
encuentra limitada a los argumentos expuestos en el recurso de apelación, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 320 y 328 del CGP 27, aplicables por
remisión de los artículos 296 y 306 del CPACA, por lo tanto, la sala se pronunciará
exclusivamente en relación con los reparos concretos formulados por el recurrente.

27 «ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la

cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el
superior revoque o reforme la decisión […] [Se resalta]».

«ARTÍCULO 328 COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el
superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y
ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia».

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Así las cosas, conforme a las pruebas documentales aportadas, se advierte que la duma
departamental, a través de Resolución 299 del 6 de septiembre de 2021, adoptó la
Convocatoria CGC 001-2021 para la elección «[...] del cargo del nivel Directivo, Contralor
General del Departamento de Caldas, Código 010, Grado 03 […], para el periodo 2022-
2025, el cual fungirá desde la posesión, previa acreditación para desempeñar el
cargo»28.

En el aludido acto administrativo, la mesa directiva de la corporación enunció las normas
que regulaban la designación, a saber, los artículos 126 y 272 de la Constitución Política,
la Ley 1904 de 2018 y la Resolución 728 del 19 de noviembre de 2019 emitida por la
Contraloría General de la República, a las que se hizo referencia en el marco jurídico de
esta providencia.

En cuanto a la elección, el aludido acto administrativo fijó:

Además, en el cronograma se dispuso que la fecha de elección del contralor sería el 30
de noviembre de 2021.

En este punto, vale la pena aclarar que ninguna de las normas que reguló la convocatoria
de septiembre de 2021 ordena que la designación deba realizarse durante el último
periodo de sesiones ordinarias que antecede al del inicio del nuevo servidor, por lo cual,
el accionante no puede pretender que la Asamblea Departamental de Caldas acatara una
regulación inexistente, como lo es la Ley 2200 de 2022, que comenzó a regir el 8 de
febrero de 2022. Ello, por cuanto, por regla general, las leyes rigen hacia futuro y no
pueden regular las situaciones jurídicas del pasado.

En efecto, el legislador no previó que la Ley 2200 de 2022 regularía situaciones fácticas
que iniciaron antes de su vigencia, ni estableció un procedimiento diferente a las reglas
conforme a las cuales se tramitó la mentada convocatoria, sino, únicamente, lo relativo
al periodo en el que tenía que realizarse la elección. Al respecto, sobre la vigencia, el
artículo 154 ibidem ordenó:

ARTÍCULO 154. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación[29] y
deroga el Decreto 1222 de 1986, la Ley 3 de 1986 y disposiciones contenidas en la
Ley 617 de 2000 que les sean contrarias.

28 Artículo primero.
29 La Ley 2200 fue publicada el 8 de febrero de 2022.

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Por lo anterior, los concursantes y la administración tenían que acatar las normas
vigentes y parámetros enunciados en la convocatoria, acto administrativo general que
reguló el proceso de selección del contralor de Caldas en cuanto a las etapas,
oportunidad, término de la elección y el periodo para el cual se estaba realizando la
designación.

Esto resulta relevante, porque el accionante pretende desconocer el hecho de que el
procedimiento administrativo que adelantó la Asamblea Departamental de Caldas tenía
como finalidad elegir al contralor de esa entidad territorial, para el periodo 2022-2025, y
que el último periodo de sesiones ordinarias anterior al inicio de este no es otro que el
que tuvo lugar en 2021, y no en anualidad posterior.

Por tal motivo, le asiste razón al ministerio público cuando afirma que esperar hasta el
último periodo de sesiones ordinarias de la asamblea departamental en 2024, tampoco
cumpliría con lo que ordena la norma, dado que el periodo de inicio del nuevo contralor
no comenzaba en 2025, sino que, este fue definido en la Resolución 299 del 6 de
septiembre de 2021, que reglamentó la convocatoria, en el que se expresó que
comenzaría en 2022.

Lo anterior se refuerza con lo expresado en el acta 064 del 24 de julio de 2024, en la que
consta que la elección del demandado era por el periodo 2022-2025, en los términos que
se citan a continuación:

La presidenta de la Duma departamental MARÍA ISABEL GAVIRIA CALDERÓN La
presidenta declaró, entonces, a la plenaria que el doctor Juan Carlos Pérez Vázquez había
sido elegido como Contralor General de Caldas. Dijo que los 17 meses restantes en el cargo
comenzaban en ese momento y lo invitó a subir para tomarle juramento e invitó a los
presentes a ponerse de pie.

La presidenta MARÍA ISABEL GAVIRIA CALDERÓN preguntó al doctor JUAN CARLOS
PÉREZ VÁZQUEZ si juraba ante Dios y el pueblo de Caldas cumplir fielmente con la
Constitución y las leyes que el cargo de Contralor General de Caldas 2022-2025 le
imponían, y desempeñar los deberes que le eran inherentes.

El doctor JUAN CARLOS PÉREZ VÁZQUEZ contestó que sí juraba.

La presidenta MARÍA ISABEL GAVIRIA CALDERÓN continuo si así fuere, que Dios y el
pueblo de Caldas lo premie; y si no, que Él y ellos se lo demanden. Y culminó extendiéndole
las felicitaciones y dándole la bienvenida.

El doctor JUAN CARLOS PÉREZ VÁZQUEZ expresó a la señora presidenta, miembros de
la mesa directiva, diputadas, diputados, que el voto de confianza era una gran
responsabilidad. La elección que se había hecho le brindaba una nueva oportunidad para
ser contralor departamental y no defraudaría en ningún momento. Afirmó que son 17 meses
en los que trabajaría arduamente para que la confianza en la Contraloría Departamental de
Caldas se refleje en la ciudadanía, su principal cliente.

Aceptar la tesis planteada por el actor, implicaría que el órgano fiscal hubiese continuado
acéfalo durante el periodo 2022-2025, sin un sustento normativo, puesto que, se reitera,
la elección del accionado no varió el periodo para el cual fue designado, y para la fecha
de la convocatoria no era aplicable la norma invocada.

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Bajo la misma línea argumentativa, también resulta relevante destacar que la Resolución
299 de 2021, que reguló la convocatoria, fue suspendida, con ocasión de la interposición
de acciones judiciales, por lo menos, a través de los siguientes actos administrativos que
reposan en el plenario: Resoluciones 308 del 21 de septiembre de 2021, 316 del 6 de
octubre de 2021, 359 del 10 de noviembre de 2021, 395 del 15 de diciembre de 2021,
414 del 12 de enero de 2022, 445 del 17 de febrero de 2022, 481 del 22 de abril de 2022,
514 del 16 de mayo de 2022, 528 del 2022 y 87 del 18 de marzo de 2024. Debido a ello,
no pudo dar cumplimiento al nombramiento del contralor en noviembre de 2021, como
había sido previsto en el cronograma inicial.

Cabe anotar que no fue formulada como pretensión que se analizara si el actuar de la
duma departamental conllevó que se generaran las referidas suspensiones, o no; pese a
ello, se hace referencia a tales circunstancias, porque permiten evidenciar las razones
por las cuales el accionante fue elegido hasta el 2024, cuando el periodo para el que se
realizó la convocatoria fue 2022-2025, situación que no puede ser considerada como una
causal de nulidad del acto cuestionado.

Bajo tales parámetros, la decisión adoptada por el a quo, de negar las pretensiones de la
demanda con fundamento, entre otros, en la imposibilidad de la administración de dar
cumplimiento a una norma que no estaba vigente, es correcta; en consecuencia, se
confirmará la providencia del 6 de diciembre de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas.

2.6 Otras decisiones

Observa la Sala que en la anotación 55 (folio 4) del expediente visible en la sede
electrónica para la gestión judicial, Samai, obra poder otorgado por la Asamblea
Departamental de Caldas al abogado Eduardo Andrés Grisales López con el fin de que
aquel ejerza su representación judicial en este proceso.

Al cumplir el poder los requisitos legales, se reconocerá al profesional del derecho
Grisales López en los términos de dicho documento.

Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 6 de diciembre de 2024, por medio de la cual
el Tribunal Administrativo de Caldas negó la nulidad del acto de elección del señor Juan
Carlos Pérez Vásquez, como contralor de dicha entidad territorial, para el periodo 2022-
2025.

SEGUNDO: RECONOCER personería al abogado Eduardo Andrés Grisales López,
identificado con tarjeta profesional 188.436 del Consejo Superior de la Judicatura, como
apoderado de la Asamblea Departamental de Caldas, en los términos y para los efectos
previstos en el poder otorgado por el presidente de esa corporación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Richard Gómez Vargas
Demandado: Juan Carlos Pérez Vásquez, contralor departamental de Caldas
Radicado: 17001-23-33-000-2024-00199-02

TERCERO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.

CUARTO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede ningún
recurso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx »

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