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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-01167-01

Fecha
31 de julio de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-01167-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confírmase la sentencia del 15 de mayo de 2025, dictada por la Sección Primera, del Consejo de Estado. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-01167-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

31 de julio de 2025

Demandantes: Gilberto Terán Fernández y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar,
Sala de decisión No. 003
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01167-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C. treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01167-01
Demandantes: GILBERTO TERÁN FERNÁNDEZ Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR, SALA DE
DECISIÓN NO. 003

Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedente la
acción de tutela por falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la impugnación interpuesta por la parte accionante
en contra de la providencia del 15 de mayo de 2025 proferida por el Consejo
de Estado, Sección Primera, mediante la cual se declaró improcedente la
acción de tutela impetrada por carecer de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1 Solicitud de amparo

Los señores Gilberto Terán Fernández, Sandra del Rosario Núñez Herrera,
Valeria Terán Núñez, Valentina Terán Núñez, Bertha Isabel Fernández de
Terán, Josefina Isabel Terán Fernández, Enith María Terán Fernández, Felipe
José Terán Fernández, Luis Darío Terán Fernández, Patricia Elena Terán
Fernández, Jorge Luis Terán Fernández, Edgardo Rafael Terán Fernández,
Jhon Jairo Terán Fernández y Carlos Elías Terán Fernández, mediante
apoderado judicial, interpusieron acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión No. 003 con el propósito de
obtener la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y al acceso a la administración de justicia, en conexidad con los
principios de seguridad jurídica, buena fe y confianza legítima.

La presunta vulneración de tales derechos se atribuyó al fallo emitido por dicha
corporación el 31 de agosto de 2023, dentro del proceso de reparación directa
identificado con el número de radicado 13001-33-33-011-2017-00134-00/01,
que modificó el numeral tercero de la sentencia apelada1 y confirmó en lo

1 Sentencia del 22 de octubre de 2019, Juzgado Décimo Primero Administrativo del Circuito

Judicial de Cartagena. (Radicado: 13-001-33-33-011-2017-00134-00/01)
1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Gilberto Terán Fernández y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar,
Sala de decisión No. 003
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01167-01

demás la misma.

1.2 Pretensiones

En concreto, solicitaron lo siguiente:

PRIMERA: Ruego al señor juez de tutela amparar los derechos fundamentales
de mis clientes AL DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDAD, BUENA FE,
CONFIANZA LEGITIMA, AL ACCESO A LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA y en protección del principio constitucional de SEGURIDAD
JURIDICA, y en consecuencia, ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
BOLIVAR, a proferir nueva sentencia, en el proceso de radicado 13-001-33-
33-011-2017-00134-00, en la que se condene a la demandada en los mismos
términos dictados por el JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO DE
CARTAGENA2.

1.3 Hechos

Expusieron que el señor Gilberto Manuel Terán Fernández estuvo privado de
la libertad desde el día 24 de junio de 2008 hasta el 11 de diciembre de 2008
en cumplimiento de una orden de captura emitida por la Fiscalía 32
Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos e Internacional
Humanitario de Barranquilla por los delitos de « “[…] homicidio agravado en
persona protegida y utilización de medios métodos de guerra ilícitos […]».

Señalaron que la privación injusta de la libertad sufrida por el señor Terán
Fernández generó graves perjuicios económicos a su grupo familiar, toda vez
que él representaba su principal fuente de sustento. Como consecuencia de
dicha situación, sus familiares resultaron afectados tanto en el plano
económico como en el emocional.

Indicaron que, con fundamento en los hechos previamente expuestos,
promovieron la demanda del medio de control reparación directa identificada
con el radicado núm. 13001-33-33-011-2017-00134-00/01, dirigida contra la
Nación –Fiscalía General de la Nación, con el propósito de obtener la
indemnización de los perjuicios morales y materiales derivados de la privación
de la libertad sufrida por el señor Terán Fernández.

Señalaron que el Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de
Cartagena, mediante sentencia del 22 de octubre de 2019, accedió
parcialmente a las pretensiones formuladas en la demanda y condenó a la
parte demandada al pago de una indemnización por los perjuicios morales
ocasionados a los demandantes.

Manifestaron que la Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de
apelación y que el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión No.
003, mediante sentencia del 31 de agosto de 2023, modificó parcialmente la

2 Transcripción literal con posibles errores.

2

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Demandantes: Gilberto Terán Fernández y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar,
Sala de decisión No. 003
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decisión de primera instancia, reduciendo el monto de la condena impuesta.

1.4 Sustento de la vulneración

Subrayaron que la sentencia proferida por el tribunal vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la
administración de justicia, en conexidad con los principios de seguridad
jurídica, buena fe y confianza legítima.

Sostuvieron que en la sentencia se redujo los montos de las indemnizaciones
reconocidas a la víctima, a su madre y a sus dos hijas, al aplicar los criterios
cuantitativos establecidos por la sentencia de unificación del 29 de noviembre
de 20213, en lugar de los definidos en la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 2014 de la Sección Tercera del Consejo de Estado4.

Asimismo, precisaron que la decisión excluyó del reconocimiento
indemnizatorio tanto a la compañera permanente como a los hermanos de la
víctima, al considerar que, conforme a la nueva regla de unificación de 2021,
debía probarse su convivencia o estrecha relación y no podía presumirse el
daño moral sufrido por el cónyuge o compañero permanente ni por los
familiares en segundo grado de consanguinidad.

Consideró que tal postura desconocía las reglas establecidas en el precedente
de 2014, el cual debió ser aplicado por ser el vinculante para el momento en
que se presentó la demanda y que sí permitía aplicar dicha presunción.

Afirmaron que el actuar del tribunal vulneró su derecho de defensa, así
como los principios de buena fe, confianza legítima y seguridad jurídica,
especialmente si se considera que, al momento de la práctica probatoria en
primera instancia, regía la presunción del daño moral respecto de los
mencionados familiares conforme a las reglas jurisprudenciales vigentes.

1.5 Trámite de la acción de tutela en primera instancia

Mediante auto del 26 de marzo de 2025, el magistrado ponente de la primera
instancia admitió la solicitud de amparo y dispuso tener como accionado al
Tribunal Administrativo de Bolívar.

Igualmente, ordenó vincular como terceros con interés en el resultado del
proceso a la Nación - Fiscalía General de la Nación y al Juzgado Once
Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena.

El 22 de abril de 2025, el Consejero de Estado Oswaldo Giraldo López,
presentó manifestación de impedimento dentro del proceso de referencia, sin
embargo, mediante auto del 24 de abril siguiente, la respectiva Sección

3 Radicado 18001-23-31-000-2006-00178-01 (46681)
4 Radicado 13001-33-33-011-2017-00134-00

3

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Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar,
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declaró infundado dicho impedimento5.

Efectuadas las notificaciones respectivas6, se presentó la siguiente:

1.6. Intervención

Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la Nación7

Indicó que, en relación con la pretensión de los accionantes dirigida a que se
ordene al Tribunal Administrativo de Bolívar proferir una nueva sentencia
dentro del proceso radicado núm. 13-001-33-33-011-2017-00134-00, en la que
se condene a la parte demandada en los mismos términos establecidos por el
Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena, la Fiscalía
General de la Nación carece de legitimación en la causa por pasiva.

Señaló que la presente acción de tutela se interpone con el propósito de
conjurar la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, respecto de la cual no está
habilitada para emitir pronunciamiento alguno.

En este contexto, advirtió la inexistencia de un nexo causal entre las
actuaciones de dicha entidad y la supuesta afectación de los derechos
fundamentales invocados por los accionantes, derivada de las decisiones
adoptadas por la autoridad judicial cuestionada en el escrito de tutela. Lo
anterior, conforme a lo previsto en el artículo 13 del Decreto 2591 de 19918.

En relación con los derechos en conflicto, señaló que la Fiscalía General de la
Nación no ha realizado ni omitido actuación alguna que haya contribuido a la
presunta vulneración, ni se encuentra en capacidad de adoptar medidas que
permitan cesar dicha afectación o reforzar la protección solicitada por la parte
accionante.

Por las razones anteriormente expuestas, solicitó que se declare su falta de
legitimación en la causa por pasiva.

1.7. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Primera, en sentencia del 15 de mayo de 2025,

5 Actuaciones 18 y 21 de Samai Radicado 11001-03-15-000-2025-01167-00.
6 Mediante comunicaciones del 31 de marzo de 2025 a los correos electrónicos de la
accionante, de las accionadas y del tercero con interés. Índice 14 primera instancia. Samai
7 Actuación 16 de Samai, Radicado 11001-03-15-000-2025-01167-00 .
8 Artículo 13 del Decreto 2591 de 1991. «Personas contra quien se dirige la acción e

intervinientes. La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado
en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización
o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida
en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida
contra el superior. Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir
en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere
hecho la solicitud».
4

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Demandantes: Gilberto Terán Fernández y otros
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Sala de decisión No. 003
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01167-01

declaró la improcedencia de la acción de tutela impetrada por los accionantes
por considerar que esta carecía de relevancia constitucional.

Indicó que, previo a abordar la definición del problema jurídico objeto de
resolución, resultaba necesario pronunciarse sobre la solicitud de
desvinculación procesal presentada por la Nación – Fiscalía General de la
Nación.

En tal sentido, estimó que dicha entidad actuó como parte demandada en el
medio de control de reparación directa que dio origen a la presente acción de
tutela, motivo por el cual le asistía un interés jurídico suficiente para ser
vinculada al trámite constitucional, por lo que denegó la solicitud de
desvinculación procesal elevada.

Expuso que, de conformidad con la jurisprudencia establecida por la Sala
Plena del Consejo de Estado, la relevancia constitucional en el marco de una
acción de tutela exige la concurrencia de dos elementos: (i) que del contenido
argumentativo expuesto por el accionante pueda inferirse una presunta
vulneración de derechos fundamentales, y (ii) que el debate planteado en sede
constitucional no se circunscriba a una simple inconformidad respecto de la
legalidad de la decisión judicial cuestionada, ni a aspectos de valoración
probatoria o apreciación judicial que no comprometan la afectación de
derechos fundamentales.

Observó que, en el presente caso, la parte accionante alegó la vulneración de
sus derechos fundamentales por parte de la autoridad judicial accionada, en
los siguientes términos: (i) por no haber valorado que, a través de la
declaración juramentada de Gilberto Terán Fernández y el testimonio de René
Enrique Arrieta Pérez, se encontraba acreditada la calidad de compañera
permanente de la señora Sandra del Rosario Núñez Herrera; y (ii) por haber
aplicado las reglas de unificación establecidas en la sentencia de 29 de
noviembre de 2021 del Consejo de Estado.

Concluyó que, a partir de los argumentos expuestos por la parte accionante,
no se satisfacía el requisito general de relevancia constitucional, toda vez que
el escrito de tutela carece de una carga argumentativa suficiente, al no
desarrollar de manera concreta y fundamentada los presuntos defectos en los
que habría incurrido la decisión judicial objeto de reproche.

Adicionó que la insuficiencia argumentativa advertida no podía ser suplida por
el juez constitucional, habida cuenta de que la presente acción de tutela se
dirige contra una providencia judicial que ha adquirido firmeza y ha hecho
tránsito a cosa juzgada, por lo que resulta exigible la formulación de una carga
argumentativa mínima que permita habilitar el examen de fondo del caso en
sede de tutela.

Adicionalmente, precisó que el debate sometido a consideración en esta sede
constitucional ya había sido objeto de análisis por parte de la jurisdicción
contencioso administrativa, por lo que no se evidenciaba que la decisión
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proferida por dicha autoridad hubiera sido arbitraria, ni que en el curso del
proceso se hubiesen vulnerado los derechos fundamentales invocados por la
parte accionante.

Por lo anterior, declaró la improcedencia de la acción por no cumplir el requisito
de relevancia constitucional.

1.8. Impugnación

En el escrito de impugnación presentado el 23 de mayo de 20259, la parte
actora expuso los siguientes fundamentos fácticos, legales y jurisprudenciales:

Adujó que la relevancia constitucional fue planteada a lo largo del escrito de
tutela, desde la exposición de los hechos hasta el desarrollo del concepto de
violación de derechos fundamentales, por lo que los derechos invocados
fueron vulnerados de forma abrupta y arbitraria, dado que el Tribunal
Administrativo de Bolívar aplicó reglas de unificación jurisprudencial
posteriores a la presentación de la demanda, a la práctica de las pruebas y a
la emisión del fallo de primera instancia.

Realizó una diferenciación entre las reglas de unificación jurisprudencial
establecidas por el Consejo de Estado en las sentencias del 28 de agosto de
2014 y del 29 de noviembre de 2021, destacando las variaciones sustanciales
en los criterios aplicables para la presunción del daño moral y la acreditación
del vínculo afectivo entre la víctima y sus familiares.

Argumentó que la demanda presentada en ejercicio del medio de control de
reparación directa era del año 2017 y que, al momento de su radicación, del
decreto y práctica de pruebas, así como del fallo de primera instancia del 22
de octubre de 2019, se encontraba vigente la regla de unificación
jurisprudencial establecida por el Consejo de Estado en sentencia del 28 de
agosto de 2014, acorde a dicha regla, se presumía el perjuicio moral respecto
de los cónyuges o compañeros permanentes y de los familiares hasta el
segundo grado de consanguinidad, como en el caso de los hermanos.

Sostuvo que no le era exigible a la parte accionante acreditar la existencia de
una relación afectiva estrecha entre la víctima y sus hermanos, puesto que
dicha presunción se encontraba amparada por el precedente vigente al
momento de la práctica probatoria.

Precisó que, si bien la sentencia de unificación jurisprudencial proferida por el
Consejo de Estado el 29 de noviembre de 2021 eliminó la presunción del
perjuicio moral respecto de los cónyuges o compañeros permanentes y de los
familiares en segundo grado de consanguinidad, ello no facultaba al tribunal
para aplicar dicha providencia de manera directa en el presente proceso.

9 El escrito fue presentado oportunamente, ya que el envío de la notificación del fallo fue

efectuado el 23 de mayo siguiente y la impugnación se radicó ese mismo día.
6

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Demandantes: Gilberto Terán Fernández y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar,
Sala de decisión No. 003
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01167-01

Indicó que el actuar del juzgador vulneró su derecho de defensa, así como los
principios de buena fe, confianza legítima y seguridad jurídica, al aplicar reglas
jurisprudenciales posteriores a la etapa de práctica probatoria en primera
instancia, pues en ese momento se encontraba vigente el precedente que
presumía el daño moral respecto de los familiares mencionados, por lo que
existía una expectativa legítima sobre la suficiencia probatoria conforme a las
reglas entonces aplicables.

En relación con la exclusión de la señora Sandra Núñez como compañera
permanente de la víctima, sostuvo que el órgano judicial omitió valorar las
pruebas que acreditaban la convivencia entre ambos, y añadió que dichas
pruebas no fueron controvertidas, desconocidas ni tachadas de falsas por la
Fiscalía General de la Nación dentro del trámite del proceso contencioso
administrativo.

Aunado a lo anterior, aseguró que los montos indemnizatorios reconocidos en
la sentencia de primera instancia no fueron objeto de cuestionamiento por
parte de la entidad demandada en su recurso, como tampoco lo fue la relación
afectiva entre la víctima y su compañera permanente ni el vínculo con sus
hermanos, por lo que el Tribunal Administrativo de Bolívar excedió el ámbito
de su competencia al pronunciarse sobre aspectos no recurridos, incurriendo
en una extralimitación que vulnera el principio de congruencia procesal.

Por lo anterior, solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia y se
conceda el amparo de sus garantías fundamentales.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1 Competencia

Esta Sección es competente para conocer la impugnación presentada por la
parte accionante en contra de la providencia del 15 de mayo de 2025, proferida
por el Consejo de Estado, Sección Primera, de conformidad con lo establecido
en el artículo 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991,
en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como
en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si hay lugar a confirmar, revocar o modificar
el fallo adoptado en primera instancia, que declaró la improcedencia de la
acción de tutela instaurada por los accionantes contra el Tribunal
Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión No. 003, por considerar que esta
carecía de relevancia constitucional.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio
de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales; ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad –
relevancia constitucional; y finalmente, de encontrarse superado se analizará,
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Demandantes: Gilberto Terán Fernández y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar,
Sala de decisión No. 003
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01167-01

iii) el caso concreto.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
201210, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema11.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección,
decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte
resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción contra providencias
judiciales12.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese
estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados
hasta el momento jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201413, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia
judicial.

2.4. Del requisito de relevancia constitucional

La Corte Constitucional en la sentencia SU 215 de 2022, en cuanto a la
procedencia de la acción constitucional de cara a este requisito, indicó:

40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales. Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe
analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra

10 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN

DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada
Ponente: María Elizabeth García González.
11 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena

antes reseñada.
12 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela

contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta
providencia.
13 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto

de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica.
actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. (…) (Énfasis
de la Sala)

La Sala en sentencia del 29 de septiembre de 202214, modificó la postura que
tenía hasta ese momento sobre el estudio del requisito de relevancia
constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace evidente
que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que se
pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional.

De esta manera, la Sala planteó que el estudio de la relevancia constitucional
debía estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte
Constitucional y acogidos por esta Corporación, que en concreto se refieren a:

i) Que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que simplemente se aduzca la vulneración de
aquellos;

ii) Que la acción de amparo no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo solo está instituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por
ende, no debe ser un debate exclusivamente legal; y

iii) Que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y el mecanismo constitucional
no puede convertirse en una tercera instancia.

Finalmente, se precisa que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales expedidas por una alta corte debe ser examinada con
especial rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia
atacada se presenta una afectación desproporcionada a un derecho
fundamental producto de una actuación arbitraria.

Así, este requisito no se traduce en la demostración efectiva de la vulneración
de los derechos fundamentales, sino en que se aporten elementos suficientes
que permitan advertir tal situación a primera vista, especialmente cuando se
ejerce este mecanismo constitucional contra una sentencia de un órgano de
cierre15.

Bajo las anteriores consideraciones, se desarrollará el caso en particular.

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del

29 de septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas
Gil.
15 Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.

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2.5. Caso concreto

La parte actora controvirtió la sentencia del 15 de mayo de 2025, proferida por
la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró
improcedente la acción de tutela interpuesta contra la providencia del 31 de
agosto de 2023 del Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión No.
003, al considerar que no se cumplía con el requisito de relevancia
constitucional exigido para su procedencia.

La entidad accionada efectuó un análisis sobre la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, examinando los requisitos generales y
especiales de procedibilidad. Como resultado, concluyó que en el caso
concreto tales exigencias no se encontraban acreditadas, razón por la cual la
acción carecía de relevancia constitucional.

Señaló que, conforme a la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, el requisito de relevancia constitucional exige la concurrencia de dos
elementos: (i) que, a partir de la carga argumentativa desarrollada por el
accionante, pueda inferirse una presunta vulneración de derechos
fundamentales, y (ii) que el debate planteado en sede de tutela no se limite a
cuestionamientos sobre la mera legalidad de la providencia judicial impugnada
ni sobre aspectos de apreciación judicial que no comprometan la afectación
de derechos fundamentales.

Con fundamento en lo anterior, el a quo concluyó que los argumentos
presentados para sustentar la acción de tutela no satisfacen el requisito
general de relevancia constitucional, toda vez que en el escrito de amparo no
se desarrolló de manera suficiente la carga argumentativa orientada a
demostrar la configuración de los defectos alegados.

Adicionalmente, evidenció que el debate propuesto por los accionantes fue
objeto de análisis por parte de la jurisdicción contencioso administrativa, sin
que de dicho estudio se desprendiera la existencia de un desconocimiento de
los derechos fundamentales cuya vulneración se alegaba en sede de tutela.

En el caso bajo análisis, esta Sala observa que la parte actora recurre a los
mismos argumentos tanto en el escrito de tutela como en el de impugnación,
aunque en este último desarrolla con mayor amplitud lo que considera la base
de la presunta vulneración de sus derechos fundamentales.

De la lectura de los documentos allegados se desprende que ambos coinciden
en afirmar que el tribunal aplicó las reglas de unificación establecidas por esta
Corporación en la sentencia del 29 de noviembre de 2021.

Asimismo, reiteran el desconocimiento de las pruebas que acreditaban la
convivencia entre el señor Terán Fernández y la señora Sandra Núñez
(compañera permanente).

Adicionalmente, señalan que el órgano juzgador se extralimitó en su decisión,
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Demandantes: Gilberto Terán Fernández y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar,
Sala de decisión No. 003
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01167-01

al incluir montos indemnizatorios y aspectos relativos a la relación íntima de la
compañera permanente y de los hermanos, los cuales no fueron objeto de
apelación por parte de la demandada, esto es, la Fiscalía General de la Nación.

En consecuencia, los accionantes no plantean una discusión sustantiva que
permita justificar, de manera razonable, la existencia de una afectación
desproporcionada a los derechos fundamentales que afirman haber sido
vulnerados.

Así las cosas, se advierte que la parte demandante pretende instrumentalizar
la acción constitucional como medio para reabrir cuestiones ya debatidas y
decididas, al tiempo que busca que, mediante la revocatoria de la sentencia
de primera instancia, se restablezcan los montos indemnizatorios inicialmente
reconocidos.

Por las razones expuestas, la Sala confirmará la improcedencia de la acción
de tutela, toda vez que el reclamo objeto de análisis (i) carece de relevancia
constitucional, al versar sobre aspectos de naturaleza eminentemente
económica y legal, y (ii) porque no plantea una tensión entre derechos
fundamentales que, frente a lo decidido por el tribunal demandado, justifique
la intervención del juez constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: Confírmase la sentencia del 15 de mayo de 2025, dictada por la
Sección Primera, del Consejo de Estado.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
Aclara voto

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

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Demandantes: Gilberto Terán Fernández y otros
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Sala de decisión No. 003
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01167-01

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx”

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