Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2014-01422-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2014-01422-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-41-000-2014-01422-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
12 de diciembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Número único de radicación: 25000234100020140142201
Demandante: María Carolina Lamus
Demandada: Contraloría General de la República
Asunto: Responsabilidad fiscal. Destinación específica de los recursos parafiscales
del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Daño patrimonial debe
comprender período durante el cual fungió como miembro del órgano directivo.
Confirma sentencia que declaró la nulidad parcial de los actos acusados.
Reiteración jurisprudencial
SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 30 de mayo de 2024 por la Sección Primera, Subsección B
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a
continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. María Carolina Lamus, en adelante la parte demandante, presentó demanda1
ante la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra la
Contraloría General de la República, en adelante la parte demandada, en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho2.
1 Por intermedio de apoderado (Cfr. Folios 2 a 14 del cuaderno núm. 1 del expediente).
2 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “[…] Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
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Núm. único de radicación: 25000234100020140142201
Demandante: Maria Carolina Lamus
Pretensiones
2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1. DECLARACIONES Y CONDENAS
PRIMERA: Que es nulo el Fallo de primera instancia No. 001890 de 13 de
Noviembre de 2013, proferido por la Contralora Delegada Intersectorial No.10
de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la corrupción de la
Contraloría General de la República, dentro del proceso de responsabilidad
fiscal IP-010 del 2011, en el que se profiere fallo con responsabilidad fiscal
solidaria a cargo de MARIA CAROLINA LAMUS B., en cuantía de un billón
cuatrocientos veintiún mil ciento setenta y ocho millones trecientos noventa y
nueve mil setenta y dos pesos con 78/100 M.cte. ($1.421.178.399.972,78).
SEGUNDA: Que es nulo el Auto 002066 del 11 de Diciembre de 2013, proferido
por la Contralora Delegada Intersectorial No.10 de la Unidad de Investigaciones
Especiales contra la corrupción de la Contraloría General de la República,
mediante el cual se corrige el Fallo No. 001890 de 13 de Noviembre de 2013.
TERCERA: Que es nulo el Auto No. 000405 del 3 de Febrero de 2014, proferido
por la Contralora Delegada Intersectorial No.10 de la Unidad de Investigaciones
Especiales contra la corrupción de la Contraloría General de la República,
mediante el cual se dispuso no reponer el Fallo No. 001890 de 13 de Noviembre
de 2013 y se confirma la responsabilidad fiscal de la Doctora MARIA CAROLINA
LAMUS B.
CUARTA: Qué es nulo el Fallo de Apelación y Consulta No. 0011 del 11 de
Febrero de 2014, proferido por la Contralora General de la República, mediante
el cual confirmó el Fallo No. 001890 de 13 de Noviembre de 2013, corregido por
Auto 002066 del 11 de diciembre de 2013 y se modifica la cuantía del daño en
un billón cuatrocientos veintiún mil ciento setenta y cuatro millones doscientos
noventa y ocho mil ciento cinco pesos con 40/100 M.cte.
($1.421.174.298.105,40).
QUINTA: Qué es nulo el Auto 0021 del 12 de febrero de 2014 proferido por la
Contralora General de la República, mediante el cual corrigió Fallo de Apelación
y Consulta No. 0011 del 11 de Febrero de 2014.
SEXTA: Que como consecuencia de la prosperidad de las pretensiones
anteriores, a título de restablecimiento del derecho se condene a la Contraloría
General de la República a indemnizar a MARIA CAROLINA LAMUS BECERRA,
o a quien o quienes representen sus derechos, los daños ocasionados por la
expedición de los Actos administrativos anulados, todo ello con la pertinente
indexación e intereses de conformidad a los artículos 187 y ss del CPACA desde
el momento de la materialización de la ejecución; consistentes en:
a. Daño emergente futuro: Las sumas que llegare a pagar por concepto de los
actos administrativos impugnados, debidamente indexadas.
b. Lucro cesante:
La remuneración que ha dejado de percibir la Dra. MARIA CAROLINA LAMUS
B como VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVA de Saludcoop debido a la
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Demandante: Maria Carolina Lamus
terminación unilateral de su contrato de trabajo por parte de la intervención,
desde el día 3 de Febrero del 2012 hasta el día que se retire su nombre de la
lista de responsables fiscales del Boletín de la Contraloría General de la
República y se elimine su registro disciplinario sobre la inhabilidad para
contratar con el Estado como para ocupar cargo público por la Procuraduría
General de la Nación. El valor de esta remuneración dejada percibir hasta el 30
de Abril del 2014, ha sido de por SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS
M.CTE ($656´278.200=)
c. Daño moral:
Que se condene a la Contraloría General de Cundinamarca al pago de los
perjuicios morales que ha padecido el demandante equivalente a 2.000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes, debido a la afectación personal y moral
íntima que ha padecido la Dra. Lamus por todo este proceso como por el
permanente registro negativo del hecho y de la reputación de la Doctora MARIA
CAROLINA LAMUS B. frente a la opinión pública en los medios de
comunicación y en la sociedad.
SEPTIMA: Que se condene a la Contraloría General de la República a pagar
los gastos y costas de este proceso.
OCTAVA: Que se disponga dar cumplimiento a la sentencia que ponga fin al
proceso, de conformidad con lo que preceptúan los artículos 189 y siguientes
del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo.” (fls.
164 y vlto. cdno. no. 1). […]”.
Presupuestos fácticos
3. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para
fundamentar sus pretensiones:
3.1. La parte demandante desempeñó los siguientes cargos al servicio de
SALUDCOOP: Directora Nacional De Bacteriología, desde el 17 de enero de 2000
hasta el día 14 de diciembre del 2001, Gerente Clínica desde el día 15 de diciembre
de 2001 hasta el día 30 de Junio de 2004; Gerente Regional-Cundinamarca desde
el día 1 de julio de 2004 hasta el 23 de octubre del 2005; Vicepresidente
Administrativa desde el día 24 de octubre del 2005 hasta el 2 de febrero del 2012.
3.2. La parte demandante solamente hizo parte del Consejo de Administración de
SALUDCOOP EPS, entre el 26 de abril del 2005 y el 30 de enero del 2007
3.3. SALUDCOOP en desarrollo de su autorización de funcionamiento como EPS,
implementó desde el mismo momento de inicio de operaciones toda una
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infraestructura médica, hospitalaria y administrativa dedicada a la prestación de los
servicios de salud a su cargo.
3.4. La parte demandada mediante Auto núm. 010 de 4 de abril de 2011, abrió
indagación preliminar IP-010 del 2011 contra SALUDCOOP EPS "para establecer
si hay indebida utilización de los recursos y por consiguiente afectación al servicio
público de Salud y detrimento patrimonial" y ordenó realizar una visita especial con
apoyo técnico
3.5. Con fundamento en un informe técnico contable, y “[…] Pasados más de los
6 meses establecidos en el artículo 39 de la Ley 610 del 2000, el 28 de Diciembre
del 2011, la señora Contralora Delegada Adriana Posso dictó Auto S/N de Apertura
de Proceso Fiscal IP-010 del 2011, con base en este Informe Técnico Contable y
Financiero. Es de anotar que dicho Auto, incorporado al expediente no se encuentra
firmado. […]”
3.6. En el mismo Auto se corrió traslado del mencionado Informe Técnico
Contable y Financiero y vinculó, entre otras personas más, como presunto
responsable fiscal a la parte demandante, para lo cual determinó un presunto daño
patrimonial de $1.069.139′400.000, por los siguientes tipos de hechos económicos
o conceptos ocurridos entre 2005 a 2010: i) Honorarios abogados; ii) actividades
financiación; iii) intereses Obligaciones Financieras; iv) usos por inversión; v) cargos
diferidos por remodelaciones y mejoras, vi) software que destina para constitución
de sociedad; y vii) Baldosas.
3.7. La Superintendencia Nacional de Salud mediante oficio 2-2011-017374 de
29 de marzo del 2012, respondió un control de advertencia formulado por la parte
demandada, reiterando sobre la legalidad de invertir recursos de la salud en
infraestructura.
3.8. La parte demandada expide Auto 000277 de 7 de noviembre de 2012 por
medio del cual imputó responsabilidad fiscal, entre otros a la parte demandante,
por hechos desde el año 2005 hasta el 2010, a título de culpa grave, por la supuesta
la pérdida de recursos parafiscales de la salud por $899.473.309.000, sin
discriminar o identificar las acciones u omisiones en las que ella intervino. La
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imputación correspondió a 10 tipos de hechos económicos por concepto de
Honorarios, obligaciones financieras, cargos diferidos, software, arrendamientos,
gastos de Viaje, gastos por servicios, gastos de ventas, “[…] Perd. Vta. Método
Participación y Dist. Reservas. […]”
3.9. La parte demandada mediante fallo con responsabilidad fiscal núm. 01890
de 13 de noviembre de 2013, declara fiscalmente responsable a la parte
demandante por considerar que “[…] las conductas de María Carolina Lamus
Becerra, se desarrollaron como consecuencia de las funciones ejercidas en el
marco de una relación todas de carácter directivo que desempeñó en el contexto de
las actividades de una EPS habilitada por la Ley 100 de 1993 para la administración
de recursos públicos de la salud, no hay duda que existe un nexo causal directo
entre dichas conductas y el daño acusado, pues no queda duda de lo dicho, que si
Lamus Becerra se hubiese sometido a las limitaciones que el régimen jurídico le
imponía tanto a la empresa como a sus directivos, el daño no se hubiera generado.
Así puesto que fue por virtud del ejercicio de las funciones referenciadas, que
intervino en la gestión fiscal de SALUDCOOP EPS OC., en una relación próxima y
necesaria con dicha gestión fiscal, dada su vinculación ininterrumpida en ejercicio
de cargos directivos, en las modalidades que se han referido, intervenciones con
las que la imputada Lamus Becerra contribuyó a la destinación y apropiación
indebida con pérdida y menoscabo del patrimonio público. “[…]”
3.10. El fallo con responsabilidad fiscal 1890 estableció un daño por
$1.053.352.140.620,61 y sin sustento matemático alguno lo indexó a
$1.421.178.399.072,78, sin determinar ni detallar la metodología que sirvió para
llegar a ese resultado, ni los factores tenidos en cuenta para ello.
3.11. El Fallo 1890 de 2013 amplió lo que había sido la imputación que se le
formuló el Auto 0277 a la parte demandante, haciéndola responsable por todas las
erogaciones que fueron consideradas como daño fiscal entre 1998 y el 2010. Incluso
la hizo responsable de hechos ocurridos, cuando no tuvo ninguna relación jurídica
o material con Saludcoop.
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Demandante: Maria Carolina Lamus
3.12. 43. El día 3 de diciembre del 2013 la parte demandante presentó recurso de
reposición y en subsidio de apelación contra el Fallo núm. 1890 de noviembre 13 de
2013.
3.13. El recurso de reposición fue resuelto el día 3 de febrero del 2014 mediante
Auto 00405, confirmando la declaratoria de responsabilidad fiscal y concediendo el
respectivo recurso de Apelación, el cual fue resuelto mediante Auto núm. 0019 de
11 de febrero del 2014 y corregido mediante Auto 0021 del 12 de febrero de 2014.
Normas violadas y concepto de violación
4. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:
• Artículos 1, 6, 13, 5, 16, 9, 48, 9, 58, 3, 209, 67, 333, 38, 365 de la
Constitución Política
• Artículos 156 literal i), 177, 180, 181 parágrafo 1, 183 parágrafo 1, 185, 189,
229 y 275 parágrafo 3 de la Ley 100 de 1993
• artículos artículo 15 de la Ley 1122 de 2007,
• Artículos 19 y 118 de la Ley 1474 de 2011,
• Sentencias C-262 del 2013 y 840 del 2001 de la Corte Constitucional.
• Artículos 148 y 149 de la Ley 79 de 1988,
• Ley 610 del 2000.
• Ley 42 de 1993.
• Ley 57 de 1887
• Decreto 2649 de 1993.
• Artículo 3 del Decreto 1716 del 2009
• Artículos 2 literal d y artículo 13 del Decreto 1485 de 1994
• Artículo 8 del Decreto 806 de 1998
• Artículo 13 del Decreto 1804 de 1999
• Artículo 6 parágrafo 2 del Decreto 574 del 2007
• Artículos 3, 6, 200 y 260 del Código de Comercio
• Artículos 63,633 y 2344 del Código Civil,
• Artículos 150, 151, 190, 235 y 354 del Código de Procedimiento Civil,
• Artículo 2 del Decreto Ley 267 del 2000,
• Artículo 3 del Decreto 1716 del 2009,
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• Resolución 1804 del 2004 de la Superintendencia Nacional de Salud
• Resolución 724 del 2008 de la Superintendencia Nacional de Salud
• Artículo 2 de la Resolución Orgánica 5500 del 2003 de la Contraloría General
de la República.
5. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de
violación así:
Primer cargo: “[…] La Contraloría General de la República solamente tiene
competencia para expedir el fallo 1890 sobre la persona jurídica de Saludcoop
[…]”
5.1. Indicó que el fallo 1890 desconoció lo expuesto por la jurisprudencia
constitucional y del Consejo de Estado sobre la inexistencia de función pública por
parte de las EPS privadas, además no existe disposición legal que haya calificado
que los empleados de las EPS privadas ejercen funciones públicas.
5.2. El artículo 229 de la Ley 100 dispuso que el control fiscal de las entidades de
carácter privado, se realiza por sus controles estatutarios, lo que demuestra que la
parte demandada no tenía competencia para adelantar actuación contra la parte
demandante.
5.3. En el proceso de responsabilidad fiscal, se demostró que el titular jurídico
que tenía la autorización para administrar los recursos parafiscales de la salud era
la persona jurídica de la EPS SALUDCOOP y no sus empleados individualmente
considerados por cuanto es la única que cuenta con certificado o autorización de
funcionamiento otorgada por el Estado, según Resolución núm. 0186 de 24 de
marzo de 1995 expedida por la Superintendencia Nacional de Salud.
5.4. La competencia y la capacidad jurídica para realizar uno o más de los verbos
asociados a la gestión fiscal que define el artículo 3 de la ley 610 del 2000
(adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación,
enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de las UPC
giradas por el FOSYGA, así como a la recaudación, manejo inversión de las rentas
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derivadas de la UPC) era de SALUDCOOP, mas no sus empleados
considerados individualmente.
5.5. Aún si se considerara como procedente la competencia de la Contraloría
sobre las personas naturales relacionadas con la actividad de SALUDCOOP, la
misma tan solo podía extenderse respecto de los períodos de tiempo en que dichas
personas tuvieron la condición de gestor fiscal, en virtud de los cargos ocupados en
los órganos de administración de la EPS.
5.6. Para las personas jurídicas privadas que son organizaciones cooperativas, la
condición de administradores la determina el artículo 26 de la ley 79 de 1988 que
corresponde a la asamblea general, el consejo de administración y el gerente,
circunstancia que no se dio en el caso sub examine, como quiera que la parte
demandante durante el período de tiempo comprendido entre 1998 y 2010, nunca
fue presidente ejecutivo y no tuvo en forma permanente la condición de miembro
del consejo de administración de Saludcoop.
5.7. La condición de miembro del Consejo de administración comprendió entre
abril 26 de 2005 y enero 30 de 2007, como figura en el acta 148, razón por la cual
no resultaba competente la contraloría para adelantarle el proceso de
responsabilidad alguno por hechos económicos ocurridos por fuera de dicho lapso,
ya que no tenía la condición de miembro del consejo de administración.
5.8. La parte demandada en el fallo acusado no realizó una determinación
concreta de hechos económicos que tuvieron lugar entre abril 26 de 2005 y enero
30 de 2007, sino en períodos anuales que van del 1 de enero al 31 de diciembre,
sin considerar las circunstancias concretas de modo, tiempo y lugar de lo que fue
su condición de miembro del Consejo de Administración en la organización.
Segundo cargo: “[…] Caducidad de la acción fiscal sobre hechos ocurridos
con más de 5 años de anterioridad al auto de apertura del proceso fiscal que
culminó con el fallo 1890 […]”
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5.9. La parte demandada declaró fiscalmente responsable a la parte demandante
por hechos ocurridos con 5 años de anterioridad respecto del auto de apertura del
proceso de responsabilidad fiscal, por lo que se presentó la caducidad de la acción
de responsabilidad fiscal de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la Ley
610 de 2000, toda vez que el auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal
expedido el 28 de diciembre del 2011, por lo que podía adelantarse sobre hechos
ocurridos desde el 28 de diciembre del 2006, sin que le fuere posible extenderse
sobre hechos anteriores a dicha fecha. El acto acusado declaró una responsabilidad
fiscal de la parte demandante por hechos ocurridos entre 1998 y el año 2010.
5.10. La parte demandada confunde la noción de daño permanente o continuado
con la de concurso material homogéneo y sucesivo, en la medida en que los
recursos no han retornado al Sistema General de Seguridad Social en Salud y su
supuesto aprovechamiento privado continúa desconociendo que la caducidad
ocurre respecto del hecho generador del daño, mas no de la permanencia del daño.
5.11. La parte demandante solo tuvo la condición de miembro del consejo de
administración entre abril 26 del 2005 y enero 30 del 2007, por lo que conforme a lo
previsto en el artículo 9 de la Ley 610, la parte demandada solo tenía competencia
para investigarla respecto de los hechos que pudieron tener lugar entre el 28 de
diciembre del 2006 y el 30 de enero del 2007, sin que pudiere declarársele
responsabilidad fiscal por hechos ocurridos con anterioridad o posterioridad a dicho
lapso de tiempo.
Tercer cargo: “[…] Violación por haberse declarado responsable fiscal a la
demandada por hechos que no le fueron imputados individualmente […]”
5.12. Mediante Auto núm. 0277 se formuló imputación en cuantía de
$899.473.309.000, por los siguientes tipos de hechos económicos: “Honorarios,
Obligac. Financieras, Cargos Diferidos, Software, Arrendamientos, Gastos de Viaje,
Gastos por Servicios, Gastos de Ventas, Perd. Vta. Método Participación y Dist.
Reservas”. No obstante, pero en el fallo 1890 le fue agregada una responsabilidad
por hechos que no le habían sido imputados y determinados como de su
responsabilidad individual: “Adquisición o construcción inmuebles, Adquisición
equipo médico científico, Adquisición de Otros PPE, Adquisición o construcción
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Demandante: Maria Carolina Lamus
PPE, Adquisición propiedades leasing, Adquisición crédito mercantil inversiones
permanentes, Adquisición inversiones permanentes, Inversión HEON, Ciudadela
salud, Aportes Corporaciones ni Promesas de compraventa”, variando su
imputación inicial a una responsabilidad final por $ 1.421.178.399.072. por lo que
fue sorprendida en el fallo final con nuevos hechos que no le fueron imputados, ni
determinados individualmente
5.13. El principio de congruencia se aplica al vínculo que surge entre el auto de
imputación (artículo 48 Ley 610) y el fallo (artículo 53), sin que en este último se
puedan incorporar hechos nuevos, es decir, no indicados previamente al presunto
responsable, ya que la garantía de defensa que contempla el artículo 50 de la ley
610 se da respecto de las imputaciones efectuadas en el auto de imputación.
5.14. Se violó su derecho de defensa por la inclusión de nuevos hechos que no le
fueron imputados en el auto 0277, representados en los acontecimientos entre los
años 1998 y 2005 por lo que resultó manifiestamente contrario a ley que se le
hubiere declarado como responsable fiscal por todo el daño fiscal determinado entre
1998 al 2010, aun cuando tan solo tuvo una vinculación laboral con SALUDCOOP,
desde el 17 de enero del 2000 cuando inició a trabajar como Directora Nacional de
Bacteriología.
Cuarto cargo: “[…] Violación por no haber tratado con igualdad a la
demandante y por infracción al deber de aplicación uniforme de las normas y
la jurisprudencia (artículo 10 ley 1437 del 2011) […]”
5.15. El acto acusado viola el derecho fundamental a la igualdad de la parte
demandante por cuanto discrimina entre los directivos de SaludCoop para declarar
responsables fiscales a los que, según el parecer de la Contraloría, deben serlo, sin
atender las mismas condiciones de cargo y asistencia en los consejos directivos de
la EPS, puesto que en algunos casos y sin justificación alguna la Contraloría
consideró que no debían ser ni siquiera investigados. El proceso de responsabilidad
fiscal se orientó en contra de los funcionarios de la última administración de
SALUDCOOP con lo cual se demuestra la parcialidad
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5.16. Mediante auto 623 se confirmó que respecto de las demás personas que
fueron directivos de la EPS –lo que incluye a todos los miembros del Consejo y
vicepresidentes entre 1998 y 2005– no procedía su vinculación al presente proceso.
Allí se indicó: “Este Despacho pudo verificar que se encuentran vinculados los
presuntos responsables fiscales conforme a los hechos referidos en el auto de
imputación y la cuantía del daño, por lo cual no procede para el caso la adición o
vinculación de nuevos presuntos responsables”. Decisión que fue confirmada
mediante Auto 793. El hecho de considerar que no son sujetos de la acción fiscal
las personas que le precedieron a la demandante y que fueron miembros del
consejo o vicepresidentes dentro del mismo período de tiempo investigado,
evidencia que el objeto del presente proceso fue más sancionatorio y disciplinario
que resarcitorio.
Quinto cargo: “[…] Carencia de los elementos de responsabilidad fiscal en la
persona de MARIA CAROLINA LAMUS B. – ausencia de daño fiscal […]”
5.17. El fallo acusado adujo la existencia de un daño fiscal por
$1.053.352.140.620,61, por el supuesto desvío de recursos públicos entre los años
de 1998 a 2010, que actualizada arrojó una suma de $1.421.178.399.072,78. Así
mismo establece que el valor bruto total de las erogaciones que entre 1998 y 2010
no se podían realizar con cargo a los recursos parafiscales suman
$1.348.705.220.000. Igualmente indica que el valor de TOTAL DE LOS RECURSOS
GENERADO PROPIOS, fueron por $295.353´078.000.
5.18. Afirmó que al comparar estos valores, y observar que los supuestos recursos
propios son inferiores, el Fallo 1890 infiere que la diferencia fue tomada de los
recursos parafiscales que recibe la EPS. Esta diferencia corresponde a los
$1.053.352.140.620,61, considerado como supuesto daño fiscal.
5.19. El acto acusado “[…] determinó como supuesto daño fiscal, el valor neto entre
lo que sumaron las erogaciones mencionadas y el valor de los recursos propios que
obtuvo la EPS en los mismos años. Establece un supuesto daño fiscal a través de
una inferencia y no de una verificación directa donde se haya determinado que
materialmente se utilizaron recursos parafiscales para pagar estas erogaciones. En
el proceso jamás se practicó prueba alguna que hiciera un análisis si de las cuentas
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bancarias que manejaban los recursos parafiscales, se hicieron pagos por concepto
de estas erogaciones. Razonamiento que desde la óptica del principio de la plena
prueba descalifica el Fallo 1890 y la deja sin fundamento material alguno, conforme
lo exigen los artículos 22 y 23 de la ley 610 del 2000. […]”
5.20. Los únicos recursos que son parafiscales en las EPS son aquellos que por
disposición legal se ha dispuesto que financien la prestación del servicio de salud y
que conforme al artículo 8 del Decreto 806 de 1998, estos recursos son la Unidad
de Pago por Capitación (UPC), las cuotas moderadoras y los copagos. Los demás
ingresos que recibió SALUDCOOP por conceptos diferentes a los anotados,
ninguna disposición legal o normativa los ha tipificado como recursos parafiscales,
razón por la cual no estuvieron sujetos a la destinación específica indicada en el
artículo 8 del Decreto 806 de 1998.
5.21. Entre 1998 y 2010, la suma de estos recursos privados supera y excede el
valor de $1.348.705´220.000, determinado como supuesto daño fiscal. Esto
demuestra que no se destinaron los recursos parafiscales (UPC, cuotas
moderadoras y copagos) para estas erogaciones, razón por la cual no existió ningún
daño fiscal para el Estado. El acto acusado desconoció la naturaleza privada de las
ganancias obtenidas por la EPS por concepto de EBITDA. Contrario a lo que se
anota por el Fallo 1890, la certificación de costumbre mercantil indica que es
costumbre mercantil que cuando, en el desarrollo contable y financiero de la
empresa, se utiliza el término EBITDA se refiere a las ganancias antes de los
intereses, los impuestos, las depreciaciones y las amortizaciones y las ganancias o
la utilidad obtenida por la empresa o proyecto.
5.22. Si se hubieren aplicado los artículos 3 y 6 del Código de Comercio y 190 del
Código de Procedimiento Civil por la parte demandada en el Fallo 1890, este habría
concluido con una decisión diferente, puesto que el EBITDA, más las fuentes de
financiación externas, fueron suficientes para cubrir todas las erogaciones
cuestionadas.
5.23. Se adjuntó un dictamen emitido por profesionales especializados e idóneos
en materia contable y financiera, con fundamento en el artículo 219 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, mediante el cual
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se demuestra: i) no corresponde a los Estados Financieros Certificados y
Dictaminados de Saludcoop EPS la información contable y financiera en que se
sustentó el Fallo 1890 y ii) que Saludcoop EPS contó con recursos propios y
privados suficientes para financiar las erogaciones descalificadas por el Fallo 1890.
5.24. Las erogaciones en clínicas e infraestructura hospitalaria, en empresas
dedicadas a la prestación de servicios de salud o servicios administrativos
necesarios para la prestación de servicios de salud, en gastos de publicidad y
patrocinio y las erogaciones del giro privado de la EPS fueron consideradas por el
fallo como desviación de los recursos parafiscales de la salud, sin embargo, como
se vio la destinación de estos recursos en su gran mayoría fue en infraestructura
hospitalaria y médica en equipos médicos como en servicios asociados a la
prestación de servicios de salud, y los demás administrativos estaban justificados
conforme las disposiciones legales
5.25. La Superintendencia Nacional de Salud, mediante comunicación 2- 2011-
017374 de 29 de marzo de 2012, respondió un control de advertencia formulado por
la Contraloría General de la República, en el que le indicó sobre la legalidad de
invertir recursos de la salud en infraestructura.
5.26. El Ministerio de la Protección Social en la respuesta al requerimiento
formulado por la Contraloría acerca de las prohibiciones, restricciones y/o
autorizaciones sobres los gastos que pueden efectuar con los recursos de la UPC.
5.27. Considerando lo expuesto por la jurisprudencia constitucional sobre el
artículo 48 en el sentido que la destinación específica de los recursos parafiscales
de la seguridad social ha sido entendida de manera amplia y que no existe
disposición de orden legal que determine como prohibida la realización de los
hechos económicos y erogaciones que el Fallo 1890 califica como desvío de
recursos.
5.28. La Corte Constitucional mediante sentencia C-262 del 2013, hizo un recuento
sobre la constitucionalidad de los gastos administrativos de la EPS y la adquisición
de activos fijos con cargo a los recursos parafiscales de la UPC.
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5.29. El fallo 1890 no puntualizó ni especificó los concretos actos, contratos y
negocios que componen el valor que al final se determinó como supuesto daño fiscal
por $1.053.352´140.620,61. Las certificaciones que sobre el particular fueron
allegadas al proceso por parte de la intervención, el contador y el contralor de la
EPS, tan solo desagregaron algunas de las erogaciones que tuvieron lugar entre el
1 de junio de 2002 y el 31 de diciembre del 2010, lo que deja sin plena prueba lo
acontecido con anterioridad al 1.° de junio de 2002, como las nuevas erogaciones
que fueron consideradas por el Fallo 1890.
5.30. El Fallo 1890 no determinó ni especificó la certidumbre del daño por
$1.053.352´140.620,61, y aunque se indican unas supuestas inversiones
irregulares, el valor señalado no precisó cuáles fueron los específicos actos
mercantiles y las erogaciones que las componen. A este valor del daño se llegó por
una inferencia que hace el Fallo 1890, al deducir que el monto de estas erogaciones
es supuestamente mayor a los recursos propios, y que se desviaron recursos de la
seguridad, sin que haya una prueba, documento, comprobante de egreso que haya
demostrado alguna salida de dinero por estos conceptos desde una cuenta bancaria
que haya tenido recursos de la UPC.
5.31. El Fallo 1890 tiene como fuente de información los valores generales de las
cuentas mayores o resumen de los Estados Financieros, pero los únicos
documentos idóneos para probar con total plena certeza el supuesto daño eran los
comprobantes de las operaciones, hechos, actos y negocios, los que al estar
ausentes no permiten con plena certeza probar los específicos actos mercantiles y
hechos económicos que son el daño fiscal.
5.32. No hay plena certeza del daño imputado puesto que, si los estados
financieros no son confiables, como se puso de presente en el auto de imputación,
no se entiende como sí son plenos medios de prueba al expedir el fallo.
5.33. El Fallo 1890 menciona que el método probatorio del destino de los recursos
utilizando el estado financiero de flujo de efectivo fue avalado por Auto del Consejo
de Estado de 10 de julio del 2012 dentro del radicado 25000-23-24-000-2011-
00081-01, por medio del cual se imprueba una conciliación extrajudicial entre la
Nación-Superintendencia Nacional de Salud y SALUDCOOP. No obstante, tal
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consideración desconoce el inciso 3 del artículo 3 del Decreto 1716 del 2009 que
reglamenta la conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo,
que: “La improbación del acuerdo conciliatorio no hace tránsito a cosa juzgada”,
razón por la cual dicha providencia en que se fundan las decisiones de la Contraloría
General de la República no tiene fuerza vinculante. Además de ello, en el
expediente reposan los Estados de Flujo de Efectivo por el método indirecto de la
EPS, los que indican cifras diferentes a las indicadas por el Fallo 1890
5.34. La EPS también maneja recursos que no son parafiscales y tiene recursos
de su patrimonio y los Estados Financieros se preparan y se presentan como una
sola unidad económica, por lo que el Fallo 1890 determinó que de una cuenta
bancaria que tuviere recursos parafiscales de la UPC se hubieren realizado pagos
por erogaciones no autorizadas. No hay evidencias de los giros ni las erogaciones
de dinero que soportan todos los rubros. A pesar que se indique que la
“determinación del daño fiscal en el proceso que nos ocupa, se toma la información
directamente de los libros de contabilidad, los Estados Financieros certificados y
dictaminados, las actas de los órganos cooperativos y demás papeles de la empresa
cooperativa SaludCoop EPS OC”, en el Fallo 1890 se hace una mención genérica,
pero no se identifica ni precisa los específicos documentos que evidencien la salida
de dinero el giro, erogación de una cuenta bancaria con recursos de la UPC.
5.35. El Fallo 1890 incurre en una falta de aplicación de las resoluciones 724 de
2008 y 1804 de 2004 de la Superintendencia Nacional de Salud, las que dispusieron
los hechos económicos y erogaciones que la Contraloría descalificó a la EPS, dentro
de la reglamentación contable y financiera que ha expedido a las EPS.
5.36. El Fallo 1890 determinó que el mismo tipo de hechos económicos,
erogaciones y gastos por los cuales estableció responsabilidad fiscal para los años
de 1998 a 2010, no configuraron ningún tipo de daño fiscal para los años de 1995,
1996 y 1997. “[…] No se entiende como para un período los mismos tipos de
erogaciones económicas no son daño fiscal y para otros años si lo sean, sin que
hubiere existido alguna variación normativa que así lo justificare. […] Así como las
erogaciones descalificadas por el Fallo 1890 no son daño fiscal para 1995, 1996 y
1997, esta misma calificación debió establecerse para las ocurridas entre 1998 y
2010. […]”
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5.37. El fallo 1890 dispuso una actualización del supuesto daño a valor presente
con corte al 31 de octubre de 2013, desconociendo el artículo 53 de la ley 610 del
2000, sin haber determinado ni pormenorizado la metodología empleada para el
efecto.
Sexto cargo: Ausencia de una conducta gravemente culposa de la
demandante que inhibe cualquier responsabilidad fiscal
5.38. La parte demandada fundó la conducta de la parte demandante está bajo la
manifiesta intención de obtener como resultado un daño al patrimonio estatal,
debido a las erogaciones que cuestiona el Fallo, a título de dolo, pero que es
calificada como culpa grave y que constituye una aplicación indebida del artículo 63
del Código Civil, puesto que califica la conducta como culpa grave por la simple
improcedencia procesal de variar esta calificación a título de dolo, sin estar
acreditados los elementos de la culpa grave en su conducta.
5.39. La parte demandante fue declarada fiscalmente responsable por hechos
respecto de los cuales no fue imputada, como por hechos en los que nunca
intervino, ni conoció por no estar vinculada para ese momento a la organización, por
el ejercicio de un cargo sin proximidad con la administración y disposición de
recursos de la EPS, ni tenía ningún vínculo con el Consejo de Administración de la
EPS. No resultaba procedente que se le hubiera establecido responsabilidad por
hechos sucedidos entre el 1 de enero de 1998 y el 17 de enero del 2000.
5.40. En el extremo de los casos, solo se le podía adelantar por decisiones
adoptadas en el período en que ejerció su calidad de miembro del Consejo de
Administración, esto es abril 26 de 2005 y enero 30 de 2007. Por esta razón, es
inadmisible que dicho acto le hubiere establecido una responsabilidad fiscal por
hechos en los cuales no tuvo relación alguna como gestor fiscal, ni con la disposición
y administración de los recursos públicos.
5.41. Constituyó un exceso que se le hubiere establecido una responsabilidad por
hechos comprendidos entre el 1 de enero de 1998 y el 26 de abril de 2005, como
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entre el 1 de febrero del 2007 y el 31 de diciembre del 2010, cuando no tenía la
condición de miembro del Consejo de Administración.
5.42. El acto acusado omitió valorar debidamente la conducta de la demandante
en el ejercicio de sus cargos que desempeñó en relación SALUDCOOP, como
cuando hizo parte del Consejo de Administración. Aunque no era ella quien
adoptaba las decisiones, ni tenía la dirección y guía de la EPS, siempre tuvo la plena
diligencia en consultar los conceptos y pronunciamiento tanto de las autoridades del
mismo Gobierno nacional como las de consultores expertos, sobre la legalidad del
proceder de la entidad.
5.43. La parte demandada desconoció que se apoyó en la regulación que,
mediante Actos Administrativos, la Superintendencia Nacional de Salud expidió
sobre el gasto administrativo en los Planes Únicos de Cuentas, como en las
actuaciones administrativas de los organismos de control que en sus visitas a la
EPS no manifestaron reproche sobre la adquisición de activos fijos y usos
destinados a infraestructura hospitalaria y administrativa del servicio de salud y
gastos administrativos.
5.44. No puede predicarse una culpa grave de la parte demandante, pues se
consultó toda la normativa, la jurisprudencia, y se tuvieron en cuenta conceptos del
Ministerio de Hacienda integrante del Consejo Nacional de Seguridad Social en
Salud, así como los conceptos de la Contraloría General de la República
5.45. La parte demandada en el acto acusado reconoce que la parte demandante
no tenía la condición de gestora fiscal y deja en claro que la asignación de
responsabilidad se da porque supuestamente intervino en una relación próxima,
necesaria y determinante en la contribución del supuesto daño fiscal. Incluso en el
expediente no figura elemento probatorio alguno que determine que tenía el poder
de ordenación del gasto, del manejo o disposición de los recursos económicos al
interior de Saludcoop.
5.46. En el caso de Saludcoop se demostró que quienes tenían la capacidad y
competencia sobre la disposición de los bienes eran el Presidente Ejecutivo y el
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Consejo de Administración, de acuerdo a los artículos 47, 48, 56, 57, 62, 63 y 66 de
sus Estatutos por ser una entidad de derecho privado.
5.47. La Corte Constitucional al declarar la exequibilidad de la expresión
“contribuyan” que prevé el artículo 6 de la ley 610, para ser responsable fiscal, el
autor directo o el partícipe necesitan tener el poder decisorio sobre los fondos o
bienes del Estado puestos a su disposición, no basta participar en la producción del
daño; condición que para el caso sub examine no se cumplió, puesto que durante
el período 1998- 2010 nunca fue Presidente Ejecutivo.
5.48. Las funciones de la parte demandante se circunscribieron a una labor de
seguimiento, cuya certificación consta en el expediente, es claro que no tenía
capacidad decisoria en la EPS frente a los fondos de la entidad. Su función se
reducía a garantizar la adecuada prestación de los servicios administrativos a los
usuarios, como efectivamente lo logró con éxito la EPS, hasta el momento de la
intervención.
5.49. Contrario a lo expuesto por la parte demandada, en el expediente no hay
prueba que evidencie que la demandante tenía a su “cargo el apoyo a la ejecución
de las decisiones por parte del Presidente”. Como se demuestra con el manual de
sus funciones, sus facultades estaban únicamente relacionadas con la gestión
administrativa, y sin embargo, se le impone una declaratoria de responsabilidad
fiscal por la descripción de sus funciones en un manual y no por las conductas que
ella ejerció respecto de los hechos económicos que son el supuesto daño fiscal,
puesto que de estas últimas no existió la menor evidencia probatoria en el proceso.
5.50. Sostuvo que los actos acusados se soportan en presunciones y conjeturas,
toda vez que omitió tener en cuenta que la parte demandante nunca adoptó o
ejecutó decisiones financieras y jurídicas, no fue representante legal, ni ordenadora
del gasto, por lo que no participaba de la definición del destino de los recursos. En
consecuencia, ninguna de las conductas atribuidas le eran procedentes. Tampoco
tuvo en cuenta que fue absuelta por la Procuraduría General de la Nación, quien
consideró que no tenía las calidades para ser objeto de investigación.
5.51. La valoración de la asistencia de la parte demandante a la Asamblea General
de Asociados entre 2005 y 2010, en su condición de Vicepresidente Administrativo
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se hizo de manera equivocada, por cuanto en dichas Asambleas no representó a
ningún asociado, luego no tomó decisiones respecto de los estados financieros ni
de cualquier otra medida que allí se hubiere adoptado, su presencia no hizo quorum,
pues ella fue una invitada que no tuvo voto, ni capacidad alguna respecto de las
decisiones que allí se pudieron establecer, por lo que no se constituyó en manejador
o administrador de recursos públicos. Lo que demuestran las Actas, por el contrario,
fue que los vicepresidentes asistían como invitados a dichas reuniones sin derecho
a voto o a tomar decisiones. No puede indicarse de una participación directa, porque
nunca asistieron el Presidente Ejecutivo, órgano que tenía la capacidad exclusiva
en la toma de decisiones institucionales. Este criterio también fue confirmado en el
proceso, por el Auto 0277 al desvincular al Secretario General de la EPS del
proceso.
5.52. La parte demandada desconoció la estructura y organigramas de la EPS, por
lo que afirmó que IAC Gestión Administrativa y Procesos y Transacciones no
dependían de la Vicepresidencia administrativa, sino que eran empresas de apoyo
de servicios administrativos a todas las vicepresidencias. En lo que a la
Vicepresidencia Administrativa respecta, ese apoyo estaba dado en todo lo relativo
al envío de información de nómina, gestión administrativa (servicios públicos,
mantenimiento de sedes, compras) a todas las dependencias a cargo de la
Vicepresidencia Administrativa. Lo anterior demuestra que no existía dominio sobre
buena parte de las operaciones de la organización.
5.53. Existe ausencia de una conducta gravemente culposa de la parte
demandante como miembro del Consejo de Administración entre 2005 y 2007, ya
que el Fallo 1890 hizo caso omiso de la orientación jurídica que la Corte
Constitucional le dio a la posibilidad de utilizar una fracción de la UPC en adquisición
de activos y gastos administrativos, expuesta en la sentencia C-262 del 2013, sin
embargo, se calificó como antijurídico el que SALUDCOOP realizare inversiones en
infraestructuras, equipamiento y demás bienes, necesarios para el normal
desempeño de la Empresa en la prestación de los servicios de salud. Si se hubiera
detenido a considerar el verdadero sentido de dichas erogaciones, hubiera llegado
a la conclusión ineludible de que la EPS SALUDCOOP había obrado de
conformidad con la ley, al utilizar los dineros de su propiedad en la adquisición de
activos fijos y demás elementos destinados a dicho fin, así como en la preparación
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de personal médico para que prestara un correcto y eficiente servicio de salud en
las distintas partes del país que entonces carecían de dichos servicios.
5.54. El Fallo 1890 desconoció que en tal obrar fue tan cuidadoso el Consejo de
Administración que, explícitamente, en sus determinaciones sobre las inversiones y
erogaciones se establecía que las mismas procedían de acuerdo a los límites
legales establecidos y conocidos para el momento. Explícitamente en las actas se
considera como fuente de recursos la generación de excedentes como la
financiación externa con recursos bancarios y jamás se dice que se utilicen los
recursos parafiscales para tales efectos, realidad que en ningún momento es
valorada por el Fallo1890.
5.55. En lo que respecta a los gastos administrativos asociados con la prestación
de servicios de salud, las decisiones del Consejo se apoyaron en la jurisprudencia
constitucional que había determinado su constitucionalidad, con lo que se desvirtúa
que el Consejo tuviera conciencia de que las aprobaciones eran ilícitas, por el
contrario, no se tenía ningún entendimiento de que se estuviere cometiendo algún
desvío de recursos, puesto que los pronunciamientos constitucionales eran
totalmente claros, y la normativa preveía expresamente que los recursos
parafiscales se podían destinar para la organización y garantía de la prestación del
servicio de salud.
5.56. El Fallo 1890 tampoco tuvo en cuenta que la parte demandante como
miembro del Consejo de Administración, actuó bajo la confianza legítima de que los
estados financieros estaban soportados, revisados y avalados no solo por expertos
financieros y la revisoría fiscal, sino, más importante aún, por la Superintendencia
Nacional de Salud, ente encargado de la vigilancia y control de las EPS. En efecto,
la Superintendencia Nacional de Salud autorizó la publicación de los Estados
Financieros de la EPS de estos años, lo que no hubiera sucedido si hubiere existido
la menor consideración de que los mismos estuvieren incorrectos o reflejaban
operaciones prohibidas.
5.57. Las operaciones no fueron cuestionadas en una actuación administrativa en
firme por autoridad competente alguna, ni por la Superintendencia Nacional de
Salud misma, la cual conocía la forma como SALUDCOOP destinaba y utilizaba los
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recursos, mediante la presentación periódica de los estados financieros de la
entidad, ni tampoco por la Contraloría General de la República.
5.58. Se tuvo el entendimiento de que la adquisición de activos fijos y usos
destinados a infraestructura hospitalaria y administrativa del servicio de salud, como
los gastos de administración, se encontraba en el marco de la destinación específica
de los recursos de la salud. Esta convicción fue invencible y se estableció según lo
previsto en los artículos 2, 11 y 13 del Decreto 1485 de 1994, el artículo 2 Decreto
882 de 1998 literal 3, el artículo 13 Decreto 1804 de 1999, el artículo 6 Decreto 574
del 2007 parágrafo 2 y el artículo 15 ley 1122 del 2007 y de la resolución 724 del
2008 de la Supersalud, lo que nunca fue valorado ni reconocido por el Fallo 1890.
5.59. La interpretación que tuvo SALUDCOOP EPS sobre los usos admisibles de
la UPC en las erogaciones cuestionadas estaban soportadas en una interpretación
razonable, lo cual no fue tenido en cuenta por el Fallo 1890. Esta interpretación
razonable conduce a que el factor de atribución subjetivo constituya culpa leve si se
considerare que existió alguna culpa, en el supuesto daño al Estado, factor que por
disposición del artículo 118 de la ley 1437 del 2011 excluye la existencia de
responsabilidad fiscal.
5.60. De igual manera, el Informe de visita de la Superintendencia Nacional de
Salud realizada a SaludCoop, con el objeto de verificar el cumplimiento de las
obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social en Salud, en cuanto a
los procesos de organización, estructura y composición patrimonial de la sociedad,
condiciones financieras y de solvencia, margen de solvencia y patrimonio técnico,
flujo de recursos, pago a los prestadores, inversión de los recursos de la UPC en la
prestación de servicios de salud, aseguramiento, sistema obligatorio de garantía de
calidad, organización de la prestación de servicios de salud, red de prestadores de
servicios de salud, sistema de referencia y contrarreferencia, plan de salud
territorial, eje salud pública, tomando en consideración la información financiera de
los años 2008, 2009 y 2010. En dicho informe no se observa objeción alguna a los
gastos de administración de la EPS, ni se establece ninguna desviación de recursos
parafiscales, precedente que tampoco quiso ser valorado ni reconocido por la parte
demandada.
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5.61. Tampoco valoró la confianza legítima que derivó para toda la organización
incluyendo la pate demandante, sobre la no existencia de objeción o reproche
alguno por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, a pesar del
conocimiento permanente y desde el mismo nacimiento de SaludCoop que tuvo
dicho órgano de control y vigilancia sobre la infraestructura en salud y de las
erogaciones administrativas de la EPS, como de la actuación de la Contraloría
General de la República efectuada en el marco de su plan estratégico CGR 2007-
2010 que abarcó 18 auditorías a EPS, sin que tampoco se manifestara objeción
alguna a los rubros ahora cuestionados, pues de haberlo hecho habría determinado
la exclusión de cualquier factor de culpabilidad en el supuesto daño fiscal.
5.62. Entre los años 1998 y 2010, no hubo reparo o requerimiento por parte de la
Contraloría General de la República respecto de lo que hoy la Contraloría establece
como daño fiscal. Elementos estos que fueron desatendidos por el Fallo 1890, pues
aunque era un hecho notorio que la EPS construía clínicas y permanentemente
ampliaba su infraestructura médica para el servicio de los usuarios, que con las
actuaciones anotadas de la Superintendencia, la Contraloría y el Ministerio de
Hacienda generaron confianza legítima y buena fe en el proceder, lo cual aleja
cualquier factor de culpabilidad y, por ende, desvirtúe lo que expuso el Fallo 1890
sobre la confianza legítima y haga improcedente responsabilidad fiscal alguna.
5.63. “[…] Con la presente demanda debe reiterarse que el entendimiento común
y generalizado que han tenido las EPS sobre las erogaciones posibles que se
pueden realizar con los recursos parafiscales, demostró la ausencia de
intencionalidad defraudadora, así como cualquier descuido o negligencia al interior
de la EPS respecto de estos gastos. Esta realidad fue desconocida por el Fallo 1890,
puesto que es un entendimiento general del sector de las EPS que estas
erogaciones administrativas son totalmente admisibles en el marco de la gestión de
los recursos parafiscales. […]”
Séptimo cargo: “[…] FALTA DE NEXO CAUSAL ENTRE EL SUPUESTO DAÑO
FISCAL Y LA CONDUCTA DE MARÍA CAROLINA LAMUS B […]”
5.64. El Fallo 1890 desconoció que no puede predicarse ningún nexo causal entre
el supuesto daño fiscal determinado entre 1998 y enero del 2000 y una conducta de
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la parte demandante, y así se probó con la certificación en la que indica que inició
a trabajar en la EPS el 17 de enero del 2000 como Directora Nacional de
Bacteriología, sin que en el pasado hubiere tenido alguna relación jurídica o material
con SALUDCOOP, razón por la que no podía establecérsele responsabilidad fiscal
respecto de hechos sucedidos, cuando no tenía ninguna vinculación con la EPS.
5.65. No hay prueba que demuestre que la demandante intervino o realizó alguna
acción relacionada con la aprobación y ejecución de los actos mercantiles
determinados como daño fiscal. La parte demandada bajo una suposición,
desconoció que no correspondía a aquella verificar el destino de cada operación.
Sus funciones se encaminaban a la coordinación de la gestión administrativa, como
lo demostró su manual de funciones de la EPS. Nunca se probó en el proceso de
responsabilidad fiscal que su conducta hubiere sido determinante y condicionante
para la producción del supuesto daño fiscal. La gestión de dirección de la EPS en
cabeza del Presidente Ejecutivo jamás estuvo sujeta a la validación o aprobación
de la demandante. Las pruebas que obran en el proceso demostraron que las
decisiones y aprobaciones al interior de la EPS se concentraron exclusivamente en
la Presidencia Ejecutiva.
5.66. La conducta de la parte demandante no guarda relación directa y eficiente
con el supuesto detrimento patrimonial, puesto que entre 1998 y 2010 se demostró
que las decisiones y el poder de mando y dirección de la EPS estuvieron
concentrados en la Presidencia Ejecutiva, sin que fuere entonces determinante y
condicionante de causa-efecto su conducta y el supuesto daño fiscal. La parte
demanda hizo una indebida valoración puesto que no fue indispensable, ni
necesaria en la generación del supuesto daño. Su conducta no cumple los
supuestos de la causalidad adecuada, necesarios para que pudiere ser declarada
como responsable fiscal.
Octavo cargo: Improcedencia de la solidaridad, respecto de la responsabilidad
de la parte demandante
5.67. Indicó que no se entiende como existe una supuesta solidaridad en las
conductas de las personas declaradas como responsables fiscales respecto del
supuesto daño patrimonial determinado, pero el factor de atribución fue diferente
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por cuanto a la parte demandante se le atribuyó a título de culpa grave, pero para
los demás responsables solidarios fue a título de Dolo. Esta diferencia de
tratamientos demuestra que no se cumplían los presupuestos para declarar una
responsabilidad solidaria, pues desvirtúa cualquier unidad de propósito por parte de
todos los supuestos responsables fiscales.
5.68. El Fallo 1890 aplica en forma indebida el artículo 2344 del Código Civil,
puesto que no está probado un concurso de conductas eficientes en la producción
de todo el supuesto daño imputado, ya que la vinculación temporal de la
demandante como de varios responsables fiscales, tuvieron lugar en momentos
diferentes respecto de todo el período 1998-2010 en que ocurrió el supuesto daño
fiscal.
5.69. El acto acusado incurre en una falsa motivación por cuanto desconoció: i)
que no todas las conductas de los implicados concurrieron en la totalidad del
espacio temporal comprendido entre 1998 y 2010 y en el caso de la demandante,
su responsabilidad tan solo podía ser respecto del período en que fue miembro del
Consejo de Administración; ii) que las conductas no tuvieron origen de una misma
unidad de fuente, temporal o circunstancial, puesto que en el proceso se probó que
antes de Enero del 2000 no tenía ninguna relación jurídica o material con
SALUDCOOP; y iii) respecto de cada implicado era determinable y cuantificable
económicamente la parte del daño que ha causado, como así lo hizo el Auto de
imputación 0277.
5.70. “[…] Al desconocer el Fallo 1890 que era posible dividir la vinculación
temporal de cada responsable fiscal en momentos diferentes, y no existir un
concurso de conductas eficientes en la producción del supuesto daño fiscal, hacía
inaplicable el artículo 2344 del C.C para la Dra. Lamus […]”
Noveno cargo: Falsa motivación del fallo 1890 al desconocer causales de
exclusión de responsabilidad de la demandante
5.71. Señaló que el acto acusado incurre en falsa motivación toda vez que
desconoce la existencia de causales de exclusión de responsabilidad de la ´parte
demandante, como se expuso en el recurso de reposición y apelación presentado,
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en donde se resaltó, entre otros aspectos, que “[…] Toda la infraestructura de
clínicas, hospitales, equipos médicos, sociedades que prestan servicios
administrativos asociados a la prestación del servicio de salud de SALUDCOOP,
hoy más que nunca reporta su utilidad y beneficio exclusivo a sus usuarios, ya que
con ella se ha podido afrontar la crisis de la salud del país. Es en estos
establecimientos médico-asistenciales que hoy se ha podido seguir atendiendo la
salud de los afiliados de la EPS que han resultado además afectados por las IPS y
Clínicas que no le proveen servicios de salud a la EPS. […]”
Décimo cargo: “[…] El fallo 1890, como el auto 405 que resolvió el recurso de
reposición contra el mismo, fueron expedidos sin cumplir los requisitos
establecidos por la propia reglamentación de la Contraloría General de la
Republica. […]”
5.72. Puntualizó que, los actos acusados fueron suscritos por la funcionaria de la
Contraloría que dirigió la investigación, esto es la Contralora Delegada Intersectorial
núm. 10, sin que ninguno de ellos contenga la firma del funcionario sustanciador.
5.73. Para la sustanciación y la práctica de pruebas dentro del proceso de
responsabilidad fiscal, por auto 862 de junio 4 del 2013 se designaron a los
funcionarios Luz Mira Rojas Zambrano, Neffer Ibette Saldaña, Juan Felipe Zuleta
Parra y Cesar Augusto Duque Casas de la Unidad de Investigaciones Especiales
contra la Corrupción, pero ninguno de ellos suscribió los mencionados actos.
5.74. El parágrafo 1 del artículo 3 de La Resolución Orgánica 5500 del 2003 es
puntual y precisa al determinar que los autos y fallos serán suscritos de manera
conjunta por el funcionario sustanciador y el funcionario que dirige la investigación,
lo que en el presente caso no ocurrió.
Décimo primer cargo: “[…] Violación a las formas del debido proceso y al
derecho de audiencia y defensa […]”
5.75. Aseguró que la Contralora Delegada, en el curso del traslado de las
providencias de medidas cautelares que fueron decretadas en el curso del presente
proceso judicial, expidió el Auto 1822 mediante el cual resolvió sobre una solicitud
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de nulidad dentro del proceso, notificado en estado de 5 de noviembre de 2013 y
dentro del término de su ejecutoria, esto es, el 13 de noviembre del 2013, interpuso
el correspondiente recurso de apelación. No obstante, el mismo 13 de noviembre
del 2013, estando suspendido el proceso y en curso el trámite de apelación contra
el auto 1822, la señora Contralora Delegada expidió el fallo cuando la actuación
estaba suspendida en virtud de lo establecido en el artículo 79 de la ley 1437 del
2011.
5.76. Se configuró una violación a los derechos fundamentales al debido proceso,
los principios de imparcialidad y objetividad, y derecho de defensa de la parte
demandante, por haberse fundado el proceso en un informe técnico respecto de
cuyo autor recaen causales de impedimento y recusación que lo hacen también
nulo.
5.77. Considerando el efecto suspensivo previsto en el artículo 79 de la ley 1437,
como la suspensión del proceso cuando se tramita el grado de consulta, hubo
violación al debido proceso que surge respecto de las actuaciones que fueron
adelantadas por el Despacho entre el día 9 de Noviembre del 2011, fecha en que
se notificó el auto 0277, y el 4 de marzo del 2013, fecha en que se notificó el fallo
de consulta 009 mediante el cual resolvió el grado de consulta dispuesto por el
numeral 8 del Auto 0277.
5.78. Igual situación se predica respecto de lo que fueron las actuaciones
adelantadas entre el día 9 de mayo del 2013, en que se notificó el auto 623, y el día
12 de junio del 2013, fecha en que se notificó el fallo 030 mediante el cual se decidió
unos recursos de apelación contra el auto 623, anotando que dicho fallo 030 nada
indicó respecto del grado de consulta dispuesto por el artículo 6 del auto 623. Por
estar suspendido el proceso en dichos términos de tiempo, resultan totalmente nulas
las actuaciones (autos, oficios, comunicaciones, etc.) que el Despacho adelantó,
razón por la cual conllevó una violación al Debido proceso de la actuación y vició la
legalidad del Fallo 1890.
5.79. La parte demandada, al transcurrir más de 6 meses de ordenada la
indagación preliminar y en virtud de lo dispuesto en el artículo 39 de la ley 610, sin
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haberse pronunciado dentro de dicho término perdió su competencia para expedir
la apertura del proceso fiscal.
5.80. La declaración rendida por el señor Mariano Bernal, quien suscribió el informe
técnico en que se funda el fallo 1890, probó que dicho funcionario no fue el autor
del mencionado documento y por tanto no tenía conocimiento suficiente sobre las
disposiciones normativas que rigen a las EPS.
5.81. Afirmó que la totalidad de este proceso está afectado por el allanamiento que
sin autorización judicial fue practicado por la parte demandada a la EPS
SALUDCOOP entre los días 5 y 7 de abril del 2011. Todo el material probatorio allí
recopilado y que es fundamento del fallo 1890 adolece de total nulidad.
Décimo segundo cargo: “[…] Del desvió de poder por parte de la Contraloría
General de la Republica […]”
5.82. Resaltó que el acto acusado no estuvo ajustado al marco de los principios
que guían la función administrativa expuestos en el artículo 209 de la Constitución
Nacional. Las denuncias que formuló el Gobierno Nacional contra la entonces
señora Contralora General de la República, a través del señor Superintendente
Nacional de Salud, sobre los intereses particulares que tenía en Saludcoop,
integrado a las actuaciones que ha adelantado la Fiscalía General de la Nación
contra funcionarias de la parte demandada en virtud de sus actuaciones en el marco
del proceso de responsabilidad fiscal IP-010 del 2011 que dio lugar a los actos
administrativos que se demandan como las públicas denuncias expuestas por
diferentes medios de comunicación, sobre funcionarios de la Contraloría que
pasaron a laborar a esta entidad luego de tener intereses particulares respecto de
la situación de SaludCoop, demuestran la carencia absoluta de imparcialidad y
legalidad de dicho proceso de responsabilidad fiscal.
5.83. La parte demandada “[…] no está para invadir esferas reservadas a otras
autoridades, razón por la cual no está llamada a hacer allanamientos,
interceptaciones telefónicas o chuzadas como se denunció públicamente. Tampoco
sus actuaciones están llamadas a favorecer intereses particulares de empresas o
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de entidades gremiales, por cuanto su deber objetivo es velar por la integridad de
los recursos públicos. […]”
Contestación de la demanda
6. La parte demandada contestó la demanda y se opuso a las pretensiones
formuladas, así:
6.1. Se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones de la
demanda debido a que no existen motivos facticos ni jurídicos para que sea
declarada la petición de nulidad formulada por la parte demandante, al carecer de
fundamento constitucional y legal.
6.2. De la lectura de la demanda es fácil concluir que el concepto de violación
normativa en realidad es una disertación con alta carga de manifestaciones
subjetivas, dirigidas a crear confusión acerca de las razones por la cuales se profirió
el fallo con responsabilidad fiscal en contra de la parte demandante, al interior del
Proceso de Responsabilidad Fiscal No. IP-010 de 2011.
6.3. Indicó que al analizar el texto de la demanda, se encuentra que la parte
demandante sabiendo que no tiene la posibilidad de atacar los actos demandados
porque en verdad fueron expedidos con arreglo a la normatividad que los rige, busca
aprovechar el escenario del control judicial confiado a la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, para lanzar cuestionamientos sobre las pruebas o pretender una
valoración distinta de las mismas como si el juez administrativo pudiera fungir como
una tercera instancia del Proceso de Responsabilidad Fiscal.
6.4. Manifestó que los actos demandados fueron proferidos en el marco de la
legalidad y se encuentran suficientemente soportados con apoyo en las normas de
rango constitucional y legal que regulan la responsabilidad fiscal en Colombia, luego
no se advierte vulneración alguna al ordenamiento jurídico ni a los derechos de la
demandante.
Excepciones
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Inexistencia de causal para demandar la nulidad del acto administrativo
6.5. Adujo que, conforme a lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 18
de enero de 20113, los actos administrativos son nulos cuando se haya expedido:
sin competencia; en forma irregular; con desconocimiento del derecho de
audiencias y defensa; mediante falsa motivación; con desviación de las atribuciones
propias de quien los profirió; y con infracción de las normas en que debió fundarse;
vicios de legalidad que no se configuran en el presente asunto por tratarse de una
demanda sustentada en conjeturas y concreción respecto a dónde se concreta la
infracción al ordenamiento jurídico.
Desborde de la regla del artículo 59 de la Ley 610
6.6. Señaló que la parte demandante, para fundamentar las razones por las
cuales procede la nulidad de los actos acusados, acudió a vicios de formación y
perfeccionamiento de las pruebas, en especial, en lo relativo al Auto núm. 00998
del 21 de junio de 20134, por medio del cual se resolvió sobre el decreto y práctica
de pruebas.
6.7. Afirmó que, si la demanda está dirigida contra el acto definitivo que declaró
la responsabilidad fiscal, no hay razón para que, con motivo de la nulidad, se estudie
si se presentaron irregularidades entorno al auto de pruebas y que, de todas
maneras, respetó el derecho de contradicción.
6.8. Indicó que la regla del artículo 59 de la Ley 610 es que “[…] solamente será
demandable ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo el Acto
Administrativo con el cual termina el proceso, una vez se encuentre en firme […]”
(Subrayado original del texto).
Cobro de lo no debido
6.9. Destacó que la parte demandante pretende el resarcimiento de perjuicios
materiales y morales inexistentes y carentes de prueba.
3 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”
4 Cfr. Carpeta principal núm. 128 folios 25706 a 25760.
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Sentencia proferida en primera instancia
7. El a quo, en sentencia proferida el 30 de mayo de 2024, resolvió:
“[…]
1.º) Decláranse probadas las objeciones formuladas por la Contraloría
General de la República contra el Dictamen Pericial Anticipado rendido dentro
del presente proceso por los señores contadores públicos Luis Humberto
Ramírez Barrio y Luis Abelardo Ramírez Malaver, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
2.º) Desestimar la tacha de los testigos formulada por la entidad demandada y
la tacha del testigo formulada por la parte actora, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
3.º) Declárase la nulidad parcial de los numerales primero del Fallo de
responsabilidad fiscal No. 01890 del 13 de noviembre de 2013, del Auto No.
00405 del 3 de febrero de 2014 y del Fallo de apelación y consulta No. 011 del
11 de febrero de 2014, proferidos dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal
IP 010 de 2011, única y exclusivamente, en cuanto impuso a la señora María
Carolina Lamus la obligación de resarcir al patrimonio público la cuantía
indexada de UN BILLÓN CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO
SETENTA Y OCHO MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
SETENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS
($1.421.178.399.072.78) y confirmaron dicha decisión.
En consecuencia de lo anterior, ordénase a la Contraloría General de la
República, abstenerse de exigir y cobrar a la señora María Carolina Lamus el
valor total del daño fiscal por $1.421.178.399.072.78, sino que, solo le exija y
cobre, de manera solidaria, únicamente los valores liquidados como daño
patrimonial correspondientes a los años 2005 a 2010, cuyos montos, de manera
individual, se constatan en los folios 101 a 105 y 143 del Fallo de
responsabilidad fiscal No. 01890 del 13 de noviembre de 2013, esto es, la suma
de $850.080.504.465,39, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
sentencia. La presente decisión no afecta ni se extiende frente a las demás
personas vinculadas y declaradas responsables fiscales dentro del Proceso de
Responsabilidad Fiscal IP 010 de 2010, dado que ésta sentencia solo tiene,
estrictamente, efectos interpartes.
4.º) A título de restablecimiento del derecho, la Contraloría General de la
República deberá, si ya recibió el pago por parte de la señora María Carolina
Lamus en suma superior al daño patrimonial correspondientes a los años 2005
a 2010, restituirle al demandante la diferencia en los términos del numeral 2º
del artículo 192 del CPACA, suma que se actualizará a valor presente a la fecha
en que haga efectiva la devolución del dinero, la cual deberá será indexada
según la fórmula indicada en la parte motiva.
5.º) Deniéganse las demás pretensiones de la demanda.
6.º) Abstiénese de condenar en costas por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
7.º) Devuélvase a la parte actora el remanente que hubiese a su favor por
concepto del depósito de expensas para atender los gastos ordinarios del
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proceso.
8.º) Notifíquese esta providencia en los términos establecidos en el artículo 203
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
[…]”.
8. El a quo, después de hacer referencia a la demanda; a la contestación de la
demanda; a las pruebas legal y oportunamente allegadas al proceso; al marco
normativo del Sistema General de Seguridad Social en Salud; a la naturaleza de la
UPC; a la responsabilidad de las E.P.S. en la prestación del servicio de salud y a la
naturaleza jurídica de Saludcoop E.P.S., declaró la nulidad parcial de los actos
acusados por encontrar demostrado el cargo núm. 8 formulado por la parte
demandante, para lo cual concluyó:
8.1. Que “[…] ante la prosperidad del octavo cargo de nulidad, denominado
“Improcedencia de la solidaridad, respecto de la responsabilidad de la
demandada”, se tiene que la demandante logró desvirtuar parcialmente la
presunción de legalidad de los actos administrativos demandados, ya que, de
acuerdo al ordenamiento jurídico, si bien es clara la aplicabilidad de la solidaridad
en tratándose del pago del monto correspondiente al resarcimiento al patrimonio
público como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad fiscal, lo cierto es
que, en este caso concreto, la Contraloría en los períodos contables de 1998 a 2004
no encontró acreditado que la señora María Carolina Lamus ejerciera gestión fiscal,
por lo que frente a ase preciso periodo se aplicó indebidamente la solidaridad. En
ese orden, este vicio se limita a la cuantía del resarcimiento patrimonial endilgado a
la parte actora, pero que de ninguna manera tiene la entidad para desestimar la
existencia del daño patrimonial, la conducta reprochable y el nexo de causalidad
entre la conducta y el daño durante el período en el que la parte demandada
encontró que la actora se desempeñaba como miembro del Consejo de
Administración de la EPS y vicepresidenta administrativa, esto es, desde el año
2005 al año 2010. […]”.
8.2. No obstante, los demás cargos formulados por la parte demandante fueron
desestimados, y así se precisará, transcribiendo lo pertinente al momento de
resolver el recurso de apelación.
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Recurso de apelación de la parte demandante
9. La parte demandante5, presentó recurso de apelación contra la sentencia
proferida, en primera instancia, por la Subsección A de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en los siguientes términos:
“[…] CARGO 1. DESCONOCIMIENTO DE LA FALTA DE COMPETENCIA PARA
PROFERIR EL ACTO DEMANDADO POR ESTAR SUSPENDIDA LA
ACTUACIÓN. […]”
9.1. Cuestionó que el a quo desconoce que el acto acusado se profirió sin
competencia, toda vez que para el momento de su expedición el proceso de
responsabilidad fiscal IP010 estaba suspendido.
9.2. Indicó que al momento de expedirse el Fallo con responsabilidad fiscal que
se acusa, esto es, el día 13 de noviembre de 2013, el proceso estaba suspendido,
por estar en trámite un recurso de apelación contra el Auto 1822 que resolvía una
solicitud de nulidad contra los autos que decretaron medidas cautelares en el
proceso de responsabilidad fiscal IP-010. Dicho recurso fue resuelto mediante Auto
0019 de febrero 11 del 2014.
9.3. “[…] Tanto el acto administrativo acusado como el Fallo de la judicatura
Colegiada, desconocieron que la actuación del proceso de responsabilidad fiscal
estuvo suspendida entre el 13 de Noviembre del 2013 y el 11 de Febrero del 2014,
por lo que las providencias dictadas en dicho lapso de tiempo - diferente a la que
resolvió el recurso de apelación contra el Auto 1822 del 2013 - adolecen de falta de
competencia por parte de quien las expidió. […]”
“[…] CARGO 2. ILEGALIDAD POR TRANSMITIR LA GESTIÓN FISCAL DE UNA
PERSONA JURÍDICA A SUS EMPLEADOS. […]”
9.4. Afirmó que la sentencia recurrida desconoce que los recursos económicos y
financieros de la seguridad social estuvieron en cabeza exclusiva de la EPS. Es ella
5 Por intermedio de apoderado.
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quien fue titular de las cuentas bancarias, bajo quien se formalizan contratos, quien
afilia, pero no sus empleados o contratistas. Reprocha de la sentencia proferida en
primera instancia, que desconoce que la responsabilidad fiscal es patrimonial mas
no sancionatoria, y si la EPS ocasionó algún desmedro económico a los recursos
de la salud es esta empresa con su patrimonio quien debe repararlo.
9.5. “[…] El Fallo demandado y la decisión del H. Tribunal asumen que la gestión
fiscal que deriva de esta autorización de funcionamiento se transmite a funcionarios
y a los empleados de dirección. Sin amparo legal alguno, el acto demandado
establece una transmisión de las calidades de la EPS a funcionarios y empleados
de dirección, sin que estos en sus cuentas bancarias o en su patrimonio individual
hayan manejado recursos y bienes de la EPS. […]”
9.6. Expresó que, la responsabilidad de la administración o manejo de los
recursos parafiscales de la salud corresponde a la persona jurídica de la EPS, la
cual tiene patrimonio propio, autorización de funcionamiento y es quien recibe estos
recursos en sus cuentas. Sus empleados no reciben estos dineros en sus propias
cuentas, sino la EPS. Por ello, es claro que la administración o manejo de los
recursos públicos es de la órbita exclusiva de quien tiene la autorización de
funcionamiento. No existe un fundamento legal para establecer una responsabilidad
indirecta. “[…] incluso, de considerar como válida la transmisibilidad de atributos de
la persona jurídica en la responsabilidad fiscal (actuar por otro), la responsabilidad
podría extenderse únicamente a quien como representante legal en ejercicio llevó
a cabo los actos calificados como daño fiscal. […]”
9.7. Llamó la atención respecto a que la parte demandante nunca tuvo la
condición de representante legal de la EPS y como Vicepresidente no tenía
facultades de ordenación del gasto, toda vez que ello era facultad exclusiva del
Presidente Ejecutivo. Mucho menos era la persona que "debía intervenir en la
ejecución de los gastos ordinarios y extraordinarios de SaludCoop EPS OC y, por
consiguiente, era la persona que tenía a cargo la función de verificar el destino que
tenía cada operación y, por ende, la capacidad de conocer cómo operaba el desvío
de recursos a través de los gastos administrativos", “[…] como lo replica la
Sentencia, en una franca omisión de la prueba de sus funciones como
Vicepresidente. […]”
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“[…] CARGO 3. AUSENCIA DE LA CONDICIÓN DE GESTOR FISCAL COMO
VICEPRESIDENTE. […]”
9.8. Mientras la parte demandante ejerció el cargo de Vicepresidente
Administrativa no tuvo la condición de Gestor Fiscal, lo que no fue debidamente
valorado por la sentencia apelada. De igual manera mientras tuvo la condición de
miembro del Consejo de Administración, el único acto de gestión fiscal consistió en
la aprobación de los presupuestos anuales en los términos textuales como lo indican
las actas del Consejo de Administración y que la supuesta aprobación de Estados
Financieros no constituye acto de gestión fiscal, toda vez que no se enmarca en los
verbos indicados por el artículo 3 de la Ley 610 del 2000.
9.9. Citando antecedentes de la Corte Constitucional y de esta Sección, sostuvo
que la parte demandante “[…] solo tuvo la condición de miembro del Consejo de
Administración hasta 30 de Enero de 2007. Tampoco fue Presidente Ejecutivo, ni
recibió delegación alguna para ser el ordenador del gasto por parte de este. El
ejercicio de la capacidad decisoria siempre fue realizada en forma directa por estos
2 órganos, razón por la cual ningún otro empleado de la EPS tuvo la condición de
gestor fiscal, así fuera vicepresidente, analista o auxiliar. La actora como
vicepresidente nunca tuvo la condición de administrador ni por ende fue gestor
fiscal, lo que se confirmó por la Procuraduría General de la Nación al absolverla de
responsabilidad disciplinaria. […]”
9.10. Manifestó que, conforme a las funciones que ejerció como Vicepresidente
Administrativa, ninguna de ellas indica que deba manejar o administrar recursos
económicos. Tampoco hay alusión a que estuviere dentro de sus competencias
adquirir, planear, conservar, administrar, custodiar, explotar, enajenar, consumir,
adjudicar, gastar, invertir o disponer de los recursos monetarios o económicos de la
EPS.
9.11. “[…] El fallo acusado, con violación al principio de tipicidad administrativa, le
mantiene una responsabilidad fiscal apoyado en una relación fáctica, implícita y
analógica por el solo hecho de detentar el cargo de Vicepresidente Administrativo,
desconociendo que el dominio funcional del manejo y administración de los bienes
y recursos de la EPS, residía exclusivamente en el Presidente Ejecutivo. […]”
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9.12. Reiteró que tampoco existe gestión fiscal por conexidad y de haber existido
una contribución, no tuvo la identidad y eficacia para ser la causa eficiente del daño
fiscal. Lo adecuado para su producción fue el ejercicio de las competencias
estatutarias y legales por parte del Presidente Ejecutivo, lo que lleva inicialmente a
ampliar la nulidad del acto acusado respecto a la demandante por el período
posterior al 30 de Enero del 2007, al no haber tenido ninguna de tales condiciones
y por ende no ser gestor fiscal cuando tuvo la condición de Vicepresidente.
La aprobación de los Estados Financieros no comporta acto de gestión fiscal.
9.13. Aseguró que la Sentencia apelada omite pronunciarse sobre lo dispuesto en
la demanda, respecto de que la asistencia de mi representado a las Asambleas
donde se aprobaron los Estados Financieros, como invitado y sin representar a
ningún asociado, no la constituyó en manejador o administrador de recursos
públicos por cuanto: i) no constituye acto de gestión fiscal; ii) el Consejo de
Administración no era quien tenía la competencia legal de aprobar los Estados
Financieros, toda vez que ello radicaba en la Asamblea General de Asociados; y iii)
iii) su intervención de en las Asambleas fue como invitada sin tener voto ni
capacidad decisoria, toda vez que no representaba a algún asociado.
9.14. Precisó que los Estados Financieros son medio de prueba de la realización
de hechos económicos que ya fueron ejecutados y materializados, por lo que no
constituyen acto de adquisición, planeación, conservación, administración, custodia,
explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición
sobre recursos o bienes públicos. Se trata de información económica que contiene
el registro posterior de los hechos económicos realizados que ejecutó o afectaron a
la empresa y que previamente fueron aprobados y decididos por los órganos de
administración con capacidad decisoria.
“[…] CARGO 4 VIOLACIÓN POR HABER DADO UN TRATO DIFERENTE A
MARÍA CAROLINA LAMUS BECERRA RESPECTO DE OTRAS PERSONAS
QUE ESTABAN EN IGUALES CONDICIONES Y CIRCUNSTANCIAS.
INFRACCIÓN AL DEBER DE APLICACIÓN UNIFORME DE LAS NORMAS Y LA
JURISPRUDENCIA (art. 10 LEY 1437 DEL 2011). […]”
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9.15. Sostuvo que la sentencia evita reconocer que, la actuación no fue resarcitoria
sino sancionatoria, evidenciado en: i) no se vincularon a todos los miembros del
Consejo de Administración que entre 1998 y 2010 también aprobaron los Estados
Financieros y los Presupuestos Anuales en cada uno de estos años. Es
desproporcionado que no se hayan llamado a todas las personas del Consejo que
adoptaron tales aprobaciones; y ii) no hubo el cuidado de determinar para cada
persona su específico periodo de vinculación frente a la EPS y por ende la
graduación de su responsabilidad frente al daño. A todos se les hizo solidariamente
responsables por todo lo sucedido entre 1998 y 2010, desconociendo que no todas
las personas estuvieron vinculadas a la EPS durante todo ese lapso.
9.16. “[…] Esta desigualdad en el trato frente a otros de los miembros del Consejo
de Administración como frente a otros vicepresidentes conlleva el injusto que mi
representada esté soportando una responsabilidad fiscal mayor por la cual no debe
responder. Si el daño fiscal derivó de las decisiones del Consejo por aprobar los
Presupuestos y los Estados Financieros, todos sus miembros que decidieron y
votaron en forma positiva están llamados a responder. Mi representada no tiene
porqué sobrellevar una carga económica que le corresponde a otro. Haber excluido
sin justificación a los otros miembros que votaron positivamente tiene como efecto
que mi representada tenga que asumir una responsabilidad mayor de la que le
corresponde. Si hubo una responsabilidad del Consejo, todos los que aprobaron los
Presupuestos y los Estados Financieros están obligados a resarcir. No hay
justificación que el Fallo 1890 haya adoptado esta diferenciación en este trato.
Exonera sin justificación a personas que están en las mismas condiciones que mi
representada. Ante esta desigualdad mi prohijada termina sufriendo una mayor
responsabilidad y por ende una carga económica que en justicia y legalidad no le
corresponde. […]”
“[…] CARGO 5. ERROR DE APRECIACIÓN AL CONSIDERAR COMO DAÑO
FISCAL HECHOS ECONÓMICOS QUE NO TIENEN ANTIJURIDICIDAD. […]”
9.17. Señaló que la Sentencia se mantiene en el error de considerar como daño
fiscal las erogaciones que el acto acusado califica como desvío de recursos de la
seguridad social, desconociendo que: i) La mayoría de las erogaciones que califica
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el acto acusado como desvío de recursos están directamente relacionadas y con
plena causalidad con la prestación del servicio de salud y las que no, están cubiertas
con los recursos propios de la EPS; ii) no todos los recursos que manejaba la EPS
eran recursos de UPC, puesto que tenía fuentes de efectivo diferentes que fueron
suficientes para sufragar los rubros calificados como daño fiscal; iii) la prohibición
que se estableció por la Superintendencia Nacional de Salud mediante la Circular
026 del 2006 y 49 de 2008 - derogada por la Circular 0005 del 2014 - y la Resolución
724 de 2008 fue solamente sobre la UPC y no sobre los demás recursos a los que
se extiende el Fallo 1890; iv) no hay prueba alguna que demuestre que desde las
cuentas bancarias con recursos de la UPC se haya pagado alguno de los rubros
cuestionados; v) no existe un informe técnico o dictamen pericial que otorgue
soporte probatorio y sustento a los valores que el Fallo 1890 considera como daño
fiscal; y vi) la indexación calculada no se compadece con los índices de precios al
consumidor del DANE.
9.18. Manifestó que la Sentencia que se recurre indica que la parte demandada
probó y cuantificó el daño fiscal con el cúmulo de documentos que obran en el
expediente administrativo, con el amplio acervo probatorio conformado por libros de
contabilidad, actas, contratos, facturas, comprobantes de egreso y otros soportes
contables como en el Informe Técnico Contable y Financiero No. 010 de 4 de abril
de 2011, así como con el informe y/lo estudio forense realizado por KPMG el 12 de
marzo del 2012. No obstante, no explica ni sustenta la razón por la cual la
adquisición de activos hospitalarios (clínicas, equipos médicos, lencería
hospitalaria) no tiene relación de causalidad con la prestación de servicios médicos,
establece que ello constituye una desviación de recursos a la luz de los artículos 48
de la Constitución Nacional y 9 de la Ley 100. Establece que tales adquisiciones de
activos fueron en beneficio de la EPS y que la única prueba de refutación aportada
con la demanda fue desestimada por lo que se confirma la existencia de daño fiscal,
descartando que la EPS haya tenido suficientes recursos propios para las
erogaciones cuestionadas.
9.19. Adujo que las erogaciones guardan plena relación de causalidad con el
servicio de salud por tratarse de infraestructura hospitalaria utilizada para atender a
los pacientes. Es una falsa motivación calificar que en estas erogaciones hubo
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desvío de dineros de la salud a otros fines, cuando corresponden a infraestructura
hospitalaria y activos médicos.
9.20. Insistió en que “[…] si ello constituyó infracción a la regulación de la época
de la Superintendencia, ello fue en el ámbito del derecho administrativo
sancionatorio, pero en ningún caso daño fiscal, toda vez que los activos tuvieron
como finalidad la prestación de servicios médicos a los afiliados, por ende, la cuantía
indicada del cuadro expuesto no constituye daño fiscal alguno. Además, en el
expediente IP-010 no hay prueba que demuestre que no fueron destinados a prestar
servicios médicos, lo que acredita la infracción al artículo 53 de la Ley 610 del 2000,
toda vez que no hay certeza de la existencia de daño al patrimonio público. […]”
9.21. Arguyó que resulta una falsa motivación que la infraestructura hospitalaria
fue para beneficio de la EPS, cuando la información de la EPS muestra el uso y
servicio por parte de los usuarios de la EPS, lo que descarta que no estuviere dentro
de los fines de la seguridad social en salud.
9.22. Los recursos de la EPS siempre fueron suficientes para asumir las
erogaciones que le fueron cuestionadas, sin embargo, la sentencia recoge la falsa
motivación del acto acusado, en el sentido que los recursos propios de la EPS
fueron insuficientes para las erogaciones cuestionadas.
9.23. “[…] El Fallo 1890, en su página 72, indica que como el resultado obtenido al
cierre de cada ejercicio resulta insuficiente para cubrir las cuentas por pagar a los
proveedores, no es procedente que se puedan tomar como fuente de recursos para
las erogaciones cuestionadas. Tal motivación tendría asidero si los activos de la
EPS fueren insuficientes para tal propósito, traducido en que se tuviere un
patrimonio negativo, pero ello no era así. Esta motivación contradice los elementales
principios de contabilidad y lo demostrado en el proceso IP-010, en los que el capital
y el patrimonio del ente económico son los que constituyen la garantía para los
acreedores. Son los activos de la empresa los que constituyen el respaldo de sus
obligaciones y pasivos. Por tal razón, si al acto acusado le preocupaban los pasivos
de la EPS ha debido determinar si los activos de la EPS eran suficientes para
cubrirlos, pero de ello no hay análisis ni razonamiento alguno. Conforme al artículo
37 del Decreto 2649 de 1993, y como el patrimonio de SALUDCOOP para el 31 de
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Diciembre del 2010 era positivo (fls.6218 cuad.31 Exp.IP-010 y página 93 del Auto
de Imputación 0277 a fls. 19517 y ss. carpeta 98 exp. IP-010) los activos eran
suficientes para sufragar los pasivos, por ende, las utilidades no estaban
condicionadas al pago de pasivos, toda vez que tenían suficiente respaldo en los
activos de la EPS. La demandada no podía desconocer como fuente de recursos
propios las utilidades que al final de cada año obtuvo SALUDCOOP EPS. […]”
9.24. La suficiencia de los recursos propios se confirma con la determinación del
EBITDA que obtuvo la EPS entre 1998 y 2010. El acto acusado desestima utilizar
el EBITDA como fuente de recursos propios, anotando que “este indicador aplica
para la valoración de empresas con el objetivo de fusionarlas, adquirirlas o
transarlas en el mercado de valores”. Se probó con la certificación de costumbre
mercantil, que el EBITDA se refiere a “las ganancias antes de los intereses, los
impuestos, las depreciaciones y las amortizaciones”, y también tiene como propósito
la “Determinación de las ganancias o la utilidad obtenida por la empresa o proyecto.”
9.25. Señaló que estuvo demostrado que la EPS no tuvo un incremento patrimonial
por el supuesto desvío de recursos de la seguridad social. El Auto de Imputación
0277 indicó que el patrimonio de la EPS pasó de $7.501 millones en 1998 a
$554.711 millones en el 2010. El crecimiento patrimonial fue por $547.210 millones.
Sin embargo, el daño fiscal sin indexación fue determinado en $1.053.352 millones,
valor que es muy superior a lo que fue el crecimiento del patrimonio de la EPS. “[…]
Si hubiere incremento patrimonial con el supuesto desvío el daño fiscal se hubiere
visto en un mayor valor del patrimonio de la EPS, pero las cifras demuestran que no
fue así. Esta razón lógica desvirtúa cualquier apropiación patrimonial de recursos
parafiscales. […]”
La prohibición de las Circulares 026 del 2006 y 49 del 2008 y la Resolución 724
del 2008 fue solamente sobre la UPC y no sobre los demás recursos que
maneja la EPS.
9.26. Antes de la Resolución núm. 1804 de 24 de diciembre de 2004, expedida por
la Superintendencia Nacional de Salud, no había prohibición alguna que
estableciere la imposibilidad de utilizar la UPC para adquirir activos e inversiones
hospitalarias. No hay fundamento para que en forma anterior a dicha fecha se
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establezca tal norma como fundamento del supuesto desvío. El acto acusado
desconoció que las inversiones en infraestructura antes de dicha Resolución
estaban autorizadas por el literal d de los artículos 2 y 13 del Decreto 1485 de 1994.
“[…] La prohibición de la Resolución 1804 del 2004 y la Circular 026 de 2006 fue
aplicada retroactivamente por el Fallo 1890 a lo sucedido entre 1998 y 2004. Esto
conllevó la ilegalidad del acto acusado por considerar como daño fiscal erogaciones
anteriores a Diciembre 24 del 2004. […]”
9.27. Expresó que con la derogatoria de las Circulares 026 de 2006 y 49 de 2008
por parte de la Circular 0005 de 2014, que autorizó el uso del componente
administrativo de la UPC por parte de las EPS para la adquisición de activos fijos,
en aplicación del principio de favorabilidad quedó demostrado que no hay infracción
administrativa ni daño fiscal por las erogaciones que se cuestionan a SaludCoop
por los años de 1998 a 2010 que están relacionadas con la adquisición de activos
fijos.
9.28. “[…] De no encontrarse ello procedente, con apoyo en el principio de
interpretación restrictiva de las prohibiciones (exceptio est strictissimae
interpretationis), de la lectura de la regulación financiera sobre las EPS, la
prohibición solamente se estableció de los ingresos por UPC pero no de los demás
ingresos que recibe la EPS. Las Circulares 026 del 2006 y 049 del 2008 y la
Resolución 1804 del 2004 de la Superintendencia Nacional de Salud, limitan la
prohibición exclusivamente a los ingresos por UPC pero no sobre los demás
recursos que maneje la EPS. El artículo 23 de la Ley 1438 de 2011 también se
refiere exclusivamente a los ingresos por UPC, sin extenderlos a otros. La
regulación de margen de solvencia del numeral 3 del artículo 2 del Decreto 882 de
1998 también se limita exclusivamente a la UPC. Esto tiene como efecto que el acto
acusado incurra en falsa motivación al extender la prohibición a los demás ingresos
manejados por las EPS y que son diferentes a la UPC. […]”
“[…] No hay prueba alguna que demuestre que de las cuentas bancarias con
recursos de la UPC se haya pagado alguno de los rubros cuestionados […]”
9.29. Adujo que “[…] A pesar de lo voluminoso que es el expediente IP-010 y de la
cantidad de documentos que obtuvo la demandada, ninguno de ellos acredita que
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de una cuenta bancaria que tuviera dineros de la UPC se hubiere pagado alguna de
las erogaciones cuestionadas. Las conclusiones a las que arriba el acto acusado,
son carentes de materialidad y soporte probatorio, toda vez que se apoyan en un
análisis inferencial y no directo. A partir de una indebida estimación de los recursos
propios se motiva en diversas ocasiones por el Fallo 1890: “…lo cual evidencia que
dichos recursos resultaban insuficientes para financiar la totalidad de dichas
erogaciones y se desviaron recursos del SGSSS entregados en efectivo a la EPS
en la misma vigencia…” Se trata de un razonamiento deductivo, que parte de unas
premisas para establecer una conclusión, sin tener una verificación directa de esa
conclusión ni de sus premisas. Las exigencias de los artículos 22 y 23 de la Ley 610
del 2000 son explícitas en la necesidad de prueba que lleve a la certeza del daño
patrimonial y la responsabilidad del investigado, lo cual no se acreditó por el acto
acusado. […]”
No existe un informe técnico o dictamen pericial que de soporte probatorio y
sustento a los valores que el Fallo 1890 considera como daño fiscal.
9.30. Sobre la determinación del daño fiscal y su cuantificación, la sentencia
proferida en primera instancia no reconoce la inexistencia de un Informe Técnico o
Dictamen pericial que sustente la metodología para valoración y análisis de los
hechos económicos, las actividades de operación, las actividades de financiación ni
tampoco las actividades de Inversión. Igual sucede con el denominado cálculo del
desvío de recursos.
9.31. “[…] Son muy pocas las partidas de estas tablas en las que se identifica el
origen o fuente de información, lo que impide verificar su autenticidad y veracidad.
Esto demostró el vicio del Fallo 1890 y no haya plena certeza en la determinación
del daño, totalmente ignorado por la Sentencia que se apela. La información del año
2010 no es cierta y mucho menos lo que se indica en las páginas 197 del Fallo 1890
sobre la supuesta orden de la Supersalud de reapertura de los Estados Financieros
del 2010. En el presente medio de control se acredita (fl. 436 y ss. cdno. principal)
comunicación de la Supersalud donde se desmintió tal afirmación y por el contrario
quedó demostrado que la Supersalud no autorizó modificar y cambiar los Estados
Financieros del 2010. […]”
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9.32. “[…] La delimitación del daño patrimonial no fue producto del Informe Técnico
de Octubre del 2011 rendido por los peritos de la Contraloría, ni de los informes
financieros de la EPS, ni del acervo probatorio obrante en el expediente
administrativo - así se diga que este es abundante -. No por tener un mayor y
voluminoso expediente se probó el daño. Bastaba con la existencia de un informe
técnico o pericial cuyas cifras fueran por lo menos coincidentes con las indicadas
en el acto acusado. El de Octubre 4 del 2011 que obra en el exp. IP-010 no soporta
ni da certeza a todos y cada uno de los específicos valores que como daño fiscal el
Fallo 1890 establece. […]”
La actualización a valor presente no se compadece con los índices de precios
al consumidor del DANE ni con la fecha de las erogaciones
9.33. Indicó que la sentencia desconoce que el acto acusado no determinó cuáles
fueron los índices final e inicial que utilizó para establecer la indexación. “[…] La
Sentencia indica que si la indexación era otra así se debía demostrar, lo que no se
acreditó por la parte demandante. Sin embargo, ello no era posible realizar toda vez
que se requería de cada erogación calificada como daño fiscal su fecha exacta de
realización para poder saber qué guarismo de IPC aplicar. El cálculo que
aparentemente realiza el Fallo acusado es generalizar como fecha de realización el
31 de Diciembre - lo que no es cierto - pero aún, así tampoco justifica los valores
obtenidos. No hay bases, que por lo menos le permitieran a esta parte formular una
alternativa de resultado, toda vez que los valores fueron agrupados por años por
parte del acto acusado. […]”
CARGO 6. VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO POR DECLARAR UNA
RESPONSABILIDAD FISCAL CON BASE EN UN INFORME TÉCNICO NULO.
9.34. Manifestó que, la sentencia proferida en primera instancia desconoce la
violación al debido proceso por cuanto el acto acusado se fundó en un Informe
Técnico nulo, al estar rendido por una persona bajo causal de Impedimento. El acto
acusado se apoya en una prueba nula, obtenida con violación al debido proceso. El
principal medio de prueba fundamento del acto acusado es el Informe Técnico de
octubre 4 del 2011 rendido por Mariano Bernal C., bajo causales de impedimento y
recusación, que la demandada permitió a pesar de haberse alegado y puesto en
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evidencia desde el mismo momento en que se tuvo conocimiento de las actuaciones
en el proceso de responsabilidad fiscal por el referido funcionario.
9.35. “[…] El reproche radica en que, a pesar de haberse formulado la
correspondiente recusación, la entidad demandada negó injustificadamente y sin
apego a la normatividad procedente la existencia de manifiestas causales que
viciaron la imparcialidad del referido Informe Técnico. […]”
9.36. Sostuvo que como se acreditó en el expediente IP-010, el señor Mariano
Bernal en el año 2009 como funcionario de la Superintendencia Nacional de Salud
• antes de intervenir dentro del proceso de responsabilidad fiscal IP-010 -, rindió y
suscribió 2 informes sobre los mismos hechos: i) el “Informe de Resultado de
Pruebas Practicadas a SaludCoop EPS” de 1.° de diciembre del 2009; y ii) “Informe
Final de la Visita a SALUDCOOP EPS OC” de 11 de diciembre de 2009 en los cuales
se había pronunciado sobre la adquisición de activos fijos y gastos destinados a
infraestructura hospitalaria y administrativa del servicio de salud realizados durante
los años 2004 a 2008 por la EPS SALUDCOOP, hechos que también fueron objeto
de decisión.
9.37. Luego, en el trámite del proceso IP-010 suscribe en octubre 4 de 2011 un
Informe Técnico en el que vuelve y se pronuncia sobre estos mismos hechos, sobre
los que también versó el proceso de responsabilidad fiscal que culminó con el Fallo
1890.
9.38. Insistió en que la sentencia desconoce que, en el expediente aportado por la
demandada, dentro del término legal se solicitó la respectiva aclaración y adición de
dicho Informe Técnico, la cual no fue rendida por quienes suscribieron el mismo
informe sino por la misma Contralora Delegada que llevaba a su cargo el proceso.
“[…] La misma persona que iba a fallar el proceso fabricó la prueba soporte de su
decisión. […]”, y, respecto de su idoneidad indicó que “[…] La declaración
juramentada en el proceso IP-010 probó que el señor Bernal indicó y manifestó no
tener el conocimiento de ninguna jurisprudencia sobre los gastos de las EPS. Esta
circunstancia dejó al descubierto la falta de idoneidad del mencionado funcionario
como la explicación de los monumentales errores jurídicos en que incurre el referido
Informe Técnico, prueba principal en que se apoyó el acto acusado. […]”
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CARGO 7. INEXISTENCIA DE PRUEBA DEMOSTRATIVA EN GRADO DE
CERTEZA DEL DOLO O LA CULPA GRAVE.
9.39. La responsabilidad fiscal impuesta a la parte demandante no era procedente,
puesto que ante las dudas insalvables respecto del elemento subjetivo de la
responsabilidad fiscal era necesario dar aplicación al indubio pro reo como
reafirmación justa de la presunción de inocencia. Funda este cargo de su recurso
en:
“[…] Errores de la judicatura en cuanto a la conducta […]”
9.39.1. Establece que la imputación de la conducta se hizo en debida forma a
título de culpa grave, ya que la conducta fue de excesiva negligencia o imprudencia
o incurrió en una infracción u omisión inexcusables del ordenamiento o en una falta
de aplicación de conocimientos que le imponía su profesión u oficio. Alude a una
infracción al deber objetivo de cuidado, desconociendo que la imputación ni el Fallo
acusado lo establecen. Al respecto indica:
“[…] Desconoce que la motivación que allí hace el acto acusado frente a la
valoración de la conducta de mi prohijada, refiere a precisas circunstancias dolosas.
Sin embargo, debiendo proceder a modificar el acto de imputación y con el afán de
producir un fallo negativo, en indebida forma mantiene una calificación jurídica que
no constituye ni negligencia, imprudencia o impericia. Si la conducta era dolosa así
debía calificarse, pero no acudirse subsidiariamente a que era gravemente culposa
por una supuesta excesiva negligencia o imprudencia. Lo debido, una vez detectado
que las conductas eran supuestamente dolosas y la imputación se había formulado
a título de culpa grave, era proceder a reformular el acto de imputación en debida
forma, en aras de garantizar el debido proceso. Ello no ocurrió, lo que dota de
ilegalidad al acto acusado por establecer en indebida forma el factor de atribución
con el cual fue calificada la conducta de mi representada en la imputación. Anotando
además que tal factor de atribución no se comparte con las demás personas
imputadas como miembros del Consejo de Administración, las cuales fueron
imputadas a título de DOLO. […]”
9.39.2. La sentencia proferida en primera instancia indica que la parte
demandante tuvo a su cargo en el período 2005 a 2010 funciones de ejecutar el
gasto administrativo con cargo a los recursos parafiscales del SGSSS, como que
necesariamente debía intervenir en la ejecución de los gastos ordinarios y
extraordinarios y por consiguiente era su función verificar el destino que tenía cada
operación.
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“[…] Tal indicación replica lo anotado en el acto acusado, sin verificar la certeza y
materialidad de ello. De haber, por lo menos, revisado el Manual de funciones (fls.
32136 - 32137 cuad. 160) hubiere encontrando disconformidad con tal apreciación.
Por el solo hecho que su cargo diga ADMINISTRATIVO establece una relación tácita
y analógica con la ejecución de los gastos administrativos de la EPS, sin
preocuparse por verificar y comprobar con medios de prueba si esto en realidad era
así. Nada de eso ocurrió, y se opta por establecer una responsabilidad objetiva por
el solo nombre de su cargo. Sin derrotar la presunción de inocencia y asumiendo
hechos no probados establece una responsabilidad bajo suposiciones y
estimaciones implícitas. No hay preocupación alguna por establecer la certeza
exigida para determinar responsabilidad fiscal. Como ya se expuso con suficiencia
en el cargo 3 relativo a la falta de condición de gestor fiscal, la Sentencia supone
funciones y circunstancias en mi representadas carentes de soporte probatorio. Lo
probado en el juicio fiscal acreditó la ordenación del gasto en quien era el Presidente
Ejecutivo y la ejecución de estos gastos ordenadas por parte del 36 outsourcing de
contabilidad, tesorería y nómina “Procesos y Transacciones Ltda”, a lo que era
totalmente ajena mi representada. […]”
“[…] Ausencia de prueba demostrativa del tipo subjetivo […]”
9.39.3. Precisó que en lo que interesa para este cargo, se debe establecer si
razón le asiste al Tribunal, y a la demandada, al considerar que la demandante actuó
con pleno conocimiento de que estaba violando la Ley o de manera negligente,
imprudente o con impericia, o si por el contrario esa conclusión corresponde a la
errada operación probatoria que se reprocha. Si en gracia de discusión, se acepta
la existencia de un daño fiscal, no sucede lo mismo con el tipo subjetivo, “[…] Y aquí
ocurre uno de los primeros yerros del acto acusado, al tener como fundamento
normativo del dolo y la culpa grave las presunciones que sobre tal particular
establecen los artículos 5 y 6 de la Ley 678 del 2001. El acto acusado en su página
54 se apoya en tales presunciones para configurar el elemento subjetivo de la
responsabilidad, las cuales son propias de la acción de repetición y no de la
responsabilidad fiscal violando la tipicidad administrativa. La jurisprudencia del
Consejo de Estado (Rad- 25000234100020170051) en Sentencia de Febrero 4 del
2021 confirmó que las presunciones de culpa y dolo propias de la acción de
repetición no son aplicables a los juicios de responsabilidad fiscal, estas únicamente
pueden ser interpretadas dentro del ámbito de la acción de repetición sin que sea
posibles extenderlas al ámbito de la responsabilidad fiscal. […]”
9.39.4. Insiste en la existencia de errores de apreciación probatoria, toda vez
que la prueba, “materialmente bien apreciada”, demuestra que la parte demandante,
como se indicó en la demanda, actuó incursa en interpretación razonable, que se
expone en la demanda sobre los usos admisibles a los recursos parafiscales
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administrados por la EPS, es decir actuó con la convicción de que las inversiones
objeto de discusión fueron sufragadas con recursos diferentes a la UPC y con
recursos propios de la EPS, bajo el concepto de la legítima ganancia, desarrollado
en la época por la amplia Jurisprudencia de la Corte Constitucional y que reconocía
dicho rubro de excedentes a favor de las EPS, después de atender el gasto médico
y administrativo correspondiente a la Unidad de Pago por Capitación UPC.
9.39.5. También quedó probado que sólo fue hasta el 2004 que la
Superintendencia Nacional de Salud establece la prohibición de utilizar la UPC en
infraestructura e inversiones hospitalarias, sin que ello se extendiera a los recursos
diferentes de la UPC ni a los remanentes operacionales según las circulares 026 de
2006 y 049 del 2008.
9.39.6. Analizados los medios de prueba legal, regular y oportunamente
allegados al proceso, se observan errores de hecho en cuanto a la demostración
del tipo subjetivo, a saber:
i) La exposición libre y espontánea del implicado tiene una doble connotación, pues,
por un lado es condición para dictarse Auto de Imputación de responsabilidad fiscal,
pero, de otro, es un medio de defensa. En tal sentido, MARÍA CAROLINA LAMUS B.,
rindió exposición libre y espontánea en la que refirió a lo relativo con la toma de
decisiones que se consideraron ilegales por el acto acusado y la instancia judicial. En
concreto indicó: "Quiero aclarar que siempre actué de buena fe, sobre la base que los
conceptos jurídicos avalaban la labor realizada, y a partir del hecho que nunca ninguna
autoridad cuestionó la gestión que se venía desarrollando, en gracia de discusión, si
hay alguna responsabilidad, se debe a las propias autoridades de control que nunca
dijeron que no era adecuado el uso de los recursos de la UPC, incluso la Supersalud
todos los trimestres recibe la información financiera y nunca hizo observación alguna
en dicho sentido”.
Este medio de prueba no fue apreciado en su totalidad, ya que se cercenaron partes
muy importantes, como lo es, la actuación de buena fe con fundamento en conceptos
jurídicos, los que en el proceso IP-010 corresponden a emitidos por autoridades
administrativas, por un experto constitucionalista y en la jurisprudencia Constitucional.
ii) Respecto al punto de que se falsearon los estados financieros de SALUDCOOP
EPS OC, y que eso permitió el ilícito aprovechamiento de recursos derivados de las
UPC, vemos como se utilizan las supuestas irregularidades contables para imputar
directamente a MARIA CAROLINA LAMUS B., cuando la prueba objetivamente
apreciada indica otra cosa, es decir se tergiversó el contenido material de las
declaraciones rendidas y documentos aportados a lo largo del proceso de
responsabilidad fiscal IP-010.
[…]
Nótese entonces, H. Sala, que la elaboración y revisión de los Estados Financieros
correspondían a otras áreas de la entidad, lo primero, obviamente, al área de
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contabilidad y lo segundo a la revisoría fiscal. Posteriormente se reportaba a la
Superintendencia Nacional de Salud, que era la encargada de ordenar su publicación
46 (Carpeta 148, folios 29779 y ss, Expediente IP-010), para la aprobación de la
Asamblea General, todo de acuerdo con la normatividad vigente para esa época. En
efecto, el artículo 233 de la Ley 100 de 1993 establece: […]
Obsérvese que la Superintendencia debe ordenar la publicación si los Estados
Financieros demuestran la situación verídica de la entidad y por obvias razones, lo
obligación que le impone a sus vigilados de remitir periódicamente los Estados
Financieros se hace para tener a disposición los elementos necesarios para poder
validar dicha situación, como aquí efectivamente sucedió. Esa era la información que
tenía disponible MARIA CAROLINA LAMUS B., pues para esa época, la propia
Superintendencia Nacional de Salud ordenó la publicación de los Estados Financieros
de cada uno de los años objeto del proceso de responsabilidad fiscal. Si ello fue así
¿Por qué debería dudar de que dichos Estados financieros correspondían a la realidad
de SALUDCOOP?
iii) Adicional a lo anterior, existían otras normativas que le daban total seguridad a
MARÍA CAROLINA LAMUS, de que se estaba actuando conforme a la ley.
[…]
Conforme a lo señalado en precedencia, es evidente que la función de las EPS ha sido
organizar y garantizar la prestación de los servicios de salud del POS (ahora PBS) y
que para ello se realice con cargo a la UPC. Así deben gestionar y coordinar la oferta
de servicios de salud por 2 vías: (1) directamente, esto es realizando ella misma la
prestación de los servicios de salud (art. 156 literal k Ley 100 de 1993) o (2) contratando
con IPS externas y profesionales de la salud.
vi) (sic) El cambio de posición de la Contraloría General de la República sobre los usos
admisibles que las EPS pueden dar a la UPC y a los excedentes, conllevó un debate
que fue reconocido por la H. Corte Constitucional.
vii) Finalmente, el fallo acusado determinó el factor subjetivo - dolo o culpa grave -, con
base en que los pagos a los proveedores se hacían por fuera del término de ley. Frente
a esta postura, se debe advertir, en consonancia con lo alegado en el curso del proceso
de responsabilidad fiscal que, dicha afirmación no es correcta.
“[…] Error sobre los elementos objetivos […]”
9.39.7. Refirió que las declaraciones de terceros recibidas, en especial
quienes fungieron como superintendentes de salud, llegaron a la inequívoca
conclusión que las EPS tenían derecho a la legítima ganancia, y que los excedentes
de liquidez que quedaran de la UPC se podían utilizar para adquirir activos fijos, por
lo que era altamente probable que la parte demandante, en ese marco jurídico,
creyera que el optarse por la entidad realizar las inversiones de marras, no incurría
en una ilicitud fiscal máxime cuando lo que se buscaba, según lo afirmó
enfáticamente en su exposición libre era mejorar la prestación de los servicios de
salud.
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9.39.8. “[…] La interpretación razonable, denunciada en este acápite, aparece
en la valoración de los testimonios y exposiciones rendidos en el curso del proceso
de responsabilidad fiscal, concretamente en el desconocimiento de las reglas de la
sana crítica en el componente de las máximas de la experiencia, como de los
documentos que hemos anotado sobre los usos que las EPS pueden dar a los
recursos que reciben y sus remanentes operacionales. En efecto, si se preguntara
a una persona del mismo sector de tráfico jurídico de quien está al frente de una
EPS, es apenas obvio y del sentido común que siempre o casi siempre que se
requiere de un consejo o asesoría en ese tema se acuda a los expertos, tal y como
lo hizo SALUDCOOP. La entidad, H. Sala, no buscó consejo en su auxiliar
administrativo, en su secretaría o en su conductor. Acudió al concepto calificado de
un ex magistrado de la Corte Constitucional, y la íntima convicción sobre la legalidad
de las erogaciones eran tan evidentes que incluso fueron públicas, y por demás era
el criterio imperante hace catorce (14) años, es decir para el período comprendido
1998 y 2010. […]”
9.39.9. Concluyó que en el caso sub examine, hubo una interpretación
razonable generadora de culpa leve, que por definición excluye el dolo o una culpa
grave, toda vez que era altamente probable o generar duda del presunto actuar
gravemente culposo de la parte demandante, razón por la cual la única solución al
caso concreto era un fallo sin responsabilidad fiscal.
“[…] CARGO 8. INDEBIDA VALORACIÓN DE LA CONDUCTA COMO NEXO
CAUSAL FRENTE AL SUPUESTO DAÑO FISCAL […]”
9.40. Adujo que el daño fiscal contenido en el acto acusado no es consecuencia
de los actos imputados a la parte demandante, puesto que no hay una relación
determinante y condicionante entre la su conducta y el supuesto daño fiscal, por lo
que el a quo al resolver este cargo planteado en la demanda indica que la actuación
de la demandante si fue determinante y contribuyó de manera directa a la
generación, para lo cual se limita a transcribir el fallo acusado. Finaliza indicando
que de no haber mediado las actuaciones y omisiones de la demandante no se
habría generado el detrimento de los recursos parafiscales de la salud, sin aplicar
algún de test de eliminación o de aptitud que le permita sustentar tal consideración.
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9.41. Las pruebas dan cuenta de las condiciones que debe acreditar, - conforme a
la jurisprudencia - el nexo causal, esto es, que debe ser próximo, determinante y
adecuado y omitir aplicar en debida forma el principio de causalidad adecuada en
la valoración que se hizo de la conducta de la actora. La falsa motivación se concretó
por prescindir, el fallo acusado, de valorar hechos demostrados en el proceso IP-
010 y dar por cierto un nexo causal que no es determinante entre las conductas de
la actora en su condición de Vicepresidente, y ese supuesto daño.
9.42. Con el contenido de las mismas actas del Consejo de Administración se
verifica que la conducta de la actora, cuando estuvo como Vicepresidente, no fue
eficiente ni determinante del supuesto daño fiscal. Precisó que:
“[…] Lo determinante fueron las decisiones de quienes tenían la competencia y
potestad para ello. Los asistentes que no deciden - en una junta directiva - no son
relevantes, toda vez que no tienen la competencia y potestad para disponer. La falta
de capacidad de disposición conlleva que su conducta no es significativa ni la directa
e inmediata para la ocurrencia del daño. La presencia como funcionario de la
empresa en tales reuniones no fue la causa jurídicamente relevante que dio lugar al
supuesto daño. Este solo se podía producir y generar en el ámbito del ejercicio de
las funciones del Consejo de Administración, siendo este el único órgano junto con
la Presidencia Ejecutiva quienes tenían la dirección, orientación, coordinación y
control del funcionamiento de SaludCoop. […]”
9.43. Respecto al período de tiempo de 26 de abril de 2005 al 30 de enero de 2007,
en que tuvo la condición de miembro del Consejo de Administración, el aprobar un
Estado Financiero no es factor determinante y eficiente para que produzca el daño
fiscal. Este tiene lugar cuando se materializa el pago o salida de dinero por la
adquisición de los activos hospitalarios, cuando se suscriben los contratos
respectivos de las erogaciones cuestionados o se materializa su pago.
9.44. El acto acusado incurre en falsa motivación al valorar la conducta de la parte
demandante como Vicepresidente, y desconocer que no guardó una relación
eficiente con el supuesto detrimento patrimonial que establece, toda vez que lo
probado acreditó que las decisiones y el poder de mando y dirección de la EPS
estuvo concentrada en la Presidencia Ejecutiva sin que fuere determinante y
condicionante causa - efecto la conducta de la actora y el supuesto daño fiscal, y en
especial por cuanto:
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“[…]
(i) Pese a que la actora estuvo presente en la mayoría de las reuniones del
Consejo de Administración, lo cierto es que como Vicepresidente no votó ni
adoptó ninguna decisión. La capacidad decisoria estaba en los miembros del
Consejo de Administración.
(ii) No se demostró la existencia de un acto que de manera expresa hubiere
determinado que las decisiones del Consejo de Administración dependían
del visto bueno o concepto favorable de la actora como Vicepresidente. Es
decir que la autonomía del Consejo de Administración no estaba sujeta a
algún acto de alguno de los vicepresidentes de la EPS.
(iii) Según las actas, lo que se observa es la intervención activa y decisiva de
quien era el Presidente Ejecutivo de la organización. Era este quien proponía
y defendía los proyectos de inversión e infraestructura hospitalaria, como los
gastos cuestionados.
(iv) Es claro que las funciones de ordenación de gasto estaban en el Presidente
Ejecutivo y fue este quien las ejecutó y ejerció directamente. Que no los
delegó en la actora. Prueba de ello son los contratos en los que no hay firma
ni intervención de la actora.
(v) No está comprobado, ni podía desprenderse del solo ejercicio del cargo
como Vicepresidente, que era este quien ejecutaba los gastos y erogaciones
autorizadas por el Consejo de Administración, toda vez que tal atribución era
del Presidente Ejecutivo y materializado por el outsourcing contable
Procesos y Transacciones P&T, quien tenía las funciones operativas de
Tesorería, Contabilidad y Nómina. Eran estas las dependencias que
ejecutaban los gastos y erogaciones ordenados por la Presidencia Ejecutiva
y derivadas del marco presupuestal autorizado por el Consejo de
Administración, sin necesitar de convalidación de alguna vicepresidencia.
[…]”
“[…] CARGO 9. IMPROCEDENCIA DE LA SOLIDARIDAD […]”
9.45. El tribunal, en la sentencia proferida en primera instancia, desconoce lo
dispuesto en el artículo 2344 del Código Civil, y mantiene la procedencia de la
solidaridad frente a la parte demandante a pesar de considerar que su conducta no
concurrió en la totalidad del espacio temporal comprendido entre 1998 y 2010, pero
pasa por alto que no hay unidad de objeto frente a la obligación de resarcimiento
que impone el acto acusado. Al estar demostrado que la actora solo tuvo la
condición de miembro de Consejo de Administración entre abril 26 de 2005 y enero
30 de 2007 y como Vicepresidente entre octubre 25 del 2005 y febrero 2 del 2012,
la cuantía inicial de su responsabilidad debía reducirse al daño que se concretó en
el período de tiempo como miembro de Consejo.
9.46. “[…] Tampoco es aplicable el artículo 119 de la Ley 1474 de 2011, en tanto,
los hechos ocurrieron con anterioridad a su vigencia. De aplicarla, conlleva su
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aplicación retroactiva, violatorio del artículo 29 de la Constitución Nacional. Esta
disposición de la ley 1474 de 2011 es una norma sustancial y no procedimental que
no es preexistente a los hechos objeto del proceso de responsabilidad fiscal IP-010.
[…] No resulta procedente el artículo 24 de la Ley 222 de 1995 que contempla la
responsabilidad solidaria respecto de los administradores de las organizaciones
sociales. La Sentencia del H. Tribunal, en una aplicación indebida desconoce que
la responsabilidad de los administradores por sus actos u omisiones no puede
ampliarse a la persona jurídica, por ser una entidad diferente de sus administradores
y esta norma sancionatoria es expresa en restringir esa solidaridad entre los
administradores sin que se extienda a la sociedad o ente jurídico. En el presente
caso como la persona jurídica de SALUDCOOP también fue declarada responsable
fiscal, excluye una solidaridad impuesta con apoyo en la referida norma de la Ley
222. […]”
9.47. La sentencia limita la responsabilidad de la parte demandante al período en
que tuvo la condición de miembro del Consejo de Administración y Vicepresidente,
pero no resulta coherente al hacerla responsable fiscal por todo el año 2005,
desconociendo que tal condición solo la adquirió desde Abril 26 de dicho año. “[…]
Resulta exorbitante que el cálculo del daño a su cargo se le agregue la fracción
entre Enero 1 del 2005 y Abril 26 del 2005. No hay sustento legal ni constitucional
imponer una responsabilidad que no es consecuente con los periodos por los cuales
se dice ejerció gestión fiscal. Si el acto acusado no tiene el cuidado de precisar con
certeza el daño entre las específicas fechas en que se considera se tuvo la condición
de gestor fiscal, ello no puede llevar a que la judicatura extienda la responsabilidad
a todo un año completo desconociendo el exacto período de tiempo como gestor
fiscal. […]”
Actuación en segunda instancia
Admisión del recurso
10. El Despacho sustanciador, mediante providencia de 7 de octubre de 2024
admitió el recurso de apelación.6
6 Cfr. Índice del aplicativo web SAMAI. “22Autoqueadmite_20140142201ADMITERFp(.pdf) NroActua 4”
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
11. La Sala procederá al estudio de: i) la competencia de la Sala; ii) los actos
administrativos acusados; iii) los problemas jurídicos; iv) el marco normativo sobre
el régimen de responsabilidad fiscal; v) el acervo probatorio; y vi) análisis del caso
concreto.
Competencia de la Sala
12. Vistos el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo sobre la competencia del Consejo de Estado, en
segunda instancia; y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 7,
expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de
Estado es competente para conocer del presente asunto, en segunda instancia.
13. Agotados los procedimientos inherentes a la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, sin que se observe causal de nulidad que pueda
invalidar lo actuado, la Sala procederá a examinar las argumentaciones expuestas
por la parte demandante en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia
proferida el 30 de mayo de 2024 por la Subsección B de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Actos administrativos acusados
14. Los actos administrativos acusados son los siguientes8:
14.1. El fallo con responsabilidad fiscal núm. 001890 de 13 de noviembre de 2013,
“[…] POR MEDIO DEL CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
DENTRO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL IP 010 DE 2011 […]”:
“[…] 5.4. Del caso concreto
5.4.1. De la calidad de los recursos involucrados
7 “[…] Reglamento interno del Consejo de Estado […]”.
8 Se procede a transcribir la parte resolutiva, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los
cargos.
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Este Despacho entra a presentar los argumentos de autoridad que le permiten
calificar los ingresos recibidos por la empresa cooperativa SALUDCOOP EPS O.C.
por concepto de UPC, copagos, cuotas moderadoras, sanciones por inasistencia,
recobros NO POS y recobros ARP – ARL, (Administradora de Riesgos Profesionales
– Laborales), así como sus rendimientos financieros, como recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud de naturaleza parafiscal que no pueden
incorporarse a su patrimonio ni confundirse con sus propias rentas ni bienes. Para
el efecto, se explica la naturaleza de las EPS y de los ingresos que se consideran
de naturaleza parafiscal, así como los costos en salud y gastos administrativos que
se les permite imputar a dichos recursos públicos. Finalmente, teniendo en cuenta
que el ordenamiento jurídico prevé que las EPS generen ingresos propios, se
expondrá el régimen especial de gastos administrativos, operaciones de financiación
y de inversiones que solamente se puede financiar con cargo a estos recursos y no
contra los recursos del Sistema.
[…] Sin embargo, lo que se evidencia en el acervo probatorio del presente proceso
es que la empresa cooperativa SALUDCOOP EPS O.C. no solo desvió los recursos
del SGSSS para realizar gastos administrativos sin relación de causalidad con el
gasto médico así como actividades de inversión y financiación no autorizadas, sino
que con esta práctica sistemática entró en mora en el pago de las cuentas con los
proveedores de servicios de salud diferentes a su red propia, apalancándose en
estos proveedores de manera injustificada postergando el cumplimiento de sus
obligaciones con el SGSSS con cuentas por pagar mayores a 30 días, 60, 90, 180
y más de 360 días, con el propósito de financiar con cargo al flujo de efectivo que le
proporciona el mismo Sistema aquellos gastos e inversiones no autorizadas y que
desvían dichos recursos públicos del ciclo y la destinación específica que deben
cumplir. Con dicha práctica, la EPS no solo produce un daño fiscal configurado
con el uso indebido o desvío de los recursos del SGSSS en beneficio o
provecho privado de la propia EPS directamente o a través de sus
subordinadas, y de terceros, sino que pone en riesgo la liquidez y
sostenibilidad financiera del Sistema en su conjunto.
[…] Se presenta una primera tabla (tabla No.1) en la cual se detallan las actividades
de operación en los ingresos y egresos de efectivo durante el periodo que es anual.
Para efectos del análisis, dichos ingresos se clasifican en: Parafiscales (por
concepto de UPC, copagos, cuotas moderadoras, sanción por inasistencia, recobros
NO POS, recobros ARP, superávit fondo incapacidades, aprobación rendimientos
financieros cuentas recaudadoras cotizaciones, deudores proceso compensación y
Fondo Alto costo resolución 4918 – 2009) y no parafiscales (por concepto de
duplicados de carnés, atención a particulares, recobros SOAT y recaudo cartera
otros ingresos); siendo estos últimos los que este Despacho califica como recursos
propios generados en la operación.
A reglón seguido, las salidas de efectivo (egresos) con cargo a los recursos del
SGSSS incluyen tanto el efectivo pagado a los prestadores del servicio de salud,
como los gastos administrativos que guardan relación de causalidad con el objeto
social principal de la EPS Saludcoop OC, que es el aseguramiento en salud que se
muestran en la tabla No. 1, como egresos parafiscales.
De igual manera se discriminan los egresos o salidas de efectivo, que no guardan
relación de causalidad y que deben ser financiados exclusivamente con recursos
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propios, para lo cual se toma la información directamente de los libros auxiliares de
SaludCoop Eps Oc, a saber:
1) Remodelaciones: Este rubro contiene el desvío de recursos consistente en
aquellas erogaciones para financiar adecuaciones físicas y remodelaciones en
clínicas de la red propia, que deben financiarse con los ingresos que genere de
manera autónoma la operación de dicha red.
2) Proyectos: Esta cuenta contiene el desvío de los recursos que se inyectaron a los
proyectos de infraestructura hospitalaria que deben financiarse con los ingresos que
genere de manera autónoma la operación de dicha red.
3) Mejoras en Propiedad Ajena: Contiene los gastos generados en las
remodelaciones de clínicas de terceros a título de arriendo que deben financiarse
con los ingresos que genere de manera autónoma la operación de dicha red.
4) Patrocinios (Copa Nacional SaludCoop, Copa Internacional, Torneos de Golf,
Patrocinio Club Deportivo y Patrocinio Liga de Baloncesto de Bogotá, entre otros):
Estas cuentas registran los gastos relacionados con patrocinios a eventos
deportivos que no guardaban relación de causalidad con la prestación del servicio
de salud a los afiliados, ya que el patrocinio económico de dichos eventos deportivos
implicaba un gasto cuyo propósito era fortalecer un nombre comercial o marca que
acrecentara exclusivamente el valor patrimonial de la empresa Cooperativa
SaludCoop EPS.
5) Lencería para Clínicas: Este rubro contiene el desvío de recursos por erogaciones
relacionadas con la dotación de las clínicas de la red propia que deben financiarse
con los ingresos que genere de manera autónoma la operación de dicha red.
6) Bonificaciones: Este rubro contiene el desvío de aquellas erogaciones pagadas a
la Alta Gerencia autorizadas por el Consejo de Administración que deben financiarse
con los ingresos propios que generen en sus actividades o con los excedentes o
beneficio neto que generen en la operación.
7) Honorarios de Abogados: Este rubro contiene el desvío de recursos que se
registran como gastos por concepto de asesoría jurídica para la prestación de
servicios profesionales no relacionadas con las actividades de aseguramiento en
salud, tales como atención de tutelas en salud, reclamaciones de recobros ante las
ARP y FOSYGA, etc…, para lo cual constituyó a la Subordinada Jurisalud y no para
pagos de honorarios por defensa penal, disciplinaria o fiscal de los administradores
de la EPS o para la representación de los intereses judiciales o extrajudiciales de
los intereses comerciales o corporativos de la EPS y tampoco de sus prestadoras y
demás empresas subordinadas.
8) Arrendamientos: Este rubro contiene el desvío de recursos de aquellas
erogaciones relacionadas con los contratos de arrendamiento de clínicas que deben
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financiarse con los ingresos que genere de manera autónoma la operación de dicha
red.
9) Gastos de Viaje: Este rubro contiene el desvío de recursos en que se registran
los gastos por concepto de transporte y hospedaje de directivos y familiares a
destinos nacionales e internacionales para eventos sin ninguna relación de
causalidad con la garantía de prestación de los servicios de salud incluidos en el
POS en beneficio de los afiliados al SGSSS.
10) Donaciones: Este rubro contiene el desvío de los recursos para la entrega de
efectivo a título gratuito que debieron financiarse con recursos propios excedentes
del beneficio neto.
Los gastos de remodelación, mejoras y patrocinios se encuentran registrados
contablemente como diferidos, es decir, que compromete el valor pagado en forma
anticipada por el ente económico a terceros por dichos conceptos y que luego son
objeto de amortización o extinción gradual correspondiente a las alícuotas
mensuales resultantes en el plazo pactado en el respetivo contrato de
arrendamiento.
[…] Esta tabla 2, que detalla los ingresos y egresos generados en las actividades de
financiación, se discriminan en primer lugar, los ingresos generados del SGSSS que
tienen como propósito cubrir exclusivamente déficits de tesorería ocasionados en el
proceso de compensación para la atención de obligaciones con proveedores de
servicios de salud y gastos administrativos que tengan relación de causalidad con
gasto médico.
En segundo lugar, se discriminan otras actividades de financiación las cuales se
consideran generadoras de recursos propios, tales como: Operaciones con
subordinadas, operaciones de leasing para la adquisición de equipos médico -
científicos, préstamos a largo plazo para financiación de infraestructura y por
concepto de recaudo de aportes sociales.
En relación con los egresos o salida de efectivo dentro de la actividad de
financiación, se presentan los pagos de préstamos a corto plazo que se aceptan con
cargo a recursos del SGSSS, siempre y cuando correspondan a operaciones
destinadas a cubrir déficits de tesorería ocasionados en el proceso de
compensación para la atención de obligaciones con proveedores del servicio de
salud y gastos administrativos que guarden relación de causalidad con el gasto
médico.
También se presentan los egresos en las actividades de financiación que de ninguna
manera se admite que puedan efectuarse con cargo a los recursos del SGSSS y
deben pagarse con recursos propios, tales como: amortización de leasing (para
adquisición de equipos médico-científicos para beneficio de las instituciones que
conforman su red propia), pagos de préstamos a largo plazo y pago de intereses por
obligaciones financieras, incluidos intereses de mora y sobregiros no relacionados
con la garantía de la prestación de los servicios incluidos en el POS y el gasto
administrativo que guarde relación de causalidad con el gasto médico.
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Por lo tanto, no se admite que se paguen por parte de SALUDCOOP EPS OC. , con
cargo a recursos del SGSSS las siguientes actividades de financiación:
1) Amortización de Leasing: Este rubro contiene el desvío de recursos para la
financiación de la adquisición o arrendamiento financiero de equipo médico científico
y otros activos destinados a la prestación directa de servicios de salud por parte de
la red propia de la EPS. Estos costos financieros sólo son admisibles con cargo a
los recursos propios que generen estas unidades de negocio subordinadas
atendiendo a la autonomía financiera y administrativa que la ley le impone a la EPS.
2) Pago de intereses por obligaciones financieras, intereses de mora y sobregiros:
Este rubro contiene el desvío de recursos para el pago de los costos de financiación
de créditos de corto plazo que no están destinados a cubrir déficits de tesorería
originados en los procesos de compensación para el pago de obligaciones con
proveedores de servicios de salud y los gastos administrativos que guardan relación
de causalidad con el gasto médico. El Despacho le da el mismo tratamiento al pago
de intereses de mora causados y al cubrimiento de sobregiros originados en
operaciones financieras que no guardan ninguna relación con la garantía de la
prestación de los servicios de salud incluidos en el POS ni con el gasto
administrativo que guarda relación de causalidad con este gasto médico.
3) Pago de Préstamos de Largo Plazo: Este rubro contiene el desvío de recursos
para el pago de los costos de financiación de créditos de largo plazo que
corresponden a aquellos destinados a financiar construcción de infraestructura y
otras actividades que no guardan relación con el aseguramiento en salud y que por
la naturaleza de estos créditos tienen el propósito de financiar precisamente
aquellas actividades que exceden el objeto principal definido por la ley para una
EPS., como la construcción de clínicas y otro tipo de infraestructura que fortalece es
el patrimonio de la EPS en detrimento de los recursos que debe financiar el SGSSS.
4) Devolución Aportes Sociales. Este rubro refiere el desvío por egresos que como
consecuencia del retiro periódico de asociados se deba al interior de la EPS con
cargo a los recursos del SGSSS.
[…] Se tiene una tercera tabla (Tabla No 3), que describe los ingresos y egresos
originados por la EPS en las actividades de inversión. En primer término, se
discriminan los ingresos producto de la redención de inversiones temporales
(inversiones inferiores a un año que se registran como equivalente de efectivo, tales
como CDT, CDAT que están directamente relacionadas con las actividades propias
del aseguramiento y que están autorizadas por la ley y el reglamento.
En segundo lugar, se presentan los ingresos producto de la venta de inversiones,
propiedad, planta y equipo e intangible.
Así mismo se discrimina el efectivo generado por la venta o redención de las
inversiones que se debieron realizar con recursos propios, tales como ingresos por
intereses de inversiones a corto plazo, recaudos propios, tales como ingresos por
intereses de inversiones a corto plazo, recaudos producto de la venta de inversiones
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temporales, venta de propiedad planta y equipo, venta de intangibles y de
inversiones permanentes.
[…] Asimismo, se relacionan los conceptos que reflejan el efectivo usado en
actividades de inversión que debieron realizase con recursos propios, así:
1) Adquisición o construcción de Inmuebles. En este rubro se agrupa la compra de
inmuebles para clínicas, lotes y construcciones sobre los mismos, bienes y
construcciones que debían ser asumidas con recursos propios, pero que según
demuestran los estados financieros se realizaron con cargo a los recursos del
SGSSS.
[…] 2) Adquisición de Equipo Médico Científico. Corresponde a las compras de
equipos para dotar las clínicas adquiridas o construidas por SaludCoop EPS, que si
bien eran utilizados en la prestación de servicios de salud a cargo de las Red Propia,
debieron ser adquiridas con recursos propios y no con los recursos del SGSSS,
como lo evidencian los registros analizados.
3) Otras Adquisiciones de Propiedad Planta y Equipo. En este rubro fue analizada
la adquisición de otros bienes destinados no solo a la dotación de clínicas, sino a
fines diversos; como ejemplo de ello se cita la compra de Baldosas de lujo en la
República de China, esto atendido con recursos del SGSSS.
4) Adquisición de Propiedades por la modalidad de Leasing o arrendamiento
financiero: En este rubro se registran los valores de los egresos por concepto de
adquisición de activos como equipos médico-científicos por la modalidad de
arrendamiento financiero o leasing que se lleva a cabo mediante las entidades
financieras debidamente autorizadas para el efecto como sociedades de
financiamiento comercial. La empresa cooperativa SALUDCOOP EPS O.C. realizó
operaciones de leasing durante el período analizado para la adquisición de dichos
equipos con destino a las unidades de negocio y subordinadas para ser utilizados e
incorporados al costo de los servicios de salud que ellas prestan a los usuarios del
SGSSS y, por lo tanto, el costo financiero del arrendamiento o adquisición bajo esta
modalidad debió atenderse con recursos propios. En este sentido, la amortización
de estas operaciones de arrendamiento financiero corresponden a la alícuota
establecida como resultado de aplicar los índices variables de conformidad con la
fórmula considerada en los respectivos contratos de leasing y deben financiarse con
recursos propios.
5) Adquisición de Crédito Mercantil en Inversiones Permanentes. Se entiende por
Crédito Mercantil formado, a la luz de la doctrina contable y financiera, el activo
intangible que corresponde a la estimación de futuras ganancias en exceso de la
expectativa normal, o a la estimación de la valoración anticipada de la potencialidad
del sobre el valor en libros en la compra de acciones o cuotas partes de interés
social de un ente económico activo, en el caso que la EPS inversionistas adquiera
el control sobre el mismo.
No es procedente el registro de un crédito mercantil negativo en la adquisición de
una subordinada. En este orden de ideas, el registro de un crédito mercantil aplica
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exclusivamente en el evento en que se pague un monto adicional sobre el valor en
libros de la inversión efectuada, siempre que en el caso específico se presenten los
presupuestos de control señalados.
[…] 6) Inversiones Permanentes. Este rubro contiene los títulos valores y demás
documentos respecto de los cuales SaludCoop EPS, en calidad de inversionista
tiene el serio propósito de mantenerlas hasta la fecha de su vencimiento, de su plazo
de maduración o redención, cuando fuere el caso, o de mantenerlas de manera
indefinida cuando no estuvieren sometidas a término. En este último caso, para
poder catalogar una inversión como permanente, ésta debe permanecer en poder
del mismo inversionista cuando menos durante tres años calendario, contados a
partir de la fecha de su adquisición, sin perjuicio de clasificarla como tal desde esa
misma fecha. Se reitera como se indicó en párrafos precedentes que estas
inversiones debían atenderse con recursos diferentes a los provenientes del
SGSSS.
7) Adquisición y Capitalización de Ciudadela Salud. Del análisis de las pruebas
allegadas al proceso se encontró una serie de documentos (fl. 23196 a 23231) que
dan cuenta de graves situaciones irregulares a través de las cuales se canalizaron
recursos con el objeto de capitalizar el Proyecto denominado "Ciudadela Salud" que
según los mismos, ascendieron a $30.285.514.457,00 (fl. 23208); entre las
operaciones identificadas, se tiene compraventa de Acciones por valor $7.560
millones; desembolsos a título de pago a proveedores (costo directamente asociado
a la prestación del servicio de salud) por valor de $2.110.718.824; desembolsos a
través de la Fiduciaria Corficolombiana a título de préstamos a favor de Ciudadela
Salud por valor de $8.406.645.975; adquisición créditos a corto plazo pero
destinados a favor del mencionado proyecto por valor de $10.947.049.868.
De estos documentos llama la atención aquel obrante a folio 23196 correspondiente
a una factura fechada 13 de abril de 2010, por valor de $15.164.608.887 que según
el concepto, lejos de importar el cobro de un bien o servicio lo que indica es que se
trata de un "reembolso convenio asistencia técnica" a favor de Ciudadela Salud. El
representante legal de Ciudadela Salud señor Tito Arcadio Perilla Cepeda, emite
documento a través del cual reclama por el contenido de la factura de venta No.
PCSC-I, argumentando que no cumple con los requisitos establecidos por Código
de Comercio y el Estatuto Tributario.
En atención a la descripción o concepto por el cual supuestamente fue expedida la
referida factura esto es "reembolso convenio asistencia técnica y pago de intereses
del mismo convenio", así como la existencia en los diferentes proyectos de
presupuesto en los cuales se incluyeron de manera permanente dentro del título
Gastos operacionales de Administración, concepto honorarios y componente
"Asistencia Técnica", recursos por un monto de $41.523.475.971,00 […]
Así mismo, de la información exógena reportada por la referida EPS a la
Administración de Impuestos Nacionales, se evidenciaron pagos declarados a favor
de terceros por concepto de asistencia técnica.
Como consecuencia de lo anterior se evidencian serios indicios de la probable
existencia de otros desvíos de recursos, se considera pertinente dar traslado con el
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fin de abrir una investigación fiscal por este concepto, para establecer si fueron
sufragados con cargo a recursos del SGSSS.
8) Efectivo usado en aportes corporaciones: Corresponde al efectivo entregado por
la empresa cooperativa SALUDCOOP EPS O.C. por concepto de inversiones
realizadas en otras entidades cuya naturaleza jurídica corresponde al sector
cooperativo.
9) Efectivo usado en Contratos de Promesas de Compraventa de Clínicas, Se
observa en el expediente a folios 7973 a 8066, celebración de promesas de
compraventa que revelan operaciones comerciales con inclusión del pago de
arriendos entre otros, que generaron obligaciones a cargo de SaludCoop. Todo lo
anterior con cargo a los recursos del SGSSS.
Por lo anterior, el monto del daño endilgado corresponde al valor pagado por
concepto de cuotas amortizadas, correspondientes a los contratos de promesa de
compraventa de clínicas e inmuebles destinados a la prestación directa de servicios
de salud, de propiedad de Construclínicas y otros.
Se observa que las anteriores operaciones, son mecanismos que buscaban crear
títulos de deuda legales que a la postre sirvieran de instrumento para desviar
recursos del Sistema, no sólo para acrecer a largo plazo (12 años) el patrimonio de
la EPS, como también para ganar la depreciación, haciendo la precisión que
respecto de la depreciación esta no se puede predicar de SaludCoop, pues es claro
que solo puede predicarse del dueño del bien, que para el caso concreto sería
Construclinicas, dueña de la mayoría de las clínicas en las que opera Saludcoop, ya
que como se señala en los contratos de promesa de compraventa, Saludcoop un
mero tenedor del bien prometido, y no como lo pretende hacer, como recursos
propios, ver el apoderado Ortíz Gutiérrez en sus argumentos de defensa, Como
ilustración de esta actividad se tiene el caso de la adquisición de las Clínicas de
Neiva, Tunja y Materno Infantil de Bogotá.
[…] DAÑO CONSOLIDADO
Para los tres primeros años (1995, 1996 y 1997) y luego de analizado el material
probatorio, no se evidenciaron hechos generados de daño, por lo tanto, estos
no se toman ni valoran dentro de la determinación del mismo. Por tal motivo en
el caso concreto, se parte desde el año 1998 donde inician las prácticas que
generan de manera continua, ininterrumpida y bajo un mismo hilo conductor
el desvío a lo largo de los años de los recursos parafiscales y que hoy no han
retornado a los flujos del sistema.
• SECUENCIA ANUAL DEL DAÑO FISCAL –
Período 1998 a 2001. Para los tres primeros años (1995, 1996 y 1997) y luego de
analizado el material probatorio, no se evidenciaron hechos generadores de daño,
por lo tanto, estos no se toman ni valoran dentro de la determinación del mismo. Por
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tal motivo en el caso concreto, se parte desde el año 1998 donde se inician las
prácticas que generan de manera continua, ininterrumpida y bajo un mismo
hilo conductor el desvío a lo largo de los años de los recursos parafiscales y
que hoy no hay retorno a los flujos del Sistema.
[…] Para el período comprendido entre 1998 y 2010, el daño fiscal asciende a
la suma total de UN BILLÓN CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL SEISCIENTOS
VEINTE PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS MONEDA CORRIENTE
($1.053.352.140.620, 61 /Cte), suma que indexada a octubre 31 de octubre de
2013 asciende a UN BILLÓN CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO
SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
SETENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS
($1.421.178.399.072,78).
Así las cosas y de conformidad con lo expresado en párrafos anteriores se tiene que
el valor del daño sin indexar asciende a la suma de $1.053.352.140,629,61 (un billón
cincuenta y tres mil trescientos cincuenta y dos millones ciento cuarenta mil
seiscientos veinte pesos con sesenta y un centavos), así:
[…]
Administración de Saludcoop
Ahora bien, como se ha señalado están llamados a responder fiscalmente las
personas que en cumplimiento de funciones y roles estatutario y legal a cargo
de la EPS, intervienen en una relación próxima y necesaria con la gestión y en
desarrollo de lo cual generen o contribuyan a generar el daño fiscal. En efecto,
de conformidad con el artículo 1 de la Ley 610 de 2000, el daño que da lugar a la
responsabilidad fiscal es aquel que se causa “en el ejercicio de la gestión fiscal o
con ocasión de esta”, así mismo, dispone el artículo 6º de la misma obra que el daño
fiscal “podrá ocasionarse por acción u omisión de servidores públicos o por la
persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa
produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público”. Sujetos
a partir de una relación jurídica funcional, ingresan al ámbito de las actividades
económicas, jurídicas y tecnológicas que delimitan la gestión fiscal.
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[…] Con fundamento en lo anterior, no es posible sostener que por virtud de las
calidades especiales que el Estado les exige a las EPS para habilitarlas
jurídicamente en el ejercicio de las atribuciones delegadas en la Ley 100 de 1993,
resulten excluidas de las responsabilidades de la gestión fiscal y disposición de los
recursos públicos, las personas naturales que ejercen la administración de dichas
empresas, pues es justamente a través de dichas personas naturales como actúan
estas empresas.
Son titulares de estos mecanismos los que no solamente comprometen
con sus determinaciones la voluntad y responsabilidad fiscal de la
misma EPS, sino que, al adoptar decisiones que puede afectar la
adecuada administración de los mismos, también están llamados a
responder por los daños que generen o que contribuyan a generar en el
ejercicio de sus deberes funcionales relacionados con el destino final
que se les dé a los citados recursos
[…]
DIRECTIVOS DE SALUDCOOP EPS O.C.
[…]
MARÍA CAROLINA LAMUS BECERRA.
De conformidad con el auto de imputaciones, se le endilga a la Señora María
Carolina Lamus Becerra, en su calidad de Directivo de SaludCoop EPS OC., en los
cargos de VicePresidente Administrativa entre Octubre del 2005 y febrero de 2012;
y, como miembro del Consejo de Administración para el periodo 2005-2006, en cuyo
ejercicio, intervino en los hechos objeto del proceso que nos ocupa.
A folio 22737 a 22757 se acredita que la Señora Lamus Becerra fue miembro del
Consejo de Administración, para los años 2005 y 2006.
A folio 25917 figura que la Señora María Carolina Lamus Becerra, identificada con
cédula de ciudadanía No. 41.789.782, laboró en la empresa SaludCoop EPS OC.,
desde el día 17 de Enero de 2000 hasta el día 2 de Febrero de 2012. Que dentro de
los cargos ejerció el cargo de VicePresidente Administrativa desde el 24 de octubre
de 2005 al 02 de Febrero de 2012.
En su condición de miembro el Consejo de Administración
Dado que como Directivo, la Señora María Carolina Lamus Becerra, ocupó
inicialmente el cargo de integrante del Consejo de Administración, durante 2005
2006, se procede a estudiar su actuación e intervención en los hechos que se
debaten.
Al analizar las funciones a cargo de dicho Consejo de Administración, conforme obra
a folios 22733, se destacan, entre otras:
✓ Expedir normas para la organización y dirección de SaludCoop EPS OC.
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✓ Reglamentar los diferentes servicios y adoptar la estructura de las tarifas que han
de comprarse.
✓ Determinar la cuantía de las atribuciones permanentes del Presidente Ejecutivo
para celebrar operaciones.
✓ Autorizar al Presidente Ejecutivo en cada caso para llevar a cabo operaciones que
excedan dicha cuantía y facultarlo para adquirir, enajenar o gravar inmuebles.
✓ Examinar los informes del Presidente Ejecutivo, el revisor fiscal y la junta de
Vigilancia y pronunciarse sobre ellos. ✓ La de aprobar o improbar los estados
financieros que se sometan a su consideración.
✓ Estudiar y aprobar el proyecto de presupuesto económico que le someta la
Presidencia Ejecutiva y velar por su adecuada ejecución.
✓ Rendir información a la Asamblea General sobre las labores realizadas en el
ejercicio y presentar un proyecto de destinación de excedentes.
Como puede apreciarse el Consejo de Administración de SALUDCOOP EPS OC.,
ha tenido a su cargo el conocimiento, la discusión, el discernimiento de todas las
operaciones que manifestadas en inversiones y en adquisiciones con recursos
parafiscales del sistema de seguridad social en salud, acrecentaron el patrimonio y
los intereses económicos de la EPS y de sus empresas vinculadas.
Así, en la aprobación o improbación de los Estados Financieros de cada ejercicio,
los miembros del Consejo de Administración fueron conscientes de todas las
transacciones, movimientos y cambios en los activos y pasivos de la empresa; y,
por tanto, estuvieron en toda la capacidad y posibilidad de acceder y conocer los
pormenores de los actos de comercio y otro tipo de transacciones que sirvieron para
el desvío de los recursos parafiscales en beneficio privado de la empresa y de sus
vinculadas. Venir a estas alturas a sostener que en la imputación debla identificarse
uno a uno los actos de comercio, como si todas las operaciones por mandato de la
ley no debieran estar reflejadas a cabalidad en unos estados financieros que fueron
debidamente dictaminados, no solo resulta desatinado sino consiste en un
argumento contrario a los deberes legales y estatutarios de los miembros del
Consejo de Administración, de la propia EPS y de sus directivos.
Por otra parte, con la función atinente a estudiar y adoptar el presupuesto para cada
ejercicio, los miembros del Consejo de Administración, en el ejercicio de sus deberes
funcionales, tuvieron toda la posibilidad de dirimir y discernir partida por partida,
rubro por rubro, proyecto por proyecto; y por consiguiente, de saber a ciencia cierta
si el destino que la Presidencia Ejecutiva y los vicePresidente s le daban a los
recursos parafiscales a cargo de SALUDCOOP EPS OC., se adecuaban o no se
adecuaban a los mandatos y destinos impuestos por la Constitución y la ley.
En relación, con las funciones que hemos destacado, se aprecia que por virtud de
sus deberes estatutarios y legales los miembros del Consejo de Administración si
tuvieron la capacidad de conocer las operaciones que confluyeron al daño fiscal que
se acredita en el proceso que nos ocupa, todos sus pormenores. Tanto en los
perfiles de los negocios en que se concretaron, como en el reflejo de las mismas en
la situación financiera de la empresa. En tal sentido, puede inferirse que en el
periodo que es objeto de pronunciamiento en el proceso que nos ocupa el Consejo
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de Administración intervino de manera directa y activa, en las determinaciones que
reflejadas en los estados financieros y en los presupuestos de la empresa, se
tradujeron en el desvío y apropiación de recursos públicos, que se ha acreditado de
la manera como ha quedado descrito en el acápite concerniente al daño.
La intervención de los miembros del Consejo de Administración y el marco de sus
atribuciones también permite inferir que si tenían capacidad de determinar la
disposición de los recursos públicos que administraba la EPS y, por consiguiente,
que sus actuaciones se desarrollaron y concretaron en el ámbito de la gestión fiscal
bien a través de actuaciones concurrentes y bien, a través de determinaciones que
contribuyeron a la consolidación del daño.
consolidación del daño.
Así las cosas, es indubitable que entre la gestión atribuida a los miembros del
Consejo de administración, por virtud de la habilitación jurídica a la EPS que
regentaba, en el marco de la Ley 100 de 1993 y el daño acreditado en el proceso
que nos ocupa, existe un directo nexo de causalidad puesto que fue por virtud del
ejercicio de las funciones como miembros del Consejo de administración quienes
intervinieron y contribuyeron a la destinación y apropiación indebida con pérdida y
menoscabo del patrimonio público. Sin dicha participación del Consejo de
administración, SALUDCOOP no hubiera estado en condiciones de generar el daño
fiscal que se le atribuye pues como fluye de la valoración probatoria, todas las
operaciones que han sido objeto de imputación se desarrollaron como consecuencia
de las decisiones tomadas entre otros, por los miembros del Consejo de
administración.
Para el caso de la Señora Lamus, como directivo y miembro del Consejo de
Administración las pruebas que obran en el expediente se puede apreciar lo
siguiente:
Aprobación de Presupuestos.
De conformidad con la prueba obranţe a folios 28989 y ss., se observa que junto
con los demás miembros del Consejo de Administración y otros Directivos de
SALUDCOOP EPS OC., la señora Lamus Becerra participó en la sesión del día 14
de diciembre de 2006 según Acta 147 en la que se aprobó por una parte, el
presupuesto para el año 2007, sometido a su consideración por la Presidencia
Ejecutiva y Administración de la EPS, y por otra, la administración de la EPS quedó
habilitada para ejecutar durante el ejercicio, entre otras, las siguientes operaciones:
honorarios asesoría jurídica por $2.564.546.121, asesoría financiera por
$1.237.165.950, asesoría técnica por $6.577.095.133, arrendamientos
(construcciones y edificios) por $3.970.604.975, gastos de viaje por $2.018.906.708
e inversión en infraestructura por $82.743.496.366,84 1
En efecto, las partidas que se mencionan hacen referencia a gastos que no forman
parte de aquellos que tienen nexo de causalidad con la prestación del servicio y por
lo tanto no pueden financiarse con los recursos del SGSSS, lo que, dicho en otras
palabras, significa que dichas partidas aprobadas para el presupuesto de 2007, solo
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podían atenderse con recursos propios. Sin embargo, si se tiene en cuenta el
análisis contenido en el acápite del daño de esta Providencia, sobre los resultados
del ejercicio del año 2006, se infiere con total claridad que dichas partidas, sobre
actividades operación, financiación e inversión, se concibieron sin duda tomando en
cuenta que para su ejecución se utilizarían los recursos parafiscales del SGSSS.
De conformidad con la prueba obrante a folios 28921 y ss., se observa que, junto
con los demás miembros del Consejo de Administración y otros Directivos de
SALUDCOOP EPS OC., participó en la sesión del dia 29 de noviembre de 2005
según Acta 134, de un lado que se aprobó el presupuesto para el año 2006,
sometido a su consideración por la Presidencia Ejecutiva y Administración de la
EPS, y de otro, la administración de la EPS quedó habilitada para ejecutar durante
el ejercicio, entre otras, las siguientes operaciones: construcción y remodelación de
bienes por $89.386.212.068, honorarios por asesoría jurídica por $1.824.124.62,
asesoría financiera por $1.408.149.340, a Heón $4.468.319.997, arrendamientos de
construcciones y edificaciones $3.041.290.817, gastos bancarios $2.667.774.375,
intereses de $6.741.884.040, amortización de créditos $26.158.098.384, gastos de
viaje $1.803.005.089 y construcción y remodelación de inmuebles $89.386.212
En efecto, las partidas que se mencionan hacen referencia a gastos que no forman
parte de aquellos que tienen nexo de causalidad con la prestación del servicio y por
lo tanto no pueden financiarse con los recursos del SGSSS, lo que, dicho en otras
palabras, significa que dichas partidas aprobadas para al presupuesto de 2006, solo
podían atenderse con recursos propios. Sin embargo, si se tiene en cuenta el
análisis contenido en el acápite del daño de esta Providencia, sobre los resultados
del ejercicio del año 2005, se infiere con total claridad que dichas partidas, sobre
actividades operación, financiación e inversión, se concibieron sin duda tomando en
cuenta que para su ejecución se utilizarían los recursos parafiscales del SGSSS
Adopción de Estados Financieros.
De conformidad con la prueba obrante a folios 28937 y ss., se observa que, junto
con los demás miembros del Consejo de Administración y otros Directivos de
SALUDCOOP EPS OC., estuvo presente en la sesión del día 31 de enero de 2006,
según Acta 136 en la que se adoptaron de los estados financieros del año 2005. Los
resultados de ese año reflejan que se hicieron operaciones por parte de la EPS, para
ejecutar inversiones o destinaciones de recursos parafiscales de SGSSS, que no
tienen causalidad alguna con la prestación de servicios de salud, según el análisis
que se realiza en el acápite de descripción del daño y a las referencias que esta
Providencia ha realizado sobre el tipo de gastos con cargo a dichos recursos por
parte la EPS.
En efecto, las situaciones que se reflejan los Estados Financieros correspondientes
al año 2005, hacen referencia a gastos que no forman parte de aquellos que tienen
nexo de causalidad con la prestación del servicio y por lo tanto no podían financiarse
con los recursos del SGSSS, lo que, dicho en otras palabras, significa que las
operaciones mencionadas y reflejadas en los estados financieros del 2005, solo
podían atenderse con recursos propios. Sin embargo, si se tiene en cuenta el
análisis contenido en el acápite del daño de esta Providencia, sobre los resultados
del ejercicio del año 2005, se infiere con total claridad que dichas transacciones
sobre actividades operación, financiación e inversión, se ejecutaron, apalancaron y
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consolidaron con los recursos parafiscales del SGSSS que percibió la EPS para su
administración, durante esa vigencia.
De conformidad con la prueba obrante a folios 28998 y ss., se observa que, junto
con los demás miembros del Consejo de Administración y otros Directivos de
SALUDCOOP EPS OC., estuvo en la sesión del día 30 de enero de 2007, según
Acta 148 en la que se adoptaron de los estados financieros del año 2006. Los
resultados de ese año reflejan que se hicieron operaciones por parte de la EPS, para
ejecutar inversiones o destinaciones de recursos parafiscales de SGSSS, que no
tienen causalidad alguna con la prestación de servicios de salud, según el análisis
que se realiza en el acápite de descripción del daño y a las referencias que esta
Providencia ha realizado sobre el tipo de gastos con cargo a dichos recursos por
parte de la EPS.
En efecto, las situaciones que se reflejan los Estados Financieros correspondientes
al año 2006, hacen referencia a gastos que no forman parte de aquellos que tienen
nexo de causalidad con la prestación del servicio y por lo tanto no podían financiarse
con los recursos del SGSSS, lo que, dicho en otras palabras, significa que las
operaciones mencionadas y reflejadas en los estados financieros del 2006, solo
podían atenderse con recursos propios. Sin embargo, si se tiene en cuenta el
análisis contenido en el acápite del daño de esta Providencia, sobre los resultados
del ejercicio del año 2006, se infiere con total claridad que dichas transacciones
sobre actividades operación, financiación e inversión, se ejecutaron, apalancaron y
consolidaron con los recursos parafiscales del SGSSS que percibió la EPS para su
administración, durante esa vigencia.
En su condición de VicePresidente Administrativo
Respecto de la señora Lamus Becerra, en calidad de directivo en el cargo de
VicePresidente Administrativo, de las pruebas que obran en el expediente se puede
apreciar lo siguiente:
De conformidad con la prueba obrante a folios 29044 y ss., se observa que, junto
con los demás miembros del Consejo de Administración y otros Directivos de
SALUDCOOP EPS OC., estuvo en la sesión del día 31 de enero de 2008, según
Acta 161 en la que se adoptaron de los estados financieros del año 2007. Los
resultados de ese año reflejan que se hicieron operaciones por parte de la EPS, para
ejecutar inversiones o destinaciones de recursos parafiscales de SGSSS, que no
tienen causalidad alguna con la prestación de servicios de salud, según el análisis
que se realiza en el acápite de descripción del daño y a las referencias que esta
Providencia ha realizado sobre el tipo de gastos con cargo a dichos recursos por
parte de la EPS.
En efecto, las situaciones que se reflejan los Estados Financieros correspondientes
al año 2007, hacen referencia a gastos que no forman parte de aquellos que tienen
nexo de causalidad con la prestación del servicio y por lo tanto no podían financiarse
con los recursos del SGSSS, lo que, dicho en otras palabras, significa las
operaciones mencionadas y reflejadas en los estados financieros del 2007, solo
podían atenderse con recursos propios. Sin embargo, si se tiene en cuenta el
análisis contenido en el acápite del daño de esta Providencia, sobre los resultados
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del ejercicio del año 2007, se infiere con total claridad que dichas transacciones
sobre actividades operación, financiación e inversión, se ejecutaron, apalancaron y
consolidaron con los recursos parafiscales del SGSSS que percibió la EPS para su
administración, durante esa vigencia.
De conformidad con la prueba obrante a folios 29118 y ss., se observa que, junto
con los demás miembros del Consejo de Administración y otros Directivos de
SALUDCOOP EPS OC., asistió a la sesión del día 17 de febrero de 2009, según
Acta 173 en la que se adoptaron de los estados financieros del año 2008. Los
resultados de ese año reflejan que se hicieron operaciones por parte de la EPS, para
ejecutar inversiones o destinaciones de recursos parafiscales de SGSSS, que no
tienen nexo de causalidad alguna con la prestación de servicios de salud, según el
análisis que se realiza en el acápite de descripción del daño y a las referencias que
esta Providencia ha realizado sobre el tipo de gastos con cargo a dichos recursos
por parte de la EPS.
En efecto, las situaciones que se reflejan los Estados Financieros correspondientes
al año 2008, hacen referencia a gastos que no forman parte de aquellos que tienen
causalidad con la prestación del servicio y por lo tanto no podían financiarse con los
recursos del SGSSS, lo que, dicho en otras palabras, significa las operaciones
mencionadas y reflejadas en los estados financieros del 2008, sólo podía atenderse
con recursos propios. Sin embargo, si se tiene en cuenta el análisis contenido en el
acápite del daño de esta Providencia, sobre los resultados del ejercicio del año 2008,
se infiere con total claridad que dichas transacciones sobre actividades de
operación, financiación e inversión, se ejecutaron, apalancaron y consolidaron con
los recursos parafiscales del SGSSS que percibió la EPS para su administración,
durante esa vigencia.
De conformidad con la prueba obrante a folios 29159 y ss., se observa que, junto
con los demás miembros del Consejo de Administración y otros Directivos de
SALUDCOOP EPS OC. EPS OC., estuvo en la sesión del día 02 de febrero de 2010,
según Acta 184 en la que se adoptaron de los estados financieros del año 2009. Los
resultados de ese año reflejan que se hicieron operaciones por parte de la EPS, para
ejecutar inversiones o destinaciones de recursos parafiscales de SGSSS, que no
tienen causalidad alguna con la prestación de servicios de salud, según el análisis
que se realiza en el acápite de descripción del daño y a las referencias que esta
Providencia ha realizado sobre el tipo de gastos con cargo a dichos recursos por
parte de la EPS.
En efecto, las situaciones que se reflejan los Estados Financieros correspondientes
al año 2009, hacen referencia a gastos que no forman parte de aquellos que tienen
causalidad con la prestación del servicio y por lo tanto no podían financiarse con los
recursos del SGSSS, lo que, dicho en otras palabras, significa las operaciones
mencionadas y reflejadas en los estados financieros del 2009, solo podían
atenderse con recursos propios. Sin embargo, si se tiene en cuenta el análisis
contenido en el acápite del daño de esta Providencia, sobre los resultados del
ejercicio del año 2009, se infiere con total claridad que dichas transacciones sobre
actividades de operación, financiación e inversión, se ejecutaron, apalancaron y
consolidaron con los recursos parafiscales del SGSSS que percibió la EPS para su
administración, durante esa vigencia.
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De conformidad con la prueba obrante a folios 29212 y ss., se observa que, junto
con los demás miembros del Consejo de Administración y otros Directivos de
SALUDCOOP EPS OC., se hizo presente en la sesión del día 02 de febrero de 2011,
según Acta 196 en la que se adoptaron de los estados financieros del año 2010. Los
resultados de ese año reflejan que se hicieron operaciones por parte de la EPS, para
ejecutar inversiones o destinaciones de recursos parafiscales de SGSSS, que no
tienen causalidad alguna con la prestación de servicios de salud, según el análisis
que se realiza en el acápite de descripción del daño y a las referencias que esta
Providencia ha realizado sobre el tipo de gastos con cargo a dichos recursos por
parte de la EPS.
En efecto, las situaciones que se reflejan los Estados Financieros correspondientes
al año 2010, hacen referencia a gastos que no forman parte de aquellos que tienen
causalidad con la prestación del servicio y por lo tanto no podían financiarse con los
recursos del SGSSS, lo que, dicho en otras palabras, significa que las operaciones
mencionadas y reflejadas en los estados financieros del 2010, solo podían
atenderse con recursos propios. Sin embargo, si se tiene en cuenta el análisis
contenido en el acápite del daño de esta Providencia, sobre los resultados del
ejercicio del año 2010, se infiere con total claridad que dichas transacciones sobre
actividades de operación, financiación e inversión, se ejecutaron, apalancaron y
consolidaron con los recursos parafiscales del SGSSS que percibió la EPS para su
administración, durante esa vigencia. Como se aprecia a folios 22769, acta No. 18;
22781 y ss., acta 19; 22806, Acta No. 21; 22839 reverso y ss., Acta No. 22; 22880,
Acta No. 25; 22907 y ss., Acta No. 26, en las cuales se aprobaron los Estados
Financieros para los años 2005 a 2010, en la Asamblea General de Asociados,
participó la imputada Lamus Becerra, en su condición de VicePresidente
Administrativo, lo que permite vislumbrar que la imputada tenía acceso a todos los
pormenores relacionados con la disposición de los gastos atribuibles a la
organización.
Así mismo como obra a folio 22824, se presenta en el acápite gestión administrativa
en el punto 3 una coordinación nacional de nómina, punto 14, empresas
administradas mencionando que para el año 2007, la coordinación nacional de
nómina amplió su campo de operación con la administración de nómina para
empresas externas del Grupo SaludCoop, administrando 61 empresas del Grupo
SaludCoop y 13 empresas externas con 496 funcionarios según se detalla: crono
envíos masivos Ltda., Coodontologos y Healt Society S.A; de igual manera asumió
la administración de la nómina de la clínica Santa Cruz de la Loma a partir de abril
de 2007, adicionalmente a folio 22830 vito, se señala que para el año 2007 se aplicó
el instructivo avalado por la VicePresidencia Administrativa para el proceso de
predios en arrendamiento. Se establecieron las minutas únicas para el contrato de
arrendamiento, cesiones, otro si, transacciones y entregas. Igualmente se llevó a
cabo el manejo de los arrendamientos en la dirección administrativa nacional con el
fin de determinar el inventario de sedes en arrendamiento, conciliar ajustes y aplicar
los incrementos en los meses y valores acordados, evitando sanciones y multas que
se estaban generando por estos conceptos., además contando con el 95% del total
el consolidado de contratos.
Adicionalmente en el área de importaciones se presentó el total de importaciones
de equipos médicos en el año 2007 que fue por un valor de $15.247 millones frente
a un total de importaciones del año 2006 de $6.703 millones. De igual manera se
relaciona el consolidado por cada uno de los proveedores a quienes se les compró
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equipos médicos para las clínicas Pereira, Tolima y Santa Marta en el año 2006. Se
presentó el consolidado por cada uno de los proveedores a quienes se les compró
equipos médicos durante el 2007, para dotación a nivel nacional a las diferentes
clínicas del Grupo Empresarial, especialmente para la apertura de clínica la Calera,
Clínica de Medellín y Central de Urgencias calle 100, dotación para clínica Jorge
Piñeros Corpas, Clínica Santillana, Clínica Juan Luis Londoño, sede de la calle 56
de Laboratorios Bioimagen, entre otras.
Por otra parte, de la estructura organizacional de SaludCoop, se observa a folio 40,
que la VicePresidente Administrativa, estaba a cargo de la dirección y coordinación
de la gestión administrativa, de los proyectos de inversión infraestructura y de la
actividad de organismos como IAC Gestión Administrativa y Procesos y
Transacciones, que intervenían en la actividad relacionada con el gasto
administrativo y la contabilidad. Es indudable que la VicePresidencia Administrativa
al trabajar de la mano de la Presidencia Ejecutiva, pues apoyaba la labor de
ejecución, tenía a su cargo, conocimiento y dominio, buena parte de las operaciones
de la Organización y que, por tanto, intervenía en las modalidades de operaciones
que se tradujeron en el desvío de los recursos parafiscales del SGSSS en beneficio
privado de SALUDCOOP EPS Y OC., y en el de sus vinculadas.
Lo anterior a su vez es consistente con las funciones de la vice Presidente
Administrativa que obran a folios 25918, tales como la de garantizar el cumplimiento
de las decisiones tomadas por el Presidente Ejecutivo, supervisar la operación
logística de las diferentes áreas de la compañía; así como la de proponer las
estrategias que conlleven al adecuado control del gasto administrativo, sin que con
ello se vea afectado el normal funcionamiento de la operación a nivel administrativo.
Otras Pruebas.
a) Participación en otras Sociedades. La señora Lamus Becerra, […]como
miembro de junta directiva de algunas de las empresas que hacen parte del
entramado empresarial SaludCoop EPS OC., como se observa a continuación:
CARGO EMPRESA
MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA CLÍNICA MARTHA S.A.
MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA CLÍNICA PAMPLONA
MIEMBRO SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA CLÍNICA SALUDCOOP LOS ANDES S.A.
MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA CLÍNICA SANTA CRUZ DE LA LOMA S.A.
MIEMBRO SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA COOPERATIVA EPSIFARMA
MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA ÓPTICA SALUDCOOP S.A.
MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA CONTACT SERVICE LTDA.
MIEMBRO SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA IAC EDUCAR SALUD
MIEMBRO SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA IAC JURISALUD CONSULTORES
MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA PROCESOS Y TRANSACCIONES P&T LTDA.
MIEMBRO SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA LABORATORIOS BIOIMAGEN
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MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA IAC PROCESAMIENTO INTEGRAL DE
DATOS
b) Otras actuaciones. Por otra parte, se tiene establecido que la señora Lamus
Becerra, asistía y tenía conocimiento de las determinaciones de Consejo de
administración, en cuya ejecución participaba en ejercicio de sus funciones y que le
permitían conocer de antemano, que muchas de esas operaciones constituían una
modalidad de desvío de os recursos públicos con apropiación para beneficio privado
de SaludCoop EPS OC., y sus empresas vinculadas. A título de ilustración se citan
las siguientes:
• De acuerdo con Acta 132 de 27 de septiembre de 2005 que obra a folios 28914 vto.
y ss. del expediente, donde aprueban comprar inmuebles adjuntos a la clínica de Cali
para su ampliación, por $140 millones. Se advierte que en esta ocasión actuó como
miembro del Consejo de Administración.
•
• De acuerdo con Acta 133 de 25 de octubre de 2005 que obra a folios 28918 y ss.
del expediente, el Consejo de administración autorizó obtener crédito por $12.000
millones para pago de acreencias de liquidación de régimen subsidiado. Se advierte
que en esta ocasión actuó como miembro del Consejo de Administración.
• De acuerdo con Acta 139 de 25 de abril 2006 que obra a folio 28950 del expediente,
se encuentra que el Presidente Ejecutivo informó sobre su viaje a Italia a reunión de
50 cooperativas, e informa sobre próxima conferencia regional ACEMI en Lima, Perú,
del 15 al 18 de julio de 2006, para lo cual se aprueba la asistencia de 8 directivos.
Autorizaron a Presidente Ejecutivo para adquirir crédito bancario hasta por $140.000
millones para preservar las finanzas de la EPS debido a la tardanza de los pago de
recobros ante FOSYGA (de esta decisión se abstiene de participar Jaime Chávez).
Aprueban que SaludCoop EPS OC. se vincule a proyecto educativo de Cotrafa con
aporte de 150 millones. Se advierte que en esta ocasión actuó como miembro del
Consejo de Administración.
• De acuerdo con Acta 145 de 3 de noviembre de 2006 que obra a folios 28977 y ss.
del expediente, autorizan compra de Clínica en Medellín con adecuación y
remodelación por $29.900 millones. Se advierte que en esta ocasión actuó como
miembro del Consejo de Administración.
• De acuerdo con Acta 152 de 29 de mayo de 2007 que obra a folios 29012 y ss. Del
expediente, se aprobaron las siguientes operaciones: Construcción colegios
Kalandaima, Santa Cecilia y San Antonio por $8.969 millones; Ingreso como afiliado
de la Cooperativa Coomeva Compra de la Clínica Juan N. Corpas por $8.000
millones.
• De acuerdo con Acta 153 de 16 de junio de 2007 que obra a folios 29016 y ss. del
expediente, se aprobaron las siguientes operaciones:
Compra de la clínica Ana María de la ciudad de Valledupar por $11.000 millones
Compra de predio para construcción de infraestructura asistencias y administrativa
[…], Compra de lote en Cúcuta por $1.532 millones, Desarrollo de infraestructura
hospitalaria en Cúcuta por $13.000 millones.
• De acuerdo con Acta 171 de 25 de noviembre de 2008 que obra a folios 29095 y ss.
del expediente, donde el Presidente Ejecutivo informa que todas las licencias de
construcción del proyecto Paralelo 108 ya se encuentran aprobadas y se empezará
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obra. También informa sobre éxito de ventas de Heón en servicios informáticos en
área de salud.
• De acuerdo con Acta 184 de 2 de febrero de 2010 que obra a folios 29159 vto. y ss.
del expediente, mediante la cual fue aprobado endeudamiento financiero por $30.000
millones para pago de cesantías.
Argumentos de defensa
Sobre lo planteado a través de apoderado por MARÍA CAROLINA LAMUS BECERRA,
además de lo que ya ha sido objeto de respuesta en otros autos emitidos dentro del
proceso y en otros apartes de esta Providencia, se observa sobre los argumentos de
descargos, lo siguiente:
en relación con el ejercicio de la gestión fiscal, el Despacho se remite a lo ya expuesto
sobre el particular y reitera que para que un sujeto sea imputable fiscalmente no
necesariamente se requiere que sea el ordenador del gasto, sino que intervenga o
incida en la gestión fiscal como gestor fiscal o en el desarrollo de una relación próxima,
necesaria y determinante de la misma en la que se contribuya a la generación del
daño fiscal.
En relación con las funciones desarrolladas por la señora Lamus Becerra, como se
acaba de verificar ha quedado acreditado que la imputada tenía a su cargo el apoyo
a la ejecución de las decisiones por parte del Presidente Ejecutivo; intervenía en la
aplicación del gasto administrativo; y entre otras, tenía a su cargo de manera directa
todo lo concerniente a la infraestructura y a la gestión administrativa de adquisiciones.
Es decir, que no sólo tenía que ver con los gastos ocasionados con las relaciones
laborales sino con todo lo que implicara la gestión administrativa de la organización.
En lo que tiene que ver el argumento de la Buena Fe, el Despacho se remite a lo ya
señalado sobre la Confianza Legítima en párrafos anteriores de esta Providencia
En lo referente a las normas sobre el destino de los recursos de la UPC, se reiteran
los argumentos expuestos en la primera parte de las consideraciones esta
Providencia.
Finalmente y sobre el argumento según el cual los recursos se encuentran
representados en los activos fijos de la EPS, encuentra el Despacho que tal
argumentación no solo constituye una confirmación del daño que se imputa, sino que
con ello se demuestra que efectivamente la EPS invirtió recursos públicos para
acrecer su patrimonio con un claro beneficio propio. Es que no basta con que la
infraestructura y activos adquiridos estén al servicio de los usuarios para purgar el
hecho de que forman parte del patrimonio privado y fueron adquiridos con recursos
públicos, consolidando así la pérdida y menoscabo que es objeto de reproche.
Valoración de la Conducta Y Nexo Causal.
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Teniendo en cuenta que como obra a folios 25918 y 25919, dentro de sus funciones
como Vicepresidente administrativa se encuentran las de garantizar el cumplimiento
de las decisiones tomadas por el Presidente Ejecutivo; proponer estrategias para el
adecuado control del gasto administrativo y asistir el eficiente desempeño del grupo
en materia administrativa, puede deducirse que en el marco de sus funciones la
imputada era consciente de que las partidas que se aprobaban en los estados
financieros y en los presupuestos de la entidad se encontraban aquellas que como
quedó plenamente establecido en el acápite del daño de esta Providencia,
configuraron operaciones de desvío de los recursos parafiscales del SGSSS para
aprovechamiento de la organización cooperativa y con menoscabo del patrimonio
público.
En realidad, en calidad de vicepresidente administrativa necesariamente debla
intervenir en la ejecución de los gastos ordinarios y extraordinarios de SaludCoop y
por consiguiente, era la persona que tenía a su cargo la función de verificar el destino
que tenía cada operación y por ende, la capacidad de conocer cómo operaba el
desvío de recursos a través de los gastos administrativos. Destaca el Despacho que
justamente una de sus funciones, como se acaba de señalar, consistía en proponer
"la realización de estrategias que conlleven el adecuado control del gasto
administrativo, sin que con ello se vea afectado el normal funcionamiento de la
operación a nivel administrativo..." (fl. 25917). Es decir que era la persona de nivel
directivo que estaba en condiciones de verificar y discriminar con toda precisión,
aquellos gastos que no tenían relación de causalidad directa con la prestación del
servicio y por ende, quien estaba en calidad de oponerse a su ejecución.
El conocimiento de la organización y de las empresas del grupo y, consecuentemente
su estado de conciencia respecto de las operaciones que se realizaban de manera
indebida con recursos públicos, se fortalece si tenemos en cuenta que participaba de
la unidad de propósito y dirección en el comportamiento de las entidades, como parte
de sus órganos de administración, tal como se mencionó anteriormente.
Si bien con su intervención en las aprobaciones presupuestales y de los estados
financieros, en calidad de miembro de Consejo de Administración; y como
contribuyente a la ejecución del gasto administrativo de los recursos parafiscales, en
su calidad de vice Presidente administrativa, se acredita su participación y
contribución a la generación del daño, las actuaciones que se acaban de referir, no
solo confirman su participación directa y su capacidad de conocer la concepción e
implementación de operaciones, cuya ejecución debía hacer cumplir de acuerdo a las
funciones a ella conferidas y que le permitían discernir que actuaria como herramienta
para la destinación de recursos públicos a otros menesteres distintos de los previstos
para los parafiscales del SGSSS.
Es indudable que la participación en los hechos que son objeto del proceso y la
conducta, atribuida a quien fungiera primero como miembro del Consejo de
Administración y luego como vicePresidente administrativa de SaludCoop EPS OC.,
se desarrolla en el contexto de la gestión fiscal atribuida a dicha EPS, por virtud de la
habilitación jurídica que la misma obtuvo, en el marco de la Ley 100 de 1993, en
cuanto que la señora Lamus Becerra no solo participó en la aprobación de estados
financieros y presupuestos de la entidad, sino que tuvo a su cargo en el periodo 2005
a 2010 funciones de ejecutar el gasto administrativo con cargo a los recursos
parafiscales del SGSSS.
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Como resulta evidente que las conductas de Maria Carolina Lamus Becerra, se
desarrollaron como consecuencia de las funciones ejercidas en el marco de una
relación todas de carácter directivo que desempeñó en el contexto de las actividades
de una EPS habilitada por la Ley 100 de 1993 para la administración de recursos
públicos de la salud, no hay duda que existe un nexo causal directo entre dichas
conductas y el daño causado, pues no queda duda de lo dicho, que si Lamus Becerra
se hubiese sometido a las limitaciones que el régimen jurídico le imponla tanto a la
empresa como a sus directivos, el daño no se hubiera generado. Así puesto que fue
por virtud del ejercicio de las funciones referenciadas, que intervino en la gestión fiscal
de SALUDCOOP EPS OC., en una relación próxima y necesaria con dicha gestión
fiscal, dada su vinculación ininterrumpida en ejercicio de cargos directivos, en las
modalidades que se han referido, intervenciones con las que la imputada Lamus
Becerra contribuyó a la destinación y apropiación indebida con pérdida y menoscabo
del patrimonio público.
En consecuencia, entre su conducta que se desenvolvió en el ejercicio de sus
funciones y el daño acreditado en el proceso que nos ocupa, existe un directo nexo
de causalidad puesto que fue por virtud del ejercicio de las mismas en las calidades
referidas como contribuyó a la destinación y apropiación indebida con pérdida y
menoscabo del patrimonio público. Sin dicha participación primero como miembro del
Consejo de Administración y posteriormente como vicePresidente administrativa de
la señora Lamus Becerra, SaludCoop EPS OC., no hubiera estado en condiciones de
generar el daño fiscal que se le atribuye, pues como fluye de la valoración probatoria,
las operaciones de aprobación de presupuesto y adopción de estados financieros y
luego, la de gastos administrativos, incluidas las que han sido objeto de imputación y
estaban a cargo señora Lamus Becerra. Por tal razón y dado que no es posible a esta
altura procesal hacer más aflictiva la situación de la imputada es por lo que se
mantiene la calificación de CULPA GRAVE.
Valoración del Daño.
Puede establecerse que la imputada intervino con capacidad de conocimiento,
discusión, discernimiento y ejecución en operaciones que significaron el desvío
con apropiación y explotación privada e indebida de recursos parafiscales por
la suma sin indexar de $1.053.352.140.620.61, (Un billón cincuenta y tres mil
trescientos cincuenta y dos millones ciento cuarenta mil seiscientos veinte
pesos con sesenta y un centavos), en consideración a lo contemplado en el
acápite de descripción del daño, en esta Providencia.
“[…] En mérito de lo expuesto, la suscrita Contralora Delegada Intersectorial de
la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción
RESUELVE
PRIMERO: PROFERIR, de conformidad con el artículo 53 de la ley 610 de 2000,
FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL y como consecuencia de ello
imponer la obligación de resarcir el patrimonio público en cuantía
debidamente indexada por $1.421.178.399.072,78, Un billón cuatrocientos
veintiún mil ciento setenta y ocho millones trecientos noventa y nueve mil
setenta y dos pesos con setenta y ocho centavos, en contra de:
1. SALUDCOOP EPS OC, […]
[…]
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3. MARIA CAROLINA LAMUS identificada con cédula de ciudadanía […]
[…]
Quienes deberán responder solidariamente por el daño patrimonial
causado a los recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud en la
modalidad de Desvío con apropiación y en beneficio de SALUDCOOP EPS
O.C, en los términos de la parte considerativa de la presente Providencia y con
ocasión de los hechos que han sido objeto del proceso de Responsabilidad
Fiscal radicado bajo el Número PRF - IP-OI 0-2011.
SEGUNDO: PROFERIR de conformidad con el artículo 54 de Ia ley 610 de
2000, FALLO SIN RESPONSABILIDAD FISCAL, según las razones expuestas
en la presente Providencia a favor de las siguientes personas: […]
TERCERO. NOTIFICAR el contenido del presente fallo, de conformidad con el
artículo 106 de la Ley 1474 de 2011, a través de la Secretaría Común de la
Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría
General de la República localizada en la Avda. La Esperanza No. 62-49 Edificio
Gran Estación ll Piso 10 de la ciudad de Bogotá, a las siguientes personas: […]
CUARTO. Contra la presente providencia proceden los recursos de reposición
y apelación, los cuales deberán ser presentados personalmente en la secretaría
Común de la Unidad e Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la
Contraloría General de la República ubicada en la Avenida la Esperanza carrera
60 No. 24-09 piso 10 de la ciudad de Bogotá, de conformidad con el artículo 56
de la Ley 610 de 2000.
Lo anterior sin perjuicio del grado de consulta que ha de surtirse en relación con
las determinaciones adoptadas en el ordinal SEGUNDO de este Proveído, una
vez agotados los recursos de Ley […]” (Destacado fuera de texto - Subrayado
original del texto).
a. El Auto núm. 000405 de 3 de febrero de 2014, “[…] POR MEDIO DEL CUAL SE
RESUELVEN UNOS RECURSOS DE REPOSICIÓN Y SE CONCEDEN RECURSOS DE
APELACIÓN CONTRA EL FALO DE PRIMERA INSTANCIA 00001890 DEL 13 DE
NOVIEMBRE DE 2013 DENTRO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL IP
010 DE 2011 […]”, del cual se destaca lo siguiente:
“[…] RESUELVE:
PRIMERO: NO REPONER el Fallo 001890 del 13 de Noviembre de 2013, de
conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.
[…]
CUARTO: CONCEDER los recursos de apelación interpuestos contra el fallo
001890 del 13 de noviembre de 2013, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de dicho proveído.
[…]”.
b. El Fallo de Apelación y Consulta núm. 0011 de 11 de febrero de 2014, “[…]
Por el cual se deciden los Recursos de Apelación y el Grado de Consulta dentro del
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Proceso de Responsabilidad Fiscal N° CD 000 IP 010-2011 […]”, del cual se destaca
lo siguiente:
“[…] RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR el Fallo con Responsabilidad Fiscal N° 001890 del 13
de noviembre de 2013 proferido por la Contraloría Delegada Intersectorial No.
10 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción […]”.
Problema jurídico
15. La Sala de la Sección Primera del Consejo de Estado, con fundamento en la
demanda, la contestación a la demanda, el recurso de apelación y las pruebas legal
y válidamente aportadas al expediente, agrupará los cargos planteados por la parte
demandante, y sin perjuicio de responder uno a uno los mismos para determinar
como problemas jurídicos los siguientes:
15.1. Si como lo manifestó la parte demandante, la parte demandada carecía de
competencia para expedir el acto acusado por suspensión de la actuación
administrativa.
15.2. Si como lo manifiesta la parte demandante, el acto acusado es nulo por
transmitir la gestión fiscal de una persona jurídica a sus empleados.
15.3. Si la parte demandante, en su condición de vicepresidente de SALUDCOOP
EPS ejerció gestión fiscal.
15.4. Si como lo manifiesta la parte demandante, obtuvo un trato diferente respecto
de otras personas que estaban en iguales condiciones y circunstancias.
15.5. Si el acto acusado incurrió en error de apreciación probatoria al considerar
como daño fiscal hechos económicos que no tienen antijuridicidad.
15.6. Si se vulneró el derecho al debido proceso de la parte demandante por
haberla declarado fiscalmente responsable con base en un informe técnico nulo.
15.7. Si la parte demandada probó o no la culpa grave de la parte demandante.
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15.8. Si como lo manifiesta la parte demandante, hubo indebida valoración de la
conducta de la parte demandante como nexo causal frente al supuesto daño fiscal.
Marco normativo sobre el proceso de responsabilidad fiscal
16. Visto el artículo 267 de la Constitución Política, vigente para le época de los
hechos, el control fiscal es una función pública que ejerce la Contraloría General de
la República, responsable de vigilar “[…] la gestión fiscal de la administración y de
los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación, en
todos los niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos […]”
(Destacado fuera de texto). (
17. Visto el artículo 268 de la Constitución Política; en especial el numeral 5.º, al
Contralor General de la República, le corresponde: “[…] Establecer la
responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones
pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción
coactiva sobre los alcances deducidos de la misma […]” (Destacado fuera de texto).
18. Visto el artículo 272 ibidem, sobre la vigilancia de la gestión fiscal de los
departamentos, distritos y municipios en que existan contralorías, establece lo
siguiente:
“[…] Artículo 272. La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos,
distritos y municipios donde haya contralorías, corresponde a estas en forma
concurrente con la Contraloría General de la República.
La vigilancia de los municipios incumbe a las contralorías
departamentales, salvo lo que la ley determine respecto de contralorías
municipales.
La ley regulará las competencias concurrentes entre contralorías y la
prevalencia de la Contraloría General de la República.
Corresponde a las asambleas y a los concejos distritales y municipales
organizar las respectivas contralorías como entidades técnicas dotadas de
autonomía administrativa y presupuestal, y garantizar su sostenibilidad fiscal.
La Auditoría General de la República realizará la certificación anual de las
contralorías territoriales a partir de indicadores de gestión, la cual será el insumo
para que la Contraloría General de la República intervenga administrativamente
las contralorías territoriales y asuma competencias cuando se evidencie falta de
objetividad y eficiencia.
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Los contralores departamentales, distritales y municipales ejercerán, en el
ámbito de su jurisdicción, las funciones atribuidas al Contralor General de
la República en el artículo 268 en lo que sea pertinente, según los principios
de coordinación, concurrencia, y subsidiariedad. El control ejercido por la
Contraloría General de la República será preferente en los términos que defina
la ley […]” (Destacado fuera de texto).
19. Visto el artículo 1.° de la Ley 610, “[…] El proceso de responsabilidad fiscal
es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las
Contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los
servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión
fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o
culposa un daño al patrimonio del Estado […]” (Destacado fuera de texto).
20. Visto el artículo 3.° de la ley citada supra, por gestión fiscal se entiende “[…]
el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan
los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o
administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta
adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación,
enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los
bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas
en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los
principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad,
moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales […]”
(Destacado fuera de texto).
21. Visto el artículo 4.º de la Ley 610, el objeto de la responsabilidad fiscal es
“[…] el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como
consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestión
fiscal mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio
sufrido por la respectiva entidad estatal.[…]”; responsabilidad que “[…] es
autónoma e independiente y se entiende sin perjuicio de cualquier otra clase de
responsabilidad […]” (Destacado fuera de texto).
22. Visto el artículo 5.° ibidem, son elementos de la responsabilidad fiscal, los
siguientes: i) una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona (natural o
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jurídica) que realiza gestión fiscal; ii) un daño patrimonial al Estado; y iii) un nexo
causal entre los dos elementos anteriores.
23. Visto el artículo 6.° de la Ley 610, por daño patrimonial al Estado se debe
entender “[…] la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo,
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los
bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado,
producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz,
ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al
cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado,
particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o
proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño
podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la
persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa
produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público
[…]”9 (Destacado y subrayado fuera de texto).
24. Visto el artículo 9.° ibidem, sobre caducidad y prescripción, “[…] La acción
fiscal caducará si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia del hecho
generador del daño al patrimonio público, no se ha proferido auto de apertura
del proceso de responsabilidad fiscal. Este término empezará a contarse para
los hechos o actos instantáneos desde el día de su realización, y para los
complejos, de tracto sucesivo, de carácter permanente o continuado desde la
del último hecho o acto. La responsabilidad fiscal prescribirá en cinco (5) años,
contados a partir del auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, si
dentro de dicho término no se ha dictado providencia en firme que la declare. El
vencimiento de los términos establecidos en el presente artículo no impedirá
que cuando se trate de hechos punibles, se pueda obtener la reparación de la
totalidad del detrimento y demás perjuicios que haya sufrido la
administración, a través de la acción civil en el proceso penal, que podrá ser
ejercida por la contraloría correspondiente o por la respectiva entidad pública
[…]” (Destacado y subrayado fuera de texto).
9 Mediante sentencia C-340 de 2007, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la expresión “o a los
intereses patrimoniales del Estado” contenida en el artículo 6° de la Ley 610 de 2000, así como la inexequibilidad
de las expresiones “uso indebido” e “inequitativa” contenidas en la misma disposición.
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25. Visto los artículos 23, 24, 25, 28, 30 y 32 de la Ley 610; sobre pruebas para
responsabilizar; petición de pruebas; libertad de pruebas; pruebas trasladadas;
pruebas inexistentes; y oportunidad para controvertir las pruebas; se advierte que:
i) el fallo de responsabilidad únicamente procede cuando obra prueba que dé
certeza del daño patrimonial y la responsabilidad del investigado; ii) el investigado
o quien rinda exposición libre pueden pedir la práctica de pruebas; iii) el daño al
patrimonio y la responsabilidad del investigado puede demostrarse por cualquier
medio de prueba legalmente reconocido; iv) al proceso de responsabilidad fiscal se
puede trasladar cualquier prueba obrante válidamente en un proceso judicial,
administrativo, disciplinario o de responsabilidad fiscal; v) los hallazgos encontrados
en las auditorías fiscales tienen validez probatoria siempre que se hayan recaudado
cumpliendo los requisitos de ley; vi) toda prueba recaudada sin el lleno de los
requisitos de ley o que afecte los derechos fundamentales del investigado se debe
tener como inexistente; y vii) el investigado puede controvertir las pruebas a partir
de la exposición espontánea en la indagación preliminar o desde la notificación del
auto que da apertura al proceso de responsabilidad fiscal.
26. Visto el artículo 39 ibidem, la indagación preliminar tiene por objeto “[…]
verificar la competencia del órgano fiscalizador, la ocurrencia de la conducta y su
afectación al patrimonio estatal, determinar la entidad afectada e identificar a
los servidores públicos y a los particulares que hayan causado el detrimento o
intervenido o contribuido a él […]” (Destacado y subrayado fuera de texto).
27. Visto el artículo 40 ibidem, cuando de la indagación preliminar, “[…] se
encuentre establecida la existencia de un daño patrimonial al Estado e
indicios serios sobre los posibles autores del mismo, el funcionario
competente ordenará la apertura del proceso de responsabilidad fiscal. El auto
de apertura inicia formalmente el proceso de responsabilidad fiscal. En el evento
en que se haya identificado a los presuntos responsables fiscales, a fin de que
ejerzan el derecho de defensa y contradicción, deberá notificárseles el auto
de trámite que ordene la apertura del proceso […]” (Destacado fuera de texto).
28. Visto el artículo 48 de la Ley 610, sobre el auto de imputación de
responsabilidad fiscal, prevé:
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“[…] Artículo 48. Auto de imputación de responsabilidad fiscal. El
funcionario competente proferirá auto de imputación de responsabilidad fiscal
cuando esté demostrado objetivamente el daño o detrimento al patrimonio
económico del Estado y existan testimonios que ofrezcan serios motivos de
credibilidad, indicios graves, documentos, peritación o cualquier medio
probatorio que comprometa la responsabilidad fiscal de los implicados. El auto
de imputación deberá contener:
1. La identificación plena de los presuntos responsables, de la entidad afectada
y de la compañía aseguradora, del número de póliza y del valor asegurado.
2. La indicación y valoración de las pruebas practicadas.
3. La acreditación de los elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal y
la determinación de la cuantía del daño al patrimonio del Estado […]”
29. Visto el artículo 49 ibidem, sobre notificación del auto de imputación de
responsabilidad fiscal, señala que el “[…] El auto de imputación de responsabilidad
fiscal se notificará a los presuntos responsables o a sus apoderados si los tuvieren
y a la compañía de seguros si la hubiere, en la forma y términos establecidos en el
Código Contencioso Administrativo. Si la providencia no se hubiere podido notificar
personalmente a los implicados que no estén representados por apoderado, surtida
la notificación por edicto se les designará apoderado de oficio, con quien se
continuará el trámite del proceso […]”.
30. Visto el artículo 50 ibidem, sobre traslado, los presuntos responsables
fiscales cuentan con 10 días, contados a partir del día siguiente a la notificación
personal del auto de imputación de responsabilidad fiscal o de la desfijación del
edicto “[…] para presentar los argumentos de defensa frente a las imputaciones
efectuadas en el auto y solicitar y aportar las pruebas que se pretendan hacer
valer […]” (Destacado fuera de texto).
31. Visto el artículo 53 ibidem, sobre el fallo con responsabilidad fiscal,
corresponde al funcionario competente proferir fallo con responsabilidad fiscal “[…]
cuando en el proceso obre prueba que conduzca a la certeza de la existencia
del daño al patrimonio público y de su cuantificación, de la individualización
y actuación cuando menos con culpa del gestor fiscal y de la relación de
causalidad entre el comportamiento del agente y el daño ocasionado al erario,
y como consecuencia se establezca la obligación de pagar una suma líquida
de dinero a cargo del responsable […]”; además, la norma indica que “[…] Los
fallos con responsabilidad deberán determinar en forma precisa la cuantía del
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daño causado, actualizándolo a valor presente al momento de la decisión,
según los índices de precios al consumidor certificados por el DANE […]”
(Destacado y subrayado fuera de texto).
32. Visto el artículo 68 ibidem, sobre derogatoria; mediante la Ley 610 se
dispuso: “[…] Deróganse los artículos 72 a 89 y el parágrafo del artículo 95 de
la Ley 42 de 1993 […]” (Destacado fuera de texto).
33. Visto el artículo 119 de la Ley 1474, sobre solidaridad, en los procesos de
responsabilidad fiscal, cuando se demuestra la existencia de daño patrimonial para
el Estado, responderán solidariamente las personas que concurrieron al hecho
hasta la recuperación del detrimento.
La gestión fiscal y la responsabilidad fiscal
34. De la normativa transcrita supra, la Sala llega a las siguientes conclusiones:
i) La Contraloría General de la República y las contralorías departamentales y
municipales son las autoridades competentes para ejercer el control y vigilancia
sobre la gestión fiscal que la administración, los particulares, y las entidades,
realicen respecto de los fondos o bienes del Estado; en ejercicio de esa
competencia, una vez establezca la existencia de responsabilidad fiscal, le compete
imponer las sanciones pecuniarias a que haya lugar; recaudar el monto y ejercer la
jurisdicción coactiva.
ii) La Contraloría General de la República y las contralorías departamentales y
municipales ejercen control fiscal sobre los particulares (personas naturales o
jurídicas), siempre que manejen fondos o bienes del Estado, con la finalidad de
verificar que con aquellos se cumplan los objetivos que haya previsto la
administración.
iii) Determinada la existencia de operaciones fraudulentas o irregularidades, se debe
iniciar el juicio fiscal donde se debe determinar la responsabilidad de los servidores
públicos y de los particulares que, en ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de
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esta, por acción o por omisión causaron de forma dolosa o culposa daño al
patrimonio del Estado.
iv) La ley definió la gestión fiscal como el conjunto de actividades económicas,
jurídicas y tecnológicas que realizan los servidores públicos y las personas de
derecho privado (naturales o jurídicas), que manejan o administran recursos o
fondos públicos, entre otras circunstancias, tendientes a la recaudación, manejo e
inversión de sus rentas para cumplir con los fines esenciales del Estado.
v) El objeto de la responsabilidad fiscal es obtener el resarcimiento del daño que se
haya causado al patrimonio público; su característica principal es su carácter
autónomo e independiente; es decir, la acción fiscal y la atribución de
responsabilidad es principal; por tanto, aunque existan otros medios judiciales o
administrativos para obtener la reparación del daño causado al patrimonio del
Estado, aquella se puede ejercer de manera directa.
vi) Legalmente, el daño al patrimonio público está previsto como el menoscabo,
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro a los bienes o
recursos públicos, producto de una gestión fiscal antieconómica, ineficaz,
ineficiente, inequitativa e inoportuna, causado por acción o por omisión de los
servidores públicos o por los particulares que de manera dolosa o culposa
produzcan directamente o contribuyan al detrimento del patrimonio público.
vii) La acción fiscal caduca a los 5 años del hecho generador del daño sin que se
haya emitido auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal; término que se
cuenta desde el día de la realización si se trata de actos o hechos instantáneos; y
desde el último hecho o acto, si aquel es complejo, de tracto sucesivo, permanente
o continuado; el que se haya configurado la caducidad de la acción fiscal no impide
que la reparación del daño causado al patrimonio del Estado se pueda obtener
mediante acción civil o dentro de un proceso penal ejercido por la contraloría o por
la autoridad pública perjudicada.
viii) El fallo de responsabilidad procede cuando obre prueba que dé certeza del daño
patrimonial y la responsabilidad del investigado
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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre los recursos parafiscales
en el Sistema General de Seguridad Social en Salud
35. Visto el artículo 48 de la Constitución Política sobre la Seguridad Social,
dispone que es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la
dirección, coordinación y control del Estado, y respecto de los recursos de las
instituciones de la Seguridad Social, indica que no se podrán destinar ni utilizar para
fines diferentes a ella.
36. Visto el artículo 9 de la Ley 100, sobre destinación de los recursos, no se
podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social
para fines diferentes a ella.
37. La Corte Constitucional mediante sentencia SU-480 de 199710, el Sistema de
Seguridad Social en Colombia es mixto, en tanto que, el régimen contributivo, se
nutre de las cotizaciones provenientes del patrono y el empleado, así como también
de las cuotas moderadoras, pagos compartidos, tarifas y bonificaciones de los
usuarios y, además, del presupuesto nacional, para lo cual consideró que estos
recursos deben ser destinados a la función propia de la seguridad social y que, por
demás, tienen el carácter de parafiscal, siendo definido en los siguientes términos:
“[…] Como es sabido, los recursos parafiscales “son recursos públicos, pertenecen
al Estado, aunque están destinados a favorecer solamente al grupo, gremio o
sector que los tributa”11, por eso se invierten exclusivamente en beneficio de éstos.
Significa lo anterior que las cotizaciones que hacen los usuarios del sistema de
salud, al igual que, como ya se dijo, toda clase de tarifas, copagos,
bonificaciones y similares y los aportes del presupuesto nacional, son dineros
públicos que las EPS y el Fondo de solidaridad y garantía administran sin que
en ningún instante se confundan ni con patrimonio de la EPS, ni con el
presupuesto nacional o de entidades territoriales, porque no dependen de
circunstancias distintas a la atención al afiliado. Por eso, en la sentencia C-
179/97, Magistrado Ponente Fabio Morón, se dijo:
“Tenía soporte, entonces, en el régimen anterior este tipo de contribuciones y bajo el
imperio de la Carta de 1991, no cabe duda acerca de que los fondos de pensiones, los
organismos oficiales que tienen como función el reconocimiento y pago de pensiones y las
E.P.S., públicas y privadas, que reciben cuotas de las empresas y de los trabajadores,
administran recursos parafiscales. Por lo tanto, en ningún caso, esos fondos pueden ser
10
Magistrado ponente Alejandro Martínez Caballero.
11
Sentencia C-152/97, Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía.
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afectados a fines distintos de los previstos en el ordenamiento jurídico y su manejo debe
realizarse teniendo en cuenta la especificidad de su función.”
Si los aportes del presupuesto nacional y las cuotas de los afiliados al sistema de
seguridad social son recursos parafiscales, su manejo estará al margen de las normas
presupuestales y administrativas que rigen los recursos fiscales provenientes de
impuestos y tasas, a menos que el ordenamiento jurídico específicamente lo ordene.
(Como es el caso del estatuto general de contratación, art. 218 de la ley 100 de 1993).
Por lo tanto no le son aplicables las normas orgánicas del presupuesto ya que el
Estado es un mero recaudador de esos recursos que tienen una finalidad específica:
atender las necesidades de salud. En consecuencia las Entidades nacionales o
territoriales que participen en el proceso de gestión de estos recursos no
pueden confundirlos con los propios y deben acelerar su entrega a sus
destinatarios. Ni mucho menos las EPS pueden considerar esos recursos
parafiscales como parte de su patrimonio; el artículo 182 de la ley 100 de 1993
ordena:
“ART. 182.- De los ingresos de las entidades promotoras de salud. Las cotizaciones que
recauden las entidades promotoras de salud pertenecen al sistema general de seguridad
social en salud.
Por la organización y garantía de la prestación de los servicios incluidos en el plan de salud
obligatorio para cada afiliado, el sistema general de seguridad social en salud reconocerá a
cada entidad promotora de salud un valor percápita, que se denominará unidad de pago por
capitación -UPC-. Esta unidad se establecerá en función del perfil epidemiológico de la
población relevante, de los riesgos cubiertos y de los costos de prestación del servicio en
condiciones medias de calidad, tecnología y hotelería, y será definida por el consejo nacional
de seguridad social en salud, de acuerdo con los estudios técnicos del Ministerio de salud.
PAR. 1º.- Las entidades promotoras de salud manejarán los recursos de la seguridad social
originados en las cotizaciones de los afiliados al sistema de cuentas independientes del resto
de rentas y bienes de la entidad.”[…]” (Negrillas fuera del texto).
38. Respecto de las características esenciales de las contribuciones
parafiscales, la Corte Constitucional12 ha sostenido que: i) son obligatorias, porque
se exigen en ejercicio del poder coercitivo del Estado, ii) gravan únicamente un
grupo, gremio o sector económico, iii) se invierten exclusivamente en beneficio del
grupo, gremio o sector económico que las tributa, iv) son recursos públicos que
pertenecen al Estado, aunque están destinados a favorecer solamente al grupo,
gremio o sector, v) el manejo, la administración y la ejecución de los recursos
parafiscales se hace por personas jurídicas de derecho privado o por los órganos
que hacen parte del presupuesto general de la Nación, vi) el control fiscal de los
recursos originados en las contribuciones parafiscales, corresponde a
la Contraloría General de la República, y vii) son excepcionales.
12
Corte Constitucional. Sentencia C – 152 de 1997. MP: Jorge Arango Mejía.
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39. De esta manera, las cotizaciones que hacen los usuarios del sistema de
salud, así como todas las tarifas, copagos, bonificaciones y similares, son dineros
públicos considerados parafiscales, recaudados por las EPS, las cuales tienen
como función básica organizar y garantizar, directa o indirectamente la prestación
del plan obligatorio de salud a los afiliados y girar, la diferencia entre los ingresos
por cotizaciones de sus afiliados y el valor de las correspondientes UPC al
FOSYGA13.
40. Por su parte, la UPC es la cuota de valor anual que reciben las EPS por cada
una de las personas afiliadas, cotizantes o beneficiarias, para garantizar la
adecuada prestación de los servicios que ofrece el POS durante ese período de
tiempo, igualmente, son los ingresos de las EPS14 y el centro de equilibrio financiero
del sistema obligatorio de salud15. La Corte Constitucional sobre el particular
consideró16:
“[…] 7.3. Respecto a las UPC, es decir, respecto de los recursos que manejan y
administran las EPS, hay que decir que éstos conservan la naturaleza de parafiscales,
y en ningún caso pasan a ser privados, por cuanto se encuentran en el ciclo del
uso de los recursos dispuestos para garantizar el servicio de la Seguridad
social en Salud. En reciente pronunciamiento, la Corte, interpretando el contenido
de las disposiciones que regulan el sistema de seguridad social en salud, y siguiendo
el precedente fijado en las Sentencias SU-480 de 1997, C-139 de 1999 y C-363 de
2001, aclaró que los recursos destinados al plan obligatorio de salud
pertenecen al sistema, y que no pueden calificarse como rentas propias de las
EPS por cuanto no configuran el simple el pago por los servicios
administrativos que ellas prestan, sino que fundamentalmente representan el
cálculo de los costos para la adecuada prestación del servicio.
A juicio de la Corte, entre las EPS y los recursos del sistema de seguridad social en
salud surge una relación indisoluble e inescindible que impide considerar dichos
recursos, en algún momento del ciclo en que intervienen, como propios de aquellas.
La posibilidad de que las EPS obtengan una legítima ganancia, rendimientos o
excedentes, no desvirtúa en modo alguno el carácter parafiscal de los recursos,
pues ello es atribuible a la forma como ha sido diseñado el sistema, en el que
se admite la participación de entidades privadas, públicas o mixtas. Además,
como ya se anotó, los recursos que recaudan y manejan las EPS a través de la UPC,
se calculan es sobre la base del estimativo del costo de los servicios, sin mayores
consideraciones a la posibilidad de que las EPS obtengan una ganancia.
[…]
7.4. De acuerdo con las consideraciones precedentes, en la misma Sentencia
se sostiene que considerar la UPC como recursos privados o propios de las
13
Artículo 177 Ley 100.
14
El artículo 182 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 62 del Decreto 1298 de 1994, del
Estatuto Orgánico de Salud, dispone que las UPC son los “ingresos de las Entidades Promotoras de Salud”.
15
Ver sentencias Sentencia SU-480 de 1997 y C-828 de 2001.
16
MP: Rodrigo Escobar Gil.
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EPS “es un error que se deriva de equiparar el Plan obligatorio de Salud POS
con un contrato tradicional de seguro”. En cuanto el objetivo del sistema de
seguridad social en salud es privilegiar el subsidio de la demanda, las entidades
administradoras actúan como simples intermediarias entre los recursos que manejan
y los usuarios del servicio, asimilándose su función a un contrato de aseguramiento
especial en el que las EPS asumen el riesgo de la actividad y la administración de los
recursos.[…]”. (Negrillas fuera de texto)
41. Esta Sección mediante sentencia de 11 de octubre de 200717, consideró que
las disposiciones que fueron dictadas para proteger los recursos de la salud “son
claras en señalar que los recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud
pertenecen al sistema y no a los entes que por disposición legal los administran
[…]”.
42. En este sentido, las EPS podían invertir los recursos provenientes de
recursos parafiscales en la prestación del servicio de salud y en los gastos
administrativos que se requieran para su prestación, de manera que, todas aquellas
inversiones destinadas a fines diferentes a los antes enunciados no son
permitidas18.
43. La Superintendencia Nacional de Salud, con base en las posturas indicadas
supra, expidió las circulares externas núms. 26 de 2006 y la Núm.049 de 2008 en
la que precisó que la inversión de recursos provenientes de la UPC en
infraestructura es una práctica insegura e ilegal, debido precisamente, a la
naturaleza parafiscal de esos recursos percibidos por las EPS, motivo por el que
únicamente podían invertirse en los servicios del POS y su propia administración.
44. Sometida a control de legalidad las circulares indicadas supra, esta
Corporación mediante sentencia de 10 de julio de 201419, consideró que no había
lugar a afirmar que las circulares acusadas impidieran a las EPS “[…] operar ni que
se les restrinja el derecho a realizar inversiones en infraestructura tendientes a la
prestación de servicios de manera directa cuando tales entidades opten por ejercer
esta facultad. De la lectura de las normas de la ley 100 de 1993 que se consideran
infringidas, se observa que el legislador permitió a las EPS organizar y garantizar,
17 Consejo de Estado. Sección Primera. Rad: 2003-00435-01, M.P. Martha Sofía Sanz Tobón
Sentencia C – 1489 de 2000. MP: Alejandro Martínez Caballero
18
19
Consejo de Estado. Sección Primera. Rad: 11001-03-24-000-2008-00385-00. MP: Marco Antonio Velilla
Moreno.
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directa o indirectamente, la prestación del Plan de Salud Obligatorio a los afiliados
(Art. 177) y estableció la posibilidad de que dichas entidades, para garantizar el Plan
de Salud Obligatorio a sus afiliados, puedan prestar directamente los servicios de
salud o contratarlos con instituciones prestadoras y con profesionales (Art. 179). No
obstante, lo anterior no implica que esas facultades autoricen a las EPS para
invertir de manera absolutamente discrecional los recursos provenientes de
la UPC en infraestructura, pues tales recursos están destinados
exclusivamente a la organización y administración del sistema de seguridad
social como los orientados a la prestación del servicio de salud”. (Negrilla fuera
de texto)
Acervo probatorio
45. La Sala procederá a apreciar y valorar, en conjunto, las pruebas aportadas
por las partes20 y en lo que corresponde a los cargos contenidos en el recurso de
apelación, de conformidad con las reglas de la sana crítica en los términos del
artículo 17621 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201222, norma aplicable al presente
caso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 306 de la Ley 1437, aplicando para ello
las reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para
efectos de decidir lo que en derecho corresponda.
Solución del caso concreto
46. Visto el marco normativo en la parte considerativa de esta sentencia y los
problemas jurídicos planteados en esta providencia, la Sala procede a realizar el
análisis del acervo probatorio para, posteriormente, en aplicación del silogismo
jurídico, concluir el caso concreto refiriéndose, en primer lugar, a la congruencia
externa de la sentencia proferida en primera instancia; y, en segundo lugar, a los
argumentos planteados en el recurso de apelación.
20 Cfr. Índice del aplicativo web SAMAI. “EXPEDIENTE DIGITAL NroActua 0002. 21 anexos”
21 “[…] ARTÍCULO 176. APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto,
de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial
para la existencia o validez de ciertos actos.
El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba […]”.
22 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.
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Sobre la falta de competencia para expedir el acto acusado por estar
suspendida la actuación
47. Esta Sala empieza por precisar que, el cargo formulado en el recurso de
apelación como “falta de competencia para expedir el acto acusado por estar
suspendida la actuación”, correspondió el cargo núm. 11 de la demanda en su
acápite de concepto de violación, y que la parte demandante sintetiza en su recurso
indicando que “[…] En este caso tal reproche tiene lugar porque el Fallo 1890 y los
demás demandados, fueron proferidos por fuera de las competencias legales y
procesales atribuidas al director del proceso de responsabilidad fiscal. Al estar
suspendida la actuación, por efectos de haberse presentado un recurso de
apelación contra una de las providencias dictadas dentro del curso del proceso -
conllevando que la competencia se trasladará al superior a efectos de resolver la
apelación -, y haberse proferido los actos demandados en el transcurso de tal
suspensión, conllevó que fueron expedidos por fuera de las atribuciones que el
ordenamiento jurídico le había otorgado al director del proceso de responsabilidad
fiscal, violando el debido proceso de mi representada. […]”.
48. Este cargo, fue formulado por la parte demandante en su escrito de demanda
aduciendo que la parte demandada expidió el Auto 1822 mediante el cual resolvió
una solicitud de nulidad, y respecto del cual interpuso el correspondiente recurso de
apelación el 13 de noviembre de 2013, esto es, el mismo día en que se expidió el
fallo con responsabilidad fiscal cuando la actuación estaba suspendida en virtud de
lo establecido en el artículo 79 de la ley 1437 del 2011.
49. El Tribunal, en la sentencia proferida en primera instancia, respecto de la
nulidad planteada en la actuación administrativa, y de cara a resolver el cargo indicó:
“[…] 1) En primer lugar, cabe resaltar que la parte demandada, por auto no. 0034
de 17de diciembre de 2012, resolvió unas solicitudes de nulidad presentadas dentro
del proceso de responsabilidad fiscal y, respecto de la actora en este proceso, se
puso de presente lo siguiente: “Al igual que en las situaciones anteriores, este
Despacho sostiene que no se da en el presente asunto, ninguna de las
causales taxativas del artículo 36 de la Ley 610 de 2000 para decretar la nulidad
de lo actuado, y contrario censo a lo expuesto por el togado, en el precitado auto
sí se indican las razones por las cuales a sus representados MARÍA CAROLINA
LAMUS BECERRA (…) como directivos y miembros del concejo (sic) de
administración, se les imputa responsabilidad fiscal, de manera concreta (…) lo que
le permite pueda ejercer la defensa de los mismos, como en efecto lo hace en el
escrito de descargos (…). Y, finalmente, se negó la solicitud de nulidad (carpeta
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115), decisión que fue impugnada y confirmada por auto por auto de 0017. Por lo
tanto, es claro que en el proceso de responsabilidad fiscal no se vulneró el debido
proceso.
[…]
3) A su turno, el artículo 38 ibidem dispone el término para proponer las nulidades
en los siguientes términos: “ARTÍCULO 38. TERMINO PARA PROPONER
NULIDADES. Podrán proponerse causales de nulidad hasta antes de proferirse el
fallo definitivo. En la respectiva solicitud se precisará la causal invocada y se
expondrán las razones que la sustenten. Sólo se podrá formular otra solicitud de
nulidad por la misma causal por hechos posteriores o por causal diferente. Contra
el auto que resuelva las nulidades procederán los recursos de reposición y apelación
[…]”
50. La Sala advierte que el Tribunal, en la sentencia proferida en primera
instancia, se refiere a la falta de competencia formulada por la parte demandante
por adelantar, según el cargo, actuaciones bajo causales de impedimento y
recusación, por falta de competencia por expiración del plazo para poder proferir
auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, por fundamentar el fallo en
un informe técnico viciado de error grave y por fundarse el fallo de responsabilidad
fiscal en pruebas indebidamente obtenidas. No obstante, no se evidencia un estudio
del cargo, por adelantar actuaciones cuando el proceso se encontraba suspendido,
lo que la parte demandante denominó por encontrarse pendiente una actuación,
antes de proferir el fallo de responsabilidad fiscal.
51. Como fundamento del cargo, la parte demandante aduce que se trasgrede el
artículo 79 de la Ley 1437, toda vez que conforme a dicha disposición normativa,
“[…] los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo. […]”
52. Esta Sala considera que, de conformidad con lo previsto en el artículo 38 de
la Ley 610, contra el auto que resuelva las solicitudes de nulidad proceden los
recursos de reposición y apelación. No obstante, en el procedimiento administrativo
de responsabilidad fiscal, los titulares de la acción de responsabilidad fiscal tienen
la facultad de expedir diferentes tipos de actos, que aun cuando tienen naturaleza
de acto administrativo, han sido denominado como “actos de trámite” y que
pertenecen a un conjunto de actuaciones administrativas que culminan con un acto
definitivo que declara o no la responsabilidad fiscal de los sujetos.
53. Así lo dispone el artículo 59 de la Ley 610, cuando indica que: “en materia
del proceso de responsabilidad fiscal, solamente será demandable ante la
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jurisdicción de lo contencioso administrativo el Acto Administrativo con el cual
termina el proceso, una vez se encuentre en firme”.
54. En el caso sub examine, la parte demandante manifestó que la Contralora
Delegada expidió el Auto 1822 mediante el cual resolvió sobre una solicitud de
nulidad dentro del proceso, y hasta tanto no se resolviera el recurso presentado
contra el mismo, no le era permitido, so pena de falta de competencia, expedir el
fallo definitivo, por virtud del efecto suspensivo que se deriva del artículo 79 de la
Ley 1437.
55. Esta Sala considera que la norma invocada por la parte demandante
contenida en el artículo 79 de la Ley 1437 no resulta aplicable al caso sub examine,
toda vez que los actos a los que se refiere la indicada norma, corresponden a los
que le ponen fin a la actuación administrativa, y que por tanto son susceptible de los
recursos en sede administrativa con el efecto que les atribuye el artículo 79 de la
ley 1437, esto es, con efectos suspensivos.
56. Con todo, no debe perderse de vista que en lo que tiene que ver con el
término para proponer nulidades, en vigencia de la Ley 610, se podía proponer la
nulidad hasta antes de proferirse el fallo definitivo, y con la entrada en vigencia de
la Ley 1474, vigente desde el 12 de julio de 2012, el artículo 99 prevé que en los
procedimientos verbales, las nulidades deben ser interpuestas y resueltas
solamente durante de la audiencia de descargos
57. En los procesos ordinarios previstos en la Ley indicada supra, las nulidades
podrán formularse hasta antes de proferirse la decisión final, supeditada ésta a las
instancias posibles durante el proceso; toda vez que se distingue el proceso de
única instancia del proceso de doble instancia. El artículo 109 ibidem, prevé
expresamente el plazo para resolverla dentro los cinco días.
58. En este sentido, la solicitud de nulidad puede formularse antes de proferirse
el fallo de primera o el de única instancia, pero no existe norma legal que impida
resolver los recursos que contra tales decisiones se interpongan. Ello por cuanto
las decisiones que desatan los recursos de reposición y de apelación, conforman
una unidad jurídica que se integran a la decisión impugnada.
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59. Finalmente, encuentra la Sala la parte demanda resolvió el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto 001822 de 1.° de
noviembre de 2013, mediante auto núm. 0019 de 11 de febrero de 2014, esto es,
antes de expedirse el Auto núm. 021 de 2014 que corrige la decisión definitiva, y
en el cual se indicó:
“[…] Entendido lo anterior, esta Instancia encuentra que el recurso de apelación
interpuesto por el apoderado HERNÁN GONZALO JIMÉNEZ BARRERO, de
[…]Carolina Lemus, lo único que pretende es desnaturalizar esta herramienta
procesal con argumentos que no tienen la trascendencia para ser calificados como
transgresores del derecho al debido proceso, pues no es de recibo, para este
Despacho, que el hecho que no exista la firma de un funcionario sustanciador dentro
de los autos que decretan las cautelas, se constituya en una irregularidad que afecte
un requisito legal, pues él debe ser conocedor que en materia jurídica, y en el caso
de los proceso de responsabilidad fiscal, la competencia para proferir las diferentes
decisiones en las que se decide el embargo de bienes, la tiene es el respectivo
contralor o directivo a quien se le hubiere delegado la función constitucional de
adelantar y fallar procesos de responsabilidad fiscal, razón esta suficiente para
confirmar lo resuelto por el a quo. […]
Sobre la ilegalidad por transmitir la gestión fiscal de una persona jurídica a
sus empleados.
60. El a quo, al resolver el cargo formulado de falta de competencia, y respecto
de este argumento consideró:
“[…] Es completamente claro que es la competencia del órgano de control Fiscal
vigilar la gestión fiscal no solo de los servidores del Estado, sino de las personas de
derecho privado que manejen o administren fondos o bienes de la Nación, lo cual
lleva indefectiblemente a observar las actuaciones fiscales con el fin de preservar
los recursos públicos y el cumplimiento de los principios en materia fiscal, economía,
eficacia, eficiencia, equidad, valoración de costos ambientales para el cumplimiento
de los cometidos del Estado Social de Derecho. Estas medidas se enmarcan en la
relevancia del interés general de los asociados del Estado. Por tanto, el cargo de
falta de competencia no está llamado a prosperar. […]”
61. La parte demandante manifiesta en su recurso de apelación, que “[…] El
reproche que formula este cargo contra la Sentencia recurrida, radica en el
desconocimiento que los recursos económicos y financieros de la seguridad social
estuvieron en cabeza exclusiva de la EPS. Es ella quien fue titular de las cuentas
bancarias, bajo quien se formalizan contratos, quien afilia, pero no sus empleados
o contratistas. Desconoce que la responsabilidad fiscal es patrimonial mas no
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sancionatoria, y si la EPS ocasionó algún desmedro económico a los recursos de
la salud es esta empresa con su patrimonio quien debe repararlo. […]”
62. Para resolver el cargo la Sala considera que, conforme al marco
constitucional indicado supra, el ejercicio de las funciones públicas como la gestión
pública, la cual comprende la gestión fiscal, deben ser vigiladas y controladas por
el Estado, sea que tales funciones y gestión las cumplan y ejecuten entidades
públicas y los servidores públicos vinculados, o entidades privadas y/o particulares
cuando les sean atribuidas por la ley o delegadas por actos administrativos con
sujeción a ella.
63. En este sentido, los particulares a los cuales se les atribuye la
administración, manejo y disposición de bienes y recursos de origen y naturaleza
pública, de conformidad con lo previsto en el artículo 119 de la Constitución Política,
que dispuso que la Contraloría General de la República tiene a su cargo la vigilancia
de la gestión fiscal y el control de resultado de la administración, al tiempo que en
el artículo 267 estableció que el control fiscal es una función pública que ejerce
dicha entidad, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares
o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación y que dicho control se ejerce
en forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y principios
que establezca la ley, vigilancia de la gestión fiscal que incluye el ejercicio de un
control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía,
la equidad y la valoración de los costos ambientales.
64. En concordancia con el marco constitucional indicado, la Ley 610 prevé en
su artículo 3 el concepto de gestión fiscal, mediante una definición que abarca
diferente tipo de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas sobre recursos y
bienes públicos, en orden a cumplir los fines esenciales del Estado.
65. Por tanto, no se trata únicamente de sujetos dotados de personería jurídica
tales como las organizaciones, empresa o sociedad, como lo indica la parte
demandante, sino que incluye a personas naturales, y en general, cualquier
particular que tengan capacidad decisoria frente a los fondos o bienes del erario
público puestos a su cargo tales como el ordenador del gasto, el jefe de planeación,
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el jefe jurídico, el almacenista, el jefe de presupuesto, el pagador o tesorero, el
responsable de la caja menor, y por supuesto, los particulares.
66. Esta Corporación23, respecto de esta última categoría, los particulares,
consideró:
“[…] Por lo tanto, cuando alguna contraloría del país decide crear y aplicar un
programa de control fiscal en una entidad determinada, debe actuar con criterio
selectivo frente a los servidores públicos a vigilar, esto es, tiene que identificar
puntualmente a quienes ejercen gestión fiscal dentro de la entidad, dejando al
margen de su órbita controladora a todos los demás servidores. Lo cual es
indicativo de que el control fiscal no se puede practicar in sólidum o con criterio
universal, tanto desde el punto de vista de los actos a examinar, como desde la
óptica de los servidores públicos vinculados al respectivo ente. Circunstancia por
demás importante si se tienen en cuenta las varias modalidades de asociación
económica que suele asumir el Estado con los particulares en la fronda de la
descentralización por servicios nacional y/o territorial. Eventos en los cuales la
actividad fiscalizadora podrá encontrarse con empleados públicos, trabajadores
oficiales o empleados particulares1, sin que para nada importe su específica
condición cuando quiera que los mismos tengan adscripciones de gestión fiscal
dentro de las correspondientes entidades o empresas. […]”
67. De manera que en la medida en que los particulares asuman el manejo de
tales fondos o bienes, deben someterse a los principios de la función administrativa
predicables no solo a los servidores públicos, en tanto ellos contribuyen directa o
indirectamente en la concreción de los fines del Estado, por lo cual resulta propio
inferir que la esfera de la gestión fiscal y de los sujetos con vocación de
responsabilidad fiscal se encuentra estrechamente vinculado con las
responsabilidades inherentes al manejo de fondos y bienes del Estado por parte de
servidores públicos y particulares, siendo por tanto indiferente la condición pública
o privada del respectivo responsable, y en este último caso su naturaleza de
persona jurídica o privada.
68. Así las cosas, no se comparte la afirmación de la parte demandante según
la cual, de existir competencia por parte de la Contraloría General de la República
respecto de la gestión de las EPS, lo era exclusivamente respecto de la persona
jurídica de la EPS.
23Consejo de Estado, Sentencia de 26 de agosto de 2004. Expediente núm. 05001-23-31-000-1997-209301,
Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo,
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De la ausencia de la condición de gestor fiscal de la parte demandante como
vicepresidente.
69. La parte demandante manifiesta en su recurso de apelación, que el cargo
estuvo dirigido a demostrar que la parte demandante mientras fungió como
Vicepresidente Administrativa no tuvo la condición de Gestor Fiscal, lo que no fue
debidamente valorado por la sentencia que se apela. El único acto de gestión fiscal
que ejerció mientras tuvo la condición de miembro del Consejo de Administración,
fue la aprobación de los presupuestos anuales y la supuesta aprobación de Estados
Financieros no constituye acto de gestión fiscal, toda vez que no se enmarca en los
verbos indicados por el artículo 3 de la Ley 610 del 2000.
70. Concluye su recurso indicando:
“[…] Esta desigualdad en el trato frente a otros de los miembros del Consejo de
Administración como frente a otros vicepresidentes conlleva el injusto que mi
representada esté soportando una responsabilidad fiscal mayor por la cual no debe
responder. Si el daño fiscal derivó de las decisiones del Consejo por aprobar los
Presupuestos y los Estados Financieros, todos sus miembros que decidieron y
votaron en forma positiva están llamados a responder. Mi representada no tiene
porqué sobrellevar una carga económica que le corresponde a otro. Haber excluido
sin justificación a los otros miembros que votaron positivamente tiene como efecto
que mi representada tenga que asumir una responsabilidad mayor de la que le
corresponde. Si hubo una responsabilidad del Consejo, todos los que aprobaron los
Presupuestos y los Estados Financieros están obligados a resarcir. No hay
justificación que el Fallo 1890 haya adoptado esta diferenciación en este trato.
Exonera sin justificación a personas que están en las mismas condiciones que mi
representada. Ante esta desigualdad mi prohijada termina sufriendo una mayor
responsabilidad y por ende una carga económica que en justicia y legalidad no le
corresponde.
La Doctora LAMUS no tiene porqué soportar como Vicepresidente el daño fiscal
ocurrido antes de Octubre 24 del 2005. Antes de dicha fecha era otra la persona que
tenía la condición de Vicepresidente Administrativo y no ella, como se ve a folio 6974
carpeta 35 del Exp. IP-010.
Como la decisión de la Contraloría tiene un fin resarcitorio y no disciplinario, tiene
pleno mérito el no haber llamado al proceso de responsabilidad fiscal a todos los
miembros del Consejo de Administración que también aprobaron los Presupuestos
y Estados Financieros y a las demás personas que también fueron Vicepresidentes,
toda vez que la actora debe asumir una obligación económica mayor a la que le
corresponde, por efecto de haberles excluido sin justificación estando llamados a
resarcir la responsabilidad fiscal impuesta.[…]”
71. Sobre el particular, el Tribunal consideró que la actuación de la parte
demandante sí fue determínate y contribuyó de manera directa a la generación del
daño. Luego de referir los apartes del acto acusado que dan cuenta de su
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participación en las diferentes empresas que hacían parte del grupo empresarial,
concluyó:
“[…] Es completamente claro que la atribución de gestión fiscal en cabeza de la
demandada no obedeció a una interpretación errada de la parte demandada, ya que
se fundó en las atribuciones legales y estatutarias a su cargo y en las conductas
concretas como la intervención en la adopción de estados financieros, aprobación
del presupuesto y en el ejercicio de atribuciones que contribuyeron a la generación
de daño a los recursos parafiscales de la salud utilizados en beneficio particular de
la EPS SALUDCOOP. Por lo tanto, es claro que no haber mediado las actuaciones
y omisiones de la demandante en calidad de miembro del consejo de administración
y vicepresidente administrativo de Saludcoop, no se habría generado el detrimento
de los recursos parafiscales de la salud, por tanto, sí existió el nexo de causalidad
para declarar responsable fiscalmente a la demandante. […]”
72. De la lectura de los actos acusados se tiene que la parte demandante, junto
con los demás miembros del Consejo de Administración y otros Directivos de
SALUDCOOP EPS OC., participó en las diferentes sesiones en la que se adoptaron
de los estados financieros que reflejan que se hicieron operaciones por parte de la
EPS, para ejecutar inversiones o destinaciones de recursos parafiscales de
SGSSS, que no tienen causalidad alguna con la prestación de servicios de salud,
y por el contrario, “[…] dichas transacciones sobre actividades operación,
financiación e inversión, se ejecutaron, apalancaron y consolidaron con los recursos
parafiscales del SGSSS que percibió la EPS para su administración, durante esa
vigencia. […]”
73. Las funciones desarrolladas por la parte demandante, y conforme al material
probatorio valorado por la parte demandada y el tribunal de instancia, consistieron
en: i) apoyo a la ejecución de las decisiones por parte del Presidente Ejecutivo; ii)
la intervención en la aplicación del gasto administrativo; iii) la disposición sobre la
infraestructura y la gestión administrativa de adquisiciones.
74. El acto acusado, fundado en material probatorio, manifestó que en su calidad
de Vicepresidente de la organización, garantizaba el cumplimiento de las
decisiones tomadas por el Presidente Ejecutivo, además de “[…] proponer
estrategias para el adecuado control del gasto administrativo y asistir el eficiente
desempeño del grupo en materia administrativa, puede deducirse que en el marco
de sus funciones la imputada era consciente de que las partidas que se aprobaban
en los estados financieros y en los presupuestos de la entidad se encontraban
aquellas que como quedó plenamente establecido en el acápite del daño de esta
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Providencia , configuraron operaciones de desvío de los recursos parafiscales del
SGSSS para aprovechamiento de la organización cooperativa y con menoscabo
del patrimonio público. […]”
75. De manera que su tarea, conforme a las funciones del cargo, le exigía
intervenir en la ejecución de los gastos ordinarios y extraordinarios de SaludCoop
EPS OS., y, por consiguiente, era la persona que tenía a su cargo la función de
verificar el destino que tenía cada operación y por ende, la capacidad de conocer
cómo operaba el desvío de recursos a través de los gastos administrativos.
76. Respecto de lo que la recurrente afirma sobre la aprobación de los Estados
Financieros y que dicha actividad no comporta acto de gestión fiscal, se reprocha
de la sentencia apelada que omite pronunciarse sobre lo expuesto en la demanda
sobre la asistencia de la demandante a las Asambleas donde se aprobaron los
Estados Financieros, como invitado y sin representar a ningún asociado, hecho que
no la convierte “[…] en manejador o administrador de recursos públicos. […]”
77. El acto acusado hace especial énfasis no solo en las conductas de la parte
demandante en su función como integrante del Consejo de Administración sino
como Vicepresidente Administrativa, cuando afirmó que con su intervención en las
aprobaciones presupuestales y de los estados financieros, en calidad de miembro
de Consejo de Administración; y como ejecutora del gasto administrativo de los
recursos parafiscales, en su calidad de Vicepresidente administrativa, contribuyó a
la generación del daño, debido a su participación directa y su capacidad de conocer
la concepción e implementación de operaciones, cuya ejecución debía hacer
cumplir de acuerdo a las funciones a ella conferidas y que le permitían discernir que
actuaría como herramienta para la destinación de recursos públicos a otros
menesteres distintos de los previstos para los parafiscales del SGSSS.
78. Contrario a lo afirmado por la parte demandante en su recurso, el Tribunal si
se pronunció respecto de la gestión fiscal que desempeñó, aspecto sobre el cual
concluyó: “[…] Ahora bien, respecto de la gestión fiscal desarrollada por la parte
actora, es claro que su participación en los hechos que son objeto del proceso y la
conducta atribuida a quien fungiera primero como miembro del Consejo de
Administración y luego como vicePresidente administrativa de SaludCoop EPS
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OC., se desarrolló en el contexto de la gestión fiscal atribuida a dicha EPS, por
virtud de la habilitación jurídica que la misma obtuvo, en el marco de la Ley 100 de
1993, en cuanto que la demandante no solo participó en la aprobación de estados
financieros y presupuestos de la entidad, sino que tuvo a su cargo en el período
2005 a 2010 funciones de ejecutar el gasto administrativo con cargo a los recursos
parafiscales del SGSSS. […]”
79. La Sala no encuentra desvirtuadas las afirmaciones contenidas en los actos
acusados por cuenta de la recurrente, y por el contrario adquiere validez sus
conclusiones derivadas de las actas de los diferentes consejos de administración
en las que se aprobaron los presupuestos anuales en los que se habilitada a los
órganos de administración para ejecutar durante el ejercicio operaciones que no
forman parte de aquellos que tienen nexo de causalidad con la prestación del
servicio y por lo tanto no podían financiarse con los recursos del SGSSS, lo que,
dicho en otras palabras, significa que dichas partidas aprobadas solo podían
atenderse con recursos propios.
80. Los argumentos expuestos en el recurso de apelación frente a este cargo se
limitan a negar la gestión fiscal afirmando que no estaba dentro de sus funciones la
ejecución de los gastos, ni el manejo o administración de los bienes o rentas de la
EPS, cuando lo cierto, y así lo encontró probado el a quo, su actividad la desarrolló
según las atribuciones legales y estatutarias con respecto a su cargo y en las
conductas concretas como la intervención en la adopción de estados financieros,
aprobación del presupuesto al punto que “[…] no haber mediado las actuaciones y
omisiones de la demandante en calidad de miembro del consejo de administración
y vicepresidente administrativo de Saludcoop, no se habría generado el detrimento
de los recursos parafiscales de la salud, por tanto, sí existió el nexo de causalidad
para declarar responsable fiscalmente a la demandante. […]”
De la violación por haber dado un trato diferente a la parte demandante
respecto de otras personas que estaban en iguales condiciones y
circunstancias.
81. La parte demandante afirma en el recurso de apelación que la sentencia
apelada omite pronunciarse de fondo respecto del trato desigual recibido por parte
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de la demandada toda vez que: i) No se vincularon a todos los miembros del
Consejo de Administración que entre 1998 y 2010 también aprobaron los Estados
Financieros y los Presupuestos Anuales en cada uno de estos años; y ii) no hubo
el cuidado de determinar para cada persona su específico periodo de vinculación
frente a la EPS y por ende la graduación de su responsabilidad frente al daño. “[…]
La consideración que hace se limita a indicar que los declarados responsables
finalmente por la desviación de los recursos parafiscales fueron por las conductas
realizadas en el período 1998 a 2010 y en particular 2005 a 2010. […]”
82. Por su parte, la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, respecto de este cargo consideró:
“[…] no es de recibo el argumento de la parte actora, consistente en que no
fue objeto de acción fiscal el período comprendido entre los años 1998 a
2005, ya que, como se expuso, en el proceso de responsabilidad fiscal el
desvió de los recursos públicos por parte de SaludCoop se encontró
demostrado, en el período comprendido entre los años 1998 al 2010,
resaltándose que la valoración de la conducta desarrollada especialmente
por la implicada, se constituyó en culpa grave dentro del período
comprendido entre el año 2005 a 2010. Por lo tanto, no es cierto que se
hubiese vulnerado el principio de igualdad o no se hubiese aplicado de
manera uniforma las normas y la jurisprudencia, ya que los declarados
responsables fiscalmente por la desviación de los recursos parafiscales del
Sistema General de la Seguridad Social en Salud - SGSSS administrados
por SaludCoop EPS OC que conllevaron a la pérdida y menoscabo de
recursos parafiscales de la salud al ser apropiados o explotados en beneficio
de SaludCoop EPS O.C. y de sus empresas vinculadas, fueron por las
conductas que realizaron durante el período comprendido entre los años
1998 a 2010 y en el caso particular de la actora, en el lapso comprendido
entre el año 2005 a 2010. […]”
83. La Sala, en este punto de la apelación, inicia por indicar que en el presente
asunto la parte demandante parte de la existencia de un trato desigual porque
algunas personas que, aunque se encontraban en igualdad de condiciones a ella,
por haber sido parte del consejo de administración de Saludcoop E.P.S. o haber
participado en las asambleas generales de asociados, no fueron llamadas al
proceso de responsabilidad fiscal.
84. La Corte Constitucional, en la sentencia C-220 de 19 de abril 2017, advirtió
que “[…] no existen, en la práctica, situaciones idénticas, ni supuestos
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absolutamente diferentes. Lo que se presenta, en cambio, son supuestos
(situaciones, personas, grupos) con igualdades y desigualdades parciales, así que
la tarea del juez consiste en determinar cuáles poseen mayor relevancia desde
criterios normativos contenidos en el ordenamiento jurídico, para concluir si deben
o no recibir el mismo tratamiento por parte del derecho. Lo anterior, ha llevado a
concluir a la Corte que no todo trato diferente es reprochable desde el punto
de vista constitucional, pues un trato diferente basado en razones
constitucionalmente legítimas es también legítimo, y un trato diferente que no
se apoye en esas razones debe considerarse discriminatorio y, por lo tanto,
prohibido […]”24.
85. La Corte Constitucional, en similar línea argumentativa, señaló en la
sentencia C-084 de 27 de febrero de 2020, que “[…] la igualdad tiene una
naturaleza triple, pues se considera de manera simultánea como valor, principio y
derecho fundamental. El principal rasgo es su carácter relacional. El artículo 13 de
la Carta consagró la igualdad y estableció los mandatos que lo componen,
los cuales se sintetizan como el deber de igual trato a situaciones idénticas y
diferenciado ante circunstancias que no son asimilables […]”25.
86. A su vez, la Corte Constitucional, ha indicado que “[…] un juez no puede
conceder una tutela si en el respectivo proceso no existe prueba, al menos
sumaria, de la violación concreta de un derecho fundamental […]”; además, señaló
que “[…] quien pretenda el amparo de un derecho fundamental debe demostrar
los hechos en que se funda su pretensión, a fin de que la determinación del
juez, obedezca a la certeza y convicción de que se ha violado o amenazado el
derecho […]”26.
87. Esta Sala precisa que, si bien la providencia citada supra, se profirió dentro
de un expediente de acción de tutela, considera pertinente su referencia en tanto
como sucede en los procesos seguidos en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, para que el juez pueda adoptar la decisión que
corresponde, no solo debe contar con la prueba que le permita determinar la
existencia de la violación alegada, sino también con una carga argumentativa
24 Corte Constitucional, Sentencia C-220 de 19 de abril de 2017, M.P. José Antonio Cepeda Amarís.
25 Corte Constitucional, Sentencia C-084 de 27 de febrero de 2020, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
26 Corte Constitucional, Sentencia T-571 de 4 de septiembre de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa.
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mínima que le permita realizar un estudio sobre las razones por las cuales se debe
anular o no un acto administrativo.
88. La Sala advierte, en el asunto sub examine, que la parte demandante: i) en
el recurso de apelación, no indicó de manera clara y concreta los motivos por los
cuales estima que las personas, que no fueron vinculadas al proceso de
responsabilidad fiscal, debieron ser vinculadas a dicho proceso; ii) se limitó a
manifestar que la parte demandada debió vincular a todas aquellas personas que
integraron el consejo de administración de Saludcoop E.P.S. o participaron en las
asambleas generales ordinarias entre 1998 y 2010, sin materializar las pruebas y
razones por las cuales debieron ser vinculadas en igualdad de condiciones; y iii) no
desvirtuó los argumentos de la parte demandada conforme a los cuales dicha
vinculación no se realizó atendiendo la ausencia de material probatorio en su
contra, a diferencia de lo que sucedió en relación con la parte demandante, razón
por la cual, el argumento planteado por la parte demandante no está llamado a
prosperar
89. La Sala encuentra además que, desde el inicio del proceso de
responsabilidad fiscal, el Auto de Imputación 000277 de 7 de noviembre de 2012,
determinó quienes eran los presuntos responsables fiscales, definiendo: i) la
conducta generadora del daño patrimonial consistente en el desvío de los recursos
parafiscales del Sistema General de la Seguridad Social en Salud - SGSSS
administrados por SaludCoop EPS OC; ii) las irregularidad particulares y
específicas en las que se concretó esa conducta, tales como: actividades de
operación, actividades de financiación, y actividades de inversión; iii) el período en
el que se concretaron las irregularidades en el manejo de los recursos parafiscales
de la salud por parte de SALUDCOOP; iv) la concreción del presunto daño al
patrimonio del estado; y v) la cuantía del daño fiscal.
90. De ello se tiene que la parte demandada vinculó al proceso de
responsabilidad fiscal a quienes preliminarmente consideró que podrían tener algún
grado de responsabilidad en atención al cargo desempeñado, las funciones, la
conducta desarrollada por cada uno de ellos y su participación directa o a modo de
contribución en la generación del menoscabo. general de manera indistinta a
cargos o funciones iguales o similares, pues llevar a conclusiones generales
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constituiría una imputación de responsabilidad objetiva proscrita para el caso de la
responsabilidad fiscal.
91. La parte demandante refiere una serie de personas que según lo afirmado
en el recurso fueron integrantes del Consejo de Administración, o fungieron como
vicepresidentes de SALUDCOOP, sin que se indique de manera particular en que
consistió su participación, cuál fue su conducta y por qué se encuentra en igualdad
de condiciones a la parte demandante, para llegar a la conclusión que compartían
los mismos supuestos fácticos y jurídicos y por ende debieron recibir el mismo
tratamiento, por lo que el presente cargo no está llamado a prosperar.
Error de apreciación al considerar como daño fiscal hechos económicos que
no tienen antijuridicidad.
92. La parte demandante adujo en su recurso de apelación que la sentencia del
Tribunal incurre error de apreciación que “[…] dejan sin certeza la antijuridicidad de
las erogaciones descalificadas por el acto acusado. Los mismos demuestran que
no hubo la desviación de recursos que tanto se ha pregonado a la opinión pública
[…]”. En particular se refiere a:
75.1. El 78.28% del valor determinado como daño tiene plena relación de
causalidad con la prestación de servicios médicos.
75.2. Si el desarrollo de infraestructura médica se hizo en desatención a las
Resoluciones 1804 de 2004 y 724 de 2008 como a las Circulares Externas 026 de
2006 y 049 de 2008 de la Superintendencia Nacional de Salud, tal hecho era objeto
del derecho administrativo sancionador y no un daño fiscal, porque el beneficio
reputado estuvo en los usuarios que fueron atendidos y se les prestaron servicios
médicos en dicha infraestructura médica.
75.3 La expedición de la Circular 0005 del 2014 que derogó las Circulares 026 del
2006 y 049 del 2008, permitiendo el uso del componente administrativo de la UPC
en la adquisición de activos fijos, en aplicación del principio de favorabilidad enerva
cualquier antijuridicidad del daño fiscal.
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75.4. La EPS contó con recursos propios suficientes como otros diferentes a la
UPC, que están soportados en medios de prueba omitidos por la sentencia.
75.5. Las cifras del Informe Técnico de octubre 4 de 2011 practicado por la parte
demandada no coinciden ni guardan correspondencia con las indicadas como daño
fiscal por el acto acusado.
93. La sentencia proferida en primera instancia, luego de analizar los
argumentos contenidos en el acto acusado, y valorar el material probatorio, resolvió
este cargo indicando:
“[…] 12) Así las cosas, constatado el Fallo de responsabilidad fiscal 01890 de 2013
y los antecedentes administrativos del proceso de responsabilidad fiscal IP 010 de
2011 objeto de análisis, se tiene que, contrario a lo manifestado por la parte actora,
la Contraloría sí probó y cuantificó el daño fiscal, para lo cual, se valió, tomó y/o
valoró un cúmulo de documentos que obran en el expediente administrativo que
reflejan la situación financiera de la EPS SaludCoop, a partir de los cuales, verificó
las actividades de operación, financiación e inversión de la EPS, instrumentos que
le permitieron identificar los precisos hechos, actos e irregularidades particulares y
concretas en las que se concretó el desvío de los recursos parafiscales del SGSSS
que conllevó a la pérdida y menoscabo de los mismos, como también la
cuantificación del daño patrimonial o detrimento patrimonial, análisis y/o estudio que
no se limitó a los estados financieros, sino que abarcó y/o comprendió otros
documentos de la EPS SaludCoop como facturas, contratos, promesas de
compraventa, actas de la Asamblea General, auxiliares contables, entre otros
documentos, informes y estudios, que incluso le permitieron cuestionar la inclusión
de ciertas partidas en los estados financieros de la EPS, documentos estos que
fueron determinantes y concluyentes en la determinación del daño fiscal, por ende,
soportan el mismo.
13) Por lo expuesto, tanto el daño como su cuantificación se encuentran
debidamente soportados probatoriamente dentro del proceso de responsabilidad
fiscal. Por ende, no es de recibo la acusación del demandante consistente en que
la Contraloría no probó ni cuantificó el daño, pues, constatado el Fallo 01890 de
2013 y el extenso expediente administrativo del proceso de responsabilidad, se
evidencia lo contrario, esto es, que sí se probó y cuantificó el daño patrimonial. […]”
94. Esta Sala considera, a diferencia de lo que manifiesta la parte demandante,
que la Corte Constitucional, en la sentencia C-262 de 2013, no autoriza o avala el
uso de recursos parafiscales en infraestructura médica, equipamiento, y demás.
95. La Corte Constitucional, partiendo de las diferentes discusiones que se
dieron al interior del Congreso de la República para aprobar el artículo 23 de la Ley
1438, sobre gastos de administración de las entidades promotoras de salud, que
valga aclarar no era la norma vigente para la época de los hechos investigados por
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la Contraloría General de la República, concluyó que la prohibición contenida en el
inciso segundo de la disposición citada supra, “[…] se refiere a los recursos que
reciben las EPS provenientes de las UPC, una vez descontado el porcentaje de
gastos de administración al que alude el inciso primero […]”.
96. La Corte Constitucional en la sentencia C-1040 de 2 de noviembre de 200327,
sobre la destinación específica de los recursos parafiscales citados supra, recordó
que “[…] Uno de los principios fundamentales del servicio público de la seguridad
social, que consagra la norma superior y que desarrolla la Ley 100 de 1993, es el
de eficiencia, entendido como la mejor utilización de los recursos
administrativos, técnicos y financieros disponibles para que los beneficios a
que da derecho la seguridad social sea prestados en forma adecuada,
oportuna y suficiente […]” (Destacado fuera de texto).
97. En la providencia indicada supra, la Corte precisó que, “[…] Dado su
carácter parafiscal, los recursos de la seguridad social en salud tienen
destinación específica, esto es, no pueden ser empleados para fines
diferentes a la seguridad social. Así lo establece expresamente el artículo 48 de
la Carta Política al disponer que “No se podrán destinar ni utilizar los recursos de
las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella” […]”, de manera
que, “[…] Como la norma superior que se comenta no establece excepciones, la
prohibición de destinar y utilizar los recursos de las instituciones de la
seguridad social para fines diferentes a ella comprende tanto los recursos
destinados a la organización y administración del sistema de seguridad social
como los orientados a la prestación del servicio, lo cual es razonable pues unos
y otros integran un todo indivisible, tal como se despende del principio superior de
eficiencia ya comentado […]” (Destacado fuera de texto).
98. A su vez, recuerda que: “[…] El hecho de que los recursos de la seguridad
social en salud tengan carácter parafiscal no significa otra cosa que los
mismos deban destinarse a la función propia de la seguridad social: la salud
de los afectados. Con tal fin, la Ley 100 de 1993 diseñó un sistema de seguridad
social en salud (SGSSS), cuyo objetivo fundamental es crear las condiciones
de acceso a un Plan Obligatorio de Salud (POS) para todos los habitantes del
27 Corte Constitucional, Sentencia C-1040 de 2 de noviembre de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
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territorio nacional, y el cual permitirá la protección integral de las familias a
la maternidad y enfermedad general, en las fases de promoción y fomento de
la salud y la prevención y diagnóstico, tratamiento y rehabilitación para todas
las patologías, según la intensidad de uso y los niveles de atención y
complejidad que se definan […]” (Destacado fuera de texto).
99. La Sección Primera del Consejo de Estado, en la línea citada supra, en
sentencia de 10 de julio de 2014, expresó: “[…] Fue el mismo constituyente quien
determinó que los recursos de la seguridad social llámense cotizaciones, aportes,
cuotas moderadoras, pagos compartidos, copagos, tarifas, deducibles o
bonificaciones no pueden ser utilizados con fines diferentes a los que están
destinados, de donde se deriva su carácter de recursos parafiscales, por lo
cual tampoco pueden ser objeto del giro ordinario de los negocios de las EPS,
ni formar parte de los bienes de tales entidades. Desde esta perspectiva, los
recursos provenientes de la UPC no pueden catalogarse como rentas propias de
las EPS, en tanto éstas no pueden disponer libremente de estos recursos, que
deben utilizar en la prestación de los servicios de salud previstos en el POS […]”
(Destacado fuera de texto).
100. De lo anterior se tiene que, en relación con la destinación específica de los
recursos parafiscales del Sistema General de Seguridad Social en Salud: i)
atendiendo su carácter parafiscal, los citados recursos no se pueden emplear para
fines diferentes a la seguridad social por así establecerlo expresamente el artículo
48 de la Constitución; ii) como la norma constitucional no establece excepciones,
la prohibición de destinar y utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad
social para fines diferentes a ella, comprende tanto los recursos destinados a la
organización y administración del sistema de seguridad social como los orientados
a la prestación del servicio por integrar un todo indivisible; iii) el hecho de que los
recursos parafiscales de la salud sean parafiscales, significa que se deben destinar
a la salud de los afectados; y iv) fue el constituyente quien determinó que los
recursos de la seguridad social llámense cotizaciones, aportes, cuotas
moderadoras, pagos compartidos, copagos, tarifas, deducibles o bonificaciones no
pueden ser utilizados con fines diferentes a los que están destinados por lo que
tampoco pueden ser objeto del giro ordinario de los negocios de las EPS, ni formar
parte de sus bienes.
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101. La parte demandante adujo que los recursos propios de Saludcoop E.P.S.
eran suficientes para pagar todo aquello que se calificó como daño fiscal; además,
que la parte demandada omitió referirse a: i) la utilidad operacional que quedó luego
de prestarse los servicios; y ii) los créditos bancarios de corto plazo y que
demostraba que Saludcoop E.P.S. contaba con recursos propios suficientes.
102. Expresó que la parte demandada desestimó el uso del EBITDA como fuente
de recursos propios con lo cual desconoció que aquel no es exclusivo del mercado
de valores porque, como se probó con la certificación de costumbre mercantil, aquel
también tiene como propósito determinar “[…] las ganancias o la utilidad obtenida
por la empresa o proyecto […]”.
103. La Sala destaca que uno de los argumentos para atribuir responsabilidad
fiscal hace referencia los recursos propios generados por Saludcoop E.P.S.; en
concreto, que estos no podían cubrir gastos, inversiones, compra de inmuebles,
etc., por una razón: el 99.68% del total de los ingresos generados en el período
2002 – 2010, eran de naturaleza parafiscal y solamente el 0.32% correspondían a
recursos propios de la E.P.S., hecho que no puede desconocer la parte
demandante so pena de ir contra su propio acto.
104. Para esta Sala, la conclusión a la que llegó la parte demandada, en los actos
acusados, no es contraria a la realidad y, por el contrario, por cuanto el Acta núm.
11 de la Asamblea General Ordinaria de Saludcoop, celebrada el 29 de marzo de
2011 con la participación de la parte demandante.
105. La Asamblea General Ordinaria de Saludcoop, en el acta citada supra,
aprobó los estados financieros a 31 de diciembre de 2010 y, en ella, hizo constar
que los: i) ingresos operacionales “[…] representan el 99.68% del total de los
ingresos […]”, mientras que el “[…] 0.32%, son ingresos No Operacionales […]”;
y ii) costos por prestación de servicios representan “[…] el 91.78% de los Ingresos
Totales […]”28; es decir, la gran mayoría de recursos percibidos por Saudcoop
E.P.S. estaban constituidos por los recursos parafiscales del Sistema General de
Seguridad Social en Salud.
28 Cfr. Documento núm. 1 de la Carpeta núm. 42 de la USB aportada al expediente (Folio. 228).
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106. La Sala, en cuanto a que el indicador EBITDA sí podía constituir fuente para
establecer los recursos propios de Saludcoop E.P.S., conforme a la certificación
que sobre la costumbre mercantil expidió la Cámara de Comercio de Bogotá, debe
indicar que la decisión se fundó en el hecho de que la metodología del estado de
flujo de efectivo era el medio idóneo para establecer la fuente y uso de los recursos
parafiscales, objeto del proceso de responsabilidad fiscal; argumento que no se
desvirtúa por el hecho de que la parte demandada asegure que el medio indicado,
para lo anterior, era el indicador EBITDA; en consecuencia, los argumentos de la
parte demandada no prosperan.
107. Se advierte que en el Fallo con responsabilidad fiscal 01890 de 2013 se
mencionaron cada uno de los medios de prueba en los cuales se basaría la
decisión, precisando que los estados financieros y los libros de contabilidad
certificados de la EPS constituían un medio probatorio suficiente y eficaz sobre los
hechos económicos investigados y de las conductas imputadas, así como los
análisis de dichos hechos económicos presentados especialmente en el estado de
flujos de efectivo y consignados en el Informe Técnico preparado por los
funcionarios de la Contraloría General de la República designados para tal efecto;
así, concretó que el acervo probatorio está conformado por los libros de
contabilidad y otros papeles de la empresa cooperativa SaludCoop EPS OC tales
como actas de los órganos de dirección y administración, contratos, facturas,
comprobantes de egreso y otros soportes contables, así como los estados
financieros del ente económico debidamente certificados y dictaminados, y el
Informe Técnico que sirvió de soporte para la imputación, en el cual se analizan los
hechos económicos evidenciados en los registros contables atendiendo a los
criterios y métodos aceptados por las normas y la doctrina contable utilizando el
análisis del estado de flujos de efectivo para determinar las fuentes de financiación
del ente económico, entre otros métodos, además de las otras pruebas
regularmente decretadas y practicadas en el proceso
108. En lo que se refiere a la demostración del daño, refiere la Contraloría, en el
acto demandado, que tomó la información directamente de los libros de
contabilidad, los Estados Financieros certificados y dictaminados, las actas de los
órganos cooperativos y demás papeles de la empresa cooperativa SaludCoop EPS
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OC, que fueron recaudados dentro del material probatorio allegado al proceso.
Además, indica que para el período 1995-2001 analizó los Estados de Flujos de
Efectivo presentados por el método indirecto y los comprendidos entre los años
2002 a 2010 por el método directo. Así, precisa que el daño fiscal en este caso está
determinado por los valores de los recursos del SGSSS de naturaleza parafiscal
que le fueron entregados en efectivo a la empresa cooperativa SaludCoop y
desviados de su destinación específica consistente en el aseguramiento del riesgo
en salud de los afiliados mediante la garantía de los servicios incluidos en el POS,
por lo tanto, desviados del ciclo indisoluble que se agota con el pago oportuno de
los proveedores de servicios de salud, con el propósito de usarlos y destinarlos de
manera indebida a la financiación de gastos administrativos sin relación de
causalidad con el gasto médico, a los costos de créditos e inversiones no
autorizadas en activos, cuando los recursos propios resultaban insuficientes, de
manera que sólo reportan beneficios o aprovechamiento económico en favor de la
EPS y sus subordinadas, sus directivos y administradores o de terceros,
acrecentando sus rentas y patrimonios privados según cada caso, como lo
evidencian los estados financieros certificados, los libros de contabilidad y las actas
de los órganos de dirección y administración del ente económico a lo largo del
período comprendido entre 1998 al cierre del año 2010.
109. De lo anterior se tiene que, en el caso sub examine, el daño fiscal se encontró
determinado por los valores de los recursos del SGSSS de naturaleza parafiscal
que le fueron entregados a la empresa cooperativa SaludCoop desviados de su
destinación específica consistente en el aseguramiento del riesgo en salud de los
afiliados mediante la garantía de los servicios incluidos en el POS, con el propósito
de usarlos y destinarlos de manera indebida a la financiación de gastos
administrativos sin relación de causalidad con el gasto médico, a los costos de
créditos e inversiones no autorizadas en activos, cuando los recursos propios
resultaban insuficientes. De esta manera, sólo reportaron beneficios o
aprovechamiento económico en favor de la EPS y sus subordinadas, sus directivos
y administradores o de terceros, acrecentando sus rentas y patrimonios privados
según cada caso, a lo largo del período comprendido entre 1998 al cierre del año
2010.
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110. Respecto del Informe Técnico Contable y Financiero núm. 010 de 4 de abril
de 2011, se encuentra que fue realizado producto de una auditoría donde se
tuvieron en cuenta diversas fuentes de información, se tomaron y/o analizaron tanto
los Estados Financieros dictaminados y certificados, como también balances,
comprobantes, libros, actas de asamblea, actas del consejo, visitas de la
Superintendencia y auxiliares contables, entre otros, para luego realizar una
depuración, detalle y análisis contables de los rubros, siendo ello lo que le permitió
a la entidad determinar que existían partidas que no correspondían a algunos
rubros, que no estaban clasificadas donde debían. Así mismo, contó la Contraloría
General de la República con el informe y/o estudio forense realizado por la firma
KPMG Advisory Services Ltda. - KPMG de 12 de marzo de 2012, denominado
“SALUDCOOP, ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO
COOPERATIVO. Análisis de supuestas irregularidades contables e identificación
de riesgo de fraude en ciertos procesos en Saludcoop .
Sobre la violación al debido proceso por declarar una responsabilidad fiscal
con base en un informe técnico nulo.
111. La parte demandante afirma que hubo violación al debido proceso por
fundarse el acto acusado en un Informe Técnico nulo, al estar rendido por una
persona bajo causal de Impedimento. El Informe Técnico de octubre 4 del 2011
rendido por el señor Mariano Bernal C., bajo causales de impedimento y
recusación, que la demandada permitió a pesar de haberse alegado y puesto en
evidencia desde el mismo momento en que se tuvo conocimiento de las
actuaciones en el proceso de responsabilidad fiscal por el referido funcionario. “[…]
El reproche radica en que, a pesar de haberse formulado la correspondiente
recusación, la entidad demandada negó injustificadamente y sin apego a la
normatividad procedente la existencia de manifiestas causales que viciaron la
imparcialidad del referido Informe Técnico. […]”
112. A su turno, el tribunal para resolver el cargo sostuvo:
“[…] Así las cosas, contrario a lo manifestado por el demandante, la entidad
demandada sí puso en conocimiento de los sujetos implicados en el proceso de
responsabilidad fiscal que nos ocupa la identidad de las personas y/o funcionarios
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que realizaron el Informe Técnico, e incluso se les corrió traslado del mismo por el
término de cinco (5) días hábiles para que pudieran controvertir el mismo.
f) Cosa distinta es que el aquí demandante haya tenido una actitud pasiva frente al
auto de apertura del proceso responsabilidad fiscal y no haya presentado o
planteado en su debida oportunidad, ni en ningún momento de la actuación
administrativa, la recusación o cuestionar la idoneidad que ahora echa de menos,
pues, en efecto, fue notificado del auto de apertura personalmente el 24 de enero
de 2012 y conoció dicho proveído.
g) Adicionalmente, tenemos que, mediante auto No. 000230 del 17 de octubre de
2012 (USB antecedentes administrativos – Carpeta 89 – folios 17825 – 17844
páginas 4 a 13), la Contraloría decidió la recusación formulada por el señor Javier
Mauricio Sabogal Jaramillo contra el profesional Mariano Bernal Cárdenas,
rechazando la misma. Lo anterior, sin duda, evidencia que sí se les permitió a los
presuntos responsables fiscales controvertir la idoneidad o calidad de las personas
que participaron en la elaboración y/o producción del informe técnico. Cosa muy
distinta es que no todos los implicados en el proceso hayan planteado algún tipo de
observaciones, aclaraciones, adiciones, objeciones contra el Informe Técnico o
recusaciones contra los profesionales que rindieron el mismo, en su debida
oportunidad.
h) No puede considerarse como inválida la prueba, puesto que fue ordenada por
funcionario competente, dentro del curso de una investigación y/o indagación
preliminar, practicada por una entidad oficial con capacidad para proferirla y
debidamente motivada, y habiéndosele dado el traslado del mismo a los entonces
presuntos responsables fiscales para efectos de su contradicción. […]”
113. De los antecedentes administrativos se tiene que en efecto, en la indagación
preliminar núm. 010 se rindió un informe técnico, contable y financiero de fecha 4
de octubre de 2011, del cual se resalta lo siguiente:
“[…] 1.1.3. Situación Financiera de la EPS
[…]
La información financiera reportada por Saludcoop EPS OC, tiene su sustento en el
Decreto 2649 de 1993, la Circular 137 de 2002 y Circular Única de 2007, de la
Superintendencia Nacional de Salud, las Resoluciones 1804, 724 de 2008 y 1424 de
2008 de la Superintendencia Nacional de Salud y la Ley 79 de 1988.
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Con base en estas normas, Saludcoop EPS OC., difunde estados financieros de
propósito general individuales, debidamente certificados y dictaminados en
cumplimiento con lo establecido en el Código de Comercio, sin embargo, es
importante advertir que la EPS, al no estar obligada a reportar información financiera
ni jurídica a la Superintendencia de Economía Solidaria (Circular Básica Jurídica 007
del 2008) quiere decir que en términos de inspección, vigilancia y control se encuentra
sólo bajo el cumplimiento de lo establecido en las normas vigentes del SGSSS a partir
de la vigencia de la circular.
[…] Estado de liquidez
El capital de trabajo destinado para la administración del riesgo en salud de los
afiliados de la EPS, arroja un indicador que muestra una difícil situación de
liquidez para atender los compromisos como actor del sistema de salud en el
aseguramiento de la población afiliada.
[…] Lo anterior fue uno de los puntos que motivaron la resolución de
intervención a la EPS por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, al
encontrar cheques girados en la Tesorería y no entregados al beneficiario, lo
que, en primer lugar constituye una práctica insegura y en segundo lugar deja
evidencia la falta de recursos disponibles.
[…] Utilizando para el caso, la práctica de girar cheques a nombre de los proveedores
en la prestación de los servicios en salud y no entregar los mismos a los beneficiarios,
deja en claro las dificultades de liquides por las que atraviesa la entidad, demostrando
este procedimiento, el incumplimiento de las normas vigentes en materia de reservas
técnicas e inversión y la consiguiente desconfianza que difunde en estados
financieros la solvencia de la EPS y el pago a los proveedores.
Esta contingencia se manifiesta en la EPS por tres razones, la primera por la
insuficiencia de activos líquidos disponibles inmediatos, la segunda por tener
que asumir costos financieros ante la necesidad de acudir al sector financiero
para el otorgamiento de créditos de tesorería y a largo plazo, y la tercera por la
incursión en inversiones móviles e inmóviles sobre los cuales la EPS no está
autorizada a realizar con los recursos parafiscales dejando a la entidad sin los
flujos de caja requeridos para atender los compromisos adquiridos en la
prestación de servicios de salud de sus afiliados.
[…] Una conclusión al respecto del tema de la liquidez de Saludcoop, radica en
las operaciones realizadas para ocultar su estado de iliquidez, tal como se
evidenció en los pagos realizados por la Cooperativa Epsifarma a nombre de
Saludcoop durante los años 2010 y 2011, con el fin de cumplir con las
obligaciones asumidas por la EPS por promesas de compraventa de las
Clínicas, Neiva, Tunja y Materno Infantil y cubrir los gastos de la obligación de
Paralelo 108 […]
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Lo anterior, demuestra de manera preliminar que Saludcoop EPS OC, mediante este
tipo de operaciones, comprometió recursos de la salud en actividades de crédito, sin
contar con una debida planeación de tesorería, toda vez que para la cancelación de
las mismas y al no contar con la liquidez necesaria, debió acudir a una de las
empresas de su “grupo empresarial” para realizar los pagos a los que se
comprometió. Esto no es razón para comprometer los recursos, en actividades
diferentes a la salud.
El grupo de apoyo técnico, deja constancia de que producto del presente análisis se
demuestra que Saludcoop EPS OC, utilizó los recursos parafiscales puestos a su
administración, para beneficio del “grupo empresarial” y de la misma EPS,
orientándolos hacia fines que no están permitidos en la Constitución Política y en la
normatividad atinentes al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Para esto se desarrolló la siguiente metodología que consiste en el análisis
pormenorizado del Estado de Flujos de Efectivo, partiendo de la premisa de que
los estados financieros son plena prueba para el proceso fiscal, al estar
certificados y dictaminados, y por el hecho de que las EPS manejan
exclusivamente recursos líquidos para la administración de los flujos
provenientes del SGSSS.
1.1.3.1. GENERACIÓN Y USO DE EFECTIVO POR EL PERÍODO 2006 A 2010:
Ingresos por recursos generados en la operación:
[…] Dichos recursos captados dentro del Sistema General de Seguridad Social, en
Salud, por la EPS, “no se pueden destinar para fines diferentes a ella”, es decir que
la UPC tiene como único destino la prestación del Plan Obligatorio de Salud POS de
la población afiliada a la EPS.
En estos términos, Saludcoop EPS OC, generó recursos parafiscales por un total de
$8,8 billones de pesos desde la vigencia 2006 a 2010, donde el componente más
representativo es el ingreso por UPC $7,5 billones.
Los flujos de efectivo procedentes de las actividades de operación, se determinan de
acuerdo con lo establecido en el estado de flujo de efectivo el cual suministra
información que permite a los usuarios evaluar el impacto que genera la posición
financiera de la empresa, así como el importe final de su efectivo en el aseguramiento
de la población afiliada a la EPS, que como ya se dijo deben estar disponibles, líquidos
y negociables.
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El cuadro anterior, muestra los costos y gastos que la Ley 100 de 1993 le ha permitido
a la EPS destinar para “… cubrir los costos de prestación del servicio en condiciones
medias de calidad, tecnología y hotelería”, los cuales ascienden a 8,4 billones,
durante las vigencias 2006 a 2010, así las cosas Saludcoop EPS durante dicho
periodo generó efectivo en la actividad de operación, la suma de $370.250 millones,
los cuales deben estar disponibles en capital de trabajo.
[…] En este orden de ideas, los recursos provenientes de la parafiscalidad deben
estar disponibles en capital de trabajo, dirigidos a la protección del derecho
fundamental por conexidad, que es el derecho a la salud.
Sin embargo y dentro de un análisis contable financiero realizado a partir de la
información suministrada por la entidad y otros entes, se observa que
Saludcoop EPS OC ha excedido los pagos de ciertos emolumentos que
incrementan el gasto administrativo de la EPS, en una errónea interpretación de
la Ley 100 de 1993 y la Ley 70 de 1988, sobre la naturaleza de los recursos
parafiscales, y sobre la misión de la EPS en su condición de aseguradora de los
recursos parafiscales, y sobre la misión de la EPS en su condición de
aseguradora y garante del riesgo de la prestación de servicios de salud. Dentro
de los gastos administrativos arriba mencionados se destacan:
• Gastos adicionales por honorarios jurídicos.
• Nómina de funcionarios directivos, bonificaciones y otros
• Reservas con cargo a resultados
• Canon de arrendamiento financiero
• Gastos relacionaos con el arrendamiento financiero.
[…] Del cuadro anterior se concluye que la EPS destinó para la representación de sus
intereses, una suma censurable, que deberá ser justificada en forma precisa por
Saludcoop EPS OC en cuanto a su contribución y proporcionalidad con la operación
del aseguramiento en el cubrimiento de los riesgos de salud de su población afiliada.
Los recursos incluidos en el cuadro anterior, debieron ser cancelados con los
recursos propios de la entidad.
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Nómina de funcionarios directivos, bonificaciones y otros
[…] El cuerpo directivo de la EPS al recibir por concepto de sueldos $23.005 millones
y bonificaciones por $6.290, 2 millones desde el 2005 a 2011, demuestran un gasto
excesivo que no se compadece con la valoración objetiva del talento humano que
pueda realizar un aporte importante desde su creatividad o su intelecto a la EPS y la
supuesta iliquidez que siempre argumentó la administración en diversas instancias,
responsabilizando al FOSYGA y al gobierno nacional por el no pago de los recobros.
Reservas con cargos a resultados
Se evidenció que SALUDCOOP EPS OC presenta en sus estados financieros,
concretamente en el Estado de Resultados, la constitución de una provisión
denominada “INCREMENTO A LA RESERVA PATRIMONIAL VOLUNTARIA PARA
INVERSIÓN”, la cual ha venido incrementando el patrimonio con los recursos
parafiscales que el SGSSS le ha confiado, confundiendo contablemente el concepto
de provisión de las cuentas de pasivo contingente con las de reservas de las cuentas
del patrimonio, que solo pueden incrementar el patrimonio con los excedentes del
ejercicio anual, nunca con cargo al gasto y mucho menos cuando estamos ante
recursos que tienen destinación específica, como es el caso de los recursos de la
salud.
[…] En conclusión, si bien es cierto que el régimen de cooperativas permite realizar
reservas de este tipo para el sector cooperativo, lo puede hacer siempre y cuando, la
fuente de las mismas no provenga de recursos parafiscales sino de otras fuentes
diferentes a esta, pues los parafiscales tienen destinación específica como lo
consagra la Constitución Política y las normas del SGSSS, de las cuales se ha hecho
mención a lo largo de este informe.
Consideraciones finales actividades de operación:
Como consecuencia de lo anterior, la información financiera muestra, que
Saludcoop EPS OC, para mantener los requerimientos de capital de trabajo tuvo
que recurrir a créditos de tesorería en cuantía de $200.277 millones con la
finalidad de cubrir “supuestos” faltantes de caja, en los requerimientos de
margen de solvencia que la norma le exigía, para los años 2004 a 2007, y los
Decretos 574, 1698 de 2007 y 4789 de 2009 para los años posteriores, en donde
se establece el procedimiento a seguir para el nuevo cálculo del margen de
solvencia.
Sin embargo, observando los documentos que dieron origen a tales créditos, se
concluye que en su gran mayoría fueron utilizados para cubrir el pago de cuotas de
leasing, construcciones, inversiones y otros eventos diferentes al aseguramiento en
salud y no al pago de proveedores.
1.2. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
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Retomando lo indicado anteriormente en lo relacionado con los recursos propios que
puede destinar Saludcoop EPS OC para inversión y otros conceptos diferentes a la
destinación específica, estos asciende a $74.364 millones, por lo que a continuación
se demuestra que la EPS en estudio, se desbordó de dichos recursos y en
consecuencia utilizó recursos parafiscales en actividades que se relacionan así:
[…] De acuerdo con el cuadro anterior, y considerando que los estados
financieros reflejan fielmente los hechos económicos de la entidad a 31 de
diciembre de 2010, el equipo técnico considera que, en primera instancia, se
utilizaron de manera indebida recursos parafiscales en actividades distintas al
aseguramiento en salud:
a. Anticipos a contratos de obra […]
b. Promesas de compraventa […]
c. Proyecto ciudadela salud […]
d. Propiedad planta y equipo […]
e. Inversiones permanentes […]
f. Cargos diferidos […]
Recobros al FOSYGA
Durante los últimos cinco años los recobros que la EPS ha realizado al consorcio
FIDUFOSYGA ha tenido una tendencia incremental motivada por la emisión de la
Sentencia T – 760, alcanzando al 31 de diciembre de 2010 la suma de $346. 456
millones discriminado según se observa en el siguiente cuadro:
La EPS Saludcoop, ha venido realizando un proceso contable que no demuestra la
realidad económica frente a los recobros que el consorcio FIDUFOSYGA califica
como aprobados, la información que suministra el administrador fiduciario mediante
oficio, una vez termina la auditoria de la solicitud de recobro, informando si este fue
rechazado, devuelto, aprobado condicionado o aprobado para pago. De tal suerte que
si la solicitud de recobro es rechazada, la EPS deberá registrar el hecho económico
mediante la realización de una provisión a esperas de que el cobro jurídico se haga
efectivo.
[…] Así las cosas, para el equipo de apoyo técnico, no se desconoce que Saludcoop
presente cuentas al consorcio FIDUFOSYGA por el valor de sus recobros no POS,
sino que se cuestiona el proceso de registro contable, toda vez que dicha cuenta debe
mostrar como saldo, única y exclusivamente los recobros que informa el administrador
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fiduciario como aprobado condicionado y aprobado para pago; y los rechazados y
devueltos, excluirse del registro de esta cuenta, hasta cuando se surta el proceso
jurídico correspondiente.
De igual manera, al sobrevalorar los recobros al sistema por medicamentos no
POS o sentencias judiciales, se estaría presentando inexactitudes en el cálculo
de los indicadores financieros relacionados con la liquidez y endeudamiento,
toda vez que se estaría presentando indicadores fuera de la realidad económica
de la entidad que afecta el estudio que esta Contraloría viene desarrollando.
[…] g. Activos por contratos leasing
CONCLUSIONES DEL INFORME TÉCNICO
1. Al concluir este trabajo, se puede establecer que Saludcoop EPS OC hizo uso
indebido de los recursos parafiscales a su cargo […]
2. Cualquiera que sea el periodo de análisis considerado en el análisis sobre la cuenta
y el uso de los recursos parafiscales, después de considerar el 50% de las utilidades,
el aporte de los nuevos asociados y la readquisición de cuotas o partes de interés
social, Saludcoop EPS OC no demuestra haber invertido en infraestructura,
sociedades nacionales y extranjeras, construcción de clínicas, dotación hospitalaria y
otros, con recursos propios, razón por la cual y considerando que la única fuente de
recursos es la EPS no es otra que los recursos parafiscales, la EPS destinó dichos
recursos para fines diferentes a los consagrados en la Constitución Política, art.48
numeral 5.
3. Para este equipo de apoyo técnico, los créditos financieros, las operaciones de
leasing y los fideicomisos vigentes a cargo de Saludcoop EPS OC, y cuyas cuotas se
amortizarán a corto y largo plazo, comprometen la parafiscalidad futura y en
consecuencia, tales saldos deben ser cancelados en forma inmediata. Así las cosas,
Saludcoop EPS OC no puede demostrar que la aplicación o uso que hizo en efectivo
con destino a la construcción y adquisición de clínicas, Paralelo 108, dotación de
equipos hospitalarios, préstamos a Ciudadela Salud, inversiones en el exterior y otras
inversiones nacionales y operaciones de compraventa, fueron tomados de recursos
propios, a excepción de las utilidades y aportes sociales, razón por la cual la fuente
de dichas aplicaciones o usos no es otra que los recursos parafiscales.
4. El objeto social de la EPS tiene un esquema diversificado de negocio, por cuanto
actúa como una empresa de construcción, como una empresa de otorgamiento de
crédito, desarrollo de operaciones de inversión en el extranjero y como una institución
prestadora de servicios de salud, sin demostrar que los recursos hayan tenido su
procedencia de fondos propios, como se mencionó anteriormente.
5. Saludcoop EPS OC, se anuncia al público como un “GRUPO EMPRESARIAL”, sin
la debida inscripción ante la Cámara de Comercio, evadiendo la responsabilidad de
presentar estados financieros consolidados, cuya finalidad es la de reservar las
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operaciones reciprocas entre empresas y así preparar estados financieros como si
fuesen de una sola entidad, lo que nos llevaría a concluir que el único ingreso del
grupo empresarial es el recurso parafiscal de la matriz.
6. Al sobrepasar el porcentaje establecido en las normas del sector corporativo,
relacionadas con la readquisición de cuotas o partes de interés social, Saludcoop EPS
OC, no respetó los principios universales y la doctrina del cooperativismo, poniendo
en riesgo el patrimonio que debe ser el soporte de la cobertura en salud de sus
afiliados.
7. Por las circunstancias que presenta Saludcoop EPS OC en la naturaleza jurídica
de la entidad, una empresa no puede poseerse a sí misma, con el porcentaje del
85.79% como lo pudo determinar este equipo, lo cual desvirtuaría su orientación
cooperativa, más aún cuando tres de sus subsidiarias poseen participación en la
misma EPS, alcanzando el 87,65%.
8. En relación al sobrecosto de medicamentos, se determinó la existencia de
debilidades en el suministro de la información correspondiente a las facturas de
medicamentos del 2010. No obstante, dado que la información relativa a costos de
medicamentos se recibió oficialmente, la CGR ratifica los resultados acá plasmados
y en especial, del eventual sobrecosto en los medicamentos tasado en $298.664, 8
millones. […]” (Negrillas fuera de texto)
114. La parte demandante sostiene que el informe técnico indicado supra,
adolece de vicios que afectan su validez, toda vez que la persona que lo rindió
había sido funcionario de la Superintendencia Nacional de Salud - antes de
intervenir dentro del proceso de responsabilidad fiscal y suscribió 2 informes sobre
los mismos hechos en los cuales se había pronunciado sobre la adquisición de
activos fijos y gastos destinados a infraestructura hospitalaria y administrativa del
servicio de salud realizados durante los años 2004 a 2008 por la EPS
SALUDCOOP, hechos que también fueron objeto de decisión por el fallo 1890.
115. La Sala, en este punto de la apelación, considera que los argumentos de la
parte demandante deben despacharse desfavorablemente por cuanto contrario a
lo que manifestó la parte demandante, el señor Mariano Bernal, en la declaración
que rindió en el proceso de responsabilidad fiscal, no manifestó que desconocía la
razón de algunas de las conclusiones a las que se llegó en el informe técnico por
haberse elaborado con la participación de un grupo integrado por abogados,
contadores, economistas, etc., cuyos nombres desconocía o no recordaba.
116. La Sala observa que el señor Mariano Bernal, a la pregunta: “[…] Doctor
Mariano ha hecho Usted referencia en esta diligencia a que este informe técnico
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fue elaborado por un equipo, infórmeme por favor quiénes conformaron ese equipo
[…]”, contestó: “[…] Yo no sé fue un equipo técnico interdisciplinario entre
contadores, abogados, administradores, economistas […]”; como se observa, el
declarante no manifestó desconocer la razón de algunas de las conclusiones
realizadas en el informe técnico.
117. Ahora bien, es cierto que el señor Mariano Bernal aceptó no conocer quiénes
conformaron el equipo de apoyo técnico, sin embargo, expresó que, en los
diferentes autos del expediente administrativo, “[…] debe existir las personas que
hicieron el trabajo […]”.
118. La manifestación anterior se corrobora en diferentes actuaciones de la
Contraloría General de la República, entre ellas el Oficio núm. 80111-3903 de 11
de mayo de 2011, por medio del cual se designó a la señora Johanna Carolina
Tovar Silva, del Laboratorio de Informática Forense, como apoyo técnico dentro de
la indagación preliminar; asimismo, el oficio núm. 82113 de 11 de mayo de 2011,
en el que se hace referencia a los señores Edith Rocío González Martínez, Simón
Alejandro Guzmán Guerrero, Gloria Liliana Rodríguez Herrera, Roger Vergara
Álvarez, Myriam Gómez, etc., como integrantes del mismo grupo, personas que, si
lo estimaba pertinente la parte demandante, los podía recusar.
119. La Sala considera, conforme a lo indicado supra, que a la parte demandante
no se le vulneró el derecho al debido proceso y, respecto a que varios funcionarios
de la Contraloría General de la República o participaron en la estructuración de los
documentos de intervención a Saludcoop E.P.S. o tenían relación profesional y
económica con la E.P.S. y pese a ello participaron en el procedimiento, se debe
decir que esa circunstancia no puede provocar la nulidad de los actos acusados
porque para ello era indispensable determinar, con claridad, las personas que
presuntamente se encontraban impedidas y los motivos por los cuales sus
conclusiones fueron contrarias a la ley y a la realidad del proceso de
responsabilidad fiscal.
120. No sobra recordar, como lo puso de presente la sentencia proferida en
primera instancia, que la identidad de las demás personas que conformaron el
grupo interdisciplinario, se ocuparon fue de la recopilación de la información,
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desplazándose a las instalaciones de SaludCoop, la Superintendencia de Salud, a
la DIAN y otros organismos y entidades. “[…] En otros términos, se encargaron de
realizar las respectivas visitas especiales para recabar y/o obtener información, lo
que no le resta validez al informe técnico presentado, pues las recusaciones que
echa de menos el actor proceden frente a las personas que realmente realizan el
informe, dado que son quienes fungen como peritos para rendir el mismo. Por ende,
es frente a ellos que son predicables las causales de impedimentos y recusaciones.
[…]”
121. Finalmente encuentra la Sala que en los aspectos contables y financieros se
tuvo en cuenta adicionalmente, otros medios probatorios tales como los estados
financieros, actas, informes, entre otros, distinto del informe técnico, respecto de
los cuales fueron valorados y apreciados en conjunto, y que sirvieron de
fundamento para la expedición del acto que hoy se acusa.
De la inexistencia de prueba demostrativa del dolo o la culpa grave.
122. La sentencia proferida en primera instancia indica que, de la misma manera
como lo concluyó la entidad demandada, la conducta desplegada por la parte
demandante se enmarcó como una conducta con culpa grave generadora de
responsabilidad fiscal. Sobre el particular consideró:
“[…] Del citado fallo con responsabilidad fiscal, se tiene que, frente a la conducta
negligente o imprudente de la actora, la valoración de las pruebas conllevó a
acreditar su responsabilidad fiscal, ya que en calidad de vicepresidente
administrativa necesariamente debía intervenir en la ejecución de los gastos
ordinarios y extraordinarios de SaludCoop EPS OS y, por consiguiente, era la
persona que tenía a su cargo la función de verificar el destino que tenía cada
operación y, por ende, la capacidad de conocer cómo operaba el desvío de recursos
a través de los gastos administrativos. Por lo tanto, era la persona del nivel directivo
que estaba en condiciones de verificar y discriminar, con toda precisión, aquellos
gastos que no tenían relación de causalidad directa con la prestación del servicio de
salud y, por ende, quien estaba en calidad de oponerse a su ejecución. Asimismo,
intervino en las aprobaciones presupuestales y de los estados financieros, en
calidad de miembro de Consejo de Administración, actuaciones que de manera
detallada se relacionan en el fallo, desplegadas en calidad de vicepresidente
administrativa y miembro del concejo de administración que le otorgaron un rol
determinante en la disposición de los recursos parafiscales de la salud
administrados por SALUDCOOP y que fueron indebidamente destinados. Por ello,
la conducta fue imputada en debida forma a título de culpa grave, ya que la actora
desplegó una actuación con excesiva negligencia o imprudencia o incurrió en una
infracción u omisión inexcusables del ordenamiento o en una falta de aplicación de
conocimientos que le imponía su profesión u oficio, de los cuales se derivó la
afectación al patrimonio público.
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[…]
Así las cosas, no basta con que el actor alegue lo que podía hacer o no con sus
recursos propios o con la utilidades que le generaba su actividad, sino que, ante la
imputación realizada por la Contraloría y la determinación del daño fiscal,
debidamente soportada con abundante material probatorio, ha debido refutar con
pruebas válidas y pertinentes las afirmaciones del ente de control, demostrando que
en efecto realizó tales operaciones con recursos propios y que sí tenía la solvencia
y recursos propios necesarios para atenderlas, lo cual no hizo el actor en el presente
asunto, pues, la única prueba con la que pretendía desvirtuar los hallazgos
realizados por la contraloría no resultó ser la adecuada para tal fin, por ende, fue
desestimada […]”
111. La parte demandante en su recurso de apelación, manifiesta que la
sentencia proferida e primera instancia “[…] desecha la postura de la parte actora
bajo una apreciación equivocada de 2 circunstancias trascendentales en lo que es
la valoración de la conducta de mi representada: (i) Establece que la imputación de
la conducta se hizo en debida forma a título de culpa grave, ya que la conducta fue
de excesiva negligencia o imprudencia o incurrió en una infracción u omisión
inexcusables del ordenamiento o en una falta de aplicación de conocimientos que
le imponía su profesión u oficio. Alude a una infracción al deber objetivo de cuidado,
desconociendo que la imputación ni el Fallo acusado lo establecen. Pasa por alto la
gravedad del Fallo 1890 al consignar que: “Por tal razón y dado que no es posible
a esta altura procesal hacer más aflictiva la situación de la imputada es por lo que
se mantiene la calificación de CULPA GRAVE.” Desconoce que la motivación que
allí hace el acto acusado frente a la valoración de la conducta de mi prohijada, refiere
a precisas circunstancias dolosas. Sin embargo, debiendo proceder a modificar el
acto de imputación y con el afán de producir un fallo negativo, en indebida forma
mantiene una calificación jurídica que no constituye ni negligencia, imprudencia o
impericia. Si la conducta era dolosa así debía calificarse, pero no acudirse
subsidiariamente a que era gravemente culposa por una supuesta excesiva
negligencia o imprudencia. Lo debido, una vez detectado que las conductas eran
supuestamente dolosas y la imputación se había formulado a título de culpa grave,
era proceder a reformular el acto de imputación en debida forma, en aras de
garantizar el debido proceso. Ello no ocurrió, lo que dota de ilegalidad al acto
acusado por establecer en indebida forma el factor de atribución con el cual fue
calificada la conducta de mi representada en la imputación. Anotando además que
tal factor de atribución no se comparte con las demás personas imputadas como
miembros del Consejo de Administración, las cuales fueron imputadas a título de
DOLO. […]”
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123. Como se observa, la parte demandante cuestiona la variación que tuvo el
cargo entre el auto de imputación y el fallo con responsabilidad fiscal, con respecto
a la calificación de la conducta. Al respecto debe decirse que existe prueba en el
expediente administrativo sobre la conducta de la demandante en el ejercicio de sus
funciones que contribuyeron a la destinación y apropiación indebida con pérdida y
menoscabo del patrimonio público. Sin dicha participación primero como miembro
del Consejo de Administración y posteriormente como Vicepresidente administrativa
no hubiera estado en condiciones de generar el daño fiscal que se le atribuye, toda
vez que somo se vio en el acápite anterior, las operaciones de aprobación de
presupuesto y adopción de estados financieros y luego, las de gastos
administrativos, incluidas las que han sido objeto de imputación y estaban a cargo
de la parte demandante.
124. En este sentido, no hay incongruencia entre el auto de imputación y el acto
definitivo, toda vez que la calificación de la conducta que se hace en el auto de
imputación constituye, de manera preliminar, un presupuesto que da cuenta de la
existencia de un daño imputable a un servidor público o particular en ejercicio de
gestión fiscal.
125. El proceso de responsabilidad fiscal tiene por objeto definir y determinar la
responsabilidad de las personas cuya gestión fiscal haya sido objeto de
observación, y para lo cual los investigados tienen la facultad de ejercer su derecho
a la defensa, presentar las pruebas en su favor y controvertir las existentes, por
cuanto es a partir del auto de imputación, que el órgano de control fiscal hace una
evaluación de las pruebas y formula, en principio, los cargos contra los presuntos
inculpados.
126. Respecto de la calificación de la conducta que se le imputa a los investigados
en este momento procesal, se funda en las pruebas recaudadas, pero será la parte
interesada, quien de acuerdo con su estrategia de defensa, determine la manera
como desvirtuará las pruebas que obran en su contra, correspondiéndole al fallador
en la decisión definitiva la valoración de las mismas a fin de determinar la existencia
de los elementos que configuran la responsabilidad fiscal.
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127. Bajo este supuesto, la calificación de la conducta que se haga en el auto de
imputación, no es definitiva, sino que tan sólo constituye una apreciación provisional
que será materia de análisis por el operador jurídico con el propósito de determinar
en el fallo que le pone fin a la actuación, la existencia o no de responsabilidad y su
título de imputación,
Carácter provisional de los cargos en materia de responsabilidad fiscal
128. La Sección Primera de esta Corporación29 se ha referido al carácter
provisional de los cargos contenidos en el auto de apertura a juicio de
responsabilidad fiscal, al considerar que no se incurre en incongruencia ni la
consecuente violación al debido proceso por lo que se logre evidenciar en el
transcurso del proceso de responsabilidad fiscal. En dicha oportunidad se hizo
variación del cargo respecto del valor del presunto detrimento patrimonial, toda vez
que en el fallo de responsabilidad fiscal se condena por un valor diferente, pese a
que en el auto de imputación de responsabilidad fiscal se refiera a suma distinta de
dinero. Sobre el particular sostuvo:
“[…] La Sala observa que, tal como lo manifiesta el recurrente, en la decisión el
Tribunal de instancia se limitó a indicar las razones por las cuales consideró que no
se había violado el debido proceso, pero sin detenerse en el aspecto que
puntualmente aquí se plantea y que tiene que ver con lo que, en palabras del
demandante, constituye una incongruencia entre la imputación y el fallo, debido a
que se le endilgó responsabilidad fiscal por una suma de dinero y fue condenado
fiscalmente por otra, por lo que se estima necesario detenerse en este aspecto
central.
[…]
Conforme con lo anterior, el primer interrogante debe responderse de manera
negativa, en la medida que el fallo con responsabilidad fiscal que aquí se cuestiona
respetó al demandante el derecho al debido proceso y no lo sorprendió con
elementos diferentes a la imputación, pues indudablemente ésta se hizo de
manera provisional y supeditada a la verificación del documento en el cual se
basaron los siguientes pagos […]”
[…]
En efecto, este derecho constitucional no se transgredió puesto que en el auto de
imputación se dejó claro que ésta inicialmente se hacía por el cheque nro. 8386096
por valor de $20.000.000, sin perjuicio de la verificación del documento en el que se
modificaron las condiciones del contrato de cuenta corriente bancaria del Municipio
de Lloró el cual, una vez constatado, permitió colegir que no podían pagarse los
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de marzo de
2018. C.P. Oswaldo Giraldo López. Demandante: Banco de Bogotá S.A. contra la Contraloría General de la
República. Expediente 27001-23-31-000-2012-00030-01
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cheques solo con la firma del Alcalde, por lo que el Banco de Bogotá era responsable
solidario por el desembolso irregular de las sumas de dinero que ascendieron a
$294.912.800 y que una vez indexadas se cuantificaron en $382.004.784.
Por lo anotado, la Sala concluye que el principio de congruencia para la
garantía constitucional del debido proceso se respetó. (Destacado fuera de
texto)
129. El carácter provisional de los cargos no es exclusivo en los procesos de
responsabilidad fiscal, sino que trasciende a otras legislaciones y ha sido objeto de
análisis en procedimientos de otra naturaleza. En efecto, la Corte Constitucional ha
tenido la oportunidad de referirse al carácter provisional del pliego de cargos en otro
tipo de actuaciones de naturaleza administrativa,30 exponiendo consideraciones que
son aplicables a los procesos de responsabilidad fiscal, pese al carácter resarcitorio
de los mismos,31 y calificando al pliego de cargos como intermedio o provisional, y
una garantía de la presunción de inocencia, puesto que ésta presunción solamente
puede ser desvirtuada mediante un pronunciamiento definitivo, y no mediante la
providencia con la que se valora inicialmente el mérito que puede llegar a tener una
investigación.
130. Para la Sala, en los procesos de responsabilidad fiscal, la calificación de la
conducta efectuada durante las etapas iniciales no puede ser un obstáculo para que
quien define y evalúa razonablemente las pruebas recaudadas, pueda en la decisión
final establecer los hechos, la responsabilidad y el título de imputación que de ellos
30
La Corte Constitucional en sentencia C-1076 de 2002. M.P. Clara Inés Vargas Hernández, al respecto
sosrtuvo: “[…] Deberá analizarse si la variación del pliego de cargos durante el lapso que transcurre una vez
concluida la práctica de pruebas y hasta antes del fallo de primera o única instancia, por error en la calificación
jurídica o por prueba sobreviniente, atenta contra los principios de cosa juzgada, y la reformatio in pejus. …En
primer lugar, la calificación que se realiza en el pliego de cargos es provisional, y es de su esencia que
así sea. En efecto, la finalidad del proceso disciplinario es la de esclarecer lo ocurrido, buscar la verdad real y
formular un reproche en tal sentido. De lo anterior se desprende que el funcionario o corporación a cuyo cargo
se encuentra la decisión final debe estar en condiciones de modificar, parcial o totalmente, las apreciaciones
con base en las cuales se dio principio al proceso. En segundo lugar, el carácter provisional de la calificación
de una falta disciplinaria se aviene con la garantía del debido proceso, toda vez que mantiene la presunción de
inocencia del procesado en cuanto a la falta por la cual se lo acusa, presunción únicamente desvirtuable
mediante el fallo disciplinario por medio del cual se impone una determinada sanción […]30” (Destacado fuera
de texto)
31 La Corte Constitucional en la sentencia SU-620 de 1996, precisó que, “la declaración de responsabilidad
tiene una finalidad meramente resarcitoria, pues busca obtener la indemnización por el detrimento patrimonial
ocasionado a la entidad estatal”.
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se pueda derivar, por lo que no se vulneran los principios de congruencia y
coherencia que la parte demandante invoca en su recurso de apelación.
131. Tampoco se trasgrede el derecho de defensa de quien es investigado
fiscalmente por el hecho de que el órgano de control, al momento de adoptar una
decisión definitiva, pueda variar la calificación jurídica de la conducta efectuada
preliminarmente, siempre que el investigado haya tenido la oportunidad efectiva y
plena de ejercer su derecho de defensa respecto de los hechos y su
comportamiento. Con todo, no debe perderse de vista que frente al fallo que declara
la responsabilidad fiscal proceden los recursos establecidos por la ley para que los
interesados hagan efectivo su derecho de defensa.
132. De lo anterior se tiene que, la variación que se hizo de la conducta de no
afecta la validez del acto acusado y más bien resulta expuesta en un grado menor
al dolo, que supone ser más favorable para la parte demandante.
Sobre la ausencia de prueba demostrativa del tipo subjetivo
133. La parte demandante manifiesta en su recurso que, en lo que interesa para
este cargo, se debe establecer si le asiste razón al Tribunal, y a la demandada, al
considerar que la parte demandante actuó con pleno conocimiento de que estaba
violando la Ley o de manera negligente, imprudente o con impericia, o si por el
contrario esa conclusión corresponde a la errada operación probatoria. Al respeto
indica:
“[…] En este cargo se denuncia que el acto demandado y la judicatura Colegiada
incurrieron además, en crasos errores de apreciación probatoria trascendentes en sus
decisiones, toda vez que la prueba, materialmente bien apreciada, demuestra que
MARÍA CAROLINA LAMUS B. actuó incursa en la ya mencionada interpretación
razonable – que se expone en la demanda - sobre los usos admisibles a los recursos
parafiscales administrados por la EPS, es decir actuó con la convicción de que las
inversiones objeto de discusión fueron sufragadas con recursos diferentes a la UPC y
con recursos propios de la EPS, bajo el concepto de la legítima ganancia, desarrollado
en la época por la amplia Jurisprudencia de la Corte Constitucional y que reconocía
dicho rubro de excedentes a favor de las EPS, después de atender el gasto médico y
administrativo correspondiente a la Unidad de Pago por Capitación UPC. Además,
como quedó probado, para la época de los hechos, sólo fue hasta el 2004 que la
Superintendencia Nacional de Salud establece la prohibición de utilizar la UPC en
infraestructura e inversiones hospitalarias, sin que ello se extendiera a los recursos
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diferentes de la UPC ni a los remanentes operacionales (Circulares 026 del 2006 y 049
del 2008).
Conforme a lo anterior vemos como el Fallo 1890 fundamenta el actuar doloso
(gravemente culposo) de mi representada en: (i) porque se tergiversaron los estados
financieros de SALUDCOOP EPS OC; (ii) las aprobaciones presupuestales y de los
estados financieros por parte del Consejo de Administración, las cuales contenían las
operaciones por las cuales se implementó la supuesta destinación de recursos públicos
a otros menesteres distintos de los previstos para los parafiscales del SGSSS, y (iii)
por las deudas sistemáticas con los proveedores. […]”
134. La Sala no acogerá los argumentos expuestos en el recurso, toda vez que,
de la revisión del material probatorio, para la época de los hechos, la parte
demandante tenía conocimiento de las Circulares Externas 26 de 2006 y 49 de
2008, que preveían que la inversión de recursos provenientes de las UPC en
infraestructura se cataloga como una práctica insegura e ilegal la cual no puede
llevarse a cabo. En este sentido, era deber de las Entidades Promotoras de Salud
asumir una administración absolutamente cuidadosa y prudente de los recursos
recibidos por concepto de Unidad de Pago por Capitación - UPC, debiendo hacer
uso de ellos para actividades dirigidas esencialmente a la prestación del Plan
Obligatorio de Salud a sus afiliados y su administración, constituyéndose en
irregular el uso de los recursos de la UPC, para otros fines.
135. La Resolución No. 724 de 2008 por la cual se adoptó el PUC para las EPS,
en el Capítulo IV – Descripciones y Dinámicas, punto 01 Descripciones y dinámicas
del activo, señala que el origen de los fondos para constituir inversiones de carácter
permanente de las entidades que administren recursos del SGSSS, salvo en el caso
de las inversiones obligatorias, no podrá corresponder a los recursos generados por
concepto de UPC, toda vez que estos por ser una parafiscalidad son de utilización
exclusiva para la prestación del Plan Obligatorio de Salud y su administración.
Norma que a su vez reiteró lo dispuesto en la Resolución No. 1804 de 2004 de la
Superintendencia Nacional de Salud que con anterioridad había adoptado y/o
regulado lo pertinente sobre el Plan Único de Cuentas de las Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud de naturaleza privada.
136. Así las cosas, la afirmación de la parte demandante, según la cual “[…] La
convicción de que su comportamiento era ajustado a derecho, de conformidad con
las normas y jurisprudencia vigente para dichos años, se fundó en pronunciamientos
tanto de entidades estatales, reguladoras del sector como en un experto
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constitucionalista. […]” y que por tanto obró con el convencimiento de que las EPS
podían invertir sus recursos propios y recursos del crédito en la adquisición de
activos fijos, según lo dispuesto en los Decretos 1485 de 1994, 574 de 2007 y 1698
de 2007 que autorizaban a las EPS a efectuar inversiones en activos fijos., respecto
a lo a lo cual, esta Sala se advierte que, ello no fue el punto de reproche por la parte
demandada, toda vez que el acto acusado precisó que, esa actividad podía ser
realizada por la EPS, pero con recursos propios, más no con recursos públicos del
SGSSS, destacando que los recursos propios de SaludCoop fueron insuficientes
para financiar dichos gastos administrativos que no guardaban relación de
causalidad con el objeto social principal de la EPS, esto es, garantizar los servicios
incluidos en el POS.
De la indebida valoración de la conducta como nexo causal frente al supuesto
daño fiscal
137. El recurso presentado por la parte demandante se sustenta “[…] en la
violación a los artículos 5 y 53 de la Ley 610 del 2000, por cuanto el daño fiscal que
determina el Fallo 1890 no es consecuencia de los actos imputados al actor, puesto
que no hay una relación determinante y condicionante entre su conducta y el
supuesto daño fiscal. […]”. Al respecto indica:
“[…] El caudal probatorio demostró la deficiencia tanto de la decisión de la judicatura
como del acto acusado, al no verificar las condiciones que debe acreditar, - conforme
a la jurisprudencia - el nexo causal de ser próximo, determinante y adecuado y omitir
aplicar en debida forma el principio de causalidad adecuada en la valoración que se
hizo de la conducta de la actora. La falsa motivación se concretó por prescindir, el fallo
acusado, de valorar hechos demostrados en el proceso IP-010 y dar por cierto un nexo
causal que no es determinante entre las conductas de la actora en su condición de
Vicepresidente, y ese supuesto daño.[…]”
138. La sentencia proferida en primera instancia indicó, luego de la transcripción
de lo correspondiente del acto acusado, que “[…] La actuación de la demandante
sí fue determínate (sic) y contribuyó de manera directa a la generación del daño.
[…]”, para posteriormente concluir: “[…] Es completamente claro que la atribución
de gestión fiscal en cabeza de la demandada no obedeció a una interpretación
errada de la parte demandada, ya que se fundó en las atribuciones legales y
estatutarias a su cargo y en las conductas concretas como la intervención en la
adopción de estados financieros, aprobación del presupuesto y en el ejercicio de
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atribuciones que contribuyeron a la generación de daño a los recursos parafiscales
de la salud utilizados en beneficio particular de la EPS SALUDCOOP. Por lo tanto,
es claro que no haber mediado las actuaciones y omisiones de la demandante en
calidad de miembro del consejo de administración y vicepresidente administrativo
de Saludcoop, no se habría generado el detrimento de los recursos parafiscales de
la salud, por tanto, sí existió el nexo de causalidad para declarar responsable
fiscalmente a la demandante. […]”
139. La sala reitera que, en el caso sub examine, la responsabilidad fiscal
declarada versó sobre el desvío de recursos públicos del SGSSS en beneficio
particular, para lo cual se identificó a los sujetos que en el ámbito de la gestión fiscal
concurrieron a la generación del dicho daño, así como respectivo nexo causal y los
criterios para determinar su culpabilidad.
140. Del análisis del acto acusado se tiene que la parte demandada hizo estudio
de las diferentes conductas que la parte demandante ejerció, en un primero
momento como integrante del Consejo de Administración, y en un segundo
momento como Vicepresidente Administrativa. Respecto de su primera condición
adujo que: “[…] En su condición de miembro el Consejo de Administración Dado
que, como Directivo, la Señora María Carolina Lamus Becerra, ocupó inicialmente
el cargo de integrante del Consejo de Administración, durante 2005 y 2006, se
procede a estudiar su actuación e intervención en los hechos que se debaten. Al
analizar las funciones a cargo de dicho Consejo de Administración, conforme obra
a folios 22733 […]”
141. En ese orden, el acto acusado sostuvo:
“[…] La intervención de los miembros del Consejo de Administración y el marco de sus
atribuciones también permite inferir que sí tenían capacidad de determinar la disposición
de los recursos públicos que administraba la EPS y, por consiguiente, que sus
actuaciones se desarrollaron y concretaron en el ámbito de la gestión fiscal bien a través
de actuaciones concurrentes y bien, a través de determinaciones que contribuyeron a la
consolidación del daño. Así las cosas, es indubitable que entre la gestión atribuida a los
miembros del Consejo de administración, por virtud de la habilitación jurídica a la EPS
que regentaba, en el marco de la Ley 100 de 1993 y el daño acreditado en el proceso
que nos ocupa, existe un directo nexo de causalidad puesto que fue por virtud del
ejercicio de las funciones como miembros del Consejo de administración quienes
intervinieron y contribuyeron a la destinación y apropiación indebida con pérdida y
menoscabo del patrimonio público. Sin dicha participación del Consejo de
administración, SALUDCOOP no hubiera estado en condiciones de generar el daño
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fiscal que se le atribuye pues como fluye de la valoración probatoria, todas las
operaciones que han sido objeto de imputación se desarrollaron como consecuencia de
las decisiones tomadas entre otros, por los miembros del Consejo de administración.
[…]”
142. La parte demandante al referirse a su condición de integrante del Consejo de
Administración, hace saber que en el período de tiempo comprendido entre el 26 de
Abril del 2005 al 30 de Enero del 2007, el aprobar un Estado Financiero no es factor
determinante y eficiente para que produzca el daño fiscal, toda vez que este tiene
lugar cuando se materializa el pago o salida de dinero por la adquisición de los
activos hospitalarios, cuando se suscriben los contratos respectivos de las
erogaciones cuestionados o se materializa su pago. “[…] Cuando se aprueba el
Estado Financiero tales hechos causales ya han tenido lugar mucho tiempo atrás.
En el caso de la aprobación de los Presupuestos Anuales, las mismas Actas son
expresas en indicar que las inversiones se autorizan realizar con el flujo de caja libre
que arroje la operación o con el excedente de liquidez que arrojare la operación de
la EPS y con los endeudamientos que resulten necesarios para el desarrollo de
infraestructura hospitalaria y asistencial. La autorización presupuestal no es factor
causal toda vez que no indican que se autorice tomar recursos de la UPC sino los
excedentes, el flujo de caja libre o los endeudamientos. El factor causal no está en
la decisión presupuestal, toda vez que la misma es legítima y ajustada a derecho.
[…]”
143. La parte demandante al referirse a su condición de integrante del Consejo de
Administración, hace saber que en el período de tiempo comprendido entre el 26 de
Abril del 2005 al 30 de Enero del 2007, el aprobar un Estado Financiero no es factor
determinante y eficiente para que produzca el daño fiscal, toda vez que este tiene
lugar cuando se materializa el pago o salida de dinero por la adquisición de los
activos hospitalarios, cuando se suscriben los contratos respectivos de las
erogaciones cuestionados o se materializa su pago. “[…] Cuando se aprueba el
Estado Financiero tales hechos causales ya han tenido lugar mucho tiempo atrás.
En el caso de la aprobación de los Presupuestos Anuales, las mismas Actas son
expresas en indicar que las inversiones se autorizan realizar con el flujo de caja libre
que arroje la operación o con el excedente de liquidez que arrojare la operación de
la EPS y con los endeudamientos que resulten necesarios para el desarrollo de
infraestructura hospitalaria y asistencial. La autorización presupuestal no es factor
causal toda vez que no indican que se autorice tomar recursos de la UPC sino los
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excedentes, el flujo de caja libre o los endeudamientos. El factor causal no está en
la decisión presupuestal, toda vez que la misma es legítima y ajustada a derecho.
[…]”
144. No obstante, el material probatorio da cuenta que conforme los estatutos de
la EPS, y las propias actas de los consejos de administración, se aprobaban los
presupuestos anuales que se sometían a consideración de este órgano por la
Presidencia Ejecutiva y Administración de la EPS, y por otra, la administración de la
EPS quedó habilitada para ejecutar durante el ejercicio, entre otras, las siguientes
operaciones: honorarios asesoría jurídica, asesoría financiera, asesoría técnica por,
arrendamientos (construcciones y edificios), gastos de viaje e inversión en
infraestructura, partidas hacen referencia a gastos que no forman parte de aquellos
que tienen nexo de causalidad con la prestación del servicio y por lo tanto no pueden
financiarse con los recursos del SGSSS, lo que, dicho en otras palabras, significa
que dichas partidas aprobadas, solo podían atenderse con recursos propios.
145. Respecto de la adopción de Estados Financieros, la parte demandada hace
valoración probatoria de los resultados años tras año y que reflejan que se hicieron
operaciones por parte de la EPS, para ejecutar inversiones o destinaciones de
recursos parafiscales de SGSSS, que no tienen causalidad alguna con la prestación
de servicios de salud.
146. En su condición de Vicepresidente administrativa, las pruebas recaudadas
por la parte demandada dan cuenta de su participación en la Asamblea General de
Asociados, “[…] lo que permite vislumbrar que la imputada tenía acceso a todos los
pormenores relacionados con la disposición de los gastos atribuibles a la
organización. […]”
147. Los informes presentados en la Asamblea permiten conocer la gestión
administrativa tales como la coordinación nacional de nómina que amplió
operaciones con la administración de nómina para empresas externas del Grupo
SaludCoop, administrando 61 empresas del Grupo SaludCoop y 13 empresas
externas con 496 funcionarios según se detalla.
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148. El acto acusado logró precisar además que se aplicó un instructivo avalado
por la Vicepresidencia Administrativa para el proceso de predios en arrendamiento,
se establecieron las minutas únicas para el contrato de arrendamiento, cesiones,
otro si, transacciones y entregas. Igualmente se llevó a cabo el manejo de los
arrendamientos en la dirección administrativa nacional con el fin de determinar el
inventario de sedes en arrendamiento, conciliar ajustes y aplicar los incrementos en
los meses y valores acordados, evitando sanciones y multas que se estaban
generando por estos conceptos.
149. Así las cosas, la Sala advierte que la parte demandada no solo llevó a cabo
un estudio pormenorizado del material probatorio, sino que llegó a conclusiones
razonables en función de la conducta desplegada por la parte demandante, el daño
al patrimonio, y la relación de causalidad existente entre una y otra al punto que con
la experticia que su cargo le impone, tenía pleno conocimiento de sus decisiones,
lo que permite endilgarle responsabilidad, sin que sea necesario ser ordenador del
gasto, sino que intervenga o incida en la gestión fiscal como gestor fiscal o en el
desarrollo de una relación próxima, necesaria y determinante de la misma en la que
se contribuya a la generación del daño fiscal.
150. No se desvirtuó que la parte demandante haya sido ajena a la producción del
daño por cuanto tenía a su cargo el apoyo a la ejecución de las decisiones por parte
del Presidente Ejecutivo; intervenía en la aplicación del gasto administrativo; y entre
otras, tenía a su cargo de manera directa todo lo concerniente a la infraestructura y
a la gestión administrativa de adquisiciones. Es decir, que no sólo tenía que ver con
los gastos ocasionados con las relaciones laborales sino con todo lo que implicara
la gestión administrativa de la organización.
151. Esta Sección32, respecto de la gestión fiscal y el nexo de causalidad se
pronunció respecto de la legalidad de los actos que ahora son objeto de nuevo
control de legalidad; solamente que allí, la parte demandante fue otra persona
natural que también fungió como miembro de distintos órganos de dirección de
Saludcoop E.P.S.
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 12 de noviembre
de 2020, Expediente 250002341000201401455-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
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152. Al respecto sostuvo que, para predicar la existencia de responsabilidad fiscal,
era menester que concurrieran los siguientes elementos: i) objetivo; ii) subjetivo; y
iii) relación de causalidad; el primero, consistente en la prueba que acredite con
certeza la existencia de un daño el patrimonio público; el segundo que evalúa la
actuación del gestor fiscal al menos a título de culpa; y el tercero, conforme al cual
se debe acreditar que el daño al patrimonio sea consecuencia del gestor fiscal.
153. Esta Sección, con sustento en lo anterior, precisó:
“[…] que el ente fiscal en el auto de imputación lo concibió de manera
individualizada para los miembros del Consejo de Administración, indicando
para el caso de la señora Piñeros Ricardo, que tomaba el periodo comprendido
entre el año 2005 y 2010, pero posteriormente, en el fallo con responsabilidad
fiscal se determinó que desde el año 1998 iniciaron las prácticas que generaron
de manera continua, ininterrumpida y bajo un mismo hilo conductor el desvío de
los recursos parafiscales del sistema, motivo por el que se concibió el daño en
un solo período de tiempo, comprendido entre 1998 y 2010, para que fuera
resarcido de manera solidaria por todos y cada uno de los responsables fiscales.
Es decir, que el daño fiscal atribuido por la Contraloría implicó hechos de
carácter continuado que se encontraban conectados entre sí, desde el año
1998 hasta el 2010, lo cual muestra la dependencia entre los diversos actos
financieros señalados por la Contraloría en el fallo con responsabilidad
fiscal, como causante del detrimento patrimonial; empero, claro está, no
había lugar a declarar responsabilidad desde el año 1998 hasta el año 2004, en
que la actora no formaba parte del Consejo de Administración, razón por la cual
con acierto el Tribunal declaró la nulidad parcial por este período.
La Sala precisa que aun cuando la accionante únicamente hizo parte del
Consejo de Administración de SALUDCOOP durante el período comprendido
entre 2005 y 2010, lo cierto es que de acuerdo con lo expuesto en la parte
considerativa de esta providencia, para que haya lugar a afirmar que se
causó un daño patrimonial al Estado, es necesario que este sea cierto y
actual, como en efecto ocurrió en el presente caso, en que se comprobó
la merma patrimonial sufrida por el Sistema General de Seguridad Social
en Salud y en esa medida, su ausencia en las arcas del estado, sin que para
su estructuración sea necesario que la persona a quien se le atribuye, haya
hecho parte del mismo desde su génesis, pues lo que reviste importancia es su
participación en la causación del daño.
En consecuencia, no tiene vocación de prosperidad el argumento de la actora
según el cual por el hecho de no haber participado en el Consejo de
Administración desde el año 1998, no estaba llamada a responder por el daño
que causó entre los años 2005 y 2010, pues el que la Contraloría hubiese
concebido el daño patrimonial como un hecho de tracto sucesivo no implicaba
que cada uno de los responsables participaran desde su origen y/o en la
totalidad del mismo.
Asimismo, se pudo acreditar que la conducta desplegada por la demandante
contribuyó de manera eficiente y determinante en la producción del
referido daño, debido a que, como lo puso de presente la Contraloría y lo
encuentra acreditado la Sala, la señora Piñeros Ricardo hizo parte del
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Consejo de Administración de SALUDCOOP y, participó en la aprobación
del presupuesto y los estados financieros de la EPS, en el periodo de tiempo
comprendido entre los años 2005 y 2010, como se evidencia de las actas […].
De manera que, la conducta desplegada por la demandante debe ser
catalogada como dolosa, tal y como lo hizo la Contraloría, ya que al
participar en la aprobación de los estados financieros y el presupuesto de
la EPS, sin manifestar oposición alguna a los mismos, contribuyó de
manera eficiente y directa en la causación del daño patrimonial al Estado,
pues atendiendo a sus capacidades profesionales y las calidades que exigía el
cargo que ostentaba, era de esperarse que al observar alguna irregularidad
en la inversión o destinación de los dineros parafiscales debía advertirla
y ponerla de presente, circunstancia que la hubiese eximido de
responsabilidad, pues habría puesto en evidencia su ausencia de intención en
la producción del daño ocasionado y habría probado su diligencia en el ejercicio
de la función que le había sido encomendada.
Así las cosas, el ente fiscal probó sin lugar a dudas que la señora Piñeros
Ricardo contribuyó en la causación del daño patrimonial y que actuó con
dolo, debido a que habiendo podido evitarlo, se abstuvo de hacerlo “previendo
como resultado necesario e intencional esa misma lesión al patrimonio público”.
Ahora, frente a la relación de causalidad entre el daño patrimonial y la
conducta dolosa desplegada por la demandante, se observa que existió
un nexo entre uno y otro debido a que sin la presencia y/o anuencia de la
señora Piñeros Ricardo, y los demás miembros en el Consejo de
Administración de SALUDCOOP, no hubiese sido posible la aprobación
de los estados financieros y del presupuesto de la EPS y en esa medida
de las inversiones y gastos que se realizaban con los recursos
parafiscales del sistema de salud, para fines distintos a la prestación del
servicio.
En consecuencia, atendiendo la regla general que rige la responsabilidad
consistente en que quien causa un daño debe resarcirlo, la Sala concluye
que el análisis de la responsabilidad realizado por la Contraloría en los
actos administrativos acusados, cuenta con soporte fáctico y jurídico,
pues no solo hizo un estudio integral y detallado de las pruebas
recaudadas, sino que también contó con fundamentos jurídicos sólidos
para sus conclusiones, tal y como se señaló en los párrafos precedentes.
Así las cosas, la Sala considera que los actos administrativos proferidos
por la Contraloría se ajustaron a la posición que ha adoptado esta Sección
frente a la responsabilidad fiscal, esto es que al ser de carácter subjetivo
deben ser probados los tres elementos que se establecieron para su
configuración, como efectivamente ocurrió en el caso de la señora Ana
María Piñeros Ricardo […]” (Destacado fuera de texto – Subrayado original del
texto).
154. La Sala, atendiendo la línea jurisprudencia que sobre la materia que ahora
ocupa su atención fijó, considera que en el presente asunto la parte demandada, en
los actos acusados, en especial del fallo con responsabilidad fiscal núm. 001890 de
2013, sí explicó con suficiencia las razones por las cuales se materializaban los
elementos de la responsabilidad fiscal, en específico, después de relacionar cada
una de las pruebas en que sustentaba la decisión en relación con la parte
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demandante y su capacidad de disposición, conciencia y deberes funcionales le
daban las condiciones para conocer el ciclo que seguían los recursos públicos
asignados.
155. La Sala, atendiendo lo anterior, considera que el nexo causal entre la
conducta y el daño, como uno de los elementos constitutivos de responsabilidad, se
encuentra demostrado, motivo por el cual los argumentos expuestos en el recurso
de apelación, no prosperan.
Sobre Improcedencia de la solidaridad
156. La parte demandante sustenta este cargo en el recurso de apelación
indicando que “[…] la actora solo tuvo la condición de miembro de Consejo de
Administración entre Abril 26 del 2005 y Enero 30 del 2007 y como Vicepresidente
entre Octubre 25 del 2005 y Febrero 2 del 2012, la cuantía inicial de su
responsabilidad debía reducirse al daño que se concretó en el período de tiempo
como miembro de Consejo. La prestación de resarcimiento a su cargo resulta
diferente a la que estableció el Fallo 1890 para los demás responsables fiscales,
por lo cual no se puede establecer una unidad de objeto en la obligación de
resarcimiento impuesta por el acto acusado. […]”
157. No comparte la sentencia proferida en primera instancia habida cuenta que:
“[…] La responsabilidad solidaria que contempla el artículo 2344 del Código Civil no
resulta aplicable toda vez que no todas las conductas de los implicados concurrieron
en la totalidad del espacio temporal comprendido entre 1998 y 2010 y por ende las
prestaciones de reparación se han venido determinando diferentes y en el caso de
mi representada su responsabilidad tan solo podría ser respecto del período en que
fue miembro del Consejo de Administración y no de todo el perjuicio establecido por
el Fallo 1890, pues se trata de espacios temporales diferentes.
Tampoco es aplicable el artículo 119 de la Ley 1474 de 2011, en tanto, los hechos
ocurrieron con anterioridad a su vigencia. De aplicarla, conlleva su aplicación
retroactiva, violatorio del artículo 29 de la Constitución Nacional. Esta disposición de
la ley 1474 de 2011 es una norma sustancial y no procedimental que no es
preexistente a los hechos objeto del proceso de responsabilidad fiscal IP-010.
No resulta procedente el artículo 24 de la Ley 222 de 1995 que contempla la
responsabilidad solidaria respecto de los administradores de las organizaciones
sociales. La Sentencia del H. Tribunal, en una aplicación indebida desconoce que la
responsabilidad de los administradores por sus actos u omisiones no puede
ampliarse a la persona jurídica, por ser una entidad diferente de sus administradores
y esta norma sancionatoria es expresa en restringir esa solidaridad entre los
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administradores sin que se extienda a la sociedad o ente jurídico79. En el presente
caso como la persona jurídica de SALUDCOOP también fue declarada responsable
fiscal, excluye una solidaridad impuesta con apoyo en la referida norma de la Ley
222.
[…]
Aunque la Sentencia limita la responsabilidad de mi prohijada al período en que tuvo
la condición de miembro del Consejo de Administración y Vicepresidente, no es
coherente al hacerla responsable fiscal por todo el año 2005, desconociendo que tal
condición solo la adquirió desde Abril 26 de dicho año. Resulta exorbitante que el
cálculo del daño a su cargo se le agregue la fracción entre Enero 1 del 2005 y Abril
26 del 2005. No hay sustento legal ni constitucional imponer una responsabilidad
que no es consecuente con los periodos por los cuales se dice ejerció gestión fiscal.
[…]“
158. La Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en la sentencia de 30 de mayo de 2024, sobre la improcedencia de
la solidaridad consideró que era “[…] clara la aplicabilidad de la solidaridad en
tratándose del pago del monto correspondiente al resarcimiento al patrimonio
público como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad fiscal,
seguidamente debe analizarse si el criterio de solidaridad permite generar la
obligación a quien haya sido declarado responsable fiscal, al pago de la totalidad
del monto atribuido como daño patrimonial. En este caso particular, analizar si así
su participación en la generación del daño no se haya dado en la totalidad del
período en que se concretó la afectación al patrimonio público, sino que se haya
dado solo en un lapso del mismo, esto es, unos años después de la fecha en que
tuvo inicio tal afectación, y concretamente si la demandante, por haber sido
declarado responsable fiscal por conductas efectuadas entre los años 2005 a 2010,
está llamado a responder solidariamente por la totalidad de la cuantía equivalente
al daño que se generó desde el año de 1998 a 2010. […]
159. Y, sobre el periodo en el cual ejerció sus funciones adujo:
“[…]
16) En esos términos, la Contraloría General de la República al responsabilizar a la
demandante, solidariamente y a título de culpa grave por el detrimento patrimonial
causado con ocasión de la inadecuada administración, planeación y manejo de los
recursos públicos del SGSSS, en los períodos contables de 1998 a 2004, época
para la cual, la entidad no encontró acreditado que la actora se desempeñaba como
miembro del Consejo de Administración de la EPS y vicepresidente administrativa,
aplicó indebidamente la solidaridad. Sin embargo, este vicio se limita a la cuantía de
resarcimiento patrimonial endilgado al demandante, pero ello de ninguna manera
tiene la entidad para desestimar la existencia del daño patrimonial, la conducta
reprochable al actor y el nexo de causalidad entre la conducta y el daño, durante el
período en el que la Contraloría encontró que la demandada se desempeñó como
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gestor fiscal de SaludCoop como miembro del Consejo de Administración y
vicepresidenta administrativa de la referida EPS (desde el año 2005 al año 2010),
elementos estudiados en otros apartes de esta providencia y que se encontraron
debidamente acreditados.
17) Conforme a lo anterior, este cargo está llamado a prosperar, no obstante, ante
ello la Sala solo declarará la nulidad parcial de los actos administrativos que se
demandan en el sentido de declarar la nulidad parcial de los artículos primero del
Fallo de Responsabilidad Fiscal No. 01890 del 13 de noviembre de 2013, del Auto
No. 00405 del 3 de febrero de 2014 y del Fallo de apelación y consulta No. 011 del
11 de febrero de 2014, en cuanto impuso a la demandante a resarcir al patrimonio
público la cuantía indexada de UN BILLÓN CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL
CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
SETENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS
($1.421.178.399.072.78) y confirmaron tal decisión, y en su lugar, se ordenará a
Contraloría General de la República, abstenerse de exigir y cobrar a la actora el
valor total del daño fiscal por $1.421.178.399.072.78, sino que solo le sea exigible y
cobrado de manera solidaria únicamente los valores liquidados como daño
patrimonial correspondientes a los años, 2005 a 2010, cuyos montos y/o cifras, de
manera individual fueron consignadas en el fallo de responsabilidad fiscal por parte
de la Contraloría, y se constatan en los folios 101 a 105 y 143 del Fallo de
responsabilidad fiscal No. 01890 del 13 de noviembre de 2013 […]”
160. Pese a que el fallo proferido en primera instancia limitó la condena al período
en el que la parte demandada encontró que la demandante se desempeñaba como
miembro del Consejo de Administración de la EPS y vicepresidente administrativa,
esto es, desde el año 2005 al año 2010 y que fue la razón para declarar la nulidad
parcial de los actos acusados que impusieron a la demandante la obligación de
resarcir al patrimonio público y “[…] solo le será exigible y cobrado de manera
solidaria únicamente los valores liquidados como daño patrimonial correspondientes
a los años 2005 a 2010 que arrojan la cuantía indexada, a 31 de octubre de 2013,
de $850.080.504.465,39. […]”, esta Sala recuerda, conforme ha quedado dicho en
esta providencia, que la conducta de la parte demandante se originó en su condición
de integrante del Consejo de Administración y posteriormente como Vicepresidente
administrativa.
161. En esas calidades participó en diferentes momentos tanto en la aprobación
de presupuestos, como en la adopción de Estados Financieros. En efecto, en la
aprobación o improbación de los Estados Financieros de cada ejercicio, los
miembros del Consejo de Administración fueron conscientes de todas las
transacciones, movimientos y cambios en los activos y pasivos de la empresa; y,
por tanto, estuvieron en toda la capacidad y posibilidad de acceder y conocer los
pormenores de los actos de comercio y otro tipo de transacciones que sirvieron para
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el desvío de los recursos parafiscales en beneficio privado de la empresa y de sus
vinculadas.
162. Está demostrado que la parte demandante como parte del Consejo de
Administración de SALUDCOOP EPS OC., estuvo presente en la sesión del día 31
de enero de 2006, según Acta 136 en la que se adoptaron de los estados financieros
del año 2005. El acto acusado indica que “[…] Los resultados de ese año reflejan
que se hicieron operaciones por parte de la EPS, para ejecutar inversiones o
destinaciones de recursos parafiscales de SGSSS, que no tienen causalidad alguna
con la prestación de servicios de salud, según el análisis que se realiza en el acápite
de descripción del daño y a las referencias que esta Providencia ha realizado sobre
el tipo de gastos con cargo a dichos recursos por parte de la EPS. En efecto, las
situaciones que se reflejan los Estados Financieros correspondientes al año 2005,
hacen referencia a gastos que no forman parte de aquellos que tienen nexo de
causalidad con la prestación del servicio y por lo tanto no podían financiarse con los
recursos del SGSSS, lo que, dicho en otras palabras, significa que las operaciones
mencionadas y reflejadas en los estados financieros del 2005, solo podían
atenderse con recursos propios. Sin embargo, si se tiene en cuenta el análisis
contenido en el acápite del daño de esta Providencia, sobre los resultados del
ejercicio del año 2005, se infiere con total claridad que dichas transacciones sobre
actividades operación, financiación e inversión, se ejecutaron, apalancaron y
consolidaron con los recursos parafiscales del SGSSS que percibió la EPS para su
administración, durante esa vigencia. […]
163. En este sentido, aun cuando la parte demandante integró el Consejo de
administración de SALUDCOOP EPS, a partir del 26 de abril del 2005, la aprobación
de los estados financieros llevada a cabo el 31 de enero de 2006, comprendieron
todo el periodo 2005, incluyendo las operaciones, ejecuciones e inversiones que se
llevaron a cabo con recursos del SGSSS, por lo que no puede limitarse, como lo
solicita el recurso, la responsabilidad por dicho año, al mes de abril de 2005,
Conclusiones de la Sala
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164. Esta Sala, atendiendo lo anterior, considera que la sentencia de 30 de mayo
de 2024, proferida en primera instancia por la Subsección B de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se debe confirmar.
Condena en costas
87. Visto el numeral 8.° del artículo 365 de la Ley 1564 sobre condena en costas,
y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y a que en el expediente
no aparecen causadas ni probadas, la Sala no condenará en costas a la parte
demandada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia, en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
II. RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 30 de mayo de 2024, proferida en primera
instancia por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente a la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
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GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente Con salvamento de voto
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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