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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 68001-23-33-000-2021-00800-01

Fecha
19 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 68001-23-33-000-2021-00800-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: Revócase la sentencia del 10 de octubre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que decretó la nulidad de la Resolución 034 del 27 de agosto de 2021, expedida por la asamblea departamental, por las razones expuestas en la parte considerativa de este fallo. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 68001-23-33-000-2021-00800-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

19 de septiembre de 2024

Demandante: Álvaro Rueda Urquijo
Demandados: Departamento de Santander y otro
Rad. 68001-23-33-000-2021-00800-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

CONSEJERO DE ESTADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD
Radicación: 68001-23-33-000-2021-00800-01
Demandante: ÁLVARO RUEDA URQUIJO
Demandados: DEPARTAMENTO DE SANTANDER – ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL

Tema: Incumplimiento del término mínimo de publicación de la
convocatoria pública para proveer cargo de contralor
departamental

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la señora Xirys María Mora
Alvarado, procuradora 160 judicial II para Asuntos Administrativos de Bucaramanga,
en contra de la sentencia del 10 de octubre de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, que decretó la nulidad de la Resolución 034 del 27 de
agosto de 2021, expedida por la asamblea departamental, por la cual se efectuó la
convocatoria pública dirigida a la elección del contralor general de Santander para
el periodo 2022-2025.

1. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones

1. El señor Álvaro Rueda Urquijo, en nombre propio y en ejercicio del medio de
control de nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, presentó demanda ante el
Tribunal Administrativo de Santander, en la que se elevaron las siguientes
pretensiones:

Declarar la nulidad de la Resolución 034 del 27 de agosto de 2021, expedida por la
Asamblea Departamental de Santander.

Como consecuencia de lo anterior, ordenar a la accionada ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL DE SANTANDER que abra nuevamente la convocatoria al
público en general en los términos establecidos por la ley 1904 de 2018, la
resolución 0785 de 2021 y el decreto 1083 de 2015 a fin de que se inscriba
nuevamente, el personal calificado para concursar al cargo de CONTRALOR

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Demandante: Álvaro Rueda Urquijo
Demandados: Departamento de Santander y otro
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GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

Condenar en costas a las demandas en caso de contestar la demanda y proponer
excepciones (sic a toda la cita).

1.2. Hechos

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones, la parte actora narró, en
síntesis, los siguientes:

3. Sostuvo que, mediante la Ley 1904 de 2018 se establecen las reglas de la
convocatoria pública previa a la elección de contralor general de la República y, a
través de la Resolución 0728 de 2019, se reglamentó por la Contraloría General de
la República los términos generales de las convocatorias públicas para la elección
de los contralores territoriales.

4. Indicó que la Asamblea Departamental de Santander expidió la Resolución
034 del 27 de agosto de 2021, por la cual se efectúa la convocatoria pública dirigida
a la elección del contralor general de Santander, periodo 2022-2025, acto en el cual
se estableció la estructura del proceso de selección, normas que rigen el concurso,
requisitos de participación y cronograma.

5. Mencionó que en el numeral 5 del artículo 3 de la Resolución 034 del 27 de
agosto de 2021 se fijó el 27 de agosto de 2021 como fecha de la publicación de la
convocatoria, así como el término para las inscripciones de candidatos,
comprendido entre el 8 y 10 de septiembre de 2021.

6. Adujo que, según el numeral 1 del artículo 2.2.6.5 del Decreto 1083 de 2015,
aplicable por analogía en este asunto, la divulgación de las convocatorias públicas
debe efectuarse como mínimo, entre otros medios, en prensa de amplia circulación
nacional o regional, a través de dos avisos en días diferentes.

7. Expuso que el aviso de la convocatoria realizada por la Asamblea
Departamental de Santander para proveer el cargo de contralor general fue
publicado los días 3 y 4 de septiembre de 2021 en el periódico «El Frente» de
Bucaramanga.

8. Anotó que, entre la fecha de divulgación de la convocatoria por aviso en el
citado medio de comunicación y la de inscripciones, no transcurrió el término de
diez días calendario establecido en el numeral 2, artículo 6 de la Ley 1904 de 2018.

9. Refirió que el artículo 4 de la Resolución 0728 de 2019, igualmente, prevé
que «la convocatoria pública se hará con una antelación mínima de diez días
calendario a la fecha de inicio de inscripciones, para lo cual podrán emplearse los
medios previstos en el artículo 2.2.6.5 del Decreto 1083 de 2015, sumado a la
publicación en el sitio web de la Asamblea Departamental, Concejo Distrital o
Municipal o de la entidad territorial correspondiente».

10. Aseguró que, con fundamento en la disposición antes mencionada, la
publicación del aviso de la convocatoria pública se debe realizar en uno de los

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medios allí señalados y, además, en el sitio web de la asamblea departamental.

11. Advirtió que la Asamblea Departamental de Santander divulgó el aviso de la
convocatoria en el periódico «El Frente» los días 3 y 4 de septiembre de 2021, en
el que se habilitó el término de inscripciones de diez días y, aunque lo publicó,
adicionalmente, el 27 de agosto de ese año en el portal web, «jamás derogó» las
publicaciones realizadas en el primero y convalidó conjuntamente el plazo de la
inscripción con el de la inscripción.

12. Para explicar el anterior argumento, adjuntó la siguiente imagen:

13. Expuso que los diez días en los que debió permanecer la publicación del
aviso vencieron el 14 de septiembre de 2021, por lo que la etapa de inscripción
debió comenzar una vez expirado el término de la divulgación y no el 8 de
septiembre, como simultáneamente se hizo.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

14. La parte actora señaló como vulnerados los artículos 29 y 40 de la
Constitución Política; el parágrafo del artículo 2.2.6.5 del Decreto 1083 de 2015; el
inciso 2, numeral 2 del artículo 6 de la Ley 1908 de 2018 y la Resolución 0728 de
2019.

15. Para el efecto, manifestó que el acto administrativo acusado fue expedido en
forma irregular, por cuanto la Asamblea Departamental de Santander no siguió los
lineamientos fijados en el inciso 2, numeral 2 del artículo 6 de la Ley 1904 de 2018
ni en la Resolución 0728 de 2019, por la cual se establecen los términos generales
de las convocatorias públicas para selección de contralores territoriales, expedida
por la Contraloría General de la República.

16. Lo anterior, toda vez que con la limitación de tiempo para la publicación se
negó la oportunidad a que más personas pudieran participar en la convocatoria. Por
un lado, se estableció un término que no está previsto en las normas que regulan la
etapa de divulgación y, por otro, solo se otorgaron tres días para que los interesados
pudieran inscribirse a través del correo electrónico de la Asamblea Departamental
de Santander.

17. Asimismo, se quebrantó el parágrafo del artículo 2.2.6.7 del Decreto 1083 de
2015, según el cual, el término de inscripción de candidatos no podrá ser inferior a
cinco días, pues el fin de la norma es procurar que se inscriba el mayor número de
aspirantes posible que reúna los requisitos para el desempeño del cargo objeto de
la convocatoria.

18. Advirtió que, si bien el término que se menciona está previsto para los

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concursos realizados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, es aplicable por
analogía a los concursos de méritos para elegir personeros y contralores, en razón
a que el Título XXVII de la Parte 2 del Libro 2 de la norma en cita no reguló,
expresamente, un término mínimo de inscripción para ese tipo de procesos de
selección.

19. Acotó que el acto acusado redujo, arbitrariamente, el término para
inscripciones, por lo que se negó la posibilidad a aquellos profesionales que «por
causas ajenas a su voluntad no podían tener acceso a cualquiera de los
documentos exigidos como requisito para concursar o simplemente no les alcanzó
a llegar la información de la convocatoria dentro de los días estipulados en la
resolución para diligenciar su inscripción».

20. En ese orden, la Resolución 034 de 2021 quebranta el artículo 2.2.6.7 del
Decreto 1083 de 2015, si se tiene en cuenta que en este se previó un término de
tres días para la inscripción, cuando es claro que el legislador estableció uno de
cinco días.

1.4 Contestaciones de la demanda

1.4.1. Asamblea Departamental de Santander

21. A través de apoderado, contestó la demanda con fundamento en los
siguientes argumentos:

22. En primer término, mencionó que divulgó la convocatoria pública para la
elección del contralor general de Santander con fundamento en el artículo 209 de la
Constitución Política; inciso 4 del artículo 2 y numeral 1 del artículo 6 de la Ley 1904
de 2018; artículo 4 de la Resolución 728 de 2019 y en el artículo 2.2.6.5 del Decreto
1083 de 2015.

23. Esgrimió que la Resolución 034 del 27 de agosto de 2021 fue publicada en
esa misma fecha en la página web de la Asamblea Departamental de Santander y,
adicionalmente, los días 4 y 5 de septiembre de 2021 en el periódico «El Frente».

24. En ese sentido, se cumplió el principio de publicidad que señala la normativa
aplicable, toda vez que, desde el 27 de agosto de 2021, se hizo la divulgación en el
portal web y en el link de convocatorias públicas de la asamblea y, mediante uno de
los varios medios que establece el artículo 2.2.6.5 del Decreto Ley 1083 de 2015,
esto es, por medio de «prensa de amplia circulación nacional o regional, a través de
dos avisos en días diferentes».

25. Adujo que, en garantía del principio de publicidad de la convocatoria, se
inscribieron cincuenta y nueve participantes, de los cuales cincuenta y dos fueron
habilitados en la lista de admitidos por cumplir los requisitos mínimos, y cuarenta y
dos presentaron la prueba de conocimientos el 21 de septiembre de 2021.

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1.4.2. Departamento de Santander

26. Mediante apoderado, propuso la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva, en consideración a que el gobernador de Santander no está
habilitado constitucional ni legalmente para organizar «concurso de mérito» para
elegir al contralor departamental.

1.5. Actuación procesal en la primera instancia

27. Mediante auto del 24 de noviembre de 2021, el Tribunal Administrativo de
Santander admitió la demanda.

28. El 31 de agosto de 2022 se fijó el litigió así: «corresponde a la Sala establecer
si hay lugar a declarar la nulidad de la Resolución 034 del 27 de agosto de 2021,
expedida por la Asamblea Departamental de Santander. Para lo anterior, se debe
determinar si la convocatoria efectuada estuvo acorde con los términos establecidos
por la Ley 1904 de 2018, la Resolución 0785 de 2021 y el Decreto 1083 de 2015».
Igualmente, en esa decisión se decretaron pruebas dentro del asunto y se defirió la
decisión de la excepción propuesta por el Departamento de Santander para la
sentencia.

1.6. Sentencia de primera instancia

29. A través de sentencia del 10 de octubre de 2022, el Tribunal Administrativo
de Santander declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa
propuesta por el Departamento de Santander y declaró la nulidad del acto acusado.
Como fundamento de su decisión expuso, en resumen, lo siguiente:

30. Sostuvo que el artículo 6 de la Ley 1904 de 2018 establece que «la
publicación de la convocatoria deberá efectuarse con no menos de diez (10) días
calendario antes del inicio de la fecha de inscripciones», y el artículo 4 de la
Resolución 728 de 2018 señala que la divulgación de la convocatoria se hará con
una antelación mínima de diez días calendario antes de la fecha de inicio de las
inscripciones «para lo cual podrán emplearse los medios previstos en el artículo
2.2.6.5 del Decreto 1083 de 2015, sumado a la publicación en el sitio web de la
Asamblea Departamental, Concejo Distrital o Municipal o de la entidad territorial
correspondiente».

31. Manifestó que la convocatoria puede ser publicada en un medio de amplia
circulación nacional y, en forma adicional, se debe realizar en el sitio web de la
entidad, y conforme con las normas en cita, es la publicación bajo los parámetros
del Decreto 1083 de 2015 la que acredita en debida forma el requisito y no la
publicación en el portal de la corporación.

32. Señaló que, de acuerdo con las pruebas aportadas al expediente, el 27 de
agosto de 2021, se realizó la publicación de la convocatoria en la página web de la
Asamblea Departamental de Santander y, durante los días 3 y 4 de septiembre
siguientes a la publicación se hizo una en el periódico «El Frente», mientras que las
inscripciones iniciaron el 8 de septiembre, lo que pone de presente que se incumplió

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el término de diez días calendarios previos a la inscripción.

33. Advirtió que la Resolución 728 de 2018 remite, para efectos de la publicación,
al Decreto 1083 de 2015, por lo que se habilita ese trámite a través de los medios
allí previstos, como en efecto ocurrió en este caso, pues se empleó un periódico de
amplia circulación nacional, el cual es el idóneo para el propósito de la norma, si se
tiene en cuenta que la publicación en la página web se erige como un medio
adicional, no principal.

34. Por consiguiente, es claro que la asamblea departamental no respetó el plazo
de diez días calendario previo a la inscripción.

35. Acotó que el término para la inscripción no se encuentra sometido a los
lineamientos del Decreto 1083 de 2015, pues, en forma especial, la Ley 1904 de
2018 dispone que es la Mesa Directiva, en forma autónoma, la que lo fija en la
convocatoria, por lo que se torna improcedente la aplicación por analogía del
parágrafo del artículo 2.2.6.7 de la primera regulación.

36. En la providencia se hizo la precisión de que en el tribunal se adelanta el
proceso de nulidad electoral con radicación 68001-23-33-000-2021-00846-00, en
contra de la elección del contralor general de Santander, cuya designación fue
expedida con fundamento en la Resolución 034 de 2021. Por ello, esa decisión no
constituye una situación jurídica consolidada ante la existencia del proceso en el
que se enjuicia la legalidad de la elección.

37. En consecuencia, indicó que la sentencia tiene efectos ex tunc, lo que implica
que todos los actos y actuaciones posteriores que se hayan realizado o expedido
con fundamento en la Resolución 034 de 2021, incluida la elección del contralor
general de Santander, encuentran afectada su validez y, por ende, quedan sin
efecto.

1.7. El recurso de apelación

38. La procuradora 160 judicial II para asuntos administrativos interpuso recurso
de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, con base en los
siguientes argumentos:

39. Consideró que el acto administrativo demandado no desconoce las reglas
para delimitar el plazo de divulgación para la convocatoria para proveer el cargo de
contralor departamental, pues su incorrecta aplicación o inobservancia, en el caso
concreto, no es causal de nulidad del acto general, sino, eventualmente, del acto de
elección, por infracción irregular.

40. Arguyó que no existe controversia acerca de que el plazo de divulgación que
debió atenderse en la convocatoria es el de mínimo diez días calendario previsto en
el inciso 2 del artículo 6 de la Ley 1904 de 2018 y en el artículo 4 de la Resolución
728 de 2019, expedida por la Contraloría General de la República.

41. Aseveró que la Resolución 034 de 2021 fijó como regla de publicidad en el
cronograma de la convocatoria «el término de once días calendario entre el día
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siguiente al del inicio de divulgación, tanto en la página web como en prensa [28 de
agosto de 2021] y el día anterior al inicio de inscripciones [7 de septiembre de
2021]», lo cual imponía concluir que el término dispuesto por la asamblea
departamental fue cumplido según la normativa aplicable.

42. Manifestó que en el numeral 10 del artículo 3 de la convocatoria pública se
precisó como medios de divulgación los siguientes:

43. Adujo que en la sentencia apelada se omitió analizar los numerales 5 y 10
del artículo 3 de la Resolución 034 de 2021, a pesar de que el contenido de estos
es el objeto de controversia. Por el contrario, dirigió el estudio a la verificación de
las diligencias propias de la publicación, es decir, a la ejecución del acto acusado.

44. Expresó que las citadas disposiciones son las que contienen las reglas sobre
el plazo de publicidad de la convocatoria, pero el tribunal creó una «subregla» en
cuanto a la fecha en la cual debe iniciar el conteo del plazo mínimo de diez días,
esto es, «en el día siguiente a la primera fecha de publicación en prensa – en tanto
éste si es uno de los medios previsto expresamente en el artículo 4 de la Resolución
728 de 2019 de la Contraloría General de la Nación y no en el día siguiente al de la
publicación en página web -en tanto esta es apenas un medio adicional de
publicidad irrelevante para una correcta divulgación» (sic a toda la cita).

45. Anotó que el límite de competencia del juez estaba sujeto al análisis de si las
reglas de publicidad de la Resolución 034 de 2021 respetaban o no los mínimos
legales y reglamentarios, por lo que, verificar si el plazo mínimo de diez días
calendario se cumplió o no en la convocatoria para la elección del contralor, excedió
el margen de competencia, pues esa revisión le corresponde al juez que conoce la
legalidad del acto de elección, a través del medio de control de nulidad electoral.

46. En otros términos, el pronunciamiento debió circunscribirse a analizar la
legalidad de los artículos del acto acusado de la convocatoria que reguló el punto
de la divulgación, el cual se encuentra ajustado a los artículos 4 de la Resolución
728 de 2019 de la Contraloría General de la República y 2.2.6.5 del Decreto 1083
de 2015.

47. Indicó que la irregularidad sobre la que se estructura la declaratoria de
nulidad no es previa ni concomitante con la expedición de la Resolución 034 de
2021, sino que corresponde con actos posteriores de ejecución, que pueden afectar
el acto de elección, por expedición irregular.

48. Por otro lado, señaló que se vulneró el derecho al debido proceso del electo
contralor de Santander, pues, a pesar de que no se hizo parte en el proceso de
nulidad, los efectos de la sentencia anulatoria se extendieron a su elección, según
lo consignado en el ordinal 5.º de la parte resolutiva de esta.

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49. Puntualizó que, si no se acogen los anteriores argumentos, se debe tener en
cuenta que la divulgación o publicación de la convocatoria para la elección del
contralor se efectuó a las 19:24 horas del 27 de agosto de 2021, día la expedición
de aquella, mediante aviso fijado en la página web de la Asamblea Departamental
de Santander. Por su parte, se realizó la publicación los días 3 y 4 de septiembre
de 2021, en el periódico «El Frente», es decir, cuando ya se había hecho la
divulgación en el portal de la asamblea.

50. Según lo manifestado, el 5 de septiembre se volvió a hacer la publicación en
de la convocatoria en el periódico «El Fuerte», es decir, a través de un segundo
aviso, como lo acredita la siguiente imagen:

51. De acuerdo con el cronograma de la convocatoria, las inscripciones debían
iniciar el 8 de septiembre de 2021, sin que haya prueba de que ese plazo fue
incumplido. En esa medida, es claro que la convocatoria fue objeto de, por lo menos,
dos tipos de divulgación: i) una, a través de la página web de la Asamblea
Departamental de Santander, el 27 de agosto y, ii) otra, en prensa, los días 3, 4 y 5
de septiembre de ese año.

52. Expresó que, computados los días calendario transcurridos entre la primera
publicación demostrada -27 de agosto de 2021- y el día anterior al del inicio de
inscripciones, se concluye que el plazo mínimo no se incumplió, como lo señaló en
la siguiente imagen:

53. Manifestó que en la sentencia de primera instancia se restó valor a la
publicación efectuada por la asamblea en medios electrónicos, a pesar de que el
legislador no señaló expresamente que carece de «eficacia». Por lo que no es dable
distinguir entre medios principales y subsidiarios de publicidad, con lo que se
pretendía significar que la publicación en la página web de la entidad no es la
idónea, pues con esta se materializa lo previsto en el artículo 3 de la Ley 1437 de
2011.

1.8. Actuación procesal en segunda instancia

54. Mediante auto del 7 de junio de 2024, el magistrado ponente de la Sección
Quinta del Consejo de Estado admitió el recurso de apelación. Por no haber pruebas
por decretar, no se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y se indicó

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que podían pronunciarse en relación con el recurso desde la notificación del auto
que lo concedió hasta la ejecutoria del que lo admitió en segunda instancia.
Asimismo, se dispuso la notificación personal al agente del Ministerio Público para
que rindiera concepto, en los términos del numeral 6 del artículo 247 del Código de
Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo.

1.9. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Asamblea Departamental de Santander

55. Durante el término de traslado para alegar de conclusión, el apoderado de la
corporación1 manifestó que en el trámite de primera instancia interpuso recurso de
apelación, el 24 de abril de 2024, en contra del auto del 7 de junio de 2023, así como
frente al proveído que lo adicionó, del 16 de abril de 2024, por el cual se rechazó
por improcedente una petición de nulidad y se «desvinculó del proceso al
Departamento de Santander».

56. Sostuvo que el Tribunal Administrativo de Santander no se ha pronunciado
sobre la concesión del recurso, razón por la cual solicitó que el Consejo de Estado
adopte las medidas necesarias para que aquella corporación provea al respecto.

57. Vencido el término de traslado para presentar escrito de alegaciones, anexó
la imagen del envío de un correo al tribunal, en el que, al parecer, radicó el recurso
de apelación al que se hace referencia. Por lo tanto, insistió en lo anteriormente
expuesto.

1.11. Concepto del Ministerio Público

58. Durante el término concedido para rendir concepto, la señora agente del
Ministerio Público guardó silencio.

2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia

59. La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación interpuesto por la procuradora 160 judicial II para Asuntos
Administrativos de Bucaramanga contra la sentencia del 10 de octubre de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, de conformidad con lo
establecido en los artículos 1502 y 152 numeral 1 del Código de Procedimiento

1 Dijo actuar como apoderado del señor Noé Alexander Medina Sosa, quien, supuestamente,
presentó escrito en el que pidió que se tuviera como tercero impugnador. No obstante, en el índice
25 del expediente digital del trámite de primera instancia registrado en SAMAI, en donde se indica la
existencia de un escrito de coadyuvancia, no aparece registrado documento alguno. Tampoco obra
el mencionado documento en el expediente remitido por esa corporación al Consejo de Estado.
2 ARTÍCULO 150. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA Y

CAMBIO DE RADICACIÓN. Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso
modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo
Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
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Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3, en concordancia con el artículo
13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Problema jurídico

60. Corresponde a esta Sección resolver, en los precisos términos expuestos en el
recurso de apelación, si hay lugar a confirmar, revocar o modificar la sentencia
proferida el 10 de octubre de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo de
Santander, que declaró la nulidad del acto acusado.

61. Para el efecto, se deberá establecer si, como lo sostiene la apelante, el acto
acusado no desconoce las reglas que fijan el plazo de la convocatoria para la
elección del cargo de contralor, establecidas en la Ley 1904 de 2018, en el artículo
2.2.6.5 del Decreto 1083 de 2015 y en la Resolución 728 de 2019, expedida por la
Contraloría General de la República.

62. Igualmente, si el juez de primera instancia extralimitó su competencia, por
cuanto, el análisis se debió circunscribir a determinar si el acto acusado acataba el
plazo mínimo para la publicación de la convocatoria, fijado en la normativa que
regula la materia, y no analizar la actuación dirigida a darle publicidad a la
convocatoria, pues corresponde a actos de ejecución, cuyo estudio es propio del
medio de control de nulidad electoral frente al acto de elección.

63. Asimismo, si el tribunal no analizó en debida forma las divulgaciones efectuadas
en el portal web de la Asamblea Departamental de Santander y en prensa, con el
fin de acreditar el cumplimiento del término mínimo de publicación de la
convocatoria para el cargo de contralor.

2.3. Cuestión previa

64. Según lo señalado por el apoderado de la Asamblea Departamental de
Santander, en el trámite de la primera instancia presentó recurso de apelación en
contra del auto del 7 de junio de 2023, por el cual se negó una petición de nulidad
y, además, se «desvinculó» del proceso a dicha corporación, sin que el tribunal
hubiera adoptado decisión alguna en relación con la concesión del referido medio
de impugnación.

65. Por esa razón, solicita a la Sección Quinta del Consejo de Estado que adopte
las medidas pertinentes para que el tribunal «corrija los defectos procesales en los
que ha incurrido, pero, especialmente para que emita pronunciamiento y determine

susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule
contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código.
3 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Artículo 152.

Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. «Los tribunales administrativos
conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:
1. De la nulidad de actos administrativos expedidos por funcionarios u organismos del orden
departamental, o por las personas o entidades de derecho privado que cumplan funciones
administrativas en el mismo orden.
(…)

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si concedió o no el recurso de apelación interpuesto el 24 de abril de 2024».

66. Frente al punto, se tiene que, mediante el auto del 7 de junio de 2023, el Tribunal
Administrativo de Santander resolvió: i) rechazar por improcedente la solicitud de
nulidad procesal propuesta por la Asamblea Departamental de Santander en contra
del auto del 31 de agosto de 20224; ii) dejar sin efecto el reconocimiento de
personería jurídica al señor Robert Augusto Duarte Quintero, como apoderado de
la Asamblea Departamental de Santander y, iii) conceder en el efecto suspensivo el
recurso de apelación interpuesto por la procuradora 160 judicial II para Asuntos
Administrativos de Bucaramanga en contra de la sentencia de primera instancia del
10 de octubre de 2022.

67. La Sala advierte, en primer lugar, que, tratándose del recurso de apelación, la
competencia funcional del juez de segunda instancia se encuentra limitada a
resolver las razones de inconformidad o juicios de reproche expuestos por el
recurrente en la alzada, en este caso, por la procuradora 160 judicial II para asuntos
administrativos en contra de la sentencia dictada el 10 de octubre de 2022, de
conformidad con lo previsto en el artículo 320 de la Ley 1564 de 2012.5

68. En segundo término, el inciso sexto del artículo 323 de esa normativa establece
que «en caso de apelación de la sentencia, el superior decidirá en esta todas las
apelaciones contra autos que estuvieran pendientes, cuando fuere posible». No
obstante, en este asunto, según lo narrado por el apoderado de la Asamblea
Departamental de Santander, el juez de primera instancia no ha emitido
pronunciamiento acerca de la concesión de la apelación formulada en contra del
auto del 7 de junio de 2023, razón por la cual no es procedente aplicar lo dispuesto
en ese precepto.

69. Sin perjuicio de lo anterior, se advierte que, en atención a lo consagrado en el
artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021, el
auto que rechace un incidente de nulidad no es pasible de ser controvertido
mediante el recurso de apelación, razón por la cual, aun en el evento en que el
tribunal hubiera decidido su concesión, lo cierto es que el superior funcional carece
de competencia para resolver el fondo del asunto debido a su improcedencia.

70. En ese orden, la Sala Electoral no tiene competencia para adoptar las medidas
tendientes a que el Tribunal Administrativo de Santander corrija los posibles yerros
procedimentales en los que, supuestamente, ha incurrido la corporación, por
cuanto, si el apoderado de la asamblea departamental encuentra reparos en el
trámite, como, por ejemplo, la omisión o tardanza en la resolución de recursos
interpuestos tiene a su alcance otros mecanismos judiciales.

4 En el escrito contentivo de la petición de nulidad se indicó que se configura por indebida notificación

del auto 31 de agosto de 2022, porque, a pesar de tratarse de la primera providencia para el tercero
impugnador, no hubo pronunciamiento frente a la petición de este de tenerlo como tal. Consideró
que, por ello, la providencia debió notificarse en forma personal al tercero impugnador. En la petición
de nulidad también se advierte que se impartió al proceso el trámite de sentencia anticipada, cuando
tal decisión era improcedente, conforme con lo establecido en el artículo 182 de la Ley 1437 de 2011.
5 De acuerdo con lo señalado en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, al dictar sentencia, al juez

le corresponde pronunciarse, de oficio, acerca de las excepciones que encuentre probadas.
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71. Precisado lo anterior, se resolverá el recurso de apelación impetrado en contra
de la sentencia del 10 de octubre de 2022.

2.4. Marco general de la elección de contralores territoriales – etapa de
convocatoria pública

72. De acuerdo con lo previsto en el Acto Legislativo 2 de 20156, que modificó entre
otras normas, el artículo 267 de la Constitución Política, le corresponde al Congreso
de la República elegir al contralor, de lista elegibles conformada por convocatoria
pública con base en lo dispuesto en el artículo 126 ibidem y no podrá ser reelegido
ni continuar en ejercicio de sus funciones al vencimiento del periodo, que será igual
al del presidente de la República.

73. En cuanto a la elección de los contralores territoriales, el artículo 23 del acto
legislativo determinó que serían elegidos por las asambleas departamentales,
concejos municipales y distritales mediante convocatoria pública conforme con la
ley y con base en los principios de transparencia, publicidad, objetividad,
participación ciudadana, equidad de género y mérito.

74. Con la reforma hubo un cambio sustancial en la forma de elección de los
contralores territoriales, por cuanto estos eran elegidos de terna constituida por dos
integrantes postulados por el tribunal superior de distrito judicial correspondiente y
uno por el tribunal contencioso administrativo.

75. Por su parte, el Acto Legislativo 04 de 2019 modificó nuevamente el inciso 7 del
artículo 272 de la Constitución Política, en el sentido de señalar que los contralores
territoriales se eligen por las asambleas departamentales, concejos municipales y
distritales de terna conformada por quienes obtengan los mayores puntajes en
convocatoria pública conforme a la ley. Igualmente, le corresponde a la Contraloría
General de la República desarrollar los términos que deben cumplir las
convocatorias públicas que adelanten las asambleas departamentales y los
concejos municipales y distritales para la elección de los contralores territoriales
(artículo 6 del Acto Legislativo 04 de 2019). Los contralores tendrán un periodo de
cuatro años que no podrá coincidir con el periodo del correspondiente gobernador
y alcalde.

76. Ahora bien, la Sección Quinta del Consejo de Estado ha señalado que al haber
dispuesto la norma que la elección de los contralores territoriales se debe realizar
mediante convocatoria pública, ello implica que el procedimiento sea más flexible
que el del concurso de méritos, de manera que la administración tiene un margen
más amplio de discrecionalidad para adelantarlo, por supuesto con observancia de
los principios enlistados en los artículos 126 y 275 del texto constitucional.

77. En el mismo Acto Legislativo 4 de 2019 se asignó a la Contraloría General de
la República la competencia para definir los términos generales del proceso de
convocatoria pública de que trata el artículo 272 de la Constitución, razón por la cual
fue proferida la Resolución 0728 del 18 de noviembre de 2019.

6 Por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se

dictan otras disposiciones
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78. En ese acto se explicó que la competencia otorgada a la Contraloría General de
la República por el artículo 6 del Acto Legislativo 4 de 2019 constituye una facultad
reglamentaria de carácter permanente, pero limitada a la materia y a la finalidad
señaladas en dicha norma, es decir, encaminada a desarrollar los términos
generales (establecidos previamente por el legislador) de los procesos de
convocatoria pública para la elección de los contralores departamentales,
municipales y distritales. Asimismo, se advirtió que esa potestad debe ser ejercida
dentro de los límites materiales y teleológicos indicados y de forma subordinada a
la Constitución Política (especialmente a los artículos 126 y 272) y a la ley que regule
las convocatorias (en la actualidad es la Ley 1904 de 2018), mediante la expedición
de actos de contenido general7.

79. De acuerdo con lo establecido en el en el artículo 6 de la Ley 1904 de 2018, las
etapas mínimas que deben adelantarse en el procedimiento de convocatoria pública
son las siguientes:

ARTÍCULO 6. Etapas del Proceso de Selección:
El proceso para la elección del Contralor General de la República tendrá
obligatoriamente las siguientes etapas:
1. La convocatoria,
2. La inscripción,
3. Lista de elegidos,
4. Pruebas,
5. Criterios de selección,
6. Entrevista,
7. La conformación de la lista de seleccionados y,
8. Elección.

80. Es importante resaltar que las reglas para el desarrollo de las anteriores etapas
serán aquellas fijadas en la resolución expedida por la Contraloría General de la
República y las que, a su vez, sean determinadas por la respectiva corporación
electora -asamblea o concejo-, con sus modificaciones y aclaraciones, las cuales
serán vinculantes para quienes manifiesten interés en la etapa de inscripción.

81. Así pues, en cuanto a la etapa de convocatoria, esta se define como el aviso
por el cual se invita a todos los ciudadanos interesados en participar en el proceso
de elección del contralor departamental, distrital y municipal, y se erige como «la
norma reguladora de todo el proceso de selección y obliga tanto a la administración
como a la entidad contratada para su realización y a los participantes. Contendrá el
reglamento de la convocatoria pública, las etapas que deben surtirse y el
procedimiento administrativo orientado a garantizar los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad del proceso de
elección».8

82. Respecto de la obligatoriedad de la etapa de la convocatoria en un proceso de
selección, la Corte Constitucional9 ha dicho lo siguiente:

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 11 de

agosto de 2022, rad. 47001-23-33-000-2020-00081-03, MP Carlos Enrique Moreno Rubio.
8 Numeral 1.º, inciso 4.º del artículo 6 de la Ley 1904 de 2018.
9 Sentencia T-682 de 2016.

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La Convocatoria constituye una norma que se convierte en obligatoria en el
concurso, en consecuencia, cualquier incumplimiento de las etapas y
procedimientos consignados en ella, vulnera el derecho fundamental del debido
proceso que le asiste a los participantes, salvo que las modificaciones realizadas en
el trámite del concurso por factores exógenos sean plenamente publicitadas a los
aspirantes para que, de esta forma, conozcan las nuevas reglas de juego que rigen
la convocatoria para proveer los cargos de carrera administrativa.

(…)

La convocatoria en el concurso público de méritos es la norma que de manera fija,
precisa y concreta reglamenta las condiciones y los procedimientos que deben
cumplir y respetar tanto los participantes como la administración. Son reglas
inmodificables, que tienen un carácter obligatorio, que imponen a la administración
y a los aspirantes el cumplimiento de principios como la igualdad y la buena fe.

Las reglas del concurso autovinculan y controlan a la administración, y se vulnera el
derecho del debido proceso cuando la entidad organizadora del concurso cambia
las reglas de juego aplicables y sorprende al concursante que se sujetó a ellas de
buena fe. Solo en casos excepcionales, y por “factores exógenos”, como señala el
precedente de la Corporación, cuando se varían las etapas o normas, dicha
modificación debe ser publicitada a los participantes. Reglas que deben ser precisas
y concretas, con el fin de que los aspirantes tengan un mínimo de certeza frente a
las etapas del proceso de selección y la duración de las mismas, que no los someta
a una espera indefinida y con dilaciones injustificadas

83. En contexto, se concluye que la etapa de convocatoria pública constituye una
herramienta eficaz para alcanzar una mayor participación de la ciudadanía, para de
esta forma garantizar, en forma efectiva, el acceso en igualdad de condiciones a los
distintos cargos públicos.

2.5. Caso concreto

84. En este asunto, la Sala observa que la recurrente solicitó que se revoque la
sentencia de primera instancia, pues de la confrontación del acto acusado con las
normas que se consideran quebrantadas, no se advierte la alegada vulneración.
Ello, en la medida en que la Resolución 034 del 27 de agosto de 2021, expedida por
la Asamblea Departamental de Santander, no desconoce el plazo previsto para
efectuar la convocatoria pública para el cargo de contralor, según lo establecido en
la Resolución 728 de 2019 de la Contraloría General de la República y en el artículo
2.2.6.5 del Decreto 1083 de 2015.

85. En su criterio, el reproche relacionado con la incorrecta aplicación o
inobservancia del plazo de la convocatoria para la elección del cargo de contralor
no es una causal de nulidad del acto general, sino que, eventualmente, puede ser
controvertido a través del medio de control de nulidad electoral, por expedición
irregular, cuando ya se materialice el acto de elección.

86. Para resolver esa censura, se advierte que, contrario a lo manifestado por la
recurrente, la resolución cuya nulidad se pide, como se indicó en párrafos
precedentes, constituye un acto administrativo de carácter general, pues es la
norma reguladora de todo el proceso de selección y obliga tanto a la administración
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como a la entidad contratada para su realización, así como a los interesados en
participar en el proceso de selección.

87. El acto contiene el reglamento de la convocatoria pública, las etapas que deben
surtirse y el procedimiento administrativo orientado a la elección del cargo de
contralor, razón por la cual, en tanto acto administrativo que define unos parámetros
generales para el cabal desarrollo de la convocatoria, su legalidad puede ser
cuestionada a través del medio de control de nulidad, consagrado en el artículo 137
de la Ley 1437 de 201110.

88. Con todo, ante la existencia del acto de elección del cargo de contralor, el
reproche relacionado con el incumplimiento de los términos de la convocatoria
puede ser planteado en el medio de control de nulidad electoral, previsto en el
artículo 139 ibidem, bajo la causal de expedición irregular, por considerarse que el
acto está viciado por irregularidades en el procedimiento administrativo.

89. Ahora bien, para la apelante el plazo para la publicación de la convocatoria
pública, definido en la Resolución 034 del 27 de agosto de 2021, expedida por la
Asamblea Departamental de Santander, no desconoce el inciso segundo, numeral
2 del artículo 6 de la Ley 1904 de 2018 ni el artículo 4 de la Resolución 728 de 2019,
proferida por la Contraloría General de la República, relacionados con la divulgación
de la convocatoria, toda vez que en dichas normas se establece que la publicación
deberá efectuarse con no menos de diez días calendario antes del inicio de la fecha
de inscripciones.

90. Lo anterior, si se tiene en cuenta que en el acto controvertido se fijó como regla
de divulgación de la convocatoria el término de once días calendario, contados
desde el día siguiente al inicio de la publicación (28 de agosto de 2021), hasta el
día anterior al inicio de las inscripciones (7 de septiembre de 2021).

91. En cuanto a este reproche, se encuentra que el artículo 3 de la Resolución 034
del 27 de agosto de 2021 estableció los parámetros que regirían la convocatoria
pública para proveer el cargo de contralor general de Santander, para el periodo
2022-2025, y en el numeral 5 se definió el cronograma del proceso, como se ilustra
a continuación:

10 Respecto de providencias que han resuelto demandas promovidas en ejercicio del medio de
control de nulidad frente a actos de convocatorias públicas, se pueden consultar, entre otras, la
sentencia del 11 de junio de 2024, rad. 11001-03-24-000-2024-00027-00, MP Luis Alberto Álvarez
Parra. En esa providencia se decidió la legalidad del Acuerdo 004 del 30 de agosto de 2023 por
medio del cual se reglamenta el procedimiento para la selección del director (a) general de la
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina – CORALINA para el periodo institucional 2024 - 2027», proferido por el consejo directivo
de la entidad. Asimismo, puede consultarse el auto del 29 de febrero de 2024, rad. 17001-23-33-
000-2022-00027-01, MP Luis Alberto Álvarez Parra (E), en el que revocó el decreto de la medida
cautelar de suspensión provisional de la Resolución 0299 de 2021, «por medio de la cual se
reglamenta y se abre la convocatoria pública para la elección del cargo de Contralor General del
Departamento de Caldas para la vigencia 2022-2025» expedida por la Mesa Directiva de la
Asamblea Departamental de Caldas. Dicho acto fue controvertido a través del medio de control de
nulidad, consagrado en el artículo 137 del CPACA. Asimismo, se puede consultar la providencia del
24 de agosto de 2024, en la que se negó la suspensión provisional de los efectos jurídicos de la
Resolución DGEN 20237000699 del 17 de octubre 2023, que contiene la convocatoria para adelantar
el proceso de elección del representante de las ESAL de la CAR – Cundinamarca y establece los
lineamientos generales sobre ese procedimiento electoral.
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92. Igualmente, en el numeral 10 del artículo 3 se indicó que la divulgación se
realizaría en la página web de la Asamblea Departamental de Santander:
www.asambleadesantander.gov.co banner convocatoria contralor general de
Santander, y podrá emplearse alguno o algunos de los medios previstos en el
artículo 2.2.6.5 del Decreto 1083 de 2015.

93. La publicación de la convocatoria debía efectuarse el 27 de agosto de 2021, a
través de la página web de la Asamblea Departamental de Santander y en dos
avisos de prensa de amplia circulación nacional o regional. Por su parte, el periodo
de inscripciones iniciaba el 8 de septiembre de ese año, durante 3 días.

94. En relación con el plazo para la divulgación de la convocatoria pública, el inciso
segundo del artículo 6 de la Ley 1904 de 2018 prevé que: «La publicación de la
convocatoria deberá efectuarse con no menos de diez (10) días calendario antes
del inicio de la fecha de inscripciones, al vencimiento del término de inscripción
serán rechazadas, devueltas y no serán valoradas, para ningún efecto, las hojas de
vida, anexos o cualquier otro documento que se aporte de manera extemporánea».

95. Y, el artículo 4 de la Resolución 0728 de 2019, proferida por la Contraloría
General de la República, establece que «la divulgación de la convocatoria pública
se hará con una antelación mínima de (10) días calendario antes de la fecha de
inicio de inscripciones, para lo cual podrán emplearse los medios previstos en el
artículo 2.2.6.5 del Decreto 1083 de 2015, sumado a la publicación en el sitio web
de la asamblea departamental, concejo distrital o municipal o de la entidad territorial
correspondiente».

96. En ese contexto, se tiene que desde el 27 de agosto de 2021 (primer día al del
inicio de la publicación) hasta el 7 de septiembre de ese año (día anterior al inicio
de las inscripciones, transcurrieron doce días calendario, como se observa en el
siguiente recuento:

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Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12
27/8/21 28/8/21 29/8/21 30/8/21 31/8/21 1/9/21 2/9/21 3/9/21 4/9/21 5/9/21 6/9/21 7/9/21

97. Del anterior cómputo, es claro que el cronograma fijado en la Resolución 034
del 27 de agosto de 2021, cumplió el término previsto en el artículo 6 de la Ley 1904
de 2018, desarrollado por el artículo 4 de la Resolución 0728 de 2019, en razón que
el periodo de la divulgación de la convocatoria fue de más de diez de antelación al
inicio de las inscripciones.

98. Es importante señalar que el margen temporal que el legislador estableció para
la divulgación de la fase de la convocatoria pública, tendiente a la provisión del cargo
de contralor, tiene como propósito otorgar un límite razonable y adecuado para que
un mayor número de aspirantes se inscriba en el proceso de selección.

99. En línea con lo expuesto, se encuentra que las disposiciones de la resolución
acusada, que establecen el término fijado para la publicación de la convocatoria, no
desconocen las normas que lo regulan, pues se ajustaron al plazo mínimo previsto
para esa finalidad.

100. Por lo anterior, el estudio de legalidad del acto administrativo demandado se
debió circunscribir al contenido de las disposiciones que fijaron el cronograma para
la fase de la divulgación de la convocatoria, para efectos de confrontarlas con los
preceptos que se consideraron infringidos, y no extenderse a la ejecución o
cumplimiento de ese término por parte de la asamblea departamental ni a la forma
de divulgación utilizada, con el fin de que la ciudadanía tuviera conocimiento de la
existencia de la convocatoria. Ello, en la medida en que, tal como lo propuso la
apelante, los cuestionamientos en ese sentido son propios del análisis del acto de
elección a través del medio de control de nulidad electoral, además de que no están
relacionados con la validez del acto bajo estudio en este proceso.

101. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala advierte que, en contra del acto de elección
de Fredy Antonio Amaya Martínez como contralor general de Santander, periodo
2022-2025, fueron promovidas sendas demandas en ejercicio del medio de control
de nulidad electoral y uno de los cargos fue el relacionado al incumplimiento del
término de diez días calendario para la publicación de la convocatoria pública.

102. En efecto, mediante sentencia del 14 de febrero de 2023, el Tribunal
Administrativo de Santander declaró la nulidad del acto de elección demandado,
pues encontró acreditado el vicio de falta de competencia de la asamblea
departamental para tramitar las recusaciones formuladas por el ciudadano Sergio
Andrés Dávila Higuera en contra de todos los miembros de la corporación pública,
toda vez que no era procedente que fueran resueltas por quienes estaban inmersos
en las situaciones alegadas. Consideró que lo pertinente, en ese caso, era la
remisión a la Procuraduría Regional de Santander para que adoptara la decisión
que correspondiera, de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de la Ley 1437 de
2011.

103. Ahora bien, la censura referente a la inobservancia del plazo para la
publicación de la convocatoria pública fue resuelta por el Tribunal Administrativo de
Santander, en los siguientes términos:

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Conforme la situación fáctica, la Sala encuentra el régimen jurídico especial que
regula el proceso de selección de contralor estableció que la publicidad de la
convocatoria debería efectuarse con una antelación mínima de diez (10) calendario,
regla que fue atendida en la Resolución 034 de 2021 -norma reguladora de la
elección del Contralor General de Santander-, al verificarse en el cronograma que
entre el día siguiente a la publicación del aviso -27 de agosto de 2021- y, el día
previo a la apertura de la etapa de inscripciones (8 septiembre de 2021), existe un
lapso de 11 días calendario.

Ahora, se cuestiona que dicho término (10 días) no fue garantizado en la
ejecución del cronograma de la convocatoria; sin embargo, las pruebas
aportadas al proceso permiten arribar a una conclusión distinta. Lo anterior,
por cuanto la primera publicación se realizó el día 27 de agosto de 2021 por el
sitio web de la Asamblea Departamental de Santander, lo que significa que a
partir del día siguiente inició el conteo del plazo legal (28/08/2021) y, finalizó el
6 de septiembre de 2021, fecha para la cual no había comenzado las
inscripciones para el proceso de selección contralor de Santander pues, tal
etapa estaba prevista para el día 8 del mismo y año.

En este punto, debe aclararse que, si bien se efectuaron publicaciones posteriores
del aviso de la convocatoria, no puede entenderse que tal actuación reanuda el
conteo del plazo mínimo, toda vez que el artículo 4° de la Resolución 728 de 2019
establece como regla de obligatorio cumplimiento que el período de publicidad se
surta con al menos 10 días de anterioridad a la etapa de inscripciones,
independientemente de la escogencia del medio permitido para tal fin por la norma,
lo cual se cumplió en el sub examine. En consecuencia, no prospera el cargo de
nulidad planteado por el demandante (resalta la Sala).

104. En contra de la sentencia no fue interpuesto recurso de apelación, como se
advierte de la consulta efectuada en el expediente digital registrado en el sistema
SAMAI11, de manera que la decisión quedó debidamente ejecutoriada.

105. A partir de tales consideraciones, la Sala no se pronunciará acerca de la
censura consistente en el incumplimiento de la ejecución del término para la
divulgación de la convocatoria pública para proveer el cargo de contralor.

106. Finalmente, por sustracción de materia, no hay lugar a realizar análisis alguno
frente al reproche relacionado con la supuesta vulneración del derecho al debido
proceso del contralor departamental de Santander, debido a que dicho aspecto
escapa al objeto del medio de control de nulidad que se estudia.

107. Por consiguiente, se revocará la sentencia apelada, en consideración a que
con la expedición del acto administrativo acusado no se vulneró la normativa que
regula el término en el que se debe divulgar la convocatoria pública para la elección
del cargo de contralor departamental.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

11 Expediente 680012333000-2021-00846-00 (acumulado). Índice 116 del expediente digital de
primera instancia registrado en SAMAI. De la revisión de las actuaciones posteriores, no se advierte
la interposición del recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia.
18

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Demandante: Álvaro Rueda Urquijo
Demandados: Departamento de Santander y otro
Rad. 68001-23-33-000-2021-00800-01

3. FALLA:

PRIMERO: Revócase la sentencia del 10 de octubre de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, que decretó la nulidad de la Resolución 034
del 27 de agosto de 2021, expedida por la asamblea departamental, por las razones
expuestas en la parte considerativa de este fallo.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen para lo de su competencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
(ausente con permiso)

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

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