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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2020-03485-00

Fecha
14 de marzo de 2022
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2020-03485-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 1. Inhibirse para resolver sobre la legalidad de los artículos 11 y 12 de la Resolución Nro. 167 del 26 de junio de 2020, proferida por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico -CDA-, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. 2. Declarar la nulidad de las expresiones “las que se necesiten para dar trámite a” y “en el evento de que sea necesaria su realización” , contenidas en el numeral 2 del parágrafo del artículo 3° de la Resolución Nro. 167 del 26 de junio de 2020, proferida por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico -CDA-, con la advertencia de que la validez de aquellos trámites que se hayan decidido bajo la vigencia de estas disposiciones estará sujeta a que la entidad programe y efectivamente realice la respectiva visita técnica. 3. Declarar la nulidad del numeral 2.2. del parágrafo del artículo 3° de la Resolución Nro. 167 del 26 de junio de 2020, proferida por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico -CDA-, con la advertencia de que la validez de aquellos trámites que se hayan decidido bajo la vigencia de estas disposiciones estará sujeta a que la entidad programe y efectivamente realice la respectiva visita técnica. 4. Declarar la nulidad de los numerales 9 y 10 del parágrafo del artículo 3° de la Resolución Nro. 167 del 26 de junio de 2020, proferida por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico -CDA-. Esta decisión afectará todas aquellas actividades de prospección y exploración que se estén desarrollando en este momento en la jurisdicción de esa Corporación Autónoma Regional, de manera que si ellas no cuentan con los permisos requeridos deberán ser suspendidas inmediatamente y hasta tanto se obtenga la autorización correspondiente 5. Declarar la nulidad de la expresión “y en el evento que sea necesario realizar” contenida en el numeral 5 del parágrafo del artículo 3° de la Resolución Nro. 167 del 26 de junio de 2020, proferida por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico -CDA-, con la advertencia de que […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2020-03485-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

14 de marzo de 2022

Control inmediato de legalidad
Radicado: 11001-03-15-000-2020-03485-00 (5508)

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN Nro. 13

CONSEJERO PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, catorce (14) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Referencia Control inmediato de legalidad
Radicación 11001-03-15-000-2020-03485-00 (5508)
Acto controlado Resolución Nro. 167 del 26 de junio de 2020, expedida por
la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el
Oriente Amazónico -CDA-

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
Como no existe causal de nulidad procesal que invalide lo actuado, la Sala Especial
de Decisión Nro. 13 procede a dictar sentencia en el asunto de la referencia.

ANTECEDENTES

1. Acto objeto de control judicial

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico -
CDA- expidió la Resolución Nro. 167 del 26 de junio de 2020, cuyo control inmediato
de legalidad corresponde ejercer a esta Sala Especial de Decisión. El acto es del
siguiente tenor:

RESOLUCIÓN Nº 167 DE 2020

(26 DE JUNIO DE 2020)

“Por medio de la cual se deja sin efectos la Resolución No.119 del 13 de abril de 2020,
se reanudan términos, se restablecen servicios presenciales y se toman otras
determinaciones en atención a la contingencia generada por el COVID-19”

La Directora General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente
Amazónico CDA, En uso de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, en
particular por las conferidas por el artículo 29 de la Ley 99 de 1993 y

CONSIDERANDO:

Conforme a lo establecido en el artículo 34 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma
Regional para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente de la Amazonía -CDA, además de
las funciones propias de las Corporaciones Autónomas Regionales, tendrá como encargo
principal promover el conocimiento de los recursos naturales renovables y del medio ambiente
de la región del Norte y Oriente Amazónico y su utilización; ejercer actividades de promoción
de investigación científica y de transferencia de tecnología; dirigir el proceso de planificación
regional de uso del suelo para mitigar o desactivar presiones de explotación inadecuadas del
territorio; fomentar la integración de las comunidades tradicionales que habitan la región y de
sus métodos ancestrales de aprovechamiento de la naturaleza al proceso de conservación,
protección y aprovechamiento sostenible de los recursos, y de propiciar con la cooperación de
entidades nacionales e internacionales, la generación de tecnologías apropiadas, para la
utilización y conservación de los recursos de la Amazonía colombiana.

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Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993 establece las funciones de las Corporaciones
Autónomas regionales y las de desarrollo sostenible entre las cuales se establecen entre otras
las siguientes:
“(…)
9) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la
Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos
y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas
superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva; 10) Fijar en el área de su jurisdicción, los límites permisibles de emisión, descarga, transporte
o depósito de sustancias, productos, compuestos o cualquier otra materia que puedan afectar
el medio ambiente o los recursos naturales renovables y prohibir restringir o regular la
fabricación, distribución, uso disposición o vertimiento de sustancias causantes de
degradación ambiental. Estos límites, restricciones y regulaciones en ningún caso podrán ser
menos estrictos que los definidos por el Ministerio del Medio Ambiente. 11) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de
exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no
renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al
Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que
generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la
respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de
acuerdo con el artículo 58 de esta Ley. 12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua,
el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones
comprenden expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos concesiones,
autorizaciones y salvoconductos; 14) Ejercer el control de la movilización, procesamiento y comercialización de los recursos
naturales renovables en coordinación con las demás Corporaciones Autónomas Regionales,
las entidades territoriales y otras autoridades de policía, con conformidad con la ley y los
reglamentos; y expedir los permisos, licencias y salvoconductos para la movilización de
recursos naturales renovables; 17) Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a
otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables
y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de daños causados;”
Que el numeral 1º del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 establece que corresponde conforme
a sus atribuciones a los Directores Generales de las Corporaciones Autónomas Regionales y
a las de Desarrollo Sostenible: “1. Dirigir, coordinar y controlar las actividades de la entidad y
ejercer su representación legal;”
Que el Ministerio de Salud de Colombia a través de la Resolución No. 385 de 12 de marzo,
LA EMERGENCIA SANITARIA dentro del territorio nacional y se tomaron otras disposiciones; Que el presidente de la República invocando el artículo 215 de la Constitución Política de
Colombia, declaró el estado de emergencia económica y social mediante el Decreto 417 de
17 de marzo de 2020, con el fin de conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos;

Que mediante el Decreto 418 del 18 de marzo 2020 se dictaron medidas transitorias para
expedir normas en materia de orden público, señalando que la dirección del orden público con
el objeto de prevenir y controlar la propagación del Coronavirus COVID-19 en el territorio
nacional y mitigar sus efectos, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del
coronavirus COVID-19, estará en cabeza del presidente de la República; Que mediante el Decreto Legislativo 439 del 20 de marzo de 2020, se suspendió el
desembarque con fines de ingreso o conexión en territorio colombiano de pasajeros
provenientes del exterior por vía aérea, por el término de treinta (30) días calendario a partir

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de las 00:00 horas del lunes 23 de marzo de 2020, permitiendo únicamente el desembarque
en caso de emergencia humanitaria, caso fortuito o fuerza mayor, tripulantes, personal técnico
y directivo, y acompañantes de la carga de empresas que transporten carga aérea. Que, en virtud al estado de emergencia, se expidió el Decreto 491 del 28 de marzo de 2020
mediante el cual se busca garantizar la prestación de los servicios y el ejercicio de la función
pública del Estado colombiano, sin afectar los servicios estrictamente necesarios para
prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, y sin
poner en riesgo la salud y la vida de los servidores estatales. Que mediante el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 se ordenó el aislamiento preventivo
obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero
horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13
de abril de 2020; Que mediante Decreto 531 del 8 de abril de 2020 se ordenó el aislamiento preventivo
obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero
horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de
abril de 2020; Que mediante Decreto 593 del 24 de abril de 2020 se ordenó el aislamiento preventivo
obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero
horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 11de
mayo de 2020; Que el Ministerio de Salud y Protección Social adoptó mediante Resolución 666 del 24 de abril
de 2020 el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y efectuar el adecuado
manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, aplicable para todas las actividades
económicas sociales y todos los sectores de la administración pública, con excepción del
Sector Salud y sin perjuicio de las especificidades propias de los protocolos que se estimen
pertinentes para cada sector. Que la Resolución 666 de 24 de abril de 2020 señala que las medidas aplican tanto a
trabajadores y contratistas de prestación de servicios, señalando, igualmente, que cada
sector, empresa o entidad deberán, con el apoyo de sus administradoras de riesgos laborales,
efectuar las adaptaciones correspondientes a su actividad, definiendo las diferentes
estrategias que garanticen un distanciamiento social y adecuados procesos de higiene y
protección en el trabajo. Que en la citada Resolución 666 del 24 de abril de 2020 señala entre las obligaciones para el
empleador, las siguientes: “3.1.1. Adoptar, adaptar e implementarlas normas contenidas en
esta Resolución. 3.1.2. Capacitar a sus trabajadores y contratistas vinculados mediante
contrato de prestación de servicios o de obra las medidas indicadas en este protocolo.3.1.3. Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y la
protección integral de los trabajadores, contratistas vinculados mediante contrato de
prestación de servicios o de obra, y demás personas que estén presentes en las instalaciones
o lugares de trabajo. 3.1.4. Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la
exposición, tales como la flexibilización de turnos y horarios de trabajo, así como propiciar el
trabajo remoto o trabajo en casa. 3.1.5. Reportar a la EPS y a la ARL correspondiente los
casos sospechosos y confirmados de COVID-19. 3.1.6. Incorporar en los canales oficiales de
comunicación y puntos de atención establecidos la información relacionada con la prevención,
propagación y atención del COV1D-19 con el fin de darla a conocer a sus trabajadores,
contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios o de obra y comunidad
en general.3.1.7. Apoyarse en la ARL en materia de identificación, valoración del riesgo y en
conjunto con las EPS en lo relacionado con las actividades de promoción de la salud y
prevención de la enfermedad.

3.1.8. Solicitar la asistencia y asesoría técnica de la ARL para
verificar medidas y acciones adoptadas a sus diferentes actividades. 3.1.9. Proveer a los
empleados los elementos de protección personal que deban utilizarse para el cumplimiento
de las actividades laborales que desarrolle para el empleador. 3.1.10. Promover ante sus
trabajadores y contratistas, que tengan celulares inteligentes el uso de la aplicación CoronApp
para registrar en ella su estado de salud…”
Que la citada Resolución 666 de 2020, consagra dentro de las obligaciones para el servidor o
contratista, las siguientes: “3.2.1. Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y
adaptados por el empleador o contratante durante el tiempo que permanezca en las
instalaciones de su empresa o lugar de trabajo y en el ejercicio de las labores que esta le

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designe. 3.2.2. Reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio que se llegase
a presentar en su lugar de trabajo o su familia, para que se adopten las medidas
correspondientes. 3.2.3. Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al empleador
o contratante las alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionados con
síntomas de enfermedad respiratoria y reportar en CoronApp.”
Que el Decreto 614 del 30 de abril del 2020 señaló que los canales oficiales de atención
telefónica y móvil durante las emergencias sanitarias, son: i) la aplicación tecnológica oficial
en el territorio nacional, “CoronApp Colombia” (CoronApp), la cual permite a los habitantes del
territorio nacional, de manera gratuita (zero rating), tener acceso a información actualizada y
veraz sobre emergencias sanitarias, su evolución en el país y alertas de prevención, así como
reportar, a través de terminales móviles, un autodiagnóstico de su estado de salud; y ii) la línea
oficial de atención telefónica 192, la cual permite a los habitantes del territorio nacional tener
acceso a información actualizada sobre emergencias sanitarias, su evolución en el país, así
como reportar un autodiagnóstico de su estado de salud. Que mediante el Decreto 636 del 6 de mayo de 2020 se ordenó el aislamiento preventivo
obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero
horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 25
de mayo de 2020, prorrogado por el Decreto 689 del 22 de mayo de 2020 hasta las doce de
la noche (12:00 pm) del 31 de mayo de 2020: Que la directiva presidencial No 03 de 22 de mayo de 2020, determina directrices para el
AISLAMIENTO INTELIGENTE Y PRODUCTIVO – TRABAJO EN CASA SERVIDORES
PÚBLICOS Y CONTRATISTAS DE PRESENTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA
GESTIÓN, precisando, entre otras cosas:
“(…) Por lo expuesto, solicito a todos los representantes legales de las entidades públicas de
la Rama Ejecutiva del orden nacional, priorizar e implementar el Trabajo en Casa con todos
los servidores y contratistas de la entidad cuyas labores puedan ser desarrolladas por fuera
de las instalaciones físicas de la oficina, mientras se encuentre vigente la Emergencia
Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social por causa del Coronavirus
COVID-19, para lo cual resultan igualmente pertinentes las directivas impartidas mediante la
Directiva Presidencial 02 del 12 de marzo de 2020. En este orden, durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria decretada por el Ministerio de
Salud y Protección Social que se extenderá hasta el mes de agosto del presente año, las
entidades públicas de la Rama Ejecutiva del orden nacional procurarán prestar sus servicios
presenciales hasta con un 20% de sus servidores y contratistas, de tal manera que el 80%
restante deberá realizar trabajo, sin que se afecte la prestación de los servicios y el
cumplimiento de funciones públicas. Durante el período de aislamiento obligatorio preventivo inteligente, las entidades deberán dar
cumplimiento estricto a los protocolos de bioseguridad, implementar acciones para el bienestar
de los servidores y contratistas y adoptar horarios flexibles para quienes cumplan funciones o
actividades presenciales en los términos antes señalados, que permitan garantizar la
prestación del servicio y ante todo, preservar la vida y la salud en conexidad con la vida. En igual medida, exhorto (sic) a las demás ramas del poder público, a los entes autónomos, a
los organismos de control y vigilancia y a las entidades territoriales a adoptar las medidas que
permitan priorizar el trabajo en casa, tal como lo señala el Protocolo General de Bioseguridad
para todas las actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública,
adoptado mediante la Resolución 666 del 24 de abril de 2020 del Ministerio de Salud y
Protección Social”.

Que median (sic) el Decreto 749 del 28 de mayo de 2020 se ordenó el aislamiento preventivo
obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero
horas (00:00 a.m.) del 1 de junio de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del 1 de julio de
2020. Que el artículo 6 del Decreto 749 de 2020, se refirió al teletrabajo y trabajo en casa así:
“Durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del Coronavirus
COVID-19, las entidades del sector público y privado procurarán que sus empleados o
contratistas cuya presencia no sea indispensable en la sede de trabajo, desarrollen las
funciones y obligaciones bajo las modalidades de teletrabajo, trabajo en casa u otras
similares”.

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Que mediante circular No. 9 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible del 19 de abril
de 2020 se efectúan recomendaciones para Corporaciones ambientales, en cuanto a la
aplicación del Decreto 491 de 2020 en los trámites administrativos a cargo de las autoridades
ambientales del Sistema Nacional Ambiental y atención de las peticiones, quejas, reclamos,
denuncias y solicitudes de información (PQRDS), relacionados con políticas y aplicación de la
normatividad ambiental.
Que adicionalmente es necesario atender los lineamientos mínimos a implementar en
promoción y prevención establecidas mediante la Circular Externa 17 de 2020 y las acciones
de contención y prevención establecida en la Circular Conjunta 18 de 2020 del Ministerio de
trabajo.
Que la Corporación expidió la resolución No. 119 del 13 de abril de 2020 mediante la cual se
establecieron protocolos en cuanto a la suspensión de términos para los procesos
administrativos ambientales, sancionatorios ambientales, jurisdicción coactiva, disciplinarios y
demás actuaciones administrativas; uso de canales virtuales; trámites virtuales y presenciales,
teletrabajo, atención presencial; control y seguimiento ambiental; ampliación de la vigencia de
permisos, autorizaciones, certificados y licencias; atención de peticiones, quejas y reclamos y
otras disposiciones.
Que la Corporación expidió la resolución 141 del 12 de mayo de 2020 “Por medio de la cual
se dictan medidas para implementar en la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte
y el Oriente Amazónico – CDA las medidas de bioseguridad para mitigar y controlar la
pandemia del Coronavirus CIVUD-19, adoptadas en la Resolución 666 del 24 de abril del 2020
expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social”
Que la emergencia sanitaria por causa de la presencia del virus COVID-19 constituye un hecho
de fuerza mayor, exterior, irresistible e imprevisible, por lo cual es deber de la administración
adoptar las medidas transitorias que garanticen la seguridad de la salud de los servidores, la
protección de los ciudadanos, así como el respeto por la seguridad jurídica y el debido proceso
de los usuarios e interesados en las actuaciones de la Corporación CDA para lo cual ante la
reapertura gradual de los sectores económicos
Que en los municipios de Mitú y San José del Guaviare donde existen seccionales de la
Corporación en virtud del artículo 6 del Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, se han expedido
diferentes actos administrativos, en los cuales no establecen limitaciones para que se reactive
la prestación de servicios presenciales en las sedes de la Corporación. Lo anterior, bajo el
entendido que se deben cumplir los respectivos protocolos de bioseguridad, a través de la
implementación de acciones tendientes a garantizar el bienestar de los servidores y
contratistas y adoptando horarios flexibles para quienes cumplan funciones o actividades
presenciales, que permitan garantizar la prestación del servicio.
Que actualmente la Corporación existen los presupuestos fácticos y jurídicos para reiniciar la
prestación de algunos trámites administrativos suspendidos y se reactive la prestación de
algunos servicios de manera presencial, con la finalidad de cumplir las funciones determinadas
en la Constitución y la Ley.
En Mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO – SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS. Levantar la suspensión de términos
procesales en los trámites de los procesos administrativos ambientales, sancionatorios
ambientales, jurisdicción coactiva, disciplinarios y demás actuaciones administrativas en
trámite y que requieran el cómputo de términos, en las diferentes dependencias de la
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico – CDA.
ARTÍCULO SEGUNDO – SUSPENSIÓN DE LA ATENCIÓN PRESENCIAL AL PÚBLICO. Se
suspenderá la atención presencial al público mientras se mantenga la emergencia sanitaria
decretada por el Ministerio de Salud y Protección Social y en los actos administrativos
expedidos para el efecto salvo las excepciones contempladas en este documento y demás
disposiciones que para el efecto sean expedidas por la Corporación.
Parágrafo Primero: Cuando excepcionalmente para la continuación de un trámite
administrativo, resulte necesaria la comparecencia personal del usuario, la dependencia a
cargo del trámite, deberá citarlo a la sede física de la Corporación y sus seccionales en un
horario determinado, y asegurarse del cumplimiento en todo momento de los protocolos de

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bioseguridad adoptados por la entidad, tanto por el funcionario o contratista que atienda el
usuario, como por este último.
Parágrafo Segundo: Podrá eventualmente prestarse atención presencial al público en las
seccionales que la Corporación tiene en los municipios de Mitú y San José del Guaviare,
cuando las necesidades del servicio así lo requieran, la cual, en todo caso, sería realizada
bajo un estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y en horario flexible.
Parágrafo Tercero: Para la atención presencial al usuario y la revisión física de expedientes
por parte del mismo o de su apoderado; en cumplimiento al protocolo y medidas de
bioseguridad establecidas por la Corporación, previamente deberán solicitar cita al correo
electrónico cda@cda.gov.co; no obstante, el usuario deberá cumplir con las medidas de
distanciamiento social y utilización de los elementos de protección.
ARTÍCULO TERCERO – TRÁMITES VIRTUALES Y PRESENCIALES: En virtud a lo
establecido en el Decreto 491 de 2020 y en consideración a que algunas actividades de la
corporación requieren atención presencial y en algunas oportunidades desplazamientos y
visitas técnicas in situ, se determinan los siguientes trámites y manera de atenderse, trátese
de manera virtual o presencial.
Trámite Tipo de recepción Medio
Concesiones de agua superficial y/o
Subterránea
Permisos de Vertimiento de Agua
Licencias Ambientales
Permisos de Emisiones
Atmosféricas Ventanilla VITAL
Virtual
Permisos de Ocupación de Cauce http://vital.anla.gov.co/VENTANILLASILPA/
Permisos de Aprovechamiento de
árboles aislados
Permisos de Recolección con fines
de Estudio
Quejas Ambientales
Peticiones, quejas y reclamos de
tipo administrativo
Avales Ambientales Correo electrónico cda@cda.gov.co
Paz y salvos
Certificaciones
Se podrán realizar las visitas correspondientes a que hubiere lugar previa adopción de las medidas
de protección y prevención en procura de evitar el contagio del coronavirus COVID-19.
Procesos Sancionatorios Se podrán realizar todas aquellas actuaciones que sean
procedentes de manera virtual y presencial según el caso,
conforme a lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009 y los
recientes Decretos Legislativos expedidos con ocasión de la
emergencia sanitaria en razón del Coronavirus COVID-19,
garantizando el debido proceso y ante todo conservando
todos los protocolos de bioseguridad establecidos para el
efecto.
Atención a quejas ambientales Deberán atenderse todos los protocolos de bioseguridad por
sobre fauna silvestre quienes practiquen la visita, así como por los usuarios
presentes en la misma; y verificar que no existan
restricciones que impidan el ingreso a los funcionarios o
contratistas de la Corporación donde ha de realizarse.

PARÁGRAFO: Durante el período de emergencia sanitaria, respecto a los trámites
precedentes, se atenderán las siguientes reglas:
Durante el citado período se realizarán, y programarán visitas, en los siguientes casos:
1. Situaciones urgentes o que de acuerdo con su gravedad e intensidad deban ser
atendidas de manera prioritaria;
2. Las que se necesiten para dar trámite a las concesiones de agua superficial o
subterránea presentadas por los municipios, o personas prestadoras de servicio público
domiciliario de acueducto, destinadas a sistemas de acueductos urbanos y/o rurales, de
acuerdo con lo previsto en el Decreto 465 de fecha 23 de marzo de 2020, en el evento
que sea necesaria su realización;

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2.1. Los términos previstos para el trámite de las referidas concesiones se reducirán en una
tercera parte de los previstos; 2.2. Las concesiones aquí referidas podrán ser decididas con información actualizada de
oferta y demanda del cuerpo de agua respecto del cual se solicita la concesión para la
prestación esencial del servicio de acueducto, caso en el cual no se realizaría visita
técnica. 3. Informar a la ciudadanía en general que mientras permanezca vigente la Emergencia
Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, las solicitudes de
concesión de aguas superficiales y subterráneas de los municipios, distritos o personas
prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto, destinadas a sistemas de
acueductos urbanos y/o rurales, las pueden realizar vía correo electrónico, cumpliendo
con el lleno de requisitos descritos en la página web de la Corporación. En
consecuencia, en lo atinente a trámites, dar cumplimiento a los requerimientos y/o
obligaciones impuestas, obtención de información, solicitud de servicios, recursos de
reposición, presentación de peticiones o reclamos, respecto a la administración del
recurso hídrico, se habilitan los siguientes medios: cda@cda.gov.co
4. Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de
Salud y Protección Social, la notificación o comunicación de los actos administrativos
se hará por medios electrónicos. Para el efecto en todo trámite, proceso o procedimiento
que se inicie será obligatorio indicar la dirección electrónica para recibir notificaciones,
y con la sola radicación se entenderá que se ha dado la autorización. 5. Informar que, en aras de respetar las restricciones realizadas en marco de la
emergencia sanitaria, y en el evento que sea necesario realizar la visita técnica para dar
trámite a las solicitudes de concesión de aguas superficiales y subterráneas de los
municipios, distritos o personas prestadoras del servicio público domiciliario de
acueducto, destinadas a sistemas de acueductos urbanos y/o rurales, esta deberá ser
acompañada únicamente por un representante de los mismos, quien deberá tener pleno
conocimiento de la ubicación del punto de captación y la operación del sistema. 6. Los funcionarios y contratistas de la Corporación, para la realización de la visita deberán
acatar a cabalidad los protocolos de protección y prevención implementados por la
entidad; 7. Informar a los prestadores de servicios públicos domiciliarios de acueducto que las
concesiones de agua que le fueron otorgadas y que estén próximas a vencerse, o que
se venzan durante la declaratoria de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus
COVID-19, por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, se entenderán
prorrogadas de manera automática, y únicamente por el tiempo que dure la declaratoria
de la emergencia, tal como lo prevé el artículo segundo del Decreto 465 de fecha 23 de
marzo de 2020. 8. Los prestadores de servicios públicos domiciliarios de acueducto, a quienes se les haya
vencido la concesión de agua, y estén interesados en hacer uso del recurso, deben
solicitar la respectiva concesión, la cual se tramitará conforme a lo previsto en los
numerales 1 a 6 del presente parágrafo. 9. Informar que mientras se mantenga la declaratoria de la emergencia sanitaria por causa
del coronavirus COVID-19, por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, los
municipios, distritos o personas prestadoras del servicio público domiciliario de
acueducto, podrán adelantar sin permiso las actividades de prospección y exploración
de las aguas subterráneas, destinadas a sistemas de acueductos urbanos y/o rurales,
siempre que previamente se cuente con la información geoeléctrica del área de
influencia del proyecto; y la misma allá sido remitida al correo electrónico
cda@cda.gov.co, para el registro y aval previo de la Corporación del sitio a perforar, y
su posterior control y seguimiento. 10.

Realizada la prospección y exploración se deberá solicitar la correspondiente concesión
aguas subterráneas, la cual se tramitará conforme a lo previsto en los numerales 1 al 6
del presente parágrafo; 11. Advertir que cuando un permiso, concesión o autorización venza durante el término de
vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección
Social y cuyo trámite de renovación no pueda ser realizado con ocasión de las medidas

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adoptadas para conjurarla, se entenderá prorrogado automáticamente hasta un mes (1)
más contado a partir de la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el
Ministerio de Salud y Protección Social.
12. Superada la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección
Social el titular del permiso, concesión, autorización o licencia, deberá realizar el trámite
ordinario para su renovación.
13. Lo previsto en este numeral aplica para las concesiones descritas en el numeral quinto
del presente artículo.
ARTÍCULO CUARTO – CANALES HABILITADOS: Como mecanismo de contingencia en
relación con los impactos en la salud de personas que genera el COVID-19 coronavirus-, y
conforme a la Directiva presidencial 02 del 12 de marzo de 2020 y circular externa 018 de
2020 expedida por los Ministerios de Salud, el de Trabajo y el Departamento Administrativo
de la Función Pública, además de las medidas de orden Nacional la CORPORACIÓN PARA
EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZÓNICO CDA”, se
continuará con la suspensión del servicio presencial, en su defecto la atención a los usuarios
será estrictamente virtual, en tal caso, seguirán estando habilitados los siguientes canales:
cda@cda.gov.co
Sede Principal - Inírida Línea Fija 5656351
contactenos@cda.gov.co
guainiacda@gmail.com
Dirección Seccional Guainía 3143717167
seccional@cda.gov.co
Subsede San José guaviarecda1@gmail.com
311 513 88 04
Dirección Seccional Guaviare cdaguaviare@cda.gov.co
Subsede Mitú cdavaupes@gmail.com
310 7780341
Dirección Seccional Vaupés cdavaupes@cda.gov.co

PARÁGRAFO: Se conmina al usuario externo de la Corporación a hacer uso de los trámites
en Línea a través del aplicativo Vital a través del link
http://vital.anla.gov.co/SILPA/TESTSILPA/Security/Login.aspxy, Nuestras redes sociales
https://www.facebook.com/CorproacionCDA, https://twiter.com/CorporacionCDA.
https://www.youtube.com/channel/UC1ucTMoQNuT0liQYII_eNNA Y (sic) Nuestra página web
https://cda.gov.co/
ARTÍCULO QUINTO – TELETRABAJO: Por intermedio de la Subdirección Administrativa y
Financiera –Oficina de Talento Humano, se articulará con los Subdirectores, Directores
Seccionales y Jefes de oficina, para que realicen la coordinación interna con el personal a su
cargo y se establezcan los procedimientos y tareas que se puedan realizar desde su lugar de
residencia, es decir, mediante la modalidad de teletrabajo, debiéndose habilitar los correos
personales y demás medios tecnológicos que se tengan para ello.
ARTÍCULO SEXTO – ATENCIÓN PRESENCIAL: Se habilitará la atención presencial, cuando
no se cuente con los medios tecnológicos para prestar el servicio en forma virtual. En estos,
funcionarios y contratistas coordinaran (sic) con los jefes inmediatos o supervisores, según el
caso, el suministro de elementos que garanticen las condiciones de salubridad necesarias
para la prestación del servicio presencial requerido.
ARTÍCULO SÉPTIMO – RESPONSABLE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD: La
Subdirección Administrativa y Financiera será la dependencia que tendrá a su cargo la
vigilancia del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad de la Corporación, por parte de
servidores públicos y contratistas, así como de los usuarios de la entidad.
Asimismo, tendrá a su cargo la socialización efectiva de los protocolos de bioseguridad a los
servidores públicos y contratistas de la Corporación y deberá realizar el acompañamiento
respectivo a las dependencias que requieran la asistencia de su personal a las oficinas.
ARTÍCULO OCTAVO – CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL: Se atenderá lo dispuesto
en el numeral 2.3 de la circular No.9 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible del 19
de abril de 2020.
ARTÍCULO NOVENO – ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y
SOLICITUDES AMBIENTALES: En relación con peticiones, quejas, reclamos y solicitudes
ambientales que no constituyan trámite de permiso, concesión, autorización, licencia
ambiental, o demás instrumentos de control ambiental, se adoptarán las siguientes medidas:

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a) Que, en cumplimiento de las medidas adoptadas por la emergencia sanitaria, no habrá
servicio presencial para la recepción de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes
ambientales.
b) Que la radicación o presentación de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes
ambientales solo podrá realizarse de manera virtual por los medios dispuestos para ello.
c) Que en toda petición, queja, reclamo y solicitud que se radique virtualmente, el
peticionario o interesado deberá suministrar los datos de contacto y el correo electrónico
a través del cual se le comunicará o notificará según corresponda la respuesta o
decisión correspondiente.
d) Que la respuesta a las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes se realizara a través
de los canales virtuales habilitados para ello.
e) Se suspenderá provisionalmente los actos administrativos internos, en caso de existir
respecto al derecho de petición, y adaptación de los términos previstos en el Decreto
491 de 2020, que modifica temporalmente los términos señalados en el artículo 14 de
la Ley 1437 de 2011, así; i) salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro
de los treinta (30) días siguientes a su recepción; ii) peticiones de documentos e
información deberá resolverse dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción:
iii) consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse
dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción.
f) En caso de que excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos
señalados, se informará de esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del
término señalado expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo
razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble
inicialmente previsto. ARTÍCULO DÉCIMO – MEDIDAS FRENTE A LOS CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS: Para efectos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales a
los contratistas en modalidad de prestación de servicios, así como garantizar su respectiva
remuneración, en atención a lo dispuesto en el Decreto 491 de 2020 y recientemente el 537
de la misma anualidad, se precisa lo siguiente:
a) Los contratistas bajo la tipología de prestación de servicios, deberán seguir cumpliendo
con lo referente a los aportes al sistema de seguridad social conforme a la normatividad
vigente;
b) Los informes de actividades deberán ser presentados ante el supervisor para su
aprobación a través de los canales virtuales;
c) Los contratistas deberán informar oportunamente a su supervisor sobre la necesidad de
efectuar actividades presenciales conforme a las excepciones contenidas en este
documento y a su turno, este último deberá suministrarle los elementos que garanticen
la salubridad y prevención de contagio del COVID-19, de lo cual deberá dejar evidencia. En el evento de entregarse elementos devolutivos a algún contratista, los mismos
deberán allegarse previa descontaminación de estos.
d) Se deberá concertar entre supervisor y contratista lo referente al cumplimiento de
aquellas actividades que necesariamente se deben realizar de manera presencial, a
efectos de ampliarse el término del contrato para su cumplimiento, sin que ello implique
una remuneración adicional, ni que afecte el pago de los honorarios ya establecidos en
el acuerdo de partes.
e) Se hará uso de los canales virtuales para conservar una adecuada comunicación entre
supervisor y contratista a efectos de verificar el cumplimiento de las actividades que
puede efectuar en modalidad de teletrabajo. ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO – MEDIDAS COMPLEMENTARIAS: En lo no contemplado
en este documento, se tomarán en consideración las recomendaciones dadas en la circular
No. 9 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible del 19 de abril de 2020;

Circular
Externa 17 de 2020 y las acciones de contención y prevención establecida en la Circular
Conjunta 18 de 2020 del Ministerio de Trabajo, Decretos presidenciales y todas aquellas
instrucciones que a bien se expidan para la correcta prestación de los servicios a cargo de la
corporación.

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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El presente acto administrativo está sujeto a las normas
que expida el Gobierno Nacional y que pudieran modificar el contenido de este. Entiéndase
aplicado de forma automática de ser el caso, la ampliación o finalización del término de la
emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social en la Resolución
No. 385 de 2020 prorrogada por la Resolución No. 844 de 2020.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Las disposiciones contempladas en la Resolución Nº 141
del 12 de mayo de 2020, se modifican por las disposiciones contenidas en la presente
resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO – PUBLICIDAD: Publíquese este acto administrativo en la
página web de la Corporación.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO – VIGENCIA: Estas medidas rigen desde hoy y hasta el término
de la emergencia sanitaria determinada por el Gobierno Nacional por causa del COVID-19.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO – DEROGATORIA: La presente resolución deja sin efectos
la Resolución No. 119 de 2020 emanada de la Corporación para el desarrollo sostenible del
Norte y el Oriente Amazónico CDA.
La presente se expide a los veintiséis (26) días del mes de junio de 2020

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ELIZABETH BARBUDO DOMÍNGUEZ
Directora General

2. Intervención de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y
el Oriente Amazónico -CDA-1

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico -
CDA- remitió los antecedentes administrativos del acto controlado (i.e.,
comunicaciones internas del 16 y 25 de marzo de 2020, resoluciones Nro. 114 y
119 de 2020 proferidas por la corporación autónoma regional, y Decreto Nro. 067
del 9 de mayo de 2020 dictado por el Alcalde del municipio de Inírida).

3. Concepto del Ministerio Público2

El Procurador Sexto Delegado ante el Consejo de Estado solicitó que se declarara
la legalidad del acto sometido a control por cumplir con los requisitos de forma y de
fondo exigidos por la jurisprudencia.

Luego de señalar la competencia del Consejo de Estado para realizar el control
inmediato de legalidad de la Resolución 167 del 26 de junio de 2020, consideró que
el acto cumple con los requisitos de forma porque: (i) fue expedido por la Directora
de la corporación autónoma regional en uso de sus facultades de dirección3 y, en
particular, de las competencias establecidas para el efecto en los Decretos
Legislativos 491 y 537, ambos de 2020; (ii) su promulgación tuvo lugar en el ámbito
temporal del estado de emergencia económica, social y ecológica declarado, por
segunda vez, mediante el Decreto Nro. 637 del 6 de mayo de 2020, y (iii) se
identificó con número, fecha, asunto, fundamento jurídico, al tiempo que fue suscrito
por el ministro correspondiente.

1 Intervención presentada ante la Secretaría General del Consejo de Estado a través de correo electrónico
remitido el 28 de agosto de 2020. Índice 9 del SAMAI.
2
Intervención presentada ante la Secretaría General del Consejo de Estado a través de correo electrónico
remitido el 3 de diciembre de 2020. Índice 11 del SAMAI.
3 Ley 99 de 1993, artículo 29 numeral 1.

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Con relación a los requisitos de fondo señaló la existencia de conexidad con los
decretos legislativos que desarrolló: a través del acto examinado se ejerció la
competencia establecida por el legislador extraordinario para suspender la atención
presencial, reanudar los términos suspendidos, disponer lo pertinente respecto de
la notificación de actos administrativos por medios electrónicos, regular lo atinente
al trabajo en casa, y establecer lo correspondiente en materia de procedimiento para
el pago de contratistas de la entidad, de acuerdo con las prescripciones dispuestas
para la reanudación de ese sector de la administración.

Por último, consideró que se cumplió con el requisito de proporcionalidad ya que las
medidas dispuestas en el acto controlado se orientaron a proteger la vida, salud e
integridad personal de los servidores, contratistas y usuarios de la corporación
autónoma regional sin afectar derechos fundamentales.

CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con los artículos 111-8, 136 y 185 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -en adelante C.P.A.C.A.-, 23 del
Reglamento de la Corporación y según lo decidido por la Sala Plena del Consejo de
Estado en la sesión 10 del 1º de abril de 2020, esta Sala Especial de Decisión es
competente para ejercer el control inmediato de legalidad de los decretos o normas
reglamentarias que expiden las autoridades del orden nacional al amparo de los
estados de excepción para desarrollar o reglamentar un decreto legislativo.

2. Procedencia del control inmediato

Esta Sala Especial de Decisión observa que se cumplen los presupuestos para la
procedencia del control inmediato de legalidad, pues la Resolución Nro. 167 del 26
de junio de 2020 es un acto administrativo general dictado por una autoridad del
orden nacional para desarrollar un decreto legislativo.

Es un acto administrativo general, porque corresponde a la expresión unilateral
de la voluntad de la administración orientada a producir efectos jurídicos generales.
La regulación atinente a las siguientes materias es general, impersonal y abstracta:
(i) reanudación de términos suspendidos en procesos administrativos ambientales,
sancionatorios ambientales, jurisdicción coactiva, disciplinarios; (ii) suspensión de
la prestación presencial de los servicios, así como las excepciones
correspondientes; (iii) definición de trámites y los mecanismos -virtuales o
presenciales- para su adelantamiento; (iv) teletrabajo; (v) responsables de los
protocolos de bioseguridad; (vi) radicación de documentos, atención de ciudadanos,
y establecimiento de los términos para la atención de las peticiones formuladas a la
entidad; (vii) medidas frente a contratistas de prestación de servicios; y (viii)
notificaciones y/o comunicaciones de actos administrativos de carácter particular.

El acto fue proferido por una autoridad del orden nacional, tal como lo es la
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico -CDA.
En efecto, para lo que aquí interesa, las Corporaciones Autónomas Regionales han
sido catalogadas como entidades del orden nacional, dotadas de un régimen
especial que les permite conjugar una serie de condiciones que garantizan su
autonomía, la participación de las autoridades territoriales y la ejecución de una sola

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política ambiental y cuyas funciones se dirigen a preservar el medio ambiente y los
recursos naturales. Veamos:

a. En la Constitución de 1886, las Corporaciones Autónomas Regionales
correspondían a establecimientos públicos adscritos o vinculados a las
entidades del orden central para el ejercicio de funciones administrativas y la
prestación de determinados servicios públicos domiciliarios.

b. Esa naturaleza cambió con la Constitución de 1991, que las define como
organismos autónomos encargados de la protección del medio ambiente en
su jurisdicción; competencia reiterada en la Ley 99 de 1993 (art. 23) y en el
Decreto 1076 de 2015 (art. 1.2.5.1.1).

En esa medida, como lo ha reconocido la jurisprudencia, no se trata de
entidades del sector central o descentralizado por servicios, ni tampoco de
entes asimilables a los territoriales, pues el ámbito de ejercicio de sus
competencias es de carácter regional, y está asociado con ecosistemas o
cuencas específicos4.

Justamente por lo anterior han sido consideradas como entidades sui generis
del orden nacional, encargadas de funciones relacionadas con la preservación
del medio ambiente, tal como se ha establecido, entre otras, en las sentencias
C-593 de 19955, C-275 de 19986, C-994 de 20007, C-689 de 20118, C-035 de
2016, y C-127 de 2018.

4 Así se estableció, por ejemplo, en la sentencia C-578 de 1999 al señalar: “En la Constitución de 1991, las
Corporaciones Autónomas Regionales son recreadas como organismos de la administración del Estado,
sólo que bajo un esquema distinto al del régimen anterior, pues se las considera como una organización
administrativa con identidad propia, autónoma e independiente, y no como una especie dentro del género
de los establecimientos públicos. De suerte que en el momento actual no se articulan funcionalmente al
sistema ordinario de la descentralización por servicios, ni están adscritas, por ende, a ningún ministerio o
departamento administrativo. Las Corporaciones Autónomas Regionales hacen parte de la estructura
administrativa del Estado, como personas jurídicas autónomas con identidad propia, sin que sea
posible encuadrarlas como otro organismo superior de la administración central (ministerios, departamentos
administrativos, etc.), o descentralizado de este mismo orden, ni como una entidad territorial; es necesario
convenir entonces, que resultan ser organismos nacionales claramente distintos y jurídicamente autónomos,
con misiones y actividades específicas e inconfundibles, cuya misión es la de lograr el cumplimiento de los
objetivos ambientales y sociales previstos en la Constitución que conduzcan a asegurar a todas las personas
el derecho a gozar de un ambiente sano, y a tener a su disposición una oferta permanente de elementos
ambientales”. Posición reiterada en la sentencia C-035 de 2016.
5 Sobre el particular se señaló: “[l]as corporaciones autónomas regionales son entidades administrativas del
orden nacional que pueden representar a la Nación dentro del régimen de autonomía que les garantiza el
numeral 7o. de la Constitución, y están concebidas por el Constituyente para la atención y el cumplimiento
autónomo de muy precisos fines asignados por la Constitución misma o por la ley, sin que estén adscritas
ni vinculadas a ningún ministerio o departamento administrativo; además, y en la medida definida por el
legislador, respetando su autonomía financiera, patrimonial, administrativa y política, pueden ser agentes
del Gobierno Nacional, para cumplir determinadas funciones autónomas en los casos señalados por la ley”.
Aspecto reiterado en las sentencias C-035 de 2016 y C-127 de 2018.
6 Respecto de la naturaleza jurídica de las Corporaciones Autónomas Regionales se manifestó: “[e]s pues,
claro, que en relación con esta materia, la Corte ha manifestado que las Corporaciones son personas
jurídicas públicas del orden nacional, que cumplen cometidos públicos de interés del Estado y que con la
promulgación de Constitución de 1991, gozan de un régimen de autonomía”.
7 Para lo que aquí interesa se expresó: “[e]n varias oportunidades, esta Corte ha analizado la naturaleza
jurídica de las CARs y ha concluido que éstas, si bien son personas jurídicas públicas del orden nacional,
que cumplen cometidos públicos de interés del Estado, es igualmente cierto que con la promulgación de
Constitución de 1991, gozan de un régimen de autonomía”.
8
Resolución Nro. A-0344. Al respecto se señaló: “En punto a la naturaleza jurídica de las corporaciones
autónomas regionales, la jurisprudencia de esta Corte ha sostenido que son (a) entidades administrativas
del orden nacional, que tienen una naturaleza intermedia entre la Nación y las entidades territoriales, y entre
la administración central nacional y la descentralizada por servicios; (b) que tienen finalidades relativas a la
preservación del medio ambiente y el aprovechamiento de los recursos naturales; (c) que por tanto cumplen

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De ahí, pues, que el acto controlado en esta sede judicial se hubiere expedido
por una autoridad del orden nacional.

c. Esta posición ha sido asumida por la Sala Plena del Consejo de Estado, al
ejercer el control inmediato de legalidad de ciertos actos dictados por
Corporaciones Autónomas Regionales. Por ejemplo, la Sala Especial de
Decisión No. 12, en sentencia del 23 de junio de 20209, señaló lo siguiente:

“Las Corporaciones Autónomas Regionales del país gozan de una autonomía especial,
estas han sido catalogadas como entidades públicas del orden nacional y sujetas a un
régimen especial, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 489 de 1998, el numeral
7 del artículo 150 de la Constitución Política, y el artículo 23 de la Ley 99 de 1993.
Sobre la naturaleza jurídica de tales entidades, entre otras, en las sentencias C-593 de
1995 y C-570 de 2012, la Corte Constitucional explicó lo siguiente:
Las corporaciones autónomas regionales son órganos constitucionales de orden
nacional sui generis, pues reúnen varias de las características de los órganos
descentralizados por servicios, específicamente en materia de administración de los
recursos naturales y planificación y promoción del desarrollo regional con criterios de
sustentabilidad ambiental, pero (a) no están sujetas a control de tutela ni a otros
mecanismos estrictos de control administrativo que permitan a la autoridad central
revocar o variar sus decisiones -lo que no se opone a los controles jurisdiccionales, y
(b) no están adscritas a ningún ministerio ni hacen parte de ningún sector
administrativo” (Resalto del original).
En sentido similar, la Sala Especial de Decisión No. 11, en sentencia del 9 de
julio de 202010, expuso lo siguiente:

4.1.3. De otra parte, el acto administrativo objeto de control inmediato de legalidad fue
expedido por una autoridad del orden nacional. En ese sentido, es preciso señalar que
el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales «son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrado
por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente
un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o
hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y
personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su
jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su
desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del
Ministerio del Medio Ambiente».
Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia C-689 de 2011, reiterando la C- 593
de 199538, sostuvo: «En punto a la naturaleza jurídica de las corporaciones autónomas
regionales, la jurisprudencia de esta Corte ha sostenido que son (a) entidades
administrativas del orden nacional, que tienen una naturaleza intermedia entre la
Nación y las entidades territoriales, y entre la administración central nacional y la
descentralizada por servicios; (b) que tienen finalidades relativas a la preservación del
medio ambiente y el aprovechamiento de los recursos naturales; (c) que por tanto
cumplen con objetivos de interés público; (d) que pueden representar a la Nación y ser
agente del Gobierno Nacional; (e) que de conformidad con sus finalidades

con objetivos de interés público; (d) que pueden representar a la Nación y ser agente del Gobierno Nacional;
(e) que de conformidad con sus finalidades constitucionales, pueden participar en los procesos de
elaboración y desarrollo de los planes de desarrollo de las entidades territoriales; (f) que cuentan con un
régimen de autonomía que les garantiza la Constitución, de conformidad con el numeral 7 del artículo 150
de la Carta Política; (g) que están concebidas por el Constituyente para la atención y el cumplimiento
autónomo de muy precisos fines asignados por la Constitución misma o por la ley; y (h) que deben dar
cumplida y oportuna aplicación a las normas constitucionales, legales y reglamentarias sobre su manejo y
aprovechamiento”.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión Nro. 12, M.P.:
Ramiro Pazos Guerrero, sentencia del 23 de junio de 2020, radicado: 05001-03-15-000-2020-01030.
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión Nro. 11, M.P.:
Stella Jeannette Carvajal, sentencia del 9 de julio de 2020, radicado: 05001-03-15-000-2020-01764.

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constitucionales, pueden participar en los procesos de elaboración y desarrollo de los
planes de desarrollo de las entidades territoriales; (f) que cuentan con un régimen de
autonomía que les garantiza la Constitución, de conformidad con el numeral 7 del
artículo 150 de la Carta Política; (g) que están concebidas por el Constituyente para la
atención y el cumplimiento autónomo de muy precisos fines asignados por la
Constitución misma o por la ley; y (h) que deben dar cumplida y oportuna aplicación a
las normas constitucionales, legales y reglamentarias sobre su manejo y
aprovechamiento.

La resolución controlada reglamenta un decreto legislativo, específicamente el
Decreto Legislativo 491 de 202011 que en los artículos 3, 4, 5, 6, 8, y 16 adoptó las
siguientes medidas: (i) prestación de los servicios a cargo mediante la modalidad
de trabajo en casa, utilizando las tecnologías de la información y las
telecomunicaciones (artículo 3); (ii) realización de la notificación o comunicación de
actos administrativos por medios electrónicos (artículo 4); (iii) ampliación de los
términos para la resolución de las peticiones en curso o que se presentaran durante
la emergencia sanitaria (artículo 5); (iv) suspensión, mediante acto administrativo,
de los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede
administrativa (artículo 6); (v) ampliación de la vigencia de permisos, autorizaciones,
certificados y licencias que se vencieran durante el periodo de la emergencia
sanitara y cuyo trámite no pudiera ser realizado con ocasión de las medidas
dispuestas para conjurarla (artículo 8); y (vi) continuación, durante el periodo de
aislamiento preventivo obligatorio, de los objetos y obligaciones contractuales en los
contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión suscritos
con entidades públicas.

Téngase en cuenta que las medidas relacionadas con esas temáticas fueron
dispuestas en los actos controlados12, salvo lo consagrado en los artículos 11 y 12
que no corresponden al desarrollo de un decreto legislativo, razón por la que la Sala
se abstendrá de examinarlos.

En efecto, en dichos artículos -11, y 12- se dispuso (i) la complementariedad de las
medidas con lo dispuesto en las circulares Nro. 19 expedida por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible,17, y 18 proferidas por el Ministerio de Trabajo,
todas de 2020, así como por los decretos presidenciales y todas aquellas
“instrucciones que a bien se expidan para la correcta prestación de los servicios a cargo de la
corporación”, (ii) la sujeción del acto controlado a las normas que expidiera el
Gobierno Nacional y que pudieran modificar su contenido, y, (iii) la ampliación del
término de duración de la emergencia sanitaria, dispuesta en la Resolución Nro. 385
de 2020, prorrogada en la Resolución Nro. 844 de la misma anualidad.

Dichas materias no regularon ni desarrollaron directamente un decreto legislativo.
Primero, porque las circulares Nro. 17 y 18 son anteriores a la declaratoria del
estado de emergencia que tuvo lugar a través del Decreto Legislativo 417 de 2020.
Considérese que esas circulares datan del 24 de febrero y del 10 de marzo, ambas

11 Expedido en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 215 de la Constitución Política, en
concordancia con la Ley 137 de 1994, y el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.
12 Pudiera pensarse que la medida denominada impropiamente como teletrabajo no es desarrollo de un
Decreto Legislativo, puesto que su fundamento lo constituyó un acto diferente a los Decretos 417 y 491,
ambos de 2020, tal como lo fue la Directiva Presidencial Nro. 03 del 22 de mayo de 2020.
Sin embargo, ese fundamento no hace que la determinación esté fuera del control de la referencia. Esto,
por cuanto se trata de una decisión que también se sustentó en el artículo 3 del Decreto 491, que autorizó,
entre otras cosas, el trabajo en casa; prueba de eso es que esta disposición del legislador extraordinario fue
invocada expresamente en la parte motiva de la Resolución Nro.167 de 2020, a más de que se encontraba
en vigencia al momento de la expedición del acto controlado (nótese que el decreto 491 data del 28 de
marzo y la Resolución Nro. 167 fue expedida el 26 de junio).

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de 2020, esto es, fechas anteriores a la declaratoria de estado de excepción que
tuvo lugar el 17 de marzo de la misma anualidad.

Segundo, porque si bien es cierto que la Circular Nro. 19 de abril de 2020 se expidió
luego de la declaratoria del estado de excepción, no lo es menos, que tal documento
se dictó en ejercicio de las facultades que le asistían al Ministro de Ambiente y
Desarrollo Sostenible como rector del Sistema Nacional Ambiental y en condición
de líder del Sector Administrativo de Ambiente.

Tercero, porque se hizo alusión a normas que pudieran modificar el contenido de la
resolución examinada sin precisar su carácter, de modo que no puede establecerse
si se hizo relación, o no, a prescripciones dictadas por el legislador extraordinario.

Cuarto, porque si bien es cierto que la “emergencia sanitaria” se relaciona con la
pandemia del coronavirus, no lo es menos, que ese es un hecho jurídicamente
distinto al estado de emergencia.

Téngase en cuenta que la declaratoria de emergencia sanitaria es una competencia
ordinaria del Ministerio de Salud y de la Protección Social para conjurar diferentes
situaciones con riesgo de afectación intensa o extrema sobre la salud colectiva, al
tenor de lo establecido en la Ley 1753 de 2015 (art. 69). Por su parte, la declaratoria
del estado de emergencia corresponde a una competencia excepcional, reglada y
limitada del Presidente de la República, que requiere de la firma de todos los
ministros y tiene lugar cuando sobrevengan hechos distintos a los previstos en los
artículos 212 y 213 de la Constitución Política y que (i) perturben o amenacen
perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del
país, o (ii) que constituyan grave calamidad pública.

No desconoce esta Sala Especial de Decisión que en el acto controlado también se
hizo referencia a los Decretos Legislativos 439 y 537, ambos de 2020. Empero, lo
cierto es que estas previsiones del legislador extraordinario se refieren a materias
diferentes a las reguladas en el acto controlado, por lo que no puede entenderse
que éste se dictó con sustento en aquellas13.

Precisado lo anterior, le corresponde a esta Sala Especial de Decisión examinar la
juridicidad de la Resolución Nro. 167 del 26 de junio de 2020, proferida por la
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico -CDA-.

13 La determinación del cierre de frontera aéreas se adoptó en el Decreto 439 del 20 de marzo de 2020. Sin
embargo, ese decreto legislativo no otorgó, expresamente, atribuciones a las Corporaciones Autónomas
Regionales y, por lo tanto, la resolución examinada no lo desarrolló ni reglamentó.
En efecto, las competencias dispuestas en los artículos 3 a 5 del Decreto 439 de 2020 fueron para (i) la
adopción de medidas sanitarias por parte del Instituto Nacional de Salud -INS-, de las Secretarías
Departamentales, Distritales y Municipales de Salud, y de las Unidades Administrativas Especiales
Migración Colombia y Aeronáutica Civil, (ii) la información a los usuarios de la suspensión de desembarque
a cargo de las aerolíneas, y (iii) el reporte ante las autoridades sanitarias correspondientes de la existencia
de síntomas compatibles con COVID-19 (coronavirus) a cargo de los pasajeros y tripulantes que,
excepcionalmente, pudieran ingresar al país. Esto se refuerza al tener presente que, en palabras de la Corte
Constitucional, al declarar la constitucionalidad del Decreto Legislativo 439, esas medidas “eran necesarias
en tanto dan las autorizaciones legales que permiten a las autoridades competentes tomar las medidas
sanitarias adecuadas y necesarias, complementarias a la medida principal”.
Luego, como las medidas establecidas en el Decreto 439 se relacionaron con la suspensión del
desembarque y aspectos sanitarios, huelga concluir, se repite, que el acto remitido para control no las
desarrolló ni reglamentó.
De otro lado, es cierto que en el artículo 9 del Decreto 537 de 2020 se estableció el procedimiento para el
pago de contratistas del Estado durante la vigencia de la emergencia sanitaria, empero, no lo es menos, que
tal aspecto no se reguló en la resolución que convoca la atención de la Sala.

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En concreto, debe definir si, desde el punto de vista formal y material, se encuentra
conforme con los motivos que dieron lugar a la declaratoria del estado de
emergencia social, económica y ecológica, con los decretos legislativos que le
sirvieron de fundamento y con las demás normas superiores que resulten aplicables.

Para tal propósito, se procederá con la presentación de las características y alcance
del control inmediato de legalidad y, seguidamente, se realizará el examen de
legalidad en el caso concreto.

3. Características y alcance del control inmediato de legalidad. Reiteración
de jurisprudencia 14

El control inmediato de legalidad es el medio jurídico previsto en la Constitución
Política para examinar las medidas de carácter general15 que, en ejercicio de la
función administrativa, desarrollen o reglamenten un decreto legislativo proferido en
el marco de un estado de excepción, como mecanismo para verificar que los actos
se encuentren dentro de los parámetros, finalidades y límites establecidos por el
ordenamiento, según lo ha establecido la doctrina judicial de esta Corporación16.

En igual sentido, la Corte Constitucional ha considerado que el control inmediato de
legalidad es una limitación al poder de las autoridades administrativas, en tanto que
busca impedir la aplicación de normas ilegales17.

Las características de este control corresponden a las siguientes:

• Es un proceso judicial, ya que el artículo 20 de la Ley 137 de 1994 (y así lo
ratificó el artículo 189 del C.P.A.C.A.) otorgó competencia a la jurisdicción de
lo contencioso administrativo para examinar la legalidad de los actos
administrativos proferidos para desarrollar los decretos que expide el
Presidente de la República al amparo de los estados de excepción.

El proceso se tramita en etapas procesales cortas y, por regla general, culmina
con una sentencia.

• Es automático e inmediato, porque tan pronto se expide el acto
administrativo general debe ser enviado para que se ejerza el control
correspondiente y, en caso de que no se envíe dentro de las 48 horas
siguientes a la expedición, la autoridad judicial competente debe asumir, de
oficio, el control de tal acto (artículo 136 C.P.A.C.A.).

Luego, no se requiere la publicación del acto para la procedencia del control,
porque es suficiente la sola expedición.

14 Ver, entre muchas otras, sentencias de la Sala Plena del 28 de enero de 2003, exp. 2002-0949-01, M.P.
Alier Eduardo Hernández Enríquez; del 7 de octubre de 2003, exp. 2003-0472-01, M.P. Tarcisio Cáceres
Toro, del 16 de junio de 2009, exp. 2009-00305-00, y del 9 de diciembre de 2009, exp. 2009-0732-00, M.P.
Enrique Gil Botero, del 20 de octubre de 2009, exp. 2009-00549-00, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, y del 5
de marzo de 2012, exp. 2010-00369-00. M.P. Hugo Bastidas Bárcenas.
15 Incluye los actos derivados de la potestad de instrucción de la administración (art. 41 de la Ley 489 de 1998):
directivas, circulares, instructivos, etc.
16
Sentencias del 20 de octubre de 2009, radicado 11001031500020090054900, M.P. Mauricio Fajardo
Gómez, y del 16 de junio de 2009, expediente 11001031500020090030500, M.P. Enrique Gil.
17 Sentencia C-179 de 1994.

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• Es autónomo, pues es posible adelantar el control antes de que la Corte
Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad del decreto que declara
el estado de excepción y de los decretos legislativos que lo desarrollan.

• Es integral, por cuanto es un juicio en el que se examina la competencia de
la autoridad que expidió el acto, la conexidad de la decisión con los motivos
que dieron lugar a la declaratoria del estado de excepción, la sujeción a las
formas y la proporcionalidad de las medidas adoptadas para conjurar la crisis
e impedir que se extiendan los efectos del estado de excepción.

Con todo, conviene precisar que no se trata propiamente de confrontar todo el
ordenamiento jurídico, sino de examinar el acto de cara a los requisitos
formales y de fondo a los que ha debido sujetarse, esto es, los límites formales
y materiales: proporcionalidad, conexidad y, desde luego, la sujeción con las
normas superiores que le sirvieron de fundamento.

Aunque el control pretende ser integral no es completo ni absoluto, ya que es
compatible con los medios de control de nulidad simple y de nulidad por
inconstitucionalidad, siempre que se alegue la violación de normas diferentes
a las examinadas en el trámite del control inmediato de legalidad. Ese rasgo
está reforzado por la siguiente característica.

• La sentencia que decide el control de legalidad hace tránsito a cosa juzgada
relativa (y así lo ratificó el artículo 189 del C.P.A.C.A.). En cuanto a esta
característica, la Sala ha explicado18:

“Por ello los fallos que desestiman la nulidad de los actos objeto de control o que la
decretan sólo parcialmente respecto de algunos de sus preceptos, aunque tienen efecto
erga omnes, esto es oponible a todos y contra todos, por otro lado, tienen la autoridad
de cosa juzgada relativa, es decir, sólo frente a los ítems de ilegalidad analizados y
decididos en la sentencia.
En síntesis, la decisión adoptada en un fallo desestimatorio, en estos casos, en tanto
se contrae a un estudio de legalidad limitado dado su carácter oficioso, ajeno a la
naturaleza dispositiva del control judicial asignado a la justicia administrativa, no implica
el análisis de todos los posibles motivos de contradicción con normas superiores y -por
lo mismo- no impide ni es óbice para que a futuro se produzca otro pronunciamiento,
que verse sobre reproches distintos que puedan edificarse sobre la misma norma”.

En definitiva, el examen de legalidad que corresponde a esta Corporación se realiza
mediante la confrontación del acto con las normas constitucionales que permiten la
declaratoria de los estados de excepción (artículos 212 a 215 de la Constitución
Política), la ley estatutaria de los estados de excepción (Ley 137 de 1994), los
decretos legislativos expedidos por el Gobierno Nacional con ocasión de la
declaratoria del estado de excepción y las demás normas superiores a las que debe
sujeción el acto objeto del control oficioso.

Como se examina la juridicidad de un acto con carácter general, impersonal y
abstracto ─acto normativo o reglamento, originado en el poder de reglamentación
que la Constitución y la ley le otorga al poder ejecutivo para asegurar la cumplida
ejecución de la ley─, resulta útil el estudio de legalidad a partir de los elementos del
acto administrativo: órgano competente; formas y procedimiento; motivo y
motivación; finalidad, objeto o contenido, pues ocurre que las causales de nulidad

18 Sentencia del 23 de noviembre de 2010, expediente nro. 2010-00196, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

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de todo acto administrativo están estructuradas a partir de tales elementos al tenor
de lo previsto en el artículo 137 C.P.A.C.A.

No puede perderse de vista, además, que la potestad reglamentaria está gobernada
por el principio de necesidad, que justamente permite determinar hasta dónde es
necesario completar el alcance de la ley (o norma con fuerza de ley, como en el
caso de los decretos legislativos): cuanto más general y amplia haya sido la
regulación por parte de la ley, más forzosa es su reglamentación; a contrario sensu,
cuando la ley ha detallado todos los elementos que se requieren para aplicar esa
situación al caso particular, no amerita expedir el reglamento o expedirlo de manera
un poco menos prolija19.

Ese análisis, desde luego, exige determinar si la decisión de la administración,
expedida en el escenario de excepcionalidad, cumple los requisitos de
proporcionalidad y razonabilidad frente las causas que dieron lugar al estado de
excepción.

4. Examen de legalidad de la Resolución Nro. 167 del 26 de junio de 2020

4.1. Requisitos de forma

La Sala observa que el acto cumple con los requisitos de forma, pues contiene la
exposición de los fundamentos de hecho y de derecho que dieron lugar a su
expedición, una parte resolutiva que concuerda con los motivos que lo sustentaron,
así como con los elementos que permiten su identificación adecuada, -numeración,
identificación temática, entre otros-.

4.2. Requisitos de fondo
Previo al examen material del acto controlado, esta Sala Especial de Decisión
estima necesario referirse al decreto que fundamentó el acto objeto de control -
Decreto 491 de 2020-, específicamente a sus artículos 3, 4, 5, 6, 8 y 16.

4.2.1. Decreto Legislativo 491 de 2020

Los artículos 3, 4, 5, 6, 8 y 16 del Decreto Legislativo 491, prevén, en su tenor literal,
lo siguiente:
“Artículo 3. Prestación de los servicios a cargo de las autoridades. Para evitar el contacto
entre las personas, propiciar el distanciamiento social y hasta tanto permanezca vigente la
Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, las autoridades
a que se refiere el artículo 1 del presente Decreto velarán por prestar los servicios a su cargo
mediante la modalidad de trabajo en casa, utilizando las tecnologías de la información y las
comunicaciones.
Las autoridades darán a conocer en su página web los canales oficiales de comunicación e
información mediante los cuales prestarán su servicio, así como los mecanismos tecnológicos
que emplearán para el registro y respuesta de las peticiones.
En aquellos eventos en que no se cuente con los medios tecnológicos para prestar el servicio
en los términos del inciso anterior, las autoridades deberán prestar el servicio de forma
presencial. No obstante, por razones sanitarias, las autoridades podrán ordenar la suspensión

19
Sobre el alcance de la potestad reglamentaria, entre otras, se pueden consultar la sentencia del 10 de
septiembre de 2015, expediente 21025, M.P. Hugo Bastidas Bárcenas, y del 20 de octubre de 2009, M.P.
Mauricio Fajardo Gómez, radicado 11001-03-15-000-2009-00549-00.

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del servicio presencial, total o parcialmente, privilegiando los servicios esenciales, el
funcionamiento de la economía y el mantenimiento del aparato productivo empresarial. En ningún caso la suspensión de la prestación del servicio presencial podrá ser mayor a la
duración de la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y
Protección Social. Parágrafo. En ningún caso, los servidores públicos y contratistas del Estado que adelanten
actividades que sean estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia
sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, y garantizar el funcionamiento de los servicios
indispensables del Estado podrán suspender la prestación de los servicios de forma
presencial. Las autoridades deberán suministrar las condiciones de salubridad necesarias
para la prestación del servicio presencial. Artículo 4. Notificación o comunicación de actos administrativos. Hasta tanto
permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección
Social, la notificación o comunicación de los actos administrativos se hará por medios
electrónicos. Para el efecto en todo trámite, proceso o procedimiento que se inicie será
obligatorio indicar la dirección electrónica para recibir notificaciones, y con la sola radicación
se entenderá que se ha dado la autorización. En relación con las actuaciones administrativas que se encuentren en curso a la expedición
del presente Decreto, los administrados deberán indicar a la autoridad competente la dirección
electrónica en la cual recibirán notificaciones o comunicaciones. Las autoridades, dentro de
los tres (3) días hábiles posteriores a la expedición del presente Decreto, deberán habilitar un
buzón de correo electrónico exclusivamente para efectuar las notificaciones o comunicaciones
a que se refiere el presente artículo. El mensaje que se envíe al administrado deberá indicar el acto administrativo que se notifica
o comunica, contener copia electrónica del acto administrativo, los recursos que legalmente
proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo. La
notificación o comunicación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado
acceda al acto administrativo, fecha y hora que deberá certificar la administración. En el evento en que la notificación o comunicación no pueda hacerse de forma electrónica, se
seguirá el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. Parágrafo. La presente disposición no aplica para notificación de los actos de inscripción o
registro regulada en el artículo 70 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo. Artículo 5. Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las peticiones que
se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se
ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así: Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes
a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:
(i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte
(20) días siguientes a su recepción.
(ii) (ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en
relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco
(35) días siguientes a su recepción. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados,
la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término
señalado en el presente artículo expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el
plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del
inicialmente previsto en este artículo. En los demás aspectos se aplicará lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011. Parágrafo.

La presente disposición no aplica a las peticiones relativas a la efectividad de otros
derechos fundamentales. Artículo 6. Suspensión de términos de las actuaciones administrativas o
jurisdiccionales en sede administrativa. Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia
Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social las autoridades

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administrativas a que se refiere el artículo 1 del presente Decreto, por razón del servicio y
como consecuencia de la emergencia, podrán suspender, mediante acto administrativo, los
términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. La
suspensión afectará todos los términos legales, incluidos aquellos establecidos en términos
de meses o años. La suspensión de los términos se podrá hacer de manera parcial o total en algunas
actuaciones o en todas, o en algunos trámites o en todos, sea que los servicios se presten de
manera presencial o virtual, conforme al análisis que las autoridades hagan de cada una de
sus actividades y procesos, previa evaluación y justificación de la situación concreta. En todo caso los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales se reanudarán
a partir del día hábil siguiente a la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el
Ministerio de Salud y Protección Social. Durante el término que dure la suspensión y hasta el momento en que se reanuden las
actuaciones no correrán los términos de caducidad, prescripción o firmeza previstos en la Ley
que regule la materia. Parágrafo 1. La suspensión de términos a que se refiere el presente artículo también aplicará
para el pago de sentencias judiciales. Parágrafo 2. Los Fondos Cuenta sin personería jurídica adscritos a los ministerios, que
manejen recursos de seguridad social y que sean administrados a través de contratos
fiduciarios, podrán suspender los términos en el marco señalado en el presente artículo. Durante el tiempo que dure la suspensión no correrán los términos establecidos en la
normatividad vigente para la atención de las prestaciones y en consecuencia no se causarán
intereses de mora. Artículo 8. Ampliación de la vigencia de permisos, autorizaciones, certificados y
licencias. Cuando un permiso, autorización, certificado o licencia venza durante el término de
vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social
y cuyo trámite de renovación no pueda ser realizado con ocasión de las medidas adoptadas
para conjurarla, se entenderá́ prorrogado automáticamente el permiso, autorización,
certificado y licencia hasta un mes (1) más contado a partir de la superación de la Emergencia
Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. Superada la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social el
titular del permiso, autorización, certificado o licencia, deberá́ realizar el trámite ordinario para
su renovación. Artículo 16. Actividades que cumplen los contratistas de prestación de servicios
profesionales y de apoyo a la gestión. Durante el período de aislamiento preventivo
obligatorio las personas naturales vinculadas a las entidades públicas mediante contrato de
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, continuarán desarrollando sus
objetos y obligaciones contractuales mediante trabajo en casa y haciendo uso de las
tecnologías de la información y las comunicaciones. Aquellos contratistas cuyas obligaciones
sólo se puedan realizar de manera presencial, continuarán percibiendo el valor de los
honorarios durante el período de aislamiento preventivo obligatorio, previa verificación por
parte del supervisor de la cotización al Sistema General de Seguridad Social. Esto sin perjuicio
de que una vez superados los hechos que dieron lugar a la Emergencia Sanitaria cumplan
con su objeto y obligaciones en los términos pactados en sus contratos. La declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica y la declaratoria de Emergencia
Sanitaria, así́ como las medidas que se adopten en desarrollo de las mismas no constituyen
causal para terminar o suspender unilateralmente los contratos de prestación de servicios
profesionales y de apoyo a la gestión celebrados con el Estado. Parágrafo.

Para la recepción, trámite y pago de los honorarios de los contratistas, las
entidades del Estado deberán habilitar mecanismos electrónicos”.

La Corte Constitucional, en sentencia C-242 del 9 de julio de 2020, abordó el control
de constitucionalidad del Decreto 491. Para lo que aquí interesa adoptó las
siguientes determinaciones:

• Declaró la exequibilidad de los artículos 3, y 16.

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• Declaró la exequibilidad condicionada del artículo 4º, “bajo el entendido de que,
ante la imposibilidad manifiesta de una persona de suministrar una dirección de correo
electrónico, podrá indicar un medio alternativo para facilitar la notificación o comunicación de
los actos administrativos”.

• Declaró la exequibilidad condicionada del artículo 5 “bajo el entendido de que la
ampliación de términos que contempla para solucionar las peticiones es extensible a los
privados que deben atender solicitudes”.

• Declaró exequible el artículo 6, salvo el parágrafo 1º que se declaró
inexequible, y condicionó la exequibilidad del parágrafo 2º del artículo en
comento bajo el entendido de que “cuando la suspensión de términos implique la
inaplicación de una norma que contemple una sanción moratoria, las autoridades deberán
indexar el valor de la acreencia mientras opere la misma”.

• Declaró la exequibilidad condicionada del artículo 8 “bajo el entendido de que la
medida contenida en el mismo se hace extensiva también a los permisos, autorizaciones,
certificados y licencias que venzan dentro del mes siguiente a la finalización de la emergencia
sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social y que no pudieron ser
renovadas en vigencia de la misma debido a las medidas adoptadas para conjurarla. En
consecuencia, las referidas habilitaciones se entenderán prorrogadas por el tiempo faltante
para completar el término de un mes previsto por el legislador”.

Lo anterior, en términos generales, porque las medidas de urgencia establecidas en
el Decreto Legislativo:

a. Se orientaron a impedir la extensión de los efectos que dieron lugar a la
expedición del Decreto 417 de 2020 20, tal como lo fue la afectación del
desarrollo normal de las actividades a cargo del Estado, con ocasión de la
adopción de las medidas sanitarias de aislamiento preventivo y
distanciamiento social para la prevención, manejo y control del COVID-1921.

b. Eran necesarias. Desde lo fáctico, porque la utilización de las tecnologías de
la información en los servicios a cargo de las autoridades permite el desarrollo
de actividades a distancia, lo que contribuye a mitigar el riesgo de transmisión
del virus al reducir el contacto físico entre los diferentes agentes. Además,
porque “[l]as medidas que permiten la suspensión de las actuaciones en sede administrativa
o amplían los plazos de ciertos trámites le otorgan a las autoridades un tiempo prudencial para
realizar los ajustes requeridos para cumplir su objeto misional y retomar racionalmente sus
actividades, ya sea implementado las tecnologías disponibles o estableciendo los protocolos
para asegurar la atención presencial en los casos que la misma sea imprescindible”.

Desde lo jurídico, porque las facultades ordinarias de regulación reglamentaria
a cargo del Gobierno Nacional no permitían el establecimiento, en términos
generales, de las medidas dispuestas en el Decreto Legislativo. Considérese
que la regulación de la prestación de los servicios a cargo de las autoridades
por medio de la modalidad de trabajo en casa, la implementación de las
tecnologías de la información y las comunicaciones en el sector público, y la

20 Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional.
21 Ello justificó, para lo que aquí interesa, (i) la modificación temporal del paradigma de presencialidad en la
prestación de los servicios públicos a cargo de las autoridades, mediante la habilitación de las tecnologías
de la información y las comunicaciones para el desarrollo, entre otros, de las funciones de los servidores y
contratistas del Estado, y (ii) el regreso gradual a las “actividades de forma racional, teniendo en cuenta la
necesidad de realizar cambios organizacionales para implementar el paradigma de virtualidad y permitir a
los usuarios que se adapten al mismo”, para lo cual se contempló la posibilidad de suspensión de términos
en actuaciones administrativas.

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regulación de las formas en las que deben adelantarse los procedimientos son
competencias del legislador (arts. 123 y 150 de la Constitución).

c. Respecto del artículo 3 se señaló que la autorización para suspender la
atención presencial y la habilitación del trabajo en casa (i) es proporcional ya
que se orienta a la consecución de una finalidad legítima, como lo es la de
“asegurar la prestación de los servicios a cargo de las autoridades en medio de las
restricciones sociales adoptadas para enfrentar el riesgo epidemiológico asociado al
coronavirus COVID-19”; (ii) es adecuada, en tanto “permite que [se] adelanten
determinadas labores que contribuyan a la prestación adecuada de los servicios a cargo de
las autoridades y, a su vez, disminuye el contacto social entre los funcionarios y los usuarios”;
y (iii) es necesaria, porque el “desempeño de las funciones por parte de los servidores y
contratistas del Estado de forma presencial, como se venía realizando en las sedes de las
entidades, resulta peligroso desde una perspectiva de salud pública, porque se podrían
propiciar múltiples puntos de contagio”.

Por demás, con el fin de evitar que el uso de las tecnologías de la información
se convirtiera en una barrera de acceso a los servicios prestados por las
autoridades, se precisó que “cuando una actuación administrativa no pueda ser
adelantada de manera razonable y adecuada por medios virtuales conforme a la normatividad
vigente, … la administración está en la obligación de examinar si resulta pertinente suspender
su trámite, como lo habilita el artículo 6° del Decreto 491 de 2020, o proseguir con el mismo
de forma presencial, siempre que se adopten las medidas sanitarias pertinentes”.

d. Con relación al artículo 4 se afirmó que (i) persigue una finalidad legítima
como lo es la de satisfacer el principio de publicidad en medio de las
restricciones sanitarias adoptadas para enfrentar la pandemia -aislamiento
preventivo y distanciamiento social-; (ii) el medio utilizado para el logro del fin
referido es adecuado, puesto que los elementos virtuales facilitan el
conocimiento del contenido de un acto o decisión administrativa sin necesidad
de la entrega de una copia física de la misma; (iii) la medida adoptada es
necesaria ante la imposibilidad de acudir a métodos que impliquen el contacto
físico, como herramienta para la prevención, control y manejo del riesgo de
transmisión del COVID-19.

Con todo, con el fin de que el acceso a herramientas tecnológicas no
constituyera una barrera o limitación para quienes no contaran con ese tipo de
elementos, se condicionó el contenido de la disposición en comento para
permitir el uso de medios alternativos. Esto bajo el entendido “de que, ante la
imposibilidad manifiesta de una persona de suministrar una dirección de correo electrónico,
[ella] podrá indicar un medio alternativo para facilitar la notificación o comunicación de los
actos administrativos, por ejemplo, a través de una llamada telefónica, el envío de un mensaje
de texto o de voz al celular o un aviso por una estación de radio comunitaria”.

e. Frente al artículo 5, se expresó que la ampliación de los términos para
responder peticiones, (i) persigue una finalidad legítima como lo es “superar de
forma racional las afectaciones causadas al desarrollo de las distintas actividades a cargo de
las autoridades debido a las restricciones implementadas para enfrentar la pandemia originada
por el coronavirus COVID-19 y, en este sentido, cumplir con el mandato superior de prestar
los servicios de forma adecuada, continua y efectiva”, (ii) es necesaria, pues las
condiciones actuales no permiten el desarrollo de las actuaciones
administrativas con la misma celeridad que la existente y que se imprimía en
condiciones ordinarias, y (iii) pretende satisfacer un fin constitucional, esto es
el buen funcionamiento de la administración, “el cual se ha visto afectado por las
consecuencias derivadas de la pandemia, otorgándoles a las autoridades un término mayor

22
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para resolver ciertas peticiones, a fin de que al mismo tiempo puedan gestionar otros asuntos
en medio de las dificultades que implica la imposibilidad de desarrollarlos de forma presencial
con las herramientas e infraestructura ordinaria”.

Esto obedece a que la modificación de los plazos es temporal y solo aplica
para las peticiones sin relevancia iusfundamental que se encuentren en curso
o se radiquen durante la emergencia sanitaria, por lo que una vez ésta última
finalice, se aplicarán los términos establecidos en la ley ordinaria.

Ahora bien, la Corte Constitucional estableció que dicha norma desconocía el
principio de igualdad porque los destinatarios de la misma solo fueron las
autoridades, cuando existen particulares que también deben contestar
peticiones, por lo cual “para evitar escenarios discriminatorios se dispondrá que lo
señalado en el artículo 5° del Decreto 491 de 2020 también es de aplicación para los privados
que deben resolver peticiones”.

f. Tratándose del artículo 6 se concluyó que la medida de suspensión de
términos de actuaciones administrativas y jurisdiccionales en sede
administrativa, (i) persigue una finalidad válida, como lo es la de superar las
afectaciones causadas al desarrollo de las actividades a cargo de las
autoridades, al igual que asegurar el debido proceso de los ciudadanos22; (ii)
es adecuada, pues “otorga la posibilidad de interrumpir algunos procesos a las autoridades
a fin de que puedan retomar de forma organizada sus actividades 23”; (iii) es necesaria por
la imposibilidad de que las autoridades realicen sus actividades con igual nivel
de celeridad que en las condiciones previas al COVID-19 debido a las
restricciones de movilidad impuestas para su prevención, manejo y control24;
y (iv) es proporcional porque no afecta derechos iusfundamentales, a más de
que corresponde a una medida transitoria, que no es automática, que requiere
de una motivación calificada25 y que consideró la incidencia sobre tiempos de
caducidad, prescripción o firmeza previstos en la ley.

Pese a lo anterior, como se mencionó, se declaró la inexequibilidad del
parágrafo 1° del artículo en mención, relativo a la suspensión del pago de
sentencias, por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva26, y, se declaró

22 En palabras de la Corte Constitucional, la medida “debe ser utilizada cuando se advierta que la continuación
de una actuación en medio de la pandemia puede derivar en escenarios de arbitrariedad por
desconocimiento de las garantías que conforman dicha prerrogativa [debido proceso]”.
23 Para el efecto es necesario tener en cuenta dos aspectos, conforme lo afirmado por la Corte Constitucional.
De un lado, los cambios que deben realizar las autoridades para implementar la virtualidad en sus
actuaciones, a más del deber de garantizar que los mismos no se conviertan en una barrera de acceso para
los ciudadanos. Del otro, la dificultad logística y técnica que puede implicar, en algunos eventos, adelantar
ciertos procedimientos o actuaciones de forma remota o sin la presencia de los usuarios y los funcionarios
en las sedes de las entidades.
24 En palabras de la Corte Constitucional: “la implementación de directrices como el aislamiento preventivo
obligatorio, el distanciamiento social, la prohibición de aglomeraciones, las restricciones para ejecutar ciertas
actividades que lleven consigo el contacto personal, entre otras, impiden que las autoridades puedan hacer
uso de la infraestructura física que tienen dispuesta para atender a los usuarios de forma presencial, y que
se vean obligadas a utilizar instrumentos y herramientas tecnológicas para cumplir sus funciones, lo cual
requiere un lapso razonable de adaptación, mientras fortalecen su capacidad de respuesta a las demandas
de la ciudadanía”.
25 Esa motivación exige, en palabras de la Corte Constitucional, “dar cuenta de que hubo una evaluación previa
de la situación que lleva [a la autoridad] a encontrar justificada la adopción de la medida en función de sus
actividades y procesos, [y] las razones que se invoquen deben estar relacionadas con el servicio y las causas
de la emergencia sanitaria”.
26 Primero, porque no resultaba claro cómo esa medida contribuía a conjurar las causas que dieron lugar a la
declaratoria del estado de excepción. Segundo, porque la medida carecía de justificación suficiente. Tercero,
porque era desproporcionada al imponer una “carga adicional y desmesurada a quien ya tuvo que someterse
a un proceso judicial para defender sus intereses, máxime cuando el acto normativo en control, en otras

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la exequibilidad condicionada del parágrafo 2º de la misma disposición,
relacionado con la posibilidad de que los Fondos Cuenta sin personería
jurídica suspendieran los trámites a su cargo27.

g. Tratándose del artículo 8 se afirmó que la medida de ampliación temporal de
permisos (i) se orientaba al cumplimiento de una finalidad legítima como lo era
evitar que la “libertad económica y la iniciativa privada de los ciudadanos se [vieran]
afectadas por la imposibilidad de renovar las autorizaciones concedidas en razón de las
restricciones adoptadas en el marco de la emergencia sanitaria declarada para enfrentar la
pandemia”, (ii) impedía la paralización de actividades reguladas cuyas
autorizaciones se vencieran en medio de la pandemia; (iii) era necesaria
porque “muchos privados no podrán gestionar la renovación de sus permisos ante las
autoridades del Estado a efectos de continuar con sus actividades de sustento y, con ello, sin
la prórroga referida, se afectaría su libertad económica y su iniciativa privada”; y, (iv) era
proporcional en atención a su carácter temporal, porque una vez se “levante la
emergencia sanitaria el interesado en el permiso, autorización, licencia o autorización deberá
adelantar las gestiones ordinarias correspondientes para renovarlas.”

Con todo, se declaró la exequibilidad condicionada del artículo en los términos
mencionados, porque “el legislador excepcional no incluyó como destinatarios del
beneficio a los titulares de las licencias que vencerán los días inmediatamente siguientes a la
finalización de la emergencia sanitaria, con lo cual, a pesar de que durante la misma tampoco
pudieron gestionar la renovación correspondiente, no tendrán un plazo prudencial para
adelantar el trámite respectivo.”

h. Frente al artículo 16 se expresó que (i) persigue una finalidad legítima porque
se orienta a la protección de garantías propias del derecho al trabajo (
remuneración y la estabilidad), protección que se logra mediante la orden de
“asegurar la continuidad de … los contratos de prestación de servicios, incluso si ello implica
la flexibilización de las obligaciones relacionadas con el desempeño de las funciones de los
cargos o de los compromisos pactados”; (ii) es necesaria porque “al contemplarse el
trabajo en casa de los funcionarios y contratistas del Estado en medio de la pandemia, las
autoridades no tienen otra opción que cumplir con sus obligaciones consecuentes, como lo es
garantizar la remuneración por los servicios prestados y asegurar la estabilidad en el empleo” ;
(iii) es proporcional ya que le pago de “…honorarios está justificado en el cumplimiento
de las funciones y compromisos mediante el trabajo en casa por parte de los … contratistas,
así como en la posibilidad de disponer que [estos] queden obligados a cumplir con los
acuerdos pactados una vez se supere la emergencia sanitaria”; y (iv) no suponía la
existencia de discriminación alguna.

Por último, vale anotar que las sentencias proferidas por la Corte Constitucional
sobre los actos sujetos a su control, dentro de los que se encuentran, entre otros,
los decretos legislativos que dicte el Gobierno Nacional con fundamento en los
artículos 212, 213 y 215 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro, a
menos que esa Corporación resuelva lo contrario (Ley 270 de 1996, artículo 45). De
ahí, entonces, que la sentencia C-242 de 2020 tenga efectos a futuro, pues en ella
no se adoptó una determinación diferente.

disposiciones, garantiza la continuidad de la actividad estatal a través del uso de las tecnologías, por lo que
no se vislumbra una explicación válida y razonable que justifique el cese temporal de estos pagos”.
27 Esto, porque “al suspenderse los términos de la atención de prestaciones sociales, las sanciones moratorias
estipuladas en el derecho positivo no se configurarán y, por tanto, ante la inexistencia de otra disposición
que ordene actualizar el valor del dinero, los administrados se verán afectados en su derecho a mantener el
valor adquisitivo de sus acreencias”.

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4.2.2. Verificación de la competencia para la expedición del acto

El acto fue expedido por el servidor competente en la Corporación Autónoma
Regional para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico -CDA-,
como lo fue la Directora General.

Aun cuando las Corporaciones Autónomas Regionales cuentan con tres órganos de
dirección -Asamblea Corporativa, el Consejo Directivo y el Director General- lo cierto
es que el representante legal y primera autoridad ejecutiva es el Director General
(L. 99 de 1993, art. 28), a quien le corresponde, entre otras, funciones “dirigir, coordinar
y controlar las actividades de la entidad y ejercer su representación legal” (L. 99 de 1993,
artículo. 29, numeral 128).

En esas condiciones, la Directora General de la CDA era la competente, como
primera autoridad ejecutiva y en cumplimiento de su función de dirección, para dictar
la Resolución Nro. 167 del 26 de junio de 2020, pues en tal acto se adoptaron
medidas necesarias para el funcionamiento de la entidad con ocasión del COVID-
19 en concordancia con las habilitaciones establecidas para el efecto por el Decreto
Legislativo 491, cuyas previsiones eran aplicables a las Corporaciones Autónomas
Regionales al tratarse de entes autónomos cobijados bajo la acepción de
“autoridades” utilizada por el legislador extraordinario (artículo 1° Decreto 491).

De ahí, entonces, que la competencia para la expedición del acto controlado se
sustentara tanto en la función ordinaria de dirección de la entidad como en las
habilitaciones que el legislador extraordinario otorgó, entre otras, en materia de (i)
suspensión y reanudación de la prestación presencial del servicio, así como
prestación virtual del mismo, (ii) notificaciones y/o comunicaciones de actos
administrativos a través de medios electrónicos, (iii) ampliación de términos para la
resolución de peticiones, (iv) ampliación de la vigencia de permisos, autorizaciones,
certificados y licencias, y (v) continuación de los objetos de contratos de prestación
de servicios profesionales durante el período del aislamiento preventivo obligatorio.

No se trataba, pues, del simple ejercicio de competencias ordinarias, puesto que las
mismas no habilitaban a la Directora General de la CAR para la realización de las
actividades mencionadas. Prueba de eso es que se requirió de la expedición de un
Decreto Legislativo para consagrar tal habilitación: el Decreto 491 de 2020.

Se cumplen, entonces, los dos componentes que atañen a la competencia: el
material u objetivo, que tiene que ver con las funciones asignadas por la ley a un
órgano de la administración (en este caso la autorización mencionada a las
“autoridades”, concepto del que hacen parte las corporaciones autónomas
regionales), y el componente subjetivo, que concierne a la persona natural que
asume como servidor público (la directora general de la CDA).

4.2.3. Verificación de los motivos del acto

Para lo que aquí interesa, los motivos que dieron lugar a la expedición del acto
controlado se relacionaron con (i) la declaratoria del Estado de emergencia
económica, social y ecológica, (ii) la declaratoria de emergencia sanitaria por parte
del Ministerio de Salud y de Protección Social, (iii) la adopción de medidas como el

28
Competencia reiterada en el numeral 1 del artículo 54 de los estatutos de la CARDER (Acuerdo Nro. 005
del 26 de febrero de 2010).

25
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aislamiento preventivo obligatorio, (iv) la expedición del Decreto 491 de 2020, por
medio del que se adoptaron medidas de urgencia dirigidas, entre otras, a mitigar la
afectación de la prestación del servicio a cargo de las diferentes autoridades
públicas en atención a las medidas sanitarias de distanciamiento social y de
aislamiento obligatorio dispuestas para la prevención, manejo y control del COVID-
19; y (v) la necesidad de proteger a los trabajadores, contratistas y usuarios de la
entidad en un contexto de reapertura gradual.

Esos motivos son reales. Primero, porque a través de los decretos 417 del 17 de
marzo, y 637 del 6 de mayo, ambos de 2020, se declaró, en dos oportunidades, en
todo el territorio nacional, por el término de 30 días calendario cada una, el Estado
de Emergencia Económica, Social y Ecológica con ocasión del COVID-19 y sus
efectos adversos en diferentes sectores, con el fin de adoptar medidas
extraordinarias que permitieran conjurar los efectos de la crisis.

Segundo, porque la declaratoria de emergencia sanitaria tuvo lugar mediante la
Resolución Nro. 385 del 12 de abril de 2020 y su vigencia fue prorrogada, para lo
que aquí interesa, hasta el 31 de agosto de 2020 por la Resolución Nro. 844 del 26
de mayo de la misma anualidad.

Tercero, porque el aislamiento preventivo obligatorio se registró desde el 24 de
marzo hasta el 30 de agosto de 2020, de conformidad con los Decretos Ordinarios
No. 457 del 22 de marzo, 531 del 8 de abril, 593 del 24 de abril, 636 del 6 de mayo,
689 del 22 de mayo, 749 del 28 de mayo, 878 del 25 de junio, 990 del 9 de julio, y
1076 del 28 de julio.

Finalmente, es claro, como lo manifestó la Corte Constitucional en la sentencia C-
205 de 2020, que “las repercusiones económicas y sociales producidas con ocasión del COVID-
19 han llevado a que a nivel mundial distintos países se vean precisados a disponer gradualmente
la apertura de ciertos sectores económicos de la sociedad, previniendo la expansión del virus”.

Así, ante la reactivación de esos sectores o la continuación de los servicios en los
mismos se hacía necesaria la protección del trabajador, con el fin de garantizar su
vida, salud e integridad personal.

Por eso, precisamente, la OIT con el fin de “reducir en todo lo posible los efectos directos
del coronavirus, en consonancia con las recomendaciones y directivas de la OMS, [hizo hincapié,
entre otras, en la] mejora de las medidas de SST, en particular el distanciamiento social, el suministro
de equipos de protección (especialmente para los trabajadores sanitarios y afines, voluntarios y otras
personas que estén en contacto permanente con la población), los procedimientos de higiene los
métodos de organización del trabajo (con apoyo de campañas de información y aumento de la
concientización) 29”.

Ello se confirma al considerar, como lo hizo la Corte Constitucional en la sentencia
C-205 de 2020, que “la adopción de los protocolos de bioseguridad persigue la efectividad del
principio de dignidad humana y del derecho al trabajo en condiciones justas y dignas. Estas
directrices sin lugar a duda constituyen medidas de protección al trabajador que, en criterio de la
Corte, respetando la autonomía de los individuos, pretenden materializar y fortalecer valores como
la vida, la salud y la integridad física”.

En este orden de ideas, esta Sala Especial de Decisión considera que se cumple
con el elemento de la motivación del acto. De una parte, porque en el acto objeto

29
OIT. El COVID-19 y el mundo del trabajo: Repercusiones y respuestas. Documento del 18 de marzo de
2020. Observatorio de la OIT. Documento aportado con los antecedentes del acto.

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de control se expusieron las razones que tuvo la entidad para dictarlo y, de otra,
porque las razones que lo sustentaron, como acaba de verse, no fueron falsas, sino
que obedecieron a motivos reales y existentes al momento de la expedición de la
resolución controlada.

4.2.4. Verificación de la finalidad

Los artículos 3, 4, 5, 6, 8, y 16 del Decreto 491 de 2020 que sirvieron de sustento
para la expedición del acto controlado se orientaron a la consecución de las
siguientes finalidades o propósitos:

• El artículo 3, que autorizó la suspensión presencial del servicio para prestarlo
en la modalidad de trabajo en casa, tuvo por fin garantizar la seguridad de los
servidores, contratistas y usuarios. Esto, considerando que las medidas
sanitarias no farmacológicas para la prevención, manejo y control del COVID-
19 consistieron, inicialmente, en el aislamiento preventivo obligatorio y en el
distanciamiento social30.

• El artículo 4, que autorizó la realización de notificaciones o comunicaciones
por medios electrónicos, se encaminó a asegurar la publicidad de las
decisiones de la administración, así como a garantizar el derecho al debido
proceso de los administrados, puesto que el acto de notificación permite, entre
otras cuestiones, definir si se hará uso de herramientas para la discusión o
debate de la determinación adoptada por la administración.

• El artículo 5, que amplió los términos para la atención de peticiones se orientó,
como lo señaló la Corte Constitucional, a “superar de forma racional las afectaciones
causadas al desarrollo de las distintas actividades a cargo de las autoridades debido a las
restricciones implementadas para enfrentar la pandemia originada por el coronavirus COVID-
19 y, en este sentido, cumplir con el mandato superior de prestar los servicios de forma
adecuada, continua y efectiva”.

• El artículo 6, que autorizó la suspensión de los términos de actuaciones
administrativas y/o jurisdiccionales en sede administrativa, se orientó a
garantizar la seguridad jurídica, el debido proceso de los ciudadanos, y los
derechos a la vida, salud e integridad personal de los usuarios de los servicios
a cargo del Estado al igual que de los servidores encargados de su prestación.
Esto, ante eventos de imposibilidad de la prestación de los servicios de manera
virtual o presencial31.

• El artículo 8, que prorrogó automáticamente el permiso, autorización,
certificado y licencia que se venciera durante el término de vigencia de la
emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social
30 Esto se confirma al tener presente que en el Decreto 491 de 2020 esa medida se justificó en la necesidad
de proteger la vida, salud e integridad personal de los servidores y los usuarios en un contexto en el que la
prestación del servicio podría realizarse, en determinadas condiciones, bajo las herramientas de las
tecnologías de la información y las comunicaciones.
31 Esta conclusión se impone al considerar que en el Decreto 491 se justificó la expedición del artículo en
comento en la necesidad de “tomar medidas para ampliar o suspender los términos cuando el servicio no
se pueda prestar de forma presencial o virtual, lo anterior, sin afectar derechos fundamentales ni servicios
públicos esenciales”; cuestión congruente con lo dispuesto en los Decretos 417 y 637 en los que sobre el
particular se señaló lo siguiente: “Que con el propósito de limitar las posibilidades de propagación del nuevo
virus Covid 19 y de proteger la salud del público en general y de los servidores públicos que los atienden,
se hace necesario expedir normas de orden legal que flexibilicen la obligación de atención personalizada al
usuario y se permita incluso la suspensión de términos legales en las actuaciones administrativas y
jurisdiccionales”.

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o dentro del mes siguiente, se orientó a la protección de la libertad económica
y de la iniciativa privada, pues supuso la no paralización de las actividades
reguladas.

• El artículo 16, sobre los contratistas de prestación de servicios profesionales,
propugnó por la protección de garantías propias del derecho al trabajo, como
lo son la remuneración y la estabilidad, lo que se lograba mediante la orden
de “asegurar la continuidad de … los contratos de prestación de servicios, incluso si ello
implica la flexibilización de las obligaciones relacionadas con el desempeño de las funciones
de los cargos o de los compromisos pactados”.

Esas finalidades no fueron desconocidas en el acto controlado, con excepción de
las precisiones que se efectuarán al momento de evaluar la adecuación con las
normas en que deberían fundarse y la proporcionalidad.

Nótese que la resolución objeto del medio de control de la referencia propugnó por
el cumplimiento de las medidas no farmacológicas de aislamiento preventivo
obligatorio y de distanciamiento social, razón por la que se procedió con la adopción
de determinaciones en materia de (i) trabajo en casa (impropiamente denominado
teletrabajo, como se verá mas adelante), (ii) suspensión de atención presencial y
limitación de acceso a las instalaciones de la entidad, (iii) notificaciones y/o
comunicaciones por medios electrónicos, (iv) uso de medios electrónicos para la
prestación del servicio (canales digitales de atención), y (v) medidas para garantizar
la continuidad del servicio a cargo de los contratistas de la entidad.

Eso se refuerza al considerar, también, que para la publicidad de lo decidido se
acudió a la publicación del acto en la página web (artículo 14); aspecto relevante ya
que correspondió al uso de una herramienta tecnológica que no requería la
presencia física para la divulgación de la información y que, en esa medida,
garantizó el cumplimiento de las medidas no farmacológicas de distanciamiento
social y de aislamiento obligatorio, vigentes para el momento de expedición del acto
controlado.

Siendo así, la Sala estima que en el ejercicio de la potestad reglamentaria por parte
de la CDA no se advierte una desviación de poder. Por ende, no se desconoció la
finalidad y objetivo asociado a las medidas establecidas por el legislador
extraordinario en los artículos 3, 4, 5, 6, 8 y 16 del Decreto 491 de 2020.

4.2.5. Verificación del objeto del acto

El análisis de los actos expedidos con ocasión del estado de excepción tiene un
marco normativo delimitado, pues debe confrontarse principalmente con la
Constitución, los normas sobre derechos humanos, la ley estatutaria sobre estados
de excepción -Ley 137 de 1994-, el decreto de declaratoria- Decretos Legislativos
417 y 637, ambos de 2020, los decretos legislativos que le sean afines y demás
normas concordantes a la materia.

La resolución controlada consideró el contenido del Decreto 491 de 2020, a más de
que la competencia se ejerció dentro de los límites establecidos por el legislador
extraordinario: la vigencia de las medidas no se estableció por términos superiores
al de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y de la Protección
Social o al del aislamiento preventivo obligatorio, según correspondiera en cada una
de ellas.

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Con todo, se observa que diversos apartados del acto controlado se expidieron en
ejercicio de lo establecido en el Decreto 465 del 23 de marzo de 2020, por lo que
es necesario proceder a establecer si los mismos se encuentran ajustados al
ordenamiento jurídico (numerales 4.2.5.1 a 4.2.5.3), en orden a lo cual se tendrá en
cuenta el pronunciamiento emitido por la Sala Especial de Decisión Nro. 10 32 a
través de la que examinó la legalidad de dicho decreto

Finalmente, en el numeral 4.5.2.4. se establecerá si lo previsto en el acto controlado
con relación a las visitas en el trámite de concesión de aguas se encuentra conforme
a las normas superiores, específicamente el Decreto 1076 de 2015.

4.2.5.1. Reducción de términos del procedimiento de concesiones de aguas
superficiales o subterráneas

En el numeral 2.1 del parágrafo del artículo 3° de la resolución controlada se dispuso
que “[l]os términos previstos para el trámite de las referidas concesiones [esto es, las de agua
superficial o subterráneas presentadas por los municipios o personas prestadoras de servicio público
domiciliario de acueducto] se reducirán en una tercera parte de los previstos”.

Esa previsión tiene su origen en el Decreto 465 de 2020, específicamente en el
artículo 3, el cual en su tenor literal dispone lo siguiente:

“ARTÍCULO 3. Adicionar el artículo 2.2.3.2.9.6 del Decreto 1076 de 2015, con el siguiente
parágrafo transitorio:

"PARÁGRAFO TRANSITORIO. Mientras se mantenga la declaratoria de la emergencia
sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, por parte del Ministerio de Salud y Protección
Social, los términos previstos para el trámite de las concesiones de agua superficiales a que
se refiere la presente Sección 9, se reducirán a una tercera parte."

La Sala Especial de Decisión Nro. 10 condicionó la legalidad de esa disposición en
el entendido de que “los términos previstos en el Decreto 1076 de 2015 para el trámite de
concesión de aguas, se entienden reducidos en una tercera parte, únicamente en la etapa del
procedimiento administrativo cuyo trámite compete a las autoridades ambientales, es decir, la etapa
final atinente a la expedición del acto administrativo que decide (a) la oposición u oposiciones si las
hubiere y (b) si es procedente o no, otorgar la concesión solicitada, la cual ya no será de 15 días sino
de 5 días, mientras se mantenga la vigencia de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio
de Salud y Protección Social”

Lo anterior, de una parte, porque la reducción de los términos en todas las etapas
del procedimiento podía afectar los derechos de defensa y contradicción probatoria,
ya que “la medida analizada no determina de forma clara, concreta y precisa, de qué manera se
simplifica cada etapa del procedimiento en particular, las cuales, tienen como propósito brindar a los
particulares con interés legítimo, la oportunidad de hacer valer sus garantías fundamentales al debido
proceso dentro del procedimiento administrativo establecido para dar curso a las solicitudes de
concesión de aguas, especialmente los que tiene que ver con la publicación del aviso y el periodo
probatorio, de manera que se genera incertidumbre sobre la oportunidad procesal para el ejercicio
de los derechos de los posibles intervinientes”.

Y, de otra, porque “si bien, la reducción sustancial en el plazo señalado puede afectar el análisis
científico que se debe realizar para decidir de fondo sobre el otorgamiento de autorizaciones de
naturaleza ambiental, …, corresponde a las Autoridades Ambientales competentes tomar las
medidas necesarias para garantizar que el trámite en cuestión sea decidido con observancia de los

32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión Nro. 10, M.P.: Sandra
Lisset Ibarra Vélez, sentencia del 13 de agosto de 2020, exp.: 11001-03-15-000-2020-01058-00.

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parámetros legales y técnicos exigidos por el ordenamiento jurídico y garantizar así, el cumplimiento
de los deberes del Estado en cuanto a la conservación y protección del medio ambiente, y la
intervención en la exploración y explotación de recursos naturales, en desarrollo del principio de
desarrollo sostenible”.

Luego, para que el acto controlado resulte conforme a las normas superiores en las
que debería fundarse se requiere que la reducción de términos para el trámite de
las concesiones de aguas sea condicionada. Esto, bajo el entendido de que dicha
reducción sólo se refiere a la etapa del procedimiento cuyo trámite compete a las
autoridades ambientales, es decir, la etapa final atinente a la expedición del acto
administrativo que decide (i) la oposición u oposiciones si las hubiere y (ii) si es
procedente o no, otorgar la concesión solicitada, la cual ya no será de 15 días sino
de 5 días, mientras se mantenga la vigencia de la emergencia sanitaria declarada
por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Igual decisión adoptó la Sala Especial de Decisión Nro. 1633 al pronunciarse sobre
una disposición similar a la examinada en este aparte.

4.2.5.2. Prórroga automática de concesiones

En los numerales 7 y 8 del parágrafo del artículo 3° de la resolución examinada se
dispuso la prórroga automática -únicamente por el tiempo de duración de la
emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social- de
las concesiones de agua próximas a vencerse o que se vencieran dentro de la
declaratoria de emergencia sanitaria. Adicionalmente, se previó la necesidad de
solicitar la concesión en aquellos eventos en los que la misma se hubiere vencido.

Esas determinaciones reiteraron lo establecido en el artículo 2 del Decreto 465 de
2020, según el cual:

“ARTÍCULO 2. Adicionar el artículo 2.2.3.2.8.4 del Decreto 1076 de 2015, con el siguiente
parágrafo transitorio:

"PARÁGRAFO TRANSITORIO.Las concesiones de agua otorgadas a los prestadores de
servicios públicos domiciliarios de acueducto que estén próximas a vencerse, o que se venzan,
mientras se mantenga la declaratoria de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus
COVID-19, por parte del Ministerio de la Protección Social, se entenderán prorrogadas de
manera automática, y únicamente por el tiempo que dure la declaratoria de dicha emergencia.

Los prestadores de servicios públicos domiciliarios de acueducto, a quienes se les haya
vencido la concesión de agua, y estén interesados en hacer uso del recurso, mientras se
mantenga la declaratoria de la emergencia sanitaria en referencia, deberán solicitar la
respectiva concesión, la cual se tramitará conforme a lo dispuesto en la Sección 9 del presente
Capítulo".

La Sala Especial de Decisión Nro. 10 declaró la legalidad de ese artículo porque: (i)
era una medida eficaz para “evitar posibles interrupciones en el suministro del recurso hídrico,
[a más de que garantizaba] la prestación permanente del servicio para que la población pueda
atender las recomendaciones impartidas por las autoridades sanitarias y, de esa forma evitar la
propagación del COVID-19”; (ii) no afectaba derechos fundamentales “siempre y cuando, su
vigencia esté condicionada de manera estricta a los efectos de la emergencia sanitaria declarada
por el Ministerio de Salud y Protección Social, es decir, que una vez superada, se entiende concluida
la extensión extraordinaria de la autorización, y por tanto, los interesados deberán solicitar una nueva
concesión o prórroga, que se tramitará en virtud del procedimiento aplicable en tiempos de

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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión Nro. 16, M.P.: Nicolás
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normalidad previsto en el Decreto 1076 de 2015”; y (iii) no minó “los deberes constitucionales del
Estado de garantizar la conservación y el aprovechamiento planificado de recursos naturales, dado
que, la extensión excepcional del término inicial de determinadas concesiones de agua, garantiza
que el operador del servicio de acueducto beneficiado con esta medida cumpla con las exigencias
legales para el uso de aguas, por cuanto ya venía desarrollando esta actividad, y además, es sujeto
de la función de inspección, vigilancia y control de las Autoridades Ambientales”.

Esta Sala Especial de Decisión considera que el mismo razonamiento puede
efectuarse respecto de los numerales 7 y 8 del parágrafo del artículo 3° de la
resolución bajo examen.

4.2.5.3. Exploración excepcional de aguas subterráneas. Actividades de
prospección y exploración de dichas aguas

En los numerales 9 y 10 del parágrafo del artículo 3° del acto controlado se dispuso
la posibilidad de adelantar, sin permiso, las actividades de prospección y
exploración de aguas subterráneas destinadas a sistemas de acueductos urbanos
y/o rurales, siempre que se contara con información geoeléctrica del área de
influencia del proyecto y la misma se hubiere remitido a la autoridad ambiental.

Adicionalmente, se estableció que una vez realizada la prospección y exploración
era necesario solicitar la correspondiente concesión de aguas subterráneas.

Esas disposiciones reiteraron lo establecido en el artículo 4° del Decreto 465 de
2020, según el cual:

“ARTÍCULO 4. Adicionar el artículo 2.2.3.2.16.23 Transitorio a la Sección 16 del Capítulo 2
del Título 3. Parte 11 del Decreto 1076 de 2015, el cual quedara así:

"ARTÍCULO 2.2.3.2.16.23 Transitorio. Exploración excepcional de aguas subterráneas.
Mientras se mantenga la declaratoria de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus
COVID-19, por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, se podrán adelantar sin
permiso las actividades de prospección y exploración de las aguas subterráneas, siempre que
previamente se cuente con la información geoeléctrica del área de influencia del proyecto, así
como el registro y aval de la autoridad ambiental competente del sitio a perforar, para su
respectivo control y seguimiento.

Realizada la prospección y exploración requeridas, se deberá solicitar a la autoridad ambiental
competente la correspondiente concesión de aguas subterráneas.

PARÁGRAFO 1. Los términos previstos para el trámite de estas concesiones se reducirán a
una tercera parte.

PARÁGRAFO 2. El beneficiario debe asegurar que se cumplan con las características y
criterios de la calidad del agua para consumo humano señalados en el ordenamiento jurídico."

Ese artículo fue anulado por la Sala Especial de Decisión Nro. 10 porque “al eliminar
los permisos de las autoridades ambientales para la realización de las actividades de prospección y
exploración de aguas subterráneas, a cambio de un simple aval de dichas entidades, sustentado en
los informes geoléctricos, se lesiona el derecho fundamental de toda la población a un medio
ambiente sano, y se limitan las potestades y deberes del Estado en materia de control y vigilancia
del uso planificado de los recursos naturales, fundamentalmente porque los denominados estudios
geoléctricos no comprenden la totalidad de estudios y documentos científicos y legales que se exigen
en tiempos de normalidad para que la autoridad ambiental conceda los respectivos permisos”.

En consecuencia, dicha Sala Especial de Decisión dispuso que los efectos de la
anulación serían ex tunc, por lo que “las obras de perforación para prospección y exploración
de aguas subterráneas que se encuentren en curso sin los debidos permisos de las autoridades

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ambientales, señalados en el Decreto 1076 de 2015, deberán ser suspendidas de manera inmediata,
hasta que los interesados obtengan el permiso correspondiente, con el fin evitar posibles
afectaciones al medio ambiente, de acuerdo con los artículos 79 y 80 superiores”.

Siendo así las cosas, el acto analizado perdió, en lo pertinente, fuerza ejecutoria,
pues desapareció el sustento normativo que lo fundamentó (artículo 91 del
C.P.A.C.A., numeral 2). Sin embargo, es claro que antes de la declaratoria de
nulidad mencionada la norma de la corporación autónoma regional produjo unos
efectos, por lo que es procedente su examen de legalidad como se ha establecido
jurisprudencialmente.

Para esta Sala Especial de Decisión lo dispuesto en el acto analizado implicó la
suspensión, temporal, de las exigencias establecidas en el Decreto 1076 de 2015
para el adelantamiento de las actividades de prospección y exploración de aguas
subterráneas: so pretexto del aval de la autoridad ambiental se dejó de exigir el
permiso concedido por dicha entidad (artículo 2.2.23.2.16.4 del Decreto 107634), así
como el informe que debía rendir el permisionario (artículo 2.2.23.2.16.10 del mismo
decreto).

Esa modificación temporal no resultaba conforme a derecho. Primero, porque el aval
de la autoridad competente con base en el informe geoeléctrico no aportaba la
información requerida para adelantar el procedimiento correspondiente. Esto,
porque, como lo estableció la Sala Especial de Decisión Nro. 10, “los denominados
estudios geoeléctricos no comprenden la totalidad de estudios y documentos científicos y legales
que se exigen en tiempos de normalidad para que la autoridad ambiental conceda los respectivos
permisos”.

Segundo, porque esa disminución de la información requerida afectaba los controles
para el uso planificado de los recursos naturales: se dejarían de valorar elementos
relevantes para el desarrollo de la actividad (v.gr., ubicación, extensión, propiedad,
posesión o tenencia del predio a perforar, la existencia y representación legal de la
empresa perforadora, personería jurídica e identificación del interesado, los equipos
a usarse, sistemas de perforación, planes de trabajo, otros aprovechamientos de
aguas subterráneas en el área).

Un razonamiento semejante expuso la Sala Especial de Decisión Nro. 16 35 al
examinar la legalidad de una disposición semejante. Para lo que aquí interesa, esa
Sala Especial de Decisión señaló lo siguiente:

“Pues bien, advertido lo anterior, es claro que una medida como la prevista en el artículo 8 de
la Resolución sub judice suspende de manera transitoria la exigencia de adelantar el
procedimiento ambiental previsto en el Decreto 1076 de 2015 36, para el adelantamiento de las
actividades de prospección y exploración de aguas subterráneas.

En ese sentido, pese a que ley contempla un procedimiento estricto para la obtención de esta
clase de permisos, la medida objeto de análisis elimina ese control y permite que la mera
presentación de un concepto técnico sustituya la labor que deben adelantar las autoridades
ambientales, el cual, como lo advirtió la Sala Especial de Decisión No. 10 del Consejo de
Estado, no comprende “la totalidad de estudios y documentos científicos y legales que se

34 ARTÍCULO 2.2.3.2.16.4. Aguas subterráneas, Exploración. Permiso. La prospección y exploración que
incluye perforaciones de prueba en busca de aguas subterráneas con miras a su posterior aprovechamiento,
tanto en terrenos de propiedad privada como en baldíos, requiere permiso de la Autoridad Ambiental
competente.
35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión Nro. 16, M.P.: Nicolás
Yepes Corrales, sentencia del 15 de enero de 2021, exp.: 11001-03-15-000-2020-01154-00.
36 Nota original: Artículos 2.2.3.2.16.4.y siguientes del Decreto 1076 de 2015.

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exigen en tiempos de normalidad para que la autoridad ambiental conceda los respectivos
permisos.”

Para la Sala, esta circunstancia comporta una grave afectación del derecho de todas las
personas a gozar de un ambiente sano37 y termina por hacer temporalmente nugatorios los
controles respecto del uso planificado de los recursos naturales, en cuanto se relaciona con
las aguas subterráneas, lo cual no se justifica por el hecho de que existan condiciones de
anormalidad y excepción.

En efecto, por expreso mandato constitucional, el Estado tiene el deber de ejercer controles
estrictos en materia de protección del medio ambiente y aprovechamiento de los recursos
naturaleza38, lo cual se logra a través de la labor que desarrollan las Corporaciones
Autónomas, como es el caso de CORPOBOYACÁ. En ese sentido, avalar el desarrollo de una
actividad como la prospección y exploración de aguas subterráneas sin que se realice ninguna
gestión del Estado para asegurar que con ella no se termine afectando este recurso, contraría
los claros mandatos constitucionales en materia ambiental y terminan sacrificando por
completo los derechos fundamentales y colectivos relacionados con la protección del medio
ambiente.”

Siendo así las cosas, se declarará la nulidad de los numerales 9 y 10 del parágrafo
del artículo 3° del acto controlado. Y, siguiendo la línea de decisión fijada por la Sala
Especial de Decisión N° 10 para el Decreto 465 de 2020, la anulación tendrá efectos
“ex tunc”, de manera que las obras de perforación para prospección y exploración
de aguas subterráneas que se encuentren en curso en el área de influencia de la
CDA y sin los debidos permisos de las autoridades ambientales, deberán ser
suspendidas de manera inmediata, hasta que los interesados obtengan el permiso
correspondiente.

4.2.5.4. Visitas en el trámite de concesión de aguas

En los numerales 2 y 2.2. del parágrafo del artículo 3 se previó (i) la posibilidad de
realizar, en caso de que fuesen necesarias, visitas en los trámites de concesiones
de agua superficial o subterránea adelantados por los municipios, o personas
prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto, y (ii) la posibilidad de
decidir “con información actualizada de oferta y demanda del cuerpo de agua respecto del cual se
solicita la concesión…, caso en el cual no se realizaría visita técnica”.

Adicionalmente, en el numeral 5 del mismo parágrafo se reiteró el hecho de que las
visitas dentro del trámites de concesión de aguas pudieran ser facultativas.

El procedimiento para otorgar concesiones de aguas se encuentra regulado en los
artículos 2.2.3.2.9.1. a 2.2.3.2.9.13. del Decreto 1076 de 2015; normas en las que
se establece la existencia de visita ocular con el fin de verificar, por lo menos, los
siguientes aspectos:

a) Aforos de la fuente de origen, salvo, si la Autoridad Ambiental competente conoce
suficientemente su régimen hidrológico;
b) Si existen poblaciones que se sirven de las mismas aguas para los menesteres
domésticos de sus habitantes o para otros fines que puedan afectarse con el
aprovechamiento que se solicita;
c) Si existen derivaciones para riego, plantas eléctricas, empresas industriales u otros usos
que igualmente puedan resultar afectados;

37 Nota original: Artículo 79 de la Constitución.
38
Nota original: El inciso segundo del artículo 79 Superior establece: “Es deber del Estado proteger la
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la
educación para el logro de estos fines.”

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d) Si las obras proyectadas van a ocupar terrenos que no sean del mismo dueño del predio
que se beneficiará con las aguas, las razones técnicas para esta ocupación;
e) Lugar y forma de restitución de sobrantes;
f) Si los sobrantes no se pueden restituir al cauce de origen, las causas que impidan hacer
tal restitución;
g) La información suministrada por el interesado en su solicitud; y
h) Los demás que en cada caso la Autoridad Ambiental competente estime conveniente.

Adicionalmente, dentro de ese procedimiento, la visita ocular se constituye en un
hito que define el momento en el que la oposición a la concesión puede tener lugar.
Téngase en cuenta que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.9.7 del
Decreto 1076, las personas que tengan derecho o interés legítimo pueden oponerse
a la concesión antes o durante la visita ocular.

En esas condiciones, la visita ocular es obligatoria dentro del trámite de concesiones
de aguas, no solo por la relevancia de los elementos que en ella se verifican, sino,
también, porque define la oportunidad en la que puede presentarse la oposición, en
caso de que exista.

Considera esta Sala Especial de Decisión que la autonomía de las corporaciones
autónomas regionales no les permite establecer cuáles partes del ordenamiento
jurídico deben agotarse, pues su autonomía está sujeta a la regulación general
dictada en el orden nacional.

El mismo razonamiento expuso la Sala Especial de Decisión Nro. 1639 al resolver
una temática similar. Sobre el particular se manifestó:

“Ahora bien, en cuanto al parágrafo segundo del artículo 2° de la resolución analizada, el
cual dispone que “[l]as concesiones aquí referidas podrán ser decididas con información
actualizada de oferta y demanda del cuerpo de agua respecto del cual se solicita la concesión
para la prestación esencial del servicio de acueducto, caso en el cual no se realizaría visita
técnica”, la Sala encuentra que el tema de los requisitos que deben agotarse para otorgar las
concesiones de aguas se encuentra regulado en las normas reglamentarias que se refieren a
esta materia.
Así, el artículo 2.2.3.2.9.5 del Decreto 1076 de 2015 señala que la visita es una etapa de
obligatorio cumplimiento dentro del procedimiento para obtener la concesión de aguas, ya que
en ella no solo deben hacerse verificaciones de tipo técnico, sino que, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 2.2.3.2.9.7, las personas interesadas tienen esa oportunidad para
presentar su oposición a la solicitud 40.
De esta manera, resulta claro que la autonomía de las Corporaciones Autónomas no puede
llevar a la consideración de que ellas tienen la facultad de decidir a su arbitrio qué partes del
procedimiento deberán ser agotadas y cuáles no, o de sustituir los requisitos normativamente
establecidos.
En consecuencia, en tanto la visita técnica es una exigencia que no puede ser desconocida y
constituye una etapa transcendental dentro del procedimiento administrativo ambiental, se
decretará la nulidad del parágrafo 2° del artículo 2° de la resolución bajo examen, con la
advertencia de que la validez de aquellos trámites que se hayan decidido bajo la vigencia de
esta disposición estará sujeta a que la entidad programe y efectivamente realice la respectiva
visita técnica.”

39
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión Nro. 16, M.P.: Nicolás
Yepes Corrales, sentencia del 15 de enero de 2021, exp.: 11001-03-15-000-2020-01154-00.
40
Nota original: Artículo 2.2.3.2.9.7.: Toda persona que tenga derecho o interés legítimo, puede oponerse a
que se otorgue la concesión. La oposición se hará valer ante la Autoridad Ambiental competente antes
de la visita ocular o durante esta diligencia (…)” (Se resalta).

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Por tal razón, (i) se decretará la nulidad de las expresiones “las que se necesiten para
dar trámite a” y “en el evento de que sea necesaria su realización” , contenidas en el numeral
2 del parágrafo del artículo 3° de la Resolución Nro. 167, (ii) se anulará el numeral
2.2. del parágrafo del mismo artículo, y (iii) se decretará la nulidad de la expresión
“y en el evento que sea necesario realizar” contenida en el numeral 5 del parágrafo del
artículo 3° del acto controlado.

Lo anterior, con la advertencia de que la validez de aquellos trámites que se hayan
decidido bajo la vigencia de estas disposiciones estará sujeta a que la entidad
programe y efectivamente realice la respectiva visita técnica.

4.2.6. Verificación de la conexidad

Tal como se anotó, en el acto controlado se adoptaron las siguientes medidas, las
cuales se relacionan directamente con diversas previsiones del Decreto Legislativo
491 de 2020. En efecto en la Resolución Nro. 167 se reguló:

• El levantamiento de la suspensión de términos procesales en diferentes
trámites (artículo 1°), medida adoptada en desarrollo de lo dispuesto en el
artículo 6 del Decreto 491.
• La suspensión de la atención presencial al público (artículos 2° y 6°), así como
los canales de comunicación (telefónica y digital) para la atención de los
ciudadanos (artículos 3° y 4°) y el impropiamente denominado como
teletrabajo (artículo 5°). Medidas todas estas adoptadas en desarrollo de lo
dispuesto en el artículo 3 del Decreto 491.
• La fijación de términos para la atención de las peticiones formuladas a la
entidad (artículo 9°), así como la notificación de actos administrativos a través
de medios electrónicos (artículos 3° -numeral 4 del parágrafo- y 9° -literal c-),
de acuerdo con lo previsto en los artículos 4 y 5 del Decreto 491.
• La disposición de prórroga automática de permiso, concesión o autorización
que venciera durante el término de duración de la emergencia sanitaria
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social (artículo 3° -parágrafo,
numerales 11 y 12), de conformidad con lo previsto en el artículo 8 del Decreto
491.
• El establecimiento de reglas para la prestación del servicio por parte de los
contratistas de prestación de servicio de la entidad (artículo 10), según lo
dispuesto por el artículo 16 del Decreto 491.

Por último, las medidas guardan relación con los Decretos 417 y 637, ambos de
2020, que declararon la emergencia económica, social y ecológica, pues se
orientaron (i) al manejo de una de las causas que dieron origen a su expedición,
esto es, el tratamiento del factor de transmisión del virus con miras a su reducción,
a fin de proteger la vida, salud e integridad personales de los trabajadores del sector
regulado, y (ii) a la mitigación de los efectos negativos del virus respecto de la vida
y la salud, al igual que en la economía mediante la contribución a la reactivación
económica.

Siendo así las cosas, existió una correlación directa entre lo previsto por el legislador
extraordinario y lo establecido en el acto controlado en esta sede judicial.

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4.2.7. Verificación de la proporcionalidad de las medidas tomadas en el acto

En este apartado se abordará el análisis de proporcionalidad de las medidas
adoptadas en la Resolución Nro. 167 del 26 de junio de 2020.

Reanudación de términos procesales

En el artículo 1° del acto controlado se dispuso la reanudación de términos
procesales en procesos administrativos ambientales, sancionatorios ambientales,
jurisdicción coactiva, disciplinarios y demás actuaciones administrativas en trámite
y que requirieran el cómputo de términos.

Para esta Sala Especial de Decisión tal medida es proporcional y razonable.

Primero, porque se orientó a la satisfacción de una finalidad legítima como lo fue
garantizar la continuidad de la prestación del servicio a cargo de la CDA, sin
desconocer el deber de aseguramiento de la vida, salud e integridad personal de
los servidores de la entidad y de los usuarios de esta.

Segundo, porque se trataba de una previsión necesaria. En efecto, la reanudación
de términos se requería para garantizar la continuidad de la prestación de los
servicios, más cuando se trataba de trámites para los cuales se dispuso el uso de
medios electrónicos.

Ello cobra relevancia al considerar que desde el Decreto 417, aspecto reiterado en
el Decreto 491, se señaló la necesidad de acudir a medidas o herramientas de las
tecnologías de la información y las comunicaciones como elementos para asegurar
la continuidad del servicio y el acatamiento de las medidas sanitarias de contención
de la transmisión del virus -aislamiento preventivo obligatorio y distanciamiento
social-.

Tercero, porque la reanudación de términos suspendidos no afectó ni desconoció
principios o prerrogativas constitucionales. Por el contrario, garantizó los derechos
a la vida y salud de los intervinientes en esas actuaciones administrativas, a más de
que protegió las garantías procesales de los ciudadanos que actuaban en esos
trámites.

Suspensión de la atención presencial al público

En el artículo 2° de la resolución examinada se dispuso la suspensión de la atención
presencial al público salvo (i) cuando para la continuación del trámite administrativo
resultara necesaria la comparecencia personal del usuario (parágrafo 1°); (ii) en los
municipios de Mitú y San José del Guaviare, sedes en las que podría prestarse
atención presencial cuando las necesidades del servicio lo requirieran bajo el
cumplimiento de protocolos de seguridad y en horario flexible (parágrafo 2°); y (iii)
en caso de revisión física de expedientes por parte del usuario o su apoderado,
previa cita y siempre dando cumplimiento al protocolo de seguridad correspondiente
(parágrafo tercero).

La medida de suspensión de atención al público es proporcional. De una parte,
porque ante la ausencia de medidas farmacológicas eficaces para contrarrestar los
efectos nocivos de la enfermedad, resultaba pertinente la suspensión de la atención
presencial, con el propósito de dar cumplimiento a las recomendaciones de

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aislamiento social emanadas de las autoridades sanitarias del país y de la
Organización Mundial de la Salud -OMS-, así como para dar cumplimiento a la
medida de aislamiento preventivo obligatorio que se encontraba vigente para la
fecha de expedición del acto (Decreto Ordinario Nro. 749 de 2020, que dispuso el
aislamiento hasta el 1° de julio de la misma anualidad).

De otra parte, porque se trató de una medida proporcional a la gravedad de los
hechos que dieron lugar a su expedición, por cuanto no suspendió ni desconoció
principios o prerrogativas constitucionales; por el contrario, se orientó a garantizar
los derechos a la vida y salud.

Súmese, que dado su carácter transitorio, no afectaba sustancialmente las
actividades de la corporación, a más de que era apta para mitigar las causas que
dieron origen al estado de excepción, lo que adquiere relevancia al tener presente
que la medida no recayó sobre materias prohibidas, esto es, sobre actividades
estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria
causada por el COVID-19, o servicios indispensables del Estado.

Esta Sala Especial de Decisión estima que las excepciones establecidas en los
parágrafos 1° a 3° del artículo examinado también son proporcionales. Veamos:

• La del parágrafo 1°, porque la decisión no es arbitraria, ya que recae,
únicamente, sobre aquellas actuaciones en las “que resulte necesaria la
comparecencia del usuario”, lo que supone la existencia de un análisis objetivo en
el que se valore la necesidad de la presencia física a la luz del procedimiento
correspondiente y sin perder de vista las condiciones de transmisión del virus
y las medidas dispuestas para su adecuada contención y manejo.

Además, la citación en un horario específico permitía al usuario y a la
administración la adecuación de sus conductas, al igual que de los espacios
correspondientes para garantizar la protección de los intervinientes. Prueba de eso,
es que dichos sujetos debían cumplir con los protocolos de bioseguridad aplicables.

• La del parágrafo 2°, porque se trata de una autorización que, como tal, requiere
del análisis de las circunstancias de tiempo, modo y lugar y demás aspectos
pertinentes, de forma que la eventual decisión no fuere arbitraria. Nótese que
estaba supeditada a que “las necesidades del servicio así lo requieran”.

Adicionalmente, las pautas establecidas para el cumplimiento de la eventual
prestación del servicio permitían salvaguardar la vida, salud e integridad
personal de los servidores y usuarios de la CDA, al tiempo que propendían por
el cumplimiento de medidas como el distanciamiento físico al considerarse la
flexibilidad horaria.

• La del parágrafo 3°, porque estableció un medio apto para la concesión y
otorgamiento de la cita -mecanismo idóneo, además, para minimizar el riesgo
de transmisión de COVID-19-, el cual, por demás materializaba el derecho de
defensa y contradicción del interviniente en la actuación correspondiente.

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También, porque, como se advirtió en el parágrafo primero, se debían cumplir
las medidas de bioseguridad respectivas, lo que redundó en la protección de
la salud, vida e integridad personal de los servidores y usuarios de la entidad.

Establecimiento de trámites virtuales y presenciales

En el artículo 3° se establecieron los medios para el adelantamiento de trámites a
cargo de la CDA; medida que se estima proporcional pues se orientó a garantizar la
continuidad de la prestación del servicio y a proteger la vida, salud e integridad de
los servidores, contratistas y usuarios de la corporación, no solo por la utilización de
un mecanismo inmaterializado, sino por el acatamiento del protocolo de
bioseguridad respectivo -en caso de requerirse la presencia física de alguno de los
intervinientes en el trámite correspondiente-.

Ahora bien, en ese artículo también se establecieron diferentes reglas respecto de
los trámites a cargo de la entidad, por lo que la Sala procede a pronunciarse sobre
ellas:

• En el numeral 1° se previó la posibilidad de realización de visitas tratándose
de situaciones urgentes o que debían ser atendidas de manera prioritaria (de
acuerdo con su gravedad e intensidad).

La medida es proporcional porque se orientó a la protección del medio
ambiente, mediante la verificación física de la magnitud del hecho para así
establecer las medidas procedentes y tendientes a la mitigación y/o contención
de sus efectos dañosos sobre el recurso natural. Téngase en cuenta, además,
que la verificación virtual o inmaterializada no permitiría la protección eficaz y
eficiente del recuso comprometido, por lo que la presencialidad en tales
eventos se revelaba como necesaria.

En todo caso, esa atención presencial requería el cumplimiento de los
protocolos de seguridad aplicables y el suministro de los elementos de
protección requeridos, por lo que se propendía por la protección del personal
que debía intervenir en el manejo de la situación.

• En el numeral 3° se dispuso el medio virtual (correo electrónico) en el que se
recibirían las solicitudes de concesiones de aguas, así como los
requerimientos, peticiones, reclamos, y recursos relacionados con la
administración del recurso hídrico.

Esa determinación es proporcional, pues se orientó a garantizar la continuidad
de la prestación del servicio sin comprometer la vida, salud e integridad de los
intervinientes en el trámite respectivo. Adicionalmente, el límite temporal
establecido respetó lo dispuesto en el artículo que se desarrolla (artículo 3 del
Decreto 491), lo que significa que la competencia no solo fue ejercida en los
términos de la habilitación, sino que se trató de una medida temporal, no
definitiva, para la superación de la situación anómala.

• En el numeral 4° se previó la posibilidad de notificar o comunicar actos
administrativos por medios electrónicos.

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Esa medida es proporcional, porque la herramienta dispuesta para el efecto -
correo electrónico- permitía conocer el contenido de las decisiones que se
notificaban o comunicaban sin requerir la presencia física de los sujetos
destinatarios de la actuación, ni de los servidores que llevaban a cabo esos
actos de enteramiento.

De esa manera, los administrados podían conocer las razones o motivos que
sustentaban las diferentes decisiones y adoptar las determinaciones que
estimaran pertinentes y procedentes de acuerdo con las posiciones jurídicas
que adoptaran.

Esa medida desarrolló el artículo 4° del Decreto 491 de 2020, el cual, como se
expuso, fue declarado exequible condicionalmente con el fin de que no se
convirtiera en limitante para quienes no contaran con herramientas
tecnológicas, por lo que debía permitirse el uso de medios alternativos. Por lo
cual, “ante la imposibilidad manifiesta de una persona de suministrar una dirección de correo
electrónico, [ella] podrá indicar un medio alternativo para facilitar la notificación o comunicación
de los actos administrativos, por ejemplo, a través de una llamada telefónica, el envío de un
mensaje de texto o de voz al celular o un aviso por una estación de radio comunitaria”.

Es por ello, que la legalidad de la medida debe estar sujeta a la anterior
condición, de modo que no puede exigirse un correo electrónico si el usuario
no cuenta con ello y, en su lugar, brinda otro medio que permita la notificación.

• En el numeral 5 se estableció que, en caso de requerirse visita en el trámite
de la solicitud de concesión de aguas, la misma debía ser atendida por un
representante de los solicitantes, quien debía tener pleno conocimiento del
punto de captación y de la operación del sistema.

A renglón seguido, el numeral 6 dispuso que tanto servidores como
contratistas de la entidad debían dar cumplimiento al protocolo de seguridad
implementado por la entidad.

Con excepción de lo señalado respecto de la imposibilidad de que la CDA
estableciera el carácter facultativo de la visita ocular en el procedimiento para
la concesión de aguas, la Sala Especial de decisión estima que las demás
determinaciones de los numerales en comento -5 y 6- son proporcionales.

Lo anterior, porque se orientaron al cumplimiento de las medidas no
farmacológicas de distanciamiento social y aislamiento preventivo, al tiempo
que garantizaban la prestación del servicio a cargo de la corporación en
condiciones que propendían por la mitigación del riesgo de transmisión del
virus.

• En los numerales 7 y 8 se reiteró lo establecido en el artículo 2° del Decreto
465 de 2020, norma que, como se anotó, fue declarada ajustada al
ordenamiento jurídico por el Consejo de Estado, bajo la consideración de que
es una medida “eficaz para evitar posibles interrupciones en el suministro del recurso
hídrico, y garantiza la prestación permanente del servicio para que la población pueda atender
las recomendaciones impartidas por las autoridades sanitarias y, de esa forma evitar la
propagación del COVID-19, lo cual, sin lugar a duda, contribuye a superar el Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Gobierno Nacional a través del
Decreto Legislativo 417 de 17 de marzo de 2020”.

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En esas condiciones no se observa que los numerales examinados sean
desproporcionales.

• En los numerales 11 y 12 se reiteró el contenido de lo dispuesto en el artículo
8° del Decreto 491 de 2020, norma cuya exequibilidad fue condicionada
porque, como se anotó, “el legislador excepcional no incluyó como destinatarios del
beneficio a los titulares de las licencias que vencerán los días inmediatamente siguientes a la
finalización de la emergencia sanitaria, con lo cual, a pesar de que durante la misma tampoco
pudieron gestionar la renovación correspondiente, no tendrán un plazo prudencial para
adelantar el trámite respectivo.”

En consecuencia, siguiendo lo establecido por la Corte Constitucional en la
sentencia C-242 de 2020, se declarará la legalidad condicionada de estos dos
numerales bajo el entendido de que “la medida se hace extensiva también a los
permisos, autorizaciones, certificados y licencias que venzan dentro del mes siguiente a la
finalización de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social
y que no pudieron ser renovadas en vigencia de la misma debido a las medidas adoptadas
para conjurarla. En consecuencia, las referidas habilitaciones se entenderán prorrogadas por
el tiempo faltante para completar el término de un mes previsto por el legislador”.

• En el numeral 13 se dispuso expresamente: “[l]o previsto en este numeral aplica para
las concesiones descritas en el numeral quinto del presente artículo”.

Para la Sala lo pretendido fue extender lo previsto en los numerales 11 y 12 a
las concesiones de agua. Tal medida no se observa prima facie como
desproporcional, más cuando el artículo 8 del Decreto 491 de 2020 incluyó en
la prorroga automática las concesiones, lo que cobijaría las de agua.

Establecimiento de los canales habilitados para la atención de usuarios

En el artículo 4° del acto examinado se establecieron los medios inmaterializados -
línea telefónica, correo electrónico y links de acceso- para la atención de los
usuarios de la entidad.

Esa determinación es proporcional puesto que permitía continuar con la prestación
del servicio por parte de la CDA, al tiempo que velaba por la protección de la vida,
seguridad e integridad personales de los servidores y usuarios de la entidad, ya que,
como se sabe, facilitaba la realización de actuaciones sin requerir de presencia
física y, por tanto, mitigaba el riesgo de transmisión del COVID-19. Súmese, que
tales canales se publicaron en la página web.

Teletrabajo

En el artículo 5° de la resolución controlada se dispuso la posibilidad de que los
servidores de la CDA realizaran labores desde su lugar de residencia. Para el
efecto, la Subdirección Administrativa y Financiera articulada con los Subdirectores,
Directores Seccionales y Jefes de Oficina debían establecer los procedimientos y
tareas que podían desempeñarse bajo esa modalidad de trabajo, con el fin, además,
de que se habilitaran los medios tecnológicos requeridos.

Sea lo primero señalar que, a juicio de esta Sala, la medida que la Corporación
adoptó fue la del trabajo en casa, no la del teletrabajo.

En efecto, como la medida autorizada fue de carácter temporal y excepcional, mal
podría considerarse que se trata de la autorización para el desarrollo del teletrabajo.

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Aspecto que se refuerza al tener presente que, al tenor de lo expresado por el
Ministerio de Trabajo en las circulares Nro. 021 y 041 de 2020, “la autorización del
empleador para que una persona adelante de forma ocasional, temporal y excepcional sus funciones
laborales por fuera de las sedes de la empresa o la entidad, ya sea desde su lugar de residencia o
cualquier otro similar, se denomina trabajo en casa” 41; cuestión congruente con el el artículo
6 de la Ley 1221 de 2008, según el cual: “una persona que tenga la condición de asalariado
no se considerará teletrabajador por el mero hecho de realizar ocasionalmente su trabajo como
asalariado en su domicilio o en lugar distinto de los locales de trabajo del empleador, en vez de
realizarlo en su lugar de trabajo habitual”.

Lo dicho se confirma al considerar que el fundamento para la adopción de la medida
fue el artículo 3º del Decreto 491, que autorizó el trabajo en casa; medida que, según
se puso de presente en la sentencia C-242 de 2020, no modificaba el contenido de
la relación laboral o contractual, ni significaba la implementación del teletrabajo42.
Súmese, que dentro de los motivos del acto no se hizo ninguna referencia a las
normas ordinarias que regulan el teletrabajo, como lo son la Ley 1221 de 2008, el
Decreto Reglamentario 884 de 2012 y la Resolución 2886 del mismo año.

Precisado lo anterior, la Sala estima que esa medida resulta proporcional. Primero,
porque se orientó a la satisfacción de finalidades legítimas, esto es, asegurar la
prestación del servicio a cargo de la CDA y, a su vez, garantizar la vida, salud e
integridad de los empleados, contratistas y usuarios.

Segundo, porque se trató de una previsión necesaria, pues el trabajo en casa y la
adopción de herramientas tecnológicas para desarrollar las actividades a cargo eran
las únicas medidas que permitían seguir con el desarrollo del objeto social de la
corporación, evitando la aglomeración del personal y facilitando el distanciamiento
social.

Téngase en cuenta que desde la expedición del Decreto 417, aspecto reiterado en
el Decreto 491, se señaló la necesidad de acudir a medidas o herramientas de las
tecnologías de la información y las comunicaciones como elementos para asegurar
la continuidad del servicio y el acatamiento de las medidas sanitarias de contención
de la transmisión del virus -aislamiento preventivo obligatorio y distanciamiento
social-.

Tal como lo expuso la Corte Constitucional en la sentencia C-242 del 2020, la
autorización del trabajo en casa es razonable, porque, atendiendo su carácter
transitorio, no “altera las condiciones de la relación jurídica, incluidos los derechos laborales y las
garantías sociales”, ni supone la modificación de las relaciones contractuales para
adecuarlas al teletrabajo.

Atención presencial. Casos de procedencia

El artículo 6° autorizó la atención presencial siempre que no se contara con los
medios tecnológicos para adelantarla de forma virtual, atención aquella que debía
desarrollarse bajo condiciones de seguridad -lo que explica el porqué se estableció
la obligación de garantizar el suministro de los elementos correspondientes-.

41 Sentencia C-242 de 2020.
42
En palabras de la Corte Constitucional: “…para este Tribunal es claro que no puede confundirse la modalidad
de teletrabajo y la autorización de trabajo en casa, puesto que la primera se trata de una forma de relación
laboral con unas obligaciones especiales para las partes contempladas en la Ley 1221 de 2008, en cambio,
la segunda es meramente una habilitación al empleado para que desempeñe transitoriamente sus funciones
por fuera del sitio donde habitualmente las realiza, sin modificar la naturaleza del contrato respectivo.”

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La medida es proporcional. De una parte, porque se orientó a garantizar la
continuidad de la prestación del servicio, en ejercicio de lo establecido en el artículo
3° del Decreto 491 de 2020 (inciso 3°). De otra, porque propendió por mitigar el
riesgo de transmisión del virus mediante la obligación de suministro de los
elementos que garantizaran “las condiciones de salubridad para la prestación del servicio
presencial requerido”, lo que se encuentra en consonancia con el parágrafo del artículo
3° del decreto legislativo mencionado.

Finalmente, debe considerarse que dicho tipo de atención era de contenido residual
puesto que en otros apartes del acto controlado se estableció la existencia de
medios electrónicos o virtuales para la prestación del servicio. Así, la atención
presencial no era la norma general, lo que daba cumplimiento, además, a la medida
de aislamiento preventivo obligatorio vigente para el momento de expedición de la
resolución.

Establecimiento del responsable de los protocolos de bioseguridad

El artículo 7° señaló la dependencia responsable de vigilar el cumplimiento de los
protocolos de bioseguridad aplicables en la corporación -Subdirección
Administrativa y Financiera-, al tiempo que le impuso la obligación de socializarlos
y realizar el acompañamiento correspondiente para su implementación.

La previsión es proporcional. Primero, porque se orienta al cumplimiento de la
obligación que se le estableció al empleador en el artículo 3 de la Resolución Nro.
666 de 2020, esto es, adoptar, adaptar e implementar el protocolo de bioseguridad
correspondiente. Nótese que es una dependencia de la entidad la encargada del
asunto.

Segundo, porque la definición de una dependencia encargada de la vigilancia,
acompañamiento y socialización del protocolo correspondiente permite identificar
los elementos u obligaciones faltantes con el fin de solventar dichos impases o
incumplimientos y proteger la vida, salud e integridad de servidores y usuarios de la
entidad, a más de que coadyuva a la existencia de un control efectivo de la
implementación del protocolo.

Atención de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes ambientales.
Notificación de los actos y modificación de los términos de atención de
peticiones

En el artículo 9° se previó (i) el mecanismo para la presentación de peticiones
quejas, reclamos y solicitudes ambientales (virtual); (ii) la obligación de informar los
datos de contacto y correo electrónico para la comunicación o notificación de la
decisión de la actuación correspondiente; y (iii) se modificaron los términos para la
atención de peticiones, con el fin de adoptar los establecidos en el artículo 5° del
Decreto 491 de 2020.

Para esta Sala Especial de Decisión tales determinaciones son proporcionales.

Primero, porque se dispuso de un mecanismo apto e idóneo para asegurar a
continuidad del servicio sin comprometer la vida, salud e integridad personal de los
servidores y contratistas de la entidad ni la de sus usuarios.

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Segundo, porque como lo señaló la Corte Constitucional, la modificación de los
términos para la atención de peticiones (i) persigue una finalidad legítima como lo
es “superar de forma racional las afectaciones causadas al desarrollo de las distintas actividades a
cargo de las autoridades debido a las restricciones implementadas para enfrentar la pandemia
originada por el coronavirus COVID-19 y, en este sentido, cumplir con el mandato superior de prestar
los servicios de forma adecuada, continua y efectiva” , (ii) es necesaria, pues las condiciones
actuales no permiten el desarrollo de las actuaciones administrativas con la misma
celeridad que la existente y que se imprimía en condiciones ordinarias, y (iii)
pretende satisfacer un fin constitucional, esto es el buen funcionamiento de la
administración, “el cual se ha visto afectado por las consecuencias derivadas de la pandemia,
otorgándoles a las autoridades un término mayor para resolver ciertas peticiones, a fin de que al
mismo tiempo puedan gestionar otros asuntos en medio de las dificultades que implica la
imposibilidad de desarrollarlos de forma presencial con las herramientas e infraestructura ordinaria”.

Lo anterior, porque la modificación de los plazos es temporal y solo aplica para las
peticiones sin relevancia iusfundamental que se encuentren en curso o se radiquen
durante la emergencia sanitaria, por lo que una vez ésta última finalice, se aplicarán
los términos establecidos en la ley ordinaria.

Tercero, porque la notificación electrónica se orienta a garantizar el principio de
publicidad, sin afectar los derechos al debido proceso y a la vida, salud e integridad
personal de los servidores de la entidad y de los usuarios de la misma.

Lo anterior, porque la herramienta dispuesta para el efecto -correo electrónico-
permite conocer el contenido de las decisiones que se notifican o comunican sin
requerir la presencia física de los sujetos a quienes se comunica o notifica una
determinación específica, ni de los servidores que llevaban a cabo esos actos de
enteramiento.

De esa manera, los administrados podrán conocer las razones o motivos que
sustentan las diferentes decisiones y adoptar las determinaciones que estimen
pertinentes y procedentes de acuerdo con las posiciones jurídicas que adopten.

Ahora bien, esa medida desarrolló el artículo 4° del Decreto 491 de 2020, el cual,
como se expuso, fue declarado exequible condicionalmente con el fin de que no se
convirtiera en limitante para quienes no contaran con herramientas tecnológicas,
por lo que debía permitirse el uso de medios alternativos. Por lo cual, “ante la
imposibilidad manifiesta de una persona de suministrar una dirección de correo electrónico, [ella]
podrá indicar un medio alternativo para facilitar la notificación o comunicación de los actos
administrativos, por ejemplo, a través de una llamada telefónica, el envío de un mensaje de texto o
de voz al celular o un aviso por una estación de radio comunitaria”.

Es por ello, que la legalidad de la medida debe estar sujeta a la anterior condición,
de modo que no puede exigirse un correo electrónico si el usuario no cuenta con
ello y, en su lugar, brinda otro medio que permita la notificación.

Contratos de prestación de servicios profesionales

En el artículo 10° se previeron herramientas para asegurar el cumplimiento de las
obligaciones contractuales de prestación del servicio y de remuneración. Para el
efecto, se (i) dispuso la continuidad de los aportes a seguridad social por parte del
contratista de prestación de servicios, (ii) estableció el mecanismo virtual como
medio para el desarrollo de la labor, y la elaboración de informes requeridos, (iii)

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previó la posibilidad de realizar actividades presenciales, siempre que fueran
autorizadas y se contara con los elementos de protección necesarios -los cuales
debían ser suministrados por la entidad-, y (iv) dispuso la continuidad del contrato
de prestación de servicios.

Para esta Sala Especial de Decisión esa regulación no se observa prima facie como
desproporcional. Y es que como como lo estableció la Corte Constitucional, se
orientó a asegurar la protección de elementos relevantes en la prestación de los
servicios -la remuneración y la continuidad de la vinculación-; fue necesaria porque
“al contemplarse el trabajo en casa de los funcionarios y contratistas del Estado en medio de la
pandemia, las autoridades no tienen otra opción que cumplir con sus obligaciones consecuentes,
como lo es garantizar la remuneración por los servicios prestados y asegurar la estabilidad en el
empleo”; y resultaba proporcional porque el pago de “…honorarios está justificado en el
cumplimiento de las funciones y compromisos mediante el trabajo en casa por parte de los …
contratistas, así como en la posibilidad de disponer que [estos] queden obligados a cumplir con los
acuerdos pactados una vez se supere la emergencia sanitaria”

Súmese a ello, que los canales virtuales para el desarrollo de las labores del
contrato, su informe, o el control de su cumplimiento permitió, en el caso concreto,
la continuidad del servicio sin comprometer la vida, salud e integridad personal de
los servidores y contratistas de prestación de servicios de la entidad.

Finalmente, el desarrollo de actividades presenciales estaba supeditado a la
necesidad de las mismas y al suministro de los elementos de protección requeridos,
lo que evidenciaba la orientación a proteger la vida, integridad y salud del contratista
respectivo.

Vigencia del acto y deber de publicación

En los artículos 14 y 15 de la Resolución Nro. 167 se estableció la vigencia del acto
y el deber de su publicación.

Aun cuando la vigencia del acto es un asunto que se relaciona con su oponibilidad,
lo cierto es que, en el caso concreto, esta Sala Especial de Decisión considera que
ambas previsiones son proporcionales.

De una parte, porque no se excede el plazo establecido en el Decreto Legislativo
491 de 2020 ya que, como se dijo, la vigencia de las medidas no fue superior al
término fijado por el legislador extraordinario. Del otro, porque la publicación en el
diario oficial no corresponde a una medida de imposible cumplimiento puesto que
no impone obligaciones de tal naturaleza, a más de que supone el acatamiento de
la regla establecida en el C.P.A.C.A. respecto del momento a partir del cual los actos
generales, como el examinado, producen efectos jurídicos, esto es, a partir de su
publicación, so pena de su inoponibilidad.

Otras determinaciones
En los artículos 13 y 17 se dispuso que el contenido del acto examinado (i)
modificaba, en lo pertinente, lo dispuesto en la Resolución Nro. 141 del 12 de mayo
de 2020 expedida por la corporación, y (ii) derogaba la Resolución Nro. 119 de la
misma anualidad dictaba por la entidad.

Esas determinaciones no son desproporcionales, pues se orientaron a brindar
seguridad jurídica y a asegurar la vigencia de las nuevas prescripciones que se

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dictaban con ocasión de la evolución de la pandemia y el análisis que de sus
condiciones y efectos realizó la corporación autónoma regional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Especial de Decisión Nro. 13, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Inhibirse para resolver sobre la legalidad de los artículos 11 y 12 de la
Resolución Nro. 167 del 26 de junio de 2020, proferida por la Corporación para
el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico -CDA-, de
conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

2. Declarar la nulidad de las expresiones “las que se necesiten para dar trámite a” y
“en el evento de que sea necesaria su realización” , contenidas en el numeral 2 del
parágrafo del artículo 3° de la Resolución Nro. 167 del 26 de junio de 2020,
proferida por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente
Amazónico -CDA-, con la advertencia de que la validez de aquellos trámites
que se hayan decidido bajo la vigencia de estas disposiciones estará sujeta a
que la entidad programe y efectivamente realice la respectiva visita técnica.

3. Declarar la nulidad del numeral 2.2. del parágrafo del artículo 3° de la
Resolución Nro. 167 del 26 de junio de 2020, proferida por la Corporación para
el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico -CDA-, con la
advertencia de que la validez de aquellos trámites que se hayan decidido bajo
la vigencia de estas disposiciones estará sujeta a que la entidad programe y
efectivamente realice la respectiva visita técnica.

4. Declarar la nulidad de los numerales 9 y 10 del parágrafo del artículo 3° de
la Resolución Nro. 167 del 26 de junio de 2020, proferida por la Corporación
para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico -CDA-.

Esta decisión afectará todas aquellas actividades de prospección y exploración
que se estén desarrollando en este momento en la jurisdicción de esa
Corporación Autónoma Regional, de manera que si ellas no cuentan con los
permisos requeridos deberán ser suspendidas inmediatamente y hasta tanto
se obtenga la autorización correspondiente

5. Declarar la nulidad de la expresión “y en el evento que sea necesario realizar”
contenida en el numeral 5 del parágrafo del artículo 3° de la Resolución Nro.
167 del 26 de junio de 2020, proferida por la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico -CDA-, con la advertencia de que
la validez de aquellos trámites que se hayan decidido bajo la vigencia de estas
disposiciones estará sujeta a que la entidad programe y efectivamente realice
la respectiva visita técnica.

6. Declarar legalidad condicionada del numeral 2.1 del parágrafo del artículo
3° de la Resolución Nro. 167 del 26 de junio de 2020, proferida por la
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico -
CDA-, bajo el entendido de que únicamente se entienden reducidos los
términos del procedimiento administrativo cuyo trámite compete a las

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autoridades ambientales, es decir, la etapa final atinente a la expedición del
acto administrativo que decide (i) la oposición u oposiciones si las hubiere y
(ii) si es procedente o no, otorgar la concesión solicitada.

7. Declarar la legalidad condicionada del numeral 4 del parágrafo del artículo
3°, y del literal c) del artículo 9° de la Resolución Nro. 167 del 26 de junio de
2020, proferida por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el
Oriente Amazónico -CDA-, bajo el entendido de que ante la imposibilidad
manifiesta de una persona de suministrar una dirección de correo electrónico,
ella podrá indicar un medio alternativo para facilitar la notificación o
comunicación de los actos administrativos respectivos.

8. Declarar la legalidad condicionada de los numerales 11 y 12 del parágrafo
del artículo 3°de la Resolución Nro. 167 del 26 de junio de 2020, proferida por
la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico
-CDA-, bajo el entendido de que “la medida se hace extensiva también a los permisos,
autorizaciones, certificados y licencias que venzan dentro del mes siguiente a la finalización
de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social y que no
pudieron ser renovadas en vigencia de la misma debido a las medidas adoptadas para
conjurarla. En consecuencia, las referidas habilitaciones se entenderán prorrogadas por el
tiempo faltante para completar el término de un mes previsto por el legislador”.

9. Declarar la legalidad de las demás disposiciones de la Resolución Nro. 167
del 26 de junio de 2020, proferida por la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico -CDA-

10. Advertir que la presente decisión no impide que la Resolución Nro. 167 del 26
de junio de 2020 sea cuestionada judicialmente en ejercicio del medio de
control correspondiente y por razones jurídicas distintas a las que se
examinaron y quedaron consignadas en esta providencia.

11. En firme esta providencia, archívese el expediente.

Notifíquese y cúmplase,

Se deja constancia que la providencia se discutió y aprobó en sala de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Magistrada Magistrado

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ MARTIN BERMUDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Salva el voto

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