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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 47001-23-33-000-2020-00081-03

Fecha
11 de agosto de 2022
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 47001-23-33-000-2020-00081-03

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confírmase la sentencia del veintisiete (27) de abril de dos mil veintidós (2022), proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena por las razones expuestas en esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 24 Radicado: 47001-23-33-000-2020-00081-03 Demandado: Alexander Zabaleta Jiménez SEGUNDO: En firme esta sentencia y previas las comunicaciones del caso, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 47001-23-33-000-2020-00081-03

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

11 de agosto de 2022

Radicado: 47001-23-33-000-2020-00081-03
Demandado: Alexander Zabaleta Jiménez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá, D. C., once (11) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 47001-23-33-000-2020-00081-03
Demandante: MIGUEL IGNACIO MARTÍNEZ OLANO
Demandado: ALEXANDER ZABALETA JIMÉNEZ – CONTRALOR
DISTRITAL DE SANTA MARTA PERIODO 2020-2021

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el
demandante contra la sentencia proferida el 27 de abril de 2022 por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, que negó las pretensiones de la demanda
encaminadas a declarar la nulidad del acto de elección del señor Alexander
Zabaleta Jiménez como contralor distrital de Santa Marta periodo 2020-2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El señor Miguel Ignacio Martínez Olano solicitó:

“De conformidad con lo anteriormente expuesto, solicito al
señor juez se acojan las siguientes pretensiones:
Decretar la nulidad del ACUERDO y acto de elección del
señor Alexander Zabaleta Jiménez, por infringir el
ordenamiento jurídico superior, en particular por desconocer
el artículo 272 de la Constitución Política.
En consecuencia, de lo anterior, ordenar al Concejo de Santa
Marta que haga nuevamente la elección del Personero
Distrital (sic)”

2. Hechos

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Radicado: 47001-23-33-000-2020-00081-03
Demandado: Alexander Zabaleta Jiménez

Relató que el concejo de Santa Marta eligió al señor Alexander Zabaleta como
contralor distrital para el periodo constitucional 2020-2021.

Sostuvo que existe una afinidad laboral y personal entre el accionado y el
movimiento político que postuló a la alcaldesa Virna Johnson, lo cual no ofrece
garantías para ejercer un control fiscal libre y transparente a la anterior y actual
administración distrital.

Adujo que el demandado también tuvo contratos laborales con el exalcalde
Rafael Martínez en la alcaldía de Santa Marta, y que éste ubicó en una
coordinación de la Secretaría de Salud Distrital a su esposa, lo que le impide
conocer las investigaciones que existen en esa entidad con objetividad.

Añadió que el señor Zabaleta Jiménez ha sido empleado del movimiento
político Fuerza Ciudadana y del señor Carlos Caicedo Omar, actual
gobernador del Magdalena, y su actividad profesional en los últimos meses
estuvo ligada a su gestión como miembro y militante de ese “partido”, hasta
el punto de acompañar a la actual alcaldesa a su inscripción como candidata.

Refirió que el demandado ha sido “inscriptor” del actual gobernador del
Magdalena – Carlos Caicedo, como candidato a corporaciones públicas por
el movimiento Fuerza Ciudadana.

Indicó que existen múltiples antecedentes de los vínculos del actual contralor
con el movimiento Fuerza Ciudadana, en donde el demandado aparece como
representante o delegado del mismo en distintos escenarios electorales.

3. Normas violadas y concepto de la violación

Precisó que la causal de nulidad alegada es la del numeral 5 del artículo 275
de la Ley 1437 de 2011.

Alegó que con el acto acusado se desconocieron los artículos 209 y 272 de
la Constitución Política y el artículo 3 del CPACA, en relación con los
principios de buena fe, transparencia, moralidad y debido proceso.

Destacó que el artículo 272 de la Constitución fue vulnerado, al elegirse a una
persona que no contaba con la idoneidad requerida para ejercer el control
fiscal en el distrito, por haber sido empleado del movimiento político
postulante de la actual alcaldesa y del anterior mandatario local.

Indicó que los concejales del distrito de Santa Marta no acataron el principio

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Demandado: Alexander Zabaleta Jiménez

de imparcialidad al escoger a una persona con vínculos laborales con el
anterior alcalde, quien también pertenece al movimiento Fuerza Ciudadana,
de manera que no existe objetividad al tener que fiscalizar las actuaciones de
sus anteriores empleadores y a quien “estuvo cuidándole los votos y
organizándole toda la logística electoral”.

Añadió que el demandado está casado con una persona que estuvo
laborando en la alcaldía de Santa Marta en el periodo pasado y esto le impide
ejercer en debida forma sus funciones como contralor.

4. Contestaciones de la demanda

4.1. Demandado

Actuando en nombre propio contestó la demanda, y se opuso a las
pretensiones de la siguiente manera:

Adujo que el demandante se limitó a presentar apreciaciones subjetivas, sin
tener en cuenta que las normas y la jurisprudencia atinentes al medio de
control de nulidad electoral señalan unas causales taxativas, y el juez lo que
hace es una confrontación de acto – norma.

Aclaró que el proceso por el cual resultó elegido cumplió con los principios de
transparencia y objetividad que se consagran en el artículo 272 de la
Constitución.

De otra parte, señaló que no ha sido empleado de ningún movimiento político,
sino que es profesional titulado en derecho y se dedica a asesorar, patrocinar
y asistir a las personas tanto naturales o jurídicas, de derecho privado o
público, en la ordenación y desenvolvimiento de sus relaciones.

Sostuvo que tampoco es cierto que haya fungido como inscriptor de un grupo
significativo de ciudadanos ni ha hecho política abiertamente en favor de la
alcaldesa Virna Johnson.

Anotó que sí fungió como abogado de miembros de la lista Colombia Humana
al concejo de Santa Marta para las elecciones de octubre de 2019, ante el
Consejo Nacional Electoral.

Señaló que es cierto que el 3 de diciembre de 2019 dio declaraciones a
medios de comunicación en las que manifestó que le entregarían la credencial
al actual gobernador, y que lo hizo en virtud de la prestación de sus servicios
como abogado.

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Demandado: Alexander Zabaleta Jiménez

En cuanto a la convocatoria explicó que mediante Resolución No. 050 del 11
de septiembre de 2019, el concejo distrital de Santa Marta dio inicio a la
elección del contralor distrital.

Señaló que más adelante se firmó un convenio de cooperación institucional
con la Universidad de La Costa – CUC, que cuenta con acreditación de alta
calidad otorgada por el Ministerio de Educación.

El 25 de octubre de 2019 se emitió aviso a la ciudadanía de la apertura de las
inscripciones. Mediante la Resolución No. 071 del 23 de octubre de 2019, se
fijaron las reglas generales, los criterios de selección y evaluación, así como
el cronograma.

Explicó que, cerrada la convocatoria, se recibieron 24 hojas de vida y el
concejo procedió a hacer el análisis y verificación de la documentación
aportada por los aspirantes, y por Resolución No. 081 de 2019, se admitieron
todos los inscritos.

Mediante Resolución No. 105 de 2 de diciembre de 2019 se citó a los
admitidos a las instalaciones del concejo para que el 3 de diciembre siguiente
a las 10 de la mañana se realizara la prueba de conocimientos, con el
acompañamiento del Ministerio Público.

Dijo que el día de la citación, se presentaron 16 de los aspirantes, se llevó a
cabo la prueba mencionada, y resaltó que en esta obtuvo el puntaje más alto.

Indicó que con los resultados de los exámenes y el puntaje de las hojas de
vida, el concejo conformó la terna para la elección del contralor distrital, siendo
el demandado uno de los ternados, con el puntaje más alto (74,25) y con
mayor formación académica.

El 18 de diciembre de 2019, el concejo distrital ofició al Departamento
Administrativo de la Función Pública con el objeto de que se realizara el
examen de integridad a los miembros de la terna, prueba que se llevó a cabo
el 27 de diciembre de 2019, y fue el único aspirante que obtuvo una
calificación óptima en todos los ítems evaluados.

Mediante Resolución No. 010 del 4 de enero de 2020, el concejo citó a
entrevista a los tres candidatos, pero sólo se llevó a cabo el 8 de enero para
dos personas, puesto que uno presentó excusa médica y la realizó por video
llamada el 10 de enero de 2020.

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Demandado: Alexander Zabaleta Jiménez

En sesión plenaria del 10 de enero de 2020, el concejo distrital lo eligió como
contralor, lo cual consta en el Acta No. 007-2020.

Indicó que todo lo anterior demuestra que su elección cumplió con el principio
de objetividad, puesto que obtuvo el puntaje más alto en cada una de las
pruebas. Además, mencionó que el demandante no probó que se haya
configurado alguna de las causales de inelegibilidad- constitucionales o
legales, puesto que no está incurso en ninguna.

Finalmente, propuso la excepción previa de inepta demanda por carencia
absoluta del concepto de la violación1.

4.2. Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta

Intervino a través de apoderado y propuso la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva, puesto que no ha hecho ni omitido acción
alguna que tenga relación o sea congruente con los hechos narrados en la
demanda.

Indicó que esa entidad no es responsable de las presuntas falencias que se
realizaron durante el trámite de la elección, y no hay obligación alguna en
cabeza de ese ente. Además, el distrito de Santa Marta no representa al
concejo distrital2.

4.3 Concejo Distrital de Santa Marta

Contestó la demanda a través de apoderada y solicitó que se negaran las
pretensiones.

Adujo que ninguno de los anexos ni de las pruebas demuestra el supuesto
vínculo laboral del demandado con el Movimiento Político Fuerza Ciudadana.

Dijo que el señor Zabaleta Jiménez antes de ser elegido contralor, ejercía la
profesión de abogado ante los distintos estrados judiciales del país, lo cual no
constituye ninguna causal que afecte los principios de transparencia y
objetividad de la convocatoria.

1
Por auto del 8 de marzo de 2021 el Tribunal Administrativo del Magdalena declaró no
probadas las excepciones de inepta demanda por carencia absoluta del concepto de violación
y falta de legitimación en la causal por pasiva del Distrito de Santa Marta. Esta decisión fue
recurrida en apelación ante el Consejo de Estado, pero fue rechazada por extemporánea
mediante auto del 14 de abril de 2021.
2
Ibídem.

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De otra parte dijo que el demandante no probó que se haya configurado
alguna de las causales de inelegibilidad constitucionales o legales, ya que se
cumplieron con todos los presupuestos y principios jurídicos de conformidad
con lo establecido en el artículo 272 de la Constitución.

Anotó que lo que sí está probado y demostrado es el cumplimiento por parte
del concejo distrital, al momento de realizar la convocatoria, de los mandatos
consagrados en la Constitución y en la ley, al igual que el cumplimiento de las
reglas de la convocatoria pública.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante providencia del 27 de abril de 2022, el Tribunal Administrativo del
Magdalena denegó las pretensiones de la demanda. Como fundamento de
dicha decisión, expresó, en resumen, lo siguiente:

Formuló como problema jurídico “determinar si el acto de elección del señor
Alexander Zabaleta Jiménez como contralor de Santa Marta, se efectuó con
violación de lo dispuesto en el artículo 272 constitucional en concordancia con
lo dispuesto en el artículo 275 numeral 5, que refiere a las causales de nulidad
electoral cuando se elijan candidatos o se nombre personas que no reúnan
las calidades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad o que se
hallen incursas en causales de inhabilidad, o sí (sic), por el contrario, como se
afirma en la contestación de la demanda, cumple con cada uno de los
requisitos constitucionales y legales para ocupar dicho cargo”.

Advirtió que en el proceso no se demostró que en el año anterior a la elección
del demandado, este haya incurrido en la inhabilidad dispuesta en el inciso 8
del artículo 272 de la Constitución Política, por lo que no es posible darle
aplicación al numeral 5 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011.

Señaló que el principio de objetividad tampoco aparece vulnerado, pues el
procedimiento se irguió de cara a lo dispuesto en la Ley 1904 de 2018 y la
Resolución No. 0728 de 20193, por lo que no hay ninguna carencia en el
transcurso de la convocatoria.

Indicó que el proceso cumplió con el principio de transparencia, puesto que
se surtieron las publicaciones en los medios de comunicación. Así mismo, las
inscripciones estuvieron abiertas entre los días 5 y 6 de noviembre de 2019,
tiempo durante el cual se presentaron 24 aspirantes a contralor.

3
"Por la cual se establecen los términos generales de las convocatorias públicas de selección
de contralores territoriales"

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Demandado: Alexander Zabaleta Jiménez

Aclaró que por Resolución No. 081 del 8 de noviembre de 2019 fueron
admitidos los 24 inscritos; no obstante, la convocatoria fue suspendida por 10
días con la Resolución No. 083 del 8 de noviembre de 2019.

Precisó que mediante Resolución No. 099 de 21 de noviembre de 2019 se
reanudó la convocatoria y se ajustó el cronograma conforme a lo dispuesto
por el Contralor General de la República en la Resolución No. 0728 de 2019,
y se incluyó entre otras actividades, el examen de integridad practicado entre
el 24 y el 31 de diciembre de 2019 por el Departamento Administrativo de la
Función Pública.

Aseguró que la prueba de conocimientos fue realizada a los 16 candidatos el
3 de diciembre de 2019, y en cuanto a los ternados, la entrevista para dos de
ellos fue hecha el 8 de enero y para uno el 10 de enero de 2020.

De otra parte, explicó que en la demanda no se hizo ninguna apreciación en
relación con las pruebas, puntajes o procedimientos de evaluación de los
candidatos.

Señaló que los artículos 126 y 272 de la Constitución exigen de las
corporaciones públicas, actuaciones precedidas del principio del mérito y en
especial, de la objetividad, y por tanto, sus procederes deben estar alejados
de intereses o diferencias personales o motivaciones subjetivas.

Explicó que no se vislumbra en el expediente prueba que permita establecer
que los concejales del distrito de Santa Marta, que intervinieron en la
convocatoria pública, hayan favorecido a algún candidato. Indicó que la mesa
directiva y los concejales que dieron inicio al procedimiento administrativo de
convocatoria pública no son los mismos que se manifestaron en la escogencia
del 10 de enero de 2020, pues fueron dos periodos constitucionales
diferentes.

Expuso que no está probado que la convocatoria pública haya sido permeada
por los representantes legales del ente territorial, pues si bien el demandado
tuvo contratos de prestación de servicios profesionales con el Distrito de Santa
Marta durante interregnos de 2016 y 2017, ello no es demostrativo de
dependencia laboral o de algún interés directo del servidor público en
favorecerle, ni pertenencia a un grupo político específico, y tampoco es señal
de injerencia del alcalde saliente o entrante en las decisiones del concejo.

Agregó que de la valoración de las pruebas que obran en el expediente, no
tiene razón la parte actora cuando intenta vincular el ejercicio profesional del
demandado, la cercanía con un movimiento político y la designación de este

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como contralor distrital, con una supuesta manipulación de la convocatoria
pública en favor del elegido.

De otra parte, concluyó que el demandado cuenta con los requisitos para el
cargo, ya que de la evaluación que se efectuó el 12 de diciembre de 2019 por
la comisión accidental, se verificó que contaba con 13 años, 9 meses y 8 días
de experiencia general.

En cuanto a la inhabilidad consagrada en el artículo 272 de la Constitución,
que consiste en que la persona en el año anterior no hubiera sido miembro de
la corporación pública que deba elegir, ni en ese mismo periodo haya ejercido
un cargo ejecutivo en la rama ejecutiva en el nivel departamental, distrital o
municipal, lo que incluye los niveles directivo o asesor, explicó que no obran
pruebas en el expediente que el demandado ejerció en el lapso inhabilitante
alguno de estos.

6. La impugnación

El demandante sustentó el recurso en lo siguiente:

Consideró que el Tribunal no hizo un estudio acertado del problema jurídico
planteado, consistente en determinar si los concejales de Santa Marta
respetaron el principio de objetividad consagrado en el artículo 272 de la
Constitución Política, al elegir al asesor jurídico del movimiento político al cual
pertenecen la alcaldesa Virna Johnson y el gobernador Carlos Caicedo, como
contralor distrital.

Indicó que el Tribunal también habla de ocupar cargos un año antes y
menciona erradamente el inciso 8 de artículo 272 de la Constitución, cuando
la demanda está fundamentada en el inciso 6 de esa norma, induciendo a
error.

Explicó que el contralor debía ser una persona independiente laboral y
políticamente hablando, y en este caso gozó de una favorabilidad que lo
posicionó en ventaja frente a los otros candidatos. Recalcó que el criterio que
se debe cumplir es la independencia del aspirante con los gobernantes, por
lo que se equivocó el Tribunal al llevar al plano probatorio aspectos que fueron
reconocidos por el propio demandado.

Anotó que el a quo no se refirió a la solicitud relacionada con el artículo 137
del CPACA, esto es, que el acto fue expedido con infracción del artículo 272
de la Constitución, y lo que se hace referencia es que esa norma exige

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objetividad en el elegido, para que pueda controlar y ejercer el cargo con
imparcialidad.

Destacó que en este caso, se incurrió en las siguientes irregularidades:
violación de las normas en que debía fundarse, expedición irregular, y sin
atribuciones de quien lo profirió.

Señaló que el acto acusado es violatorio de los artículos 209 y 272 de la
Constitución.

Acotó que los concejales eligieron al demandado, a pesar de tener vínculos
laborales y políticos con el movimiento Fuerza Ciudadana, que avaló la
inscripción de la actual alcaldesa y del gobernador, por lo que de manera
simultánea quien aspiraba a ser contralor daba entrevistas y decía los
resultados electorales de los actuales gobernantes. Agregó que el demandado
también tenía vínculos laborales con el anterior alcalde Rafael Martínez, quien
además pertenece al movimiento Fuerza Ciudadana.

Dijo que por lo anterior, los concejales no acataron los principios de objetividad
e imparcialidad.

Añadió que el demandado está casado con una persona que laboró en la
alcaldía de Santa Marta en el periodo pasado, cuando era alcalde Rafael
Martínez, que es el actual presidente del concejo4, y votó por el demandado,
situación frente a la que no se refirió el Tribunal, y que incide en la falta de
objetividad en la escogencia del contralor.

Advirtió que el artículo 272 de la Constitución está orientado a impedir el
ingreso de personas que, de alguna forma, tuvieron la oportunidad, los medios
y las prerrogativas propias del ejercicio de funciones públicas, para incidir en
su favor en la elección, con violación del principio de igualdad de condiciones
entre los demás candidatos, así como neutralizar la posibilidad de que se
produzca un autocontrol de la gestión fiscal realizada.

Mencionó que en este caso está debidamente demostrado que:

• El abogado Alexander Zabaleta fue apoderado del gobernador electo
del Magdalena, y el 3 de diciembre de 2019 anunció que recibiría la
credencial del CNE.

4
Para el momento de la presentación de la demanda.

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• De las noticias de El Tiempo del 15 de marzo de 2018, es claro que el
demandado tiene vínculos con el movimiento Fuerza Ciudadana,
puesto que aparece como su representante o delegado en distintos
escenarios electorales.

• El demandado fue hasta el año 2015 uno de los registradores
especiales de la ciudad de Santa Marta, y en ejercicio de esa función
recibió la inscripción de decenas de candidatos a las corporaciones
públicas, que para el año de su renuncia participaron en la contienda
electoral. Indicó que es extraño que haya renunciado a ese cargo y
después haya comenzado a trabajar para el movimiento Fuerza
Ciudadana, que ganó las elecciones con el alcalde Rafael Martínez.

Adujo que el actual contralor, actuó simultáneamente como candidato a la
contraloría distrital y como asesor jurídico del actual gobernador.

Reiteró que no se puede ser contralor de una ciudad que está gobernada por
personas que fueron sus clientes jurídicos, de manera que el señor Zabaleta
Jiménez no va a actuar de manera objetiva ni con imparcialidad con los
mismos.

Indicó que se deben valorar todas las pruebas aportadas con la demanda,
para encontrar por demostrados los vínculos del demandado con el
movimiento Fuerza Ciudadana, con el exalcalde, el acalde actual y con el
gobernador del departamento.

Indicó que no se tuvieron en cuenta las pruebas aportadas por Lorenzo Rafael
Romero Blanco, coadyuvante, con las cuales se demuestra que el demandado
fue simultáneamente apoderado del movimiento político Fuerza Ciudadana y
concursó para contralor, tal como consta en las actas donde sacó la balota
para el sorteo de la posición del tarjetón y firmó las actas de la alcalde que
pertenece a Fuerza Ciudadana, por lo que le va a ejercer el control
disciplinario a su jefe.

7. Actuación procesal en esta instancia

Mediante auto del 16 de junio de 2022, el Tribunal Administrativo del
Magdalena concedió el recurso de apelación presentado por la parte actora.

A través de auto del 28 de junio de 2022, se admitió el referido recurso.

8. Alegatos de conclusión

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8.1. Parte demandante

Reiteró lo dicho en el recurso de apelación.

8.2 Parte demandada

Indicó que en este caso la parte demandante no expresa de manera clara y
concreta los reparos en contra de la sentencia de primera instancia, dado que
reitera todo lo expuesto en la demanda, agregando nuevas pruebas, que
resultan improcedentes.

Alegó que la decisión cuestionada está debidamente argumentada, realiza
con coherencia el estudio de la nulidad incoada, y explica de manera suficiente
que no se verificó ninguna de las causales de inhabilidad establecida en la
norma alegada, las cuales son taxativas y deben ser interpretadas de manera
restrictiva.

Además, reiteró lo dicho en la contestación de la demanda.

9. Concepto del Ministerio Público

La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto
en los siguientes términos:

Acotó que para ser contralor municipal o distrital se debe cumplir con el
procedimiento y los requisitos dispuestos tanto en el artículo 272 de la
Constitución, como no estar incurso en las causales de inhabilidad dispuestas
por el legislador en los artículos 163 y 95 numerales 2 y 5 de la Ley 136 de
1994, subrogados por los numerales 2 y 5 del artículo 37 de la Ley 617 de
2000, particularmente no haber fungido como contralores municipales o como
meros empleados públicos del respectivo municipio dentro de los 12 meses
anteriores a la elección.

En cuanto al caso concreto, indicó que del acta de la audiencia inicial, se
concertó la fijación del litigio, lo cual fue convalidado por las partes, y se centró
en determinar si el acto demandado se efectuó con violación en lo dispuesto
en el artículo 275 numeral 5, que se refiere a las causales de nulidad electoral
cuando se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las
calidades y requisitos constitucionales o legales, o se hallen incursas en
causales de inhabilidad, o si por el contrario se cumple con cada uno de los
requisitos constitucionales y legales para ocupar ese cargo.

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Argumentó que en la demanda no se realizó ninguna apreciación en relación
con las pruebas, puntajes o procedimientos de evaluación de los candidatos,
de tal manera que no era ajustado a derecho entrar a estudiar si las
evaluaciones estaban adoptadas en debida forma, sino meramente analizar
el recorrido normativo y el procedimiento administrativo adoptado para la
elección, encontrándolo ajustado a derecho y descartando la violación de las
normas en que debía fundarse, alegadas por el actor.

Sostuvo que el demandante de forma adicional a no probar la configuración
de la casual de inhabilidad de celebración de contratos dentro del periodo
prohibido, en la apelación indica que lo alegado como causal de anulación
guarda relación con el hecho de que para poder ser elegido por parte de los
concejales distritales, el demandado debía ser una persona independiente
laboral y políticamente de los aspirantes favoritos para ganar las elecciones,
para lo que argumentó que gozó de una favorabilidad que lo posicionó en
ventaja frente a los otros candidatos.

Al respecto, explicó que el demandante parece confundir el deber de
imparcialidad y objetividad del contralor electo en el ejercicio de su cargo, con
el que debían observar los concejales a la hora de elegirlo, en donde debían
tener como referente únicamente lo consagrado en la Constitución, la ley, así
como cumplir las reglas de la convocatoria pública, tal como se hizo.

Recalcó que en lo que respecta a la presunta conexidad entre el electo
contralor y los mandatarios locales elegidos en el 2019 en la gobernación y en
la alcaldía, el impugnante pretende mutar los efectos de un eventual contrato
de mandato, a la configuración de una causal de inhabilidad.

Anotó que, de tener por prósperas las pretensiones del demandante se
transgrediría el criterio interpretativo taxativo y restrictivo en materia de
inhabilidades, en tanto al demandado solo le resultaban aplicables las
causales de inhabilidad dispuestas por el constituyente en el inciso 8 del
artículo 272 constitucional, así como las dispuestas por el legislador en los
artículos 163 y 95 numerales 2 y 5 del artículo 37 de la Ley 617 de 2000, sin
que se pueda extrapolar su contenido a vínculos o afinidades que no están
expresamente contenidas en el sustento normativo.

Finalmente, añadió que el juez de primera instancia sí realizó análisis frente a
los cargos de expedición irregular, falta de competencia o falsa motivación.
Señaló que el actor deja de lado las reglas que se siguieron en la convocatoria
pública, que dio como resultado la elección del demandado, la cual suponía
el agotamiento de fases entre las cuales estaba cumplir con los requisitos de
postulación, evaluación de hoja de vida, consulta de antecedentes, evaluación

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de conocimientos, concepto de integridad del DAFP y entrevista, y se decanta
por enmarcar la elección como si se tratara de un cargo de libre nombramiento
y remoción en cabeza de los mandatarios locales.

Por lo anterior, solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda.

CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para resolver el recurso de apelación presentado en
contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena
del 27 de abril de 2022 dentro del presente asunto, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 150 y 152.8 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 5, vigente para la época de
la radicación de la demanda, y el artículo 13 del acuerdo 80 de 2019 de la
Sala Plena de esta Corporación6.

2. Problema jurídico

De lo planteado en el recurso de apelación, le corresponde a esta Corporación
resolver si hay lugar a confirmar, modificar o revocar la sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo del Magdalena, a través de la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.

Para el efecto, la Sala habrá de establecer si el Tribunal Administrativo del
Magdalena erró al considerar que con la elección del demandado7 no se
desconocieron las normas superiores de la Constitución, esto es, artículos 209
y 272, en concordancia con la causal contenida en el numeral 5 del artículo
275 de la Ley 1437 de 2011 al encontrar que los hechos expuestos en la
demanda, es decir, haber tenido vínculos laborales con la alcaldesa y

5
Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. “El Consejo
de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia
de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos…
6
Por medio del cual se adopta el Reglamento Interno del Consejo de Estado. (modificado por
el artículo 1° del Acuerdo 55 del 5 de agosto de 2003)
Artículo 13.- “DISTRIBUCIÓN DE LOS NEGOCIOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos
de repartimiento, los negocios de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se
distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de
trabajo, así:
Sección Quinta:
(…)
3-. Los procesos electorales relacionados con elecciones o nombramientos”.
7
La elección del demandado obra en el Acta 007-2020 del 10 de enero de 2020 proferida por
el concejo de Santa Marta.

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gobernador, así como con el movimiento Fuerza Ciudadana, y la relación de
trabajo de su esposa con el alcalde anterior, Rafael Martínez, que se analizará
en esta instancia, no son constitutivos de inhabilidad alguna.

3. De la elección de contralores territoriales – requisitos para acceder al
cargo.

El Acto Legislativo 2 de 2015 modificó, entre otros aspectos, la forma de
elección de los contralores territoriales, en el sentido de que esta ya no se
haría por las asambleas y concejos a partir de ternas elaboradas por los
tribunales superiores y contencioso administrativos, sino mediante una
convocatoria pública conforme a la ley y con base en los principios de
transparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana, equidad de
género y mérito.

Con todo, el Acto Legislativo 04 de 2019 modificó nuevamente el inciso 7º del
artículo 272 de la Constitución Política, determinando que: i) los contralores
territoriales se eligen por las asambleas departamentales, concejos
municipales y distritales de terna conformada por quienes obtengan los
mayores puntajes en convocatoria pública conforme a la ley, ii) le corresponde
a la Contraloría General de la República desarrollar los términos que deben
cumplir las convocatorias públicas que adelanten las asambleas
departamentales y los concejos municipales y distritales para la elección de
los contralores territoriales (artículo 6 del Acto Legislativo 04 de 2019 y iii) los
contralores tendrán un periodo de cuatro años que no podrá coincidir con el
periodo del correspondiente gobernador y alcalde. Este nuevo régimen,
además, establece una regla de transición conforme a la cual la siguiente
elección de todos los contralores territoriales se hará para un periodo de dos
(2) años.

Por su parte, la Contraloría General de la República, mediante Resolución No.
728 de 2019 estableció los términos generales de las convocatorias públicas
de selección de contralores territoriales.

En dicho acto se explicó que la competencia otorgada a la Contraloría General
de la República por el artículo 6 del Acto Legislativo 4 de 2019 constituye una
facultad reglamentaria de carácter permanente, pero limitada a la materia y a
la finalidad señaladas en dicha norma: desarrollar los términos generales
(establecidos previamente por el legislador) de los procesos de convocatoria
pública para la elección de los contralores departamentales, municipales y
distritales. Asimismo, se advirtió que esa potestad debe ser ejercida dentro de
los límites materiales y teleológicos indicados, y de forma subordinada a la
Constitución Política (especialmente a los artículos 126 y 272) y a la ley que

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regule tales convocatorias (actualmente la Ley 1904 de 2018), mediante la
expedición de actos administrativos de contenido general.

En ese sentido, la referida resolución desarrolla los términos generales que
deben cumplir las convocatorias que adelanten las corporaciones públicas
para la elección de contralores territoriales, teniendo como fundamento y
respetando el marco normativo establecido en la Constitución Política y la Ley
1904 de 2018.

En el artículo 2 de la mencionada Resolución, se previeron los requisitos
generales así:

“ARTÍCULO 2. REGLAS GENERALES. El interesado a participar en la
convocatoria deberá tener en cuenta lo siguiente:

a) Las condiciones y reglas de la convocatoria serán las establecidas
en esta resolución y las fijadas por la corporación convocante, con sus
modificaciones y aclaraciones, las cuales son vinculantes para el
interesado a partir de la inscripción.
b) El interesado debe cumplir los requisitos exigidos por la Constitución
y la ley para ejercer el cargo convocado y para participar en la
convocatoria.
c) La comunicación con los inscritos relacionada con la convocatoria
se realizará a través de correo electrónico, o el medio que sea
dispuesto por la entidad que adelante el proceso público de
convocatoria.
d) El interesado en condición de discapacidad debe informarlo en el
formulario de inscripción, a fin de disponer los apoyos que requiera, y
las entidades convocantes deben dar cumplimiento a lo dispuesto en
la Ley 1996 de 2019 en la materia.
e) Luego de realizada la inscripción, los datos allí consignados son
inmodificables”.

Por lo demás, el referido acto administrativo establece las reglas respecto al
término de publicación de la convocatoria, la experiencia y la forma de
acreditarla, reclamaciones, ponderación de las pruebas, criterios de
puntación, formación académica, actividad docente y producción de obras.

Frente a la experiencia profesional, se precisa la manera de ponderar la
calificación de este criterio así: i) por experiencia general adicional a la
requerida para el ejercicio del cargo se otorgarán 5 puntos por cada año
acreditado, ii) por experiencia específica en auditorías de gestión de entidades
públicas y control fiscal o interno, se otorgarán 10 puntos por cada año

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acreditado y iii) la experiencia profesional que sobrepase los 100 puntos no
podrá ser homologada para educación u otros factores a evaluar.

Como se advierte, en la Resolución No. 0728 de 2019 mediante la cual la
Contraloría General de la República estableció los términos generales de las
convocatorias públicas de selección de contralores territoriales, nada se indicó
sobre los requisitos para postularse al cargo de contralor distrital, municipal o
departamental. Tan solo advirtió que deben cumplirse las exigencias previstas
por la Constitución y la Ley para participar en la selección de dicho cargo.

4. Caso concreto

Previo a analizar los argumentos del apelante se precisa que si bien en el
recurso indicó que el acto demandado incurrió en violación de las normas en
que debía fundarse, expedición irregular y falta de competencia o atribuciones
de quien lo profirió, lo cierto es que, más allá de titular tales irregularidades,
los fundamentos de esas acusaciones son los mismos planteados en la
demanda, por lo que no se considera que sean nuevos cargos presentados
en el recurso de apelación.

Con tal precisión, se observa que el demandante sustentó el recurso con base
en lo siguiente:

Señaló que el acto acusado es violatorio de los artículos 209 y 272 de la
Constitución.

Acotó que los concejales eligieron al demandado, a pesar de tener vínculos
laborales y políticos con el movimiento Fuerza Ciudadana, que avaló la
inscripción de la actual alcaldesa de Santa Marta y del gobernador del
Magdalena, por lo que de manera simultánea quien aspiraba a ser contralor
estaba vinculado con los actuales gobernantes. Agregó que el demandado
también tenía vínculos laborales con el anterior alcalde Rafael Martínez, quien
además pertenece al movimiento Fuerza Ciudadana.

Dijo que por lo anterior, los concejales no acataron los principios de objetividad
e imparcialidad.

Añadió que el demandado está casado con una persona que estuvo laborando
en la alcaldía de Santa Marta en el periodo pasado, cuando era alcalde quien
después fue presidente del concejo, y votó por el demandado, situación frente
a la que no se refirió el Tribunal.

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Advirtió que el artículo 272 de la Constitución está orientado a impedir el
ingreso de personas que, de alguna forma, tuvieron la oportunidad, los medios
y las prerrogativas propias del ejercicio de funciones públicas, para incidir en
su favor en la elección, con violación del principio de igualdad de condiciones
entre los demás candidatos, así como neutralizar la posibilidad de que se
produzca un autocontrol de la gestión fiscal realizada.

Mencionó que en este caso está debidamente demostrado que:

• El abogado Alexander Zabaleta fue apoderado del gobernador electo
del Magdalena, y el 3 de diciembre de 2019 anunció que recibiría la
credencial del CNE.

• De las noticias del periódico El Tiempo del 15 de marzo de 2018, es
claro que el demandado tiene vínculos con el movimiento Fuerza
Ciudadana, puesto que aparece como su representante o delegado en
distintos escenarios electorales.

• El demandado fue hasta el año 2015 uno de los registradores
especiales de la ciudad de Santa Marta, y en ejercicio de esa función
recibió la inscripción de decenas de candidatos a las corporaciones
públicas, que para el año de su renuncia participaron en la contienda
electoral. Indicó que es extraño que haya renunciado a ese cargo y
después haya comenzado a trabajar para el movimiento Fuerza
Ciudadana, que ganó las elecciones con el alcalde Rafael Martínez.

Reiteró que no se puede ser contralor de una ciudad que está gobernada por
personas que fueron sus clientes jurídicos, y el señor Zabaleta Jiménez no va
a actuar de manera objetiva ni imparcial con los que fueron sus clientes.

Indicó que se deben valorar todas las pruebas aportadas con la demanda y
con el escrito de coadyuvancia, para encontrar por demostrados los vínculos
del demandado con el movimiento Fuerza Ciudadana, con el exalcalde y
acalde actual y con el gobernador del departamento.

De acuerdo con lo anterior, vale la pena mencionar que el artículo 209 de la
Constitución Política de Colombia reza lo siguiente:

“Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la
delegación y la desconcentración de funciones.

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Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La
administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control
interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.”

Así mismo, debe tenerse en cuenta que el Acto Legislativo 4 del 18 de
septiembre de 2019, modificó el artículo 272 de la Constitución y dispuso que:

“(…) Los contralores departamentales, distritales y municipales
ejercerán, en el ámbito de su jurisdicción, las funciones atribuidas
al Contralor General de la República en el artículo 268 en lo que
sea pertinente, según los principios de coordinación, concurrencia,
y subsidiariedad. El control ejercido por la Contraloría General de
la República será preferente en los términos que defina la ley.

Los Contralores departamentales, distritales y municipales serán
elegidos por las Asambleas Departamentales, Concejos
Municipales y Distritales, de terna conformada por quienes
obtengan los mayores puntajes en convocatoria pública conforme
a la ley, siguiendo los principios de transparencia, publicidad,
objetividad, participación ciudadana y equidad de género, para un
periodo de cuatro años que no podrá coincidir con el periodo del
correspondiente gobernador y alcalde. (…)

PARÁGRAFO TRANSITORIO 1o. La siguiente elección de todos
los contralores territoriales se hará para un período de dos años.”

Con base en esta norma, tal como se dijo con antelación, los contralores
territoriales serán elegidos por las asambleas departamentales o concejos
municipales o distritales, de terna conformada por quienes obtengan los
mayores puntajes en la convocatoria.

A su vez, se indica que, si bien el periodo de los contralores es de 4 años y
no podrá coincidir con el de los alcaldes y gobernadores, y en el parágrafo
transitorio 1 se estableció que la siguiente elección de todos los contralores
se haría por un periodo de 2 años, tal como ocurre en este caso.

Así las cosas, el periodo de los anteriores contralores fue del 2016 al 2019, y
en virtud del Acto Legislativo de 2019, los siguientes son de dos años, con la
finalidad de que, vencido este periodo, las demás elecciones de contralores,
que volverán a tener un periodo de 4 años, no coincidan exactamente con el
de los alcaldes y gobernadores.

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Es por esta razón que, el constituyente derivado contempló una potestad
reglamentaria atribuida al Contralor General de la República para que
estableciera los lineamientos generales de las convocatorias a las que deben
sujetarse las asambleas departamentales y los concejos municipales y
distritales, a efectos de llevar a cabo la elección de los contralores territoriales.

En cumplimiento de esta norma, para la elección del contralor distrital de
Santa Marta, el concejo municipal profirió la Resolución No. 071 del 23 de
octubre de 2019, por medio de la cual fijó las reglas generales, los criterios de
selección y evaluación y el cronograma de la convocatoria pública para la
elección del cargo.

Precisado lo anterior, se tiene que en el recurso el demandante cuestiona que
el Tribunal no hizo un estudio adecuado del problema del jurídico que se
planteado, consistente en determinar si los concejales respetaron o no el
principio de objetividad establecido en el artículo 272 de la Constitución, al
elegir a una persona que tenía relación laboral con el gobernador y la
alcaldesa elegidos, y además una posible causal de inhabilidad por esos
hechos.

Recalca el hecho de que el demandado elegido en el cargo de contralor
distrital tenía que ser una persona independiente laboral y políticamente para
ganar las elecciones. Pero en el caso concreto, su cercanía con el movimiento
político a los que pertenecen los mandatarios del distrito y del departamento
le dio una favorabilidad que lo posicionó en ventaja frente a los otros
candidatos.

Al respecto debe decirse que en este caso la fijación del litigio se hizo en los
siguientes términos:

“Se concreta en determinar si el acto de elección del señor
Alexander Zabaleta Jiménez como contralor de Santa Marta, se
efectuó con violación en lo dispuesto en el artículo 272
constitucional en concordancia con lo dispuesto en el artículo 275
numeral 5, que se refiere a las causales de nulidad electoral cuando
se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las
calidades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad o
se hallen incursas en causales de inhabilidad, o si por el contrario,
como se afirma en la contestación de la demanda, cumple con cada
uno de los requisitos constitucionales y legales para ocupar dicho
cargo, esto, por cuanto la parte demandante confunde el proceso
con el elegido pues pretende configurar una vulneración de

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principios que rigen el proceso eleccionario, señalando
erradamente que la parte demandada no cumple con los principios
de objetividad y transparencia.”

De esta fijación se corrió traslado, frente a lo cual las partes estuvieron de
acuerdo y por lo que quedó en firme.

Así las cosas, el caso concreto se determinó en resolver si el demandado
incumplió con los requisitos para el cargo, o si esta incurso en alguna
inhabilidad establecida en el artículo 272 de la Constitución.

Precisado lo anterior, el estudio del recurso de apelación se abordará en ese
contexto, esto es, establecer si con la elección del demandado se vulneró esa
norma constitucional, por haber elegido a una persona transgrediendo el
principio de objetividad, puesto que: (i) tenía vínculos laborales con el
gobernador y alcaldesa elegidos popularmente, (ii) tenía vínculos o relación
directa con el movimiento Fuerza Ciudadana, y (iii) estaba casado con una
persona que estuvo laborando en la alcaldía de Santa Marta en el periodo
pasado, y si estos hechos constituyen una causal de inhabilidad.

Sobre el particular, se tiene que en cuanto a las inhabilidades esta Sección en
varias oportunidades ha dicho que:

“(…) en atención a las limitaciones a los derechos políticos que se
derivan de las inhabilidades e incompatibilidades, se ha establecido
entonces que respecto de su aplicación, es necesario observar los
criterios de interpretación restrictiva y no la analógica extensiva.

54. Así mismo, en decisión adoptada por esta Corporación, se
reiteró de forma tajante, el criterio antes señalado. En la sentencia
del 11 de julio del 20198 se indicó que “[l]a Sección Quinta ha sido
constante en reiterar que en la medida en que las inhabilidades
implican la afectación del derecho fundamental a la participación
política, en sus modalidades de ser elegido y acceder al
desempeño de funciones y cargos públicos, la interpretación de su
alcance es restrictiva9”.

8
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Consejera
ponente Rocío Araújo Oñate. Sentencia once (11) de julio de dos mil diecinueve (2019).
Radicación número 54001-23-33-000-2018-00220-02.
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 30
de mayo de 2019, M.P: Carlos Enrique Moreno Rubio, radicado No. 18001-23-33-000-2018-
00194-01. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de marzo de 2019, radicación
11001 - 03-28-000-2018-00603-00, C.P. Rocío Araújo Oñate. En cuanto a las condiciones
que se deben verificar cuando una persona pretenda el acceso a un cargo o empleo y su
relación con las causales de inhabilidad, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta,

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55. Bajo dichos presupuestos, entendiendo el criterio de
interpretación restrictiva como aquel que busca la aplicación de la
norma a casos concretos10, los operadores jurídicos al momento de
determinar la ocurrencia de una inhabilidad o incompatibilidad
respecto de quien pretende ocupar un cargo público, deben
limitarse de forma específica al alcance de los verbos rectores
empleados por el legislador -por ejemplo, la gestión de negocios-,
a las situaciones de orden jurídico que la originan y su prueba plena
-v. gr. el parentesco-, así como a los límites de orden temporal -
ejemplo, durante el año anterior a la elección-, espacial -v.gr. a la
jurisdicción donde se llevará a cabo la elección- y a las calidades
respecto de quienes se predican.

56. Dicha línea de argumentación logra que estos
condicionamientos se apliquen de forma concreta a las situaciones
o eventos que el constituyente y/o el legislador determinaron como
circunstancias de inelegibilidad, sin que para el efecto puedan
considerarse otros eventos.”11

Así las cosas, es claro que las inhabilidades tienen una interpretación
restrictiva, toda vez que limitan derechos políticos.

Ahora bien, el artículo 272 de la Constitución dispone:

“(…) Para ser elegido contralor departamental, distrital o municipal
se requiere ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio,

sentencia del 29 de septiembre de 2016, radicación 11001-03-28-000-2016-00001-00
(acumulado), C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Con respecto a la distinción entre
las calidades para acceder a un cargo y las causas de inhabilidad, consultar entre otras:
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 11 de marzo de 1999, radicado 1847, C.P.
Mario Alario Méndez. Acerca del otorgamiento del aval como requisito formal para la
inscripción de candidatos, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de
diciembre de 2013, radicación 11001-03-28-000-2013-00037-00, C.P. Alberto Yepes Barreiro.
En cuanto al principio democrático, ver: Corte Constitucional, sentencia de 3 de marzo de
1994, exp. C-089, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Acerca de la triple finalidad que cumple el
requisito del aval, consultar entre otros: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 11
de julio de 2013, radicación 60001-23-31-000-2012-00004-01, C.P. Alberto Yepes Barreiro.
En cuanto al otorgamiento del aval y el responsable de ello, consultar: Consejo de Estado,
Sección Quinta, sentencia de 13 de agosto de 2009, radicación 11001-03-28-000-2006-
00011-00(3944-3957), C.P. Filemón Jiménez Ochoa.
10
Criterio acogido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en: Sentencia del 29 de
enero del 2019. Consejera Ponente Rocío Araújo Oñate. Radicación 11001-03-28-000-2018-
00031-00(SU).
11
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 22 de abril de 2021. Expediente 15001-
23-33-000-2020-00120-01. M.P. Rocío Araujo.

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tener más de veinticinco años, acreditar título universitario y las
demás calidades que establezca la ley.
No podrá ser elegido quien sea o haya sido en el último año
miembro de la Asamblea o Concejo que deba hacer la elección, ni
quien haya ocupado cargo público en la rama ejecutiva del orden
departamental, distrital o municipal. (…)”

De acuerdo con esta norma, modificada por el Acto Legislativo 4 de 2019, se
tiene que no podrá ser elegido contralor departamental, distrital o municipal:

(i) Quien sea o haya sido en el último año miembro de la
asamblea o concejo que deba hacer la elección.

(ii) Quien haya ocupado cargo público en la rama ejecutiva del
orden departamental, distrital o municipal.

De este modo, es claro que los hechos que menciona el apelante no encajan
en ninguno de estas dos causales de inhabilidad, puesto que el demandante
no alega que el demandado haya pertenecido al concejo de Santa Marta, así
como tampoco que haya ocupado cargo público alguno en la rama ejecutiva
del orden distrital.

En este orden de ideas, la Sala observa que no se demostró que el señor
Alexander Zabaleta Jiménez se encuentre en alguna de las inhabilidades
establecidas en el artículo 272 de la Constitución, por cuanto haber sido el
apoderado del alcalde o del gobernador o tener vínculos con un movimiento
político, no está expresamente señalado en la Constitución como una causal
de inhabilidad, de igual forma tampoco puede concluirse que no cumplió con
los requisitos para el cargo, puesto que no se advierte la vulneración alegada
a la norma constitucional.

Así las cosas no hay lugar a hacer algún pronunciamiento sobre las pruebas
mencionadas en el recurso de apelación, en tanto los argumentos que se
exponen para justificar la supuesta inhabilidad no están configurados.

Además de lo anterior, no puede olvidarse que la elección del contralor está
precedida por una convocatoria pública, en la cual luego de surtirse unas
etapas relativas a la realización de un examen de conocimientos, acreditación
de requisitos y experiencia, entre otras, se elabora una terna, de los cuales el
concejo elige al contralor. Por lo tanto, si en el caso concreto, se pretende
alegar una violación a los principios de objetividad y de transparencia, debe
demostrarse de qué manera estas fases del proceso de elección fueron
desconocidas o alteradas para beneficiar a una determinada persona.

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En este mismo orden de ideas, se precisa que las afirmaciones del
demandante en el sentido de indicar que el contralor esta impedido para
ejercer el control fiscal por sus vínculos con la alcaldesa o el gobernador, no
constituyen una causal de nulidad que afecte la elección y por tanto son
situaciones ajenas al estudio que se realiza en el presente medio de control.

Con todo se precisa que dado que el actor tanto en la demanda como en el
recurso de apelación, indica de manera reiterativa que por los vínculos que
tiene el demandado no podrá ejercer sus funciones con imparcialidad ni
objetividad, debe decirse que existen otros mecanismos en el ordenamiento
jurídico a los que puede acudir para que tales conductas sean investigadas,
no siendo el medio de control de nulidad electoral, el adecuado, puesto que
tales comportamientos no son constitutivos de alguna inhabilidad. A su vez,
en el desarrollo de sus funciones, puede ejercerse control a través de las
recusaciones que pueden formularse contra el contralor, cuando se advierta
la ocurrencia de las situaciones que conlleven a ellas.

De otra parte, el demandado también alegó que el señor Zabaleta Jiménez
está casado con una persona que estuvo laborando en la alcaldía de Santa
Marta en el periodo pasado, cuando fue alcalde, quien después presidió el
concejo, y además lo favoreció en la votación. Al respecto, debe decirse que
estos hechos tampoco encajan en las causales de inhabilidad consagradas
en el artículo 272 de la Constitución, y si bien se menciona que tales
situaciones vulneran el principio de objetividad, lo cierto es que no se allegó
prueba alguna que demostrara que el presidente del concejo hubiera
favorecido la elección del demandado. Así mismo, se reitera que el
cuestionamiento que se hizo en la demanda, y frente al cual quedó fijado el
litigio no correspondía a un estudio del proceso de elección por irregularidades
en el mismo, puesto que el propio demandante ha sido insistente en que ese
no es el cargo planteado.

Se recalca, en cuanto a la posible vulneración del principio de objetividad o de
imparcialidad, no se evidencia un desconocimiento por los hechos antes
mencionados, no solo porque la elección fue producto de una convocatoria
pública en donde el demandado obtuvo el mejor puntaje, sino porque no se
demostró que alguno de los electores, esto es, de los concejales, hubiera
pretendido favorecerlo.

Esto es así, porque los principios que la parte actora considera desconocidos
con fundamento en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia no
hacen relación directa al proceso de elección bajo la premisa de presuntas
irregularidades en el procedimiento que concluyó con la designación del

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Radicado: 47001-23-33-000-2020-00081-03
Demandado: Alexander Zabaleta Jiménez

demandado, sino en la creencia del demandante de la existencia de una
inhabilidad del señor Alexander Zabaleta Jiménez por tener vínculos con la
administración pasada o por la relación laboral que tuvo su esposa con el
exalcalde de Santa Marta.

Como se advierte, el proceso de elección de los contralores se encuentra
reglado por un procedimiento administrativo, que de acuerdo con el material
probatorio que obra en el expediente se cumplió a cabalidad por parte del
concejo, con sujeción a los principios de transparencia, publicidad, objetividad,
participación ciudadana y equidad de género, de manera que no existe una
irregularidad en la designación del demandado como contralor distrital de
Santa Marta.

Lo anterior, cobra mayor fuerza si se tiene en cuenta que las pruebas
presentadas por la parte demandante no tienen por objeto demostrar que
alguna de las etapas previstas en la convocatoria pública se pasó por alto o
contiene anomalías, sino acreditar situaciones de orden subjetivo que
presenta como presuntas inhabilidades. No obstante, es evidente que los
supuestos fácticos expuestos por el actor no configuran una alteración a este
régimen, que permitan concluir que las pretensiones de la demanda tiene
vocación de prosperidad.

En este sentido, se debe recordar que las inhabilidades previstas por el
Constituyente y el legislador – Ley 617 de 2000- son de carácter taxativo y
restrictivo, razón por la que resulta improcedente realizar interpretaciones
adicionales para lograr el alcance pretendido por el demandante pues de
hacerlo se incurría en un error de hermenéutica jurídica.

Por lo expuesto, esta Sala encuentra que los cargos presentados en el recurso
de apelación no están llamados a prosperar y, en consecuencia, se confirmará
la sentencia de primera instancia por las razones esbozadas en esta
providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Confírmase la sentencia del veintisiete (27) de abril de dos mil
veintidós (2022), proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena por
las razones expuestas en esta providencia.

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Demandado: Alexander Zabaleta Jiménez

SEGUNDO: En firme esta sentencia y previas las comunicaciones del caso,
devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrado

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la
providencia oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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