Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-01085-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-01085-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-01085-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martinez
14 de marzo de 2025
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, catorce (14) de marzo de dos mil veinticinco (2025).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-01085-00
Demandante: JOSÉ LUIS ARIZA RODRÍGUEZ
Demandado: SECCIÓN PRIMERA DEL CONSEJO DE ESTADO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
SUJETO DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.
DENEGACIÓN DE JUSTICIA. SE AMPARAN LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES.
Síntesis del caso: el demandante consideró que la autoridad judicial demandada vulneró sus
derechos constitucionales fundamentales con ocasión de las decisiones que rechazaron la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que interpuso. La Sala accederá al amparo
toda vez que se trata de un sujeto de especial protección constitucional y se demostró que el
actor desplegó actuaciones para subsanar la demanda, justificó que debido a su condición de
desplazado no podía obtener un avalúo catastral del predio y, en todo caso, estimó
provisionalmente la cuantía, pese a lo cual la autoridad judicial accionada rechazó su demanda
porque supuestamente no la subsanó.
La Sala procede a decidir el proceso de acción de tutela1 presentado por el señor José
Luis Ariza Rodríguez en contra de la Sección Primera del Consejo de Estado para la
protección de sus derechos fundamentales del debido proceso y acceso a la
administración de justicia consagrados en los artículos 29 y 229 de la Carta Política,
presuntamente vulnerados con ocasión de las providencias de 19 de mayo de 2023, 25
de julio de 2024 y 5 de septiembre de 2024 proferidas por dicha autoridad judicial.
I. ANTECEDENTES
1. Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1 La acción de tutela fue presentada el 25 de febrero de 2025.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01085-00
Demandante: José Luis Ariza Rodríguez
Acción de tutela
1) El señor José Luis Ariza Rodríguez es víctima del conflicto armado interno, debido a
la desaparición y posterior muerte de su padre Teodoro Ariza Ibarra a manos del ELN en
el año 1994, motivo por el cual los bienes de los que era poseedor y propietario su padre
fueron despojados forzosamente.
2) En virtud de lo anterior, solicitó ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (en adelante
UAEGRTD), la inclusión en el registro de tierras despojadas y abandonadas
forzosamente, por diferentes predios, entre ellos, los denominados Las Montañas con
Folios de Matrícula inmobiliaria nos. 045 - 31601 y 045 – 157, respectivamente, pese a
lo anterior la UAEGRTD negó las solicitudes de inclusión en el registro de tierras
despojadas y abandonadas forzosamente.
3) El actor presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las
Resoluciones RM 00304 del 20 de agosto de 2020, que confirmó la Resolución RM 00853
del 11 de diciembre de 2019 y la Resolución RM 00305 del 20 de agosto de 2020, que
confirmó la Resolución RM 00997 del 26 de diciembre de 2019, las cuales negaron sus
solicitudes de inclusión en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente.
4) En auto de 6 de julio de 2022, la Sección Primera del Consejo de Estado inadmitió el
medio de control de la referencia y le ordenó que estimara la cuantía del asunto, por
considerar que, de acuerdo con la posición de esa Sala de Decisión, más allá de ser una
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en la cual se cuestionan unos actos
administrativos, el asunto ventilado sí tenía implícita una pretensión económica, en la
medida que, al prosperar las súplicas el accionante podría reclamar ante los jueces de
restitución una compensación económica, por tanto, indicó que debía cuantificarse el
proceso a partir del avalúo catastral del inmueble pretendido en restitución so pena de
rechazo2.
5) Dentro del término legal, la parte demandante presentó escrito a través del cual precisó
que no perseguía una pretensión económica en el proceso, pues, simplemente pretendía
la inclusión en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente pero que,
en todo caso, por la situación de desplazamiento no le había sido posible obtener el
avalúo catastral del inmueble, puesto que si bien presentó una petición ante la Alcaldía
de Ponedera (Atlántico) esta no le había sido contestada y aunque intentó acceder a la
2 Proceso con radicación no. 11001-03-24-000-2021-00473-00
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01085-00
Demandante: José Luis Ariza Rodríguez
Acción de tutela
página del ente territorial para obtener la factura del impuesto predial donde consta el
avalúo catastral no fue posible acceder a dichos documentos, razón por la cual solicitó
un tiempo prudencial para acceder a dicha información.
6) Ante el silencio de la Alcaldía de Ponedera (Atlántico), interpuso acción de tutela para
obtener la información solicitada, acción constitucional que correspondió por reparto al
Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Ponedera, el cual, en sentencia de 18 de
octubre de 2022, amparó los derechos fundamentales del actor y ordenó a la Alcaldía de
Ponedera entregar la información solicitada3, no obstante, en cumplimiento de la orden
judicial la autoridad municipal indicó que el inmueble objeto de restitución no reposaba
en su base de datos, y que, por ende, no tenía información sobre el avalúo catastral.
7) Mediante auto de 19 de mayo de 2023, la Sección Primera del Consejo de Estado
rechazó de la demanda por la falta de subsanación en los términos indicados en el auto
del 6 de junio de 2022, por considerar que ”acorde con la jurisprudencia de esta Sección,
las controversias sobre los actos administrativos que niegan la inscripción de solicitudes
en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente, tienen naturaleza
patrimonial, con contenido económico cuantificable, que está determinado por el avalúo
catastral del bien objeto de la solicitud de restitución”.
8) Inconforme con la decisión, el actor interpuso recurso de reposición y en subsidio
súplica en el que puso de presente la imposibilidad en la que se encontraba de obtener
la información solicitada, puesto que la alcaldía municipal no le entregó la información,
es una víctima del conflicto armado y, en consecuencia, no puede dirigirse al predio del
que resultó despojada su familia para contratar un avalúo particular y, en todo caso, luego
de averiguaciones encontró que la hectárea de tierra en la zona tiene un valor aproximado
de 16.000.000, guarismo que multiplicado por las 80 hectáreas del predio asciende a una
suma aproximada de $1.280.000.000, en los que estimó provisionalmente la cuantía del
asunto.
9) Además, junto con el recurso aportó la respuesta al derecho de petición que elevó ante
el municipio de Ponedera, en la cual le informaron que el predio con esa identificación y
folio de matrícula no se encontraba en su base de datos catastral, lo que le impedía
aportar un avalúo en la forma requerida. Asimismo, con posterioridad aportó otro oficio
emitido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en el cual le informaron que para
3 Proceso con radicación no. 08560-40-89-001-2022-00185-00
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01085-00
Demandante: José Luis Ariza Rodríguez
Acción de tutela
poder expedir el avalúo catastral del predio Las Montañas era necesario que aportara la
providencia donde un juez se lo solicitara a la entidad.
10) Sin embargo, en auto de 25 de julio de 2024, el consejero ponente confirmó la
decisión que rechazó la demanda por la falta de subsanación pues consideró que no se
corrigió oportunamente ya que no se estimó de manera razonada la cuantía y “la carga
impuesta debía cumplirse en el término perentorio concedido, máxime cuando lo
solicitado fue una estimación razonada de la cuantía, no un avaluó catastral”, por
consiguiente, concedió el recurso de súplica.
10) Mediante auto de 5 de septiembre de 2024, la Sección Primera del Consejo de
Estado confirmó el auto de 19 de mayo de 2023 que rechazó la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, para lo cual indicó que en atención a lo dispuesto en el
artículo 157 del CPACA no se requería un avalúo catastral para estimar la cuantía, sino
parámetros para fijarla, a pesar de lo cual el demandante solo lo hizo con la presentación
de los recursos, no así en el término requerido.
2. El fundamento de la vulneración
El demandante señaló que la autoridad judicial demandada vulneró sus derechos
fundamentales del debido y acceso a la administración de justicia, por cuanto, a su juicio,
incurrieron en una violación directa de la Constitución y un defecto procedimental
absoluto por exceso ritual manifiesto.
Frente al defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto, sostuvo que la
Sección Primera del Consejo de Estado rechazó la demanda a partir de una lectura
equívoca de lo reglamentado en la Ley 1448 de 2011 pues, el libelo se presentó estando
dentro del régimen de transición establecido en la Ley 2080 de 2021 y, por lo tanto, la
competencia al carecer el asunto de cuantía correspondía en única instancia al Consejo
de Estado.
De igual forma, precisó que la demanda no debía ser rechazada pues el actor le manifestó
en el término oportuno que no pretendía una pretensión económica, sino solo la inclusión
en el registro y la imposibilidad de obtener el avaluó catastral de inmueble.
Finalmente, alegó una violación directa de la Constitución toda vez que la imposición
estricta de la aplicación de la norma y la exigencia de la presentación del avaluó catastral
vulneró los principios constitucionales y su derecho de acceso a la administración de
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01085-00
Demandante: José Luis Ariza Rodríguez
Acción de tutela
justicia, sin que en los autos se analice su situación particular y sus manifestaciones
referentes a la imposibilidad de aportar el documento por su condición de desplazado y
víctima del conflicto armado.
3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó el amparo de las siguientes
súplicas:
“De manera atenta y respetuosa le solicito a la H. Corte Suprema de Justicia -
Sala Laboral cómo Juez Constitucional.
PRIMERO. AMPARAR los derechos Constitucionales Fundamentales al debido
proceso y al acceso material a la Administración de Justicia del Accionante
JOSE LUIS ARIZA RODRIGUEZ y que son violentados por la Autoridad Judicial
accionada.
SEGUNDO. Cómo consecuencia de ello DEJE SIN EFECTO el Auto proferido
el 19 de mayo de 2023, a través del cual rechazó la demanda por no
subsanación, así como los que resolvieron los recursos de reposición y súplica
respectivamente.
TERCERO. Si lo considera necesario, ORDENE a la SECCIÓN PRIMERA DEL
CONSEJO DE ESTADO, requerir al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para
que aporte un certificado catastral del inmueble solicitado en restitución, de cara
a establecer el avalúo del mismo y cuantificar el proceso.
CUARTO. Definido ello, ORDENE a la SECCIÓN PRIMERA DEL H. CONSEJO
DE ESTADO, Admitir la demanda de la referencia, o en su defecto, si considera
que es incompetente Funcional para conocer del asunto, lo remita al funcionario
que estime conveniente para que estudie de fondo las pretensiones de la
demanda.”. (archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI).
4. Actuación procesal
Mediante auto de 28 de febrero de 2025 se admitió el proceso de acción de tutela y se
ordenó la notificación al presidente y a los magistrados integrantes de la Sección Primera
del Consejo de Estado, en el mismo sentido se ordenó la vinculación a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas
Forzosamente como tercero con interés, con el fin de que allegaran un informe sobre los
hechos que motivaron el ejercicio de la acción.
5. Actuación de las autoridades demandadas
El magistrado ponente del la Sección Primera del Consejo de Estado solicitó declarar
improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional toda vez que no se evidencia una vulneración a los derechos
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Demandante: José Luis Ariza Rodríguez
Acción de tutela
fundamentales del actor y lo que realmente pretende es utilizar la acción de tutela como
una instancia adicional para reabrir el debate procesal resuelto en la providencia
censurada.
La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
solicitó ser desvinculada del asunto por falta de legitimación en la causa por pasiva toda
vez que no ha vulnerado de ninguna forma los derechos fundamentales del actor y la
acción de tutela se dirige exclusivamente contra las actuaciones de la Sección Primera
del Consejo de Estado.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los
procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos precluidos o
acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos constitucionales fundamentales del
demandante.
2. El caso concreto
En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional a
la Sección Primera del Consejo de Estado con el fin de que se protejan sus derechos
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fundamentales antes mencionados, presuntamente vulnerados con ocasión de los autos
de 19 de mayo de 2023, 25 de julio de 2024 y 5 de septiembre de 2024.
La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
solicitó se le desvincule de la acción de tutela. Sin embargo, la Sala no accederá a dicha
solicitud porque esa autoridad fue vinculada en condición de tercera con interés dado que
actuó como demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, de
modo que su comparecencia al proceso era necesaria.
3. Análisis de los requisitos generales de procedencia
Al respecto, para la Sala el presente asunto cumple los requisitos genéricos de
procedibilidad, por cuanto: i) se agotaron todos los medios de defensa judiciales
disponibles al alcance de la persona afectada, sin que sea procedente algún otro; ii) se
cumplió con el requisito de la inmediatez4; iii) no se atacó una sentencia de tutela y, iv) la
parte actora identificó de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos que estimó transgredidos.
Asimismo, para la Sala v) la cuestión que se discute es constitucionalmente relevante, en
tanto lo que se reprocha es que la Sección Primera del Consejo de Estado vulneró los
derechos fundamentales del actor y le negó la posibilidad de acceder a la administración
de justicia imponiéndole barreras meramente formales que desconocen el derecho
sustancial, con lo cual pasó por alto abiertamente su condición de víctima del conflicto
armado y desplazado, lo cual le impedía cumplir con el requerimiento. Además, en los
términos de la jurisprudencia constitucional en materia de desplazamiento forzado y
graves violaciones a los derechos humanos los asuntos son constitucionalmente
relevantes5.
En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala accederá a las
pretensiones de la acción de tutela por las siguientes razones:
3.1 Los desplazados como sujetos de especial protección en la jurisprudencia
constitucional
En primer lugar, la Sala debe afirmar que, en diferentes oportunidades, la Corte
Constitucional ha resaltado la existencia de ciertos sujetos que merecen una especial
4 El auto que resolvió el recurso de suplica de 5 de septiembre de 2024 fue notificado el 25 de septiembre
de 2024, mientras que la tutela se presentó el 25 de febrero de 2025.
5 Como se indicó, entre otras, en la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional.
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Demandante: José Luis Ariza Rodríguez
Acción de tutela
protección constitucional, entre los cuales se encuentran las víctimas de desplazamiento
forzado, debido a la masiva, sistemática y continua vulneración de sus derechos
fundamentales6.
En esa medida, es necesario destacar que el Estado es quien tiene el deber de asegurar
a su población las condiciones mínimas de orden público tendientes a dar seguridad y
evitar el desplazamiento forzado, no obstante, con ocasión del conflicto armado interno,
algunas personas se han visto en la necesidad de abandonar sus hogares, condición que
los pone en una clara y evidente situación de vulnerabilidad y desventaja ante las barreras
a las que se ven sometidos, la imposibilidad de retornar a sus hogares, recuperar sus
tierras, sus costumbres, reasentarse y lograr un proyecto productivo.
En esos términos, la Corte Constitucional ha enfatizado en que en un Estado Social de
Derecho la materialización y la garantía real del derecho a la igualdad implica un
compromiso activo del Estado para corregir desigualdades estructurales, especialmente
en grupos vulnerables como las víctimas del desplazamiento forzado, quienes son
personas que se vieron obligadas a dejar sus lugares de origen o de residencia como
consecuencia del conflicto armado interno y que enfrentan riesgos particulares, tales
como la exclusión y marginalidad.
Por consiguiente, dicha garantía, que es inmanente al principio de igualdad, demanda de
las autoridades administrativas y judiciales no solo el respeto formal de la ley o lo que es
lo mismo, igualdad en un sentido meramente formal, sino, también, una igualdad real,
esto es, la materialización y adopción de medidas de discriminación positivas que
permitan eliminar barreras estructurales y alcanzar una igualdad efectiva.
Para el efecto, en el marco del Estado Social de Derecho, principalmente son las
autoridades quienes tiene la obligación de garantizar a este grupo poblacional el efectivo
acceso a la administración de justicia, mediante la emisión de decisiones judiciales en
términos razonables que garanticen la protección real de sus derechos7, incluso si ello
implica darles prelación y levantar barreras estructurales para así evitar un perjuicio
irremediable.
6 Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, sentencias T-598 de 22 de agosto de 2014, T-305 de 15
de junio de 2016 y la T-089 de 12 de abril de 2021.
7 Corte Constitucional, sentencia C-395/21.
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Demandante: José Luis Ariza Rodríguez
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3.2 Análisis de las personas desplazadas como sujetos de especial protección en
el caso concreto
1) En el caso sub examine, la parte actora alegó que la Sección Primera del Consejo de
Estado incurrió en un defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto por
exigirle la presentación de un avalúo catastral, a pesar de haberle explicado, justificado
y reiterado en múltiples ocasiones la imposibilidad material para cumplir con dicho
requerimiento, precisamente por su condición de desplazado que le impedía dirigirse al
municipio en el que se encuentra el inmueble para obtener un avalúo privado.
2) De igual forma, precisó que se configuró una violación directa de la Constitución toda
vez que la imposición estricta de la aplicación de la norma y la exigencia de la
presentación del avalúo catastral en los términos allí anotados vulnera los principios
constitucionales y su derecho de acceso a la administración de justicia, pues, le impidió
acceder a la administración de justicia para obtener un pronunciamiento sobre sus
súplicas.
3) A la par, agregó que la autoridad judicial accionada tampoco analizó sus distintos
memoriales en los cuales explicó la imposibilidad material en la que se encontraba para
aportar el avalúo catastral solicitado en el auto de 6 de julio de 2022, no obstante haber
demostrado que por todos los medios intentó obtenerlo ante las autoridades municipales,
a tal punto que se vio obligado a presentar una acción de tutela previa con el objetivo de
que dichas autoridades le respondiera su petición y poder cumplir ese requerimiento.
4) Sobre el particular, la Sala observa que la Sección Primera del Consejo de Estado
únicamente analizó si la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho cumplía los
requisitos formales y lo requirió porque, de acuerdo a la jurisprudencia de esa Sección,
la demanda sí perseguía una pretensión económica -así no fuera solicitada-, pretensión
que, en sus propios términos, debía cuantificarse a partir del avalúo catastral, así:
“La presente demanda fue radicada en esta Corporación y correspondió por
reparto al despacho el 8 de septiembre de 2021, que por auto del 6 de julio de
2022 requirió a la parte actora con el propósito de que estimara razonadamente
la cuantía. Lo anterior, en cumplimiento del artículo 157 y el numeral 6 del artículo
163 del CPACA, a efectos de remitirla al competente. Para ello se advirtió que
dicha carga debía atenderse en el término de diez días, so pena de rechazo.
Lo señalado, teniendo en cuenta que, acorde con la jurisprudencia de esta
Sección, las controversias sobre los actos administrativos que niegan la
inscripción de solicitudes en el registro de tierras despojadas y
abandonadas forzosamente, tienen naturaleza patrimonial, con contenido
económico cuantificable, que está determinado por el avalúo catastral del
bien objeto de la solicitud de restitución.” (negrillas de la Sala).
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5) En consecuencia, no es de recibo que con posterioridad se le haya dicho al actor que
no debía aportar el avalúo catastral y que este no era necesario para estimar la cuantía,
cuando la propia autoridad judicial fue enfática en señalar que la naturaleza patrimonial
del asunto y su contenido económico estaba determinada por el avalúo catastral del bien
objeto de la solicitud.
6) En esa medida, la exigencia de dicho avalúo en este caso significó una barrera
infranqueable que el actor demostró no poder sortear, ya que dada su condición de
despojado de dichas tierras no podía acceder a dicha prueba, máxime cuando explicó -y
aportó los documentos que daban cuenta de ello- que intentó obtenerlo por otros medios,
ante las autoridades municipales e inclusive ante el propio Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, sin que le hubiese sido posible.
7) Como se explicó en precedencia, la Corte Constitucional en su jurisprudencia reiterada
ha establecido que las personas desplazadas son sujetos de especial protección
constitucional en tanto se encuentran en una situación delicada y evidente de
vulneración, motivo por el cual son las autoridades quienes tiene la obligación de
garantizar a este grupo poblacional el efectivo acceso a la administración de justicia.
8) En el caso del señor José Luis Ariza Rodríguez, la Sección Primera del Consejo de
Estado consideró que la falta de precisión para determinar la cuantía con base en el
avalúo catastral justificaba el rechazo de la demanda por supuestamente no haberla
subsanado, pasando con ello por alto que, se reitera, no se trató simplemente de una
actitud renuente ni contumaz del actor por querer incumplir la orden, sino que, por el
contrario, este demostró su imposibilidad de obtenerlo, pidió la ampliación del término
para hacerlo y aportó la prueba donde se evidenciaba que las autoridades no contaban
con esa información y, en el caso del IGAC, que requería una decisión de un juez de la
República que se lo ordenara.
9) Así las cosas, la autoridad judicial accionada debía pronunciarse puntual y
expresamente frente a las solicitudes que el actor presentó para poner de presente la
imposibilidad de presentar el avalúo o pedir la ampliación del término de subsanación o
bien admitir la demanda y oficiar al IGAC para que remitiera con destino al proceso el
mencionado avalúo catastral que se echaba de menos. Inclusive, si la duda consistía en
establecer la cuantía del proceso en aras de determinar si esta Corporación era
competente o lo era el tribunal también pudo remitir por competencia el expediente a los
tribunales y que estos fueran quienes oficiaran a las entidades correspondientes con el
mismo cometido.
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Demandante: José Luis Ariza Rodríguez
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10) Con esa determinación, la accionada incurrió en un defecto procedimental absoluto
por exceso ritual manifiesto, en los términos de la jurisprudencia constitucional, ya que
con la decisión de rechazar la demanda y abstenerse de resolver las solicitudes porque
el actor supuestamente no “cumplió” con el requerimiento de “subsanar” la demanda en
el término otorgado “renunci[ó] a conocer un caso de fondo y a proteger un derecho
sustancial como resultado de una aplicación irreflexiva de las normas procedimentales”8.
11) En el caso concreto, no existe discusión alguna en punto a que el artículo 170 del
CPACA establece que la demanda que carezca de los requisitos será inadmitida y se le
otorgará al actor un término de diez (10) días para subsanarla, so pena de rechazo; sin
embargo, es precisamente la aplicación irreflexiva de dicha disposición y sin tener en
cuenta las particularidades del caso ni las solicitudes que el actor elevó poniendo de
presente su absoluta incapacidad para hacerlo en los términos requeridos lo que se
reprocha en esta oportunidad, pues, ello desconoció no solo la garantía del derecho del
debido proceso y de acceso efectivo y real a la administración de justicia, sino que,
además, pasó por alto el principio de prevalencia del derecho sustancial en las
actuaciones judiciales -artículo 228 de la Carta-.
12) Justamente por esa razón es que la Corte Constitucional, en eventos como este, ha
señalado que las normas procesales constituyen “un medio para la realización efectiva
de los derechos de los ciudadanos9” y no pueden por consiguiente constituirse en una
barrera de acceso a la garantía de aplicación y protección del derecho sustancial como
ocurrió en este caso.
13) No obstante, la accionada optó por simplemente rechazar la demanda sin
miramientos a la condición de la víctima del actor y ni siquiera con un pronunciamiento
expreso sobre sus argumentos referentes a la imposibilidad de estimar la cuantía en los
términos solicitados o la concesión de un plazo adicional para subsanar, postura de la
cual la Sala debe discernir por cuanto el demandante es una víctima del conflicto armado
y, por ende, sujeto de especial protección, el cual le manifestó en reiteradas
oportunidades que no tenía pretensiones económicas, y que su único objetivo era la
inclusión en el registro económico de la UAEGRTD.
8 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, reiterada, entre otras, en las siguientes sentencias: T-
234 de 2017, T-450 de 2018, SU 337 de 2019, SU 129 de 2021.
9 Corte Constitucional, sentencia SU 355 de 2017.
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14) No pasa por alto la Sala que la posición de la Sección Primera de esta Corporación
ha sido la de establecer que esos procesos, aunque el actor no lo pida expresamente, sí
tienen una naturaleza económica y patrimonial, aspecto en el cual el juez constitucional
no puede inmiscuirse porque hace parte del resorte del juez natural de la causa y
constituye la materialización de los principios de autonomía e independencia judicial; no
obstante, lo cierto es que si el actor justificó la imposibilidad material en la que se
encontraba para cumplir con el requerimiento nada impedía que el juez activara sus
poderes oficiosos para obtener el avalúo catastral o cuando menos le indicara con
absoluta claridad que ello no era necesario para estimar de manera razonada la cuantía,
pues esto último consiste simplemente en mencionar o fijar un monto con una explicación
lógica, sin que se requiera inexorablemente un avalúo.
15) Contrario a ello, la Sala observa que la providencia de 6 de julio de 2022 justificó la
inadmisión de la demanda en el incumplimiento de los requisitos formales de la demanda
consagrados en el artículo 157 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y los artículos 72 y 76 de la Ley 1448 de 2011 para lo cual le
exigió una estimación razonada de la cuantía, de la siguiente manera:
“(iii) No obstante, debe tenerse en cuenta que el artículo 157 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone que la
cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios
causados, según la estimación razonada hecha por el actor, y en el mismo
artículo se precisa que en el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del
derecho no se podrá prescindir de su estimación, so pretexto de renunciar a
este último, así:
(…)
Aunado a ello, el numeral 6 del artículo 162, ordena: “Toda demanda deberá
dirigirse a quien sea competente y contendrá (…) 6. La estimación razonada de
la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia.”
(iv) En materia de acciones de restitución de tierras a los despojados y
desplazados, el artículo 72 de la Ley 1448 de 20111 estableció:
(…).
De las disposiciones en cita se colige que, ante una eventual declaratoria de
nulidad de los actos administrativos acusados, el demandante tendría derecho
a continuar con el trámite para la inscripción en el registro de tierras despojadas,
el cual constituye requisito de procedibilidad para acudir ante los jueces o
magistrados competentes para conocer de los procesos de restitución de tierras
y, en caso de salir avante las pretensiones, tendría derecho a la restitución del
correspondiente inmueble o en su defecto a la compensación a la que se refiere
al artículo 97 de la Ley 1448 de 2011, así como a los beneficios de alivio por
pasivos asociados a los predios restituidos y el subsidio de vivienda, previstos
por los artículos 2.15.2.2.1. y 2.15.2.3.1 del Decreto 1071 de 2015; en
consecuencia, los actos acusados sí comportan una pretensión de contenido
económico.
(v) Sobre los actos administrativos que niegan que la inscripción de un
inmueble en el registro de tierras despojadas y abandonadas
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01085-00
Demandante: José Luis Ariza Rodríguez
Acción de tutela
forzosamente, esta Sección ha señalado que tienen naturaleza patrimonial
y está determinada por el avalúo catastral, así: (…)” (resaltado de la Sala)
16) Para este fin, le exigió al actor el cumplimiento de la estimación razonada de la
cuantía y en el mismo auto determinó que el medio idóneo de prueba era el avalúo
catastral, motivo por el cual le concedió el término de 10 días para aportar un documento
que le era materialmente imposible de obtener.
17) Por otro lado, la providencia de 15 de mayo de 2023 justificó el rechazo de la demanda
en la falta de subsanación, pero la realidad es que no evaluó debidamente las
circunstancias y únicamente se limitó a manifestar que el actor no había desplegado
actuación alguna con el fin de estimar la cuantía10.
18) Pese a ello, contrario a lo afirmado por la Sección Primera del Consejo de Estado, el
actor sí adelantó actuaciones con el fin de estimar la cuantía, toda vez que presentó
múltiples peticiones ante la Alcaldía de Ponedera (Atlántico) y frente a la falta de
respuesta oportuna presentó una acción de tutela ante el Juzgado Primero Promiscuo
Municipal de Ponedera, quien en sentencia de 18 de octubre de 2022 amparó sus
derechos fundamentales y ordenó a la Alcaldía de Ponedera (Atlántico) responder su
solicitud.
19) De igual forma, en el recurso de reposición y en subsidio suplica precisó que tras
comunicarse con el IGAC le manifestaron que para expedir el correspondiente certificado
catastral del predio denominado Las Montañitas era necesario aportar el respectivo auto
donde el órgano judicial le solicite al IGAC la información del avalúo.
20) En virtud de lo anterior, la Sala encuentra probado que el actor sí adelantó
actuaciones tendientes a obtener la estimación razonable de la cuantía.
21) Sin perjuicio de lo expuesto, en el auto de 25 de julio de 2024 se le indicó que para
estimar razonablemente la cuantía no requería un avaluó catastral ni ningún otro
10 “El auto proferido por este despacho el 6 de julio de 2022 quedó ejecutoriado el 26 de julio de 2022 , y el
término de diez días concedido en la misma providencia a la parte actora venció el 9 de agosto de 2022,
sin que hubiera cumplido la carga impuesta.
Corolario de lo señalado, y dado que, el término concedido en el auto del 6 de julio de 2022 transcurrió sin
que la parte actora hubiese subsanado lo solicitado, ni a la fecha de la presente providencia ha desplegado
actuación alguna con el fin de estimar la cuantía, ante el incumplimiento de la carga procesal impuesta,
irremediablemente deberá darse aplicación a lo previsto por el artículo 170 del CPACA, motivo por el que
será rechazada la demanda, sin necesidad de que se adelante trámite alguno para devolución de anexos,
toda vez que se interpuso por medios electrónicos.”. (resaltado de la Sala)
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01085-00
Demandante: José Luis Ariza Rodríguez
Acción de tutela
instrumento, pese a que con anterioridad se le había indicado expresamente que la
prueba que determinaba la pretensión económica sí era el avalúo catastral, como
procede a observarse:
El despacho considera que la providencia cuestionada debe ser confirmada,
puesto que, como se anotó, por auto del 6 de julio de 2022 se requirió a la parte
actora para que estimara razonadamente la cuantía de la demanda, en atención
a que el asunto es de aquellos que tienen contenido económico cuantificable,
acorde con la jurisprudencia de esta Sección
Por lo tanto, la carga impuesta debía cumplirse en el término perentorio
concedido, máxime cuando lo solicitado fue una estimación razonada de la
cuantía, no un avaluó catastral ni un instrumento que permitiera fijarlo.”.
(resaltado de la Sala)
22) En consecuencia, además, la Sala evidencia una contradicción entre lo mencionado
en los autos de 6 de julio de 2022, 19 de mayo de 2023 y 25 de julio de 2024, toda vez
que en los primeros se le sugirió que la prueba idónea para estimar razonablemente la
cuantía era un avalúo catastral pues era dicho documento el que determinaba la
pretensión económica de la demanda, mientras que en el último se justificó el rechazo
del libelo en que aquel no era necesario.
23) En consecuencia, se ampararán los derechos fundamentales por la parte actora, se
dejará sin efectos el auto de 5 de septiembre de 2024 y se dispondrá que la Sección
Primera del Consejo de Estado profiera una nueva decisión de reemplazo en la que
atienda las consideraciones expuestas en esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN B-, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
1°) Ampáranse los derechos fundamentales invocados por el actor, de conformidad con
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2º) En consecuencia, déjase sin efecto el auto de 5 de septiembre de 2024 proferido por
la Sección Primera del Consejo de Estado en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicación no. 11001-03-24-000-2021-00473-00 y ordénase a dicha
autoridad que, en el término de diez (10) días contados a partir de la fecha de notificación
de esta providencia, profiera una decisión en reemplazo en la cual se tengan en cuenta
las consideraciones expuestas.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01085-00
Demandante: José Luis Ariza Rodríguez
Acción de tutela
3º) Niégase la solicitud de desvinculación presentada por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
4º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
5°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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