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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2014-00485-02

Fecha
2 de octubre de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
19 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2014-00485-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. REVOCAR la sentencia de 18 de noviembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, que accedió a las súplicas de la demanda, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO. En su lugar declarar probada de oficio la excepción caducidad, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, "por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 8 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Lesividad Radicado: 52001 23 33 000 2014 00485 02 Demandante: UGPP y muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones". Lo anterior conforme lo ya expuesto. TERCERO. Sin condena en costas, de acuerdo con lo expuesto en esta providencia. CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-33-000-2014-00485-02

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

2 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., dos (2) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 52001 23 33 000 2014 00485 02 (1819–2023)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Demandado: Aida Mercedes Suárez de Torres

Tema: Lesividad. Reconocimiento de la pensión gracia. Término para
ejercer acciones administrativas y judiciales. Artículo 86 de la Ley
2381 de 2024. Ley 1437 de 2011.

Decisión: Declarar caducidad del medio de control

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de 18 de noviembre de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño, que accedió a las súplicas de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1. Pretensiones de la demanda

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por intermedio de apoderada judicial,
acudiendo a la acción de lesividad, solicitó declarar la nulidad de la Resolución
19021 del 1 de enero de 2001, por medio de la cual se reconoció una pensión
gracia a favor de Aida Mercedes Suárez de Torres.

Como restablecimiento del derecho, solicitó la devolución de los dineros percibidos
por concepto de pensión gracia.

1 Documentos del proceso disponibles en el expediente digital visible en la Sede Electrónica de la

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=52001233300020140
0485021100103

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Lesividad
Radicado: 52001 23 33 000 2014 00485 02
Demandante: UGPP

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

El apoderado de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP relató que la señora
Aida Mercedes Suárez de Torres estuvo vinculada como docente desde el 22 de
abril de 1975 hasta el 11 de julio de 2000.

Indicó que a través de la Resolución 19021 del 1 de enero de 2001, la extinta Caja
Nacional de Previsión Social E.I.C.E. le reconoció una pensión gracia a partir del 1
de julio de 2000. Agregó que la causante utilizó documentación falsa para obtener
el reconocimiento pensional, actuación que fue judicializada por el Juzgado Cuarto
Penal del Circuito de Pasto, quien con sentencia de 29 de octubre de 1999 la halló
responsable del delito de uso de documento público falso; el Juzgado Segundo de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pasto asumió el conocimiento del
asunto el 12 de junio de 2003.

A través de la Resolución 03663 de 18 de febrero de 2004, CAJANAL revocó la
resolución por medio de la cual se reconoció la pensión gracia de la hoy demandada
por haber sido concedida con documentación falsa. La señora Suárez de Torres
radicó ante el Tribunal Administrativo de Nariño demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra del mencionado acto administrativo por
revocar directamente y sin su consentimiento el reconocimiento pensional, proceso
que finalizó accediendo a lo pretendido y ordenando el pago de sumas de dinero
dejadas de pagar; en consecuencia, CAJANAL expidió la Resolución 002544 de 28
de noviembre de 2008, dando cumplimiento a lo ordenado por el tribunal, generando
nuevamente efectos la Resolución 19021 de 2001.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración

Sostiene la parte entidad demandante que, CAJANAL en su momento, reconoció la
pensión gracia de la señora Aida Mercedes Suárez de Torres sin el lleno de los
requisitos legales, pues la docente incurrió en una de las causales de mala conducta
del artículo 46 del Decreto 2277 de 1979, situación que se puede corroborar con el
fallo de 29 de octubre de 1999 dictado por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de
Pasto, con radicado C-003, por medio del cual se le condenó penalmente por el uso
de documento público falso. Concretamente, precisó que resultan aplicables las
siguientes causales del mencionado artículo 46 «g) El ser condenado por delito o
delitos dolosos» y «h) El uso de documentos o informaciones falsas para inscripción o
ascenso en el escalafón, o para obtener nombramientos, traslados, licencias y comisiones».

1.4. Contestación de la demanda

A través de apoderado, la señora Aida Mercedes Suárez de Torres allegó
contestación en la que se refirió a las pretensiones de la demanda y los hechos que
la sustentan, indicando que la resolución demandada se encuentra ajustada a
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Demandante: UGPP

derecho y no existe causal que conlleve a su nulidad; así mismo, precisó que la
entidad demandante debe acreditar que la pensionada actuó de mala fe para
obtener el reconocimiento y pago de la pensión gracia, pues no existe prueba alguna
que lleve a determinar que se presentó una conducta engañosa o fraudulenta por
su parte para ser beneficiaria de la prestación adquirida.

1.5. Sentencia de primera instancia

Con decisión de 18 de noviembre de 2022, el Tribunal Administrativo de Nariño
accedió a las pretensiones de la demanda declarando la nulidad del acto acusado,
ordenando la devolución de los dineros devengados por cuenta de la pensión gracia
y condenando en costas a la parte demandada.

Como sustento de la decisión, señaló de los documentos allegados al expediente
se pudo constatar que la señora Suárez de Torres fue condenada penalmente por
uso de documento público falso, en el sentido de utilizar dicho material para
ascender en el escalafón nacional docente, ordenándole devolver los dineros
obtenidos como consecuencia del ilegal ascenso. Consecuencia de lo descrito, el a
quo expuso que la docente no cumplió con el requisito de haber desempeñado su
labor con honradez y buena conducta, por tanto, declaró la nulidad del acto por
medio del cual se le reconoció la pensión gracia y la devolución de dineros, dado
que incumplió con el requisito mencionado y ello conllevó a una condena penal en
su contra.

Finalmente, en consideración al artículo 365 del CGP, condenó en costas a la
señora Suárez de Torres, toda vez que resultó ser la parte vencida en el proceso de
la referencia.

1.6. Recurso de apelación

La apoderada de la señora Aida Mercedes Suárez de Torres, presentó recurso de
apelación en el que solicitó revocar la sentencia de primera instancia; sobre el
particular considera que no se realizó un análisis profundo del material probatorio
del expediente, pues, señala que de haberlo hecho, con la sentencia dictada por el
Tribunal Administrativo de Nariño en el proceso 2004-00984 habría sido suficiente
para acreditar que no hay pieza documental que demuestre que la docente utilizó
documentación falsa para obtener un beneficio económico a su favor, como lo es el
reconocimiento de la pensión gracia. En ese sentido, considera que no es posible
ordenar la devolución de dinero por cuanto no hay pruebas que demuestre que
adquirió de mala fe la prestación social mencionada.

1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia

La Procuraduría Tercera delegada ante el Consejo de Estado allegó concepto
en el que pidió confirmar el fallo objeto de apelación; sobre el particular precisó que
la docente utilizó documentación falsa durante su servicio docente, actuación que
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es causal de mala conducta de acuerdo con el artículo 46 del Decreto 2277 de 1979,
por tanto, procede la nulidad del acto demandado. En cuanto a la devolución de
dineros, indicó que la demandante conocía que no cumplía con el requisito de mala
conducta y aun así realizó toda la actuación administrativa y judicial para obtener el
reconocimiento de la pensión gracia, por lo que, entiende, que actuó de mala fe.

La UGPP, la señora Aida Mercedes Suárez de Torres –demandada-, y la Agencia
de Defensa Jurídica del Estado, guardaron silencio en esta etapa procesal.

Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo2, el Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 328 del Código General del Proceso3, la competencia del juez de
segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que,
en el caso de la referencia, únicamente una de las partes presentó recurso de
alzada, el análisis se encuentra limitado a lo allí plasmado.

2.2 Problema jurídico

Corresponde establecer si le asiste razón a la UGPP, en cuanto a que la pensión
gracia de la demandada se encuentra indebidamente reconocida, y por tanto, hay
lugar a ordenar la nulidad del acto demandado y ordenar la devolución de dineros
percibidos como consecuencia de ello, como lo dispuso el tribunal a quo, o si por el
contrario hay lugar a revocar la sentencia de primera instancia.

Sin embargo, previo a ello, y teniendo en cuenta que al tenor del artículo 187 del
CPACA, en la sentencia se decidirán sobre las excepciones propuestas y sobre
cualquiera otra que el fallador encuentre probada, sin que el silencio del inferior
impida que el superior estudie y decidas todas las excepciones de fondo propuestas
o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus; estima la Sala necesario analizar la
aplicabilidad de la Ley 2381 de 2024, “por medio de la cual se establece el sistema

2 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia

de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
[…]».
3 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley.»

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Radicado: 52001 23 33 000 2014 00485 02
Demandante: UGPP

de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común, y se
dictan otras disposiciones”, y en consecuencia determinar si en el presente caso
operó la excepción de caducidad; de ser negativa la respuesta, se resolverá de
fondo la apelación.

2.3 Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1 Del fenómeno de la caducidad en asuntos pensionales, y las
modificaciones introducidas con la Ley 2381 de 16 de julio de 2024

Esta Corporación ha señalado que la caducidad, es el fenómeno jurídico que
extingue la oportunidad de quien pretende controvertir la existencia de un derecho
en sede judicial, cuando ha transcurrido el tiempo para interponer un medio de
control u otro mecanismo previsto en la ley. De ahí que, el término constituya un
presupuesto procesal a través del cual se limita el ejercicio de los derechos
individuales y subjetivos de los administrados para la reclamación judicial de los
mismos, en desarrollo el principio de seguridad jurídica bajo criterios de racionalidad
y suficiencia temporal.

Así, la obligación de presentar la demanda dentro del término previsto por el
legislador constituye un presupuesto procesal que habilita al juez para pronunciarse
sobre el fondo de las pretensiones de la demanda.

De conformidad con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, artículo 164 numeral 1 literal c), la demanda contra actos
administrativos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones
periódicas podrán presentarse en cualquier tiempo; empero, no habrá lugar a
recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe.

Ahora, la Ley 2381 de 16 de julio de 2024, por la cual se establece el Sistema de
Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común, y se
dictan otras disposiciones, en el artículo 86 dispone el término con el que se cuenta
para interponer las acciones administrativas y contencioso administrativas en lo que
respecta a las pensiones que han sido reconocidas; se destaca:

«Artículo 86. Término para Ejercer Acciones Administrativas y
Contencioso Administrativas Respecto de las Pensiones Reconocidas.
Las acciones administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser
ejercidas después de cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones
otorgadas por las entidades facultadas para ello a excepción y cuando se trate
de fraude o con ocurrencia de algún delito.
A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de
haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a
partir de la vigencia de esta ley.
Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones
administrativas y/o contenciosas y respecto a las cuales ya se haya decidido,

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podrán ser susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se
tendrá un término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley.»

A partir de lo anterior se puede concluir entonces que:

a- Las acciones administrativas y contencioso administrativas, se
deberán ejercer dentro del término de 5 años contados a partir del
reconocimiento de la pensión.

b- La única excepción a la anterior regla, es frente a las pensiones
reconocidas con fraude o con ocurrencia de algún delito.

c- En los casos de reconocimiento pensional respecto a los que se hayan
iniciado acciones administrativas o contencioso administrativas, cuando
hubiere expirado el término de 5 años, y que se encuentren en curso, se les
aplicará el fenómeno de la caducidad a partir de la vigencia de la referida ley.

d- Finalmente, en relación con los casos en los que ya se hayan decidido
las acciones administrativas y/o contencioso administrativas presentadas
respecto a un reconocimiento pensional, se dispone que podrá interponerse el
Recurso Extraordinario de Revisión, dentro del término de 5 años contados a
partir también de la vigencia de dicha ley.

Se ha verificado que, el legislador dentro de los considerandos del proyecto de ley4,
optó por acoger un término similar al que es aplicado para las causales de revisión
de que trata el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, sustentando esta decisión en la
sentencia C-835 de 2003 por medio de la cual la Corte Constitucional analizó las
consecuencias de establecer un límite temporal para que la administración solicite
la revisión de decisiones que otorgaron derechos pensionales, recordando que
reiteradamente la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha determinado que
establecer un límite al tiempo en el que se puede acudir ante la jurisdicción no
vulnera el acceso a la administración de justicia, pues se debe entender que la
caducidad «es una especie de sanción para quien teniendo la posibilidad de acudir a la
justicia fue negligente y no lo hizo» y que con ella se busca hacer realidad los
principio de seguridad y certeza jurídica.5

Revisada la exposición de motivos, se advierte también que la finalidad de la norma
es evitar que las pensiones reconocidas queden expuestas de manera perpetua y
sin límite, a una solicitud de revisión, lo que podría vulnerar el derecho al debido
proceso y la seguridad jurídica de los pensionados.

De otro lado, en torno a la vigencia del artículo 86 en estudio, se tiene que en la Ley

4 Visibles en las Gacetas del Congreso de la República Nos. 603 de 17 de mayo de 2024 y 700 de

29 de mayo de 2024.
5 Corte Constitucional. Sentencia C – 418 de 1994.

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2381 de 2024, se dispuso lo siguiente:

“Artículo 94. Vigencia. El Sistema de Protección Social Integral para la Vejez,
Invalidez y Muerte de origen común, previsto en la presente ley, entrará en vigor
el 1° de julio de 2025.
Artículo 95. Derogatorias. La presente ley rige a partir de su sanción y deroga
las disposiciones que le sean contrarias.
Sin perjuicio de lo anterior, las normas continuarán vigentes para atender el
Régimen de Transición y el régimen de aquellos ya pensionados al momento
de expedirse esta ley.”

Al tenor de las anteriores disposiciones, estima la Sala que el artículo 86 de la Ley
2381 de 2024, se encuentra vigente desde el momento en que se sancionó dicha
ley, esto es 16 de julio de 2024, fecha de publicación en el Diario Oficial 52.819 6,
pues, el legislador, en ejercicio de su competencia constitucional, únicamente difirió
la entrada en vigencia de las disposiciones atinentes al Sistema de Protección
Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común, a partir del 01 de
julio de 2025.7

2.4 Caso concreto

Pues bien, dado que, conforme se analizó por la Sala en acápite anterior, el artículo
86 de la Ley 2381 de 2024, que dispone un término de caducidad de 5 años para
presentar acciones administrativas y contencioso administrativas frente a las
pensiones reconocidas, se encuentra vigente, y resulta aplicable incluso, a los
procesos que se encuentran en curso, resulta necesario verificar la oportunidad de
la demanda de la referencia, en cumplimiento a dicha normatividad.

Se observa entonces que la UGPP pretende la nulidad de la Resolución 19021 del
1 de enero de 2001 por medio de la cual CAJANAL reconoció una pensión gracia
a favor de la señora Aida Mercedes Suárez de Torres. Adicionalmente, a folio 353
del expediente, se corrobora que la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho fue radicada el 23 de septiembre de 2014, es decir, 13 años después de
concedida la pensión y 5 años, 9 meses y 2 días luego de que se expidiera la
Resolución 002544 de 28 de noviembre de 2008, por medio de la cual se ordenó
dar cumplimiento al acto de reconocimiento al considerar que su revocatoria fue
ilegal.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, se puede

6 http://svrpubindc.imprenta.gov.co/diario/index.xhtml;jsessionid=55e8e6ab1125b768d5f05f27de9e

7 La Corte Constitucional en sentencia C-957 de 1997, se refirió a la vigencia de la ley, en el siguiente
sentido: “En lo relativo a su vigencia, como regla general, la ley comienza a regir a partir de su
promulgación, salvo que el legislador, en ejercicio de su competencia constitucional, mediante
precepto expreso determine una fecha diversa a aquella, facultad igualmente predicable del
legislador extraordinario. Los efectos jurídicos de los actos legislativos y de las leyes que se producen
a partir de la promulgación en el Diario Oficial, dan lugar a su oponibilidad y obligatoriedad sin que
por ello se afecte la validez ni la existencia de los mismos.”

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establecer fehacientemente, que en el presente asunto ha operado el fenómeno de
la caducidad, pues, la demanda se presentó por fuera del término de 5 años
establecido en dicha normativa y contabilizados a partir del reconocimiento de la
prestación periódica. Vale la pena aclarar que, si bien se está discutiendo que la
docente utilizó medios fraudulentos para obtener beneficios en el ejercicio docente
y que ello impediría el cumplimiento del requisito de buena conducta para la
obtención de la pensión gracia, no se está debatiendo que la pensión en sí fuera
obtenida bajo fraude o con ocurrencia de algún delito, por lo que no es aplicable la
excepción descrita previamente para la caducidad contemplada en la citada Ley
2381 de 2024.

Lo anterior impone a la Sala revocar la sentencia de primera instancia que accedió
a las pretensiones, para en su lugar declarar probada de oficio la excepción de
caducidad del medio de control.

2.5 Condena en costas

En anteriores oportunidades esta Sala de Subsección realizaba una valoración
objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar en costas, no obstante,
actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, es procedente
efectuar un estudio respecto de la conducta de las partes en el proceso y la carencia
de fundamentación jurídica.

En ese orden, comoquiera que en este caso se revocará la sentencia de primera
instancia, debe darse aplicación al numeral 4.° del artículo 365 del CPG 4, por tanto,
no hay lugar a condena en costas de ambas instancias, toda vez que se sustentaron
las razones esgrimidas por la entidad en defensa jurídica de sus intereses, máxime
cuando lo aquí resuelto tiene sustento en la reciente Ley 2381 de 2024, que
implementó un término para el ejercicio de las acciones administrativas y
contencioso administrativas respecto de las pensiones reconocidas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. REVOCAR la sentencia de 18 de noviembre de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Nariño, que accedió a las súplicas de la demanda, de
acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO. En su lugar declarar probada de oficio la excepción caducidad, con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, "por medio de
la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez

w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 8
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Lesividad
Radicado: 52001 23 33 000 2014 00485 02
Demandante: UGPP

y muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones". Lo anterior conforme lo
ya expuesto.

TERCERO. Sin condena en costas, de acuerdo con lo expuesto en esta providencia.

CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

AUSENTE EN COMISIÓN
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

La presente actuación se encuentra firmada en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
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