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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-01166-00

Fecha
8 de mayo de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-01166-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DESVINCULAR de la presente acción de tutela al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el señor Luis Alberto Escobar Garzón, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. 31 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001 03 15 000 2025 01166 00 Accionante: Luis Alberto Escobar Garzón CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-01166-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

8 de mayo de 2025

Radicación: 11001 03 15 000 2025 01166 00
Accionante: Luis Alberto Escobar Garzón

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2025 01166 00
Accionante: LUIS ALBERTO ESCOBAR GARZÓN
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA

Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando la
controversia planteada por la parte actora pretende
reabrir el debate resuelto por el juez natural.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Luis Alberto
Escobar Garzón, en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado,
con ocasión de la sentencia proferida el 29 de agosto de 2024 en el
proceso de nulidad electoral identificado con el radicado nro. 41001 23 33
000 2024 00026 00/01.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Luis Alberto Escobar Garzón, actuando por conducto de
apoderado, promovió acción de tutela en contra de la precitada
providencia, y para ello formuló las siguientes pretensiones1:

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Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01166 00.
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Radicación: 11001 03 15 000 2025 01166 00
Accionante: Luis Alberto Escobar Garzón

“[…] PRIMERA. Que se AMPAREN los derechos fundamentales al
debido proceso, de defensa y contradicción, de acceso a la
administración de justicia y a la tutela judicial efectiva del señor LUIS
ALBERTO ESCOBAR GARZÓN como demandante del proceso de
nulidad electoral referido.

SEGUNDA. Que se DEJE SIN EFECTOS la sentencia del 29 de agosto
de 2024 proferida por la SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE
ESTADO, dentro del medio de control de repetición (sic) radicado
con el número 41001-23-33-000-2024-00026-01.

TERCERA. Que se ordene a la SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE
ESTADO, que, dentro de los 10 días siguientes a la notificación del
fallo de tutela, dicte una nueva sentencia, respetuosa de los
derecho[s] del tutelante, en la que se acceda a las pretensiones de
la demanda de nulidad electoral […]”. (Mayúsculas y negrillas
originales del escrito de tutela).

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante informó que promovió demanda de nulidad electoral en
contra del acto de elección del señor Virgilio Huergo Gómez, como
diputado de la asamblea departamental del Huila aduciendo la causal de
doble militancia en la modalidad de apoyo, debido a que, según aseguró,
“(…) siendo del partido Verde, respaldó indebidamente candidatos de
otras agrupaciones, entre ellos al candidato liberal a la alcaldía de Baraya
(Huila), Helmut Falla, en muchos eventos, entre ellos con publicaciones
de redes sociales del 20 de agosto de 2023 (…)”2.

Manifestó que la demanda fue coadyuvada por los señores Nelson Osorio
Otálora y Patricia Valenzuela Buitrago, quienes reiteraron sus reproches,
en especial, el relacionado con el apoyo otorgado por el señor Huergo
Gómez al señor Falla a través de sus redes sociales el día 20 de agosto
de 2023, para lo cual aportaron una captura de pantalla que acreditara lo
anterior.

Relató que, surtido el trámite procesal correspondiente, el Tribunal
Administrativo del Huila, en sentencia del 17 de junio de 2024 negó las

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Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01166 00.
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pretensiones al considerar que no se acreditó la doble militancia y que,
en relación con el respaldo al señor Helmut Falla, “(…) el municipio de
Baraya el partido Verde no contaba con candidato propio a la alcaldía, “lo
que permitía suponer que sus miembros estaban en la libertad de apoyar
candidatos, sin importar su filiación política” (…)”3.

Señaló que, inconforme con la decisión anterior, interpuso recurso de
apelación argumentando, entre otras razones, por qué sí debía
considerarse doble militancia el apoyo otorgado, aunque el partido Verde
no tuviera candidato propio, e hizo énfasis en la captura de pantalla citada
previamente, la cual incluyó en su escrito de alzada.

Indicó que “(…) sin dictar auto previo de previas en segunda instancia y/o
permitir los recursos de reposición y/o súplica, la SECCIÓN QUINTA DEL
CONSEJO DE ESTADO, en fallo de 29 de agosto de 2024, confirmó la
decisión apelada. Frente al apoyo a Helmut Falla devenido de la consabida
publicación en la red social del allí demandado, adujo que se trataba de
un hecho nuevo y se abstuvo de estudiarlo. Adicionalmente, esgrimió que
no había lugar a estudiar la captura de pantalla aportada porque se
trataba de una prueba aportada apenas en la apelación, respecto de la
cual no procedía un decreto en segunda instancia, justamente por, a su
juicio, recaer sobre un hecho (…)”4.

Resaltó que todos los magistrados de la Sección Quinta, a excepción del
ponente, aclararon el voto al considerar que el decreto de pruebas en
segunda instancia debía definirse en auto previo, pasible de recursos, y
no a través de una consideración en la sentencia.

En el acápite denominado “CUMPLIMIENTO DE LAS CAUSALES
GENERALES DE PROCEDENCIA EN EL CASO CONCRETO”, sostuvo que su
solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial, comoquiera que (i) la

3
Ibidem.
4
Ibidem.
3

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sentencia acusada fue proferida el 29 de agosto de 2024 y quedó
ejecutoriada el 9 de septiembre de 2024; (ii) identificó, de manera
razonable, los hechos causantes de la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales; y (iii) la providencia censurada no corresponde
a un fallo de tutela.

Frente a la relevancia constitucional, anotó que, en este caso “(…) se
debate la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso,
de defensa y contradicción, de acceso a la administración de justicia y a
la tutela judicial efectiva, en el marco de un proceso de nulidad electoral
en el que se denegaron las pretensiones de la demanda a partir de
criterios excesivamente formalistas y que condujeron a que la autoridad
judicial accionada evadiera el debate propio de instancia, con el agravante
de que se aplicó un trámite ajeno a la manejo probatorio debido y
desconoció el contenido sustancial de la prohibición de doble militancia
(…)”5.

Agregó que “(…) la tutela promueve un debate estrictamente
constitucional sobre la vulneración de derechos fundamentales, que
trasciende a la discusión sobre los aspectos meramente legales o
patrimoniales del proceso contencioso administrativo mencionado, pues,
mientras acá se ventila cómo el trámite que rodea la sentencia electoral
afectó garantías de mi poderdante por un inadecuado manejo del derecho,
del procedimiento y de las pruebas, el objeto de aquel proceso en cambio
se contrae a la configuración de la doble militancia como causal de nulidad
electoral (…)”6.

En lo concerniente a la subsidiariedad, aseveró que no dispone de otros
medios de defensa judicial, comoquiera que contra la providencia acusada
no procede recurso ordinario alguno.

5
Ibidem.
6
Ibidem.
4

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Precisó que, en el asunto en cuestión, “(…) no se aviene a ninguna de las
causales taxativas de procedencia de los recursos extraordinarios de
unificación de jurisprudencia y de revisión. Si bien algún lector
desprevenido intentaría contrastar alguno de los yerros que se aducen en
esta solicitud de amparo al supuesto del artículo 250.5 del CPACA, “existir
nulidad originada en la sentencia”, es lo cierto que el Consejo de Estado
es celoso del carácter restrictivo del anotado recurso, y que tal causal ha
sido reservada para casos muy específicos, en los que se acusan
decisiones apoyadas en pruebas nulas de pleno derecho (art. 29 C. P.) o
la falta de congruencia interna o externa de la sentencia recurrida;
situaciones que difieren de lo que manifestado en el sub lite (…)”7.

Agregó que también se evidencia la configuración de un perjuicio
irremediable, debido a que, según expuso, (i) la providencia judicial
censurada condujo a que se quebrantara la democracia y los principios de
los que está imbuido el voto popular; (ii) se produce un daño inminente
al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad
y especialmente al acceso a cargos públicos, toda vez que “por mandato
del artículo 125 Superior el cargo de diputado es de período institucional.
Esto implica que la parte actora no podrá hacer respetar los derechos que
le confiere el ordenamiento electoral una vez expirado ese tiempo, el cual
acaecido haría nugatoria cualquier protección posterior”8; (iii) la
afectación es grave, “pues recae sobre derechos fundamentales del más
alto raigambre para el Constituyente y respecto de los cuales la Corte
Constitucional siempre ha procurado el máximo estándar de protección
pues se relacionas (sic) con derecho[s] políticos necesarios para la
democracia en el marco de un Estado Social de Derecho, que protege
tanto al elegido como a sus electores”9; y (iv) se requiere la intervención
urgente del juez constitucional, pues es necesaria una solución
inaplazable, “ya que el ejercicio del derecho político adquirido y del control
como ciudadano y parte del electorado no puede ser diferidos o

7
Ibidem.
8
Ibidem.
9
Ibidem.
5

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postergado por su carácter apremiante; menos aun a causa de la
aplicación equivocada del derecho por parte de la autoridad accionada”10.

Posteriormente, en cuanto a las causales especiales de procedibilidad,
alegó que la providencia cuestionada adolece de los defectos sustantivo,
fáctico y procedimental.

Sobre el defecto sustantivo, afirmó que en la providencia acusada se
realizó una indebida interpretación de la doble militancia por apoyo y para
ello, citó un aparte de la sentencia en cuestión que señala lo siguiente:
“(…) entre los elementos para configurar la prohibición de la doble
militancia se encuentra el modal de la conducta, que exige que el partido
o movimiento político que avaló la postulación de quien se demanda haya
inscrito una candidatura propia al cargo de elección popular de que se
trate, comoquiera que solo en estos eventos puede reprocharse la
defraudación a la lealtad partidista exigida al candidato sometido al medio
de control de nulidad electoral, lo que se ha sostenido de forma pacífica
y reiterada por la jurisprudencia de esta Sección (…)”11.

Conforme lo anterior, adujo que “(…) la razón para aplicar ese criterio,
aun cuando en la apelación insistió en que es contrario al texto que
contiene la prohibición, es sencillamente porque ya se ha aplicado
pacíficamente en casos anteriores por parte de esa Corporación, y la razón
por la que así lo definió es porque, afirma, no se puede hacer
interpretación extensiva de la norma, pero ese criterio, que es real, se
aplicó de forma falaz a la lectura del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011
(…)”12.

Manifestó que, “(…) a juicio del suscrito, el que se haya defendido así en
pronunciamientos anteriores de la Sección solo implica que su
jurisprudencia al respecto ha sido “pacíficamente equivocada”, y que so
pretexto de aplicar interpretación restrictiva, lo que ha hecho es mutilar

10
Ibidem.
11
Ibidem.
12
Ibidem.
6

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el alcance real de la prohibición, pues una cosa es no extenderla más allá
de su texto, y otra, muy distinta, restarle alcance o vaciarla de contenido,
como lo hizo. Ello, sin duda constituye un defecto sustantivo (…)”13.

Argumentó que “(…) la interpretación de que la falta de candidato avalado
o coavalado por el partido propio en una circunscripción habilita el apoyo
a los inscritos por otras agrupaciones políticas en ese segmento de la
contienda es contraria a la ley, porque le establece un límite que no
incluye la norma (…)”14.

Al respecto, explicó que “(…) la norma habla abiertamente de candidatos
distintos al partido o movimiento de origen, sin especificar que la
prohibición se concreta cuando se rivaliza en una misma circunscripción,
corporación o cargo por el implicado o un copartidario. Esa es una
interpretación que eventualmente ha podido hacer carrera en la
casuística, tal vez porque hace mucho más dramática la traición política
y magnifica el argumento de la doble militancia por apoyo, pero no es un
elemento de la causal. Suponer lo contrario es restarle contenido al citado
texto legal, que según la Sentencia C-490 de 2011 tiene respaldo en el
artículo 107 de la Constitución Política, y cualquier jurisprudencia opuesta
a ello amerita rectificación. Es el caso (…) del fallo que ahora se
controvierte con esta tutela (…)”15.

Advirtió que “(…) el medio de control de nulidad electoral busca la
protección del ordenamiento jurídico en abstracto, sin juicios subjetivos
de responsabilidad, por lo que no importa si el apoyo fue doloso, culposo
o sustentado en un error invencible. Así, apoyar a los liberales Helmut
Falla en Baraya o cualquier otro pensando que no había candidato del
Verde a la alcaldía de Baraya es incurrir en la causal de nulidad electoral
de doble militancia en la modalidad de apoyo (…)”16.

13
Ibidem.
14
Ibidem.
15
Ibidem.
16
Ibidem.
7

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Frente al defecto procedimental, señaló que “(…) hay un exceso ritual
manifiesto en cuanto a que en la sentencia de 29 de agosto de 2024 se
tomó como hecho nuevo el que pudiera constituirse la doble militancia
por apoyo de Virgilio Huergo a Helmut Falla a partir de la publicación que
hizo el primero en su red social Facebook. Para la SECCIÓN QUINTA DEL
CONSEJO DE ESTADO ello constituyó un hecho de la apelación que, por
esa supuesta causa, se reveló de examinar (…)”17.

Indicó que una de las pruebas más relevantes en el proceso ordinario de
nulidad electoral es una publicación en la red social Facebook realizada
por el señor Huergo Gómez, el 20 de agosto de 2023, en plena campaña
electoral.

El accionante sostuvo que dicha publicación fue aportada en la demanda
inicial a través de un enlace. Sin embargo, aclaró que “(…) aunque en un
principio no se anexó la imagen de manera explícita, esta se encontraba
contenida en el enlace (…)”18. Agregó que, en escritos separados, pero
con igual contenido, los señores Nelson Osorio Otálora y Patricia
Valenzuela Buitrago, antes de la audiencia inicial, presentaron
coadyuvancias a la demanda en las que también se refirieron a la
precitada publicación y aportaron como soporte de ello una captura de
pantalla; y que, en su escrito de apelación volvió a hacer énfasis en dicha
imagen.

Conforme lo anterior, anotó que “(…) la proposición argumentativa de la
SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO en torno a que lo dicho en
la apelación es un “hecho nuevo” conduce al equivoco de la espera de
palabras sacramentales o afines a la expectativa del juzgador, de una
manera que contradice el principio de primacía de lo sustancial sobre lo
formal. Haber descartado el reproche de que Virgilio Huergo hizo
propaganda en su red social Facebook el 20 de agosto de 2023 en favor
de Helmut Falla, de la forma en que lo hizo el ad quem es sin duda un

17
Ibidem.
18
Ibidem.
8

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rigorismo excesivo que concreta el exceso ritual manifiesto que aquí se
denuncia (…)”19.

Subrayó que “(…) en la demanda se acusó a Virgilio Huergo de apoyar a
Helmut Falla en Baraya, se dijo expresamente que ello se hizo de manera
presencial y a través de sus redes sociales, se aportó el link (2 veces) y
algunas capturas de pantalla, a manera de indicación, pues la labor del
juzgador era acceder a los links aportados para valorar su contenido de
conformidad con el principio de comunidad de la prueba, y en conjunto
con todas las evidencias, siguiendo las reglas de la sana crítica (…)”20.

Adicionalmente, alegó que la autoridad judicial accionada también incurrió
en defecto procedimental absoluto porque en el fallo acusado excluyó del
debate probatorio la captura de pantalla de la publicación con la que el
señor Virgilio Huergo hizo propaganda política al señor Helmut Falla en
agosto de 2023.

Argumentó que “(…) no resultaba válido que la Sala Electoral de segunda
instancia descartara una prueba en la sentencia, pues no era ese el
momento probatorio para hacerlo; mucho menos si se trataba de una
que, como se explicó había sido debidamente incorporada al proceso. Lo
correcto era haber dictado un auto previo denegándola, si era esa la
intención, permitiendo la debida contradicción a la parte demandante. De
hecho, así lo expresaron todos los magistrados de esa célula judicial, con
excepción del ponente, por vía de aclaración de voto al fallo objeto del
reproche tutelar (…)”21. En ese sentido, aseveró que “(…) se pretermitió
el debate probatorio de segunda instancia respecto de la prueba
consistente en la captura de pantalla ilustrada en líneas previas (…)”22.

A su turno, en lo que respecta al defecto fáctico, expuso que “(…)
consecuencia de la errada aplicación de las normas sustanciales sobre la

19
Ibidem.
20
Ibidem.
21
Ibidem.
22
Ibidem.
9

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doble militancia y del inadecuado trámite probatorio, en la forma descrita
en capítulos anteriores de esta tutela, la SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO
DE ESTADO, en el fallo enjuiciado dejó de valorar las muestras de apoyo
prohibido prodigadas por el hoy diputado Verde en el Huila, Virgilio
Huergo Gómez, al entonces candidato liberal a la alcaldía de Baraya,
Helmut Falla (…)”23.

Aseguró que “(…) de haber un análisis probatorio con todas las pruebas
que debían considerarse en el examen de la apelación, tendría que
haberse evidenciado que la publicación efectuada por Virgilio Huergo en
su red social de Facebook el 20 de agosto de 2023 era un acto de
propaganda política en favor de Helmut Falla, que denotaba el
rompimiento con la disciplina de partido y el trasfuguismo político que
castiga la prohibición de doble militancia (…)”24.

Adujo que sobre el elemento subjetivo de la causal no hubo discusión
alguna en primera instancia; sin embargo, sobre el elemento objetivo,
afirmó que se configuró porque hay un acto positivo, concreto e
inequívoco de apoyo del señor Virgilio Huergo al señor Helmut Falla. Al
respecto, explicó que “(…) mencionar libre y espontáneamente en la red
social propia a un candidato en plena época de campaña es un acto
positivo de apoyo, porque lo hace visible ante el electorado; y si a eso se
suma que la mención contiene además un enlace que dirige a su página,
la conclusión es todavía más evidente. Es propaganda (…)”25.

Insistió en que “(…) el demandado, siendo candidato del Partido Verde
realizó un acto positivo, concreto e inequívoco de apoyo a Helmut Falla
mientras era candidato Liberal sin coaval, al promover su nombre y lema
de campaña por medio de su red social Facebook en plena candidatura.
Con ello se pone en evidencia la configuración del elemento objetivo de
la doble militancia en la modalidad de apoyo que se endilga a Virgilio

23
Ibidem.
24
Ibidem.
25
Ibidem.
10

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Huergo; conclusión que se refuerza al mirar las evidencias en conjunto y
bajo las reglas de la sana crítica (…)”26.

Finalmente arguyó que la autoridad judicial accionada “(…) no evaluó la
totalidad de pruebas que reposaban en el expediente de la nulidad
electoral y que, además, en todo caso, su análisis fue contrario a la
realidad probatoria, incurriendo con ello en un defecto fáctico, en su
dimensión negativa, por omisión probatoria y por deficiente valoración,
en los términos explicitados previamente (…)”27.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 28 de febrero de 202528 a través de la
ventanilla virtual de esta Corporación y correspondió por reparto a esta
Sección que, por auto del 5 de marzo de 202529 la admitió y dispuso
notificar30 a la Sección Quinta del Consejo de Estado, como parte
accionada, así como vincular a la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal
Administrativo del Huila31, a la Registraduría Nacional del Estado Civil32,
al Consejo Nacional Electoral33 y a los señores Virgilio Huergo Gómez34,
Nelson Osorio Otálora35 y Patricia Valenzuela Buitrago36, como terceros
interesados en el resultado del proceso.

26
Ibidem.
27
Ibidem.
28
Visto en los índices 2 y 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01166 00.
29
Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01166 00.
30
Esta orden se cumplió el 10 de marzo de 2025. Visto en el índice 8 de la Sede
Electrónica para la Gestión del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01166
00.
31
Ibidem.
32
Ibidem.
33
Ibidem.
34
Esta orden se cumplió el 17 de marzo de 2025. Visto en el índice 16 de la Sede
Electrónica para la Gestión del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01166
00.
35
Ibidem.
36
Ibidem.
11

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Radicación: 11001 03 15 000 2025 01166 00
Accionante: Luis Alberto Escobar Garzón

De igual forma, requirió a la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal
Administrativo del Huila y a la Sección Quinta del Consejo de Estado, para
que allegaran copia digital del expediente identificado con el radicado nro.
41001 23 33 000 2024 00026 00/01, el cual fue remitido37.

3.2. El profesional universitario de la oficina de asesoría jurídica y defensa
judicial del Consejo Nacional Electoral allegó escrito38 en el que solicitó la
desvinculación de dicha entidad del presente trámite tutelar, por falta de
legitimación en la causa por pasiva.

Sostuvo que “(…) no se presenta por parte de esta entidad vulneración
de los derechos fundamentales del accionante, pues el Consejo Nacional
Electoral no tuvo participación directa ni indirecta en la configuración de
los hechos materia de la acción, en ese sentido, no tiene incidencia alguna
en las medidas que pueda tomar la autoridad judicial dentro del proceso
de Nulidad Electoral de su conocimiento (…)”.

3.3. El magistrado ponente de la sentencia de segunda instancia acusada
rindió informe39 en el que, inicialmente, solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito
general de relevancia constitucional.

Al respecto, aseguró que “(…) lo que pretende el accionante es
controvertir, en sede constitucional, el análisis efectuado por la Sección
Quinta del Consejo de Estado para concluir que el señor Virgilio Huergo
Gómez como diputado de la Asamblea Departamental del Huila, para el
periodo 2024-2027, no incurrió en la doble militancia alegada, toda vez
que con el mecanismo de amparo expuso los mismos argumentos
plasmados al apelar la sentencia del Tribunal Administrativo del Huila
(…)”.

37
Visto en los índices 10 y 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01166 00.
38
Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01166 00.
39
Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01166 00.
12

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Accionante: Luis Alberto Escobar Garzón

Posteriormente, solicitó que, de considerarse superado el precitado
requisito de relevancia constitucional, se nieguen las pretensiones del
accionante, comoquiera que, según aseveró, la providencia acusada no
incurrió en los defectos alegados.

Como fundamento de lo anterior, en cuanto al defecto sustantivo,
manifestó que, “(…) la sentencia cuestionada puso de presente que entre
los elementos para configurar la prohibición de la doble militancia está
precisamente, el modal de la conducta, que exige que el partido o
movimiento político que avaló la postulación de quien se demanda haya
inscrito una candidatura propia al cargo de elección popular de que se
trate, comoquiera que solo en estos eventos puede reprocharse la
defraudación a la lealtad partidista exigida al candidato sometido al medio
de control de nulidad electoral. Dicha postura, la ha sostenido de forma
pacífica y reiterada la jurisprudencia de esta Sección (…)”.

Anotó que “(…) la Sala de lo Electoral dio aplicación al inciso segundo del
artículo 2 de la Ley 1475 de 2011 y al criterio reiterado de la Sección
Quinta sobre esa disposición normativa, por lo que no se puede predicar
un defecto sustantivo (…)”.

A su turno, frente al defecto procedimental, adujo que no existe la
pretermisión del auto de pruebas que alegó el tutelante. Al efecto, expuso
que “(…) en la decisión del 19 de julio de 2024, el magistrado ponente
negó las pruebas solicitadas de forma expresa ante la segunda instancia,
como fueron: “[…] requiera de oficio a la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL
ESTADO CIVIL para que aporte los formularios de inscripción E-6 y E-8
de todas las personas que se mencionan como apoyados […]” y la
Resolución 11265 de 2023 allegada por los coadyuvantes. Dichas
probanzas no cumplieron con los presupuestos de los artículos 212 y 213
del CPACA para su decreto, como se explicó ampliamente en dicha
providencia (…)”.

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Agregó que tampoco existió el defecto procedimental absoluto por exceso
ritual manifiesto. Al efecto, señaló que “(…) en el fallo se explicó que, en
el escrito de apelación, el demandante afirmó que el señor Virgilio Huergo,
candidato del Partido Verde a la asamblea, apoyó públicamente a Helmut
Falla, candidato a la Alcaldía de Baraya por el Partido Liberal, a través de
una publicación en Facebook, conforme una captura de pantalla que solo
incluyó con el escrito de impugnación de la sentencia electoral de primera
instancia (…)”.

Indicó que, a partir de la precitada captura de pantalla, “(…) la parte
actora sostuvo que se configuró el elemento objetivo de la doble
militancia, por la propaganda que le dio el señor Virgilio Huergo Gómez a
Helmut Falla, al parecer por el mensaje: “Helmut Falla – De corazón por
Baraya”, eslogan de este último. Frente a ello, en la sentencia se
determinó que este argumento no fue incluido en la demanda, ni en los
hechos, ni en el concepto de la violación, ni fue considerado por el Tribunal
Administrativo del Huila en la fijación del litigio durante la audiencia inicial
del 25 de abril de 2024. Por lo tanto, la providencia concluyó que dicho
planteamiento no fue un elemento considerado para estructurar la
prohibición de doble militancia alegada y, en ese sentido, no se llevó a
cabo su estudio de fondo del argumento nuevo y, por defecto, de la
imagen que lo sustentaba. En otros términos, se encontró que el eslogan
constituía un argumento nuevo, introducido en segunda instancia por el
demandante junto con la imagen aportada, con el fin de que se valorara
una situación distinta que, a su juicio, respaldaría la acusación de doble
militancia presentada en la demanda inicial (…)”.

Resaltó que “(…) como se anotó, además del planteamiento adicional de
la doble militancia, el apelante presentó una captura de pantalla de la red
social Facebook del demandado, en la que mostró el eslogan de campaña
del candidato Helmut Falla y la vinculó a un enlace que afirmó en la
demanda y en su apartado de pruebas (…). En el orden de lo expuesto,
el fallo explicó que, la apelación introducía un nuevo argumento (el
eslogan), sobre el cual las partes no habían tenido oportunidad de debatir
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ni ejercer su derecho de contradicción durante la primera instancia, razón
por la que no podía ser considerado objeto de pronunciamiento en la
etapa de apelación, conforme lo ha reiterado la jurisprudencia de la
Sección Quinta (…)”.

Añadió que “(…) como consecuencia de ello, la sentencia se abstuvo de
conocer dicho argumento adicional (eslogan) al cargo de doble militancia
inicialmente planteado, por lo que no sería coherente que la Sección
Quinta se pronunciara sobre la captura de pantalla de la red social
Facebook incorporada con el recurso de apelación, con la cual el
accionante pretendía demostrar la plurimencionada tesis (…)”.

Sin perjuicio de lo anterior, precisó que, “(…) en todo caso, la Sala revisó
el enlace indicado, el que fue incluido con la captura de pantalla visible a
folio 24 de la demanda, la cual, según el tutelante, fue aportada junto con
la otra imagen, desde su escrito inicial. No obstante, tras la verificación
correspondiente, se encontró que en el referido enlace solo se hallaba la
siguiente (…). Es decir, lo que trato de poner de presente es que el
accionante, ahora en sede de tutela, intenta traer una imagen que
supuestamente se encontraba en ese enlace y que, a su juicio, no valoró
la Sala Electoral, cuando lo cierto obedece a que dicho link correspondía
a una captura de pantalla totalmente distinta a la que presentó en su
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia (…)”.

Expuso que, “(…) como se determinó en la sentencia objeto de la presente
acción de tutela, el enlace proporcionado por el apelante, que intentaba
respaldar su alegato de doble militancia, no se encontraba disponible al
momento de la revisión durante la emisión del fallo del 29 de agosto de
2024. En efecto, dicha afirmación se puede corroborar en la consideración
60 de la sentencia y aún, a fecha de hoy, se confirma que no es visible el
contenido de esta (…). Por ello, resulta conforme a derecho tener por
cierto que el argumento del eslogan fue introducido de manera tardía,
hasta el recurso de apelación, puesto que no formaba parte de la
demanda inicial, como el tutelante pretende hacer creer al juez

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constitucional. En todo caso, la imagen asociada a ese enlace, como se
anotó de manera precedente, tampoco coincide con lo que se buscaba
hacer valer en ese escenario judicial (…)”.

Por otro lado, sobre el defecto fáctico, citó apartes de la providencia
acusada y sostuvo que dicho yerro no se configuró, debido a que las
pruebas decretadas en el proceso fueron debidamente valoradas.

Finalmente, arguyó que la Sección Quinta de esta Corporación actuó en
estricto cumplimiento de las previsiones legales aplicables al caso
concreto y del criterio jurisprudencial vigente en la materia, sin que de
ello pueda predicarse la configuración de defecto alguno.

3.4. El jefe de la oficina jurídica de la Registraduría Nacional del Estado
Civil allegó escrito40 en el que solicitó la desvinculación de dicha entidad
del presente trámite tutelar, por falta de legitimación en la causa por
pasiva.

Hizo énfasis en que los hechos enunciados por el accionante no tienen
relación con las facultades y las funciones que la Constitución y la Ley le
han otorgado a la Registraduría Nacional del Estado Civil, debido a que,
en el contexto de sus competencias, dicha entidad no tiene injerencia en
las decisiones que tomen en derecho los jueces y magistrados de la
República.

3.5. La Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila y los
señores Virgilio Huergo Gómez, Nelson Osorio Otálora y Patricia
Valenzuela Buitrago, guardaron silencio.

3.6. El expediente ingresó al despacho para fallo el 25 de marzo de
202541.

40
Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01166 00.
41
Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01166 00.
16

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4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad
con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 199142 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de
mayo de 2015,43 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de
abril de 202144, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo
nro. 080 del 12 de marzo de 201945, modificado por el Acuerdo nro. 434
del 10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de
Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.

4.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente46:

4.2.1. El señor Luis Alberto Escobar Garzón presentó demanda de nulidad
electoral contra el acto que declaró la elección del señor Virgilio Huergo
Gómez, como diputado de la asamblea departamental del Huila para el
período constitucional 2024-2027.

4.2.2. La demanda correspondió por reparto al Tribunal Administrativo
del Huila – Sala Cuarta de Decisión que, en audiencia inicial celebrada el
25 de abril de 2024 saneó el proceso, aceptó las coadyuvancias
presentadas por el señor Nelson Osorio Otálora y la señora Patricia
Valenzuela Buitrago, fijó el litigio y decretó pruebas.

42
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”
43
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del
derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
44
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela”.
45
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
46
Lo que se desprende del proceso de nulidad electoral identificado con el radicado nro.
41001 23 33 000 2024 00026 00/01. Visto en los índices 10 y 11 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01166 00.
17

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4.2.3. En sentencia del 17 de junio de 2024, la Sal Cuarta de Decisión del
Tribunal Administrativo del Huila declaró probada la excepción
denominada “ausencia de elementos estructurales de la causal de
anulación” y denegó las pretensiones de la demanda.

4.2.4. Inconforme con la decisión anterior, el señor Escobar Garzón
interpuso recurso de apelación, solicitando lo siguiente:

“[…] IV. SOLICITUD

Se conceda el recurso de apelación ante la Sección Quinta del
Consejo de Estado, a fin de que esta autoridad revoque la sentencia
de 17 de junio de 2024 y, en su lugar, declare la nulidad del acto
de elección de Virgilio Huergo Gómez como diputado del Huila.

V. PEDIDO A LA SECCIÓN QUINTA

El suscrito considera que están reunidos todos los presupuestos
fácticos y normativos para declarar la pretendida nulidad.
Igualmente, que está suficientemente probada y aceptada con la
contestación y los demás medios de prueba arrimados al plenario,
la calidad de candidato de los apoyados, en un contexto de libertad
probatoria exenta de tarifa legal.

Con todo, se precisa que la demanda fue presentada por un
ciudadano que no tiene la calidad de abogado, y sin perjuicio de lo
anterior, se solicita a la SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE
ESTADO que, con el ánimo de mejor proveer, haga uso de la
facultad conferida por el artículo 213 del CPACA:

“En cualquiera de las instancias el Juez o Magistrado Ponente podrá
decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para el
esclarecimiento de la verdad”.

Bajo esa figura se pide que se requiera de oficio a la
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL para que aporte
los formularios de inscripción E-6 y E-8 de todas las personas que
se mencionan como apoyados, especialmente, Rodrigo Villalba
Mosquera, Helmut Falla Osorio, Josué Manrique Murcia y Fernando
Alipio, a la gobernación del Huila, la alcaldía de Gigante y la de
Tello, respectivamente.

Así mismo, que se tenga como prueba la Resolución N° 11265 del
27 de septiembre de 2023, incorporada en los escritos de
coadyuvancia, en la que expresamente se dice que la candidatura
de Helmut Falla Osorio se dio “con aval otorgado por el Partido
Liberal Colombiano”37, y de la cual se desprende el período de
vigencia de esa candidatura […]”.

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4.2.5. Por auto del 19 de julio de 2024, el despacho de la Sección Quinta
del Consejo de Estado, ponente del proceso en segunda instancia, admitió
el recurso se apelación y sobre las pruebas solicitadas en la alzada, señaló
lo siguiente:

“[…] 14. Al respecto, se evidencia que el mismo sujeto procesal
elevó en los alegatos de conclusión la petición referenciada. No
obstante, el juez de primera instancia la negó por cuanto era
extemporánea y porque lo que pretendía el interesado era
subsanar una deficiencia probatoria (…).

15. En este punto, es oportuno reiterar que la facultad de pruebas
de oficio no es absoluta y, la misma, no puede ser utilizada para
integrar o completar el acervo probatorio ni para que el juez
termine completando o ampliando lo que las partes estaban
obligadas a cumplir, conforme a la carga probatoria que les
correspondía y en las oportunidades previstas en el artículo 212 del
CPACA.

16. Asimismo, dicha petición probatoria de oficio es una facultad
exclusiva del juez como instructor del proceso, tal como lo
prescribe el artículo 213 del CPACA, norma aplicable a las pruebas
de oficio en segunda instancia. En ese sentido, como se desprende
de la disposición en cita, el magistrado ponente podrá decretarlas
en el trámite de la segunda instancia, en caso de que se consideren
necesarias para el esclarecimiento de la verdad.

17. En cuanto a la Resolución 11265 de 2023 allegada por los
coadyuvantes, como lo explicó el tribunal, dicha prueba fue
aportada de forma extemporánea, por lo tanto, no se dan los
presupuestos del artículo 212 de la Ley 1437 de 2011 para su
decreto en segunda instancia […]”.

4.2.6. Mediante sentencia del 29 de agosto de 2024, notificada el 2 de
septiembre de 2024, la Sección Quinta del Consejo de Estado confirmó la
dictada el 17 de junio de 2024 por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal
Administrativo del Huila.

Lo anterior, al considerar, entre otras cosas, lo siguiente:

“[…] 2.3. Delimitación del problema jurídico a resolver en
segunda instancia

19. Con el fin de determinar si la sentencia del Tribunal
Administrativo del Huila se debe confirmar, modificar o revocar, se
estudiará si el demandado incurrió en la prohibición de doble
militancia en la modalidad de apoyo, consagrada en los artículos
107 de la Constitución Política y 2.º de la Ley 1475 de 2011, pues,
19

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como lo refirió el demandante, realizó actos positivos y concretos
de apoyo frente a cuatro candidatos que no fueron inscritos por su
colectividad política a las elecciones del período 2024-2027, los
cuales referenció en su recurso de alzada.

20. Por lo anterior, se abordarán estrictamente los argumentos
planteados en la apelación, los cuales, como se detallará más
adelante, se limitaron a cuestionar la configuración de la
prohibición frente a algunos candidatos y no respecto de todos por
los que inicialmente se demandó, precisión que se sustenta en los
artículos 320 y 328 del Código General del Proceso, que prescriben
que este medio de impugnación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los
reparos formulados por la parte recurrente.

(…)

2.5. Caso concreto

34. La Sala confirmará la sentencia apelada toda vez que, a partir
de las pruebas allegadas al expediente, no se demostraron los
actos positivos y concretos de apoyo endilgados al demandado.

35. Para efectos de sustentar lo anterior, en primer lugar, se hará
una breve referencia a los hechos de la demanda que resultan
relevantes para resolver el recurso. Luego, será necesario reseñar
lo que dijo la primera instancia para negar las pretensiones de
nulidad electoral, respecto a los candidatos objeto de apelación y
los argumentos del recurrente. Finalmente, se expondrán las
razones de la posición que adopta la Sala para confirmar la
providencia del Tribunal Administrativo del Huila.

2.5.1. Delimitación de los hechos relevantes para resolver la
apelación, de la decisión de primera instancia, de los
argumentos de los recursos y de otras consideraciones para
decidir

36. En la demanda se afirmó que, el señor Virgilio Huergo Gomez,
fue elegido diputado del Huila por el Partido Alianza Verde (periodo
2020-2023) y se inscribió nuevamente como candidato para el
periodo 2024-2027. Sin embargo, como lo adujo el demandante,
durante las elecciones de 2023, no apoyó a los de su partido ni a
los coaligados por este. En cambio, mostró su apoyo a varios del
Partido Liberal y otros inscritos por movimientos o firmas.

(…)

39. Mediante sentencia del 17 de junio de 2024, el Tribunal
Administrativo del Huila negó las pretensiones de la demanda,
pues, de las pruebas aportadas, no se demostró el apoyo prohibido
que alegó la parte actora.

(…)

20

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40. Tal como se indicó en los antecedentes de esta providencia, la
decisión fue apelada por la parte actora, conforme los siguientes
argumentos:

i) Ausencia de candidato propio. El apelante indicó que el
tribunal «asegura que en los municipios en los que el partido Verde
no tuvo candidato propio no es posible colegir, por ese hecho, la
doble militancia».

Afirmó que la interpretación relacionada con que, ante la ausencia
de un candidato avalado por el propio partido, es posible el apoyo
a candidatos de otras agrupaciones políticas, es contraria a la ley
(…).

Finalmente, afirmó que «apoyar a los liberales Helmut Falla en
Baraya o Fernando Alipio en Paicol pensando que no había
candidato del Verde a esas alcaldías, es incurrir en la causal de
nulidad electoral de doble militancia en la modalidad de apoyo».

ii) Apoyo a Helmut Falla Osorio, candidato a la Alcaldía de
Baraya por el Partido Liberal. Afirmó que el señor Virgilio
Huergo, candidato del Partido Verde, realizó un acto de apoyo a
Helmut Falla, quien aspiraba a la alcaldía de Baraya por el Partido
Liberal, a través de una publicación en su red social Facebook, la
cual no fue refutada ni marcada como falsa, sino que se debe
considerar como auténtica y valorarse como un mensaje de datos,
según el artículo 247 de la Ley 1564 de 2012.

Señaló que la publicación contiene un mensaje alusivo a Helmut
Falla y su eslogan de campaña y se realizó el 20 de agosto de 2023,
durante la contienda electoral. Este acto de apoyo es evidente y
censurable desde el punto de vista de la doble militancia.

(…)

Por lo tanto, el apelante concluyó que se configuró el elemento
objetivo de la doble militancia por apoyo endilgada al demandado
como causal de nulidad electoral, pues la propaganda que dio el
demandado al señor Helmut Falla data de cuando ambos eran
candidatos.

(…)

41. Así las cosas, la Sala limitará el estudio del presente caso a los
argumentos de la apelación, lo cual se circunscribe a determinar si,
conforme con las pruebas allegadas al proceso, se encuentran
acreditados los elementos de la prohibición de doble militancia,
consagrada en los artículos 107 de la Constitución Política y el 2.º
de la Ley 1475 de 2011.

2.5.2. De la decisión del recurso de apelación

42. Procede la Sala a estudiar los cargos de la apelación, para
definir su vocación de prosperidad en el presente caso, así:
21

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2.5.2.1. Ausencia de candidato propio

43. Como se explicó, el apelante cuestionó la interpretación del
tribunal respecto a que, cuando el partido no tiene candidatos
propios, se permite el apoyo a los de otras agrupaciones políticas,
a efectos de afirmar que es contraria a la ley. Lo anterior, por
cuanto el artículo 2.º de la Ley 1475 de 2011 prohíbe apoyar a de
otros partidos o movimientos políticos, sin especificar que esta solo
aplica cuando se compite en la misma circunscripción, corporación
o cargo.

44. Frente a lo anterior, la Sala pone de presente que la prohibición
de la doble militancia en la modalidad de apoyo se ha desarrollado
a partir del inciso segundo del artículo 2.º de la Ley 1475 de 2011
(…).

45. Como se explicó en las consideraciones de la presente decisión,
entre los elementos para configurar la prohibición de la doble
militancia está precisamente, el modal de la conducta, que exige
que el partido o movimiento político que avaló la postulación de
quien se demanda haya inscrito una candidatura propia al cargo de
elección popular de que se trate, comoquiera que solo en estos
eventos puede reprocharse la defraudación a la lealtad partidista
exigida al candidato sometido al medio de control de nulidad
electoral, lo que se ha sostenido de forma pacífica y reiterada por
la jurisprudencia de esta Sección (…).

46. El anterior criterio, sobre el alcance de la doble militancia en la
modalidad por apoyo, que fue desarrollado por el artículo 2.º de la
Ley 1475 de 2011, no riñe con el artículo 107 de la Constitución
Política ni con lo señalado en la sentencia C-490 de 2011. Por el
contrario, está en consonancia con el carácter taxativo y restrictivo
de la interpretación de las causales de inelegibilidad. Por tales
razones, no existe algún sustento para proceder a la rectificación
jurisprudencial aludida por apelante.

47. Por lo tanto, la interpretación dada sobre este punto por el
Tribunal Administrativo del Huila no es contraria a la Ley 1475 de
2011, sino que está en consonancia con la jurisprudencia de la
Sección Quinta del Consejo de Estado sobre el elemento modal de
la conducta de doble militancia por apoyo.

(…)

2.5.2.2. Apoyo a Helmut Falla Osorio, candidato a la Alcaldía
de Baraya por el Partido Liberal

51. El apelante afirmó que el señor Virgilio Huergo, candidato del
Partido Verde, apoyó públicamente a Helmut Falla, candidato a la
Alcaldía de Baraya por el Partido Liberal, a través de una
publicación en Facebook, conforme una captura de pantalla que
incluyó en el escrito de impugnación, así (…).

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52. A partir de la anterior imagen, la parte actora sostuvo que se
configuró el elemento objetivo de la doble militancia, por la
propaganda que le dio el señor Virgilio Huergo Gómez a Helmut
Falla, al aparecer por el mensaje: «Helmut Falla – De Corazón por
Baraya», eslogan de este último, además, porque la fecha de la
publicación coincide con el tiempo en que eran candidatos.

53. La Sala advierte que dicho argumento lo trae el demandante
con el fin de evidenciar una hipótesis que, según su parecer, dio
origen a la doble militancia que endilgó al demandado. Sin
embargo, al revisar la demanda, en su integridad, se logró
determinar que, ni los hechos y el concepto de la violación,
contienen un argumento en tal sentido.

54. Por ende, es viable concluir que se trata de un hecho nuevo
que solo trae hasta esta instancia para que se valore una nueva
situación que, según su parecer, configura el cargo por doble
militancia que alegó en su escrito inicial.

55. Aunado a dicho argumento adicional que trae el apelante para
sustentar un nuevo hecho de doble militancia, llama especial
atención de la Sala que aquel incluyó una captura de pantalla, de
la red social de Facebook del demandado, relacionada con el
eslogan de campaña del candidato Helmut Falla y la asoció al
siguiente link, que, según su juicio, se enlistó en la demanda y en
su capítulo de pruebas (…).

56. A partir del escenario esbozado, es lo procedente que el nuevo
argumento traído en la apelación no sea objeto de
pronunciamiento, pues se trata de un aspecto respecto del cual las
partes no ejercieron su derecho de contradicción en el trámite de
la primera instancia.

(…)

57. En consecuencia, no será posible analizar el cargo de doble
militancia alegado a partir del argumento nuevo de la apelación.
Proceder a lo que pretende el apelante, implicaría dejar en tela de
juicio el debido proceso de los demás sujetos procesales, quienes
no tuvieron la oportunidad de controvertir dicho sustento.

58. En ese orden, como la Sala se abstiene de conocer dicho
argumento adicional al cargo de doble militancia inicialmente
planteado, no sería coherente que se pronuncie sobre la captura
de pantalla de la red social Facebook incorporada con el recurso de
apelación, con la cual el accionante pretende demostrar el hecho
nuevo.

59. Lo anterior, no solo obedece a que se dejará de estudiar el
argumento adicional de la alzada, también por cuanto, al revisar
en la demanda dicho enlace (folio 24), se halló una imagen
diferente a la indicada en la apelación, así (…).

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60. A su vez, se pone de presente que al ingresar a dicho enlace,
el mismo no está disponible para consulta. Lo anterior, reafirma
aún más que la censura del apelante se trata de un argumento
nuevo incluido con su recurso.

61. Así las cosas, en principio, habría lugar a pronunciarse sobre el
decreto o no de la prueba incorporada con el recurso de apelación,
sino fuera porque el objeto de aquella carece de contenido, toda
vez que se dirigió a la acreditación de un argumento nuevo
derivado del cargo de doble militancia traído con el recurso de
alzada, que, como se anotó en precedencia, no será objeto de
estudio.

(…)

70. De este acápite se concluye que la estructuración de la referida
causal de doble militancia exige necesariamente la ejecución de
actos positivos y concretos de apoyo en beneficio de candidato
diferente del que fue inscrito por el correspondiente partido
político, lo que no se demostró frente al señor Helmut Falla Osorio,
candidato a la Alcaldía de Baraya por el Partido Liberal. Tampoco
se probó que en este municipio el Partido Alanza Verde hubiese
tenido candidato propio o por coalición. Por lo expuesto, este cargo
de la apelación no tiene vocación de prosperidad […]”. (Negrillas
originales de la providencia. Resaltado fuera del texto original).

4.3. CUESTIÓN PREVIA

Sobre las solicitudes de desvinculación formuladas por el Consejo
Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Sala
advierte que estas son procedentes, comoquiera que su vinculación
inicialmente obedeció a la solicitud del accionante quien, en el acápite del
escrito de tutela denominado “Vinculaciones”, solicitó su vinculación
debido a que, según aseveró, dichas “autoridades (…) intervinieron en el
referido contencioso”; sin embargo, al revisar el expediente
correspondiente al proceso de nulidad electoral objeto de debate, se
evidenció que las precitadas entidades no intervinieron en este. Por lo
que, no les asiste interés en el resultado del presente trámite tutelar y se
dispondrá su desvinculación.

4.4. ANÁLISIS DE LA SALA

Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una
cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin

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de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera
de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada,
debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe
verificar es la relevancia constitucional y, para ello, la Sala se detendrá
en (i) los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado
para identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.

4.4.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta
resulte de evidente relevancia constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial es que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia,
el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué
la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes”47.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en
aspectos que le corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta

47
Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.
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es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia
constitucional48.

A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia
constitucional ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y en la sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este
requisito persigue tres finalidades49:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional
deben estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la
relevancia50. De manera que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la
acción de tutela será improcedente por no superar la relevancia
constitucional.

4.4.2. Caso concreto

La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, se
detendrá en el examen del tercer criterio que la compone, el cual busca

48
En ese mismo sentido, en la sentencia C – 590 de 2005, la Corte Constitucional precisó
que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben
aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez
debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.
49
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de
2021 y SU 103 de 2022.
50
Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la
sentencia del 29 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado. Expediente nro. 11001 0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
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impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que “la tutela no
es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos de mera
legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de
tutela se restringe “a los asuntos de relevancia constitucional y a la
protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a
problemas de carácter legal”. En este orden de ideas, la tutela en contra
de una sentencia dictada, en particular, por una Alta Corte, exige
valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una actuación
arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de derechos
fundamentales. Solo así se garantizaría “la órbita de acción tanto de los
jueces constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones”, en
estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios (…)”. (Se
destaca).

En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la
tutela contra providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio
de corrección respecto del fallo cuestionado, “circunstancia que excluye
su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial. Como se expresó con claridad en la
Sentencia SU-128 de 2021, este “enfoque impide que el mecanismo de
amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia
adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación
de la ley que dieron origen a la controversia judicial”.

En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través
de la acción de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo
probatorio, o reprocha la convicción que genera en el fallador las pruebas
allegadas al expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el
amparo radica en la interpretación de las normas de carácter legal que

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regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional está
siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y
como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la
autonomía e independencia del juez natural.

La Sala advierte que, en este evento, no se cumple el requisito de
relevancia constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la
compone, esto es, impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces,
no está superado.

Lo anterior, debido a que, a través de la solicitud de amparo, el accionante
pretende que “(…) se DEJE SIN EFECTOS la sentencia del 29 de agosto de
2024 proferida por la SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO (…)”51
en el proceso de nulidad electoral identificado con el radicado nro. 41001
23 33 000 2024 00026 00/0152 y que, en su lugar, “(…) [se] dicte una
nueva sentencia (…), en la que se acceda a las pretensiones de la
demanda de nulidad electoral (…)”53.

Para ello, en el escrito de tutela, alegó que la autoridad judicial accionada
realizó una indebida interpretación de la doble militancia en la modalidad
de apoyo al considerar que, entre los elementos que configuran la
prohibición de dicha figura se encuentra el modal de la conducta. En ese
sentido, adujo que “(…) la razón para aplicar ese criterio, aun cuando en
la apelación [se] insistió en que es contrario al texto que contiene la
prohibición, es sencillamente porque ya se ha aplicado pacíficamente en
casos anteriores por parte de esa Corporación, y la razón por la que así
lo definió es porque, afirma, no se puede hacer interpretación extensiva

51
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01166 00.
52
Promovido por el hoy accionante, Luis Alberto Escobar Gómez, en contra del señor
Virgilio Huergo Gómez.
53
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01166 00.
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de la norma, pero ese criterio, que es real, se aplicó de forma falaz a la
lectura del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011 (…)”54.

Agregó que, “(…) la interpretación de que la falta de candidato avalado o
coavalado por el partido propio en una circunscripción habilita el apoyo a
los inscritos por otras agrupaciones políticas en ese segmento de la
contienda es contraria a la ley, porque le establece un límite que no
incluye la norma (…)”55.

Adicionalmente, afirmó que la autoridad judicial accionada “(…) no evaluó
la totalidad de pruebas que reposaban en el expediente de la nulidad
electoral y que, además, en todo caso, su análisis fue contrario a la
realidad probatoria (…)”56.

También anotó que “(…) en la sentencia de 29 de agosto de 2024 se tomó
como hecho nuevo el que pudiera constituirse la doble militancia por
apoyo de Virgilio Huergo a Helmut Falla a partir de la publicación que hizo
el primero en su red social Facebook. Para la SECCIÓN QUINTA DEL
CONSEJO DE ESTADO ello constituyó un hecho de la apelación que, por
esa supuesta causa, se reveló de examinar (…)”57.

Por último, reprochó que la autoridad judicial accionada haya excluido del
debate probatorio la captura de pantalla tomada de la red social Facebook
en la que, según aseveró, el señor Virgilio Huergo Gómez, demandado en
el proceso electoral objeto de debate, hizo propaganda en favor del señor
Helmut Falla, candidato a la alcaldía municipal de Baraya, Huila.

De las inconformidades planteadas en el escrito de tutela, la Sala advierte
que el actor está cuestionando la interpretación normativa y la valoración
probatoria realizada por la autoridad judicial accionada en la sentencia
acusada, así como las consideraciones expuestas en dicha decisión, frente
a lo que sería objeto de estudio en segunda instancia, para determinar

54
Ibidem.
55
Ibidem.
56
Ibidem.
57
Ibidem.
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que no se había configurado la causal de doble militancia alegada en el
proceso ordinario, de donde se desprende que el tercer elemento que
compone la relevancia constitucional no está cumplido.

Bajo dicho contexto, la Sala observa que el accionante está utilizando la
acción de tutela como una instancia o recurso adicional al proceso de
nulidad electoral para controvertir lo resuelto por el juez natural de la
causa y la interpretación normativa aplicada para resolver el caso en
concreto, con el fin de insistir en que sí estaba configurado el elemento
objetivo de la doble militancia en la modalidad de apoyo, por lo que se
concluye que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la petición
de amparo no cumple con el tercer criterio de la relevancia constitucional.

En este punto, la Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las
pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante y
demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho
que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley
prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que tiene.

Por lo tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente
sobre la controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a
alguna de las partes, simplemente está ejerciendo las funciones que le
han sido atribuidas por la Constitución y la ley, en el ámbito de sus
competencias; y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones
hiciera el juez constitucional constituiría claramente un pronunciamiento
por fuera de las competencias que le corresponden, utilizando además el
trámite de una acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como
lo es la tutela.

En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el

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escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.

Bajo tales circunstancias, cuando el juez de la causa se limita a
pronunciarse sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron el
objeto del debate, porque así le fueron planteadas por el demandante y
el demandado en sus pretensiones, excepciones y hechos, resuelve
simplemente la controversia que le ha sido sometida, atendiendo sus
facultades constitucionales y legales; y no es el juez de constitucionalidad
el llamado a decirle cómo debe decidir el caso en particular, rompiendo
por demás el equilibrio entre las partes que precisamente se garantiza
con el proceso diseñado para dirimir la controversia.

Por lo anotado, sin ser necesario descender en otras consideraciones, la
Sala declarará improcedente la acción de tutela por cuanto no cumple con
el requisito general de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: DESVINCULAR de la presente acción de tutela al Consejo
Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil, según lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta
por el señor Luis Alberto Escobar Garzón, según lo expuesto en la parte
considerativa de esta sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

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CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si
no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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