Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2013-01383-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2013-01383-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2013-01383-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
15 de febrero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD
Radicación: 11001-03-25-000-2013-01383-00 (3496-2013)
11001-03-25-000-2013-01800-00 (4786-2013) Acumulados
Demandantes: Mauricio Eljach Galofre
Procuraduría General de la Nación
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones
Temas: Lineamientos para reconocimientos pensionales
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso promovido
por el señor Mauricio Eljach Galofre y la Nación - Procuraduría General de la Nación
• PGN contra la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones.
1. Antecedentes
1.1. La demanda1
1.1.1. Las pretensiones
El presente proceso se compone de dos expedientes acumulados que se tramitaron
en virtud de las demandas presentadas por el ciudadano y la entidad antes
mencionados, en ejercicio del medio de control de nulidad, consagrado en el artículo
137 del CPACA,2 con el objetivo de que se declare la nulidad de la Circular Interna
1 Folios 23 a 44 del expediente 3496-2013 y folios 25 a 78 del expediente 4786-2013.
2 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-25-000-2013-01383-00 (3496-2013) y
11001-03-25-000-2013-01800-00 (4786-2013) Acumulados
Demandantes: Mauricio Eljach Galofre y PGN
04 del 26 de julio de 2013, emitida por el vicepresidente jurídico y el secretario
general de Colpensiones, a través de la cual se fijaron los «criterios jurídicos básicos
de reconocimiento pensional».
1.1.2. Normas violadas y concepto de violación
Los demandantes sostuvieron que la circular parcialmente acusada quebrantó los
artículos 1, 2, 4, 13, 29, 46, 48, 53, 58, 93, 121, 237, 241 y 366 de la Constitución
Política; 2, 21 y 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos; Convenio
128 y Recomendaciones 131, 167 y 2434 de la OIT;3 17 de la Ley 4 de 1992; 36 de
la Ley 100 de 1993; 6 del Decreto 546 de 1971; y el Decreto 104 de 1994.
Al desarrollar el concepto de violación, los actores plantearon los siguientes cargos
de nulidad:
i) La Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-258 de 2013, estudió la
constitucionalidad del artículo 17 de la Ley 4 de 1992, que reguló el régimen
pensional especial de congresistas y magistrados de altas cortes. La providencia no
efectuó integración normativa con el Decreto 546 de 1971, que rige para los
servidores judiciales. No obstante, la circular demandada confunde ambos
regímenes pensionales, pues equiparó a los magistrados de altas cortes
beneficiarios del artículo 17 de la Ley 4 de 1992 a sus homólogos destinatarios del
Decreto 546 de 1971.
ii) El Acto Legislativo 1 de 2005 preceptuó que, a partir del 31 de julio de 2010, no
podrán causarse pensiones superiores a 25 SMLMV con cargo a recursos de
naturaleza pública. En contraste, el acto acusado dispuso que «[a] partir del 1 de
julio de 2013 no es procedente pagar una mesada pensional superior a 25 salarios
mínimos legales mensuales vigentes».
En consecuencia, la Circular 4 de 2013 desconoció el parámetro de la causación de
3 Organización Internacional del Trabajo.
2
Radicación: 11001-03-25-000-2013-01383-00 (3496-2013) y
11001-03-25-000-2013-01800-00 (4786-2013) Acumulados
Demandantes: Mauricio Eljach Galofre y PGN
la prestación que estableció la Constitución para determinar el momento a partir del
cual puede aplicarse el tope pensional, pese a que el ordenamiento superior
convalidó las pensiones superiores a 25 SMLMV siempre y cuando se hubieran
causado antes del 31 de julio de 2010, por tanto, no es válido disminuir las
prerrogativas ya alcanzadas.
iii) El acto enjuiciado expresa que se aparta de la línea jurisprudencial trazada por
el Consejo de Estado frente a la interpretación del artículo 36 la Ley 100 de 1993;
empero, la administración debía regirse por esas directrices, pues fueron expedidas
por el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
iv) El artículo 36 la Ley 100 de 1993 estableció un régimen de transición que, en
virtud del principio de inescindibilidad de las normas, le permite a sus beneficiarios
acceder a la pensión de jubilación con base en los requisitos, período base de
liquidación, tasa de reemplazo, factores salariales y topes fijados en la normativa
anterior. Sin embargo, la circular acusada determinó que el monto de la prestación
de dicho sector de la población correspondería al 75% del promedio de las
cotizaciones efectuadas durante los últimos 10 años.
v) La Circular 4 de 2013 incurrió en falsa motivación por cuanto se fundó en la
Sentencia C-258 de 2013, pese a que esta no regía para los destinatarios del
Decreto 546 de 1971 y demás beneficiarios del régimen de transición previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
vi) El acto demandado vulnera la aplicación integral del régimen de transición, así
como los derechos adquiridos, propiedad privada, favorabilidad, condición más
beneficiosa en material laboral, igualdad, no regresividad y debido proceso.
vii) Colpensiones actuó sin competencia, ya que expidió una circular encaminada a
interpretar y reglamentar los regímenes pensionales consagrados en la Ley 33 de
1985 y en los Decretos 546 de 1971 y 929 de 1976. La administración tampoco
podía fijar el alcance la Sentencia C-258 de 2013, pues ello le correspondía a la
Corte Constitucional. De esta manera, la entidad accionada invadió competencias
3
Radicación: 11001-03-25-000-2013-01383-00 (3496-2013) y
11001-03-25-000-2013-01800-00 (4786-2013) Acumulados
Demandantes: Mauricio Eljach Galofre y PGN
propias del legislador, del presidente de la República y de la mencionada
corporación judicial.
viii) La Circular 04 de 2013 excluyó a los servidores de las personerías territoriales
del ámbito de aplicación del Decreto 546 de 1971, pese a que estaban cobijados
por dicha norma, por cuanto hacen parte del Ministerio Público.
1.2. Contestación de la demanda
Colpensiones, por intermedio de apoderado, contestó la demanda y se opuso a la
prosperidad de las pretensiones, con fundamento en los siguientes razonamientos:4
i) La Ley 797 de 2003 y el Acto Legislativo 1 de 2005 impusieron un tope de 25
SMLMV a las pensiones financiadas con recursos públicos. Esta regla se aplica a
todas las prestaciones, incluyendo las reconocidas bajo el régimen de transición
pensional y así lo precisaron las Sentencias C-258 de 2013 y T-892 de 2013.
ii) La Sentencias C-258 de 2013 ordenó ajustar todas las pensiones al monto de 25
SMLMV, mediante un acto que debía notificarse a los interesados. Además, advirtió
que esa determinación no afectaba el debido proceso de los pensionados.
iii) La mencionada providencia también reafirmó las reglas contenidas en las
Sentencias C-168 de 1995, C-147 de 1997, C-596 de 1997, C-789 de 2002 y C-754
de 2004, en torno a la interpretación del régimen de transición para liquidar la
mesada pensional, criterios que resultaban plenamente aplicables a todos los
regímenes y no solo al de los congresistas y magistrados de altas cortes.
iv) La Circular 4 de 2013 acató el precedente jurisprudencial de la Corte
Constitucional y la Corte Suprema de justicia. Esta decisión también es consonante
con recientes pronunciamientos del Consejo de Estado.
4 Folios 89 a 123 del expediente 3496-2013 y folios 102 a 126 del cuaderno principal del expediente 4786-2013.
4
Radicación: 11001-03-25-000-2013-01383-00 (3496-2013) y
11001-03-25-000-2013-01800-00 (4786-2013) Acumulados
Demandantes: Mauricio Eljach Galofre y PGN
v) Colpensiones expidió el acto acusado en ejercicio de sus atribuciones legales y
en el marco de su competencia, con sujeción a la normativa y jurisprudencia
aplicable en aras de garantizar la igualdad de criterios para los reconocimientos
pensionales.
1.3. Medida cautelar y sentencia anticipada
Por auto del 31 de marzo de 2014, dentro del expediente 11001-03-25-000-2013-
01383-00 (3496-2013), se decretó la suspensión provisional de la Circular Interna 4
del 26 de julio de 2013. En la parte motiva de la providencia se aclaró que dicha
medida estaría limitada únicamente a los efectos que pudiera producir dicho acto
sobre el régimen especial consagrado en el Decreto Ley 546 de 1973. Al respecto,
se sostuvo: 5
a) La circular demandada desconoció que la decisión adoptada en la Sentencia
C-258 de 2013 no podía trasladarse de manera automática a otros regímenes
especiales o exceptuados como lo es el contenido en el Decreto Ley 546 de
1971.
b) Al margen del control abstracto que adelanta la Corte Constitucional, el
Consejo de Estado es el competente para unificar la jurisprudencia dentro de
la jurisdicción de lo contencioso administrativo y estas decisiones son
vinculantes para la administración.
c) Colpensiones se arrogó competencias propias de las autoridades judiciales,
en tanto implementó unos criterios jurídicos básicos para el reconocimiento
de las pensiones.
Mediante auto del 3 de febrero de 2015, esta Subsección resolvió el recurso de
súplica interpuesto contra la anterior decisión y la confirmó.6
5 Folios 54 a 69, cuaderno de medida cautelar del expediente 3496-2013.
6 Folios 171 a 177, cuaderno de medida cautelar del expediente 3496-2013.
5
Radicación: 11001-03-25-000-2013-01383-00 (3496-2013) y
11001-03-25-000-2013-01800-00 (4786-2013) Acumulados
Demandantes: Mauricio Eljach Galofre y PGN
Por auto del 6 de julio de 2023, el despacho evidenció la posibilidad de emitir
sentencia anticipada dentro del sub lite, en los términos del artículo 182A del CPACA,
adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021. En consecuencia, se
prescindió de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 ibidem y se fijó el litigio
en la siguiente forma:
El objeto de la controversia que se presenta en el caso sub judice consiste en
determinar si la Circular Interna 04 del 26 de julio de 2013 de Colpensiones se expidió
o no con violación de los artículos 1, 4, 6, 13, 29, 48, 53, 58, 93, 121 y 237 (numeral
1.°) de la Constitución Política; 2, 21 y 26 de la Convención Americana de Derechos
Humanos; de las Recomendaciones 131, 167, 2434 y el Convenio 128 de la OIT; del
Acto Legislativo 01 de 2005; de las Leyes 33 de 1985, 4 de 1992, 100 de 1993 y 1437
de 2011; y de los Decretos 546 de 1971, 929 de 1976 y 104 de 1994.
Así mismo, si el acto enjuiciado se emitió o no con falsa motivación, con desviación
de poder y/o con desconocimiento del precedente.
1.4. Alegatos de conclusión
El ciudadano demandante y Colpensiones reiteraron los argumentos expuestos en
las respectivas etapas del proceso.7 La PGN se abstuvo de presentar alegaciones.
1.5. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Conforme a la fijación del litigio efectuada en el sub lite, el problema jurídico consiste
en determinar si la Circular Interna 04 del 26 de julio de 2013, por la cual
Colpensiones desarrolló unos «criterios jurídicos básicos de reconocimiento
pensional», está viciada de nulidad por haberse expedido con infracción de la
normativa superior en que debía fundarse, falsa motivación, desviación de poder
y/o desconocimiento del precedente.
7 Memoriales visibles en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
6
Radicación: 11001-03-25-000-2013-01383-00 (3496-2013) y
11001-03-25-000-2013-01800-00 (4786-2013) Acumulados
Demandantes: Mauricio Eljach Galofre y PGN
2.2. Contenido de la norma acusada
Es preciso aclarar que no se transcribirá integralmente el acto enjuiciado en razón
a su extensión. En consecuencia, únicamente se citarán los apartes relevantes al
sub lite, de acuerdo con los cargos de nulidad elevados por los accionantes.
CIRCULAR INTERNA 04 DE 2013
PARA: VICEPRESIDENTES, DIRECTORES NACIONALES DE OFICINA, GERENTES
NACIONALES DE OFICINA, GERENTES REGIONALES, FUNCIONARIOS
PÚBLICOS
ASUNTO CRITERIOS JURÍDICOS BÁSICOS DE RECONOCIMIENTO PENSIONAL
FECHA Bogotá, D.C., 26 de julio de 2013
[…]
1. MODIFICAR EL NUMERAL 1.1.1 DE LA CIRCULAR INTERNA NO. 1 DE COLPENSIONES, EL
CUAL QUEDARÁ ASÍ:
1.1.1. Aplicación del Decreto Ley 546 de 1971
El servidor público […] [t]endrá derecho a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación,
equivalente al 75% del promedio de las cotizaciones realizadas durante los últimos
10 años. […].
Este régimen no es aplicable a los funcionarios de las Personerías Distritales y
municipales, toda vez que el personero municipal, aun cuando puede considerarse
como agente del Ministerio Público, en el sentido de que actúa o funge como tal al
desarrollar funciones que pertenecen a la órbita de dicha institución, no es en estricto
sentido delegado inmediato, como lo son los procuradores delegados, ni agente
permanente del Procurador General de la Nación ante las autoridades
jurisdiccionales, y no pertenece ni orgánica ni jerárquicamente a la estructura de la
Procuraduría General de la Nación ni a la planta de personal de la misma.
Los funcionarios de las personerías municipales y distritales son funcionarios del
orden municipal, aun cuando se encuentran sujetos a la dirección suprema del
Procurador General de la Nación y, por lo tanto, sus funciones se desarrollan dentro
de un sistema de articulación funcional y técnica, en virtud del cual, de alguna manera,
se encuentra sujeto a la autoridad y al control de la Procuraduría y del Defensor del
Pueblo, por eso, el artículo 280 de la Constitución Política se aplica exclusivamente a
quienes tienen el carácter de agentes del Ministerio Público dependientes del
procurador.
En este orden de ideas debe considerarse, que el artículo 99 del Decreto Ley 1421
de 1993, dispone que los funcionarios de la personería distrital, que por delegación
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Radicación: 11001-03-25-000-2013-01383-00 (3496-2013) y
11001-03-25-000-2013-01800-00 (4786-2013) Acumulados
Demandantes: Mauricio Eljach Galofre y PGN
actúen como representantes del Ministerio Público, no deben acreditar la calidad de
jueces, magistrados y fiscales ante los cuales ejerzan las funciones delegadas y por
ende tampoco tienen derecho a la remuneración y prestaciones de éstos.
2. MODIFICAR EL NUMERAL 1.1.2 DE LA CIRCULAR INTERNA NO. 1 DE COLPENSIONES, EL
CUAL QUEDARÁ ASÍ:
1.1.2. Aplicación del Decreto 929 de 1976
El servidor público […] [t]endrá derecho a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación
equivalente al 75% del promedio de los salarios sobre los cuales cotizó durante los
últimos 10 años.
[…]
3. MODIFICAR EL NUMERAL 1.1.3 DE LA CIRCULAR INTERNA NO. 1 DE COLPENSIONES, EL
CUAL QUEDARÁ ASÍ:
1.1.3. Pensión a favor de Magistrados de Altas Cortes.
Los Magistrados de Altas Cortes […] [t]ienen derecho a una pensión equivalente al
75% del promedio de los salarios sobre los cuales cotizaron al Sistema General de
Pensiones durante los últimos 10 años, pensión que no puede exceder de 25 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
[…]
(i) A quienes fueron pensionados bajo el régimen de Magistrados de Altas Cortes y
cumplen integralmente con los 4 requisitos de que tratan los literales del a. al d. del
presente numeral, a partir del 1 de julio del año 2013 no se les pagarán pensiones
superiores a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin importar la fecha
en que se haya causado la pensión, razón por la cual se deberá ajustar el valor de la
prestación económica al tope mencionado. Lo anterior significa que toda mesada
pensional que se pague con posterioridad al 1 de julio de 2013, incluyendo el pago de
retroactivos pensionales no podrá exceder dicho monto y debe ajustarse al mismo.
[…].
4. MODIFICAR EL NUMERAL 1.1.4 DE LA CIRCULAR INTERNA NO. 1 DE COLPENSIONES, EL
CUAL QUEDARÁ ASÍ:
1.1.4. Aplicación de la Ley 33 de 1985:
Los servidores públicos […] [t]ienen derecho a una pensión mensual vitalicia de
jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios sobre los cuales cotizaron
durante los últimos 10 años de servicios, teniendo en cuenta que el régimen de
transición garantiza a sus beneficiarios la aplicación de la normativa que venía
aplicándose en cada caso particular, sólo en lo que refiere a la edad, el tiempo de
servicios o el número de semanas cotizadas para acceder al derecho y el monto de
la prestación; pero no en lo relacionado con el ingreso base de liquidación de la
pensión, el cual se regirá, como regla general, por la reglamentación contenida en la
Ley 100 de 1993, con la sola excepción contenida en el inciso 3 del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, es decir, el de las personas a quienes, al momento de entrar a regir
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Radicación: 11001-03-25-000-2013-01383-00 (3496-2013) y
11001-03-25-000-2013-01800-00 (4786-2013) Acumulados
Demandantes: Mauricio Eljach Galofre y PGN
el Sistema General de Pensiones, les faltaban menos de diez años para adquirir el
derecho a la pensión, caso en el cual el ingreso base de liquidación de la pensión
será el especialmente establecido en ese inciso, esto es, "el promedio de lo
devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el
tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del
Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE".
[…]
9. MODIFICAR EL NUMERAL 1.2.1 DE LA CIRCULAR INTERNA NO. 1 DE COLPENSIONES, EL
CUAL QUEDARÁ ASÍ:
1.2.1. Ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas bajo los
parámetros del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de los beneficiarios del régimen de
transición que al 1 de abril de 1994, esto es, a la entrada en vigencia de la Ley 100 de
1993, les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a dicha pensión,
será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el
cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior.
Para los afiliados que a esa fecha que les faltare más de 10 años para adquirir el
derecho a la pensión de vejez, el Ingreso Base de Liquidación se calculará de
conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la ley 100 de 1993, es decir, el
promedio de lo cotizado durante los últimos 10 años o, siempre que tenga 1250
semanas o más cotizadas, el promedio de los aportado durante toda su vida laboral
si éste fuere superior.
Esta regla aplica para la liquidación de todas las prestaciones económicas que se
reconozcan con base en el régimen de transición8.
[…]
13. CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN EN EL TIEMPO DE LAS REGLAS EMANADAS DE LA
SENTENCIA C-258 DE 2013 RELACIONADAS CON EL INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN.
[…]
c. Justificación para aplicar las reglas generales de interpretación del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 contenidas en la sentencia C-258 de 2013 -
Apartamiento del precedente jurisprudencial del Consejo de Estado
[…]
Así las cosas, la interpretación que en su momento realizó el Consejo de Estado
respecto a la aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en cuanto al monto
pensional y a los factores salariales se refiere, resulta total y abiertamente
contradictoria con la interpretación Constitucional a través de la sentencia C-258 de
2013 y el precedente judicial consolidado de la Corte Suprema de Justicia. En este
orden de ideas, habrá lugar a adoptar las reglas jurídicas generales y vinculantes
impartidas por el máximo órgano de lo constitucional en cuanto al artículo 36 ibídem
se refiere y aplicarlas tanto al régimen general de transición como a todos y cada uno
8 Corte Constitucional, sentencia C-258 de 2013
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Radicación: 11001-03-25-000-2013-01383-00 (3496-2013) y
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de los regímenes especiales existentes, sin que ello signifique que estamos haciendo
extensivas las órdenes propias de la providencia referida que solo tienen impacto en
el régimen especial de congresistas y magistrados de altas cortes.
[…]
14. CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN EN EL TIEMPO DE LAS REGLAS EMANADAS DE LA
SENTENCIA C-258 DE 2013 RELACIONADAS CON EL TOPE MÁXIMO DE 25 SALARIOS
MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES.
[…]
Para el cumplimiento de la sentencia C-258 de 2013 se deben seguir las siguientes
reglas:
1. A partir del 1 de julio de 2013 no es procedente pagar una mesada pensional
superior a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por lo que las
prestaciones económicas que ya fueron reconocidas y superaron dicho tope deben
ser reajustadas al mismo a partir de la mesada que se paga en la fecha mencionada.
2. El reajuste opera para todas las mesadas pensionales que se paguen a partir del
mes de julio de 2013, aún si en éste se incluye el pago retroactivo de mesadas
causadas con anterioridad a esa fecha.
[…]
2.3. Marco normativo
2.3.1. Régimen de transición pensional
Históricamente el legislador ha fijado diferentes requerimientos para acceder a la
pensión de jubilación. En lo que respecta al régimen general, se destacan las Leyes
6 de 1945 y 33 de 1985 y el Decreto 3135 de 1968. Del régimen especial pueden
citarse, entre otros, los Decretos 546 de 1971 y 929 de 1976, mencionados por los
demandantes.
A su turno, el artículo 48 de la Constitución Política instituyó la seguridad social
como un derecho y un servicio público obligatorio que se presta bajo la dirección,
coordinación y control del Estado. Además, se sujeta a los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad.
En consonancia con la referida disposición, la Ley 100 de 1993 creó el sistema de
seguridad social integral, el cual comprende las obligaciones del Estado y la
sociedad, las instituciones y los recursos destinados a garantizar la cobertura de las
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Radicación: 11001-03-25-000-2013-01383-00 (3496-2013) y
11001-03-25-000-2013-01800-00 (4786-2013) Acumulados
Demandantes: Mauricio Eljach Galofre y PGN
prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios. Dentro
de este se encuentra el sistema general de pensiones, que contiene las
prestaciones derivadas de las contingencias de vejez, invalidez y muerte, así como
los requisitos para acceder a ellas.
Por su parte, el artículo 36 ibidem creó un régimen de transición en los siguientes
términos:
Artículo 36. Régimen de transición. […]
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al
momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de
edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince
(15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al
cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas
personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones
contenidas en la presente Ley.
El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso
anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el
promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado
durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la
variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el
DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuese igual o inferior a dos
(2) años a la entrada en vigencia de la presente Ley, el ingreso base para liquidar la
pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los
trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos.9
[…]
La citada norma durante varios años fue objeto de diversas interpretaciones por
parte de la Corte Suprema de Justicia,10 la Corte Constitucional y el Consejo de
Estado.
Lo anterior es reflejo de las dinámicas propias de los sistemas jurídicos en los que
la redacción de las leyes conduce a que los jueces y magistrados deban
interpretarlas para concederles el alcance que, dentro de su autonomía y recta
razón, consideren más acorde al catálogo axiológico y normativo de la Constitución
Política.
9 El aparte tachado fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-168 de 1995.
10 Sala de Casación Laboral, sentencia del 17 de octubre de 2008, radicado 33.343.
11
Radicación: 11001-03-25-000-2013-01383-00 (3496-2013) y
11001-03-25-000-2013-01800-00 (4786-2013) Acumulados
Demandantes: Mauricio Eljach Galofre y PGN
Es así como el Consejo de Estado durante una época sostuvo que al artículo 36 de
la Ley 100 de 1993 debía concedérsele la siguiente lectura:11
Monto, según el diccionario de la lengua, significa “Suma de varias partidas, monta.”
Y monta es “Suma de varias partidas.” (Diccionario de la Lengua “Española”, Espasa
Calpe S.A., Madrid 1992, tomo II, páginas 1399-1396).
Advierte la Sala, conforme a la acepción de la palabra “monto” que cuando la ley la
empleó no fue para que fuera el tanto por ciento de una cantidad, como decir el 75%
de alguna cifra, pues el porcentaje de la cuantía de una pensión, es solo un número
abstracto, que no se aproxima siquiera a la idea que sugiere la palabra monto, de
ser el resultado de la suma de varias partidas, sino la liquidación aritmética del
derecho, que precisamente se realiza con la suma del respectivo promedio de los
factores que deben tenerse en cuenta y que debe hacerse, según el referido artículo
36, con apoyo en las normas anteriores a la ley 100.
Por manera que si las personas sometidas al régimen de transición deben jubilarse
con la edad, el tiempo de servicio y el monto de la pensión gobernados por las
normas anteriores a la ley 100, no ve la Sala cuáles son las demás condiciones para
acceder al derecho, que según la última regla del inciso 2º en análisis se rigen por
dicha ley.
De otro lado, la Sala también observa que en el inciso 3º del artículo 36, están
previstos un ingreso base y una liquidación aritmética diferente a la que dedujo la
Sala de la interpretación del inciso 2º, puesto que del monto que se rige por las
normas anteriores se infiere un ingreso base regido igualmente conforme al
ordenamiento jurídico anterior, lo cual pone de presente la redacción contradictoria
de tales normas, que conduce necesariamente a la duda en su aplicación y, por ende,
por mandato del artículo 53 de la Constitución Política a tener en cuenta la más
favorable, o sea la primera regla del inciso 2º. [Resaltado dentro del texto].
De acuerdo con lo anterior, los beneficiarios del régimen de transición pensional
tenían derecho a que se les reconociera la pensión de jubilación teniendo en cuenta
la normativa que regía su situación particular con antelación a la expedición de la
Ley 100 de 1993.
Sin embargo, mediante sentencia del 28 de agosto de 2018, la Sala Plena del
Consejo de Estado varió ese criterio y explicó lo siguiente:12
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de septiembre de 2000, radicado 470-99 [en SAMAI
puede consultarse con el número 25000-23-25-000-1997-06184-01], actor: Laureano Gutiérrez Gutiérrez, demandado:
Caja Nacional de Previsión Social. Ver también las siguientes sentencias: i) del 23 de noviembre de 2000, radicado 2936-
1999; ii) del 16 de febrero de 2006, radicado 76001-23-31-000-2002-04076-01(4076-04); iii)
Radicación 15001-23-31-000-2003-02794-01(1564-06). C.P. Alejandro Ordóñez Maldonado. Consejo de
12 Sentencia del 28 de agosto de 2018, radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01 (4403-2013).
12
Radicación: 11001-03-25-000-2013-01383-00 (3496-2013) y
11001-03-25-000-2013-01800-00 (4786-2013) Acumulados
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89. Entonces la razonabilidad de ese cambio legislativo está en poder conciliar la
finalidad que motiva la reforma pensional con la confianza y la expectativa de los
ciudadanos que están próximos a pensionarse, es decir, garantizar el interés general
sin sacrificar del todo el interés particular. Es importante precisar que un cambio en el
sistema de pensiones necesariamente implica el establecimiento de requisitos y
condiciones, en principio, menos favorables, para adquirir la pensión, por eso se
requiere un periodo de transición que permita implementar de manera ponderada y
equilibrada el nuevo régimen, concretamente, para aquellas personas que, bajo las
condiciones legales anteriores, podrían adquirir su pensión en un corto periodo de
tiempo.
90. En el caso de la Ley 100 de 1993, el legislador quiso conciliar la finalidad que
motivó la reforma, con la protección frente al impacto que el tránsito legislativo iba a
generar, estableciendo un régimen de transición especial para el grupo de personas
a las que ya se ha hecho referencia; régimen distinto tanto del anterior como del
nuevo, con unas reglas que conservaban los requisitos del régimen anterior, pero con
un elemento particular, concretamente, el periodo que se iría a tener en cuenta para
fijar el monto de la mesada pensional; periodo que no es otro que el previsto en el
inciso 3 del 1993 artículo 36 o en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 […].
[…] El artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones para que las personas
beneficiarias del régimen transición puedan adquirir su pensión de vejez con la edad,
el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo del régimen
anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo 21 de
la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador en el inciso 3 del artículo 36
de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del ingreso base de liquidación
que consagraba el régimen general de pensiones anterior a dicha ley. El
reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad por el artículo
36 de la Ley 100 de 1993 constituye un verdadero beneficio para este grupo
poblacional, porque frente a los mismos requisitos que están consagrados para el
Sistema General de Pensiones, indudablemente, le son más favorables.
Conforme al derrotero transcrito y que impera en la actualidad, la Ley 100 de 1993
se expidió con el propósito de unificar en un solo sistema la diversidad de regímenes
pensionales que existían con antelación, pero en su artículo 36 creó una transición
con el fin de proteger las expectativas legítimas de los trabajadores afiliados al
régimen de prima media con prestación definida a la fecha de entrada en vigencia
del sistema y que estaban próximos a pensionarse con los requisitos de edad,
tiempo de servicios y tasa de reemplazo establecidos en las normas derogadas; sin
embargo, el IBL no fue amparado por la transición, sino que corresponde al previsto
en los artículos 36, inciso 3, y 21 de la Ley 100 de 1993.
2.3.2. Lineamientos impartidos por la Sentencia C-258 de 2013
13
Radicación: 11001-03-25-000-2013-01383-00 (3496-2013) y
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Demandantes: Mauricio Eljach Galofre y PGN
La Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-258 de 2013, estudió la
exequibilidad del artículo 17 de la Ley 4 de 1992 que reguló el régimen pensional
de los congresistas y magistrados de altas cortes.
Dicho análisis se hizo desde la perspectiva del derecho viviente, esto es, «la labor
interpretativa que de las disposiciones realizan los jueces, las autoridades
administrativas y la doctrina, y que determina su margen de aplicación en el contexto
social».13
En consecuencia, la norma no se examinó simplemente desde su literalidad, sino
en relación con el alcance que jurisprudencialmente se le estaba concediendo,
cuyos lineamientos eran los siguientes: a) son beneficiarios los congresistas y
magistrados, amparados por el régimen de transición, vinculados al 1 de abril de
1994 o quienes lo hicieran con posterioridad; b) el ingreso base de liquidación es lo
devengado durante el último año por todo concepto; y c) la mesada pensional no
está sometida a un tope y su incremento anual se hace conforme al aumento del
salario mínimo.
La Sentencia C-258 de 2013 concluyó que el anterior criterio jurisprudencial no era
correspondiente con los fines del Estado Social de Derecho y los principios
orientadores del sistema integral de la seguridad social, especialmente los de
eficiencia, universalidad, solidaridad, igualdad y sostenibilidad financiera.
A pesar de que el aludido fallo de constitucionalidad se circunscribió al estudio del
artículo 17 de la Ley 4 de 1992, también hizo importantes reflexiones y estableció
directrices en cuanto al sentido y alcance del Acto Legislativo 1 de 2005 y el artículo
36 de la Ley 100 de 1993.
De esta manera, la Corte dispuso que todas las pensiones pagadas con recursos
públicos debían respetar los topes legalmente implementados y que el ingreso base
13 C-258 de 2013.
14
Radicación: 11001-03-25-000-2013-01383-00 (3496-2013) y
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de liquidación no hacía parte del régimen de transición, esto es, los factores y el
período para calcular el monto pensional.
2.3.3. Topes pensionales
El artículo 2 de la Ley 4 de 197614 dispuso que las pensiones de jubilación, invalidez,
vejez y sobrevivientes, de los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus
órdenes, y en el sector privado, «no podrán ser inferiores al salario mínimo mensual
más alto, ni superiores a 22 veces este mismo salario».
Posteriormente, el artículo 2 de la Ley 71 de 1988 preceptuó que ninguna pensión
podría exceder de 15 veces el salario mínimo legal mensual.15 Luego, el artículo 18
de la Ley 100 de 1993 limitó la base de cotización a 20 SMLVM. Esta disposición fue
modificada por la Ley 797 de 2003 que aumentó dicha suma a 25 SMLVM.
Igualmente, el Acto Legislativo 1 de 2005 acogió el anterior criterio y dispuso que
«a partir del 31 de julio de 2010, no podrán causarse pensiones superiores a
veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, con cargo a recursos
de naturaleza pública».
En relación con la existencia de topes pensionales, la Corte Constitucional ha
concluido lo siguiente:16
[…] el legislador puede, por razones de política legislativa, señalar cuáles son los
límites máximos y mínimos que deben implantarse para que las reservas de dinero
destinadas al pago de las pensiones, tanto en el sector público como en el privado,
no pierdan por un lado su capacidad adquisitiva, pero por otro garanticen y protejan
los recursos existentes para el pago de las pensiones (C.P. art. 48 y 53). La Corte
considera que, dentro de ciertos límites, el legislador tiene libertad para determinar el
monto y los alcances de los recursos a fin de lograr el mejor uso de los mismos, en
un sistema solidario de seguridad social; es perfectamente legítimo que, la ley
conceda un límite mínimo o máximo al monto de la pensión, si con ello se pretende
administrar recursos limitados […].
14 Por la cual se dictan normas sobre materia pensional de los sectores público, oficial, semioficial y privado y se dictan
otras disposiciones
15 Dicha previsión también se reiteró en el artículo 3 del Decreto 1160 de 1989.
16 Sentencia C-155 de 1997.
15
Radicación: 11001-03-25-000-2013-01383-00 (3496-2013) y
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Demandantes: Mauricio Eljach Galofre y PGN
De acuerdo con el anterior criterio, el legislador se encuentra facultado para
establecer la figura de los topes pensionales como una medida idónea, proporcional
y razonable en aras de garantizar la cobertura universal del sistema de seguridad
social en pensiones.
En cuanto a los regímenes especiales, la Corte Constitucional17 ha precisado que
también les son aplicables las normas generales que fijan los topes pensionales,
siempre y cuando establezcan un límite superior al previsto por la normativa
especial.
Igualmente, es inaceptable predicar la ausencia de topes para los beneficiarios de
leyes especiales, es decir, que no podría admitirse la «existencia de un grupo de
pensionados privilegiados, excluidos de los límites máximos que la ley ha previsto
para el reconocimiento y valor de las pensiones».18
El anterior criterio fue reiterado en la Sentencia C-258 de 2013, en los siguientes
términos:
Esa preocupación por fijar límites a los subsidios que el Estado destina al pago de las
más altas pensiones por medio del establecimiento de topes, existía además desde
antes de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005, e incluso con anterioridad a la
promulgación de la Ley 100 de 1993. […].
En concordancia con la anterior preocupación y para el caso específico de los
regímenes especiales de pensiones, en las sentencias C-089 de 1997 y C-155 de
1997, esta Corporación también sostuvo que en caso de que las normas especiales
de tales regímenes no dispusieran un límite cuantitativo para las mesadas,
debía aplicarse el tope señalado en las reglas generales, específicamente en la
Ley 100 y las disposiciones que la modifican en lo pertinente.
Por las anteriores razones la Sala no puede mantener en el ordenamiento la regla de
la ausencia de topes en el régimen de pensiones materia de análisis. Hacerlo, como
en el caso de los anteriores elementos del régimen, (i) vulneraría el principio de
igualdad en tanto conduce a la transferencia de subsidios públicos excesivos a un
grupo de personas que no sólo no están en condición de vulnerabilidad o debilidad,
sino que, por el contrario, por regla general pertenecen a un sector privilegiado de la
17 Sentencia C-089 de 1997.
18 Sentencia C-089 de 1997.
16
Radicación: 11001-03-25-000-2013-01383-00 (3496-2013) y
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Demandantes: Mauricio Eljach Galofre y PGN
población; y (ii) avalaría la continuidad de un sacrificio desproporcionado de los
principios y finalidades de la seguridad social. (Resalta la Sala).
Así las cosas, con la aplicación de los topes pensionales a todas la pensiones,
ordinarias o especiales, se protege el financiamiento del sistema pensional. En
efecto, desde la Ley 4 de 1976, todas las pensiones de los funcionarios públicos
han estado sujetas a límites en su cuantía, toda vez que dicha medida garantiza la
distribución equitativa de los recursos limitados en seguridad social y materializa los
principios de solidaridad, eficiencia, equidad, universalidad y sostenibilidad fiscal.
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
Los accionantes sostuvieron que la Circular Interna 4 de 2013, proferida por
Colpensiones, está viciada de nulidad por cuanto se expidió con infracción de la
normativa superior, falsa motivación, desviación de poder y/o desconocimiento del
precedente.
En síntesis, los demandantes afirman que la administración actuó de manera
irregular por cuanto: i) excluyó a los personeros territoriales del ámbito de aplicación
del Decreto 546 de 1971; ii) extendió las reglas fijadas en la Sentencia C-258 de
2013 a regímenes pensionales que no fueron abordados en esa providencia; iii)
desconoció la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado, según la cual los
beneficiarios del régimen de transición pensional tienen derecho a que sus
pensiones se reconozcan y liquiden con base en la normativa anterior a la
expedición de la Ley 100 de 1993; y iv) aplicó topes pensionales a mesadas
causadas con anterioridad al 31 de julio de 2010.
A continuación, se analizarán los mencionados reparos.
2.4.1. Servidores de las personerías territoriales amparados por el régimen de
transición pensional
17
Radicación: 11001-03-25-000-2013-01383-00 (3496-2013) y
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Demandantes: Mauricio Eljach Galofre y PGN
La PGN en su demanda reprochó que la Circular Interna 4 de 2013 excluyó del ámbito
de aplicación del Decreto 546 de 1971 a quienes estaban amparados por el régimen
de transición y prestaron sus servicios en las personerías territoriales.
Dicho decreto en su artículo 6 dispuso que los funcionarios y empleados de la Rama
Judicial y el Ministerio Público tendrían derecho a una pensión de jubilación, con el
cumplimiento de 55 años de edad, si son hombres y 50 años de edad, si se trata de
mujeres, además con 20 años de servicio continuos o discontinuos, anteriores o
posteriores a la vigencia de dicho decreto, de los cuales por lo menos 10 años lo
hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a
ambas actividades.
A su vez, la pensión sería equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada
que hubieren devengado esos servidores en el último año de servicio en las
actividades mencionadas.
Esta corporación19 ha indicado que la citada norma se dirige a dos sectores
plenamente identificables, a saber: i) la Rama Judicial que comprende las distintas
dependencias encargadas de administrar justicia en sus diversos niveles y
especialidades, los órganos de dirección y administración y la Fiscalía General de
Nación; y ii) el Ministerio Público que, según el artículo 118 de la Constitución
Política, lo ejercen el procurador General de la Nación, el defensor del pueblo, los
procuradores delegados y los agentes del ministerio público, ante las autoridades
jurisdiccionales, los personeros municipales y demás funcionarios que determine la
ley.
En lo que concierne al segundo sector, el Consejo de Estado en múltiples
sentencias ha precisado lo siguiente:20
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de marzo de 2021, radicado 25000-23-42-000-2014-
03871-01 (0191-20).
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 19 de febrero de 2015, radicado 25000-23-25-000-
2012-00914-01 (2138-2013). En igual sentido pueden consultarse las siguientes sentencias: i) del 10 de junio de 2021,
radicado 25000-23-42-000-2013-00796-01 (2992-15); ii) del 4 de marzo de 2021, radicado 25000-23-42-000-2014-03871-
01 (0191-20); iii) del 14 de agosto de 2020, radicado 25000-23-42-000-2013-04456-01 (4707-16); iv) del 25 de octubre de
2018, radicado 25000-23-42-000-2013-00837-01(0489-17); v) del 19 de abril de 2018, radicado 25000-23-42-000-2013-
18
Radicación: 11001-03-25-000-2013-01383-00 (3496-2013) y
11001-03-25-000-2013-01800-00 (4786-2013) Acumulados
Demandantes: Mauricio Eljach Galofre y PGN
Ahora, no desconoce esta Corporación que conforme el artículo 118 Superior el
Ministerio Público es ejercido, además del Procurador General de la Nación y sus
delegados y los agentes ante las autoridades jurisdiccionales, por el Defensor del
Pueblo y los Personeros municipales y/o distritales.
De este artículo constitucional no se desprende que las personerías y sus funcionarios
hagan parte de la estructura de la Procuraduría General de la Nación, porque no
existe discusión que integran la estructura orgánica de la respectiva
administración municipal o distrital, que cuentan con autonomía presupuestal
y administrativa21, por ende no pueden ser considerados los que laboran en
ellas funcionarios del Ministerio Público, para los efectos del régimen especial
pensional dispuesto en el Decreto 546 de 1971.
En lo que no existe discusión es que la aplicación del régimen pensional
especial que de trata este decreto, sí ampara al Personero Municipal y/o
Distrital, y a los Personeros delegados, nada más. [Resalta la Sala].
De acuerdo con el anterior lineamiento interpretativo, se concluye que no todos los
servidores de las personerías territoriales ejercen el Ministerio Público, sino
únicamente los personeros, incluyendo los personeros delegados, de manera que
exclusivamente esos servidores son beneficiarios del Decreto 546 de 1971, siempre
y cuando estén amparados por el régimen de transición pensional del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993.
A su vez, conforme lo establece la Ley 136 de 1994 y se explicó en la Sentencia C-
223 de 1995, las personerías hacen parte de la estructura orgánica de los
municipios y distritos, de ahí que los demás servidores diferentes a los personeros
no son beneficiarios del aludido régimen especial, pues la norma se dirige a quienes
ejercen el Ministerio Público y tal función se asignó exclusivamente a los referidos
funcionarios.
Es pertinente anotar que en algunos asuntos esta Subsección afirmó que el Decreto
546 de 1971 tampoco se podía aplicar a los personeros; sin embargo, al revisar con
mayor detenimiento dichas decisiones se advierte que en los casos analizados los
06311-01 (0891-16); vi) del 5 de abril de 2017, radicado 25000-23-42-000-2013-00539-01 (0250-14); vii) del 9 de marzo
de 2017, radicado 05001-23-33-000-2013-01796-01 (2306-16); viii) del 19 de enero de 2015, radicado 25000-23-42-000-
2012-00067-01 (1997-13); ix) del 7 de febrero de 2013, radicado 25000-23-25-000-2008-00579-01 (0428-12).
21 Ver artículo 168 de la Ley 136 de 1994, “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el
funcionamiento de los municipios”.
19
Radicación: 11001-03-25-000-2013-01383-00 (3496-2013) y
11001-03-25-000-2013-01800-00 (4786-2013) Acumulados
Demandantes: Mauricio Eljach Galofre y PGN
demandantes no ocuparon ese cargo, es decir, que en esencia se aplicó el
parámetro antes indicado.22
Además, si bien es cierto que en una ocasión se indicó que por regla general debían
excluirse a los servidores de las personerías territoriales del ámbito de aplicación
del Decreto 546 de 1971, 23 debe entenderse que se trató de un caso aislado dentro
de la amplia línea jurisprudencial que sí incluye a los personeros como destinatarios
de la norma especial, por lo que en esta oportunidad debe mantenerse el criterio
mayoritario y reiterado de la Sección Segunda.
El entendimiento que aquí se reafirma, esto es, que por vía del régimen de transición
pensional es posible aplicar el Decreto 546 de 1971 a los personeros, también
encuentra respaldo en el siguiente antecedente:24
Ahora bien, el artículo 135 del Decreto 1333 de 1986, preceptuaba:
“En cada municipio habrá un funcionario que tendrá el carácter de defensor del pueblo
o veedor ciudadano y agente del ministerio público, llamado personero municipal, que
tendrá un suplente nombrado por el mismo que elija el principal.
[…]
La norma pretranscrita fue modificada por el artículo 1° de la Ley 3 de 1990, que
dispuso:
“En cada Municipio habrá un funcionario que tendrá el carácter de defensor del pueblo
o veedor ciudadano, agente del Ministerio Público y defensor de los derechos
humanos, llamado Personero Municipal, que tendrá un suplente designado por el
mismo que elija al principal.
[…]
De suerte que, de conformidad con la normatividad transcrita, resulta evidente,
de manera palmaria, que forman[do] parte del Ministerio Público los personeros
municipales ( y así lo señala expresamente la actual Carta Política en su artículo
118) […]. [Resalta la Sala]
La conclusión resaltada en el aparte transcrito, también fue replicada por la Corte
Constitucional, mediante la Sentencia T-019 de 2019, en los siguientes términos:
22 Ver las siguientes sentencias: i) del 3 de junio de 2021, radicado 76001-23-33-000-2015-01513-01 (5296-19) y ii) del 20
de agosto de 2020, radicado 25000-23-42-000-2014-04051-01 (1769-17).
23 Sentencia del 23 de marzo de 2017, radicado 25000-23-42-000-2012-01170-01 (1370-14).
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de marzo de 1998, radicado 9886 (radicado en
SAMAI: 05001-23-31-000-1998-09886-01), actora: Cecilia Vélez de Gónima, demandado: Municipio de Medellín.
20
Radicación: 11001-03-25-000-2013-01383-00 (3496-2013) y
11001-03-25-000-2013-01800-00 (4786-2013) Acumulados
Demandantes: Mauricio Eljach Galofre y PGN
No puede alegar la entidad accionada que al momento de entrar a regir la Ley 100 de
1993, la accionante no acreditaba cotizaciones a la Rama Judicial o al Ministerio
Público que le permitiesen la aplicación del régimen reclamado por cuanto, de
acuerdo con la Carta Política, no sólo los funcionarios de la Procuraduría son
agentes del Ministerio Público, también lo son los personeros municipales y
distritales y sus respectivos delegados.
Efectivamente, en Sentencia C-475 de 199925 se precisó que el cargo de Personero
Delegado pertenece al nivel directivo de las personerías, como quiera que quien lo
desempeña cumple, en virtud de la delegación, funciones propias del Personero
como integrante del Ministerio Público. En idéntico sentido, la Sentencia C-506 de
199926 señaló que los Personeros Delegados desarrollan las funciones que la
Constitución y la Ley asignan a los Personeros y por lo tanto, ejercen las
funciones del Ministerio Público junto con el Procurador General de la Nación, el
Defensor del Pueblo, los Procuradores Delegados y los Agentes del Ministerio
Público.
Sin hesitación alguna, concluye la Sala que el cargo que desempeñaba la señora Luz
Marina Ávila Sotomontes en la Personería de Bogotá para el año 1991, le otorgaba
desde esa fecha la calidad de funcionaria del Ministerio Público y, por contera,
actualmente le permite ser beneficiaria del régimen especial contemplado para esos
funcionarios en el Decreto 546/71, pues era éste al que se encontraba afiliada para la
fecha en que entró a regir la Ley 100 de 1993. [Resalta la Sala].
Bajo este contexto, se concluye que debe declararse la legalidad condicionada de
la circular acusada, pues es respetuosa de la jurisprudencia de esta corporación en
cuanto a que el Decreto 546 de 1971 no se aplica a los empleados de las
personerías; sin embargo, la norma especial sí cobija a los personeros titulares y
personeros delegados, amparados por el régimen de transición pensional. En
consecuencia, el acto acusado deberá ajustarse a dicho criterio.
Es oportuno aclarar que el Consejo de Estado en múltiples oportunidades ha
condicionado la legalidad o validez de los actos administrativos, bajo las siguientes
consideraciones:27
[…] no es posible hacer un pronunciamiento puro y simple y decantarse por la nulidad
o la validez de la decisión administrativa; la primera medida es desproporcionada, la
25 M.P (E) Martha Victoria Sáchica de Moncaleano
26 M.P. Fabio Morón Díaz.
27 Ver las siguientes sentencias: i) del 4 de junio de 2009, radicado 11001-03-25-000-2005-00057-00(1873-05); ii) del 9 de
junio de 2010, radicado 11001-03-26-000-2009-00089-00 (37258); iii) del 2 de diciembre de 2021, radicado 11001-03-25-
000-2013-01776-00 (4697-2013); iv) del 14 de marzo de 2022, radicado 11001-03-15-000-2020-03485-00 (5508); v) del 20
de octubre de 2022, radicado 11001-03-25-000-2017-00129-00 (0677-2017).
21
Radicación: 11001-03-25-000-2013-01383-00 (3496-2013) y
11001-03-25-000-2013-01800-00 (4786-2013) Acumulados
Demandantes: Mauricio Eljach Galofre y PGN
segunda, dejaría viva una norma que no se ajusta del todo a la legalidad. Frente a la
anterior disyuntiva, la Sala ha considerado:
“(…) apoyada en los principios del efecto útil de las normas y el de conservación
del derecho, en virtud de los cuales se destaca y acentúa la idea de que en la
producción normativa se invierte un esfuerzo administrativo, jurídico y político que
vale la pena conservar, que se deben y pueden modular las sentencias de validez,
cuando se encuentre algún sentido a la norma controlada que se ajuste al derecho
vigente, de modo que, por esta vía, se logran dos propósitos: i) eliminar del
ordenamiento jurídico las interpretaciones y aplicaciones que vulneran el derecho –
exclusión total de la ilegalidad, para mantener aséptico el ordenamiento jurídico-, y ii)
se conserva exclusivamente la aplicación e interpretación ajustada a la constitución o
la ley –inclusión plena de la legalidad, para mantener dinámico el ordenamiento
jurídico-28.
“Esta actitud también conserva al juez administrativo dentro de la esfera de legalidad
que debe observar, en el ejercicio de sus funciones, pues lo que le ordena la
Constitución y la ley es que controle la legalidad de los actos administrativos que
examina, lo cual realiza con más perfección cuando modula las sentencias, toda vez
que no siempre las situaciones que se presentan a sus ojos son blancas o negras,
esto es, válidas o nulas –y menos en la compleja realidad jurídica que se vive-, y con
esta técnica obtiene mayor provecho para ejercer el control de la administración
pública moderna29.”30
Así las cosas, la sentencia que declara la validez o legalidad condicionada de un
acto administrativo garantiza el principio de conservación del derecho,31 por cuanto
se opta por aquella consecuencia jurídica que permite mantener la vigencia de la
norma «con los efectos que está llamada a producir».32
2.4.2. Carácter vinculante de la Sentencia C-258 de 2013
28 Un antecedente de esta técnica del control, anterior a la Corte Constitucional –quien emplea profusamente, y con buen
criterio, esta técnica de control de constitucionalidad-, que debe contribuir a eliminar las prevenciones al interior de
nuestra jurisdicción, se encuentra en el artículo 170 CCA., el cual contempla –para nuestro caso, incluso, en una norma
positiva, y además muy antigua- la posibilidad de que el juez estatuya disposiciones en reemplazo de las acusadas, o la
modificación o reforma de ellas. En tal sentido, dispone la norma que:
“Art. 170. CONTENIDO DE LA SENTENCIA. La sentencia tiene que ser motivada. Debe analizar los hechos en que se funda
la controversia, las pruebas, las normas jurídicas pertinentes, los argumentos de las partes y las excepciones con el objeto
de resolver todas las peticiones. Para restablecer el derecho particular, los Organismos de lo Contencioso Administrativo
podrán estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas, y modificar o reformar éstas.” (Negrillas fuera de
texto)
29 La Sala se abstiene de transcribir la cita completa en razón a que el asunto ha sido ilustrado con suficiencia.
30 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 16 de Junio de 2009. M. P. Enrique Gil
Botero. Exp. 11001-03-15-000-2009-00305-00
31 Corte Constitucional, sentencias C-100 de 1996, C-038 de 2006 y C-054 de 2016.
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 25 de noviembre de 2021, radicado 11001-03-25-000-
2019-00763-00 (5728-19). En similar sentido pueden consultar se las siguientes sentencia proferidas por las diferentes
Secciones y Salas Especiales de esta corporación: i) del 25 de noviembre de 2021, radicado 08001-23-33-000-2015-00073-
02 (25452); ii) del 4 de agosto de 2021, radicado: 11001-03-15-000-2020-03808-00; iii) del 30 de julio de 2021, radicado
11001-03-25-000-2015-00366-00 (0740-2015); iv) del 28 de julio de 2021, radicado 11001-03-15-000-2020-01286-00 (CA),
(2020-01655, 2020-02228, 2020-02987 y 2020-03012); v) del 24 de mayo de 2018, radicado 11001-03-26-000-2014-
00035-00 (50222).
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Radicación: 11001-03-25-000-2013-01383-00 (3496-2013) y
11001-03-25-000-2013-01800-00 (4786-2013) Acumulados
Demandantes: Mauricio Eljach Galofre y PGN
Conforme se explicó en acápites anteriores, en reiterada jurisprudencia el Consejo
de Estado analizó el sentido y alcance del régimen de transición previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y concluyó que el entendimiento que mejor se
ajustaba a los principios de favorabilidad, pro homine e inescindibilidad de las
normas consistía en considerar que los beneficiarios de dicha norma tenían derecho
a que sus pensiones se reconocieran al amparo de la normativa que regía con
antelación a la creación del sistema general de pensiones.
En tal sentido, esta corporación sostuvo que las normas anteriores debían aplicarse
íntegramente, esto es, para los requisitos de edad y tiempo de servicios que
habilitaban el acceso a la prestación, así como su monto, incluyendo la tasa de
reemplazo, los factores salariales computables y el período base de liquidación.
Igualmente, respecto de los factores de algunos regímenes (como la Ley 33 de 1985
y los Decretos 546 de 1971 y 929 de 1976), se concluyó que era necesario tener en
cuenta todos los emolumentos devengados por los servidores, pues así lo
aconsejaba el núcleo esencial del derecho al trabajo, en virtud de una intelección
sistemática del ordenamiento superior.
Sin embargo, la Sentencia C-258 de 2013 condujo a que el Consejo de Estado
efectuara una nueva lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, mediante
sentencia del 28 de agosto de 2018,33 la Sala Plena acogió los derroteros allí
establecidos, los cuales fueron reiterados en las Sentencias SU-427 de 2016 y SU-
631 de 2017, para el régimen prestacional de la Rama Judicial (Decreto 546 de
1971), así como en las Sentencias SU-230 de 2015, SU-395 de 2017 y SU-023 de
2018 respecto de la Ley 33 de 1985.
De esta manera, el Consejo de Estado concluyó que el IBL para liquidar las
pensiones reconocidas al amparo del régimen transición era el previsto en el inciso
3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 o el artículo 21 ibídem. Esta directriz también
33 Sentencia del 28 de agosto de 2018, radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01 (4403-2013).
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Radicación: 11001-03-25-000-2013-01383-00 (3496-2013) y
11001-03-25-000-2013-01800-00 (4786-2013) Acumulados
Demandantes: Mauricio Eljach Galofre y PGN
fue aplicada en sentencias de unificación respecto de los Decretos 546 de 197134 y
929 de 1976. 35
Bajo este contexto, se ha establecido que «la sentencia C-258 de 2013 tuvo un
efecto reflejo en la jurisprudencia del Consejo de Estado, que permitió interpretar de
un mismo modo los alcances del régimen de transición previsto en la Ley 100 de
1993, en el sentido de que es ajeno a él, el ingreso base de liquidación en sus
variables de periodo y factores, indistintamente de la norma general o especial
que hubiere definido el derecho a la pensión. Por tanto, las reglas hermenéuticas
del régimen de transición resultan plausibles para cualquier norma que gobierne el
reconocimiento del derecho, aun tratándose de una distinta a la que motivó el
pronunciamiento de la Corte en sede de control abstracto de constitucionalidad».36
Así las cosas, la circular demandada se ajustó a la normativa superior, a la
Sentencia C-258 de 2013 y también encuentra respaldo en la jurisprudencia que
actualmente impera en el Consejo de Estado.
2.4.3. Topes pensionales
La Circular Interna 4 de 2013 determinó que ninguna mesada pensional, con cargo
a recursos de naturaleza pública puede superar, a partir de 1 de julio de 2013, el
tope de los 25 SMLMV.
Por su parte, los demandantes consideran que dicha regla vulnera el Acto
Legislativo 1 de 2005, pues este dispuso que a partir del 31 de julio de 2010 no
podrían causarse pensiones superiores a 25 SMLMV, con cargo a recursos de
naturaleza pública.
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia CE-SUJ-S2-021-20 del 11 de junio de 2020, radicado 15001-23-33-000-
2016-00630-01 (4083-2017).
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de junio de 2020, radicado 05001-23-33-00-2012-00572-01 (1882-
2014).
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, auto del 20 de octubre de 2022, radicado 11001-03-25-000-2013-
01383-00 (3496-2013) y 11001-03-25-000-2013-01800-00 (4783-2013) (acumulados).
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Radicación: 11001-03-25-000-2013-01383-00 (3496-2013) y
11001-03-25-000-2013-01800-00 (4786-2013) Acumulados
Demandantes: Mauricio Eljach Galofre y PGN
Sin embargo, la Sala se aparta del anterior razonamiento, pues la directriz impartida
por la administración es respetuosa del mandato constitucional invocado, así como
de la Ley 797 de 2003 y de las órdenes impuestas en la Sentencia C-258 de 2013.
En efecto, históricamente el legislador ha previsto límites a los montos de las
pensiones en aras de materializar los principios de sostenibilidad financiera,
igualdad, solidaridad, eficiencia, universalidad y progresividad que orientan el
sistema de seguridad social integral.
Dichos topes fueron previstos en el ordenamiento desde la Ley 4 de 1976 y se
siguieron reiterando en las Leyes 71 de 1988, 100 de 1993 y 797 de 2003, así como
en el Acto Legislativo 1 de 2005.
A su turno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que
los topes máximos pensionales no constituyen medidas regresivas, salvo que la
suma sea manifiestamente incompatible con el contenido esencial de la prestación,
por ende, en un Estado Social y Democrático de Derecho dichos límites persiguen
una finalidad legítima, que consiste en mantener la estabilidad financiera, garantizar
la equidad en el régimen de seguridad social y promover el interés general.37
Igualmente, mediante las Sentencias T-892 de 2013, T-320 de 2015, T-360 de 2018
y T-073 de 2019, la Corte Constitucional ha sostenido que la aplicación del límite al
monto pensional resulta imperativo para las entidades encargadas del pago de
estas prestaciones, pues los topes han sido consagrados por el legislador y el
constituyente para todas las pensiones que se paguen con recursos públicos,
incluyendo las reconocidas al amparo de regímenes especiales.38
Entonces, el legislador fijó límites máximos pensionales con el propósito de reducir los
subsidios del Estado a las pensiones más altas, garantizar que los pensionados de
menores ingresos también tuvieran acceso al pago oportuno de sus prestaciones y el
37 Al respecto puede consultarse la Sentencia C-258 de 2013.
38 Ver también Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 13 de noviembre de 2020, radicado:
25000-23-42-000-2016-01911-01 (5824-2018).
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Radicación: 11001-03-25-000-2013-01383-00 (3496-2013) y
11001-03-25-000-2013-01800-00 (4786-2013) Acumulados
Demandantes: Mauricio Eljach Galofre y PGN
derecho a la igualdad. Estas razones son las que impiden concebir un régimen
pensional sin topes en las mesadas y las que han inspirado al legislador para
establecerlos desde la Ley 4 de 1976.
En armonía con lo antes expuesto, el Consejo de Estado ha expresado que «las
mesadas que superen la barrera de 25 SMLMV fijada por la Ley 797 de 2003,
modificatoria de la Ley 100 de 1993, y el Acto legislativo 1 de 2005, deben ser
reajustadas a partir del 31 de julio de 2013, por disposición de la Corte
Constitucional, esto sin importar la fecha de causación del derecho».39
En consecuencia, la Circular Interna 4 de 2013 acata los derroteros normativos y
jurisprudenciales que rigen en materia de topes pensionales.
2.5. La condena en costas
Conforme al artículo 188 del CPACA,40 la Sala se abstendrá de imponer condena en
costas en el presente caso, en consideración a que se trata de un medio de control
de nulidad, en el que se ventila un asunto de interés público y los sujetos procesales
expusieron fundamentos jurídicos razonables en defensa de sus intereses.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y en el acervo probatorio, se
concluye que debe declararse la legalidad condicionada de la disposición
enjuiciada, en los términos explicados en precedencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
39 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 21 de julio de 2023, radicado 05001-23-33-000-2014-
01558-01 (4943-2019).
40 Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre
la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal.
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Radicación: 11001-03-25-000-2013-01383-00 (3496-2013) y
11001-03-25-000-2013-01800-00 (4786-2013) Acumulados
Demandantes: Mauricio Eljach Galofre y PGN
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Declarar la legalidad condicionada del numeral 1 de la Circular Interna
04 del 26 de julio de 2013, emitida por Colpensiones, a través de la cual se fijaron
los «criterios jurídicos básicos de reconocimiento pensional», bajo el entendido de
que los personeros municipales y distritales, así como los personeros delegados,
que se encuentren amparados por el régimen de transición pensional establecido
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, son destinatarios del Decreto 546 de 1971,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
Segundo. Levantar la medida cautelar de suspensión provisional decretada dentro
del presente asunto, por las razones explicadas en las consideraciones de esta
providencia.
Tercero. Aceptar la renuncia del poder presentada por el abogado Gustavo
Eduardo Gómez Aranguren, en tanto allegó la comunicación de que trata el inciso
4 del artículo 76 del CGP.41
Cuarto. Reconocer personería al abogado Juan Camilo Andrés Bernal Beltrán,
como apoderado del ciudadano Mauricio Eljach Galofre y para los efectos del poder
conferido.42
Quinto. Reconocer personería a la Sociedad Vence & Salamanca Lawyers Group
S.A.S., representada legalmente por la abogada Karina Vence Peláez, como
apoderada principal de Colpensiones, conforme al poder que obra en la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado. Igualmente, se reconoce a la abogada Yeliseth
Carreño Quintero como apoderada sustituta de dicha parte, en atención a la
sustitución radicada también en la referida plataforma.
41 Documentación aportada a la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
42 Documentación aportada a la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
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Radicación: 11001-03-25-000-2013-01383-00 (3496-2013) y
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Demandantes: Mauricio Eljach Galofre y PGN
Sexto. Sin condena en costas.
Séptimo. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse
las anotaciones correspondientes y archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
cgg
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