Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-01022-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-01022-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-01022-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
9 de julio de 2025
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Nueve (9) de julio de dos mil veinticinco (2025).
Magistrado Ponente (E): FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-01022-01
Demandante: MARÍA CAROLINA LAMUS BECERRA
Demandado: SECCIÓN PRIMERA DEL CONSEJO DE ESTADO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA
JUDICIAL – AUSENCIA DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL.
Síntesis del caso: la demandante reclamó la protección a sus derechos constitucionales
fundamentales con ocasión de la providencia judicial que confirmó parcialmente la sanción
por responsabilidad fiscal que le impuso la Contraloría General de la Nación. La Sala
revocará la sentencia de primera instancia que negó el amparo frente a los defectos
sustantivo y fáctico, y en su lugar, declarará la improcedencia de la acción de tutela por falta
de relevancia constitucional.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante en contra de la
sentencia del 21 de marzo de 2025 proferida por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado en la que se decidió:
“PRIMERO. NEGAR el amparo del derecho fundamental al debido proceso
invocado por la señora María Carolina Lamus Becerra, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.” (archivo disponible en
medio magnético en el índice 20 en SAMAI, negrillas del original).
I. ANTECEDENTES
La señora María Carolina Lamus Becerra a través de apoderada presentó acción de
tutela1 en contra de la Sección Primera del Consejo de Estado para la protección de
su derecho constitucional fundamental del debido proceso consagrado en el artículo
29 de la Constitución Política, supuestamente vulnerado con ocasión de la sentencia
proferida el 12 de diciembre de 2024 en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicación no. 25000-23-41-000-2014-01422-01.
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Escrito radicado el 21 de febrero de 2025 (índice 2 del aplicativo SAMAI)
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01022-01
Demandante: María Carolina Lamus Becerra
Acción de tutela – Impugnación fallo
1. Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la demandante señaló, en síntesis, lo siguiente
(índice 2 del expediente digital de primera instancia disponible en SAMAI):
1) La señora María Carolina Lamus Becerra ocupó el cargo de Vicepresidenta
Administrativa de SaludCoop EPS – organismo cooperativo (OC), entre el 24 de
octubre del 2005 hasta el 2 de febrero del 2012 y, dentro de ese lapso en el periodo
comprendido entre el 26 de octubre del 2005 y el 30 de enero del 2007 como
miembro del Consejo de Administración de la EPS.
2) Como miembro del Consejo de Administración, estuvo presente en la sesión del
día 31 de enero de 2006, según acta 136 en la que se aprobaron los estados
financieros del año 2005, y en las otras sesiones a las que asistió solo tenía la calidad
de vicepresidente administrativa y no tenía voto y, como consta en las actas, no
intervino en la presentación ni aprobación de las operaciones que se informaron en
dichas sesiones.
3) La Contraloría General de la Nación mediante auto 010 de 4 de abril de 2011, abrió
indagación preliminar IP-010 del 2011 contra SALUDCOOP EPS para establecer si
había una indebida utilización de los recursos parafiscales; después, mediante auto
000277 de 7 de noviembre de 2012 la contralora Delegada Intersectorial – Unidad de
Investigaciones Especiales contra la corrupción le imputó responsabilidad fiscal, a
SaludCoop y a otras 56 personas y empresas vinculadas, dentro de las cuales
relacionó a la señora Lamus Becerra, como presunta responsable por la conducta
desarrollada, como vicepresidente administrativa y como miembro del Consejo de
Administración, conducta cometida a título de culpa grave, por la lesión al patrimonio
público en (ochocientos noventa y nueve millones cuatrocientos setenta y tres mil
trescientos nueve pesos) $899.473.309.000.
En ese auto, se reseñó que en el periodo 2005 a 2010, la señora María Carolina
Lamus hizo presencia como alto directivo en el Consejo de Administración y se afirmó
que, debido a ello “manejó y dispuso recursos conforme a las decisiones que eran
tomadas por los órganos de administración”.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01022-01
Demandante: María Carolina Lamus Becerra
Acción de tutela – Impugnación fallo
4) El proceso de responsabilidad fiscal continuó y el 13 de noviembre de 20132, se
profirió decisión administrativa en la cual se declaró fiscalmente responsable a la
demandante de manera solidaria con otros investigados, en cuantía de un billón
cuatrocientos veintiún mil ciento setenta y ocho millones trecientos noventa y nueve
mil setenta y dos pesos. ($1.421.178.399.972,78).
5) Contra la decisión anterior, la demandante interpuso recurso de apelación y alegó
que no tuvo a su cargo la gestión fiscal de los recursos que manejaba la entidad; sin
embargo, la decisión fue confirmada por decisión administrativa no. 0011 del 11 de
febrero de 2014 expedida por la Contralora General de la República por las mismas
razones indicadas en primera instancia.
6) El 28 de agosto de 2014, la demandante interpuso el medio de control de nulidad y
restablecimiento contra los actos sancionatorios expedidos por la Contraloría General
de la República y alegó que no podía ser investigada como gestora fiscal, porque no
se encontraba en el ejercicio de “la competencia y la capacidad jurídica para realizar
uno o más de los verbos asociados a la gestión fiscal que define el artículo 3 de la ley
610 del 2000 (adquisición, planeación, conservación, administración, custodia,
explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de las
UPC giradas por el FOSYGA, así como a la recaudación, manejo inversión de las
rentas”.
Como sustento de lo anterior, invocó la sentencia C-262 de 2013, en la que adujo que
era posible evidenciar el vacío existente en cuanto al uso y la contabilización de las
utilidades propias de las EPS; en dicha sentencia, la Corte Constitucional, al realizar
un estudio de los antecedentes de la Ley 1438 de 2011 –que se expidió con
posterioridad a los hechos que se imputaron a María Carolina Lamus–, observó que
el uso de ese remanente de liquidez no requería que previamente la entidad hubiera
incorporado las utilidades contables.
7) El 30 de mayo de 2024, la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia en la cual i) declaró la nulidad
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“Si Lamus Becerra se hubiese sometido a las limitaciones que el régimen jurídico le imponía tanto a
la empresa como a sus directivos, el daño no se hubiera generado. Así puesto que fue por virtud del
ejercicio de las funciones referenciadas, que intervino en la gestión fiscal de SALUDCOOP EPS OC.,
en una relación próxima y necesaria con dicha gestión fiscal, dada su vinculación ininterrumpida en
ejercicio de cargos directivos, en las modalidades que se han referido, intervenciones con las que la
imputada Lamus Becerra contribuyó a la destinación y apropiación indebida con pérdida y menoscabo
del patrimonio público. “[…]”.
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Demandante: María Carolina Lamus Becerra
Acción de tutela – Impugnación fallo
parcial del numeral primero de las decisiones administrativas de responsabilidad fiscal
01890 del 13 de noviembre de 2013, 00405 del 3 de febrero de 2014 y 011 del 11 de
febrero de 2014, única y exclusivamente, en cuanto a que se le impuso a la señora
María Carolina Lamus la obligación de resarcir al patrimonio público en la cuantía
indexada de un billón cuatrocientos veintiún mil ciento setenta y ocho millones
trescientos noventa y nueve mil setenta y dos ($1.421.178.399.072) y ii) se ordenó a
la Contraloría General de la República, abstenerse de exigir y cobrar a la señora
María Carolina Lamus dicha suma, sino únicamente los valores liquidados como daño
patrimonial correspondientes a los años 2005 a 2010, que corresponden a la suma de
$850.080.504.4653.
8) La demandante interpuso recurso de apelación y alegó que, por una parte, la
condición de vicepresidenta de SALUCOP EPS no se asimila con el cargo de gestor
fiscal, de manera que no era posible atribuirle responsabilidad fiscal, y por otra parte,
no existe prueba, directa o indirecta, legalmente recaudada que demostrara con
certeza que actuó con el conocimiento y la voluntad dirigida a permitir un desvío de
recursos públicos por parte de terceros o de la propia SALUDCOOP, ni mucho menos
con negligencia, impericia o imprudencia ni el título de imputación de culpa grave.
9) El 12 de diciembre de 2024, la Sección Primera del Consejo de Estado confirmó la
anterior decisión, tras considerar que, de la revisión del material probatorio, para la
época de los hechos, la parte demandante tenía conocimiento de las Circulares
Externas 26 de 2006 y 49 de 2008, que preveían que la inversión de recursos
provenientes de las UPC en infraestructura se cataloga como una práctica insegura e
ilegal la cual no puede llevarse a cabo.
10) Agregó que, su calidad de Vicepresidente de la organización, garantizaba el
cumplimiento de las decisiones tomadas por el Presidente Ejecutivo, de manera que
su tarea, conforme a las funciones del cargo, le exigía intervenir en la ejecución de los
gastos ordinarios y extraordinarios de SaludCoop EPS OS y por consiguiente, era la
3
Se indicó que se le podía imputar la responsabilidad fiscal a María Carolina Lamus Becerra, por la
conducta de haber participado en la aprobación del Consejo de Administración sobre los estados
financieros y presupuestos de 2005 a 2007 y como vicepresidente administrativa en la gestión hasta
2010. En lo que se refiere a la gestión como vicepresidenta administrativa, los razonamientos del
Tribunal se estructuraron con fundamento en la apreciación de ser la demandante una de las personas
del equipo directivo que se hacía presente en las reuniones del Consejo de Administración y conocía
de todas las decisiones, respecto de lo cual desde el fallo fiscal se decidió que, por la sola presencia
en las sesiones del Consejo de Administración y por conocer de lo que se dijo o trató allí puntualmente,
“se infiere con total claridad que dichas transacciones sobre actividades operación, financiación e
inversión, se ejecutaron, apalancaron y consolidaron con los recursos parafiscales del SGSSS que
percibió la EPS para su administración”.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01022-01
Demandante: María Carolina Lamus Becerra
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persona que tenía a su cargo la función de verificar el destino que tenía cada
operación, así como la capacidad de conocer cómo operaba el desvío de recursos a
través de los gastos administrativos.
11) El acto demandado hace especial énfasis no solo en las conductas de la parte
demandante en su función como integrante del Consejo de Administración sino como
Vicepresidente Administrativa, cuando afirmó que con su intervención en las
aprobaciones presupuestales y de los estados financieros, en calidad de miembro de
Consejo de Administración participó en el manejo inadecuado de los recursos
parafiscales.
2. Los fundamentos de la vulneración
La demandante adujo que la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2024 por la
Sección Primera del Consejo de Estado vulneró su derecho fundamental del debido
proceso porque adolece de los defectos sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial y fáctico (índice 2 en SAMAI).
En su criterio, la autoridad judicial incurrió en un defecto sustantivo porque, en primer
lugar, en diversos párrafos de la sentencia se mencionó la culpa grave sin reparar en
el concepto de la gravedad de la conducta bajo los parámetros definidos en el artículo
63 del Código Civil, como si fuera posible fundar el fallo fiscal en cualquier conducta
que pudiera haber colaborado en el desvío de recursos a favor de SALUDCOOP.
En segundo lugar, afirmó que se incurrió en defecto sustantivo por desconocer la
sentencia C-438 del 30 de noviembre de 2022, también alegada en el escrito de
apelación, mediante la cual la Corte Constitucional declaró INEXEQUIBLE el artículo
37 de la Ley 2195 de 2022, con fundamento en un juicioso y completo análisis del
control fiscal establecido en la Constitución Política Colombiana.
Adicionalmente cuestionó que se desconocieron los precedentes fijados por la Corte
Constitucional en las sentencias C- 619 de 2002, C-572 de 2003, C-1040 de 2003, C-
824 de 2004, 979 de 2010 sobre la calidad de los recursos de la UPC, y la
imposibilidad de distinguir o separar los recursos en la operación corriente de pago a
las IPS y otros pagos propios de la operación comercial de la empresa.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01022-01
Demandante: María Carolina Lamus Becerra
Acción de tutela – Impugnación fallo
Para lo que interesa de esa providencia es relevante destacar el siguiente
razonamiento de la citada Corte, fundante de su decisión “(…) prever que los
particulares son responsables fiscales cuando, sin tener la calidad de gestores
fiscales y por lo tanto sin realizar gestión fiscal alguna, participen, concurran, incidan
o contribuyan directa o indirectamente en la producción de daños al patrimonio
público, especialmente cuando con su acción dolosa o gravemente culposa
ocasionen daños a los bienes públicos, inmuebles o muebles, desborda la esfera de
la vigilancia y el control fiscal y no permite en consecuencia deducir responsabilidad
fiscal, so pena de violar los artículos 4, 119, 267, 268-5 y 272 de la Constitución
Política.”
Con total desconocimiento en la sentencia de segunda instancia, se reseñó la
supuesta relación próxima de los actos que consumaron el daño fiscal y se reafirmó
que “en relación con el ejercicio de la gestión fiscal, se remitía a lo ya expuesto sobre
el particular y reitera que para que un sujeto sea imputable fiscalmente no
necesariamente se requiere que sea el ordenador del gasto, sino que intervenga o
incida en la gestión fiscal como gestor fiscal o en el desarrollo de una relación
próxima, necesaria y determinante de la misma en la que se contribuya a la
generación del daño fiscal”.
La falla de esa apreciación consistió en el razonamiento de las condiciones
alternativas de imputación, se dijo que para la condena se requiere: ser gestor fiscal o
persona determinante del daño; precisamente, allí se configuró una razón de la
decisión desprovista de rigor, pues el precedente constitucional indica que el
particular solo puede ser llamado a investigación y responsable de la gestión fiscal
con la verificación de las tres condiciones necesarias y no alternativas: i) tener la
calidad de gestor fiscal (por la naturaleza pública del recurso que administró) y ii)
haber incurrido en una conducta dolosa o culposa en forma grave, determinante del
daño (conexidad) y iii) debe acreditarse la existencia del daño fiscal; en su caso, no
se probaron las dos primeras condiciones.
En relación con el defecto fáctico, alegó que se confirmó una sanción sin que exista
prueba que soporte el razonamiento sobre la condición de gestor fiscal, tampoco de la
incidencia de la conducta de la demandante en la supuesta desviación de recursos, y
menos de la modalidad de imputación de culpa grave por omisión, además, se omitió
el análisis sobre la prueba de la conducta diligente de la demandada que obraba en el
expediente.
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Demandante: María Carolina Lamus Becerra
Acción de tutela – Impugnación fallo
El razonamiento de la imputación con responsabilidad fiscal, como miembro del
Consejo, se basó exclusivamente en las actas, de allí se estableció el conocimiento
de los informes que se presentaron al Consejo, de los estados financieros que se
aprobaron; en su gestión como miembro del Consejo, el fallo se refirió a una sesión
(Acta 134 de 2005), en la que se asignó responsabilidad fiscal a la demandante como
culpable por violar lo dispuesto en la Circular 26 de febrero de 2006, acto
administrativo e instrucción posterior a los hechos y conductas que se juzgaron.
La autoridad judicial asumió que al estar presente como vicepresidenta o al aprobar
los estados financieros y presupuestos (2005 - 2007), la demandante fue culpable en
forma grave de la desviación de recursos de la salud y, además, se le imputó la culpa
grave por la omisión a un supuesto deber o función que le permitiera evitar el daño,
deber que nunca se probó como definido ni ejecutado a su cargo, de manera previa a
la conducta.
Tampoco se probó que el daño fiscal se hubiera causado por la “inadecuada
administración, planeación y manejo de los recursos públicos del SGSSS” (numeral
159 de la sentencia), por parte de María Carolina Lamus Becerra, puesto que a ella
no le correspondía administrar, planear o manejar las cuentas del SGSSS, que eran
las de recaudo de los aportes de afiliados y deducción de la UPC, a través del
Fosyga, ni las de las utilidades, excedentes o reinversiones.
3. Las pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó lo siguiente:
“PRIMERA: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de
MARIA CAROLINA LAMUS BECERRA y, en consecuencia, dejar sin efecto
la sentencia de segunda instancia proferida por la Sección Primera del
Consejo de Estado, dentro del proceso de la referencia, medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, número único de radicación:
25000234100020140142201, demandante: María Carolina Lamus,
demandada: Contraloría General de la República, mediante la cual se
confirmó la sentencia proferida el 30 de mayo de 2024 por la Sección
Primera, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
SEGUNDA: ORDENAR al Consejo de Estado Sección Primera que, dentro
de los cuarenta (40) días siguientes a la ejecutoria de la providencia – o en
el plazo que la Sala de Tutela determine-, profiera una nueva sentencia
conforme a las directrices señaladas por la Sala de Tutela en su sentencia,
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01022-01
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Acción de tutela – Impugnación fallo
de acuerdo con las causales y razones invocadas por la demandante y
acogidas en la parte motiva de la respectiva providencia.
TERCERA: Notificar a la Contraloría General de la República para que,
desde la fecha en que sea informada de la sentencia de tutela, suspenda
cualquier acción coactiva, embargo o ejecución de bienes de María Carolina
Lamus Becerra.
CUARTA: Instruir para que en la sentencia de reemplazo se ordene a la
autoridad competente la terminación de los procesos de cobro coactivo, la
eliminación del nombre y datos de la demandante en el registro
responsables fiscales y del Boletín de la Contraloría General de la
República y la anotación de la sentencia en el registro disciplinario de la
Procuraduría General de la Nación, en relación con la investigaciones que
se le siguieron a la demandante con posible incidencia sobre la inhabilidad
para contratar con el Estado y para ocupar cargos públicos.
QUINTA: Instruir a la Sección Primera del Consejo de Estado para que en la
sentencia de reemplazo se conceda directamente -o para que determine al
Tribunal a quo-, en orden a que se pronuncie sobre el restablecimiento del
derecho como consecuencia de la nulidad de los actos anulados, de
acuerdo con lo probado en el proceso y con la debida actualización de las
cifras.
SEXTA: Instruir a la Sección Primera del Consejo de Estado para que en la
sentencia de reemplazo determine al Tribunal a quo, en orden a que, por
auto, proceda a liquidar las costas, incluyendo las agencias en derecho, a
favor de la demandante.
SÉPTIMA: En caso de que la providencia que resuelva la tutela no sea
impugnada o cuando quede en firme la impugnación, se solicita REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
OCTAVA: El contenido de la providencia, se debe publicar en la página web
del Consejo de Estado y se solicita que se comunique a la Contraloría
General de la Republica, a las entidades que conozcan de los embargos
proferidos en cobro coactivo y a los terceros que se estime pertinente, para
hacer valer los efectos de la decisión.” (archivo disponible en medio
magnético en el índice 2 del aplicativo SAMAI, mayúsculas del original).
4. La actuación en primer grado
Por auto de 26 de febrero de 2025, la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado admitió la acción de tutela, notificó a la Sección Primera del
Consejo de Estado y vinculó a la actuación como terceros interesados a la
Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y a
la Contraloría General de la República (índice 7 en SAMAI).
5. La sentencia de primera instancia
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01022-01
Demandante: María Carolina Lamus Becerra
Acción de tutela – Impugnación fallo
El 21 de marzo de 2025, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado profirió sentencia mediante la cual negó la solicitud de amparo (índice 13 en
SAMAI).
Para el a quo, se cumplieron todos los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, en particular el de la relevancia
constitucional, dado que el asunto planteaba si la decisión objeto de reproche vulneró
los derechos fundamentales de la demandante por incurrir en los defectos fáctico,
sustantivo y desconocimiento del precedente judicial.
No obstante, la primera instancia consideró que no se configuró el defecto fáctico;
señaló que no se acreditó una omisión en la valoración probatoria, toda vez que la
autoridad judicial demandada realizó un análisis íntegro del material probatorio y
concluyó que la condición de gestora fiscal, se encontraba acreditada con las
funciones a su cargo, las cuales incluían el apoyo a la ejecución de decisiones del
presidente ejecutivo, la intervención en la aplicación del gasto administrativo y la
disposición sobre la infraestructura y la gestión administrativa de adquisiciones.
La imputación de culpa grave se basó en la conducta de la demandante en el
ejercicio de sus funciones, que contribuyeron a la destinación indebida de recursos,
causando una pérdida y menoscabo del patrimonio público; pues, sin su participación
como miembro del Consejo de Administración y luego como Vicepresidente
administrativa, no se hubiera generado el daño fiscal atribuido (Debido a su
intervención en la aprobación de presupuestos y estados financieros, así como en la
gestión de gastos administrativos).
Igualmente concluyó que, en el expediente estaba demostrado que la Contraloría
pudo evidenciar que la demandante tenía un conocimiento claro de cómo se
manejaban los recursos públicos y su destino, debido a su rol y experiencia, lo que la
hacía responsable del desvío de fondos, ya que sus acciones u omisiones
contribuyeron a la pérdida de los recursos, todo esto fundado en los estados
financieros, los libros de contabilidad certificados por la EPS, el informe técnico
preparado por los funcionarios de la Contraloría General de la República, documentos
de la empresa cooperativa SaludCoop EPS OC (actas de los órganos de dirección y
administración, contratos, facturas, comprobantes de egreso y otros soportes
contables).
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01022-01
Demandante: María Carolina Lamus Becerra
Acción de tutela – Impugnación fallo
En cuanto a los referidos defectos sustantivo y desconocimiento del precedente
judicial sostuvo que, no se advierte que la decisión de la Sección Primera se hubiere
proferido desconociendo el ordenamiento jurídico o las sentencias citadas en el
escrito de tutela, por cuanto el fallo se fundamentó en el artículo 9º de la Ley 100 de
1993, que establece que, los recursos de las instituciones de seguridad social no se
pueden destinar ni utilizar para fines distintos a los dispuestos en la norma; y en la
sentencia SU-480 de 1997 de la Corte Constitucional que definió al Sistema de
Seguridad Social en Colombia como mixto y estableció que los recursos que lo
nutren, incluyendo las cotizaciones de empleadores y empleados, cuotas
moderadoras, pagos compartidos, tarifas, bonificaciones de los usuarios y aportes del
presupuesto nacional, deben destinarse a la función propia de la seguridad social y
tienen carácter parafiscal.
La probada aprobación de presupuestos anuales y estados financieros permitieron la
ejecución de inversiones y destinaciones de recursos que no estaban relacionados
con la prestación de servicios de salud, es decir, gastos que debían cubrirse con
recursos propios, y no del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS),
lo cual, constituye un incumplimiento grave de sus deberes, y evidencia una falta de
diligencia que va más allá de la simple negligencia.
6. La impugnación
La demandante presentó impugnación en contra de la sentencia de primera instancia
(índice 24 en SAMAI), la cual fue concedida por auto del 4 de junio de 2025 (índice 27
en SAMAI).
Para sustentar el recurso, insistió en los argumentos presentados en el escrito de
tutela y reafirmó que ella no era gestora fiscal de los actos probados en el proceso y
no obró con culpa grave.
7. Actuación en segundo grado
Encontrándose el asunto de la referencia para ser proferida sentencia de segunda
instancia, con auto de 25 de junio de 2025 el magistrado ponente de la presente
providencia manifestó estar impedido para conocer de él con base en lo dispuesto en
el numeral 6 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, por lo que solicitó ser
separado del conocimiento del caso.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01022-01
Demandante: María Carolina Lamus Becerra
Acción de tutela – Impugnación fallo
Mediante auto de 2 de julio de 2025 se declaró infundado el impedimento manifestado
por el aquí ponente4.
El 8 de julio de 2025, el expediente regresó al despacho para ser proferida sentencia
de segunda instancia.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, la Sala procede a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: (i) finalidad de la acción de tutela y (ii) el
caso concreto.
1. La finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco
para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para
revivir términos precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del
demandante.
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En esa providencia se consideró que la causal que sustentó el impedimento resultó infundada porque
aunque actuó como ponente dentro del proceso No. 25000-23-41-000- 2014-01422-00, lo cierto es
que, su intervención se limitó a la etapa preliminar de la primera instancia, actuación que no fue
enjuiciada por la parte actora y, además, el magistrado no formó parte de la sala de decisión que
profirió el fallo de primera instancia. Es más, los defectos alegados en la acción de tutela están
encaminados a reprochar únicamente la sentencia de segunda instancia proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01022-01
Demandante: María Carolina Lamus Becerra
Acción de tutela – Impugnación fallo
2. El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Sección
Primera del Consejo de Estado con el fin de que se proteja el derecho constitucional
fundamental del debido proceso, presuntamente vulnerado con ocasión de la
sentencia proferida el 12 de diciembre de 2024 por la cual se confirmó la decisión de
anular parcialmente los actos por medio de los cuales se impuso sanción y se ordenó
el pago únicamente de los valores liquidados como daño patrimonial
correspondientes a los años 2005 a 2010, en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho que presentó la actora contra la Contraloría General de la República.
En la sentencia de primera instancia, la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado negó la solicitud de amparo porque no encontró defectos en la
providencia objeto de reproche constitucional.
En los términos en que fue propuesta la controversia, la Sala revocará la sentencia de
primera instancia, que negó la solicitud de amparo, para en su lugar declarar
improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional, por las razones que se exponen a continuación:
1) Para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia constitucional, la
Sala Plena del Consejo de Estado consideró necesario examinar varios elementos,
entre ellos que la parte actora cumpla con la carga de argumentar los fundamentos de
la vulneración a sus derechos fundamentales y que la acción de tutela no se erija en
una instancia adicional a la del proceso ordinario en que fue proferida la providencia
acusada, puesto que este mecanismo especial constitucional fue diseñado para
proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que un actor
tenga frente a la decisión judicial5.
2) Revisada la acción de tutela objeto de examen, la Sala advierte que es claro que
los fundamentos empleados se dirigen de manera exclusiva a discutir argumentos
que fueron debidamente debatidos, analizados y resueltos en el trámite del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho.
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Sentencia de 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado, expediente
11001-03-15-000-2012-02201-01, MP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01022-01
Demandante: María Carolina Lamus Becerra
Acción de tutela – Impugnación fallo
3) En efecto, la demandante reiteró los argumentos que planteó en el recurso de
apelación contra la sentencia del 30 de mayo de 2024, en el cual controvirtió la
decisión porque, en su criterio, no obra prueba de su condición de gestor fiscal, que
los cargos de Vicepresidente y miembro del Consejo de Administración de
SALUCOOP no se asimilan al de gestor fiscal, además, que no está probada la
incidencia de la conducta de la actora en la supuesta desviación de recursos, y
menos de la modalidad de imputación de culpa grave por omisión.
4) Para sustentar la vulneración de los derechos invocados en el mecanismo
constitucional, la demandante alegó que la autoridad judicial confirmó una sanción sin
que existiera prueba que soportara el razonamiento sobre la condición de gestor
fiscal, tampoco de la incidencia de la conducta de la actora en la supuesta desviación
de recursos, y menos de la modalidad de imputación de culpa grave por omisión,
además, se omitió el análisis sobre la prueba de la conducta diligente de la actora que
obraba en el expediente ordinario.
5) El razonamiento de la imputación con responsabilidad fiscal, como miembro del
Consejo, se basó exclusivamente en las actas, por violar lo dispuesto en la Circular
26 de febrero de 2006, acto administrativo e instrucción posterior a los hechos y
conductas que se juzgaron; además, la autoridad judicial asumió que al estar
presente como vicepresidenta o al aprobar los estados financieros y presupuestos
(2005 - 2007), la demandante fue culpable en forma grave de la desviación de
recursos de la salud y, además, se le imputó la culpa grave por la omisión a un
supuesto deber o función que le permitiera evitar el daño, deber que nunca se probó
como definido ni ejecutado a su cargo, de manera previa a la conducta.
6) A su vez, estos planteamientos fueron objeto de estudio por parte de la Sección
Primera del Consejo de Estado en la sentencia del 12 de diciembre de 2024, pues
esa autoridad incluyó un acápite titulado “la ausencia de la condición de gestor fiscal
de la parte demandante como vicepresidente”, y presentó las consideraciones que a
continuación se transcriben:
“[…] De la lectura de los actos acusados se tiene que la parte demandante,
junto con los demás miembros del Consejo de Administración y otros
Directivos de SALUDCOOP EPS OC., participó en las diferentes sesiones
en la que se adoptaron de los estados financieros que reflejan que se
hicieron operaciones por parte de la EPS, para ejecutar inversiones o
destinaciones de recursos parafiscales de SGSSS, que no tienen
causalidad alguna con la prestación de servicios de salud, y por el contrario,
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01022-01
Demandante: María Carolina Lamus Becerra
Acción de tutela – Impugnación fallo
“[…] dichas transacciones sobre actividades operación, financiación e
inversión, se ejecutaron, apalancaron y consolidaron con los recursos
parafiscales del SGSSS que percibió la EPS para su administración,
durante esa vigencia. […]”
73. Las funciones desarrolladas por la parte demandante, y conforme al
material probatorio valorado por la parte demandada y el tribunal de
instancia, consistieron en: i) apoyo a la ejecución de las decisiones por parte
del Presidente Ejecutivo; ii) la intervención en la aplicación del gasto
administrativo; iii) la disposición sobre la infraestructura y la gestión
administrativa de adquisiciones.
74. El acto acusado, fundado en material probatorio, manifestó que en su
calidad de Vicepresidente de la organización, garantizaba el cumplimiento
de las decisiones tomadas por el Presidente Ejecutivo, además de “[…]
proponer estrategias para el adecuado control del gasto administrativo y
asistir el eficiente desempeño del grupo en materia administrativa, puede
deducirse que en el marco de sus funciones la imputada era consciente de
que las partidas que se aprobaban en los estados financieros y en los
presupuestos de la entidad se encontraban aquellas que como quedó
plenamente establecido en el acápite del daño de esta Providencia ,
configuraron operaciones de desvío de los recursos parafiscales del SGSSS
para aprovechamiento de la organización cooperativa y con menoscabo del
patrimonio público. […]”
75. De manera que su tarea, conforme a las funciones del cargo, le exigía
intervenir en la ejecución de los gastos ordinarios y extraordinarios de
SaludCoop EPS OS., y, por consiguiente, era la persona que tenía a su
cargo la función de verificar el destino que tenía cada operación y por ende,
la capacidad de conocer cómo operaba el desvío de recursos a través de
los gastos administrativos.
76. Respecto de lo que la recurrente afirma sobre la aprobación de los
Estados Financieros y que dicha actividad no comporta acto de gestión
fiscal, se reprocha de la sentencia apelada que omite pronunciarse sobre lo
expuesto en la demanda sobre la asistencia de la demandante a las
Asambleas donde se aprobaron los Estados Financieros, como invitado y
sin representar a ningún asociado, hecho que no la convierte “[…] en
manejador o administrador de recursos públicos. […]”
77. El acto acusado hace especial énfasis no solo en las conductas de la
parte demandante en su función como integrante del Consejo de
Administración sino como Vicepresidente Administrativa, cuando afirmó que
con su intervención en las aprobaciones presupuestales y de los estados
financieros, en calidad de miembro de Consejo de Administración; y como
ejecutora del gasto administrativo de los recursos parafiscales, en su
calidad de Vicepresidente administrativa, contribuyó a la generación del
daño, debido a su participación directa y su capacidad de conocer la
concepción e implementación de operaciones, cuya ejecución debía hacer
cumplir de acuerdo a las funciones a ella conferidas y que le permitían
discernir que actuaría como herramienta para la destinación de recursos
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01022-01
Demandante: María Carolina Lamus Becerra
Acción de tutela – Impugnación fallo
públicos a otros menesteres distintos de los previstos para los parafiscales
del SGSSS.
78. Contrario a lo afirmado por la parte demandante en su recurso, el
Tribunal si se pronunció respecto de la gestión fiscal que desempeñó,
aspecto sobre el cual concluyó: “[…] Ahora bien, respecto de la gestión
fiscal desarrollada por la parte actora, es claro que su participación en los
hechos que son objeto del proceso y la conducta atribuida a quien fungiera
primero como miembro del Consejo de Administración y luego como
vicePresidente administrativa de SaludCoop EPS.
[…] 80. Los argumentos expuestos en el recurso de apelación frente a este
cargo se limitan a negar la gestión fiscal afirmando que no estaba dentro de
sus funciones la ejecución de los gastos, ni el manejo o administración de
los bienes o rentas de la EPS, cuando lo cierto, y así lo encontró probado el
a quo, su actividad la desarrolló según las atribuciones legales y estatutarias
con respecto a su cargo y en las conductas concretas como la intervención
en la adopción de estados financieros, aprobación del presupuesto al punto
que “[…] no haber mediado las actuaciones y omisiones de la demandante
en calidad de miembro del consejo de administración y vicepresidente
administrativo de Saludcoop, no se habría generado el detrimento de los
recursos parafiscales de la salud, por tanto, sí existió el nexo de causalidad
para declarar responsable fiscalmente a la demandante. […]”
107. Se advierte que en el Fallo con responsabilidad fiscal 01890 de 2013
se mencionaron cada uno de los medios de prueba en los cuales se basaría
la decisión, precisando que los estados financieros y los libros de
contabilidad certificados de la EPS constituían un medio probatorio
suficiente y eficaz sobre los hechos económicos investigados y de las
conductas imputadas, así como los análisis de dichos hechos económicos
presentados especialmente en el estado de flujos de efectivo y consignados
en el Informe Técnico preparado por los funcionarios de la Contraloría
General de la República designados para tal efecto; así, concretó que el
acervo probatorio está conformado por los libros de contabilidad y otros
papeles de la empresa cooperativa SaludCoop EPS OC tales como actas
de los órganos de dirección y administración, contratos, facturas,
comprobantes de egreso y otros soportes contables, así como los estados
financieros del ente económico debidamente certificados y dictaminados, y
el Informe Técnico que sirvió de soporte para la imputación, en el cual se
analizan los hechos económicos evidenciados en los registros contables
atendiendo a los criterios y métodos aceptados por las normas y la doctrina
contable utilizando el análisis del estado de flujos de efectivo para
determinar las fuentes de financiación del ente económico, entre otros
métodos, además de las otras pruebas regularmente decretadas y
practicadas en el proceso.
108. En lo que se refiere a la demostración del daño, refiere la Contraloría,
en el acto demandado, que tomó la información directamente de los libros
de contabilidad, los Estados Financieros certificados y dictaminados, las
actas de los órganos cooperativos y demás papeles de la empresa
cooperativa SaludCoop EPS OC, que fueron recaudados dentro del material
probatorio allegado al proceso. Además, indica que para el período 1995-
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01022-01
Demandante: María Carolina Lamus Becerra
Acción de tutela – Impugnación fallo
2001 analizó los Estados de Flujos de Efectivo presentados por el método
indirecto y los comprendidos entre los años 2002 a 2010 por el método
directo. Así, precisa que el daño fiscal en este caso está determinado por
los valores de los recursos del SGSSS de naturaleza parafiscal que le
fueron entregados en efectivo a la empresa cooperativa SaludCoop y
desviados de su destinación específica consistente en el aseguramiento del
riesgo en salud de los afiliados mediante la garantía de los servicios
incluidos en el POS, por lo tanto, desviados del ciclo indisoluble que se
agota con el pago oportuno de los proveedores de servicios de salud, con el
propósito de usarlos y destinarlos de manera indebida a la financiación de
gastos administrativos sin relación de causalidad con el gasto médico, a los
costos de créditos e inversiones no autorizadas en activos, cuando los
recursos propios resultaban insuficientes, de manera que sólo reportan
beneficios o aprovechamiento económico en favor de la EPS y sus
subordinadas, sus directivos y administradores o de terceros, acrecentando
sus rentas y patrimonios privados según cada caso, como lo evidencian los
estados financieros certificados, los libros de contabilidad y las actas de los
órganos de dirección y administración del ente económico a lo largo del
período comprendido entre 1998 al cierre del año 2010”.
7) En cuanto a la ausencia de prueba que soportara la modalidad de imputación de
culpa grave por omisión y la omisión del análisis sobre la prueba de la conducta
diligente de la demandante en la sentencia cuestionada se dijo:
“123. Como se observa, la parte demandante cuestiona la variación que tuvo
el cargo entre el auto de imputación y el fallo con responsabilidad fiscal, con
respecto a la calificación de la conducta. Al respecto debe decirse que existe
prueba en el expediente administrativo sobre la conducta de la demandante
en el ejercicio de sus funciones que contribuyeron a la destinación y
apropiación indebida con pérdida y menoscabo del patrimonio público. Sin
dicha participación primero como miembro del Consejo de Administración y
posteriormente como Vicepresidente administrativa no hubiera estado en
condiciones de generar el daño fiscal que se le atribuye, toda vez que como
se vio en el acápite anterior, las operaciones de aprobación de presupuesto
y adopción de estados financieros y luego, las de gastos administrativos,
incluidas las que han sido objeto de imputación y estaban a cargo de la
parte demandante […]
134.La Sala no acogerá los argumentos expuestos en el recurso, toda vez
que, de la revisión del material probatorio, para la época de los hechos, la
parte demandante tenía conocimiento de las Circulares Externas 26 de 2006
y 49 de 2008, que preveían que la inversión de recursos provenientes de las
UPC en infraestructura se cataloga como una práctica insegura e ilegal la
cual no puede llevarse a cabo. En este sentido, era deber de las Entidades
Promotoras de Salud asumir una administración absolutamente cuidadosa y
prudente de los recursos recibidos por concepto de Unidad de Pago por
Capitación - UPC, debiendo hacer uso de ellos para actividades dirigidas
esencialmente a la prestación del Plan Obligatorio de Salud a sus afiliados y
su administración, constituyéndose en irregular el uso de los recursos de la
UPC, para otros fines […]
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01022-01
Demandante: María Carolina Lamus Becerra
Acción de tutela – Impugnación fallo
140. Del análisis del acto acusado se tiene que la parte demandada hizo
estudio de las diferentes conductas que la parte demandante ejerció, en un
primero momento como integrante del Consejo de Administración, y en un
segundo momento como Vicepresidente Administrativa. Respecto de su
primera condición adujo que: “[…] En su condición de miembro el Consejo
de Administración Dado (sic) que, como Directivo, la Señora María Carolina
Lamus Becerra, ocupó inicialmente el cargo de integrante del Consejo de
Administración, durante 2005 y 2006, se procede a estudiar su actuación e
intervención en los hechos que se debaten. Al analizar las funciones a cargo
de dicho Consejo de Administración, conforme obra a folios 22733 […]
144. No obstante, el material probatorio da cuenta que conforme los
estatutos de la EPS, y las propias actas de los consejos de administración,
se aprobaban los presupuestos anuales que se sometían a consideración de
este órgano por la Presidencia Ejecutiva y Administración de la EPS, y por
otra, la administración de la EPS quedó habilitada para ejecutar durante el
ejercicio, entre otras, las siguientes operaciones: honorarios asesoría
jurídica, asesoría financiera, asesoría técnica por, arrendamientos
(construcciones y edificios), gastos de viaje e inversión en infraestructura,
partidas hacen referencia a gastos que no forman parte de aquellos que
tienen nexo de causalidad con la prestación del servicio y por lo tanto no
pueden financiarse con los recursos del SGSSS, lo que, dicho en otras
palabras, significa que dichas partidas aprobadas, solo podían atenderse
con recursos propios.
145. Respecto de la adopción de Estados Financieros, la parte demandada
hace valoración probatoria de los resultados años tras año y que reflejan
que se hicieron operaciones por parte de la EPS, para ejecutar inversiones o
destinaciones de recursos parafiscales de SGSSS, que no tienen causalidad
alguna con la prestación de servicios de salud.
146. En su condición de Vicepresidente administrativa, las pruebas
recaudadas por la parte demandada dan cuenta de su participación en la
Asamblea General de Asociados, “[…] lo que permite vislumbrar que la
imputada tenía acceso a todos los pormenores relacionados con la
disposición de los gastos atribuibles a la organización. […]”
147. Los informes presentados en la Asamblea permiten conocer la gestión
administrativa tales como la coordinación nacional de nómina que amplió
operaciones con la administración de nómina para empresas externas del
Grupo SaludCoop, administrando 61 empresas del Grupo SaludCoop y 13
empresas externas con 496 funcionarios según se detalla.
148. El acto acusado logró precisar además que se aplicó un instructivo
avalado por la Vicepresidencia Administrativa para el proceso de predios en
arrendamiento, se establecieron las minutas únicas para el contrato de
arrendamiento, cesiones, otro si, transacciones y entregas. Igualmente se
llevó a cabo el manejo de los arrendamientos en la dirección administrativa
nacional con el fin de determinar el inventario de sedes en arrendamiento,
conciliar ajustes y aplicar los incrementos en los meses y valores acordados,
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01022-01
Demandante: María Carolina Lamus Becerra
Acción de tutela – Impugnación fallo
evitando sanciones y multas que se estaban generando por estos
conceptos.
149. Así las cosas, la Sala advierte que la parte demandada no solo llevó a
cabo un estudio pormenorizado del material probatorio, sino que llegó a
conclusiones razonables en función de la conducta desplegada por la parte
demandante, el daño al patrimonio, y la relación de causalidad existente
entre una y otra al punto que con la experticia que su cargo le impone, tenía
pleno conocimiento de sus decisiones, lo que permite endilgarle
responsabilidad, sin que sea necesario ser ordenador del gasto, sino que
intervenga o incida en la gestión fiscal como gestor fiscal o en el desarrollo
de una relación próxima, necesaria y determinante de la misma en la que se
contribuya a la generación del daño fiscal.
150. No se desvirtuó que la parte demandante haya sido ajena a la
producción del daño por cuanto tenía a su cargo el apoyo a la ejecución de
las decisiones por parte del Presidente Ejecutivo; intervenía en la aplicación
del gasto administrativo; y entre otras, tenía a su cargo de manera directa
todo lo concerniente a la infraestructura y a la gestión administrativa de
adquisiciones. Es decir, que no sólo tenía que ver con los gastos
ocasionados con las relaciones laborales sino con todo lo que implicara la
gestión administrativa de la organización […]
154. La Sala, atendiendo la línea jurisprudencial que sobre la materia que
ahora ocupa su atención fijó, considera que en el presente asunto la parte
demandada, en los actos acusados, en especial del fallo con
responsabilidad fiscal núm. 001890 de 2013, sí explicó con suficiencia las
razones por las cuales se materializaban los elementos de la
responsabilidad fiscal, en específico, después de relacionar cada una de las
pruebas en que sustentaba la decisión en relación con la parte demandante
y su capacidad de disposición, conciencia y deberes funcionales le daban
las condiciones para conocer el ciclo que seguían los recursos públicos
asignados […]
161. En esas calidades participó en diferentes momentos tanto en la
aprobación de presupuestos, como en la adopción de Estados Financieros.
En efecto, en la aprobación o improbación de los Estados Financieros de
cada ejercicio, los miembros del Consejo de Administración fueron
conscientes de todas las transacciones, movimientos y cambios en los
activos y pasivos de la empresa; y, por tanto, estuvieron en toda la
capacidad y posibilidad de acceder y conocer los pormenores de los actos
de comercio y otro tipo de transacciones que sirvieron para el desvío de los
recursos parafiscales en beneficio privado de la empresa y de sus
vinculadas.
162. Está demostrado que la parte demandante como parte del Consejo de
Administración de SALUDCOOP EPS OC., estuvo presente en la sesión del
día 31 de enero de 2006, según Acta 136 en la que se adoptaron de los
estados financieros del año 2005. El acto acusado indica que “[…] Los
resultados de ese año reflejan que se hicieron operaciones por parte de la
EPS, para ejecutar inversiones o destinaciones de recursos parafiscales de
SGSSS, que no tienen causalidad alguna con la prestación de servicios de
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01022-01
Demandante: María Carolina Lamus Becerra
Acción de tutela – Impugnación fallo
salud, según el análisis que se realiza en el acápite de descripción del daño
y a las referencias que esta Providencia ha realizado sobre el tipo de gastos
con cargo a dichos recursos por parte de la EPS. En efecto, las situaciones
que se reflejan los Estados Financieros correspondientes al año 2005,
hacen referencia a gastos que no forman parte de aquellos que tienen nexo
de causalidad con la prestación del servicio y por lo tanto no podían
financiarse con los recursos del SGSSS, lo que, dicho en otras palabras,
significa que las operaciones mencionadas y reflejadas en los estados
financieros del 2005, solo podían atenderse con recursos propios. Sin
embargo, si se tiene en cuenta el análisis contenido en el acápite del daño
de esta Providencia, sobre los resultados del ejercicio del año 2005, se
infiere con total claridad que dichas transacciones sobre actividades
operación, financiación e inversión, se ejecutaron, apalancaron y
consolidaron con los recursos parafiscales del SGSSS que percibió la EPS
para su administración, durante esa vigencia. […]”
8) De lo expuesto, la Sala advierte que en la sentencia cuestionada se hizo el
razonamiento sobre la condición de gestor fiscal de la señora María Carolina Lamus
Becerra, se explicó la incidencia de su conducta en la desviación de recursos, y se
expuso los argumentos sobre la configuración de la culpa grave.
9) Para definir su condición de gestora fiscal, el fallo encontró que sus funciones
incluían el apoyo a la ejecución de decisiones del presidente ejecutivo, la intervención
en la aplicación del gasto administrativo y la disposición sobre la infraestructura y la
gestión administrativa de adquisiciones; la imputación de culpa grave se basó en la
conducta de la demandante en el ejercicio de sus funciones, que contribuyeron a la
destinación indebida de recursos, que causó una pérdida y menoscabo del patrimonio
público; pues, sin su participación como miembro del Consejo de Administración y
luego como Vicepresidente administrativa, no se hubiera generado el daño fiscal
atribuido (debido a su intervención en la aprobación de presupuestos y estados
financieros, así como en la gestión de gastos administrativos).
10) En relación con el alegado defecto sustantivo y desconocimiento del precedente
jurisprudencial, la demandante alegó que en la providencia cuestionada se estableció
la culpa grave sin reparar en el concepto de la gravedad o levedad de la conducta
bajo los parámetros definidos en el artículo 63 del Código Civil y con desconocimiento
de las sentencias C- 619 de 2002 y C-438 de 2022 de la Corte Constitucional;
adicionalmente cuestionó que se desconocieron los precedentes fijados por la Corte
Constitucional en las sentencias, C-572 de 2003, C-1040 de 2003, C-824 de 2004,
979 de 2010 sobre la calidad de los recursos de la UPC como parafiscales, y la
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01022-01
Demandante: María Carolina Lamus Becerra
Acción de tutela – Impugnación fallo
imposibilidad de distinguir o separar los recursos en la operación corriente de pago a
las IPS y otros pagos propios de la operación comercial de la empresa.
Sobre tales particulares, la autoridad judicial demandada sostuvo lo siguiente:
“Visto el artículo 9 de la Ley 100, sobre destinación de los recursos, no se
podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad
social para fines diferentes a ella.
37. La Corte Constitucional mediante sentencia SU-480 de 1997, el Sistema
de Seguridad Social en Colombia es mixto, en tanto que, el régimen
contributivo, se nutre de las cotizaciones provenientes del patrono y el
empleado, así como también de las cuotas moderadoras, pagos
compartidos, tarifas y bonificaciones de los usuarios y, además, del
presupuesto nacional, para lo cual consideró que estos recursos deben ser
destinados a la función propia de la seguridad social y que, por demás,
tienen el carácter de parafiscal, siendo definido en los siguientes términos:
“[…] Como es sabido, los recursos parafiscales “son recursos públicos,
pertenecen al Estado, aunque están destinados a favorecer solamente al
grupo, gremio o sector que los tributa”, por eso se invierten exclusivamente
en beneficio de éstos. Significa lo anterior que las cotizaciones que hacen
los usuarios del sistema de salud, al igual que, como ya se dijo, toda clase
de tarifas, copagos, bonificaciones y similares y los aportes del presupuesto
nacional, son dineros públicos que las EPS y el Fondo de solidaridad y
garantía administran sin que en ningún instante se confundan ni con
patrimonio de la EPS, ni con el presupuesto nacional o de entidades
territoriales, porque no dependen de circunstancias distintas a la atención al
afiliado. Por eso, en la sentencia C 179/97, Magistrado Ponente Fabio
Morón, se dijo:
“Tenía soporte, entonces, en el régimen anterior este tipo de contribuciones
y bajo el imperio de la Carta de 1991, no cabe duda acerca de que los
fondos de pensiones, los organismos oficiales que tienen como función el
reconocimiento y pago de pensiones y las E.P.S., públicas y privadas, que
reciben cuotas de las empresas y de los trabajadores, administran recursos
parafiscales. Por lo tanto, en ningún caso, esos fondos pueden ser
afectados a fines distintos de los previstos en el ordenamiento jurídico y su
manejo debe realizarse teniendo en cuenta la especificidad de su función.”
Si los aportes del presupuesto nacional y las cuotas de los afiliados al
sistema de seguridad social son recursos parafiscales, su manejo estará al
margen de las normas presupuestales y administrativas que rigen los
recursos fiscales provenientes de impuestos y tasas, a menos que el
ordenamiento jurídico específicamente lo ordene. (Como es el caso del
estatuto general de contratación, art. 218 de la ley 100 de 1993). Por lo
tanto no le son aplicables las normas orgánicas del presupuesto ya que el
Estado es un mero recaudador de esos recursos que tienen una finalidad
específica: atender las necesidades de salud. En consecuencia las
Entidades nacionales o territoriales que participen en el proceso de gestión
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01022-01
Demandante: María Carolina Lamus Becerra
Acción de tutela – Impugnación fallo
de estos recursos no pueden confundirlos con los propios y deben acelerar
su entrega a sus destinatarios. Ni mucho menos las EPS pueden considerar
esos recursos parafiscales como parte de su patrimonio; el artículo 182 de
la ley 100 de 1993 ordena: “ART. 182.- De los ingresos de las entidades
promotoras de salud. Las cotizaciones que recauden las entidades
promotoras de salud pertenecen al sistema general de seguridad social en
salud. Por la organización y garantía de la prestación de los servicios
incluidos en el plan de salud obligatorio para cada afiliado, el sistema
general de seguridad social en salud reconocerá a cada entidad promotora
de salud un valor percápita, que se denominará unidad de pago por
capitación -UPC-. Esta unidad se establecerá en función del perfil
epidemiológico de la población relevante, de los riesgos cubiertos y de los
costos de prestación del servicio en condiciones medias de calidad,
tecnología y hotelería, y será definida por el consejo nacional de seguridad
social en salud, de acuerdo con los estudios técnicos del Ministerio de
salud. PAR. 1º.- Las entidades promotoras de salud manejarán los recursos
de la seguridad social originados en las cotizaciones de los afiliados al
sistema de cuentas independientes del resto de rentas y bienes de la
entidad.”[…]”
38. Respecto de las características esenciales de las contribuciones
parafiscales, la Corte Constitucional ha sostenido que: i) son obligatorias,
porque se exigen en ejercicio del poder (…)
43. La Superintendencia Nacional de Salud, con base en las posturas
indicadas supra, expidió las circulares externas núms. 26 de 2006 y la
Núm.049 de 2008 en la que precisó que la inversión de recursos
provenientes de la UPC en infraestructura es una práctica insegura e ilegal,
debido precisamente, a la naturaleza parafiscal de esos recursos percibidos
por las EPS, motivo por el que únicamente podían invertirse en los servicios
del POS y su propia administración. […]
96. La Corte Constitucional en la sentencia C-1040 de 2 de noviembre de
2003, sobre la destinación específica de los recursos parafiscales citados
supra, recordó que “[…] Uno de los principios fundamentales del servicio
público de la seguridad social, que consagra la norma superior y que
desarrolla la Ley 100 de 1993, es el de eficiencia, entendido como la mejor
utilización de los recursos administrativos, técnicos y financieros disponibles
para que los beneficios a que da derecho la seguridad social sea prestados
en forma adecuada, oportuna y suficiente […]”
97. En la providencia indicada supra, la Corte precisó que, “[…] Dado su
carácter parafiscal, los recursos de la seguridad social en salud tienen
destinación específica, esto es, no pueden ser empleados para fines
diferentes a la seguridad social. Así lo establece expresamente el artículo
48 de la Carta Política al disponer que “No se podrán destinar ni utilizar los
recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a
ella” […]”, de manera que, “[…] Como la norma superior que se comenta no
establece excepciones, la prohibición de destinar y utilizar los recursos de
las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ella
comprende tanto los recursos destinados a la organización y administración
del sistema de seguridad social como los orientados a la prestación del
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01022-01
Demandante: María Carolina Lamus Becerra
Acción de tutela – Impugnación fallo
servicio, lo cual es razonable pues unos y otros integran un todo indivisible,
tal como se despende del principio superior de eficiencia ya comentado […]”
98. A su vez, recuerda que: “[…] El hecho de que los recursos de la
seguridad social en salud tengan carácter parafiscal no significa otra cosa
que los mismos deban destinarse a la función propia de la seguridad social:
la salud de los afectados. Con tal fin, la Ley 100 de 1993 diseñó un sistema
de seguridad social en salud (SGSSS), cuyo objetivo fundamental es crear
las condiciones de acceso a un Plan Obligatorio de Salud (POS) para todos
los habitantes del territorio nacional, y el cual permitirá la protección integral
de las familias a la maternidad y enfermedad general, en las fases de
promoción y fomento de la salud y la prevención y diagnóstico, tratamiento y
rehabilitación para todas las patologías, según la intensidad de uso y los
niveles de atención y complejidad que se definan […]” (Destacado fuera de
texto). […]
100. De lo anterior se tiene que, en relación con la destinación específica de
los recursos parafiscales del Sistema General de Seguridad Social en
Salud: i) atendiendo su carácter parafiscal, los citados recursos no se
pueden emplear para fines diferentes a la seguridad social por así
establecerlo expresamente el artículo 48 de la Constitución; ii) como la
norma constitucional no establece excepciones, la prohibición de destinar y
utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines
diferentes a ella, comprende tanto los recursos destinados a la organización
y administración del sistema de seguridad social como los orientados a la
prestación del servicio por integrar un todo indivisible; iii) el hecho de que
los recursos parafiscales de la salud sean parafiscales, significa que se
deben destinar a la salud de los afectados; y iv) fue el constituyente quien
determinó que los recursos de la seguridad social llámense cotizaciones,
aportes, cuotas moderadoras, pagos compartidos, copagos, tarifas,
deducibles o bonificaciones no pueden ser utilizados con fines diferentes a
los que están destinados por lo que tampoco pueden ser objeto del giro
ordinario de los negocios de las EPS, ni formar parte de sus bienes. […]
104. Para esta Sala, la conclusión a la que llegó la parte demandada, en los
actos acusados, no es contraria a la realidad y, por el contrario, por cuanto
el Acta núm. 11 de la Asamblea General Ordinaria de Saludcoop, celebrada
el 29 de marzo de 2011 con la participación de la parte demandante.
105. La Asamblea General Ordinaria de Saludcoop, en el acta citada supra,
aprobó los estados financieros a 31 de diciembre de 2010 y, en ella, hizo
constar que los: i) ingresos operacionales “[…] representan el 99.68% del
total de los ingresos […]”, mientras que el “[…] 0.32%, son ingresos No
Operacionales […]”; y ii) costos por prestación de servicios representan “[…]
el 91.78% de los Ingresos Totales […]”28; es decir, la gran mayoría de
recursos percibidos por Saludcoop E.P.S. estaban constituidos por los
recursos parafiscales del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
[…]
108. En lo que se refiere a la demostración del daño, refiere la Contraloría,
en el acto demandado, que tomó la información directamente de los libros
de contabilidad, los Estados Financieros certificados y dictaminados, las
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actas de los órganos cooperativos y demás papeles de la empresa
cooperativa SaludCoop EPS OC, que fueron recaudados dentro del material
probatorio allegado al proceso. Además, indica que para el período 1995-
2001 analizó los Estados de Flujos de Efectivo presentados por el método
indirecto y los comprendidos entre los años 2002 a 2010 por el método
directo. Así, precisa que el daño fiscal en este caso está determinado por
los valores de los recursos del SGSSS de naturaleza parafiscal que le
fueron entregados en efectivo a la empresa cooperativa SaludCoop y
desviados de su destinación específica consistente en el aseguramiento del
riesgo en salud de los afiliados mediante la garantía de los servicios
incluidos en el POS, por lo tanto, desviados del ciclo indisoluble que se
agota con el pago oportuno de los proveedores de servicios de salud, con el
propósito de usarlos y destinarlos de manera indebida a la financiación de
gastos administrativos sin relación de causalidad con el gasto médico, a los
costos de créditos e inversiones no autorizadas en activos, cuando los
recursos propios resultaban insuficientes, de manera que sólo reportan
beneficios o aprovechamiento económico en favor de la EPS y sus
subordinadas, sus directivos y administradores o de terceros, acrecentando
sus rentas y patrimonios privados según cada caso, como lo evidencian los
estados financieros certificados, los libros de contabilidad y las actas de los
órganos de dirección y administración del ente económico a lo largo del
período comprendido entre 1998 al cierre del año 2010.
109. De lo anterior se tiene que, en el caso sub examine, el daño fiscal se
encontró determinado por los valores de los recursos del SGSSS de
naturaleza parafiscal que le fueron entregados a la empresa cooperativa
SaludCoop desviados de su destinación específica consistente en el
aseguramiento del riesgo en salud de los afiliados mediante la garantía de
los servicios incluidos en el POS, con el propósito de usarlos y destinarlos
de manera indebida a la financiación de gastos administrativos sin relación
de causalidad con el gasto médico, a los costos de créditos e inversiones no
autorizadas en activos, cuando los recursos propios resultaban
insuficientes. De esta manera, sólo reportaron beneficios o
aprovechamiento económico en favor de la EPS y sus subordinadas, sus
directivos y administradores o de terceros, acrecentando sus rentas y
patrimonios privados según cada caso, a lo largo del período comprendido
entre 1998 al cierre del año 2010”.
11) Como viene de leerse, la autoridad judicial demandada resolvió los reproches
relacionados con el carácter parafiscal de los recursos y lo hizo basándose en
jurisprudencia de la Corte Constitucional y en las pruebas que constaban en el
expediente, si bien no mencionó las sentencias que refiere la demandante, lo cierto
es que sí se pronunció sobre las operaciones y movimientos en las cuentas de los
recursos parafiscales, con incumplimiento de lo establecido en la ley.
12) Además, contrario a lo argumentado por la parte actora en el fallo cuestionado, no
se limitó a lo establecido en las Circulares Externas 26 de 2006 y 049 de 2008 de la
Superintendencia Nacional de Salud, toda vez que, el argumento normativo
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desatendido por la señora María Carolina Lamus Becerra lo fundaron en las
disposiciones y sentencias arriba señaladas, con lo que, se desvirtúa el alegato de la
aplicación retroactiva de las circulares en mención.
13) Si bien la demandante pretende darle el cariz de vicio o defecto a dicha situación,
es evidente que los fundamentos que soportan la interposición de la acción de tutela
son una reproducción de los argumentos que fueron planteados en el recurso de
apelación, los cuales se dirigieron de manera exclusiva a reanudar un debate que fue
estudiado y resuelto al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
14) Así entonces, para la Sala es claro que el único interés de la demandante es
mostrar su desacuerdo con la providencia objeto de tutela simplemente porque le fue
desfavorable a sus intereses, sin que en dicha discusión se haya planteado un asunto
de una genuina importancia desde el punto de vista constitucional.
15) La Sala reitera que el presente mecanismo constitucional no está instituido como
una instancia adicional a aquellas establecidas en el ordenamiento jurídico y al juez
constitucional le está vedado pronunciarse sobre materias que desbordan su
competencia o interferir con el ejercicio de la autonomía judicial del juez natural,
motivo por el cual se revocará la sentencia de primera instancia que negó el amparo
pretendido para en su lugar declarar la improcedencia de la acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,
FALLA:
Revócase la sentencia proferida el 21 de marzo de 2025, la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, que negó el amparo de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva. En su lugar, dispónese:
1º) Declárase improcedente la solicitud de amparo por el incumplimiento del requisito
de relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva.
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2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera
instancia y remítasele copia del mismo.
4º) Ejecutoriada esta providencia remítasele a la Corte Constitucional el expediente
para su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado (E) Magistrado
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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