Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 52001-23-33-000-2025-00316-02
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 52001-23-33-000-2025-00316-02
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 52001-23-33-000-2025-00316-02
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 52001-23-33-000-2025-00316-02
Demandante: HAROLD ROBERTO RUIZ MORENO
Demandada: MARÍA MERCEDES TULCÁN CABRERA, CONTRALORA DE
PASTO, PERIODO 2026-2029
Temas: Requisitos de experiencia para la designación de contralor municipal-
regulación especial- publicidad del borrador de la convocatoria
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la sala a resolver el recurso de apelación instaurado por la parte demandante
contra la sentencia de 5 de junio de 2026, a través de la cual el Tribunal Administrativo
de Nariño, Sala Segunda de Decisión, denegó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
1. El señor Harold Roberto Ruiz Moreno, quien actúa en nombre propio, en ejercicio
del medio de control de nulidad electoral consagrado en el artículo 139 de la Ley 1437
de 2011, presentó demanda contra el acto de elección de María Mercedes Tulcán
Cabrera como contralora municipal de Pasto para el periodo 2026-2029, con el fin de
que se acceda a las siguientes pretensiones:
PRIMERA: DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en el Acta No.
203 de 29 de octubre de 2025, que, en audiencia pública, expidió el CONCEJO
MUNICIPAL DE PASTO (N.), por medio del cual, se eligió como CONTRALORA
MUNICIPAL DE PASTO, a la señora MARIA MERCEDES TULCAN CABRERA,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.085.252.662 para el periodo
constitucional 2026 – 2029, por no cumplir con los requisitos constitucionales y
legales para acceder al cargo.
SEGUNDA: ORDENAR al CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO (N.), para que vuelva
a realizar una nueva convocatoria pública con las exigencias constitucionales y de
Ley, a efectos que se proceda con la nueva elección de la persona que ha de ocupar
el cargo de CONTRALOR(A) MUNICIPAL DE PASTO, para el periodo constitucional
2026 -2029.
1.2. Hechos
2. La parte actora manifestó que la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Pasto
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Demandante: Harold Roberto Ruiz Moreno
Demandada: María Mercedes Tulcán Cabrera,
contralora de Pasto 2026-2029
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profirió la Resolución 102 de 18 de julio de 2025, en la que reglamentó la Convocatoria
001 de ese año para la elección de contralor(a) municipal de Pasto por el periodo
constitucional 2026 a 2029, abordó la naturaleza del cargo y funciones, contempló las
etapas del trámite y el cronograma, entre otros aspectos que rigieron el concurso de
mérito, acto que no se puso en conocimiento de la ciudadanía para efectos de que se
formularan observaciones o comentarios.
3. Sostuvo que la entidad contrató los servicios de la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas de la ciudad de Bogotá, D.C., con el fin de que ejecutara la
convocatoria.
4. Adujo que la demandada, al igual que otros aspirantes, se presentó con su
respectiva hoja de vida y certificaciones que, en su sentir, acreditaban experiencia
laboral en los sectores públicos y privados, junto con los soportes académicos de su
formación.
5. Señaló que, en relación con la experiencia, aportó dos certificaciones del sector
público; una de ellas expedida por el Tribunal de Ética Odontológica de Nariño en la que
se dio cuenta de un contrato de trabajo a término fijo en el cargo de secretaria-
abogada- tesorera. La segunda, emitida por el Juzgado Quinto Civil Municipal de Pasto,
en donde laboró como citadora y escribiente.
6. Informó que, mediante sesión ordinaria de 29 de octubre de 2025 llevada a cabo
en audiencia pública, el Concejo Municipal de Pasto eligió a la señora María Mercedes
Tulcán Cabrera como contralora municipal de esa ciudad para el periodo 2026 a 2029,
cargo del que tomó posesión el 11 de noviembre de 2025.
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
7. El demandante invocó la transgresión de los artículos 272 de la Constitución
Política, Ley 35 de 19891 reglamentada por el Decreto 491 de 1990, Ley 42 de 1993
artículo 68, Ley 80 de 1993 artículo 32 y Ley 1437 de 2011 artículo 8.º y 275, numeral
5.º.
8. Argumentó que el Concejo Municipal de Pasto omitió el deber contemplado por el
artículo 8.º, numeral 8.º de la Ley 1437 de 2011, toda vez que no informó al público
sobre el proyecto de acuerdo de la convocatoria para designar al contralor de esa
ciudad, por lo que también transgredió el artículo 2.º de la Ley 1904 de 2018 pues no
permitió la participación ciudadana para que formulara opiniones y observaciones.
9. Destacó que la señora María Mercedes Tulcán Cabrera fue elegida contralora
municipal de Pasto, pese a que no acreditó el cumplimiento del requisito de experiencia
previsto por el artículo 68 de la Ley 42 de 1993, que consiste en el desempeño de
funciones públicas por dos (2) años, dado que las labores ejecutadas en el Tribunal de
Ética Odontológica de Nariño no fueron de esa naturaleza en tanto se realizaron en
1 El demandante no indicó los artículos que considera infringidos.
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cumplimiento de un contrato laboral de medio tiempo a término fijo.
10. Consideró que las funciones de abogacía, tesorería y secretaría que ostentó en
la mencionada corporación desde el 16 de noviembre de 2016 hasta el 31 de marzo de
2021, es decir, por 1,9 años por ser un trabajo de medio tiempo, no son de carácter
público, en tanto estas no se pueden delegar por contrato de trabajo a término fijo a una
persona de derecho privado.
11. Comentó que en la certificación expedida por el tribunal mencionado, la cual fue
anexada por la demandada a su hoja de vida, se reiteró que fue vinculada por contrato
de trabajo a término fijo como abogada, secretaria, tesorera en horario de medio tiempo
y se describieron las funciones asignadas que en total correspondieron a 32; no
obstante, no se observa que haya decidido procesos disciplinarios o firmado decisiones
como magistrada pues lo que hizo fue manejar fondos privados de la entidad pero no
recursos estatales.
12. Acotó que los integrantes de esa corporación se asimilan a magistrados, según la
Ley 35 de 1989 y su decreto reglamentario 491 de 1991 pues ejercen funciones
públicas al administrar justicia disciplinaria en materia odontológica. Pero no ocurre lo
mismo con la señora María Mercedes Tulcán Cabrera, quien no tuvo esa calidad.
13. Manifestó que, en consecuencia, la demandada no cumplía los requisitos legales
para ser elegida contralora municipal de Pasto, pues la experiencia adquirida en el
tribunal mencionado no podía contabilizarse como ejercicio de funciones públicas. Esto,
porque su vinculación no le otorgaba la calidad de servidora pública ni de particular que
ejerce función pública.
14. Arguyó que los magistrados del Tribunal de Ética Odontológica no son
funcionarios públicos sino particulares investidos de ese tipo de funciones, de manera
que mucho menos podría considerarse que la demandada en este caso ostentó tal
calidad, dado que sus labores fueron de apoyo, administrativas y auxiliares.
15. Al respecto, citó la sentencia C-213 de 2007, en la cual la Corte Constitucional
abordó la naturaleza de los actos y sanciones emitidos por ese tribunal.
1.4. Contestaciones de la demanda
1.4.1. Concejo Municipal de Pasto
16. Manifestó que la parte actora desconoce la naturaleza de los Tribunales de Ética
Odontológica, organismo que por mandato de la Ley 35 de 1989 ejerce funciones
públicas de carácter disciplinario, de manera que las labores ejercidas por la
demandada como secretaria- abogada- tesorera no son actividades privadas, sino que
están inmersas dentro del carácter público de la corporación.
17. En relación con la falta de publicación del borrador de la convocatoria para elegir
al contralor municipal, sostuvo que el proceso de elección de que se trata tiene un
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bloque normativo específico delimitado por el Acto Legislativo 04 de 2019, la Ley 1904
de 2018 y la Resolución 0728 de 2019 expedida por la Contraloría General de la
República, normas que establecen un trámite con fases preclusivas y perentorias. Por
consiguiente, someter el procedimiento a una etapa de publicidad del borrador
implicaría una intromisión injustificada en las reglas y pondría en riesgo la celeridad y
eficacia administrativa ante la falta de objeto jurídico útil.
18. Agregó que el concejo municipal no tiene la facultad para modificar
arbitrariamente las reglas sustanciales de la convocatoria a partir de observaciones de
la ciudadanía, pues tales parámetros han sido estandarizados por el legislador y de
establecerse el requisito señalado por el actor se estaría constituyendo un formalismo
vacío que entorpecería la función administrativa.
19. Propuso las excepciones de indeterminación de los cargos por violación del
artículo 272 de la Constitución Política; Ley 35 de 1989, Ley 42 de 1993 artículo 68, Ley
80 de 1993 artículo 32, Ley 1437 del 2011 artículos 137, 275 numeral 5.º; ausencia de
violación de las disposiciones citadas como transgredidas; inexistencia de configuración
de la causal taxativa de nulidad electoral; presunción de legalidad, validez y acierto del
acto administrativo de elección; ausencia de vicio sustancial con incidencia
determinante en el resultado de la elección; improcedencia de convertir el medio de
control de nulidad electoral en una instancia revisora del criterio técnico y de la
autonomía de la corporación; aplicación del principio de conservación del acto
administrativo y prevalencia de la estabilidad institucional; y, falta de prueba idónea y
suficiente de los hechos constitutivos de la nulidad.
1.4.2. Universidad Distrital Francisco José de Caldas
20. Formuló las excepciones de fondo denominadas: inexistencia de causal de
anulación del acto administrativo electoral y carga argumentativa insuficiente: falta de
pruebas claras. Lo anterior, tras sustentar que las afirmaciones del demandante son
generales y no se acompañaron de pruebas concluyentes que acrediten la infracción de
normas constitucionales o legales.
21. Puso de presente que la falta de pruebas claras y precisas refuerzan la
presunción de legalidad del acto demandado.
22. Hizo un recuento sobre la naturaleza de la institución universitaria, las reglas
aplicables a la convocatoria, su rol en el concurso de méritos y su autonomía para regir
aspectos propios de su funcionamiento.
23. Concluyó que no se invalidaron los documentos aportados por la demandada
durante el proceso para designar contralor municipal de Pasto, de modo que estos
conservan su presunción de autenticidad y validez.
1.4.3. María Mercedes Tulcán Cabrera, demandada
24. Se opuso a las pretensiones, con fundamento en que el procedimiento de
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elección se adelantó conforme a las reglas establecidas en la convocatoria expedida
por el Concejo Municipal de Pasto, y en que ella cumplió con los requisitos previstos en
el ordenamiento jurídico aplicable.
25. Señaló que las calidades para ser elegido contralor municipal se encuentran
reguladas de manera especial en el artículo 158 de la Ley 136 de 1994, por lo que, a su
juicio, no resultaba exigible el requisito de haber ejercido funciones públicas durante dos
años previsto en el artículo 68 de la Ley 42 de 1993. En ese sentido, afirmó que la
convocatoria se ajustó al régimen especial aplicable a los municipios y que no podía
incorporarse, con posterioridad a la elección, un requisito que no fue contemplado en
aquella.
26. De otro lado, adujo que la convocatoria adquirió firmeza al no haber sido
cuestionada oportunamente por el demandante y que, por tanto, sus reglas debían ser
observadas durante el proceso de elección. Añadió que exigir posteriormente requisitos
no previstos allí, específicamente el relacionado con la publicación del borrador para
que la ciudadanía hiciera observaciones, afectaría la seguridad jurídica, la confianza
legítima y el derecho de acceso a cargos públicos.
27. Al respecto, puntualizó que el trámite previsto en el numeral 8.º del artículo 8º.
de la Ley 1437 de 2011 no resultaba aplicable, por tratarse, en su criterio, de un
procedimiento reglado de elección sujeto a disposiciones constitucionales y legales
especiales. Por consiguiente, los principios de publicidad, transparencia y participación
se garantizaron mediante las diferentes etapas de la convocatoria y que la eventual
omisión en la publicación de un borrador no tenía incidencia en la validez de la elección.
28. En relación con los cuestionamientos formulados sobre la experiencia de la
elegida, indicó que, aun si se considerara aplicable el requisito de los dos años de
ejercicio de funciones públicas, la demandada lo acreditaría a partir de su trayectoria
profesional, particularmente por las funciones desarrolladas en la Rama Judicial y en el
Tribunal de Ética Odontológica de Nariño.
29. Aseveró que, en su condición de secretaria-abogada-tesorera del Tribunal de
Ética Odontológica de Nariño, participó en el impulso y sustanciación de investigaciones
disciplinarias, la notificación de providencias, la ejecución y archivo de decisiones, el
registro de sanciones, la custodia de expedientes y la administración de recursos
públicos, de modo que tales actividades constituían ejercicio de función pública,
independientemente de la naturaleza formal de su vinculación.
30. Finalmente, solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda, se
declararan probadas las excepciones propuestas2 y se reconociera la validez y firmeza
del proceso de convocatoria y del acto de elección acusado.
2 Propuso las excepciones de mérito de primacía de la ley del proceso, la confianza legítima y la
comprobada idoneidad jurídica de la elegida.
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1.4.4. Intervención de terceros
31. Los señores Sandra Marcela Peralta Cuello y Willian Andrés Meneses
Rivadeneira, quienes fueron reconocidos como terceros impugnadores a favor de la
demandada3, se opusieron a las pretensiones de la demanda bajo similares argumentos
a los esgrimidos por la parte pasiva.
1.5. Actuaciones procesales relevantes en primera instancia
32. Por auto de 4 de febrero de 2026 el tribunal admitió la demanda y ordenó su
notificación a la señora María Mercedes Tulcán Cabrera; de igual forma, dispuso la
vinculación del Concejo Municipal de Pasto y de la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas y denegó la solicitud de suspensión provisional del acto acusado4.
33. En providencia de 24 de abril de 2026, se decretaron pruebas y se fijó el litigio
bajo los siguientes términos:
[…] De conformidad con los hechos y pretensiones de la demanda, así como con
los argumentos de oposición planteados en la contestación de la demanda, la
Suscrita considera que el presente asunto se contrae a determinar si:
¿Debe declararse la nulidad del acto administrativo que declaró la elección de la
señora María Mercedes Tulcán Cabrera como contralora municipal de Pasto,
contenido en el acta 203 del 29 de octubre de 2025, por no cumplir con los
requisitos constitucionales y legales para acceder al cargo?
Se advierte a las partes que los aspectos objeto del litigio anteriormente
identificados, al momento de proferir la sentencia no limitarán al fallador para que
se pronuncie sobre aquellos puntos que resultan relevantes, y que se encuentran
formulados en las pretensiones de la demanda, en consideración de los deberes
que le asisten como director del proceso […].
34. En esa misma decisión, dispuso correr traslado a las partes para alegar de
conclusión y al Ministerio Público para emitir concepto.
1.6. Sentencia de primera instancia
35. El 5 de junio de 2026, el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de
Decisión, denegó las pretensiones de la demanda de conformidad con lo siguiente:
36. Argumentó que, del contenido de la convocatoria para la elección del cargo de
contralor municipal de Pasto para el periodo 2026-2029 contenida en la Resolución 102
de 18 de julio de 2025, no se observa que dentro de los requisitos establecidos esté
incluido el relacionado con el ejercicio de funciones públicas por un periodo mínimo de
dos (2) años conforme a lo señalado por el artículo 68 de la Ley 42 de 1993.
37. Consideró que, si bien en dicho acto general se indicó que el aspirante al cargo
3 Mediante autos de 4 y 16 de febrero de 2026.
4 Decisión que fue confirmada por auto de 19 de marzo de 2026 proferido por esta corporación.
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también deberá cumplir con las demás condiciones exigidas por la normativa, esta se
concreta en el bloque integrado por el Acto Legislativo 04 de 2019, la Ley 1904 de
2018, la Resolución 0728 de 2019 y el artículo 158 de la Ley 136 de 1994, de manera
que el artículo 68 de la Ley 42 de 1993 no está contenido en ese marco.
38. Explicó que el requisito consagrado por esta última norma perdió vigencia frente
a lo dispuesto por el artículo 158 de la Ley 136 de 1994, dado que este reguló
íntegramente las condiciones o requisitos del aspirante a contralor municipal, y
conforme al artículo 3.º de la Ley 153 de 1887, se tiene por insubsistente una
disposición legal cuando una nueva ley regula íntegramente la materia que la anterior
establecía.
39. Puso de presente que el antecedente contenido en la sentencia de 9 de
septiembre de 2021 proferida por esta sección dentro del expediente 20001-23-33-000-
2020-00033-01, en la que se refrendó la vigencia del artículo 68 de la Ley 42 de 1993,
no es aplicable como se explicó en el auto de 19 de marzo de 2026 emitido dentro del
medio de control de la referencia.
40. En relación con la presunta transgresión del artículo 8.º, numeral 8º., de la Ley
1437 de 2011, coligió que el requisito señalado por el actor no resulta exigible, de cara
a la existencia de norma especial que regula el trámite para la elección de contralores,
en especial, la contenida en la Ley 1904 de 2018 y en la Resolución 0728 de 2019, las
cuales no exigen la publicación del borrador de la convocatoria.
1.7. Recurso de apelación
41. La parte actora instauró oportunamente recurso de apelación contra la sentencia
de primera instancia, con fundamento en los siguientes reparos:
1.7.1. Error del tribunal en el análisis de la vigencia normativa (conflicto entre
leyes- norma especial vs. norma general)
42. Manifestó que no comparte lo concluido por el a quo porque erró al considerar
que la Ley 136 de 1994 agotó la regulación de los requisitos de los contralores. Lo
anterior, pues dicha norma reguló la organización administrativa municipal -
funcionamiento de los municipios- y es de carácter general, mientras que la Ley 42 de
1993 es de naturaleza orgánica o especial del sistema de control fiscal -idoneidad para
el ejercicio de esa función-, razón por la cual no existió identidad de materia y, por ende,
no se cumple con el presupuesto del artículo 3.º de la Ley 153 de 1887.
1.7.2. Consecuencia negativa en el ejercicio del control fiscal por la eliminación
del requisito de experiencia
43. Indicó que la Ley 136 de 1994 consagró requisitos mínimos de acceso a cargos
públicos, mientras que la Ley 42 de 1993 estableció exigencias de idoneidad
especializada como la experiencia de dos (2) años en el ejercicio de funciones públicas.
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44. Aseguró que, en caso de duda sobre la derogatoria de normas que regulan la
idoneidad para ejercer cargos de control, se debe aplicar el principio de integridad
normativa; de ese modo, el legislador, al expedir la Ley 136 de 1994 no tuvo la intención
de reducir la exigencia técnica para los contralores municipales ni de derogar
expresamente las disposiciones contrarias o una lista específica, sino de establecer un
marco general.
45. Agregó que no comparte lo afirmado por el tribunal en relación con la aplicación
del artículo 3.º de la Ley 153 de 1887 al estimar insubsistente la exigencia de
experiencia por dos años en el sector público prevista por la Ley 42 de 1993, dado que
posterior a ello no hubo una regulación integral en la Ley 136 de 1994, sino que se
mantuvo la norma especial.
1.7.3. Desconocimiento de una regla de la convocatoria de cumplir con las demás
condiciones exigidas por las normas legales y reglamentarias vigentes
46. Expuso que, en la convocatoria para designar contralor municipal de Pasto, se
señaló que los aspirantes debían cumplir las demás condiciones exigidas por las
normas legales y reglamentarias vigentes; y, si bien no se indicaron cuales eran, debe
tenerse en cuenta el requisito de dos (2) años en el ejercicio de funciones públicas
establecidos por la Ley 42 de 1993.
47. Afirmó que el a quo no tuvo en cuenta la sentencia C-320 de 1994 que declaró
exequible, en esencia, el artículo 68 de dicha norma, y en la que se enfatizó que la ley
puede establecer otras calidades siempre que sean razonables, proporcionales y no
discriminatorias. De igual manera, la Corte Constitucional, en la sentencia C-898 de
2011, hizo referencia a la norma en cita y puntualizó que esta trata sobre la
organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen, de
manera que tiene una especialidad alusiva a ese campo.
1.7.4. Inadecuado método de interpretación judicial
48. Cuestionó el método de interpretación empleado por el tribunal, pues consideró
que debió acudirse a una interpretación sistemática y teleológica, en el sentido de
entender que el artículo 68 de la Ley 42 de 1993 conserva coherencia dentro del
régimen de control fiscal como norma especial; y que la exigencia de experiencia
responde a la finalidad constitucional de garantizar la adecuada protección del
patrimonio público y la idoneidad de quien ejerce el control fiscal.
49. Adicionó que la interpretación de las normas debe realizarse conforme a la
Constitución Política y, ante la existencia de varias interpretaciones posibles, debe
preferirse aquella que resulte más acorde con sus principios y valores. En ese sentido,
la experiencia de dos años en funciones públicas constituye un criterio de mérito para
acceder al cargo de contralor municipal, cuyo desconocimiento comprometería los
principios constitucionales que rigen la selección de servidores públicos.
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1.7.5. Desconocimiento del precedente del Consejo de Estado sobre aplicación y
vigencia del artículo 68 de la Ley 42 de 1993
50. Advirtió que la sentencia de 9 de septiembre de 2021, proferida dentro del
expediente 20001-23-33-000-2020-00033-01 sí resulta aplicable, dado que confirmó
que el artículo 68 continúa vigente y complementa el artículo 272 de la Constitución
Política. Además, en dicho pronunciamiento se aplicaron los requisitos previstos por
esas normas y por el artículo 58 de la Ley 136 de 1994 de forma acumulativa, lo que
demuestra que no hubo derogación tácita, expresa o insubsistencia normativa
1.7.6. La omisión de publicación del borrador de la convocatoria afecta la
participación ciudadana
51. Indicó que no comparte lo dicho por el a quo frente a la falta de publicación de la
convocatoria, toda vez que no se dio oportunidad a la ciudadanía para participar y
formular observaciones sobre las reglas del concurso, en especial en lo relacionado con
el cumplimiento de requisitos mínimos de experiencia conforme lo establecido por el
artículo 68 de la Ley 42 de 1993.
52. Citó como antecedente similar la actuación administrativa adelantada por el
Concejo Distrital de Santiago de Cali, en la que, según afirmó, la Procuraduría General
de la Nación advirtió sobre posibles vicios de legalidad derivados, entre otros aspectos,
de la omisión de publicar el proyecto de convocatoria conforme al numeral 8 del artículo
8 de la Ley 1437 de 2011. Señaló que, con ocasión de dicha advertencia, el concejo
dejó sin efectos las actuaciones de trámite y preparatorias surtidas, y procedió a
adelantar nuevamente las etapas de la convocatoria para la elección del contralor
distrital para el período 2026-2029.
53. A partir de este antecedente, sostuvo que la publicación del proyecto de
convocatoria constituye una garantía de participación ciudadana, pues permite formular
observaciones sobre las reglas y requisitos del proceso de elección.
1.8. Trámite en segunda instancia
54. Por auto de 23 de julio de 2026, el magistrado sustanciador admitió el recurso de
apelación instaurado por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia,
puso a disposición de la demandada por el término de tres (3) días conforme al artículo
292 de la Ley 1437 de 2011 y corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos
de conclusión dentro del plazo de tres (3) días, así como al Ministerio Público para
rendir concepto dentro de los cinco (5) días siguientes a ello.
1.9. Alegatos de conclusión
1.9.1. Parte pasiva
55. Tanto la señora María Mercedes Tulcán Cabrera, como las entidades vinculadas
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(Concejo Municipal de Pasto y Universidad Distrital Francisco José de Caldas),
presentaron alegatos en término, a través de los cuales insistieron, bajo similares
argumentos, en la legalidad del acto de designación demandado y pidieron que se
confirme la sentencia apelada, con respaldo en que el artículo 158 de la Ley 136 de
1994, como norma posterior y especial, reguló integralmente las calidades para ser
contralor municipal y dejó sin vigencia el requisito de dos años de experiencia en
funciones públicas previsto en el artículo 68 de la Ley 42 de 1993.
56. Agregaron que no era exigible la publicación previa de un proyecto de
convocatoria, al tratarse de un procedimiento electoral especial sujeto a una regulación
específica.
57. En el caso de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, adicionó que su
intervención fue técnica y se limitó a ejecutar las reglas establecidas en la convocatoria.
1.9.2. Terceros impugnadores
58. Los señores Sandra Marcela Peralta Cuello y Willian Andrés Meneses
Rivadeneira reiteraron los argumentos propuestos en primera instancia, a favor de la
parte demandada.
1.10. Concepto del Ministerio Público
59. La procuradora Séptima Delegada ante el Consejo de Estado, solicitó que se
confirme la sentencia de primera instancia, con base en los siguientes argumentos:
60. Enunció que, en la sentencia de 9 de septiembre de 2021, citada por la parte
demandante, no se definió de forma expresa la vigencia del artículo 68 de la Ley 42 de
1993 frente al artículo 158 de la Ley 136 de 1994, sino que se determinó si los
requisitos previstos en la convocatoria objeto de análisis en dicho fallo se ajustaba a la
normativa vigente; y, recalcó que la Corte Constitucional, en la sentencia C-320 de 1994
tampoco analizó concretamente el contenido de la norma en mención.
61. Agregó que dentro de las reglas del concurso para elegir el contralor municipal
de Pasto no se incluyó el requisito de haber ejercido funciones públicas por un periodo
no inferior a dos (2) años, y si bien el artículo 68 de la Ley 42 de 1993 no ha perdido
vigencia de forma expresa, lo cierto es que la Ley 136 de 1994, al regular lo relativo a
los contralores municipales, introdujo una nueva normativa que no estableció la
exigencia de que se trata.
62. Frente a la presunta vulneración del artículo 8.º, numeral 8º de la Ley 1437 de
2011, relacionado con el deber de informar al público sobre el borrador de la
convocatoria, explicó que la Ley 1904 de 2018 estableció las reglas especiales para tal
efecto, pero no previó el trámite señalado por la parte actora.
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Rad: 52001-23-33-000-2025-00316-02
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
63. La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para resolver el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera
instancia, de conformidad con lo establecido en los artículos 1505 y 152 numeral 7.b6 de
la Ley 1437 de 2011, y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019, modificado por el
artículo 1º del Acuerdo 434 de 2024 que contiene el reglamento del Consejo de
Estado7.
2.2. Cuestión previa
64. Revisados los reparos formulados por la parte actora en contra de la sentencia
de primera instancia, se observa que, al señalar que no comparte lo concluido por el a
quo en cuanto a la falta de publicación de la convocatoria, trajo a colación un
antecedente de una actuación administrativa adelantada por el Concejo Distrital de
Santiago de Cali como soporte de su argumentación.
65. De igual manera, afirmó que no se tuvieron en cuenta las sentencias C-320 de
1994 y C-898 de 2011, cuya aplicación no se solicitó ni se invocó en la demanda, más
allá de una breve referencia sobre la primera sin precisarse las reglas establecidas allí
que debían trasladarse a este caso.
66. Por ende, no es posible pronunciarse sobre el particular, pues lo señalado en
precedencia no hizo parte de lo debatido en primera instancia ni del análisis realizado
en el fallo apelado.
2.3. El acto acusado
67. La parte demandante pretende la nulidad del acto de elección de la señora María
Mercedes Tulcán Cabrera como contralora municipal de Pasto, Nariño, para el periodo
5 Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El
Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación […].
6 Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los tribunales
administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…)7. De los siguientes
asuntos relativos a la nulidad electoral: […] b) De la nulidad de la elección de los contralores
departamentales, y la de los personeros y contralores distritales y municipales de municipios con
setenta mil (70.000) habitantes o más, o de aquellos que sean capital de departamento […]. [Destacado
fuera del texto].
7 Artículo 1º. Modifíquese el artículo 13 del reglamento, el cual quedará así: ARTÍCULO 13.-
DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos del reparto, los asuntos
de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un
criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: […] Sección Quinta 1. La acción de nulidad
electoral contra los actos de elección por voto popular o por cuerpos electorales, así como de los actos de
nombramiento que expidan las entidades y autoridades públicas, de acuerdo con las reglas de
competencia establecidas en la ley. Igualmente, la nulidad de los actos de llamamiento para proveer
vacantes en las corporaciones públicas […].
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2026-2029, contenido en el Acta 203 de 29 de octubre de 2025 proferida por el Concejo
Municipal de Pasto.
2.4. Problema jurídico
68. Corresponde a la sala determinar, con base en los argumentos esgrimidos en el
recurso de apelación, si en este caso hay lugar a revocar, modificar o confirmar la
sentencia apelada.
69. Para el efecto, se analizará si (i) le era exigible a la demandada el requisito de
dos (2) años de experiencia en funciones públicas consagrado por el artículo 68 de la
Ley 42 de 1993; y, (ii) si el Concejo Municipal de Pasto desconoció el artículo 8.º,
numeral 8.º de la Ley 1437 de 2011, por falta de publicación del borrador de la
convocatoria para elegir contralor municipal para efectos de que la ciudadanía efectuara
observaciones a su texto.
2.5. Marco jurídico que regula la elección de contralores territoriales
70. El artículo 4.º del Acto Legislativo 04 de 2019 modificó el inciso 7.º del artículo
272 de la Constitución Política, en el sentido de señalar que los contralores territoriales
se eligen por las asambleas departamentales, concejos municipales y distritales de
terna conformada por quienes obtengan los mayores puntajes en convocatoria pública
conforme a la ley.
71. Por su parte, la Ley 1904 de 2018, en su artículo 11, determinó que las
disposiciones para la elección de contralor general serán aplicables, en lo que
corresponda, a los demás contralores territoriales, «en tanto el Congreso de la
República expida disposiciones especiales para la materia». Asimismo, en virtud del
artículo 6º ibidem, la Resolución 728 de 2019 de la Contraloría General de la República
estableció los términos generales de las convocatorias públicas de selección de
contralores territoriales.
72. De esa manera, el trámite para elegir contralor general, departamental, distrital y
municipal es producto de una convocatoria pública reglada. Al respecto, la Sección
Quinta del Consejo de Estado8 ha señalado que, si bien estas reglas de selección están
orientadas por factores cualitativos para la evaluación del aspirante, no transforman la
convocatoria pública en un concurso de méritos, como el previsto para la elección de
personeros, pues en este último el nominador siempre está obligado a designar al
primero de la lista, es decir, al candidato que obtenga el mayor puntaje como resultado
de las diferentes pruebas aplicadas.
73. En contraste, en la convocatoria para la elección de los contralores la
8 Se pueden consultar las siguientes providencias: sentencia del 29 de septiembre de 2016, Rad. 70001-
23-33-000-2016-00011-02, MP. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia del 29 de abril de 2021, Rad. 15001-
23-33-2020-00100-01, MP. Rocío Araújo Oñate. Sentencia del 30 de septiembre de 2021, Rad. 66001-
23-33-000-2020-00499-03, MP. Rocío Araújo Oñate. Sentencia del 5 de junio de 2025, Rad. 17001-23-
33-000-2024-00199-02, MP Luis Alberto Álvarez Parra.
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corporación competente mantiene un margen de discrecionalidad política que le permite
escoger entre los ciudadanos que alcancen los tres primeros puntajes, a partir de la
autonomía administrativa de la autoridad que ostenta tal atribución9.
2.6. Caso concreto
74. Como viene de explicarse, la parte actora pretende que se anule la elección de la
demandada como contralora municipal de Pasto para el periodo 2026-2029, con
fundamento en que no cumplió con el requisito de experiencia de dos años en funciones
públicas previsto por el artículo 68 de la Ley 42 de 1993, y porque el Concejo Municipal
de Pasto no publicó el borrador de la respectiva convocatoria para efectos de que la
ciudadanía formulara observaciones.
75. Por su parte, el a quo denegó las pretensiones de la demanda tras considerar
que la exigencia de acreditar dos años de ejercicio de funciones públicas no era
aplicable al proceso de elección del contralor municipal de Pasto para el período 2026-
2029, pues la Resolución 102 del 18 de julio de 2025, que contiene las reglas de la
convocatoria, no incluyó expresamente como requisito los dos años de ejercicio de
funciones públicas previstos en el artículo 68 de la Ley 42 de 1993.
76. Además, no se infringió el artículo 8.º, numeral 8.º, de la Ley 1437 de 2011, pues
la normativa especial sobre elección de contralores —Ley 1904 de 2018 y Resolución
0728 de 2019— no exige publicar un proyecto o borrador de la convocatoria.
77. La parte demandante instauró recurso de apelación contra dicha decisión, en el
que expuso los siguientes reparos que serán resueltos a continuación:
2.6.1. En relación con el requisito de dos (2) años de experiencia previsto por el
artículo 68 de la Ley 42 de 1993
78. La parte recurrente sostuvo que el artículo 68 de la Ley 42 de 1993 continúa
vigente y exige acreditar dos años de ejercicio de funciones públicas para acceder al
cargo de contralor municipal. En su criterio, el Tribunal erró al considerar que el artículo
158 de la Ley 136 de 1994 reguló integralmente las calidades del cargo, pues ambas
disposiciones tienen objetos diferentes: la primera contiene una regulación especial
sobre control fiscal y la segunda establece reglas generales sobre la organización
municipal.
79. Afirmó que el requisito de experiencia constituye una exigencia de idoneidad
especializada, acorde con la finalidad constitucional de garantizar un adecuado control
fiscal y la protección del patrimonio público. Por ello, consideró que la convocatoria, al
exigir el cumplimiento de las demás condiciones legales y reglamentarias vigentes,
incorporó también dicho requisito.
80. Finalmente, alegó que el Tribunal desconoció el precedente de la Sección Quinta
9 Sentencia del 5 de junio de 2025, rad. 17001-23-33-000-2024-00199-02, MP Luis Alberto Álvarez Parra.
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del 9 de septiembre de 2021, expediente 20001-23-33-000-2020-00033-01, que, a su
juicio, reconoció la vigencia del artículo 68 de la Ley 42 de 1993 y su aplicación
conjunta con las disposiciones de la Ley 136 de 1994.
81. Sea lo primero señalar, que el pronunciamiento indicado en precedencia no
resulta aplicable al presente caso, dado que en esa oportunidad esta sección se
pronunció sobre las pretensiones de nulidad de la elección de la contralora municipal de
Valledupar, la cual estuvo regulada por la Resolución 051 de 2019 expedida por el
Concejo Municipal de ese ente territorial, en la que se estableció como requisito de
experiencia el haber ejercido funciones públicas por un periodo no inferior a dos (2)
años10.
82. Dicho lo anterior, se pone de presente que, tal y como se consideró en el auto de
16 de marzo de 2026 en el que se confirmó la negativa de la medida cautelar, el tribunal
no desconoció el precedente de esta corporación, citado por el demandante, puesto que
las circunstancias normativas fueron distintas, al haberse establecido en la
convocatoria, a diferencia del presente caso, el requisito en mención.
83. En la Resolución 102 de 18 de julio de 2025 «Por medio de la cual se realiza la
convocatoria y reglamentación de la Convocatoria para la elección del cargo de
Contralor(a) Municipal de Pasto para el período constitucional 2026-2029», se
establecieron los siguientes requisitos [artículo 5.º]:
84. Como se puede observar, la norma que reguló la convocatoria para la
designación de contralor municipal de Pasto indicó que los aspirantes debían cumplir
con las demás condiciones exigidas por las normas legales y reglamentarias vigentes,
lo cual se debe respetar en atención a la jerarquía normativa. Es decir, en ningún caso
la convocatoria puede desconocer la Constitución y la ley.
85. La parte actora sostiene en el recurso de apelación que debió exigírsele a la
demandada que acreditara el ejercicio de funciones públicas por un periodo no inferior a
dos (2) años, requisito previsto por el artículo 68 de la Ley 42 de 1993 bajo los
10Dicho requisito se impuso mediante el artículo 9º del acto que regula la convocatoria, según se
desprende de los antecedentes consignados en la sentencia de 9 de septiembre de 2021, proferida
dentro del expediente 20001-23-33-000-2020-00033-01.
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siguientes términos:
ARTÍCULO 68. Para ser elegido contralor de una entidad territorial se requiere
además de las calidades establecidas en el artículo 272 de la Constitución Nacional
acreditar título universitario y haber ejercido funciones públicas por un período no
inferior a dos años. [Destaca la sala].
86. Sea lo primero señalar que el artículo 158 de la Ley 136 de 1994 determinó que
para ser elegido contralor municipal se requiere ser colombiano de nacimiento,
ciudadano en ejercicio, tener más de veinticinco años y acreditar título profesional,
requisitos que ya se encontraban incorporados de igual manera en el artículo 272 de la
Constitución Política11.
87. La Resolución 0728 de 2019 expedida por la Contraloría General de la República
«Por la cual se establecen los términos generales de las convocatorias públicas de
selección de contralores territoriales» determinó una ponderación -carácter, peso
porcentual y calificación- a las pruebas y a la experiencia que corresponde a un 15% de
la evaluación:
88. En relación con los criterios para tener en cuenta la experiencia profesional,
dicha reglamentación determinó lo siguiente:
89. De lo anterior se infiere que no es posible determinar que específicamente en la
convocatoria de que se trata debía acreditarse el desempeño de funciones públicas,
11 «[…] Para ser elegido contralor departamental, distrital o municipal se requiere ser colombiano por
nacimiento, ciudadano en ejercicio, tener mas de veinticinco años, acreditar título universitario y las
demás calidades que establezca la ley […]».
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pues si bien el artículo 68 de la Ley 42 de 1993 requería la experiencia señalada por la
parte actora, lo cierto es que el artículo 158 de la Ley 136 de 1994 -norma que reguló
de forma específica la designación del contralor municipal- no reiteró la exigencia en
mención.
90. Por consiguiente, no resulta acertado lo afirmado por el recurrente en el sentido
de que debió aplicarse lo dispuesto por la Ley 42 de 1993 en su artículo 68 en cuanto al
requisito de experiencia, ya que dicha normativa reguló de forma específica el sistema
de control financiero junto con los organismos que lo ejercen a nivel nacional y
territorial, al tiempo que la Ley 136 de 1994 reguló lo relacionado con la organización y
funcionamiento de los municipios.
91. En efecto, revisado el texto de la Ley 42 de 1993, se advierte que su objetivo es
reglamentar todo lo relacionado con la organización del sistema fiscal financiero, así
como los organismos que lo ejercen; en ese sentido, dentro de los organismos de
control fiscal encabezados por la Contraloría General de la República, incluyó a las
contralorías departamentales, distritales y municipales como aquellas que realizan la
vigilancia de la gestión fiscal en su jurisdicción (artículo 65).
92. Retomando el contenido del artículo 68 de la precitada norma, el cual fue
invocado como infringido, se observa que este determinó los requisitos para se
contralor de una entidad territorial.
93. Por otro lado, la Ley 136 de 1994 tuvo como objeto dictar normas tendientes a
modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios, lo que permite
advertir de antemano que dicha normativa regula de forma específica y determinada lo
concerniente a tales entes territoriales.
94. Quiere decir ello, que mientras la Ley 42 de 1993 hizo referencia al control fiscal
ejercido por la Contraloría General de la República (a nivel nacional) como los demás
entes territoriales, y de igual manera en su artículo 68 estableció las exigencias para
designar contralor de “entidad territorial”, la Ley 136 de 1994, de forma particular
determinó los requisitos para elegir a los contralores municipales:
ARTÍCULO 158. Contralores municipales. En aquellos distritos y municipios donde
exista contraloría, los respectivos contralores se elegirán dentro de los primeros diez
(10) días del mes de enero respectivo por el Concejo para un período igual al de los
alcaldes de ternas integradas con dos (2) candidatos presentados por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial y uno (1) por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo,
que ejerza jurisdicción en el respectivo municipio, con no menos de un (1) mes de
antelación
Para ser elegido contralor se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en
ejercicio, tener más de veinticinco años y acreditar título profesional. En ningún caso
habrá lugar a reelección.
95. Acorde con lo anterior, es claro que el legislador, al expedir la Ley 136 de 1994,
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no tuvo la intención de establecer para los contralores municipales el requisito de
experiencia exigido por la Ley 42 de 1993 como sí lo hizo, por ejemplo, con los
departamentales como pasa a explicarse:
Normativa Ley 330 de 1996 “Por la cual Ley 136 de 1994 “Por la cual
aplicable se desarrolla parcialmente el se dictan normas tendientes a
artículo 308 de la modernizar la organización y
Constitución Política y se el funcionamiento de los
dictan otras disposiciones municipios”
relativas a las Contralorías
Departamentales”
Objeto de la Establecer las reglas sobre la Regular la modernización y el
norma naturaleza, funcionamiento, funcionamiento de los
competencias y demás municipios.
aspectos relacionados con
las contralorías
departamentales.
Destinatario de Contralores departamentales. Contralores municipales
los requisitos
Exigencias en Artículo 5.º. Ser colombiano Artículo 158. Ser colombiano
cada caso de nacimiento, ciudadano en de nacimiento, ciudadano en
ejercicio, tener más de 25 ejercicio, tener más de
años, acreditar título veinticinco años y acreditar
universitario y cumplir con los título profesional
requisitos consagrados en el
artículo 68 de la Ley 42 de
1993.
96. El análisis comparativo de ambas normas permite determinar que la Ley 330 de
1996, que regula de forma específica la designación de contralores departamentales y
establece requisitos para designarlos, hizo una remisión expresa al artículo 68 de la Ley
42 de 1993.
97. Ello implica que, además del cumplimiento de los requisitos previstos por el
artículo 5º antes citado, los funcionarios en mención deberán acreditar también las
exigencias del artículo 68 de la Ley 42 de 1993, dentro de las que se encuentra la
experiencia de dos (2) años en funciones públicas como lo ordena dicha norma.
98. Por ende, resulta razonable que se exija a los contralores departamentales el
requisito de experiencia previsto por la norma señalada, en tanto son órganos de mayor
jerarquía comparados con los contralores municipales, frente a quienes la norma
especial que corresponde al artículo 158 de la Ley 136 de 1994, no determinó tal
presupuesto para acceder al cargo ni hizo una remisión expresa a la Ley 42 de 1993
como sí lo realizó la Ley 330 de 1996.
99. De esa manera, no existió un vacío normativo pues el legislador no consideró
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exigir más requisitos en el caso de la designación de contralores de los municipios los
cuales fueron regulados de forma especial por la Ley 136 de 1994. Al respecto, resulta
del caso traer a colación lo considerado por la Sección Quinta de esta corporación en
un tema similar12:
100. Por ende, no se está frente a una norma que regula una situación general contra
aquella que estipule un régimen especial, pues el cargo de contralor municipal no difiere
del determinado en ambas leyes, de manera que ante la disyuntiva en torno a si debe
exigirse el requisito de experiencia de dos (2) años en funciones públicas previsto por la
Ley 42 de 1993, o no cualificarse ni cuantificarse dicha exigencia como fue el sentir del
constituyente en el artículo 272 de la Constitución Política y el artículo 158 de la Ley
136 de 1994, debe aplicarse esta última por ser la que regula de forma específica la
designación de los contralores municipales, como es el caso.
101. Cabe señalar que los requisitos para desempeñar un cargo público son taxativos
y corresponden a los expresamente establecidos en la ley o en la reglamentación
especial, de manera que como en este caso ni el acto administrativo que contiene la
convocatoria ni el precitado artículo 158 exigen el requisito de experiencia que alega la
parte actora, no puede optarse por ampliar los presupuestos consagrados en esa
norma.
102. En conclusión, no prosperan los cargos analizados en precedencia.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia de 21 de enero
de 1999. Expediente 2.099. Magistrado ponente Mario Alario Méndez.
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2.6.2. Frente a la falta de publicación del borrador de la convocatoria
103. La parte actora indicó que no comparte lo dicho por el a quo frente a la falta de
publicación de la convocatoria, toda vez que no se dio oportunidad a la ciudadanía para
participar y realizar observaciones sobre las reglas del concurso, en especial en lo que
tuvo que ver con el cumplimiento de requisitos mínimos de experiencia conforme lo
establecido por el artículo 68 de la Ley 42 de 1993.
104. Sobre el particular, se reitera que el proceso de elección se rige por la
convocatoria, la cual es la norma que establece todas las etapas y facetas que deben
cumplirse durante el trámite de elección del contralor municipal; y, a su turno, dicho acto
se expide con fundamento en la Resolución 0728 de 2019 expedida por la Contraloría
General de la República «Por la cual se establecen los términos generales de las
convocatorias públicas de selección de contralores territoriales».
105. En el presente caso, revisado el contenido de dicha resolución, se advierte que
esta definió a la convocatoria como «[…] el aviso público a través del cual la respectiva
corporación pública territorial invita a todos los ciudadanos a participar en el proceso de
elección de contralor, la cual debe realizarse mínimo con tres (3) meses de antelación a
la sesión de elección […]» [artículo 3.º].
106. De igual manera, en el artículo 4.º determinó que «La convocatoria pública se
hará con una antelación mínima de diez (10) días calendario antes de la fecha de inicio
de inscripciones, para lo cual podrán emplearse los medios previstos en el
artículo 2.2.6.5 del Decreto 1083 de 2015, sumado a la publicación en el sitio web de la
Asamblea Departamental, Concejo Distrital o Municipal o de la entidad territorial
correspondiente».
107. De lo anterior se advierte que, contrario a lo afirmado por el demandante, la
reglamentación que estipuló los parámetros de las convocatorias públicas para elegir
contralores territoriales no estableció una fase o trámite relacionado con la publicación
del borrador de tales actos generales con el fin de que la ciudadanía en general
presentara observaciones a su contenido.
108. Así las cosas, no es posible, en este caso, endilgar al Concejo Municipal de
Pasto una obligación que no fue prevista por la ley y por la reglamentación de carácter
general, de cara a cumplir con un requisito de publicidad que no tiene soporte jurídico,
de manera que no se observa la omisión de cumplimiento de algún presupuesto
determinado por el constituyente, por el legislador o por la Contraloría General de la
República en la normativa aplicable.
109. En síntesis, el cargo bajo análisis tampoco prospera pues la Ley 136 de 1994 es
la norma que regula específicamente la convocatoria de los contralores municipales y
en ella no se consagró la exigencia del requisito de experiencia que echa de menos la
parte actora, razón por la cual se confirmará la sentencia apelada, en cuanto denegó las
pretensiones de nulidad del acto de elección acusado.
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Demandante: Harold Roberto Ruiz Moreno
Demandada: María Mercedes Tulcán Cabrera,
contralora de Pasto 2026-2029
Rad: 52001-23-33-000-2025-00316-02
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
III. FALLA:
PRIMERO: Confírmase la sentencia de 5 de junio de 2026, a través de la cual el
Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión, denegó las pretensiones
de la demanda.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen para lo de su competencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
Aclara voto
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Salva voto
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número
de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
20
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