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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01092-00

Fecha
7 de abril de 2025
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01092-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por Mario Alberto Restrepo Zapata, por las razones dadas. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra esta deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin12. TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-01092-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

7 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D. C., 7 de abril de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01092-00
Demandante: Mario Alberto Restrepo Zapata
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Relevancia constitucional

Síntesis del caso: La parte actora enjuició la providencia que resolvió un recurso de
apelación interpuesto contra la decisión que accedió a las pretensiones de una acción
popular y negó la condena en costas.

De conformidad con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver,
en primera instancia, la acción de tutela presentada por Mario Alberto
Restrepo Zapata contra el Tribunal Administrativo de Risaralda.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 26 de febrero de 2025, Mario Alberto Restrepo Zapata presentó
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Risaralda, por la
presunta vulneración de su derecho fundamental al debido proceso, con
ocasión de la Sentencia de 17 de octubre de 2024, proferida por la
autoridad judicial accionada dentro de la acción popular No. 66001-33-33-
005-2022-00344-01.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó que se
dejara sin efectos la Sentencia de 17 de octubre de 2024 y se ordenara al
Tribunal Administrativo de Risaralda emitir una nueva providencia donde
accediera a la condena en costas por agencias en derecho en segunda
instancia.

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01092-00
Demandante: Mario Alberto Restrepo Zapata
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
fueron identificados los siguientes:

4. 1) El 5 de octubre de 2022, Mario Alberto Restrepo Zapata, en ejercicio
de una acción popular, presentó demanda contra la Central Hidroeléctrica
de Caldas SA ESP, con el fin de que se retirara un poste ubicado en la calle
26B # 16B – 03 esquina del municipio de Santa Rosa de Cabal, ya que
obstaculizaba el tránsito de las personas que se movilizaban en sillas de
ruedas o con coches para bebés. Pidió, además, que se le reconociera la
recompensa establecida en el artículo 1005 del Código Civil2.

5. 2) Mediante Sentencia de 12 de octubre de 2023, el Juzgado 5
Administrativo de Pereira declaró que la Central Hidroeléctrica de Caldas
SA ESP vulneró los derechos colectivos al goce del espacio público y a la
utilización y defensa de los bienes de uso público y la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos, y le ordenó que, dentro
de los 3 meses siguientes a la notificación de la providencia, en
coordinación con el municipio de Santa Rosa de Cabal, realizara un estudio
de la zona donde estaba ubicado el poste para que procediera con su retiro
y garantizara así la prestación eficiente de los servicios públicos a las
personas que vivían en los inmuebles aledaños.

6. Señaló que no condenaba al pago de costas porque la acción
popular era de naturaleza pública y propendía por la protección de los
derechos colectivos, de modo que no tenía un carácter litigioso y, en todo
caso, no se acreditó que el proceso le hubiera generado algún tipo de gasto
al actor popular.

7. 3) El señor Restrepo Zapata apeló esa decisión con el objeto de que
se condenara a la parte demandada a pagarle agencias en derecho en
primera y segunda instancia, de conformidad con lo previsto en el artículo
38 de la Ley 472 de 1998 o, en subsidio, con base en las normas civiles.

8. 4) El Tribunal Administrativo de Risaralda, a través de Sentencia de 17
de octubre de 2024, decidió revocar el numeral 6 de la providencia de 12
de octubre de 2023 en el que se negó la condena en costas y, en su lugar,
condenó en costas, por concepto de agencias en derecho, en primera
instancia, en favor del señor Restrepo Zapata y a cargo de la demandada,
por valor de 1 SMLMV, esto es, $1.300.000, tras manifestar que por la

2 Código Civil, artículo 1005: “La municipalidad y cualquiera persona del pueblo tendrá en favor de los caminos,

plazas u otros lugares de uso público, y para la seguridad de los que transitan por ellos, los derechos concedidos
a los dueños de heredades o edificios privados.
Y siempre que a consecuencia de una acción popular haya de demolerse o enmendarse una construcción, o de
resarcirse un daño sufrido, se recompensará al actor, a costas del querellado, con una suma que no baje de la
décima, ni exceda de la tercera parte de lo que cueste la demolición o enmienda, o el resarcimiento del daño;
sin perjuicio de que si se castiga el delito o negligencia con una pena pecuniaria, se adjudique al actor la mitad.”

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01092-00
Demandante: Mario Alberto Restrepo Zapata
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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naturaleza de la acción, la tipología de derechos cuya protección se solicitó
y la calidad de la gestión del actor popular existía mérito suficiente para
hacer ese reconocimiento.

9. Indicó que, con base en los artículos 38 de la Ley 472 de 1998 y 365 del
CGP y, en atención a los criterios establecidos por el Consejo de Estado en
las Sentencias de 6 de agosto de 2019, proferida por la Sala 27 Especial de
Decisión dentro del proceso de acción popular No. 15001-33-33-007-2017-
00036-01, y de 23 de junio de 2023, proferida por la Sección Primera dentro
del proceso de acción popular No. 66001-23-33-000-2019-00005-01, decidió
no imponer el pago de costas en segunda instancia.

10. El fundamento de la vulneración radicó, a juicio de la parte actora,
en que la autoridad judicial accionada desconoció distintos precedentes
horizontales y verticales que, según ella, avalaron en casos similares al suyo
la posibilidad de acceder a la condena en costas en segunda instancia por
concepto de agencias en derecho. Dentro de las Sentencias del Tribunal
Administrativo de Risaralda a las que hizo alusión, se encuentran la de 2 de
junio de 2022, radicado No. 66001-23-33-000-2019-00005-00, y la de 7 de
septiembre de 2023, radicado No. 66001-33-33-005-2023-00044-01.

11. Agregó que también se habían ignorado las reglas establecidas por
el Consejo de Estado en las Sentencias de 6 de agosto de 2019, proferida
por la Sala Especial de Decisión No. 27 dentro del proceso No. 15001-33-33-
007-2017-00036-01, y de 11 de noviembre de 2021, proferida por la Sección
Cuarta dentro del proceso No. 11001-03-15-000-2021-06768-00. Por último,
manifestó que se había desconocido lo establecido en la Sentencia C-630
de 2011 de la Corte Constitucional, sobre la distinción existente entre el
monto que recibe un actor popular a título de compensación de los costos
en que incurre con ocasión de la defensa de los derechos e intereses
colectivos y el monto recibido como promoción y recompensa por llevar
adelante la defensa de los comentados intereses.

1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados3

12. El Juzgado 5 Administrativo de Pereira remitió un memorial donde
explicó cómo acceder al expediente del proceso No. 11001-03-15-000-2025-
01092-00, pero no se pronunció sobre las pretensiones de la acción de tutela.

13. El Tribunal Administrativo de Risaralda, Colombia Telecomunicaciones
SA ESP, la Central Hidroeléctrica de Caldas SA ESP y el municipio de Santa

3 Mediante Auto de 3 de marzo de 2025, el despacho ponente resolvió (1) admitir la acción de tutela de la
referencia, (2) tener como parte accionada al Tribunal Administrativo de Risaralda y (3) vincular al Juzgado 5
Administrativo de Pereira, Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P., y
el municipio de Santa Rosa de Cabal, como terceros con interés en el asunto.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01092-00
Demandante: Mario Alberto Restrepo Zapata
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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Rosa de Cabal, pese a haber sido debidamente notificados, guardaron
silencio4.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.2.
Conclusión.

2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

14. La Sala advierte que la acción de tutela es improcedente porque no
se satisfizo el requisito de relevancia constitucional.

15. Para la Corte Constitucional, el requisito de relevancia constitucional
encuentra su razón de ser en el carácter residual de esta acción, la
especialidad de las competencias tanto de los jueces de tutela como de los
jueces ordinarios, así como la necesidad de evitar que este mecanismo se
convierta en una instancia adicional para reabrir debates de carácter legal.
En ese orden, como finalidades de la relevancia constitucional han sido
identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la
autonomía e independencia de los jueces, restringir la acción de tutela a
asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta
se convierta en una instancia adicional5.

16. En sentido similar, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia
de 5 de agosto de 2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo
expresamente que el requisito que se analiza requiere la conjunción de
varios elementos: (1) una carga argumentativa por parte del accionante
que explique, con suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez
de tutela, esto es, la necesidad de su intervención en el asunto6; (2) que la
solicitud de amparo no se presente con el objeto de obtener una instancia
adicional al proceso ordinario7 y (3) que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de simple legalidad8.

4 Índice 7 del aplicativo SAMAI.
5 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.
6 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El primer

elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es
de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
7 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal

adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
8 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales.

No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01092-00
Demandante: Mario Alberto Restrepo Zapata
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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17. Por su parte, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-295 de 20239,
estableció que la relevancia constitucional se acredita a partir de tres
criterios: (1) no tratarse de asuntos legales o meramente económicos, (2)
perseguir la protección de derechos fundamentales y (3) no reabrir debates
concluidos.

18. Bajo este entendido, la Sala estima que en el presente caso no se
cumplió con el mencionado requisito porque el debate que la parte actora
pretende dilucidar en sede de tutela reviste un carácter eminentemente
patrimonial y económico que ya fue tratado por el juez natural de la causa.

19. Además, se precisa que, aunque la parte actora alegó la trasgresión
del derecho al debido proceso, ello no es suficiente para dar por cumplido
el requisito de explicar por qué el asunto tiene verdadera trascendencia
constitucional, pues para ello, tal como se ha establecido en ocasiones
anteriores, se requiere demostrar de manera razonable una restricción
desproporcionada del derecho fundamental10.

20. En ese orden de ideas, la acción de tutela iba dirigida a controvertir
la posición del Tribunal Administrativo de Risaralda, para que el juez
constitucional acogiera la interpretación propuesta por el accionante sobre
la posibilidad de condenar a la parte demandada dentro del proceso de
acción popular al pago de costas por agencias en derecho, en segunda
instancia.

21. De esta forma, es claro que el propósito de la parte actora era
obtener el pago de una suma de dinero que esperó le fuera reconocida
con la sentencia de segunda instancia y, aun cuando alegó que esa
providencia había desconocido una serie de precedentes de la Corte
Constitucional, el Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Risaralda,
esa argumentación, por sí misma, no acredita el cumplimiento del requisito
de relevancia constitucional.

22. Por último, esta Sala estima conveniente señalar que las diferencias
interpretativas que existieren entre la parte demandante y el juez natural de
la causa no constituyen, por sí mismas, la justificación para la intervención
del juez de tutela, por lo que la presentación simple de las discrepancias
entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia dicha decisión vía

9 Reiterado en: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.
10 Al respecto, es preciso hacer alusión, entre otras, a las siguientes sentencias: Consejo de Estado. Sección Tercera.

Subsección B, Sentencia de 6 de marzo de 2019, Rad. 11001-03-15-000-2019-00529-00; Sentencias de 12 de julio de
2019, Rad. 11001-03-15-000-2019-00992-01 y 11001-03-15-000-2019-02824-00; Sentencia de 7 de noviembre de 2019,
Rad. 11001-03-15-000-2019-04459-00, Sentencia de 16 de diciembre de 2019, Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-00;
Sentencia de 5 de febrero de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2019-04762-00; Sentencia de 6 de marzo de 2020, Rad.
11001-03-15-000-2020-00294-00, Sentencia 18 de marzo de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00781-00, Sentencia de
5 de junio de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-01992-00, Sentencia de 27 de septiembre de 2021, Rad. 11001-03-15-
000-2021-01641-01, Sentencia de 1 de junio de 2022, Rad. 11001-03-15-000-2022-02188-00, Sentencia de 2 de mayo
de 2023, Rad. 11001-03-15-000-2022-06509-00.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01092-00
Demandante: Mario Alberto Restrepo Zapata
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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tutela, no da por cumplido el requisito de explicar por qué el asunto es
constitucionalmente relevante. Más, si se trata de una tutela contra
providencia judicial, pues este es un mecanismo constitucional de amparo
de derechos fundamentales de carácter excepcional11.

2.2. Conclusión

23. Por las consideraciones expuestas, la Sala concluye que el requisito de
relevancia constitucional no se cumplió en el caso concreto y, por tal
motivo, se abstendrá de emitir pronunciamiento sobre los demás requisitos
de procedencia y declarará la improcedencia de la acción

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada
por Mario Alberto Restrepo Zapata, por las razones dadas.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra esta deberán dirigirlo, dentro del término legal,
al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin12.

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA FREDY IBARRA MARTÍNEZ

11 Sobre el carácter excepcional de la tutela contra providencia judicial: Corte Constitucional, Sentencias SU-659

de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.
12 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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