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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-00252-02

Fecha
20 de febrero de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-00252-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. REVOCAR la sentencia de 30 de mayo de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO. En su lugar declarar probada de oficio la excepción caducidad, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, "por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones". Lo anterior conforme lo ya expuesto. TERCERO. LEVANTAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL de las Resoluciones 1058 de 17 de marzo de 1978 y 05619 de 8 de junio de 1983, decretada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante auto de 15 de mayo de 2018. CUARTO. La UGPP deberá reanudar el pago de las mesadas pensionales a favor de la señora Ana Rosa Soler de Rincón de manera inmediata, por lo deberá ser incluida en nómina de pensionados a partir del mes siguiente en que sea notificada la sentencia a la UGPP. QUINTO. Se acepta la renuncia al poder, manifestada por la abogada Lucía Arbeláez de Tobón como apoderada judicial de la entidad demandante 16, de conformidad a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEXTO. Sin condena en costas de ambas instancias de acuerdo con lo expuesto en esta providencia. 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. […]» 16 Índice 20. 835 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 12 www.consejodeestado.gov.co Radicado: 25000 23 42 000 2018 00252 02 (2864 -2020) Demandante: UGPP SÉPTIMO. Una vez ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen y háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2018-00252-02

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

20 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho (Lesividad)
Radicación: 25000 23 42 000 2018 00252 02 (2864-2020)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-
Demandado: Ana Rosa Soler de Rincón
Temas: Caducidad del medio de control. Artículo 86 de la Ley 2381
de 16 de julio de 2024.

Ley 1437 de 2011 – Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

I. ASUNTO

1. La Sala decide el recurso de apelación presentado por la parte demandada en
contra de la sentencia del 30 de mayo de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D1 que accedió
parcialmente a las súplicas de la demanda.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

2.1.1. Las pretensiones

2. Por intermedio de apoderado, la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP- en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo – CPACA, solicitó lo siguiente2:

1 Con ponencia del magistrado Dr. Israel Soler Pedroza.
2 ff. 102 vto. del cuaderno principal.

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Radicado: 25000 23 42 000 2018 00252 02 (2864 -2020)

Demandante: UGPP

• Declarar la nulidad de la Resolución 1058 de 17 de marzo de 1978 por
medio de la cual se le reconoció una pensión de jubilación al señor Juan
José Rincón Galvis, así como de la Resolución 05619 de 8 de junio de
1983, a través de la cual se reliquidó la citada prestación y fue sustituida
a la señora Ana Rosa Soler de Rincón en calidad de cónyuge supérstite.
• Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del
derecho solicitó que se ordene reintegrar la totalidad de las sumas
canceladas por concepto de la pensión, de forma retroactiva a indexada y
que se condene en costas a la accionada.

2.1.2. Hechos

3. El señor Juan José Rincón Galvis nació el 27 de abril de 1919 y cotizó los
siguientes tiempos de servicio:

• En el departamento de Boyacá desde el 11 de febrero hasta el 16 de
octubre de 1946.
• En la Procuraduría General de la Nación desde el 2 de octubre de 1946
hasta el 31 de agosto de 1950, y desde el 1.° de septiembre de 1950 hasta
el 31 de enero de 1951.
• En el departamento de Boyacá desde el 1.° de octubre hasta el 30 de
noviembre de 1958 y desde el 17 de mayo de 1959 hasta el 30 de junio
de 1960.
• En Cementos Boyacá S.A. desde el 29 de septiembre de 1960 hasta el 19
de julio de 1962.
• En la Cámara de Representantes desde el 20 de julio hasta el 31 de
diciembre de 1962, del 1.° de enero al 16 de diciembre de 1963, del 20 de
julio de 1966 al 5 de septiembre de 1967 y del 31 de octubre de 1967 al
31 de diciembre de 1971.
• En el Ministerio de Relaciones Exteriores del 1.° de noviembre de 1971 al
1.° de marzo de 1977 y del primero de septiembre de 1980 al 13 de mayo
de 1981. Siendo su último cargo el de embajador de Colombia en El
Salvador.

4. A través de la Resolución 1058 del 17 de marzo de 1978, la Caja Nacional de
Previsión Social le reconoció al señor Juan José Rincón Galvis una pensión de
jubilación de conformidad con las Leyes 6ª de 1945 y 4ª de 1966, liquidándola
con el 75% de lo devengado en el último año de servicios y condicionada al retiro
definitivo.

5. El señor Rincón Galvis falleció el 13 de mayo de 1981 y a través de la
Resolución 05619 de 8 de junio de 1953 se sustituyó la prestación a favor de la
señora Ana Rosa Soler de Rincón en calidad de cónyuge supérstite a partir del
14 de mayo de 1981 y se reliquidó elevando su cuantía.
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Demandante: UGPP

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

6. En la demanda se señaló como disposiciones vulneradas las Leyes 33 de
1973, 12 de 1975, 44 de 1980, el Código de Comercio y el Decreto 1848 de 1969.

7. Precisó el apoderado de la entidad que la Caja Nacional de Previsión Social
tomó los tiempos de servicios prestados por el señor Rincón Galvis en Cementos
Boyacá S.A. como tiempos de carácter público para efectos del reconocimiento
pensional.

8. Para ello, consultó la cuota parte correspondiente sin que esa entidad se
pronunciara, razón por la cual dio por aceptada la cuota. Sin embargo, para la
época, dicha entidad era una sociedad de economía mixta y la participación del
Estado para los años 1960 a 1962 correspondía al 67% razón por la cual los
empleados de Cementos Boyacá estaban sujetos a las reglas de derecho privado
de manera que CAJANAL computó erradamente tiempos privados como
públicos.

9. De acuerdo con esto no le asistía derecho al señor Juan José Rincón Galvis
al reconocimiento pensional toda vez que acreditó solamente 18 años, 4 meses
y 7 días de servicio, esto es, excluyendo los tiempos prestados en Cementos
Boyacá.

10. Además, para la fecha del reconocimiento no se había expedido la Ley 71 de
1988 a través de la cual se permiten computar tiempos públicos y privados para
acceder al reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes.

2.2. Medida cautelar.

11. La entidad solicitó la suspensión provisional de las resoluciones demandadas,
por las cuales se reconoció la pensión de jubilación, se reliquidó y se sustituyó a
favor de la señora Ana Rosa Soler de Rincón.

12. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió a dicha solicitud a través
de auto de 15 de mayo de 2018, por el cual decretó la suspensión provisional de
los actos en mención.

13. Contra la anterior determinación el apoderado de la pensionada interpuso
recurso de apelación. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, a
través de providencia de 10 de octubre de 2019 dejó sin efectos el auto de 23 de
agosto de 2018 por el cual se concedió el recurso y en su lugar, lo rechazó por
extemporáneo.

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Demandante: UGPP

2.3. Contestación de la demanda

14. La señora Ana Rosa Soler de Rincón3, a través de apoderado, allegó
escrito de contestación, en el cual se opuso a la prosperidad de las pretensiones
de la demanda con base en que no se configuró ninguna causal para proceder a
la anulación de los actos demandados.

15. Para tal efecto explicó que el causante cumplió con los requisitos exigidos en
la ley para el reconocimiento de la pensión toda vez que trabajó por más de 20
años de servicio y cumplió con los requisitos exigidos en las Leyes 6ª de 1945 y
4ª de 1966 así como los Decretos 3135 el 68 y 1848 de 1969.

16. Además, en virtud del principio de favorabilidad el tiempo laborado en la
empresa Cementos Boyacá, debe computarse de acuerdo con lo señalado por la
Ley 71 de 1988 que regula la pensión de vejez por aportes públicos y privados.

17. Así mismo la señora Ana Rosa Soler de Rincón demostró los requisitos
exigidos en su calidad de cónyuge supérstite para que le fuese sustituida la
pensión de vejez, adicionalmente recibió tales dineros de buena fe por lo que no
procede el reintegro de ningún valor percibido.

2.4. Sentencia de primera instancia4

18. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
D, mediante sentencia proferida el 30 de mayo de 2019 accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda interpuesta por la UGPP.

19. Para arribar a esta decisión se refirió en primer lugar al marco jurídico de las
sociedades de economía mixta contenido en la Ley 65 de 1967 y el Decreto 1050
de 1968, artículo 8.°; el Decreto 3130 de 1968 que es el estatuto orgánico de las
entidades descentralizadas del orden nacional, según el cual serán sociedades
de economía mixta aquellas en donde el Estado posea el 90% o más de su capital
social, y se someterán al régimen previsto para las empresas industriales y
comerciales del Estado.

20. Posteriormente citó el Decreto 1848 de 1969 para determinar la naturaleza
de los servidores que trabajaban en las sociedades de economía mixta, así como
la Constitución Política de 1991, la Ley 489 de 1989 y destacó de ésta última el
artículo 97, del cual coligió que para que una sociedad comercial pudiera ser
catalogada como de economía mixta la participación estatal no podía ser inferior
al 50% del total del capital social suscrito y pagado, pero dicha norma fue
declarada inexequible por la corte constitucional en sentencia C- 953 de 1999.

3 Ff. 177- 189.
4 Ff. 273 y s.s.
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Demandante: UGPP

21. Por tanto, estimó que las sociedades de economía mixta son aquellas que
crea o autoriza el legislador en el orden nacional, o las asambleas
departamentales y concejos municipales y distritales en sus respectivos niveles
y cuyo capital se compone de aportes efectuados tanto por particulares como por
entidades públicas de cualquier tipo, independientemente del porcentaje de
participación que el Estado tenga.

22. Sin embargo en cuanto al régimen legal aplicable a estas sociedades el
artículo 97 de la Ley 489 de 1998 la sometió al derecho privado como regla
general y el inciso final del artículo 85 preceptuó que a las empresas industriales
y comerciales del Estado y a las sociedades de economía mixta les serán
aplicables en lo pertinente los artículos 19, 27 y 183 de la Ley 142 de 1994; por
su parte el parágrafo primero del artículo 38 de la ley 489 estatuye que las
sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga una participación igual
o superior al 90% del capital se sujetarán al régimen previsto para las empresas
industriales y comerciales del Estado; en similar sentido el parágrafo del artículo
97 se refiere al régimen de las actividades y los servidores de esas entidades,
por tanto, en lo que se refiere a su estatuto laboral, serán trabajadores
particulares y sólo por excepción, cuando el aporte oficial exceda en el 90% del
capital social, sus actividades se regularán por los preceptos aplicables a las
empresas industriales y comerciales del Estado.

23. Por tanto, pese a que el causante laboró en Cementos Boyacá, para los años
1960 a 1962 sus empleados se consideran trabajadores oficiales en los casos en
que la participación del Estado es superior al 50 e inferior al 90 del capital como
en este caso, donde acreditó 1 año, 9 meses y 20 días tal como consta en
certificación expedida por Cementos Boyacá y además, para los años en que el
causante laboró en 1960 y 1962 el porcentaje accionario de las entidades del
sector oficial fue del 67.31% y para el año 62 del 67.14% del total del capital

24. Por ello, pese a que CAJANAL le reconoció la pensión donde se indicó que
acreditó el tiempo de servicio público, se tiene que no reunió el total de 20 años
exigidos por la Ley 6ª de 1945, toda vez que se consideraba un trabajador oficial;
tampoco podían aplicarse las previsiones de la Ley 71 de 1988 comoquiera que
no se había expedido para la época.

25. Igualmente, no podía computarse el tiempo laborado como diputado en la
Asamblea Departamental de conformidad con lo previsto por la Ley 48 de 1962
toda vez que no laboró una legislatura completa. De acuerdo con lo anterior
estimó que las resoluciones demandadas fueron expedidas contrariando la
normatividad vigente para la época razón por la cual el señor Juan José Rincón
Galvis no tenía derecho al reconocimiento de la pensión ni tampoco la
demandada a la sustitución pensional.

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Demandante: UGPP

26. En consecuencia, declaró la nulidad de los actos demandados, pero no
ordenó la devolución de las sumas solicitadas al no demostrarse que fueron
percibidas de mala fe por la demandada.

2.5. Recurso de apelación.

27. La demandada Ana Rosa Soler de Rincón5 interpuso recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia, en el cual indicó que no se encontraba
de acuerdo con la interpretación del Tribunal toda vez que el Decreto 1848 de
1969 exige para la pensión 20 años de servicios y en su artículo 72 prescribe la
acumulación de tiempos de servicios, sucesiva o alternativamente a distintas
entidades de derecho público, establecimientos públicos, empresas oficiales y
sociedades de economía mixta, por eso no se comprende por qué en este caso
no pueden computarse los tiempos de servicios ante Cementos Boyacá, esto
porque la norma fue clara y no exige que solo se puede computar el tiempo donde
las sociedades de economía mixta tengan más del 90% del capital del Estado.

28. Además la CAJANAL sí aplicó la Ley 48 de 1962 en la Resolución 1058 de
17 de marzo de 1978 para el cómputo de su tiempo de servicio en la Cámara de
Representantes por lo que inclusive superó los 20 años de servicios, lo cual
genera que, si en gracia de discusión se suprimiera el tiempo laborado en
Cementos Boyacá, aun así el causante superaría los 20 años de servicios.

2.6. Alegatos en segunda instancia.

29. Dentro de esta etapa procesal se pronunció la apoderada de la señora Ana
Rosa Soler de Rincón quien reiteró los argumentos del recurso6. Por su parte la
UGPP insistió en que debe confirmarse la decisión de primera instancia7.

30. El agente del Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad

31. Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala de
Subsección a decidir previas las siguientes consideraciones.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia.

32. Es competente esta Subsección decidir el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandada contra la sentencia de 30 de mayo de 2019, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca8 dentro del proceso del epígrafe,

5 Folios 317 y s.s. del cuaderno principal.
6 Visible a índice 9.
7
Índice 13.
8 Sección Segunda, Subsección D.
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Demandante: UGPP

conforme con lo dispuesto en el artículo 1509 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

3.2. Problema Jurídico.

33. Debe determinar esta Sala de Subsección si ¿el señor Juan José Rincón
Galvis contaba con el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación, particularmente frente al cumplimiento del requisito del tiempo de
servicios ante entidades públicas?; si la respuesta al anterior interrogante es
negativa, deberá analizarse si es procedente acceder al reembolso de las sumas
pagadas en virtud de los actos administrativos demandados.

34. Sin embargo, previo a ello, y teniendo en cuenta que al tenor del artículo 187
del CPACA, en la sentencia se decidirán sobre las excepciones propuestas y
sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada, sin que el silencio del
inferior impida que el superior estudie y decidas todas las excepciones de fondo
propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus; estima la Sala
necesario analizar la aplicabilidad de la Ley 2381 de 2024, “por medio de la cual
se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y
muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones”, y en consecuencia
determinar si en el presente caso operó la excepción de caducidad; de ser
negativa la respuesta, se resolverá de fondo la apelación.

3.3 Marco normativo y jurisprudencial10

3.3.1 Del fenómeno de la caducidad en asuntos pensionales, y las
modificaciones introducidas con la Ley 2381 de 16 de julio de 2024

35. Esta Corporación ha señalado que la caducidad, es el fenómeno jurídico que
extingue la oportunidad de quien pretende controvertir la existencia de un
derecho en sede judicial, cuando ha transcurrido el tiempo para interponer un
medio de control u otro mecanismo previsto en la ley. De ahí que, el término
constituya un presupuesto procesal a través del cual se limita el ejercicio de los
derechos individuales y subjetivos de los administrados para la reclamación
judicial de los mismos, en desarrollo el principio de seguridad jurídica bajo
criterios de racionalidad y suficiencia temporal.

9«ARTÍCULO 150. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA. El Consejo

de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de
apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se
concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia».
10
Se reitera análisis realizado en el proceso radicado 52001 23 33 000 2014 00485 02 (1819–2023).

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36. Así, la obligación de presentar la demanda dentro del término previsto por el
legislador constituye un presupuesto procesal que habilita al juez para
pronunciarse sobre el fondo de las pretensiones de la demanda.

37. De conformidad con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, artículo 164 numeral 1 literal c), la demanda contra
actos administrativos que reconozcan o nieguen total o parcialmente
prestaciones periódicas podrán presentarse en cualquier tiempo; empero, no
habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe.

38. Ahora, la Ley 2381 de 16 de julio de 2024, por la cual se establece el Sistema
de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común,
y se dictan otras disposiciones, en el artículo 86 dispone el término con el que se
cuenta para interponer las acciones administrativas y contencioso administrativas
en lo que respecta a las pensiones que han sido reconocidas; se destaca:

«Artículo 86. Término para Ejercer Acciones Administrativas y
Contencioso Administrativas Respecto de las Pensiones Reconocidas.
Las acciones administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser
ejercidas después de cinco (5) años a partir del reconocimiento de las
pensiones otorgadas por las entidades facultadas para ello a excepción y
cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún delito.
A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años
de haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la
caducidad a partir de la vigencia de esta ley.
Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones
administrativas y/o contenciosas y respecto a las cuales ya se haya decidido,
podrán ser susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual
se tendrá un término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley.»

39. A partir de lo anterior se puede concluir entonces que:

a- Las acciones administrativas y contencioso administrativas, se
deberán ejercer dentro del término de 5 años contados a partir del
reconocimiento de la pensión.

b- La única excepción a la anterior regla, es frente a las pensiones
reconocidas con fraude o con ocurrencia de algún delito.

c- En los casos de reconocimiento pensional respecto a los que se
hayan iniciado acciones administrativas o contencioso administrativas,
cuando hubiere expirado el término de 5 años, y que se encuentren en
curso, se les aplicará el fenómeno de la caducidad a partir de la vigencia de
la referida ley.
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d- Finalmente, en relación con los casos en los que ya se hayan
decidido las acciones administrativas y/o contencioso administrativas
presentadas respecto a un reconocimiento pensional, se dispone que podrá
interponerse el Recurso Extraordinario de Revisión, dentro del término de 5
años contados a partir también de la vigencia de dicha ley.

40. Se ha verificado que, el legislador dentro de los considerandos del proyecto
de ley11, optó por acoger un término similar al que es aplicado para las causales
de revisión de que trata el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, sustentando esta
decisión en la sentencia C-835 de 2003 por medio de la cual la Corte
Constitucional analizó las consecuencias de establecer un límite temporal para
que la administración solicite la revisión de decisiones que otorgaron derechos
pensionales, recordando que reiteradamente la jurisprudencia esa Corporación
ha determinado que establecer un límite al tiempo en el que se puede acudir ante
la jurisdicción no vulnera el acceso a la administración de justicia, pues se debe
entender que la caducidad «es una especie de sanción para quien teniendo la
posibilidad de acudir a la justicia fue negligente y no lo hizo» y que con ella se
busca hacer realidad los principio de seguridad y certeza jurídica.12

41. Revisada la exposición de motivos, se advierte también que la finalidad de la
norma es evitar que las pensiones reconocidas queden expuestas de manera
perpetua y sin límite, a una solicitud de revisión, lo que podría vulnerar el derecho
al debido proceso y la seguridad jurídica de los pensionados.

42. De otro lado, en torno a la vigencia del artículo 86 en estudio, se tiene que en
la Ley 2381 de 2024, se dispuso lo siguiente:

«Artículo 94. Vigencia. El Sistema de Protección Social Integral para la
Vejez, Invalidez y Muerte de origen común, previsto en la presente ley,
entrará en vigor el 1° de julio de 2025.
Artículo 95. Derogatorias. La presente ley rige a partir de su sanción y
deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Sin perjuicio de lo anterior, las normas continuarán vigentes para atender el
Régimen de Transición y el régimen de aquellos ya pensionados al momento
de expedirse esta ley.»

43. Al tenor de las anteriores disposiciones, estima la Sala que el artículo 86 de
la Ley 2381 de 2024, se encuentra vigente desde el momento en que se sancionó
dicha ley, esto es 16 de julio de 2024, fecha de publicación en el Diario Oficial

11
Visibles en las Gacetas del Congreso de la República Nos. 603 de 17 de mayo de 2024 y 700 de 29 de
mayo de 2024.
12
Corte Constitucional. Sentencia C – 418 de 1994.
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Demandante: UGPP

52.81913, pues, el legislador, en ejercicio de su competencia constitucional,
únicamente difirió la entrada en vigencia de las disposiciones atinentes al
Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen
común, a partir del 01 de julio de 2025.14

3.3.2. Caso concreto

44. Pues bien, dado que, conforme se analizó por la Sala en acápite anterior, el
artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, que dispone un término de caducidad de 5
años, para presentar acciones administrativas y contencioso administrativas
frente a las pensiones reconocidas, se encuentra vigente, y resulta aplicable
incluso, a los procesos que se encuentran en curso, resulta necesario verificar la
oportunidad de la demanda de la referencia, en cumplimiento a dicha
normatividad.

45. En el asunto de la referencia, se observa entonces que la UGPP pretende la
nulidad de la Resolución 1058 de 17 de marzo de 1978 por medio de la cual se
le reconoció una pensión de jubilación al señor Juan José Rincón Galvis, así
como de la Resolución 05619 de 8 de junio de 1983, a través de la cual se
reliquidó la citada prestación y fue sustituida a la señora Ana Rosa Soler de
Rincón en calidad de cónyuge supérstite.

46. Adicionalmente, a folio 13 del expediente, se corrobora que la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho fue radicada el 30 de enero de 2018, es
decir, 35 años después de concedida, sustituida y reliquidada la pensión.

47. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, se
puede establecer fehacientemente, que en el presente asunto ha operado el
fenómeno de la caducidad, pues, la demanda se presentó por fuera del término
de 5 años establecido en dicha normativa y contabilizados a partir del
reconocimiento de la prestación periódica.

48. Vale la pena aclarar que, en el presente asunto se discuten los tiempos de
servicio acreditados por el causante en Cementos Boyacá S.A. y con ello si
fueron laborados en una sociedad de economía mixta cuya participación del
Estado no superó el 90% del capital. Sin embargo, no se está debatiendo que la
pensión en sí fuera obtenida bajo fraude o con ocurrencia de algún delito, por lo

13
http://svrpubindc.imprenta.gov.co/diario/index.xhtml;jsessionid=55e8e6ab1125b768d5f05f27de9e
14 La Corte Constitucional en sentencia C-957 de 1997, se refirió a la vigencia de la ley, en el
siguiente sentido: “En lo relativo a su vigencia, como regla general, la ley comienza a regir a partir
de su promulgación, salvo que el legislador, en ejercicio de su competencia constitucional,
mediante precepto expreso determine una fecha diversa a aquella, facultad igualmente predicable
del legislador extraordinario. Los efectos jurídicos de los actos legislativos y de las leyes que se
producen a partir de la promulgación en el Diario Oficial, dan lugar a su oponibilidad y
obligatoriedad sin que por ello se afecte la validez ni la existencia de los mismos.”
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Demandante: UGPP

que no es aplicable la excepción descrita previamente para la caducidad
contemplada en la citada Ley 2381 de 2024.

49. Lo anterior impone a la Sala revocar la sentencia de primera instancia que
accedió a las pretensiones, para en su lugar declarar probada de oficio la
excepción de caducidad del medio de control.

3.4. Otras decisiones.

50. Dado que en este caso se impone revocar la sentencia del 30 de mayo de
2019 como consecuencia de la ocurrencia del fenómeno jurídico de la caducidad,
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, es
procedente el levantamiento de la medida de suspensión provisional de las
Resoluciones 1058 de 17 de marzo de 1978 y 05619 de 8 de junio de 1983,
decretada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante auto de 15
de mayo de 2018.

51. En consecuencia, el pago de las mesadas pensionales a favor de la señora
Ana Rosa Soler de Rincón deberá reanudarse de forma inmediata a partir de la
notificación de esta decisión. En este sentido, deberá ser incluida en
nómina de pensionados a partir del mes siguiente en que sea notificada la
sentencia a la UGPP.

3.5 Condena en costas

52. En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas por
los siguientes motivos:

53. En anteriores oportunidades esta Sala de Subsección realizaba una
valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar en costas,
empero, actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, es
procedente efectuar un estudio respecto de la conducta de las partes en el
proceso y la carencia de fundamentación jurídica, por lo que en esos términos al
hacer extensiva esa interpretación al caso bajo análisis.

54. Por tanto, pese a que en este caso se revocará la sentencia de primera
instancia, no se impondrá condena en costas de ambas instancias como lo señala
el numeral 4.° del artículo 365 del CPG154, toda vez que se sustentaron las

15 «Artículo 365. Condena en costas

En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en
costas se sujetará a las siguientes reglas:
[…]

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Demandante: UGPP

razones esgrimidas por la entidad en defensa jurídica de sus intereses, máxime
cuando lo aquí resuelto tiene sustento en la reciente Ley 2381 de 2024, que
implementó un término para el ejercicio de las acciones administrativas y
contencioso administrativas respecto de las pensiones reconocidas.

55. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

IV. FALLA

PRIMERO. REVOCAR la sentencia de 30 de mayo de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D que
accedió parcialmente a las súplicas de la demanda dentro del proceso del
epígrafe, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO. En su lugar declarar probada de oficio la excepción caducidad,
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, "por
medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la
vejez, invalidez y muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones". Lo
anterior conforme lo ya expuesto.

TERCERO. LEVANTAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL de las Resoluciones
1058 de 17 de marzo de 1978 y 05619 de 8 de junio de 1983, decretada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante auto de 15 de mayo de 2018.

CUARTO. La UGPP deberá reanudar el pago de las mesadas pensionales a
favor de la señora Ana Rosa Soler de Rincón de manera inmediata, por lo deberá
ser incluida en nómina de pensionados a partir del mes siguiente en que sea
notificada la sentencia a la UGPP.

QUINTO. Se acepta la renuncia al poder, manifestada por la abogada Lucía
Arbeláez de Tobón como apoderada judicial de la entidad demandante 16, de
conformidad a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEXTO. Sin condena en costas de ambas instancias de acuerdo con lo expuesto
en esta providencia.

4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será
condenada a pagar las costas de ambas instancias.
[…]»
16
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Demandante: UGPP

SÉPTIMO. Una vez ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al
Tribunal de origen y háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema de
Gestión Judicial SAMAI del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

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