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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2019-00533-01

Fecha
5 de junio de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2019-00533-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. - REVOCAR la sentencia de 18 de junio de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Tercera de Decisión16 que negó las súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO. - En su lugar declarar probada de oficio la excepción caducidad, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, «por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones». Lo anterior conforme lo ya expuesto. TERCERO. - Sin condena en costas de ambas instancias de acuerdo con lo expuesto en esta providencia. CUARTO. - Se reconoce a la abogada Angélica Margoth Cohen Mendoza, portadora de la tarjeta profesional 102.786 del C. S. de la J, para actuar en el presente proceso como apoderada judicial de COLPENSIONES, en los términos del poder otorgado, visible en el índice 11 del sistema SAMAI. QUINTO.- Se reconoce al abogado Oscar Emilio Lora Espitia portador de la tarjeta profesional 238.212 del C.S. de la J, para actuar en el presente proceso como apoderado judicial sustituto de COLPENSIONES, en los términos de la sustitución del poder otorgado, visible en el índice 15 del sistema SAMAI. 15 «ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: […] 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. […]». 16 Con ponencia del magistrado Dohor Edwin Varón Vivas. 835 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 14 www.consejodeestado.gov.co Radicado: 17001-23-33-000-2019 -00533-01 (3912 -2021) Demandante: UGPP SEXTO.- Se reconoce al abogado Cristian Felipe Muñoz Ospina, portador de la Tarjeta Profesional 131.246 C. S. de la J para actuar en el presente proceso como apoderado judicial de la UGPP, en los términos del poder otorgado, visible en el índice 11 del sistema SAMAI […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2019-00533-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

5 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho (Lesividad)
Radicación: 17001-23-33-000-2019-00533-01 (3912-2021)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP-
Demandado: José Mario Guevara Rojas
Litisconsorte: Administradora Colombiana de Pensiones -
COLPENSIONES
Temas: Revoca sentencia de primera instancia. Declara caducidad
de acuerdo con el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.

I. ASUNTO

1. La Sala decide el recurso de apelación presentado por la parte demandante
en contra de la sentencia del 18 de junio de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas, Sala Tercera de Decisión1 que negó las súplicas de la
demanda.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda2

2.1.1. Las pretensiones

2. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, en adelante UGPP, por intermedio de
apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA-, solicitó la nulidad
de las Resoluciones UGM 036415 del 15 de marzo de 2012 y RDP 043531 del
19 de septiembre de 2013 mediante las cuales la UGPP le reconoció y reliquidó
la pensión de jubilación.

1 Con ponencia del magistrado Dohor Edwin Varón Vivas.
2 Expediente digitalizado, visible en el índice 2.

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Radicado: 17001-23-33-000-2019 -00533-01 (3912 -2021)

Demandante: UGPP

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene al señor José
Mario Guevara Rojas reintegrar a favor de la UGPP las sumas recibidas por
concepto de los actos demandados.

2.1.2. Hechos

4. Según se indicó en la demanda, el señor José Mario Guevara Rojas nació el
12 de julio de 1955, y acreditó los siguientes tiempos de servicio:

a) En el municipio de Riosucio- Caldas, desde el 7 de junio de 1979 hasta el
28 de marzo de 1988.
b) En el INPEC, desde el 5 de abril de 1988 hasta el 30 de diciembre de 2012,
siendo su último cargo desempeñado el de dragoneante. Allí acreditó
cotizaciones a CAJANAL, el Instituto de Seguros Sociales y Colpensiones.

5. Por lo anterior adquirió el estatus pensional el 4 de abril de 2008.

6. A través de la Resolución UGM 036415 del 15 de marzo de 2012, Cajanal
reconoció y ordenó el pago de una pensión mensual vitalicia por vejez a favor del
demandado, liquidada con el 75% del promedio de lo devengado sobre el salario
promedio de 10 años, entre el 1.º de agosto de 2001 y el 30 de julio de 2011, con
la inclusión de la asignación básica, efectiva a partir del 1.º de agosto de 2011,
pero condicionada al retiro definitivo del servicio.

7. Mediante la Resolución 005315 del 28 de noviembre de 2012 el director
general del INPEC aceptó la renuncia presentada por el señor Guevara Rojas, a
partir del 1.° de enero de 2013.

8. Por medio de la Resolución RDO 033324 del 23 de julio de 2012 la UGPP negó
la solicitud de extensión de la jurisprudencia sobre la reliquidación de la pensión
de vejez con el último año de servicios y factores adicionales conforme a la Ley
33 de 1985.

9. Por Auto ADP 011618 del 15 de agosto de 2013 la UGPP le comunicó que
declaraba improcedente el recurso de apelación presentado el 31 de julio de
2013.

10. Mediante Resolución RDP 043531 del 19 de septiembre de 2013 la UGPP
reliquidó la pensión de vejez del demandado, sobre el ingreso base de liquidación
conformado por el promedio de los salarios sobre los cuales cotizó en el último
año de servicio comprendido entre el 1.º de enero del 2012 y el 30 de diciembre
de 2012, teniendo en cuenta los factores salariales establecidos en el artículo 45
del Decreto 1045 de 1978, efectiva a partir del 1.º de enero de 2013.

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Demandante: UGPP

11. Por la Resolución RDP 024380 del 17 de junio de 2015 la Unidad negó la
reliquidación de la pensión de vejez; decisión confirmada con la Resolución RDP
033195 del 13 de agosto de 2015, que resolvió un recurso de reposición.

12. A través de la Resolución RDP 025627 del 3 de julio de 2018 la Unidad
determinó el cobro por conceptos de aportes para pensión no efectuados a
factores de salario tenidos en cuenta para el cálculo de la mesada pensional con
cargo a Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones,
concluyendo que el Inpec en su condición de empleador adeuda al Sistema
General de Pensiones por conducto del Tesoro Público $10´433.792.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

13. En la demanda se señalaron como disposiciones vulneradas los artículos 2.°,
4.°, 6.°, 121, 122, 123 y 209 de la Constitución Nacional, 1.°, 96, 98 y 114 de la
Ley 32 de 1986, 72 de la Ley 65 de 1993, 273 y 279 de la Ley 100 de 1993, 1, 2,
4, 6, 7 y 11 de la Ley 2090 de 2003, 2.° del Decreto 2160 de 1992, 168 del Decreto
Ley 407 de 1994, 1.° del Decreto 691 de 1994 y el Decreto 1853 de 1994.

14. Según lo indicó en el presente caso el accionante nació el 12 de julio de 1955,
prestó sus servicios al INPEC desde el 5 de abril de 1988 hasta el 30 de diciembre
de 2012, por lo que cumplió los 20 años de en cargos de excepción el 5 de abril
de 2008 en vigencia del artículo 6.° del Decreto 2090 de 2003, norma aplicable
al caso concreto. Sin embargo, el reconocimiento pensional se produjo aplicando
la Ley 32 de 1983.

15. El artículo 6.° de la Ley 2090 de 2003 establece que para que se reconozca
la pensión en las mismas condiciones establecidas en normas anteriores que
regulaban las actividades del alto riesgo, en este caso la Ley 32 de 1986, el
funcionario debe cumplir con tres requisitos: i). Tener por lo menos 500 semanas
de cotización especial al 28 de julio de 2003; ii). cumplir con el número de
semanas exigidas en la Ley 797 de 2003 y iii) cumplir con los requisitos señalados
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

16. El señor Guevara Rojas cumplió el 5 de abril de 2008 20 años de servicio,
pero no reunía los requisitos exigidos por el artículo 36 de la Ley 100, referentes
a la edad, pues al 1.° de abril de 1994 no había cumplido los 40 años, ni los 15
años de tiempo de servicio, por lo que no le es aplicable la Ley 32 de 1986, si no
el Decreto 2090 de 2003, que exige cotizar el número de semanas exigidos en el
artículo 9.° de la ley 797 de 2003 de los cuales 700 semanas sean de cotización
especial y 55 años de edad, estos últimos los cumplió el año 2010 cuando estaba
cotizando a COLPENSIONES.

17. A la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, el accionado no contaba ni
con 40 años o 15 años de servicio; además, para aplicar la Ley 32 de 1986, es
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Demandante: UGPP

necesario a aplicar el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993 y estar vinculado con anterioridad a julio 28 de 2003, caso en el
cual la pensión debe reconocerse respetando los conceptos de edad, tiempo y
monto, pero liquidando con los últimos 10 años de servicio o el tiempo que le
hiciere falta, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y los factores
salariales establecidos en el Decreto 1158 de 1994.

18. Según lo indicó la disposición en materia pensional vigente antes de la
expedición de la Ley 100 de 1993, para los empleados oficiales del orden
nacional era la Ley 33 de 1985, la cual, si bien es cierto en su artículo 1.° fijó los
requisitos de tiempo y edad necesarios para el reconocimiento de una pensión
de jubilación, excluyó de esta regla a los empleados oficiales que disfrutaban de
un régimen especial de pensiones, como es el caso de los integrantes del Cuerpo
de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional del INPEC.

19. Por ello, para que a un empleado del Cuerpo de Custodia y Vigilancia
Penitenciaria Nacional del INPEC, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 100
de 1993, le fuera reconocida una pensión de jubilación con aplicación del régimen
especial previsto en los artículos 96 de la Lev 32 de 1986 y 168 del Decreto 407
de 1994 debía acreditar una de las condiciones descritas en el artículo 36 de la
citada Ley 100 de 1993, estas son, edad o tiempo de servicio.

20. Adicional a lo anterior precisó que los actos demandados liquidaron la pensión
con lo devengado en el último año de servicios, desconociendo que el IBL no
hace parte de la transición, ya que sólo se tiene en cuenta del régimen anterior
la edad, el tempo de servicio y la tasa de reemplazo del 75%, ya que el IBL es el
contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

21. Finalmente precisó que la entidad competente para el reconocimiento de la
pensión del accionado no era la UGPP, si no COLPENSIONES, ya que estuvo
vinculado con posterioridad a la vigencia del Decreto 2090 de 2003 y de
conformidad con el traslado masivo de que trata el Decreto 2196 de 2009, por lo
que es a esta última entidad a quien corresponde el reconocimiento de la
prestación.

2.2. Contestación de la demanda

2.2.1. La Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES- contestó
la demanda en oposición a las pretensiones de la UGPP.

22. Al efecto, señaló en síntesis que la entidad competente para el
reconocimiento pensional del señor José Mario Guevara Rojas es la UGPP, tal y
como se hizo, por ser esta la entidad en cabeza de quien se encuentra dicha
obligación.

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Demandante: UGPP

23. Propuso las excepciones de «inexistencia de la obligación - cobro de lo no
debido», «prescripción» y «buena fe».

2.2.2. El señor José Mario Guevara Roja no dio contestación a la demanda, pese
a que se notificó a su curador ad litem el 2 de febrero de 20213.

2.3. Sentencia de primera instancia4

24. El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia proferida el 18 de
junio de 2021 negó las pretensiones de la demanda interpuesta por la UGPP.

25. Para arribar a esta decisión analizó las pruebas allegadas y luego el marco
jurídico aplicable, referido a las Leyes 32 de 1986, 65 de 1993, 100 de 1993,
artículo 140, los Decretos 407 de 1994, 2090 de 2003, 1950 de 2005 y el Acto
Legislativo 0 1de 2005, luego de lo cual estimó que el demandado contaba con
derecho al reconocimiento pensional, remitiéndose a los requisitos pensionales
de que trata la Ley 32 de 1986 en tanto, prestó sus servicios al INPEC desde el
5 de abril de 1988 hasta el 30 de diciembre de 2012; según el juez colegiado,
para el 27 de julio de 2003, fecha de entrada en vigencia del Decreto 2090 de
2003 si bien no cumplía los 20 años de servicios, sí contaba con más de 500
semanas de cotización especial.

26. Además, el reconocimiento pensional efectuado por la entidad accionante en
la Resolución RDP 043531 de 19 de septiembre de 2013 a través de la cual la
UGPP reliquidó la pensión de vejez, se encuentra conforme al Decreto 1045 de
1978.

27. Acto seguido analizó la competencia para el reconocimiento pensional, luego
de lo cual concluyó que la prestación pensional debía ser reconocida por la UGPP
toda vez que a ella compete el reconocimiento de las pensiones de aquellas
personas que antes del 12 de junio de 2009 adquirieron el derecho a la pensión,
es decir, cumplieron los requisitos de edad y número de semanas cotizadas o
tiempo de servicios exigidos, siempre y cuando estuvieran afiliadas para
entonces a Cajanal, condiciones que cumple el demandado.

28. De acuerdo con lo anterior denegó las pretensiones de la demanda al
establecer que los actos demandados Resoluciones UGM 036415 del 15 de
marzo de 2012 y RDP 043531 del 19 de septiembre de 2013 se encontraban
ajustadas a derecho.

3 Según lo indica constancia secretarial de 14 de abril de 2021. Archivo «08ConstanciaSecretarial.pdf »
Ibidem.
4 Ibidem. Archivo «16FalloPrimeraInstancia.pdf».

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Demandante: UGPP

29. Finalmente se abstuvo de imponer condena en costas a la entidad
accionante.

2.5. Recurso de apelación.

2.5.1. El apoderado de la entidad demandante5 presentó recurso de apelación
donde solicitó revocar la sentencia de primera instancia y acceder a las
pretensiones formuladas.

30. Al efecto precisó que no compartía la apreciación del Tribunal dado que el
desarrollo jurisprudencial emitido hasta la fecha no ha sido unánime para
determinar cuál es el régimen aplicable a los funcionarios del INPEC. Lo que sí
es claro es la normatividad aplicable en dicha materia que obliga a los
funcionarios judiciales a aplicar las normas vigentes al momento de resolver un
asunto como el presente, máxime aun cuando lo que se debate pone de presente
una posible afectación al erario público y en consecuencia a la sostenibilidad
financiera.

31. Como justificación de la anterior afirmación explicó que para el
reconocimiento pensional bajo los términos de las normas anteriores al Decreto
2090 de 2003, se debían cumplir los requisitos del régimen de transición allí
previstos, a saber: i) acreditar al menos 500 semanas de cotización especial (en
actividades de alto riesgo); ii) cumplir el mínimo de semanas que exige la Ley 797
de 2003; y iii) adicionalmente cumplir los requisitos del artículo 36 de la Ley 100
de 1993. Por ende, el régimen pensional del INPEC, anterior al Decreto 2090 de
2003, es el Decreto 407 de 1994, que remitió a la fórmula pensional prevista en
el artículo 96 de la Ley 32 de 1986.

32. Empero, en este caso, el señor Guevara Rojas nació el 12 de julio de 1955 y
prestó sus servicios en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario- INPEC
desde el 5 de abril de 1988 hasta el 30 de diciembre de 2012; cumpliendo con
los 20 años en cargo de excepción, el 5 de abril de 2008; por lo tanto, al 1.° de
abril de 1994 (fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 para servidores
del orden nacional) el pensionado no tenía 15 de años de servicio ni 40 años de
edad como lo exige el artículo 36 ibidem para ser beneficiario del régimen de
transición allí establecido, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6.° del Decreto
2090 de 2003, norma aplicable comoquiera que los 20 años de servicio en cargos
de excepción del INPEC los cumplió en vigencia del Decreto 2090 de 2003, que
exige 20 años de servicios.

33. Por tal motivo, el régimen aplicable al demandado para liquidar su pensión
de jubilación es la Ley 100 de 1993 en su artículo 21 por cuanto al momento de
entrada en vigencia de dicho régimen, esto es, el 1.º de abril de 1994 solo contaba

5 Idem. Archivo «19ApelaciónSentenciaDte.pdf».
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Demandante: UGPP

con 38 años de edad y 5 años de tiempo de servicio. Lo que conlleva, a que el
demandado debe cumplir los requisitos de la ley general para poder acceder a
su derecho pensional.

2.6. Alegatos en segunda instancia y concepto del Ministerio Público

2.6.1. Dentro de esta etapa procesal las partes guardaron silencio.

2.6.2. El señor procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado presentó
concepto6, en el que solicitó confirmar la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas, toda vez que de acuerdo con lo aportado al plenario el
accionado cumplió los requisitos establecidos en el artículo 6.º del Decreto 2090
de 2003, para el reconocimiento pensional conforme a la Ley 32 de 1986, pues,
para el 28 de julio de 2003, fecha de entrada en vigencia del referido decreto, ya
tenía las 500 semanas necesarias para la aplicación de la mencionada ley.

34. Del mismo modo, y de acuerdo con la normatividad que regula la materia la
entidad de previsión social competente para el reconocimiento de la prestación
del demandado es la UGPP, como sucesora de Cajanal, pues para la fecha en
que se suprimió (12 de junio de 2009) el señor Guevara Rojas continuaba
prestando sus servicios al INPEC como afiliado de Cajanal, y, además, cumplió
los 20 años de servicios el 5 de abril de 2008 y, los 50 años de edad, el 12 de
julio de 2005.

35. Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala de
Subsección a decidir previas las siguientes

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia.

36. Es competente esta Subsección para decidir el recurso de apelación
interpuesto por la demandante contra la sentencia de 18 de junio de 2021
proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Tercera de Decisión,
dentro del proceso del epígrafe, conforme con lo dispuesto en el artículo 1507 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA).

6 Índice 9. Sistema Samai. Segunda instancia.
7«ARTÍCULO 150. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA. El Consejo

de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de
apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se
concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia».
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Demandante: UGPP

3.2. Aclaración previa y problema jurídico.

37. En el índice 19 del sistema SAMAI obra memorial de 9 de mayo de 2023
suscrito por el apoderado de la UGPP por el cual manifiesta que presenta
«desistimiento parcial de las pretensiones del recurso de apelación» con base en
el artículo 314 del CGP, en el entendido que acepta que al demando le sea
aplicable el artículo 96 de la Ley 32 de 1986 dada su vinculación al INPEC antes
del 28 de julio de 2003; empero frente al IBL y los factores salariales tenidos en
cuenta al momento del reconocimiento y la reliquidación pensional debe aplicarse
los últimos (10) años de servicio, conforme el artículo 21 de la Ley 100 de 1993
y los Decretos 1158 de 1994, 446 de 1994 y 611 de 2007.

38. Sería del caso pronunciarse sobre la procedencia de la solicitud formulada,
empero es de resaltar que en este caso la Sala advierte la configuración de la
excepción de caducidad con base en lo señalado en el artículo 86 de la Ley 2381
de 20248 como veremos a continuación:

39. El artículo 187 del CPACA, dispone que en la sentencia se debe decidir sobre
las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre
probada, sin que el silencio del inferior impida que el superior estudie y decida
todas las excepciones de fondo propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio
in pejus.

40. En consecuencia, estima la Sala necesario analizar la aplicabilidad de la Ley
2381 de 2024, «por medio de la cual se establece el sistema de protección social
integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común, y se dictan otras
disposiciones», y en consecuencia determinar si en el presente caso operó la
excepción de caducidad.

3.3 Marco normativo y jurisprudencial9

3.3.1 Del fenómeno de la caducidad en asuntos pensionales, y las
modificaciones introducidas con la Ley 2381 de 16 de julio de 2024

41. Esta Corporación ha señalado que la caducidad, es el fenómeno jurídico que
extingue la oportunidad de quien pretende controvertir la existencia de un
derecho en sede judicial, cuando ha transcurrido el tiempo para interponer un
medio de control u otro mecanismo previsto en la ley. De ahí que, el término
constituya un presupuesto procesal a través del cual se limita el ejercicio de los
derechos individuales y subjetivos de los administrados para su reclamación

8 «[P]or medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y

muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones».
9 Se reitera análisis realizado en el proceso radicado 52001 23 33 000 2014 00485 02 (1819–2023).

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Demandante: UGPP

judicial, en desarrollo del principio de seguridad jurídica bajo criterios de
racionalidad y suficiencia temporal.

42. Así, la obligación de presentar la demanda dentro del término previsto por el
legislador constituye un presupuesto procesal que habilita al juez para
pronunciarse sobre el fondo de las pretensiones de la demanda.

43. De conformidad con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, artículo 164 numeral 1 literal c), la demanda contra
actos administrativos que reconozcan o nieguen total o parcialmente
prestaciones periódicas podrán presentarse en cualquier tiempo; empero, no
habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe.

44. Ahora, la Ley 2381 de 16 de julio de 2024, por la cual se establece el Sistema
de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común,
y se dictan otras disposiciones, en el artículo 86 dispone el término con el que se
cuenta para interponer las acciones administrativas y contencioso administrativas
en lo que respecta a las pensiones que han sido reconocidas; se destaca:

«Artículo 86. Término para Ejercer Acciones Administrativas y
Contencioso Administrativas Respecto de las Pensiones Reconocidas.
Las acciones administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser
ejercidas después de cinco (5) años a partir del reconocimiento de las
pensiones otorgadas por las entidades facultadas para ello a excepción y
cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún delito.
A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años
de haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la
caducidad a partir de la vigencia de esta ley.
Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones
administrativas y/o contenciosas y respecto a las cuales ya se haya decidido,
podrán ser susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual
se tendrá un término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley.»
(Subrayas fuera del texto)

45. A partir de lo anterior se puede concluir entonces que:

a- Las acciones administrativas y contencioso administrativas, se
deberán ejercer dentro del término de 5 años contados a partir del
reconocimiento de la pensión.

b- La única excepción a la anterior regla, es frente a las pensiones
reconocidas con fraude o con ocurrencia de algún delito.

c- En los casos de reconocimiento pensional respecto a los que se
hayan iniciado acciones administrativas o contencioso administrativas,
cuando hubiere expirado el término de 5 años, y que se encuentren en
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curso, se les aplicará el fenómeno de la caducidad a partir de la vigencia de
la referida ley.

d- Finalmente, en relación con los casos en los que ya se hayan
decidido las acciones administrativas y/o contencioso administrativas
presentadas respecto a un reconocimiento pensional, se dispone que podrá
interponerse el Recurso Extraordinario de Revisión, dentro del término de 5
años contados a partir de la vigencia de dicha ley.

46. El legislador dentro de los considerandos del proyecto de ley 10, optó por
acoger un término similar al que es aplicado para las causales de revisión de que
trata el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, sustentando esta decisión en la
sentencia C-835 de 2003, por medio de la cual la Corte Constitucional analizó las
consecuencias de establecer un límite temporal para que la administración
solicite la revisión de decisiones que otorgaron derechos pensionales. Sobre el
particular destacó que reiteradamente la jurisprudencia de la Corte Constitucional
ha determinado que establecer un límite al tiempo en el que se puede acudir ante
la jurisdicción no vulnera el acceso a la administración de justicia, pues se debe
entender que la caducidad «es una especie de sanción para quien teniendo la
posibilidad de acudir a la justicia fue negligente y no lo hizo» y que con ella se
busca garantizar los principios de seguridad y certeza jurídica.11

47. De igual forma, revisada la exposición de motivos, se advierte también que la
finalidad de la norma es evitar que las pensiones reconocidas queden expuestas
de manera perpetua y sin límite, a una solicitud de revisión, lo que podría vulnerar
el derecho al debido proceso y la seguridad jurídica de los pensionados.

48. De otro lado, en torno a la vigencia del artículo 86 en estudio, se tiene que en
la Ley 2381 de 2024, se dispuso lo siguiente:

«Artículo 94. Vigencia. El Sistema de Protección Social Integral para la
Vejez, Invalidez y Muerte de origen común, previsto en la presente ley,
entrará en vigor el 1° de julio de 2025.
Artículo 95. Derogatorias. La presente ley rige a partir de su sanción y
deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Sin perjuicio de lo anterior, las normas continuarán vigentes para atender el
Régimen de Transición y el régimen de aquellos ya pensionados al momento
de expedirse esta ley.»
49. Al tenor de las anteriores disposiciones, estima la Sala que el artículo 86 de
la Ley 2381 de 2024, se encuentra vigente desde el momento en que se sancionó
dicha ley, esto es 16 de julio de 2024, fecha de publicación en el Diario Oficial

10 Visibles en las Gacetas del Congreso de la República Nos. 603 de 17 de mayo de 2024 y 700 de 29 de

mayo de 2024.
11 Corte Constitucional. Sentencia C – 418 de 1994.

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52.81912, pues, el legislador, en ejercicio de su competencia constitucional,
únicamente difirió la entrada en vigencia de las disposiciones atinentes al
Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen
común, a partir del 1.° de julio de 2025.13

3.3.2. Caso concreto

50. Pues bien, dado que, conforme se analizó por la Sala en acápite anterior, el
artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, que dispone un término de caducidad de 5
años para presentar acciones administrativas y contencioso administrativas
frente a las pensiones reconocidas, se encuentra vigente, y resulta aplicable
incluso, a los procesos que se encuentran en curso, resulta necesario verificar la
oportunidad de la demanda de la referencia, en cumplimiento a dicha
normatividad.

51. Para establecer lo anterior, es necesario señalar que las pruebas allegadas
dan cuenta del siguiente escenario:

52. En este caso, la UGPP promovió la demanda del epígrafe a efectos de
obtener la nulidad de las Resoluciones UGM 036415 del 15 de marzo de 201214
y RDP 043531 del 19 de septiembre de 2013 mediante las cuales la UGPP le
reconoció y reliquidó la pensión de jubilación.

53. A través de la primera, se reconoció la pensión de jubilación al demandado,
con base en la Ley 32 de 1986, para la determinación del tiempo de servicios, la
edad y la tasa de reemplazo y, la Ley 100 de 1993 a efectos de determinar el
periodo base de liquidación (el promedio de lo devengado en 10 años) y los
factores salariales a incluir (asignación básica).

12 http://svrpubindc.imprenta.gov.co/diario/index.xhtml;jsessionid=55e8e6ab1125b768d5f05f27de9e

13 La Corte Constitucional en sentencia C-957 de 1997, se refirió a la vigencia de la ley, en el siguiente

sentido: “En lo relativo a su vigencia, como regla general, la ley comienza a regir a partir de su promulgación,
salvo que el legislador, en ejercicio de su competencia constitucional, mediante precepto expreso determine
una fecha diversa a aquella, facultad igualmente predicable del legislador extraordinario. Los efectos
jurídicos de los actos legislativos y de las leyes que se producen a partir de la promulgación en el Diario
Oficial, dan lugar a su oponibilidad y obligatoriedad sin que por ello se afecte la validez ni la existencia de
los mismos.”
14 Visible en los folios 56 y s.s. del archivo «2019-00533 C.1 Pt.2.pdf» carpeta one drive. Cuaderno 1.
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[…]

[…]».

54. Allí se indicó que contra dicha decisión procedía el recurso de reposición, sin
que exista evidencia de que fue interpuesto por el accionado. Según
constancia de notificación que obra a folio 62 ibidem, dicha decisión fue
notificada el mismo día.

• En la Resolución RDP 043531 del 19 de septiembre de 2013 ( ff. 183 y s.s.
idem) se le reliquidó la pensión de jubilación, con base en todos los factores
establecido en el Decreto 1045 de 1978, devengados en el último año de
prestación de servicios:

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• Allí se le indicó al pensionado que contra dicha decisión procedían los recursos
de reposición y apelación, sin que se advierta en el expediente que estos
fueron interpuestos, ni tampoco la notificación de dicha decisión administrativa.

• Ahora bien, según la información registrada en la página principal del sistema
Samai correspondiente a la primera instancia se advierte que la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, en su modalidad de lesividad fue
radicada el 13 de noviembre de 2019, es decir, 6 años, 1 mes y 25 días
después de proferida la Resolución GNR RDP 043531 del 19 de septiembre
de 2013, último de los actos demandados en esta ocasión.

55. De acuerdo con el escenario expuesto, se advierte que ocurrió el fenómeno
de la caducidad acorde con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024,
pues la demanda se presentó por fuera del término de 5 años establecido en
dicha norma.

56. Además, vale la pena aclarar que, en el presente asunto no se está
debatiendo que la reliquidación pensional se obtuvo bajo fraude o con ocurrencia
de algún delito, por lo que no es aplicable la excepción descrita previamente para
la caducidad contemplada en la citada Ley 2381 de 2024.

57. Lo anterior impone a la Sala revocar la sentencia de primera instancia que
negó las pretensiones, para en su lugar declarar probada de oficio la excepción
de caducidad del medio de control.

58. Esta decisión no afecta el principio de la non reformatio in pejus comoquiera
que en primera instancia se negaron las pretensiones de la demanda formulada
por la UGPP, con lo que esta decisión no le es más gravosa que la decisión
adoptada por el Tribunal Administrativo de Caldas.

3.4. Condena en costas

59. En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas por
los siguientes motivos:

60. En anteriores oportunidades esta Sala de Subsección realizaba una
valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar en costas,
empero, actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, es
procedente efectuar un estudio respecto de la carencia de fundamentación
jurídica para imponerlas.

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61. Comoquiera que en este caso se revocará la sentencia de primera instancia,
debe darse aplicación al numeral 4.° del artículo 365 del CPG15, por tanto, no hay
lugar a condena en costas de ambas instancias, toda vez que lo aquí resuelto
tiene sustento en la reciente Ley 2381 de 2024, que implementó un término para
el ejercicio de las acciones administrativas y contencioso administrativas
respecto de las pensiones reconocidas.

62. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

IV. FALLA

PRIMERO. - REVOCAR la sentencia de 18 de junio de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Tercera de Decisión16 que negó las
súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe, de acuerdo con las
razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO. - En su lugar declarar probada de oficio la excepción caducidad,
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, «por
medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la
vejez, invalidez y muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones». Lo
anterior conforme lo ya expuesto.

TERCERO. - Sin condena en costas de ambas instancias de acuerdo con lo
expuesto en esta providencia.

CUARTO. - Se reconoce a la abogada Angélica Margoth Cohen Mendoza,
portadora de la tarjeta profesional 102.786 del C. S. de la J, para actuar en el
presente proceso como apoderada judicial de COLPENSIONES, en los términos
del poder otorgado, visible en el índice 11 del sistema SAMAI.

QUINTO.- Se reconoce al abogado Oscar Emilio Lora Espitia portador de la
tarjeta profesional 238.212 del C.S. de la J, para actuar en el presente proceso
como apoderado judicial sustituto de COLPENSIONES, en los términos de la
sustitución del poder otorgado, visible en el índice 15 del sistema SAMAI.

15 «ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos

en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
[…]
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será
condenada a pagar las costas de ambas instancias.
[…]».
16 Con ponencia del magistrado Dohor Edwin Varón Vivas.
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SEXTO.- Se reconoce al abogado Cristian Felipe Muñoz Ospina, portador de la
Tarjeta Profesional 131.246 C. S. de la J para actuar en el presente proceso como
apoderado judicial de la UGPP, en los términos del poder otorgado, visible en el
índice 11 del sistema SAMAI

SÉPTIMO.- Una vez ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al
Tribunal de origen y háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema de
Gestión Judicial SAMAI del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.

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