Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01049-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01049-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-01049-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
30 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA 14 ESPECIAL DE DECISIÓN
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 30 de enero de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01049-00 (CIL)
Naturaleza del proceso: Control inmediato de legalidad – Única instancia
Acto administrativo: Resolución DIAN 193 de 21 de febrero de 2025
Autoridad que lo expidió: Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales - DIAN
Procede la Sala a realizar el control inmediato de legalidad de la Resolución
193 de 21 de febrero de 2025, “por la cual se habilita el Recibo Oficial de
Pago de Tributos Aduaneros y Sanciones Cambiarias Formulario V9 para
recaudar el Impuesto Especial para el Catatumbo establecida en el
Decreto 0175 del 13 de febrero de 2025 (…)”, proferida por la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (en
adelante, DIAN).
Los Decretos Legislativos 62 de 2025 y 175 de 2025 fueron objeto de estudio
de constitucionalidad, por parte de la Corte Constitucional, mediante
sentencias C-148 de 20251 y C-431 de 20252, respectivamente. No obstante,
el sentido de dichas decisiones se conoció únicamente a través de
comunicados de prensa, los cuales, según la misma Corte Constitucional3,
en línea con lo considerado por esta Corporación4, poseen un carácter
1 Con carácter meramente informativo se precisa que, mediante Comunicado 14, de 29 de abril de 2025, la Corte
Constitucional anunció que declarará la constitucionalidad parcial del Decreto Legislativo 62 de 24 de enero 2025
(Sentencia C-148 de 2025).
2 Con carácter meramente informativo se precisa que, mediante Comunicado 44, de 14, 15 y 16 de octubre de
2025, la Corte Constitucional anunció que declarará la constitucionalidad de los artículos 1 (parágrafos 1-4) a 10
e inexequible el artículo 1 (parágrafo 5) del Decreto Legislativo 175 de 24 de 14 de febrero 2025 (Sentencia C-431
de 2025).
3 “(…) el alcance de los comunicados de prensa es meramente informativo, que no son sentencias y, en esa
medida, al no responder a las características propias de las providencias judiciales, no se les confiere fuerza
vinculante de ninguna índole. (…) el Reglamento Interno de la Corte Constitucional, en el literal c) de su artículo
9º, establece como función del Presidente de la Corporación la de “servir a la Corte de órgano de comunicación”,
de modo que “sólo él podrá informar oficialmente de los asuntos decididos en Sala Plena” y, precisamente, en
ejercicio de esta función, el presidente expide y firma los comunicados de prensa, cuyo carácter es meramente
informativo, según lo ha puesto de presente la Corporación al señalar que “son un medio expedito para dar a
conocer a los ciudadanos las sentencias que profiere la Corte, pero no reemplazan la decisión misma (…)”. Corte
Constitucional, Auto A-201 de 2013. En el mismo sentido, al rechazar solicitudes de aclaración y adición respecto
de comunicados de prensa, la Corta ha considerado que “(…) las providencias de la Corte cobran efectos a partir
del día siguiente a su adopción, los comunicados mediante los cuales estas le son anunciadas al público permiten
que la comunidad conozca los fundamentos y sentido de sus fallos. Se trata, pues, de un medio informativo que
refleja las providencias de la Corte, de manera tal que -siendo el caso- la comunidad adecúe inmediatamente su
comportamiento al Texto Superior. (…)”. Corte Constitucional, Auto A-3004 de 2023.
4 “El Reglamento Interno de la Corte Constitucional en su artículo 9 determinó las funciones presidente de la
Corporación, entre las que se encuentra “Servir a la Corte como órgano de comunicación y, en consecuencia,
sólo él podrá informar oficialmente sobre los asuntos decididos por la Sala Plena”. En esa medida, el presidente del
máximo tribunal constitucional expide los comunicados de prensa con el fin de poner en conocimiento de la
comunidad las decisiones adoptadas y con ello de los cambios que implican en el ordenamiento jurídico. No
obstante, al no ser la sentencia misma la que se publica no produce efectos jurídicos”. Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 4 de febrero de 2016, Exp. 11001-03-
15-000-2015-03162-00(AC). En el mismo sentido, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01049-00
Naturaleza del proceso: Control inmediato de legalidad –
Única instancia
Acto administrativo: Resolución No. 193 de 21 de febrero
de 2025
Autoridad que lo expidió: Unidad Administrativa Especial
Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales – DIAN
meramente informativo, carecen de fuerza vinculante y no implican la
ejecutoria de las respectivas sentencias. En consecuencia, el ponente
estimó prudente aguardar por su efectiva publicidad, a través de los medios
ordinarios adoptados por esa Corte5, según el artículo 56 de la Ley 270 de
1996, en virtud de la incidencia directa de tales fallos sobre el acto sujeto a
control inmediato. Sin embargo, al término del 2025 dicha publicidad no se
materializó y, por lo tanto, se procede a efectuar el control inmediato de
legalidad, sin perjuicio de los efectos que se deriven del contenido integral
de las sentencias, una vez sean formalmente notificadas.
Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Marco normativo – 1.2. El acto objeto de control – 1.3. Trámite relevante
ante el Consejo de Estado
1.1. Marco normativo
1. El 24 de enero de 2025, en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo
213 de la Constitución Política, el presidente de la República expidió el
Decreto Legislativo 62 de 2025, “[p]or el cual se decreta el estado de
conmoción interior en la región del Catatumbo, los municipios del área
metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del
departamento del Cesar”, con la finalidad de:
“Artículo 1. Declarar el estado de conmoción interior, por el término de
noventa (90) días contados a partir de la entrada en vigencia del
presente decreto, en la región del Catatumbo, ubicada en el nororiente
del departamento de Norte de Santander, la cual está conformada por
los municipios de Ocaña, Ábrego, El Carmen, Convención, Teorama,
San Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Tibú y Sardinata, y los territorios
indígenas de los resguardos Motilón Barí y Catalaura La Gabarra, así
como en el área metropolitana de Cúcuta, que incluye al municipio de
Cúcuta, capital departamental y núcleo del área, y a los municipios de
Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano y Puerto Santander; y
los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar.
Artículo 2. El presente decreto rige a partir de la fecha de su
publicación.”
Segunda, Subsección A, sentencia de 6 de marzo de 2024, Exp. 11001-03-15-000-2024-00784-00 (AC); Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 10 Especial de Decisión, sentencia de 15 de diciembre de 2023,
Exp, 11001-03-15-000-2023-04874-00 (CIL), entre otras.
5 “La Corte no desconoce la obligación de notificar por edicto sus decisiones judiciales, ni tampoco las reglas
procesales de la ejecutoria y la cosa juzgada constitucional. Por el contrario, en aras de salvaguardar la integridad
y supremacía del Texto Constitucional y de asegurar la vigencia de la garantía fundamental de la seguridad
jurídica, concluye, por una parte, que las sentencias de constitucionalidad producen efectos desde el día siguiente
a su adopción, siempre y cuando sean debidamente comunicadas por los medios ordinarios adoptados por esta
Corporación (Ley 270 de 1996, artículo 56), y por el otro, sujeta las instituciones de la notificación y el término de
ejecutoria contados a partir de la desfijación del edicto (Decreto 2067 de 1991, artículo 16), para delimitar el plazo
dentro del cual los ciudadanos pueden interponer el incidente de nulidad contra el fallo de constitucionalidad por
vulnerar el debido proceso (Decreto 2067 de 1991, artículo 49).” Corte Constitucional, Sentencia C-973 de 2004.
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2. De las consideraciones del Decreto se deriva que el presupuesto fáctico
se estableció en la región del Catatumbo6, en el área metropolitana de
Cúcuta7 y los municipios de Río de Oro y González del departamento del
Cesar. A su vez, se tuvieron en cuenta, entre otros, factores como: i) los
valores ecológicos y geológicos de la zona, ii) la presencia de grupos
armados y delincuenciales organizados, iii) la sentencia SU-020 de 2022 de
la Corte Constitucional, que declaró el estado de cosas inconstitucional por
el bajo nivel de cumplimiento de los compromisos adquiridos en el acuerdo
de paz y, iv) la intensificación de la perturbación extraordinaria del orden
público en el referido territorio.
3. En relación con el presupuesto valorativo se indicó, entre otros aspectos,
que la grave situación “de crisis alimentaria” derivada del “(…) pacto entre
organizaciones armadas ilegales frente a la repartición del negocio ilícito y
la entrada de compradores al territorio (…)” de la región del Catatumbo ha
afectado a las instituciones estatales y, con ello, también a la población
civil, lo cual hacía imprescindible la adopción de medidas extraordinarias
que “(…) permit[ieran] conjurar la perturbación, restablecer la estabilidad
institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana, así como
garantizar el respeto de los derechos fundamentales”.
4. A su turno, el Decreto relacionó los presupuestos de necesidad e
insuficiencia de las medidas ordinarias vigentes para, con base en ello,
concluir que se trataba de problemas estructurales que ponían en riesgo la
estabilidad institucional, lo cual justificaba la declaratoria del estado de
conmoción interior, con el fin de “(…) adoptar mecanismos y utilizar
herramientas inmediatas que permit[ieran] conjurar la crisis y evitar su
agravamiento, sin perjuicio de las políticas públicas necesarias para
abordar las causas estructurales a largo plazo.” En este contexto, se
consideró que “(…) e[ra] necesario proveer de recursos a las entidades del
Estado que deb[ían] intervenir respecto de los actos que ha[bían] dado
lugar a la conmoción interior para impedir que se ext[endieran] sus efectos,
adoptando medidas que permit[ieran] la consecución de recursos
adicionales, incluyendo medidas tributarias y presupuestales, entre otras.”
5. En concordancia con lo anterior, el presidente de la Republica expidió,
con la firma de todos los ministros, el Decreto Legislativo 175 de 14 de febrero
de 2025, “[p]or el cual se adoptan medidas tributarias destinadas a atender
los gastos del Presupuesto General de la Nación necesarios para hacer
frente al estado de conmoción interior decretado en la región del
6 Nororiente de Norte de Santander, municipios de Ocaña, Ábrego, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto,
Hacarí, La Playa, El tarra, Tibú y Sardinata y los resguardos indígenas Motilón Barí y Catalaura La Gabarra.
7 Conformada por Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano y Puerto Santander.
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Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro
y González del departamento del Cesar”. El Decreto tiene 10 artículos, de
los cuales 6 se refieren al “Impuesto Especial para el Catatumbo”.
6. En esos artículos se dispuso: i) (art. 2) la creación del impuesto “(…) que
grava la extracción en el territorio nacional de hidrocarburos y carbón de
las partidas arancelarias que se definen en el artículo 3° del presente
decreto, al momento de la primera venta o la exportación”; (art. 3) el hecho
generador y los supuestos causación del impuesto; (art. 4) la base gravable;
(art. 5) la tarifa; (art. 6) el sujeto pasivo y el responsable; y (art. 7) las reglas
de recaudo, consistentes en:
“ARTÍCULO 7. Recaudo. El Impuesto que se crea mediante el presente
decreto se pagará, así
1. Por la persona natural o jurídica exportadora, a través del Recibo
Oficial de Pago o del medio que determine la Unidad Administrativa
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, el cual
será documento soporte al momento de la presentación y aceptación
de la solicitud de autorización de embarque. El valor pagado debe
corresponder al valor del impuesto del presente decreto que ampara la
solitud de autorización de embarque.
2. Por la persona natural o jurídica que realice la venta en o desde el
territorio nacional, a través del Recibo Oficial de Pago o del medio que
determine la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales -DIAN, dentro de los 5 primeros días hábiles de
cada mes, consolidando las operaciones de venta del mes anterior.
(…)”.
1.2. El acto objeto de control
7. El 21 de febrero de 2025, a través de la Resolución 193 de 2025, y con
fundamento en las facultades conferidas por el numeral 2 del artículo 8 del
Decreto 1742 de 2020 y el artículo 7 del Decreto Legislativo 175 de 2025, la
DIAN habilitó el “[f]ormulario No. 690 V9 “Recibo oficial de pago tributos
aduaneros y sanciones cambiarias” para el pago del impuesto especial
para el Catatumbo cuando se realice el hecho generador del numeral (ii)
del artículo 3 del Decreto 0175 de 2025” y, dispuso que los obligados a
liquidar y pagar ese tributo deberían hacerlo por medio de dicho formulario.
8. En la resolución se consideró que, con base en las normas del Decreto
Legislativo 175 de 2025, referidas al “impuesto especial para el Catatumbo”,
“(…) se requ[ería] habilitar el Recibo Oficial de Pago de Tributos Aduaneros
y Sanciones Cambiarias Formulario V9 para que la persona natural o jurídica
exportadora pu[diera] cumplir con la liquidación y pago del impuesto para
el Catatumbo al momento de la presentación y aceptación de la
autorización de embarque, dentro de los términos legales, así como para la
identificación de los recursos.”.
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9. En línea con lo anterior, se consideró que “(…) e[ra] necesario habilitar el
formulario número 690 V9 “Recibo oficial de pago de tributos aduaneros y
sanciones cambiarias” únicamente para el pago del impuesto especial
aquí indicado” y que, para garantizar que los exportadores cumplieran con
la obligación prevista en el Decreto Legislativo 175 de 2025, “(…) se hac[ía]
necesario que la presente resolución entr[ara] a regir en el término previsto
en el artículo 10 del mencionado decreto, esto es, a partir del sábado 22 de
febrero”.
10. La parte resolutiva de la decisión dispone:
“Artículo 1°. Habilitar el Formulario número 690 V9 “Recibo oficial de pago
tributos aduaneros y sanciones cambiarias” para el pago del impuesto
especial para el Catatumbo cuando se realice el hecho generador del
numeral (ii) del artículo 3° del Decreto número 0175 de 2025. Habilítese el
Formulario número 690 V9 “Recibo oficial de pago tributos aduaneros y
sanciones cambiarias” para el pago del Impuesto Especial para el
Catatumbo previsto en el Decreto número 0175 del 14 de febrero de 2025
con respecto a la realización del hecho generador previsto en el numeral
(ii) del artículo 3° del Decreto número 0175 de 2025.
Artículo 2°. Presentación del Formulario número 690 V9 Recibo oficial de
pago tributos aduaneros y sanciones cambiarias. Los obligados a liquidar y
pagar el Impuesto Especial para el Catatumbo que realicen el hecho
generador previsto en el numeral (ii) del artículo 3° del Decreto número 0175
de 2025 deberán hacerlo exclusivamente a través del Formulario número
690 V9 “Recibo oficial de pago tributos aduaneros y sanciones cambiarias”,
dispuesto en forma virtual por la Unidad Administrativa Especial Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a través de sus Servicios
Informáticos Electrónicos.
Parágrafo 1°. En el diligenciamiento del Formulario 690 número 690 V9
“Recibo oficial de pago tributos aduaneros y sanciones cambiarias” el
usuario obligado a liquidar y pagar el Impuesto Especial para el Catatumbo
deberá seleccionar en la casilla 2 el siguiente concepto:
Conceptos de pago Nombre
(Casilla 2)
15 Impuesto Especial para
el Catatumbo
Parágrafo 2°. En concordancia con lo dispuesto en el artículo 7° del Decreto
número 0175 de 2025, el Formulario número 690 V9 “Recibo oficial de pago
tributos aduaneros y sanciones cambiarias” será documento soporte para
la presentación y aceptación de la solicitud de autorización de embarque,
por lo cual será exigido para aceptar la solicitud de autorización de
embarque.
En la casilla 44 del Recibo de Pago 690 V9 correspondiente al concepto
arancel / Impuesto Especial para el Catatumbo, deberá indicarse el valor
a pagar en pesos colombianos de conformidad con el artículo 7 ° del
Decreto número 0175 de 2025.
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Para tal fin, al momento de realizar la presentación de la solicitud de
embarque, en la sección de Documentos Soporte deberá seleccionar el
concepto “205-Otro documento que acredita la operación” e indicar en la
casilla “número de documento” el número de Formulario 690 V9
presentado y pagado.
El Recibo de Pago 690 V9, también se utilizará para liquidar y pagar las
sanciones e intereses a que haya lugar, de conformidad con lo previsto en
el parágrafo 4° del artículo 7° del Decreto número 0175 de 2025.
Parágrafo 3°. Un único Formulario número 690 V9 “Recibo oficial de pago
tributos aduaneros y sanciones cambiarias” no podrá ser documento
soporte de más de una solicitud de autorización de embarque. Sin
embargo, una solicitud de autorización de embarque podrá tener como
documento soporte varios Formularios número 690 V9 “Recibo oficial de
pago tributos aduaneros y sanciones cambiarias” siempre y cuando la
sumatoria de estos, cubra la totalidad del impuesto que se causa.
Artículo 3°. Formulario número 690 V9 “Recibo oficial de pago tributos
aduaneros y sanciones cambiarias”. El Formulario número 690 V9 “Recibo
oficial de pago tributos aduaneros y sanciones cambiarias” hace parte
integral de esta resolución.
Artículo 4°. Publicación. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial
de conformidad con el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011.
Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución entrará en vigencia a partir del
día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial, y únicamente para la
vigencia 2025. (…)”.
1.3. Trámite relevante ante el Consejo de Estado
11. El magistrado sustanciador, mediante Auto de 14 de marzo de 20258,
avocó conocimiento del control inmediato de legalidad de la referencia y
resolvió: i) fijar aviso, por 10 días, en la Secretaría General del Consejo de
Estado en el que se informara a la comunidad en general de la existencia
del proceso; ii) informar a la DIAN de la decisión de avocar conocimiento
del control inmediato de legalidad; y, iii) notificar y correr traslado al
Ministerio Público para que rindiera concepto.
12. El 2 de abril de 2025 la DIAN rindió informe9 en el que solicitó se declarara
la legalidad del acto sometido a control y, además de reseñar los
antecedentes y la parte resolutiva de los Decretos Legislativos 62 de 2025 y
175 de 2025, manifestó que la resolución fue expedida por la autoridad
competente y se publicitó según las exigencias normativas. Adujo,
igualmente, que el acto satisfizo los requisitos de: i) conexidad material,
porque estaba dirigido directa y específicamente a permitir la liquidación y
pago del “impuesto especial para el Catatumbo”, creado en el marco de
la conmoción interior; ii) necesidad, porque con la habilitación del
8 Índice 4, Samai.
9 Índice 12, Samai.
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Formulario 690 V9 “Recibo oficial de pago tributos aduaneros y sanciones
cambiarias” se facilita a los destinatarios el cumplimiento de la obligación
tributaria temporal; iii) proporcionalidad, pues “(…) el único canal dispuesto
para el recaudo proveniente de los impuestos temporales decretados por
el Gobierno Nacional e[ra] el formulario V9, el cual permit[ía] establecer (…)
el monto de los recurso a invertir en esta zona del país para conjurar la crisis
humanitaria y el restablecimiento del orden público”.
13. El 28 de abril de 2025 el Ministerio Público, a través de la Procuraduría
Primera Delegada ante el Consejo de Estado, rindió concepto10 en el que
indicó que la resolución objeto de control inmediato cumplía con los
requisitos formales y sustanciales para su expedición y, en consecuencia, no
violaba norma constitucional o legal alguna, toda vez que “(…) su
promulgación se dio con ocasión de la declaratoria del Estado de
Conmoción Interior para conjurar la grave situación de orden público en la
región del Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y los municipios de
Río de Oro y González del departamento del Cesar mediante el Decreto
Legislativo 062 de 2025.”
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1 Competencia y alcances del control - 2.2 Examen de legalidad
2.1. Competencia y alcances del control
14. El Consejo de Estado, a través de la Sala Especial de Decisión 14,
adoptará una decisión en ejercicio del control inmediato de legalidad, de
conformidad con lo previsto en los artículos 20 de la Ley 137 de 199411 y 136
de la Ley 1437 de 2011 (CPACA)12, sobre la Resolución DIAN 193 de 21 de
febrero 2025. Este medio de control judicial es de conocimiento de las Salas
Especiales de Decisión de la Sala Plena de la Corporación, de conformidad
10 Índice 14, Samai.
11 “Artículo 20. Control de legalidad. Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función
administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control
inmediato de legalidad, ejercido por la autoridad de lo contencioso administrativo en el lugar donde se expidan
si se tratare de entidades territoriales o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales. (…)”.
12 “Artículo 136. Control inmediato de legalidad. Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio
de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción,
tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en el lugar
donde se expidan, si se tratare de entidades territoriales, o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades
nacionales, de Acuerdo con las reglas de competencia establecidas en este Código.// Las autoridades
competentes que los expidan enviarán los actos administrativos a la autoridad judicial indicada, dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición. Si no se efectuare el envío, la autoridad judicial competente
aprehenderá de oficio su conocimiento.”
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con los artículos 2313, 29.314 y 4215 del Acuerdo 80 de 2019 y la decisión
adoptada en sesión virtual 10 de 1 de abril de 2020.
15. La Sala ejercerá el control de legalidad de manera integral, de acuerdo
con lo establecido por la Sala Plena de esta Corporación16, y, en
consecuencia, analizará si el acto bajo estudio se ajusta al ordenamiento
jurídico porque satisface los requisitos formales y materiales17. Con todo, el
control ejercido se entiende agotado, únicamente, frente a las
disposiciones jurídicas abordadas en esta providencia y, por tanto,
materializará una cosa juzgada relativa18, en los términos del artículo 189 del
CPACA, pues no impedirá que frente a los puntos no estudiados se ejerzan
los medios de control pertinentes, a través del control judicial rogado.
2.2. Examen de legalidad19
16. La Sala evacuará el control de legalidad en 2 pasos. Primero estudiará
(2.2.1) la legalidad del acto desde una perspectiva formal, en la cual se
“(…) deberá examinar si el acto administrativo general cumplió con las
formalidades necesarias para su expedición, de cara y acorde al marco de
las medidas de excepción (…)”20; y luego realizará (2.2.2) el control material,
13 “Artículo 23. Control inmediato de legalidad. Para efectos de la sustanciación, el Presidente de la Corporación
sorteará los asuntos de control inmediato de legalidad entre todos los Magistrados de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo.”
14 “Artículo 29. Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de competencia de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo: (…) 3. Los demás procesos que les sean asignados por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo.”
15 “Artículo 42. Convocación a sesiones. La convocatoria a las sesiones de las Salas, Secciones y Subsecciones se
hará previa y públicamente por escrito en el que se mencionarán lugar, día, hora y orden del día. En caso de
urgencia la citación podrá ser verbal, de lo que se dejará testimonio en el acta.”
16 El control judicial inmediato de legalidad es integral porque “(…) es un juicio en el que se examina la
competencia de la autoridad que expidió el acto, la conexidad de la decisión con los motivos que dieron lugar a
la declaratoria del estado de excepción, la sujeción a las formas y la proporcionalidad de las medidas adoptadas
para conjurar la crisis e impedir que se extiendan los efectos del estado de excepción.
Con todo, conviene precisar que no se trata propiamente de confrontar todo el ordenamiento jurídico, sino de
examinar el acto de cara a los requisitos formales y de fondo a los que ha debido sujetarse, esto es, los límites
formales y materiales: proporcionalidad, conexidad y, desde luego, la sujeción con las normas superiores que le
sirvieron de fundamento.
Aunque el control pretende ser integral no es completo ni absoluto, ya que es compatible con los medios de
control de nulidad simple y de nulidad por inconstitucionalidad, siempre que se alegue la violación de normas
diferentes a las examinadas en el trámite del control inmediato de legalidad. Ese rasgo está reforzado por la
siguiente característica. (…)”. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 13 Especial de
Decisión, sentencia de 30 de noviembre de 2021, Exp. 11001-03-15-000-2020-04089-00.
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 10 Especial de Decisión, sentencia del 11
de mayo de 2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00944-00; Sala 17 Especial de Decisión, sentencia del 3 de junio de
2022, Exp. 11001-03-15-000-2021-04664-00; Sala 4 Especial de Decisión, sentencia del 18 de junio de 2020, Exp. 11001-
03-15-000-2020-01201-00; Sala 17 Especial de Decisión, sentencia del 3 de junio de 2022, Exp. 11001-03-15-000-2021-
04664-00; Sala 10 Especial de Decisión, sentencia del 11 de mayo de 2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00944-00; Sala
4 Especial de Decisión, sentencia del 18 de junio de 2020; Exp. 11001-03-15-000-2020-01201-00; Sala 13 Especial de
Decisión, sentencia del 14 de marzo de 2022, Exp. 11001-03-15-000-2020-03485-00 (5508); entre otras.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 17
Especial de Decisión, sentencia de 3 de junio de 2022, Exp. 11001-03-15-000-2021-04664-00.
19 El examen de procedencia del medio de control, según el artículo 136 del CPACA, se realizó en el Auto de 14
de marzo de 2025, en el cual se verificó que el acto (i) fue expedido por una autoridad del orden nacional (DIAN);
(ii) fue expedido en ejercicio de facultades administrativas; (iii) contiene medidas de carácter general y, (iv)
desarrolla un decreto legislativo proferido en el marco de un estado de excepción (Decreto 175 de 2025).
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 4 Especial de Decisión, sentencia de 18 de junio
de 2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-01201-00. En igual sentido: Consejo De Estado, Sala de lo Contencioso
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para verificar “(…) lo atinente a la conexidad o relación con los decretos
legislativos expedidos por el Gobierno Nacional para superar el Estado de
Excepción, [la razonabilidad] y la proporcionalidad de sus disposiciones”21.
2.2.1. Control formal de la Resolución DIAN 193 de 21 de febrero 2025
17. En relación con la competencia para dictar el acto, referida a la
facultad o el poder jurídico que tiene una autoridad administrativa para
ejercer determinada función, la Sala encuentra que, del contenido de la
resolución objeto de control, es claro que fue expedida por el director
general de la DIAN, con base en el numeral 2 del artículo 8 del Decreto 1742
de 202022 y el artículo 7 del Decreto Legislativo 175 de 202523. Al respecto, la
Sala considera que el director general de la DIAN tenía la competencia
para expedir la resolución controlada, pues la normativa referida atribuye i)
a la DIAN la determinación del “Recibo Oficial de Pago o del medio” idóneo
para efectuar el pago y, en concreto, ii) a la dirección general de dicho
organismo la función de impartir instrucciones en materia tributaria, dentro
de lo que se enmarca la determinación del medio idóneo de pago del
“Impuesto Especial para el Catatumbo”.
18. A su turno, el acto analizado también cumple con los requisitos formales
de i) objeto, ii) causa y iii) finalidad, elementos esenciales requeridos para la
efectiva expresión de la voluntad unilateral de la administración pública, tal
como pasa a explicarse:
19. i) En relación con lo primero, que se refiere a la situación jurídica que
aborda, la resolución prevé, expresamente, que se ocupa de habilitar el
“Recibo Oficial de Pago de Tributos Aduaneros y Sanciones Cambiarias”24,
motivo por el cual contiene un objeto claro y delimitado.
Administrativo, Sala 10 Especial de Decisión, Sentencia de 11 de mayo de 2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00944-
00 y Sala 17 Especial de Decisión, sentencia de 3 de junio de 2022, Exp. 11001-03-15-000-2021-04664-00, entre otras.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 10 Especial de Decisión, sentencia de 11 de
mayo de 2020. Exp. 11001-03-15-000-2020-00944-00 y sentencia de 3 de junio de 2022, Exp. 11001-03-15-000-2021-
04664-00, entre otras.
22 “Artículo 8. Funciones de la Dirección General. Son funciones de la Dirección General en desarrollo de las
competencias propias de la DIAN, las siguientes:
(…)
2. Impartir instrucciones de carácter general en materia tributaria, aduanera, de comercio exterior y de control
cambiario, en lo de competencia de la DIAN. (…)”
23 “Artículo 7. Recaudo. El Impuesto que se crea mediante el presente decreto se pagará, así:
1. Por la persona natural o jurídica exportadora, a través del Recibo Oficial de Pago o del medio que determine la
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el cual será documento
soporte al momento de la presentación y aceptación de la solicitud de autorización de embarque. El valor
pagado debe corresponder al valor del impuesto del presente decreto que ampara la solicitud de autorización
de embarque.
2. Por la persona natural o jurídica que realice la venta en o desde el territorio nacional, a través del Recibo Oficial
de Pago o del medio que determine la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN), dentro de los 5 primeros días hábiles de cada mes, consolidando las operaciones de venta del
mes anterior. (…)”
24 “por la cual se habilita el Recibo Oficial de Pago de Tributos Aduaneros y Sanciones Cambiarias Formulario V9
para recaudar el Impuesto Especial para el Catatumbo establecida en el Decreto número 0175 del 14 de febrero
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20. ii) En relación con la causa, referida a las circunstancias de hecho y/o
derecho que justifican la expedición del acto y el contenido o sentido de
su respectiva declaración, resulta claro que la habilitación del formulario
690 V9 se fundó en razones fácticas y jurídicas validas, expresamente
señaladas en su parte considerativa, las cuales se sintetizan en: 1) la
creación del ”impuesto temporal que grava la extracción en el territorio
nacional de hidrocarburos y carbón de las partidas arancelarias 27.01 y
27.09, al momento de la primera venta o la exportación”, para 2) recabar
recursos destinados a “conjurar la grave perturbación del orden público
que de manera excepcional y extraordinaria se está viviendo en la región
del Catatumbo (…)”; ambas, derivadas del Decreto Legislativo 175 de 2025.
21. iii) En relación con la finalidad, que corresponde al propósito que se
persigue con los efectos del acto administrativo que se expide, la Sala
considera que la resolución busca, como expresamente lo prevé, habilitar
el medio idóneo (formulario 690 V9 “Recibo oficial de pago tributos
aduaneros y sanciones cambiarias”) para el pago del impuesto especial
para el Catatumbo, cuando se realice el hecho generador del numeral (ii)
del artículo 3 del Decreto Legislativo 175 de 2025, esto es “[l]a presentación
y aceptación de la solicitud de autorización de embarque al resto del
mundo, de hidrocarburos y carbón de las partidas arancelarias que se
relacionan a continuación: [27.01 -Hullas; briquetas, ovoides y combustibles
sólidos similares, obtenidos de la hulla- y 27.09 -Aceites crudos de petróleo o
de mineral bituminoso-]“.
22. Por último, todavía en relación con los aspectos formales, la Sala no
evidencia la omisión de algún requisito para efectos de la expedición y
oponibilidad del acto objeto de control. Además, cuenta con un número
de identificación, una fecha de expedición, la referencia expresa a las
facultades que se ejercieron, el contenido de las materias regladas, la parte
resolutiva y la firma del servidor público que lo suscribió.
2.2.2. Control material de la Resolución DIAN 193 de 21 de febrero 2025
23. El análisis material será desarrollado con el fin de verificar la i) conexidad,
ii) la razonabilidad y iii) proporcionalidad25 del acto objeto de control.
de 2025, por el cual se adoptan medidas tributarias destinadas a atender los gastos del Presupuesto General de la
Nación necesarios para hacer frente al estado de conmoción interior decretado en la región del Catatumbo, el
área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar.”
25 La exigencia de razonabilidad y proporcionalidad, según el artículo 44.del CPACA, consisten en: “Decisiones
discrecionales. En la medida en que el contenido de una decisión de carácter general o particular sea
discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza, y proporcional a los hechos que le sirven
de causa.”
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24. i) El estudio de la conexidad, en el marco del control inmediato de
legalidad, según la jurisprudencia de esta Corporación busca “(…)
establecer si la materia del acto objeto de control inmediato tiene
fundamento constitucional y guarda relación directa y específica con el
estado de emergencia declarado y el decreto legislativo que adopta
medidas para conjurarlo. Se puede afirmar que hay conexidad entre el
decreto legislativo y el decreto que lo desarrolla cuando entre uno y otro
hay una correlación directa”26. En este orden de ideas, la Sala analizará si
el acto controlado guarda relación con las causas que generaron la
declaratoria del estado de excepción a través del Decreto Legislativo 62 de
2025 y las normas que le dieron sustento, en particular con el Decreto
Legislativo 175 de 14 de febrero de 2025.
25. Según se expuso en los antecedentes, la Sala encuentra que la
motivación principal del acto que se analiza fue la declaratoria de
conmoción interior en la región del Catatumbo, en el área metropolitana
de Cúcuta y, los municipios de Río de Oro y González del departamento del
Cesar, debido a la alteración de orden público que se suscitó en dicho
territorio, cuya atención requiere, según la justificación contenida en los
decretos legislativos referidos, de la adopción de medidas extraordinarias,
dentro de las que se encuentran aquellas de tipo tributario, con el fin de
sufragar los gastos que se derivan de la conmoción interior, en los términos
del Decreto Legislativo 175 de 2025.
26. En este contexto, la decisión de habilitar el “Formulario número 690 V9
“Recibo oficial de pago tributos aduaneros y sanciones cambiarias” para el
pago del impuesto especial para el Catatumbo cuando se realice el hecho
generador del numeral (ii) del artículo 3° del Decreto número 0175 de 2025”
tiene conexidad directa, fáctica y jurídica, con la atención de la
conmoción interior declarada, toda vez que dicho instrumento constituye
un vehículo jurídico idóneo para que los sujetos pasivos y responsables
puedan realizar la liquidación y el pago del impuesto transitorio que fue
creado.
27. Además, la Sala resalta que el acto objeto de control no desbordó los
límites del Decreto Legislativo 175 de 2025, que creó el impuesto, pues se
circunscribió a habilitar el instrumento necesario para su liquidación y pago,
sólo en relación con “el hecho generador previsto en el numeral (ii) del
artículo 3° del Decreto número 175 de 2025” (art. 1); a establecer que dicho
formulario sería el medio exclusivo para liquidar y pagar el referido impuesto
(art. 2); a indicar el concepto que se debe seleccionar en la casilla 2 del
26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 24 de mayo de 2016, Exp. 11001-
03-15-000-2015-02578-00(CA).
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formulario (párrafo 1, art. 2); a establecer que, según el artículo 7 del
Decreto Legislativo 175 de 2025, el formulario “será documento soporte para
la presentación y aceptación de la solicitud de autorización de embarque,
por lo cual será exigido para aceptar la solicitud de autorización de
embarque”, que deberá indicarse el valor en pesos colombianos y que el
mismo recibo se usará para “liquidar y pagar las sanciones e intereses a que
haya lugar” (párrafo 2, art. 2); a determinar que “[u]n único Formulario (…)
no podrá ser documento soporte de más de una solicitud de autorización
de embarque. Sin embargo, una solicitud de autorización de embarque
podrá tener como documento soporte varios Formularios (…)”; y a fijar la
vigencia de la resolución y, por tanto, del formulario, que se limita al 2025
(párrafo 3, art. 2), lo cual es coincidente con el artículo 10 del Decreto
Legislativo175 de 202527.
28. ii) En relación con la razonabilidad, la Sala encuentra que la habilitación
del formulario 690 V9 es adecuada a los fines de la norma que autorizó su
creación, esto es, al artículo 7 del Decreto Legislativo 175 de 2025, según el
cual los sujetos pasivos y responsables del impuesto (personas naturales o
jurídicas exportadoras, o que realicen la venta en o desde el territorio
nacional) deberían pagarlo “a través del Recibo Oficial de Pago o del
medio que determine la Unidad Administrativa Especial Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)”. De este modo, la medida es
razonable por ser un medio idóneo para satisfacer el fin previsto de
liquidación y pago del impuesto.
29. iii) En relación con la proporcionalidad, la Sala considera que el
formulario 690 V9 atiende adecuadamente al fundamento fáctico que le
sirvió de causa, esto es, la necesidad de habilitar un instrumento jurídico
para que los sujetos pasivos y responsables del “impuesto especial para el
Catatumbo cuando se realice el hecho generador del numeral (ii) del
artículo 3° del Decreto número 175 de 2025” puedan liquidarlo y pagarlo.
30. Por lo anterior, la Sala concluye que la medida objeto de control
inmediato, contenida en la Resolución DIAN 193 de 2025, satisface las
exigencias de conexidad, razonabilidad y proporcionalidad pues: i) no
contradice, ni extralimita el contenido material de la conmoción interior
decretada en la región del Catatumbo, en el área metropolitana de
Cúcuta y, los municipios de Río de Oro y González del departamento del
Cesar; ii) es compatible con el ordenamiento jurídico analizado y,
particularmente, con las funciones de la dirección general de la DIAN y, iii)
27 “Artículo 10. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. Las disposiciones
contenidas en el presente decreto serán aplicables una vez culmine el quinto día hábil siguiente a su publicación
y hasta el 31 de diciembre de 2025.”
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establece un instrumento necesario para liquidar y pagar el impuesto
creado, con lo cual contribuye a solventar las circunstancias que motivaron
la declaratoria de conmoción interior. Por tanto, en el marco del control
inmediato de legalidad, la Sala concluye que el acto controlado no resulta
arbitrario o infundado28.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, Sala 14 Especial de Decisión, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: Declarar la legalidad de la Resolución 193 de 21 de febrero de
2025, expedida por la Unidad Administrativa Especial Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, según las consideraciones y en los
términos expuestos.
SEGUNDO: En firme esta decisión, archivar el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Magistrada Magistrada
(Aclara el voto) (Aclara el voto)
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrado Magistrada
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
28 La presente decisión no se refiere a la constitucionalidad del “Impuesto Especial para el Catatumbo”, creado
mediante el Decreto Legislativo 175 del 13 de febrero de 2025, cuyo control judicial corresponde a la Corte
Constitucional, según el numeral 7 del artículo 241 de la Constitución Política.
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