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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-02352-02

Fecha
23 de octubre de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-02352-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. REVOCAR la sentencia de 10 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO. En su lugar declarar probada de oficio la excepción caducidad, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, «por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones». Lo anterior conforme lo ya expuesto. TERCERO. Sin condena en costas de ambas instancias de acuerdo con lo expuesto en esta providencia. CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen y háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2014-02352-02

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

23 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho (Lesividad)
Radicación: 25000 23 42 000 2014 02352 02 (3618-2023)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de Protección Social - UGPP-
Demandado: Fred Binicio Enrique Segovia Sarasti1
Temas: Caducidad del medio de control

Ley 1437 de 2011 – Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

I. ASUNTO

1. La Sala decide el recurso de apelación presentado por las partes2 en contra
de la sentencia del 10 de marzo de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B,3 que accedió parcialmente
a las súplicas de la demanda.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda4

2.1.1. Las pretensiones

2. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de Protección Social - UGPP-, por intermedio de apoderado y en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo – CPACA, solicitó la nulidad de la Resolución
12034 de 19 de octubre de 1995, proferida por la Subdirección de Prestaciones
Económicas de la Caja Nacional de Previsión Social, por medio de la cual se
reconoció y ordenó el pago de una pensión de jubilación a favor del señor
Segovia Sarasti por valor de $ 237.064,30 pesos efectiva a partir del 17 de julio
de 1992.

1 Pese a que en el sistema Samai sólo se indica «Fred Enrique Segovia Sarasti», según se aprecia en la

copia de la cédula de ciudadanía visible a folio 33 del expediente, el demandado ostenta el nombre de «Fred
Binicio Enrique Segovia Sarasti».
2 La parte demanda presentó recurso de apelación ( ff.199 y s.s. ) y la parte demandante presentó apelación

adhesiva ( índice 12 del expediente digitalizado en el aplicativo SAMAI).
3 Con ponencia del magistrado Luis Gilberto Ortegón Ortegón.
4 Folios 1 y s.s. del primer cuaderno.

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Demandante: UGPP

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordene al señor Segovia
Sarasti a reintegrar las sumas que percibió como consecuencia del
reconocimiento pensional, debidamente indexadas al momento del pago;
declarar que al demandado no le asiste derecho a un doble reconocimiento
pensional y que no hay lugar al pago de valor alguno en virtud de la Resolución
12034 de 19 de octubre de 1995.

2.1.2. Hechos

4. Según se indicó en la demanda, el señor Segovia Sarasti trabajó en la Caja
Nacional de Previsión Social como médico, desde el 11 de diciembre de 1967 al
16 de julio de 1992. Durante ese mismo periodo laboró en el Instituto de Seguros
Sociales desde el 8 de marzo de 1972 al 30 de septiembre de 1993.

5. En virtud de ello, a través de la Resolución 12034 de 19 de octubre de 1995
dictada por CAJANAL se le reconoció una pensión de jubilación con fundamento
en las Leyes 33 y 62 de 1985 a partir del 17 de julio de 1992, tomando como base
el 75% del salario.

6. Mediante la Resolución 4584 de 23 de diciembre de 1993 proferida por al ISS
se ordenó el reconocimiento y pago de una pensión mensual de jubilación a favor
del señor Segovia Sarasti, de acuerdo con el artículo 5.° del Decreto 1651 de
1977 y 4 del Decreto 413 de 1980, dado que por el cargo de médico especialista
ostentaba la condición de funcionario de la seguridad social, siendo aplicables
las previsiones del Decreto 1653 de 1977, en suma de $1´119.757,50, efectiva a
partir del 1.° de octubre de 1993.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

7. En la demanda se señalaron como disposiciones vulneradas los artículos 128
de la Constitución Política, y las Leyes 33 y 62 de 1985, 4ª de 1992, 490 de 1998
y los artículos 5.° del Decreto 3135 de 1968, 5.° del Decreto 1848 de 1969, 5.°
del Decreto 1651 de 1977, 19 del Decreto 1653 de 1977, 32 del Decreto 1042 de
1978, 4.° del Decreto 413 de 1980 y 49 del Decreto 758 de 1990.

8. Según el apoderado, en este caso, dado que se reconoció una segunda
pensión al señor Segovia Sarasti, se incurrió en la prohibición de no percibir doble
asignación del tesoro público, toda vez que ya contaba con una prestación que
le había sido reconocida por ser funcionario de la seguridad social conforme a lo
establecido en el artículo 5.° del Decreto 1651 de 1977 y 4.° del Decreto 413 de
1980.

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9. Además, no puede perderse de vista que la Caja Nacional de Previsión Social
ostentó la calidad de establecimiento público hasta la modificación de la Ley 490
de 1998 por lo que según el Decreto 3135 de 1968, las personas que prestaban
sus servicios eran empleados públicos. En consecuencia, dada esa condición no
podía percibir otra pensión de jubilación.

2.3. Contestación de la demanda

10. El señor Fred Enrique Segovia Sarasti5, no presentó contestación a la
demanda, pese a que fue notificado del auto admisorio a través de edicto
emplazatorio, como se advierte a folios 130 y 133 del cuaderno principal.

2.4. Medida cautelar

11. A través de auto de 28 de febrero de 20196 dictado por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, se decretó la
medida de suspensión provisional de la Resolución 12034 de 19 de octubre de
1995, proferida por la Subdirección de Prestaciones Económicas de la Caja
Nacional de Previsión Social, por la cual se reconoció una pensión de jubilación
a favor del señor Segovia Sarasti.

12. Al resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del
demandado, esta Corporación, a través de la Sección Segunda, Subsección A,
en auto de 13 de diciembre de 20227, revocó el auto de 28 de febrero de 2019 y
negó la medida de suspensión provisional.

2.5. Sentencia de primera instancia8

13. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
B, mediante sentencia proferida el 10 de marzo de 2023 declaró la nulidad del
acto demandado y denegó las demás pretensiones de la demanda interpuesta
por la UGPP.

14. Para arribar a esta decisión examinó el marco jurídico aplicable a la
prohibición de recibir dos asignaciones del tesoro público y con ello al Decreto
1713 de 1960 frente a la labor desplegada por los médicos, así como al Decreto
3135 de 1968 en su artículo 31, el artículo 128 de la Constitución Política y la Ley
4ª de 1992.

15. Posteriormente se refirió a las pruebas allegadas al proceso de las cuales se
extrajo que el demandado consolidó su estatus jurídico como pensionado tanto

5 Ff. 53 y s.s.
6 Folios 16 y s.s. Cuaderno de medida cautelar.
7 Folios 51 y s.s. Ibidem.
8 Ff. 185 y s.s.
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ante CAJANAL como con el Instituto De Seguros Sociales con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, por lo que analizaría el
caso a la luz del artículo 64 de la misma, en lo relativo al hecho de percibir más
de dos pensiones que provengan del propio sistema pero con las excepciones
del Decreto 1042 de 1978.

16. Estimó que el origen y causa de financiamiento de la pensión otorgada al
señor Segovia Sarasti por parte del ISS como empleador correspondió a los
descuentos efectuados por y para aquella entidad, que se realizaron sobre los
factores de salario que percibió en virtud de una relación laboral, legal y
reglamentaria como médico por más de 20 años; en consecuencia, coligió que
esa pensión había sido pagada con recursos públicos.

17. Luego de ello se refirió a la pensión reconocida por CAJANAL donde advirtió
que también se le realizaron descuentos y cotizaciones respecto de los salarios
y demás conceptos devengados; de lo cual extrajo que ambas pensiones fueron
concedidas al demandado por jubilación, pues se derivaron del cumplimiento de
los requisitos de tiempo de servicio y de la acreditación de una edad determinada,
motivo por el cual la contingencia que se buscaba contener estaba asociada a la
vejez.

18. Posteriormente con base en el artículo 32 del Decreto 1042 de 1978 en su
literal b) indicó que el demandado no cumplió con la carga laboral que le permitía
la excepción a la regla y había prestado sus servicios en el sector de manera
simultánea en dos entidades lo que en su momento le permitió recibir la doble
remuneración.

19. Concluyó indicando que si bien no es cierto para el momento en que el señor
Segovia Sarasti acreditó su estatus pensional la Constitución Política de 1886 así
como el Decreto 1042 de 1978 permitían percibir doble asignación del erario,
postura que era menos restrictiva a la plasmada en la Constitución de 1991 y la
Ley 100 de 1993, del material probatorio no se lograba desvirtuar que el
demandado cumpliera con el horario que le permitiera el ejercicio regular de
dichos cargos, lo que conducía a que debiera declararse la nulidad del acto
administrativo demandado.

20. No accedió a la orden de devolución de las sumas percibidas en virtud de la
pensión en atención a que no se probó que fueran recibidas de mala fe;
finalmente se abstuvo de imponer condena en costas en virtud de lo señalado
por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021.

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2.6. Recurso de apelación.

2.6.1. El apoderado del demandado9 presentó recurso de apelación en el cual
señaló que, tal como lo señala el mismo fallo, el señor Segovia Sarasti sí tiene
derecho a percibir dos asignaciones del tesoro tanto por el ISS como la Caja
Nacional de Previsión Social por cuanto se encontraban regidas por la
Constitución de 1886 y el Decreto 1042 de 1978.

21. De acuerdo con ello, en este caso el señor Segovia Sarasti cotizó para
pensión de jubilación tanto al Instituto de Seguros Sociales como a CAJANAL y
tales cotizaciones las efectuó a prorrata de las horas trabajadas teniendo como
base para una jornada completa la de 4 horas diarias, tal como lo especificó
Cajanal en la Resolución 12034 de 19 de octubre de 1995, razón por la cual la
suma correspondiente a la pensión de CAJANAL es muy inferior a la reconocida
por el Instituto de Seguros Sociales, esto en razón de la carga horaria que laboró.

22. Finalmente solicitó que deben salvaguardarse en estos casos los derechos a
la seguridad social, al trabajo y el principio de la buena fe, consagrados en la
Constitución Política toda vez que en ese momento el panorama legal le permitía
laborar en 2 entidades del Estado dada su condición de médico internista, que
como es de público conocimiento, se desempeñan por horas en varias
instituciones.

2.6.2. El apoderado de la entidad demandante10 interpuso recurso de
apelación adhesiva, en el que señaló que debía accederse a pretensión de
devolución de la suma correspondiente a los valores pagados en forma
retroactiva y debidamente indexados, correspondientes a la pensión de vejez
reconocida por CAJANAL, desde el 17 de julio de 1992, teniendo en cuenta que
el beneficiario de la prestación aun conociendo que no le asistía derecho, solicitó
a la extinta CAJANAL tal reconocimiento, pretendiendo una injustificada
erogación del tesoro público, lo que, en su consideración, constituye una forma
de abuso del derecho.

2.7. Alegatos en segunda instancia y concepto del Ministerio Público

23. Dentro de esta etapa procesal guardaron silencio tanto las partes como el
Ministerio Público.

24. Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala de
Subsección a decidir previas las siguientes consideraciones.

9 Folio 199 y s.s. Cuaderno principal.
10 Visible en el índice 12 del expediente digitalizado.
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III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia.

25. Es competente esta Subsección para decidir el recurso de apelación
interpuesto por las partes contra la sentencia de 10 de marzo de 2023, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
B, dentro del proceso del epígrafe, conforme con lo dispuesto en el artículo 15011
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA).

3.2. Problema Jurídico.

26. Debe determinar esta Sala de Subsección si ¿la Resolución 012034 de 1995
por medio de la cual se reconoció una pensión de jubilación al señor Fred Enrique
Segovia Sarasti se encuentra ajustada a derecho, toda vez que ya es beneficiario
de una pensión reconocida por el Instituto de Seguros Sociales en atención a su
desempeño como médico en esa entidad?. En caso de la respuesta al anterior
interrogante sea positiva deberá verificarse si es procedente ordenar la
devolución de las sumas percibidas por el demandado.

27. Previo a ello, teniendo en cuenta que al tenor del artículo 187 del CPACA, en
la sentencia debe decidirse sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera
otra que el fallador encuentre probada, sin que el silencio del inferior impida que
el superior estudie y decidas todas las excepciones de fondo propuestas o no,
sin perjuicio de la no reformatio in pejus, estima la Sala necesario analizar la
aplicabilidad de la Ley 2381 de 2024, «por medio de la cual se establece el
sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen
común, y se dictan otras disposiciones», y en consecuencia determinar si en el
presente caso operó la excepción de caducidad; de ser negativa la respuesta, se
resolverá de fondo los argumentos de apelación.

11«ARTÍCULO 150. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA. El Consejo

de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de
apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se
concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia».
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3.3 Marco normativo y jurisprudencial12

3.3.1 Del fenómeno de la caducidad en asuntos pensionales, y las
modificaciones introducidas con la Ley 2381 de 16 de julio de 2024

28. Esta Corporación ha señalado que la caducidad, es el fenómeno jurídico que
extingue la oportunidad de quien pretende controvertir la existencia de un
derecho en sede judicial, cuando ha transcurrido el tiempo para interponer un
medio de control u otro mecanismo previsto en la ley. De ahí que, el término
constituya un presupuesto procesal a través del cual se limita el ejercicio de los
derechos individuales y subjetivos de los administrados para la reclamación
judicial de los mismos, en desarrollo del principio de seguridad jurídica bajo
criterios de racionalidad y suficiencia temporal.

29. Así, la obligación de presentar la demanda dentro del término previsto por el
legislador constituye un presupuesto procesal que habilita al juez para
pronunciarse sobre el fondo de las pretensiones de la demanda.

30. De conformidad con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, artículo 164 numeral 1 literal c), la demanda contra
actos administrativos que reconozcan o nieguen total o parcialmente
prestaciones periódicas podrán presentarse en cualquier tiempo; empero, no
habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe.

31. Ahora, la Ley 2381 de 16 de julio de 2024, por la cual se establece el Sistema
de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común,
y se dictan otras disposiciones, en el artículo 86 dispone el término con el que se
cuenta para interponer las acciones administrativas y contencioso administrativas
en lo que respecta a las pensiones que han sido reconocidas; se destaca:

«Artículo 86. Término para Ejercer Acciones Administrativas y
Contencioso Administrativas Respecto de las Pensiones Reconocidas.
Las acciones administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser
ejercidas después de cinco (5) años a partir del reconocimiento de las
pensiones otorgadas por las entidades facultadas para ello a excepción y
cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún delito.
A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años
de haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la
caducidad a partir de la vigencia de esta ley.
Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones
administrativas y/o contenciosas y respecto a las cuales ya se haya decidido,
podrán ser susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual
se tendrá un término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley.»

12 Se reitera análisis realizado en el proceso radicado 52001 23 33 000 2014 00485 02 (1819–2023).

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32. A partir de lo anterior se puede concluir entonces que:

a- Las acciones administrativas y contencioso administrativas, se
deberán ejercer dentro del término de 5 años contados a partir del
reconocimiento de la pensión.

b- La única excepción a la anterior regla, es frente a las pensiones
reconocidas con fraude o con ocurrencia de algún delito.

c- En los casos de reconocimiento pensional respecto a los que se
hayan iniciado acciones administrativas o contencioso administrativas,
cuando hubiere expirado el término de 5 años, y que se encuentren en
curso, se les aplicará el fenómeno de la caducidad a partir de la vigencia de
la referida ley.

d- Finalmente, en relación con los casos en los que ya se hayan
decidido las acciones administrativas y/o contencioso administrativas
presentadas respecto a un reconocimiento pensional, se dispone que podrá
interponerse el Recurso Extraordinario de Revisión, dentro del término de 5
años contados a partir también de la vigencia de dicha ley.

33. Se ha verificado que, el legislador dentro de los considerandos del proyecto
de ley13, optó por acoger un término similar al que es aplicado para las causales
de revisión de que trata el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, sustentando esta
decisión en la sentencia C-835 de 2003 por medio de la cual la Corte
Constitucional analizó las consecuencias de establecer un límite temporal para
que la administración solicite la revisión de decisiones que otorgaron derechos
pensionales, recordando que reiteradamente la jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha determinado que establecer un límite al tiempo en el que se
puede acudir ante la jurisdicción no vulnera el acceso a la administración de
justicia, pues se debe entender que la caducidad «es una especie de sanción
para quien teniendo la posibilidad de acudir a la justicia fue negligente y no lo
hizo» y que con ella se busca hacer realidad los principios de seguridad y certeza
jurídica.14

34. Revisada la exposición de motivos, se advierte también que la finalidad de la
norma es evitar que las pensiones reconocidas queden expuestas de manera
perpetua y sin límite, a una solicitud de revisión, lo que podría vulnerar el derecho
al debido proceso y la seguridad jurídica de los pensionados.

13 Visibles en las Gacetas del Congreso de la República Nos. 603 de 17 de mayo de 2024 y 700 de 29 de

mayo de 2024.
14 Corte Constitucional. Sentencia C – 418 de 1994.

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35. De otro lado, en torno a la vigencia del artículo 86 en estudio, se tiene que en
la Ley 2381 de 2024, se dispuso lo siguiente:

«Artículo 94. Vigencia. El Sistema de Protección Social Integral para la
Vejez, Invalidez y Muerte de origen común, previsto en la presente ley,
entrará en vigor el 1° de julio de 2025.
Artículo 95. Derogatorias. La presente ley rige a partir de su sanción y
deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Sin perjuicio de lo anterior, las normas continuarán vigentes para atender el
Régimen de Transición y el régimen de aquellos ya pensionados al momento
de expedirse esta ley.»

36. Al tenor de las anteriores disposiciones, estima la Sala que el artículo 86 de
la Ley 2381 de 2024, se encuentra vigente desde el momento en que se sancionó
dicha ley, esto es 16 de julio de 2024, fecha de publicación en el Diario Oficial
52.81915, pues, el legislador, en ejercicio de su competencia constitucional,
únicamente difirió la entrada en vigencia de las disposiciones atinentes al
Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen
común, a partir del 1.° de julio de 2025.16

3.3.2. Caso concreto

37. Pues bien, dado que, conforme se analizó por la Sala en acápite anterior, el
artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, que dispone un término de caducidad de 5
años, para presentar acciones administrativas y contencioso administrativas
frente a las pensiones reconocidas, se encuentra vigente, y resulta aplicable
incluso, a los procesos que se encuentran en curso, resulta necesario verificar la
oportunidad de la demanda de la referencia, en cumplimiento a dicha
normatividad.

38. En este caso la UGPP solicitó la nulidad de la Resolución 12034 de 19 de
octubre de 1995, proferida por la Subdirección de Prestaciones Económicas de
la Caja Nacional de Previsión Social, por medio de la cual se reconoció y ordenó
el pago de una pensión de jubilación a favor del señor Segovia Sarasti por valor
de $ 237.064,30 pesos, efectiva a partir del 17 de julio de 1992.

39. Ahora bien, a folio 18 del expediente, se advierte que la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho, en su modalidad de lesividad fue radicada el 4 de

15 http://svrpubindc.imprenta.gov.co/diario/index.xhtml;jsessionid=55e8e6ab1125b768d5f05f27de9e

16 La Corte Constitucional en sentencia C-957 de 1997, se refirió a la vigencia de la ley, en el siguiente
sentido: “En lo relativo a su vigencia, como regla general, la ley comienza a regir a partir de su promulgación,
salvo que el legislador, en ejercicio de su competencia constitucional, mediante precepto expreso determine
una fecha diversa a aquella, facultad igualmente predicable del legislador extraordinario. Los efectos
jurídicos de los actos legislativos y de las leyes que se producen a partir de la promulgación en el Diario
Oficial, dan lugar a su oponibilidad y obligatoriedad sin que por ello se afecte la validez ni la existencia de
los mismos.”
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Demandante: UGPP

junio de 2014, es decir, 19 años después del reconocimiento pensional.

40. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, se
puede establecer fehacientemente, que en el presente asunto ha operado el
fenómeno de la caducidad, pues, la demanda se presentó por fuera del término
de 5 años establecido en dicha normativa y contabilizados a partir del
reconocimiento de la prestación periódica.

41. Vale la pena aclarar que, en el presente asunto lo que se discute es si en este
caso el señor Segovia Sarasti acreditó la carga horaria que le permitía devengar
dos asignaciones del tesoro público, bajo las condiciones del Decreto 1042 de
1978, en su artículo 32. Sin embargo, no se está debatiendo que la pensión en
sí fuera obtenida bajo fraude o con ocurrencia de algún delito, por lo que no es
aplicable la excepción descrita previamente para la caducidad contemplada en la
citada Ley 2381 de 2024.

42. Lo anterior impone a la Sala revocar la sentencia de primera instancia que
accedió parcialmente a las pretensiones, para en su lugar declarar probada de
oficio la excepción de caducidad del medio de control. Dada la decisión anterior,
no es necesario entrar a resolver el recurso de apelación formulado por el
demandado.

3.5 Condena en costas

43. En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas por
los siguientes motivos:

44. En anteriores oportunidades esta Sala de Subsección realizaba una
valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar en costas,
empero, actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, es
procedente efectuar un estudio respecto de la conducta de las partes en el
proceso y la carencia de fundamentación jurídica, por lo que en esos términos al
hacer extensiva esa interpretación al caso bajo análisis.

45. Comoquiera que en este caso se revocará la sentencia de primera instancia,
debe darse aplicación al numeral 4.° del artículo 365 del CPG17, por tanto, no hay
lugar a condena en costas de ambas instancias, toda vez que se sustentaron las
razones esgrimidas por la entidad en defensa jurídica de sus intereses, máxime
cuando lo aquí resuelto tiene sustento en la reciente Ley 2381 de 2024, que

17 «ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos

en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
[…]
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será
condenada a pagar las costas de ambas instancias.
[…]».
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Radicado: 25000 23 42 000 2014 02352 02 (3618 -2023)

Demandante: UGPP

implementó un término para el ejercicio de las acciones administrativas y
contencioso administrativas respecto de las pensiones reconocidas.

46. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

IV. FALLA

PRIMERO. REVOCAR la sentencia de 10 de marzo de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que
accedió parcialmente a las súplicas de la demanda dentro del proceso del
epígrafe, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO. En su lugar declarar probada de oficio la excepción caducidad,
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, «por
medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la
vejez, invalidez y muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones». Lo
anterior conforme lo ya expuesto.

TERCERO. Sin condena en costas de ambas instancias de acuerdo con lo
expuesto en esta providencia.

CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al
Tribunal de origen y háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema de
Gestión Judicial SAMAI del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Consejero de Estado Consejero de Estado

Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.

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