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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01163-01

Fecha
12 de junio de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01163-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Revocar la sentencia de 10 de abril de 2025 proferida por el Consejo de Estado- Sección Quinta dentro del proceso de la referencia y en su lugar, amparar los derechos fundamentales del señor Carlos Evelio Balanta Triviño. Segundo: Dejar sin efectos la sentencia de 3 de octubre de 2024 proferida por la Sección Segunda, Subsección “B” de esta Corporación dentro del proceso de radicado 760012-333-000-2018-00367-00/01 adelantado por Colpensiones contra el señor Carlos Evelio Balanta Triviño. Tercero: En consecuencia, se ordena a esta autoridad judicial que en término de diez (10) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, profiera una nueva decisión en la que se pronuncie sobre la excepción de caducidad teniendo en cuenta lo dispuesto en artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 y caso de que estime que la misma no resulta aplicable al asunto bajo estudio, o que no encuentre probada la excepción, deberá pronunciarse de fondo. Cuarto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Quinto: Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591 de 1991 envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-01163-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

12 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D. C., doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01163-01
Accionante: Carlos Evelio Balanta Triviño
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca- Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda-
Subsección “B”

Tema: Tutela contra providencia judicial proferida dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho que adicionó la sentencia de
primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda
relacionadas con la nulidad de acto de reconocimiento de una
pensión.

Decisión: Revoca providencia impugnada y, en su lugar, concede el amparo
solicitado por encontrar demostrado el defecto sustantivo

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación presentada por la parte accionante en contra de la sentencia de 10
de abril de 2025 emitida por el Consejo de Estado-Sección Quinta, mediante la
cual declaró la improcedencia de la acción de tutela por estimar que no se cumplió
con el requisito de relevancia constitucional.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. La Administradora Colombiana de Pensiones- Colpensiones, en ejercicio del
medio de control y nulidad y restablecimiento del derecho solicitó la nulidad de la
Resolución ISS 21612 de 15 de diciembre de 2009, a través de la cual le reconoció
una pensión de vejez al señor Carlos Evelio Balanta Triviño y de la Resolución
GNR165892 de 2 de julio de 2013 que reliquidó dicha prestación.

3. El proceso fue tramitado en primera instancia por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca quien, mediante sentencia de 29 de septiembre de 2022, accedió
parcialmente a las súplicas de la demanda.

4. Como fundamento de su decisión indicó que, aunque en principio es viable
percibir simultáneamente una pensión de jubilación por servicios prestados en el
sector público y una de vejez por parte del ISS (Colpensiones), siempre que ésta
provenga de servicios prestados a particulares, en el proceso se encontraba

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Accionante: Carlos Evelio Balanta Triviño

probado que la pensión reconocida por ésta última, tuvo en cuenta tiempos de
servicio laborados en el sector público, por lo que se incurrió en la prohibición
constitucional prevista en el artículo 128 de la Constitución.

5. El Consejo de Estado- Sección Segunda- Subsección “B” modificó la decisión
de primera instancia y precisó que en el caso objeto de estudio se configuraba la
denominada compatibilidad pensional, según la cual, la prestación estaría a cargo
tanto del municipio, como del ISS, por lo que condicionó la nulidad de los actos
administrativos para que Colpensiones profiera un nuevo acto de reconocimiento
pensional teniendo en cuenta la resolución expedida por el municipio, así como
las cotizaciones efectuadas con posterioridad a fin de que determine si le
corresponde subrogar a la entidad territorial en la obligación o si le corresponde a
ésta sufragar parte del monto pensional.

2.2. Fundamento jurídico

6. La parte actora señaló que el tribunal en la providencia objeto de la acción de
tutela incurrió en defecto sustantivo por inaplicación de lo preceptuado en el
artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, en la medida que se debió declarar la
caducidad del medio de control.

7. Asimismo, manifestó que se incurrió en un desconocimiento del precedente
contenido en las sentencias SU-241 de 2015, SU-113 de 2018, SU-267 de 2019
y SU 273 de 2022 proferidas por la Corte Constitucional, de acuerdo con las
cuales, los conflictos interpretativos que se susciten sobre las convenciones
colectivas deben ser resueltos conforme al principio de favorabilidad.

2.3. Pretensiones

8. Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«(…) Se protejan los derechos fundamentales a la dignidad humana, al
debido proceso, la igualdad, la seguridad social, el mínimo vital y el
principio de favorabilidad laboral del señor CARLOS EVELIO BALANTA, y
en consecuencia, se proceda a DEJAR SIN EFECTO la Sentencia
emanada del Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Segunda – Subsección B, mediante Sentencia de segunda
instancia del tres (3) de octubre de dos mil veinticuatro (2024), y en
consecuencia se ordene a esta Corporación emitir un nuevo fallo en el que
tenga en cuenta los dispuesto en el Artículo 86 de la Ley 2381 de 2024,
respecto de la aplicación de la figura jurídica de la caducidad y atendiendo
el principio de favorabilidad y de la condición más beneficiosa conforme a
los lineamientos del artículo 53 de la Carta Política, que prescribe en su
inciso final (no está en negrilla en el texto original): “La ley, los contratos,
los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la
dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.” y conforme a lo
dispuesto en la Convención Colectiva de Trabajo y el precedente
jurisprudencial fijado en Sentencias SU-241 de 2015 y SU-113 de 2018,
SU -241 de 2015 y SU 273 de 2022, revocando el fallo de primer grado y
aplicando el ordenamiento que actualmente impera y los pluricitados
alcances de los precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional.»
(Sic) (aquí se citaron sentencias que no fueron incluidas en el fundamento
de la vulneración. Se sugiere revisar) muchas gracias, se acoge la
sugerencia. Ver pág 2.

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2.4. Intervenciones

9. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 14 de marzo
de 2025 a través del cual se ordenó notificar al Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección “B”, al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y
Colpensiones como accionados.

10. El Consejo de Estado- Sección Segunda- Subsección “B” solicitó que se
declare la improcedencia de la acción constitucional, o en su defecto, que se
nieguen las pretensiones de la demanda. Sostuvo que el presente asunto carece
de relevancia constitucional, ya que el actor pretende que se estudie su caso en
una instancia adicional.

11. Estimó que no se configuraba el defecto sustantivo respecto de la inaplicación
del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, ya que dicha disposición recae sobre
demandas formuladas con posterioridad a la promulgación de la misma.

12. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca remitió el expediente del
proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho 76001-23-33-006-
2018-00367-00/01.

13. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones señaló que las
providencias judiciales objeto de discusión fueron proferidas conforme a la
Constitución y la Ley en tanto: (i) se aplicaron las normas relativas en la materia
(ii) los preceptos constitucionales sobre el particular (iii) la jurisprudencia existente
en la materia y (iv) las actuaciones del despacho no transgreden, violan o
amenazan los derechos fundamentales del accionante.

14. De otra parte, indicó que la tutela no es el mecanismo adecuado para conseguir
la satisfacción del derecho pretendido por el actor, pues no puede convertirse en
una tercera instancia para analizar el litigio y estimó que debía declarase la
improcedencia de la acción ante la existencia de cosa juzgada.

2.5 Sentencia Impugnada

15. El Consejo de Estado- Sección Quinta, mediante sentencia de 10 de abril de
2025, declaró la improcedencia de la acción de tutela por estimar que no se
cumplió con el requisito de la relevancia constitucional pues lo pretendido por
accionante es que se realice un nuevo estudio del caso concreto por estar
inconforme con la interpretación realizada por la Sección Segunda de esta
corporación frente a la compatibilidad de las pensiones que devengaba.

2.6 Impugnación

16. La parte accionante reiteró que en las sentencias que motivan la presente
acción se incurrió en defecto material o sustantivo pues se desconoció lo
dispuesto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, que en virtud del principio de
favorabilidad era aplicable al caso, ya que entró en vigencia el 16 de julio de 2024,
es decir, dos meses antes de la expedición de la sentencia.

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17. Estimó que, de haberse aplicado dicha norma, se habría declarado la
caducidad del medio de control, pues la misma fue presentada excediendo el
término dispuesto en esta, toda vez que la demanda se radicó más de 8 años
después de haberse reconocido la pensión por parte del extinto ISS.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

18. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

3.3. Problema jurídico

19. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si el Consejo de Estado- Sección Segunda- Subsección “B” al proferir
la providencia del 3 de octubre de 20241, vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso, la igualdad, la seguridad social el mínimo vital y el principio de
favorabilidad, por la configuración de la causal específica de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencia judicial del defecto sustantivo.

3.4. Procedencia de la acción de tutela

20. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de
2015. Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de
las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa
judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene
el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

21. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.

22. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se

1 Radicado 760012-333-000-2018-00367-01.

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inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito
garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la
autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de
asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

23. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica que
devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.

3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.

3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la
vulneración de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente
individualizados.

3.4.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más
de 6 meses desde la notificación de la última providencia cuestionada.

3.4.1.4. Contrario a lo sostenido en la providencia impugnada, la Sala concluye
que el presente asunto es de marcada relevancia constitucional, en la medida que
se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental del debido
proceso, defensa e igualdad, como consecuencia de un defecto sustantivo y
desconocimiento de normas aplicables al caso. En efecto, argumenta
razonablemente la parte actora que la autoridad judicial accionada desconoció lo
dispuesto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, norma que se encontraba
vigente al momento de proferir la sentencia objeto de la presente tutela y que,
según lo alega la parte actora, daba lugar a declarar la caducidad del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho. Así las cosas, no es cierto que
lo pretendido por el accionante sea la realización de un nuevo estudio del caso
concreto.

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24. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

3.5. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

25. La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo
de aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los
siguientes términos:

«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son
evidentemente aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación de la
normatividad (sic) que contraría los postulados mínimos de la razonabilidad
jurídica y cuando omite la aplicación de una regla definida por una sentencia
con efecto erga omnes. En suma, el defecto sustantivo se configura cuando
la interpretación y aplicación de la normatividad al caso concreto resulta
contraria a los criterios mínimos de juridicidad y razonabilidad que orientan al
sistema jurídico»2.

26. En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los
cuales se configura el defecto sustantivo como causal especifica de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales:

«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta carencia
de juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya se mencionó,
cuando la autoridad judicial respectiva desconoce las normas de rango legal
o infralegal aplicables en un caso determinado, ya sea por su absoluta
inadvertencia, por su aplicación indebida, por error grave en su interpretación
o por el desconocimiento del alcance de las sentencias judiciales con efectos
erga omnes cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma
sobre la que pesa la cosa juzgada.

En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:

(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida
en cuenta por el fallador.

(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le
reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es
inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación
contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de
las partes (irrazonable o desproporcionada), y, finalmente.

(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto
de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma
sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva”.

Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que, si bien es
cierto que los jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan con
autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar las normas
jurídicas, dicha facultad no es en ningún caso absoluta. Por tratarse de una
atribución reglada, emanada de la función pública de administrar justicia, la
misma se encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido y,
principalmente, por los valores, principios, derechos y garantías que
identifican al actual Estado Social de Derecho».

«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto sustantivo
que convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión
que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le

2Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente: Eduardo
Montealegre Lynett.

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reconocen al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso
concreto, bien sea, por ejemplo (i) porque ha sido derogada y ya no produce
ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es claramente
inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad, (iii) porque su aplicación al caso concreto es
inconstitucional, (iv) porque ha sido declarada inexequible por la propia Corte
Constitucional o, (v) porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no
se adecúa a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma
aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente
señalados por el legislador»3.

27. Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que se
presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las normas
que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que contraría
los postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se desconoció la
normativa aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio decidendi de una
sentencia con efectos erga omnes.

3.5.1. Análisis de la presunta configuración del defecto sustantivo en el caso
concreto

28. En el presente asunto la parte accionante alega que se desconoció lo
preceptuado por inaplicación del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 pues, a su
juicio, se debió declarar la excepción de caducidad del medio de control teniendo
en cuenta que la demanda no se presentó dentro del término de los 5 años
establecidos en la norma.

29. Ahora bien, el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 “por la cual se establece el
Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen
común, y se dictan otras disposiciones”, establece un término de caducidad de 5
años, para presentar acciones administrativas y contencioso administrativas frente
a las pensiones reconocidas. Se destaca:

«Artículo 86. Término para Ejercer Acciones Administrativas y Contencioso
Administrativas Respecto de las Pensiones Reconocidas. Las acciones
administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después
de cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las
entidades facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con
ocurrencia de algún delito.

A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de
haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir
de la vigencia de esta ley.

Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones
administrativas y/o contenciosas y respecto a las cuales ya se haya decidido,
podrán ser susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se
tendrá un término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley.»

30. Dicha disposición entró en vigencia el 16 de julio de 2024, fecha de publicación
en el Diario Oficial 52.8194, es decir, 2 meses antes de la expedición de la

3 Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt

Chaljub.
4 http://svrpubindc.imprenta.gov.co/diario/index.xhtml;jsessionid=55e8e6ab1125b768d5f05f27de9e

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sentencia que es objeto de la presente acción de tutela, que fue proferida el 3 de
octubre de 2024.

31. Sobre la aplicación de dicha disposición, esta subsección ha sostenido el
criterio de que la misma resulta aplicable incluso, a los procesos que se
encuentran en curso, sin embrago, dicha posición no ha sido unificada al interior
de la Corporación. Al respecto, se ha señalado:

«En los casos de reconocimiento pensional respecto a los que se hayan iniciado
acciones administrativas o contencioso administrativas, cuando hubiere expirado el
término de 5 años, y que se encuentren en curso, se les aplicará el fenómeno de la
caducidad a partir de la vigencia de la referida ley.»

32. Se observa que, en la Sentencia de 3 de octubre de 2024, la Sección Segunda,
Subsección “B” de esta Corporación no emitió ningún pronunciamiento
relacionado con dicha disposición y si bien, ello no fue objeto de controversia del
proceso, esto obedece a que, como se ha reiterado, la norma entró en vigencia
en julio de 2024, es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda y del
recurso de apelación en contra de la decisión de primera instancia.

33. Sin embargo, como la norma estaba vigente a la fecha de expedición de la
sentencia de segunda instancia, debió ser tenida en cuenta por el juez al proferir
la decisión. En ese sentido, debió realizarse un análisis frente a la aplicabilidad la
disposición al caso concreto, y en caso afirmativo, frente a la ocurrencia o no del
fenómeno de la caducidad.

34. Bajo las anteriores consideraciones, la Sala estima que en el presente asunto
se configuró el defecto sustantivo, pues el juez de instancia omitió pronunciarse
sobre la aplicación del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 al caso concreto, razón
por la cual, se deberá dictar sentencia de remplazo en la que se pronuncie sobre
la excepción de caducidad teniendo en cuenta lo dispuesto en dicha norma y caso
de que estime que la misma no resulta aplicable al caso, o que no encuentre
probada la excepción, deberá pronunciarse de fondo sobre el asunto.

35. Es necesario precisar que, como se indicó anteriormente, la posición sobre la
aplicación de dicha disposición a los procesos en curso, ha sido un criterio acogido
por esta Subsección5, sin embargo, esta postura no ha sido objeto de unificación
por parte de la Corporación, razón por la cual, al dictar la sentencia de remplazo,
el juez decidirá sobre la aplicación de dicha norma conforme a la interpretación
que estime razonable jurídicamente, lo anterior, en atención a los principios de
autonomía e independencia judicial.
(sugerimos citar a pie de página algunos de esos pronunciamientos de nuestra
sala – solo identificaciones de las sentencias) Muchas gracias, se acoge las
sugerencias.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

5 Ver entre otras las sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, con radicados

52001 23 33 000 2014 00485 02 (1819–2023); 25000-23-42-000-2020-00060-00 (5813-2022) y 18001 23 33
000 2015 00245 01 (3987–2023), magistrado ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves.

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FALLA

Primero: Revocar la sentencia de 10 de abril de 2025 proferida por el Consejo de
Estado- Sección Quinta dentro del proceso de la referencia y en su lugar, amparar
los derechos fundamentales del señor Carlos Evelio Balanta Triviño.

Segundo: Dejar sin efectos la sentencia de 3 de octubre de 2024 proferida por la
Sección Segunda, Subsección “B” de esta Corporación dentro del proceso de
radicado 760012-333-000-2018-00367-00/01 adelantado por Colpensiones contra
el señor Carlos Evelio Balanta Triviño.

Tercero: En consecuencia, se ordena a esta autoridad judicial que en término de
diez (10) días contados a partir de la notificación de la presente providencia,
profiera una nueva decisión en la que se pronuncie sobre la excepción de
caducidad teniendo en cuenta lo dispuesto en artículo 86 de la Ley 2381 de 2024
y caso de que estime que la misma no resulta aplicable al asunto bajo estudio, o
que no encuentre probada la excepción, deberá pronunciarse de fondo.

Cuarto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Quinto: Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto
ley 2591 de 1991 envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

www.consejodeestado.gov.co 9
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

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