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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2018-00229-01

Fecha
5 de junio de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2018-00229-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. - REVOCAR la sentencia de 26 de agosto de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de Decisión Oral que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO. - En su lugar declarar probada de oficio la excepción caducidad, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, «por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones». Lo anterior conforme lo ya expuesto. TERCERO. - Sin condena en costas de ambas instancias de acuerdo con lo expuesto en esta providencia. 20 «ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: […] 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. […]». 14 835 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Rad icado : 70001-23-33-000-2018-00229-01 (2732-2023) De mandan te : UGPP CUARTO. - Una vez ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen y háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 70001-23-33-000-2018-00229-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

5 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho (Lesividad)
Radicación: 70001-23-33-000-2018-00229-01 (2732-2023)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP-
Demandado: Julieta del Carmen Alvis González
Temas: Revoca sentencia de primera instancia. Declara caducidad
de acuerdo con el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.

I. ASUNTO

1. La Sala decide el recurso de apelación presentado por la parte demandada en
contra de la sentencia del 26 de agosto de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo de Sucre, Sala Primera de Decisión Oral 1 que accedió
parcialmente a las súplicas de la demanda.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda2

2.1.1. Las pretensiones

2. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, en adelante UGPP, por intermedio de
apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA-, solicitó la nulidad
de los siguientes actos administrativos:

1 Con ponencia del magistrado Rufo Arturo Carvajal Argoty.
2 Expediente digitalizado, visible en el índice 2. Link en el
documento:«ED_EXPEDIENTE_OFICIO0068REMIS(.pdf) NroActua 2». Archivo: «01EscritoDemanda.pdf».

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Rad icado : 70001-23-33-000-2018-00229-01 (2732-2023)

De mandan te : UGPP

i) La Resolución 14759 del 8 de agosto de 2003, proferida por CAJANAL
EICE, mediante la cual, se reliquidó la pensión de la señora Julieta del
Carmen Alvis González, de conformidad con el Decreto 546 de 1971,
con inclusión de todos los factores salariales desde la fecha del retiro
del servicio, tomando como base de liquidación el último salario más
elevado.
ii) La Resolución 22565 del 22 de octubre de 2004, mediante la cual,
CAJANAL EICE, reliquidó la pensión por inclusión de nuevos factores
devengados dentro del último año de servicios.
iii) La Resolución UGM 046184 del 14 de mayo de 2012, mediante la cual,
CAJANAL, en cumplimiento de un fallo de tutela reliquidó la pensión de
la demandada, sin la limitación de los 20 smlmv.

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la señora
Julieta del Carmen Alvis González reintegrar a favor de la UGPP las sumas
recibidas por concepto de los actos demandados, esto, con los valores
debidamente indexados.

2.1.2. Hechos

4. Según se indicó en la demanda, la señora Julieta del Carmen Alvis González
nació el 6 de mayo de 1944 y acreditó los siguientes tiempos de servicio:

En el Instituto de Cultura Femenina de Sincelejo, desde el 1.º de enero de
1973, hasta el 30 de diciembre de 1973.
Como independiente, desde el 2 de febrero de 1974, hasta el 30 de
noviembre de 1974.
En la Institución de Cultura Femenina de Sincelejo, desde el 1.º de enero
de 1974, hasta el 31 de diciembre de 1974.
En el Instituto de Cultura Femenina de Sincelejo, desde el 1.º de enero de
1983 hasta el 30 de septiembre de 1992.
En el Instituto de Bienestar Familiar Regional Sucre, desde el 3 de agosto
de 1987, hasta el 21 de febrero de 1989.
En la Alcaldía de Sincelejo, desde el 1.º de septiembre de 1986, hasta el
5 de enero de 1987.
En la Procuraduría General de la Nación, desde el 24 de febrero de 1989,
hasta el 6 de marzo de 1995.
En la Corporación Universitaria del Caribe CECAR, desde el 1.º de febrero
de 2000, hasta el 31 de mayo de 2000.
En la Procuraduría General de la Nación, desde el 27 de marzo de 1995,
hasta el 1º de diciembre de 2002. Allí su último cargo desempeñado fue el
de procuradora 321 Judicial II Penal de Sincelejo, Código 3pj, Grado EC.

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5. Por lo anterior adquirió el estatus pensional el 13 de noviembre de 2001.

6. A través de la Resolución 20504 del 26 de julio de 2002, CAJANAL EICE, le
reconoció una pensión de jubilación por aportes, de conformidad con el régimen
de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, aplicando el 75% del promedio
de los salarios devengados entre el 1.º de abril de 1994 y el 18 de febrero de
2002, en cuantía de $5´053.754.13, efectiva a partir del 19 de febrero de 2002,
condicionada al retiro definitivo del servicio, que se produjo el 1.° de diciembre
de 2002.

7. Inconforme con la resolución que le reconoció la pensión, la accionada instauró
acción de tutela ante el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Sincelejo,
quien, mediante sentencia de 10 de junio de 2003, estableció que tenía derecho
a que se le liquidara la pensión con base en el régimen anterior al que estuvo
afiliada, es decir, el Decreto 546 de 1971, artículo 6º.

8. En cumplimiento de lo anterior CAJANAL EICE profirió la Resolución 14759
del 8 de agosto de 2003, dio cumplimiento al fallo de tutela, reliquidando la
pensión con base en lo dispuesto en el Decreto 546 de 1971, tomando como
base el salario más elevado percibido en el último año de servicios, incluyendo
la totalidad de los factores salariales devengados y aplicando el 75% a la base
salarial, lo que arrojó una mesada de $6´299.506.74, a partir del 1.º de diciembre
de 2002.

9. Por Resolución 22565 del 22 de octubre de 2004, CAJANAL reliquidó la
pensión de vejez de la demandada, por la inclusión de factores percibidos en el
último año de servicios, en cuantía de $6´453.545.13, efectiva a partir del 1.º de
diciembre de 2002.

10. Posteriormente, la accionada instauró acción de tutela, la cual correspondió
su conocimiento al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Sincelejo, que en
sentencia del 23 de agosto de 2011, dispuso dejar sin efectos jurídicos la
Resolución UGIVI 00146 del 20 de junio de 2011 y en consecuencia, ordenó al
liquidador de CAJANAL EICE, reliquidar la pensión de vejez de la señora Julieta
del Carmen Alvis, sin la limitación de los 20 smlmv.

11. A través de la Resolución UGM 046184 del 14 de mayo de 2012 CAJANAL
elevó la cuantía a la suma de $9´468.338.25, efectiva a partir del 1.º de diciembre
de 2002.

12. Mediante la Resolución RDP 008311 del 2 de marzo de 2017, se ordenó
indexar las diferencias por el periodo comprendido entre el 1.º de diciembre de
2002 y el 23 de agosto de 2011.

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13. La señora Alvis González, se encuentra incluida en nómina con la Resolución
046184 del 14 de mayo de 2012, en cuantía de $18´024.252.07, equivalente al
tope de 25 smlmv para «este año».

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

14. En la demanda se señalaron como disposiciones vulneradas los artículos 4.°,
48 y 83 de la Constitución Política, 18 y 35 y 36 de la Ley 100 de 1993; el Decreto
Ley 546 de 1971, los Decretos 314 de 1994 y 1158 de 1994; las Ley 4 de 1992
y la sentencia de la Corte Constitucional SU - 230 de 2015.

15. Según lo indicó en el presente caso los actos demandados incurrieron en
violación directa de la ley toda vez que desconocieron lo establecido en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993, que determina la obtención del ingreso base de
liquidación y los factores que la conforman, al momento de efectuar la liquidación
correspondiente.

16. Además, la accionada prestó sus servicios a la Procuraduría General de la
Nación, por un término superior a 10 años, por lo que es beneficiaria del régimen
contemplado en el Decreto 546 de 1971, empero, el IBL se debe calcular
conforme al régimen anterior, pues, es claro que al tratarse de una pensión
causada en vigencia de la Ley 100, el IBL se calcula conforme a la citada norma

17. Por tanto al atenderse a la asignación mensual más elevada devengada
dentro del último año de servicio, con inclusión de todos los factores salariales
devengados en el mismo, se desatendió a la correcta forma de liquidar el IBL
determinada en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994, este último que
señala que sólo se debe atender a los factores efectivamente devengados dentro
del tiempo que le hacía falta para adquirir el derecho y que estuvieren
expresamente contemplados en él.

18. Adicional a lo anterior, precisó que la Resolución UGM 046184 del 14 de
mayo de 2012, desconoció los artículos 18 y 35 de la Ley 100 de 1993 respecto
a los topes salariales, al reliquidar la pensión sin tener en cuenta los topes de
salarios que establece la ley, para el cálculo de las prestaciones económicas.

2.2. Contestación de la demanda

2.2.1. La señora Julieta del Carmen Alvis González contestó la demanda a través
de apoderado judicial quien manifestó que los fallos judiciales a través de los
cuales se impartió la orden de reliquidar la pensión de jubilación fueron proferidos
en acatamiento de la Ley y del ordenamiento jurídico, se encuentran en ajustados
a derecho y atendieron la clara línea jurisprudencial que existía para esa época
en la jurisdicción contenciosa, correspondiente a que el régimen de transición
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aplicable a los servidores públicos beneficiarios de las Ley 33 de 1985 y el
Decreto 546 de 1971 acarreaba que la liquidación de las pensiones se realizara
con la inclusión de todos los factores salariales devengados durante el último año
de servicios, por lo que no existe para la demandada ninguna obligación de
reintegrar dichos valores toda vez que no acudió a ninguna clase de engaño para
acceder a la reliquidación de su pensión, sino que al contrario actuó de buena fe.
Adicional a lo anterior propuso las excepciones de «cobro de lo no debido»,
«inexistencia de la obligación», «las actuaciones de los particulares se presumen
de buena fe».

2.3. Sentencia de primera instancia 3

19. El Tribunal Administrativo de Sucre, mediante sentencia proferida el 26 de
agosto de 2021 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda
interpuesta por la UGPP.

20. Para arribar a esta decisión se refirió al marco jurídico y jurisprudencial de
que consideró aplicable al ingreso base de liquidación de la pensión de vejez de
los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y del Ministerio Público,
beneficiarios del régimen de transición y con ello a la sentencia de unificación
CE-SUJ-S2-021-201 del 11 de junio de 2020 4.

21. A partir de lo anterior coligió que la especialidad del régimen, solo es
predicable a aquellos funcionarios que hayan prestado sus servicios, por los
menos 10 años, exclusivamente, a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público
o a ambas actividades y de ser así, la exigencia final de los 20 años de servicios
con miras al establecimiento de la prestación social, solo es verificable cuando
se preste en calidad de servidor público, no siendo factible la acumulación de
periodos temporales de orden privado.

22. Con fundamento en lo citado, consideró que la señora Julieta del Carmen
Alvis González, no tiene derecho al reconocimiento de una pensión especial de
jubilación de acuerdo con el Decreto 546 de 1971, porque no cumplió 20 años de
servicio al sector público. Luego entonces, el régimen pensional reconocido
mediante la Resolución No. 20504 del 26 de julio de 2002, (Ley 71 de 1988),
estuvo correctamente aplicado.

23. En dicha resolución, la Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL),
reconoció a favor de la señora Julieta del Carmen Alvis González, una pensión
de vejez en cuantía de $5´053.754, efectiva a partir del 19 de febrero de 2002,

3 Ibidem. Archivo «16FalloPrimeraInstancia.pdf».

4 Radicación: 15001 23 33 000 2016 00630 01 (4083-2017), Demandante: Cándida Rosa Araque de

Navas; Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).
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condicionada al retiro definitivo del servicio. Para el reconocimiento de dicha
prestación, tuvo en cuenta lo dispuesto en la Ley 71 de 1988 (pensión por
aportes), por virtud del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 y su liquidación se efectuó, teniendo en cuenta el 75% del promedio de los
salarios devengados, registrados entre el 1º de abril de 1994 y el 18 de febrero
de 2002.

24. Esto, porque una vez analizados los tiempos de servicios, determinó que el
tiempo laborado por la señora Julieta del Carmen Alvis González al sector público
fue de menos de 14 años.

25. Por lo tanto, concluyó que los actos administrativos demandados que, en
cumplimiento de unos fallos de tutelas, reliquidaron la pensión de vejez de la
demandante, en aplicación del régimen dispuesto en el Decreto 546 de 1971,
debían declararse nulos.

26. Estimó como procedente ordenar a la entidad demandante que revise
nuevamente la liquidación de la pensión que efectuó en dicho acto de
reconocimiento pensional, atendiendo a que del plenario se extrae que la
demandada con posterioridad acreditó nuevos factores salariales certificados por
la Procuraduría General de la Nación; aspecto que puede incidir en el cálculo del
ingreso base de liquidación (IBL), con la consecuente reliquidación pensional.

27. Estimó adicionalmente que se eximía de examinar el tema del monto
pensional de los 20 smlmv, máxime, cuando la Corte Constitucional - Sala
Primera de Revisión -, mediante Sentencia T-073 de 2019 dejó sin efectos la
sentencia del 23 de agosto de 2011, proferida por el Juzgado Primero Promiscuo
de Familia de Sincelejo (hoy Juzgado Primero de Familia de Sincelejo), que había
ordenado reliquidar la pensión de vejez de la señora Julieta del Carmen Alvis, sin
la limitación de los 20 smlmv. Además, la misma entidad pensional, al darle
cumplimiento a dicha providencia, mediante Resolución RDP 010990 del 3 de
abril de 2019, dejó sin efectos las Resoluciones UGM 046184 del 14 de mayo de
2012 y RDP 008311 del 2 de marzo de 2017.

28. Finalmente, estimó que no había lugar a recuperar las prestaciones pagadas
al no demostrarse que la actuación de la señora Julieta del Carmen Alvis
González, fuese de mala fe.

29. Finalmente se abstuvo de imponer condena en costas a la entidad
accionante.

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2.5. Recurso de apelación.

2.5.1. El apoderado de la demandada 5 presentó recurso de apelación donde
solicitó revocar la sentencia de primera instancia y negar las pretensiones
formuladas.

30. Al efecto precisó que no compartía la apreciación del Tribunal dado que en
este caso ocurrió la consolidación de un derecho adquirido en cabeza de la
señora Julieta del Carmen Alvis González al contrastarse el cumplimiento de los
requisitos necesarios para el ejercicio y nacimiento de su pensión de jubilación
con base en las normas que la sustentaban además dicho reconocimiento fue
validado por una autoridad judicial que así lo ordenó y que no puede ser
desconocido en este momento pues estamos ante una situación jurídicamente
consolidada en el patrimonio de la accionada.

31. Además, no puede desconocerse que la Corte Constitucional al estudiar una
tutela interpuesta por la UGPP en sentencia de tutela proferida por el Juzgado
Primero de Familia de Sincelejo del 23 de agosto de 2011 que había decidido
amparar los derechos fundamentales, dejó sin efecto la citada sentencia. En
consecuencia, la UGPP, mediante la Resolución 10990 de 3 de abril de 2019
dejó sin efecto las Resoluciones 046184 de 14 de mayo de 2012 y RDP 008311
de 2 de marzo de 2017 y en su lugar reliquidó la pensión de vejez de la
demandada en el tope de 20 salarios mínimos mensuales. Por ende, la citada
Resolución 046184 de 14 de mayo de 2012 es inexistente y la Corte reliquidó en
abril de 2019 el quantum pensional de la señora Julieta del Carmen Alvis
González, de manera definitiva.

2.6. Alegatos en segunda instancia y concepto del Ministerio Público

32. Dentro de esta etapa procesal las partes y el agente del Ministerio Público
guardaron silencio.

33. Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala de
Subsección a decidir previas las siguientes

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia.

34. Es competente esta Subsección para decidir el recurso de apelación
interpuesto por la demandada contra la sentencia de 26 de agosto de 2021

5 Expediente digitalizado, visible en el índice 2. Link en el
documento:«ED_EXPEDIENTE_OFICIO0068REMIS(.pdf) NroActua 2». Archivo: «01EscritoDemanda.pdf».
Archivo «19ApelaciónSentenciaDte.pdf».
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proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de Decisión Oral,
dentro del proceso del epígrafe, conforme con lo dispuesto en el artículo 150 6 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA).

3.2. Aclaración previa y problema jurídico.

35. El artículo 187 del CPACA, dispone que en la sentencia se debe decidir sobre
las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre
probada, sin que el silencio del inferior impida que el superior estudie y decida
todas las excepciones de fondo propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio
in pejus.

36. En consecuencia, estima la Sala necesario analizar la aplicabilidad de la Ley
2381 de 2024, «por medio de la cual se establece el sistema de protección social
integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común, y se dictan otras
disposiciones», y en consecuencia determinar si en el presente caso operó la
excepción de caducidad.

37. De ser negativa la respuesta al anterior interrogante, esta Sala de Subsección
se ocupará de resolver si ¿era procedente ordenar la nulidad de las Resoluciones
14759 del 8 de agosto de 2003, 22565 del 22 de octubre de 2004 y UGM 046184
del 14 de mayo de 2012, a través de las cuales CAJANAL EICE en liquidación le
reliquidó la pensión de jubilación de la señora Julieta del Carmen Alvis González
como lo consideró el Tribunal Administrativo de Sucre?

3.3 Marco normativo y jurisprudencial 7

3.3.1 Del fenómeno de la caducidad en asuntos pensionales, y las
modificaciones introducidas con la Ley 2381 de 16 de julio de 2024

38. Esta Corporación ha señalado que la caducidad, es el fenómeno jurídico que
extingue la oportunidad de quien pretende controvertir la existencia de un
derecho en sede judicial, cuando ha transcurrido el tiempo para interponer un
medio de control u otro mecanismo previsto en la ley. De ahí que, el término
constituya un presupuesto procesal a través del cual se limita el ejercicio de los
derechos individuales y subjetivos de los administrados para su reclamación
judicial, en desarrollo del principio de seguridad jurídica bajo criterios de
racionalidad y suficiencia temporal.

6«ARTÍCULO 150. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA. El Consejo

de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de
apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se
concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia».
7 Se reitera análisis realizado en el proceso radicado 52001 23 33 000 2014 00485 02 (1819–2023).

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39. Así, la obligación de presentar la demanda dentro del término previsto por el
legislador constituye un presupuesto procesal que habilita al juez para
pronunciarse sobre el fondo de las pretensiones de la demanda.

40. De conformidad con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, artículo 164 numeral 1 literal c), la demanda contra
actos administrativos que reconozcan o nieguen total o parcialmente
prestaciones periódicas podrán presentarse en cualquier tiempo; empero, no
habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe.

41. Ahora, la Ley 2381 de 16 de julio de 2024, por la cual se establece el Sistema
de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común,
y se dictan otras disposiciones, en el artículo 86 dispone el término con el que se
cuenta para interponer las acciones administrativas y contencioso administrativas
en lo que respecta a las pensiones que han sido reconocidas; se destaca:

«Artículo 86. Término para Ejercer Acciones Administrativas y
Contencioso Administrativas Respecto de las Pensiones Reconocidas.
Las acciones administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser
ejercidas después de cinco (5) años a partir del reconocimiento de las
pensiones otorgadas por las entidades facultadas para ello a excepción y
cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún delito.
A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años
de haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la
caducidad a partir de la vigencia de esta ley.
Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones
administrativas y/o contenciosas y respecto a las cuales ya se haya decidido,
podrán ser susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual
se tendrá un término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley.»
(Subrayas fuera del texto)

42. A partir de lo anterior se puede concluir entonces que:

a- Las acciones administrativas y contencioso administrativas, se
deberán ejercer dentro del término de 5 años contados a partir del
reconocimiento de la pensión.

b- La única excepción a la anterior regla es frente a las pensiones
reconocidas con fraude o con ocurrencia de algún delito.

c- En los casos de reconocimiento pensional respecto a los que se
hayan iniciado acciones administrativas o contencioso administrativas,
cuando hubiere expirado el término de 5 años, y que se encuentren en
curso, se les aplicará el fenómeno de la caducidad a partir de la vigencia de
la referida ley.
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d- Finalmente, en relación con los casos en los que ya se hayan
decidido las acciones administrativas y/o contencioso administrativas
presentadas respecto a un reconocimiento pensional, se dispone que podrá
interponerse el Recurso Extraordinario de Revisión, dentro del término de 5
años contados a partir de la vigencia de dicha ley.

43. El legislador dentro de los considerandos del proyecto de ley 8, optó por
acoger un término similar al que es aplicado para las causales de revisión de que
trata el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, sustentando esta decisión en la
sentencia C-835 de 2003, por medio de la cual la Corte Constitucional analizó las
consecuencias de establecer un límite temporal para que la administración
solicite la revisión de decisiones que otorgaron derechos pensionales. Sobre el
particular destacó que reiteradamente la jurisprudencia de la Corte Constitucional
ha determinado que establecer un límite al tiempo en el que se puede acudir ante
la jurisdicción no vulnera el acceso a la administración de justicia, pues se debe
entender que la caducidad «es una especie de sanción para quien teniendo la
posibilidad de acudir a la justicia fue negligente y no lo hizo» y que con ella se
busca garantizar los principios de seguridad y certeza jurídica. 9

44. De igual forma, revisada la exposición de motivos, se advierte también que la
finalidad de la norma es evitar que las pensiones reconocidas queden expuestas
de manera perpetua y sin límite, a una solicitud de revisión, lo que podría vulnerar
el derecho al debido proceso y la seguridad jurídica de los pensionados.

45. De otro lado, en torno a la vigencia del artículo 86 en estudio, se tiene que en
la Ley 2381 de 2024, se dispuso lo siguiente:

«Artículo 94. Vigencia. El Sistema de Protección Social Integral para la
Vejez, Invalidez y Muerte de origen común, previsto en la presente ley,
entrará en vigor el 1° de julio de 2025.
Artículo 95. Derogatorias. La presente ley rige a partir de su sanción y
deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Sin perjuicio de lo anterior, las normas continuarán vigentes para atender el
Régimen de Transición y el régimen de aquellos ya pensionados al momento
de expedirse esta ley.»
46. Al tenor de las anteriores disposiciones, estima la Sala que el artículo 86 de
la Ley 2381 de 2024, se encuentra vigente desde el momento en que se sancionó
dicha ley, esto es 16 de julio de 2024, fecha de publicación en el Diario Oficial
52.819 10, pues, el legislador, en ejercicio de su competencia constitucional,
únicamente difirió la entrada en vigencia de las disposiciones atinentes al

8 Visibles en las Gacetas del Congreso de la República Nos. 603 de 17 de mayo de 2024 y 700 de 29 de

mayo de 2024.
9 Corte Constitucional. Sentencia C – 418 de 1994.

10 http://svrpubindc.imprenta.gov.co/diario/index.xhtml;jsessionid=55e8e6ab1125b768d5f05f27de9e

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Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen
común, a partir del 1 de julio de 2025. 11

3.3.2. Caso concreto

47. Pues bien, dado que, conforme se analizó por la Sala en acápite anterior, el
artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, que dispone un término de caducidad de 5
años para presentar acciones administrativas y contencioso administrativas
frente a las pensiones reconocidas, se encuentra vigente, y resulta aplicable
incluso, a los procesos que se encuentran en curso, resulta necesario verificar la
oportunidad de la demanda de la referencia, en cumplimiento a dicha
normatividad.

48. Para establecer lo anterior, es necesario señalar que las pruebas allegadas
dan cuenta del siguiente escenario:

49. En este caso, la UGPP promovió la demanda del epígrafe a efectos de
obtener la nulidad de las Resoluciones (i) 14759 del 8 de agosto de 2003,
proferida por CAJANAL EICE, mediante la cual, se reliquidó la pensión de la
señora Julieta del Carmen Alvis González de conformidad con el Decreto 546 de
1971, con inclusión de todos los factores salariales desde la fecha del retiro del
servicio, tomando como base de liquidación el último salario más elevado, (ii)
22565 del 22 de octubre de 2004, mediante la cual, CAJANAL EICE, reliquidó la
pensión por inclusión de nuevos factores devengados dentro del último año de
servicios y (ii) UGM 046184 del 14 de mayo de 2012, mediante la cual, CAJANAL,
en cumplimiento de un fallo de tutela reliquidó la pensión de la demandada, sin
la limitación de los 20 smlmv.

50. Ahora bien, de cara al acervo probatorio es necesario precisar que:

1. Mediante Resolución 20504 del 26 de julio de 2002 12, CAJANAL reconoció
a favor de la señora Julieta del Carmen Alvis González, una pensión de
vejez en cuantía de $5´053.754, efectiva a partir del 19 de febrero de 2002,
condicionada a retiro definitivo del servicio.
2. La demandada interpuso acción de tutela en contra de CAJANAL cuyo
conocimiento correspondió al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de
Sincelejo, que mediante sentencia de 10 de junio de 2003 13, ordenó a
CAJANAL reconocer y pagar la pensión de vejez de la señora Julieta Alvis,

11 La Corte Constitucional en sentencia C-957 de 1997, se refirió a la vigencia de la ley, en el siguiente

sentido: “En lo relativo a su vigencia, como regla general, la ley comienza a regir a partir de su promulgación,
salvo que el legislador, en ejercicio de su competencia constitucional, mediante precepto expreso determine
una fecha diversa a aquella, facultad igualmente predicable del legislador extraordinario. Los efectos
jurídicos de los actos legislativos y de las leyes que se producen a partir de la promulgación en el Diario
Oficial, dan lugar a su oponibilidad y obligatoriedad sin que por ello se afecte la validez ni la existencia de
los mismos.”
12 Archivo «2701 ACTO ADMINISTRATIVO QUE RESUELVE LA PETICION-30-2018-06-06_193943».
13 Archivo « 3401 FALLO DE TUTELA-31-2018-06-06_193943».

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con inclusión de todos los factores salariales desde la fecha de su retiro,
tomando como base el último salario más elevado devengado, equivalente
al 75% de la mencionada asignación, de conformidad con el Decreto 546
de 1971, artículo 6º.
3. Mediante Resolución 14759 del 8 de agosto de 2003 14, dio cumplimiento
al fallo de tutela, reliquidando la pensión de la señora Julieta del Carmen
Alvis González y elevando la cuantía de esta a la suma de $6´299.506.74,
efectiva a partir del 1º de diciembre de 2002.´
4. Cajanal EICE en liquidación, a través de la Resolución 22565 del 22 de
octubre de 2004 15 elevó la cuantía de la pensión de la señora Alvis
González, en la suma de $6´453.545.13, a partir del 1.º de diciembre de
2002. Esto porque la peticionaria aportó nuevos factores salariales
certificados por la Procuraduría General de la Nación.
5. A través de la Resolución UGIVI 00146 del 20 de junio de 2011 CAJANAL
limitó el valor del monto pensional a 20 smlmv.
6. El Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Sincelejo, mediante
sentencia de tutela del 23 de agosto de 2011 16, dispuso dejar sin efectos
jurídicos la citada decisión administrativa y ordenó al liquidador de
CAJANAL EICE, reliquidar la pensión de vejez sin la citada limitación
conforme a lo establecido en las normas especiales para la Rama Judicial
y el Ministerio Público.
7. Por lo anterior CAJANAL expidió la Resolución UGM 046184 del 14 de
mayo de 2012 17, por la cual, dispuso reliquidar la pensión de demandada,
elevando la cuantía de la misma en la suma de $9´468.338,25, efectiva a
partir del 1.º de diciembre de 2002.
8. Mediante Resolución RDP 008311 del 2 de marzo de 2017 18, dispuso
indexar a favor de la señora Julieta del Carmen Alvis González las
diferencias pensionales por el periodo comprendido entre el 1.º de
diciembre de 2002 y el 23 de agosto de 2011.
9. La Corte Constitucional mediante sentencia T- 073 de 25 de febrero de
2019, dejó sin efectos la sentencia dictada por el Juzgado Primero
Promiscuo de Familia de Sincelejo (hoy Juzgado Primero de Familia de
Sincelejo), el 23 de agosto de 2011, dentro del proceso de amparo
promovido por la señora Julieta del Carmen Alvis González y declaró
improcedente la solicitud de amparo.
10. La UGPP expidió la Resolución RDP 010990 del 3 de abril de 2019 para
dar cumplimiento a la decisión anterior y dejó sin efectos las Resoluciones

14Expediente digitalizado, visible en el índice 2. Link en el documento:

«ED_EXPEDIENTE_OFICIO0068REMIS(.pdf) NroActua 2». Archivo: «01EscritoDemanda.pdf».Archivo:
«ACTO ADMINISTRATIVO QUE RESUELVE LA PETICION-32-2018-06-06_193943».
15 Archivo: «ACTO ADMINISTRATIVO QUE RESUELVE LA PETICION-35-2018-06-06_193943». Idem.
16Archivo «3401 FALLO DE TUTELA-21-2018-06-06_193943». Idem.
17 Archivo « 2701 ACTO ADMINISTRATIVO QUE RESUELVE LA PETICION-23-2018-06-06_193943».

Idem.
18 Archivo «2701 RESOLUCIONES QUE RESUELVE DE FONDO LA PETICIÓN-3-2018-06-06_193943».

Idem.
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UGM 046184 del 14 de mayo de 2012 y RDP 008311 del 2 de marzo de
2017.

51. De acuerdo con el escenario expuesto, se advierte que ocurrió el fenómeno
de la caducidad acorde con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024,
pues la demanda se presentó por fuera del término de 5 años establecido en
dicha norma.

52. En efecto, la tercera de las decisiones administrativas quedó sin efectos
como es la Resolución UGM 046184 del 14 de mayo de 2012,esto a través de
la revocatoria directa del acto administrativo, figura regulada en esa época por el
Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo, (artículos 69 a 74) que
en este caso se adoptó como medida unilateral de la Administración para dejar
sin efecto la decisión adoptada en cumplimiento del fallo del Juez de Tutela, que
había dispuesto no limitar la pensión a 25 s.m.m.l.v.

53. Por consiguiente, los dos actos respecto de los cuales debería pronunciarse
esta instancia son los siguientes:

• Resolución 14759 del 8 de agosto de 2003, proferida por CAJANAL
EICE, mediante la cual, se reliquidó la pensión de la señora Julieta del
Carmen Alvis González de conformidad con el Decreto 546 de 1971, con
inclusión de todos los factores salariales desde la fecha del retiro del
servicio, tomando como base de liquidación el último salario más elevado.
• Resolución 22565 del 22 de octubre de 2004, mediante la cual,
CAJANAL EICE, reliquidó la pensión por inclusión de nuevos factores
devengados dentro del último año de servicios.

54. De acuerdo con el acta de reparto 19 se advierte que la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en su modalidad de lesividad fue presentada por la
UGPP el 27 de agosto de 2018, con lo cual se advierte que fue interpuesta trece
años después de proferida la Resolución 22565 del 22 de octubre de 2004 por la
que reliquidó la pensión por inclusión de nuevos factores. Además, vale la pena
aclarar que, en el presente asunto, frente a ninguno de esos dos actos
administrativos se está debatiendo que la reliquidación pensional se obtuvo bajo
fraude o con ocurrencia de algún delito, por lo que no es aplicable la excepción
descrita previamente para la caducidad contemplada en la citada Ley 2381 de
2024.

55. Lo anterior impone a la Sala revocar la sentencia de primera instancia que
accedió parcialmente a las pretensiones, para en su lugar declarar probada de
oficio la excepción de caducidad del medio de control.

19 Visible en el archivo «03ActaReparto.pdf». Idem.

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3.4. Condena en costas

56. En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas por
los siguientes motivos:

57. En anteriores oportunidades esta Sala de Subsección realizaba una
valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar en costas,
empero, actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, es
procedente efectuar un estudio respecto de la carencia de fundamentación
jurídica para imponerlas.

58. Comoquiera que en este caso se revocará la sentencia de primera instancia,
debe darse aplicación al numeral 4.° del artículo 365 del CPG 20, por tanto, no hay
lugar a condena en costas de ambas instancias, toda vez que lo aquí resuelto
tiene sustento en la reciente Ley 2381 de 2024, que implementó un término para
el ejercicio de las acciones administrativas y contencioso administrativas
respecto de las pensiones reconocidas.

59. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

IV. FALLA

PRIMERO. - REVOCAR la sentencia de 26 de agosto de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de Decisión Oral que accedió
parcialmente a las súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe, de
acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO. - En su lugar declarar probada de oficio la excepción caducidad,
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, «por
medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la
vejez, invalidez y muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones». Lo
anterior conforme lo ya expuesto.

TERCERO. - Sin condena en costas de ambas instancias de acuerdo con lo
expuesto en esta providencia.

20 «ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos

en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
[…]
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será
condenada a pagar las costas de ambas instancias.
[…]».
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CUARTO. - Una vez ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al
Tribunal de origen y háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema de
Gestión Judicial SAMAI del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.

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