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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01178-00

Fecha
7 de abril de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01178-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por el Instituto de Desarrollo Urbano, por las razones contenidas en esta sentencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por Estyma Estudios y Manejos SA y JMV Ingenieros SAS en contra de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 27 Corte Constitucional, sentencia T-016 de 2019. 12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-01178-00 Accionantes: Estyma Estudios y Manejos SA y JMV Ingenieros SAS Accionado: Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-01178-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

7 de abril de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01178-00
Accionantes: Estyma Estudios y Manejos SA y JMV Ingenieros SAS
Accionado: Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., siete (7) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01178-00
Accionantes: Estyma Estudios y Manejos SA y JMV Ingenieros SAS
Accionado: Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de
controversias contractuales. Subtema 2: liquidación de perjuicios. Subtema 3:
valoración de pruebas periciales y testimoniales. Subtema 4: defectos fáctico y
sustantivo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
solicitud interpuesta por Estyma Estudios y Manejos SA y JMV Ingenieros SAS en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Estyma Estudios y Manejos SA y JMV Ingenieros SAS, en su condición de integrantes
del Consorcio Avenida Usminia 003, presentaron escrito de tutela con la pretensión de
que se amparen de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, los cuales consideraron vulnerados por la Subsección C de
la Sección Tercera del Consejo de Estado con ocasión de la sentencia de segunda
instancia proferida el 23 de agosto de 2024, dentro del proceso con radicado núm.
25000-23-36-000-2015-02330-01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y demás elementos aportados por las partes en el
trámite constitucional, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

2. El Consorcio Avenida Usminia 003 1 radicó demanda en ejercicio del medio de
control de controversias contractuales, en contra de Metrovivienda 2 con las
pretensiones de que, en términos generales, se declarara que en la ejecución y
liquidación del contrato CDTO-215-09 suscrito entre las partes se presentó un
1 Consorcio integrado por las sociedades Estyma Estudios y Manejos SA y JMV Ingenieros SAS.
2 Posteriormente, actuó como sucesora procesal de Metrovivienda la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano

de Bogotá.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01178-00
Accionantes: Estyma Estudios y Manejos SA y JMV Ingenieros SAS
Accionado: Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado

desequilibrio económico en contra del consorcio contratista por causas no imputables
a este sino a la mencionada entidad, el cual no ha sido solucionado ni cubierto por la
contratante.

3. Entre muchas otras pretensiones, pidió que se declarara que Metrovivienda actuó
de mala fe, con abuso de la posición dominante; que desconoció los principios básicos
de la contratación y los derechos del contratista al retener ilegalmente dineros; que
sufrió un perjuicio económico como consecuencia de la ruptura del equilibrio
económico no menor de 1 297 722 904 pesos; y que se debía reconocer y pagar a su
favor la totalidad de sumas que «generaron» dicha ruptura, que estimó en no menos
de 2 386 226 788 pesos.

4. Además, solicitó que se declarara que Metrovivienda incumplió el contrato CDTO-
215-09 y omitió sus deberes establecidos en la Ley 80 de 1993 y en el artículo 83 de
la Constitución Política, motivo por el que pidió el pago de cualquier daño o perjuicio
que hubiera sufrido y quedara probado dentro del proceso.

5. Fundamentó sus pretensiones del medio de controversias contractuales, en los
siguientes argumentos 3:

2.1.1. Como fundamento de hecho de las anteriores pretensiones, el demandante
relató básicamente que, tras el agotamiento del correspondiente procedimiento
licitatorio, el 16 de diciembre de 2009, Metrovivienda y el Consorcio celebraron el
Contrato CDT 215-09, cuyo objeto fue la construcción de las obras de urbanismo de la
“Avenida Usminia”. Que el plazo de ejecución fue estipulado de veintiún (21) meses,
pero, durante su ejecución se convinieron suspensiones y prórrogas, que ampliaron la
etapa de preconstrucción, por inconsistencias técnicas en los estudios, planos y diseños
entregados por la entidad contratante, que fueron advertidas por el Consorcio. Al margen
de lo anterior, el contrato fue suspendido para que las empresas de servicios públicos
distritales aprobaran las modificaciones y ajustes hechas a los diseños. Posteriormente,
ya en la etapa de construcción, las ampliaciones del plazo estuvieron relacionadas con
el incremento de obras y la obtención de permisos ante autoridades ambientales. Por
último, que, en la fase de entrega de obras, las entidades de servicios públicos y el
Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) se negaron a recibir las obras 4.

6. El asunto correspondió conocerlo, bajo el radicado núm. 25000-23-36-000-2015-
02330-00, a la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que, en sentencia del 7 de diciembre de 2017, negó las pretensiones
de la demanda sobre el desequilibrio económico y el incumplimiento contractual. Esta
decisión fue apelada por la parte convocante.

7. En sentencia de segunda instancia del 23 de agosto de 2024 5, la Subsección C de
la Sección Tercera del Consejo de Estado confirmó el fallo del a quo. Desestimó las
pretensiones respecto del desequilibrio económico por mayor permanencia en la obra
que el consorcio imputó a Metrovivienda por inconsistencias técnicas en los estudios,
planos y diseños, porque el contratista era el responsable de dichos insumos técnicos.

3 Ver sentencia del 23 de agosto de 2024 emitida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado,

página 6.
4 Se transcribe incluso con errores de texto.
5 Samai, exp. núm. 25000-23-36-000-2015-02330-01, índice 32, certificado 0B4338AED93B1520
17BF857E89ACDEFC 77D337DE29BD8441 F66FE021720FC196.

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8. Por otra parte, luego de analizar las cláusulas del convenio CDTO-215-09 y el
pliego de condiciones, el alto tribunal encontró que Metrovivienda incurrió en un abuso
de su posición dominante al excluir de su responsabilidad asuntos que, por disposición
legal, le correspondían al contratante por la calidad de los estudios y diseños. En
consecuencia, tuvo por no escritas dichas salvedades de responsabilidad contractual
y procedió al estudio del restablecimiento económico del contrato. Al respecto, indicó
lo siguiente:

Resulta claro así que Metrovivienda no contó con los estudios y diseños que hacían
viable el proyecto que se proponía realizar a través del Contrato CDTO 215-09, conforme
a los términos que previó en el pliego de condiciones, lo cual se opone al artículo 25.12
de la Ley 80 de 1993. No obstante, estas falencias del ente contratante no generaron un
perjuicio para el contratista en esta fase de preconstrucción, pues al prorrogarla,
Metrovivienda asumió el pago de los sobrecostos ocasionados mediante actas de
mayores y menores cantidades de obra.
[…] Por ende, ante la ineficacia de la exclusión de responsabilidad por los diseños, la
imputación de la responsabilidad por los perjuicios ocasionados con las falencias en los
diseños depende así de la diligencia con que cada una de las partes haya desempeñado
su labor de elaboración, revisión y ajuste, de acuerdo con los artículos 50 y 52 de la Ley
80 de 1993, y los artículos 1602 a 1604 del Código Civil6.

9. Respecto de los perjuicios, la Subsección C de la Sección Tercera de esta
corporación concluyó que los peritajes en ingeniería civil y en contabilidad presentaron
falencias, de manera que no permitieron al Consorcio cumplir con la carga de probar
que las circunstancias que desencadenaron una mayor permanencia en obra fueran
atribuibles al ente demandado, y de acreditar que se generaron sobrecostos
administrativos o por el stand by de maquinaria que no fueron cubiertos con el precio
pagado.

10. Sobre el cargo de la ejecución de actividades ambientales imprevistas para el
consorcio, consideró que se trató de un desacierto en la modalidad de pago y en los
ítems pactados, pues solo procedía el pago del volumen de ítems con precios unitarios
ejecutados, y que el reconocimiento de las labores adicionales requería la suscripción
de un convenio modificatorio por las partes contratantes, como lo ha reiterado la
jurisprudencia administrativa. Por lo tanto, expuso que, como la imprevisión es
imputable al contratista, no había lugar a declarar el desequilibrio económico.

11. Por último, indicó que la retención de pagos que reprochó el demandante fue el
resultado del incumplimiento de sus obligaciones como contratista, en la medida en
que no entregó las obras a las empresas de servicios públicos domiciliarios ni al IDU,
y tampoco consiguió la aprobación de los planos récord por aquellas entidades.
Aseguró que, la «ejecución de estas prestaciones contractuales incumplidas termin ó
siendo asumidas por la entidad contratante, como consta en el acta de liquidación
bilateral125 y lo aceptó el mismo Consorcio Avenida Usminia 003, después de la firma
del acuerdo parcial de liquidación».

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

12. Estyma Estudios y Manejos SA y JMV Ingenieros SAS, en su condición de
integrantes del Consorcio Avenida Usminia 003, solicitaron en el escrito de tutela como

6 Se transcribe incluso con errores de texto.

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Accionantes: Estyma Estudios y Manejos SA y JMV Ingenieros SAS
Accionado: Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado

consecuencia de la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y
al acceso a la administración de justicia, las siguientes pretensiones:

4.2. DÉJASE SIN EFECTO la providencia proferida por el Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C el veintitrés (23) de
agosto de dos mil veinticuatro (2024), por ser violatoria del derecho fundamental al
debido proceso de los accionantes.
4.3. ORDÉNESE al Consejo de Estado, que en el término de sesenta (60) días, contados
a partir de la notificación de la sentencia de tutela, profiera una nueva decisión sobre las
pretensiones del proceso No. 25000-23-36-000-2015-02330-01, en la cual corrija los
defectos fácticos y materiales violatorios de los derechos fundamentales del accionante.

13. Como fundamento de sus pretensiones, la parte tutelante sostuvo que la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en un defecto
sustantivo, puesto que, de manera ilegal y arbitraria, estableció unos requisitos no
contenidos en la ley para establecer la validez del dictamen pericial contable, por
cuanto los artículos 226, 227 y 232 de la Ley 1564 de 2012 ( CGP), y 219 de la Ley 1437
de 2011 (CPACA), no exigen que el perito tenga estudios de postgrado, publicaciones
en el campo de la experticia o dictámenes previos para que pueda rendir su concepto.

14. Agregó que es falso que la perita no revisó los soportes contables ni la contabilidad
de los demandantes, pues esta: i) expuso sus conocimientos necesarios, idóneos y su
experiencia para rendir el dictamen; ii) certificó que los soportes contables fueron
adjuntados en copia y verificados personalmente, y que su concepto estaría
fundamentado y cuantificado en la contabilidad, los registros contables y soportes
físicos; y iii) sustentó en audiencia de pruebas sus conclusiones y se pronunció sobre
la objeción por error grave.

15. También afirmó que se configuró un defecto fáctico en la sentencia controvertida,
pues la autoridad accionada no valoró el dictamen de ingeniería civil porque el perito
hizo pronunciamientos en derecho y no fue objetivo. Adujo que no eran ciertas ni
legales las anteriores consideraciones, al tener en cuenta que la ingeniera manifestó
en reiteradas oportunidades que su concepto contenía exclusivamente su opinión
desde el punto de vista técnico, por lo cual se inaplicó el artículo 232 del CGP.

16. Por otra parte, indicó que se configuró un defecto fáctico porque la Subsección C
accionada no valoró las pruebas documentales y testimoniales aportadas al
expediente ordinario, para lo cual mencionó las siguientes: i) contrato de obra CDTO-
215-09; ii) soportes contables por mayor permanencia en obra; iii) concepto técnico
contable para la reclamación del desequilibrio económico; iv) la declaración de la
ingeniera Azucena Mosquera, directora de obra del consorcio, de Sandra Milena
Hurtado Montenegro, residente de obra, y del ingeniero Diego Mosquera Matiz, director
de construcción del consorcio. Al respecto, consideró lo siguiente:

Considerando esto, el fallador de instancia transgrede los derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia de los accionantes, al inaplicar
las normas procesales y probatorias dispuestas en los artículos 187 del CPACA, 164 y
280 del CGP, y 55 de la Ley Estatutaria de Justicia, las cuales están relacionadas al
deber del Juez de motivar la sentencia en el examen crítico de las pruebas, toda vez que
el fallador de instancia no realizó ninguna mención ni valoración de las pruebas
documentales y testimoniales, conllevando ello la omisión de su deber de valoración de

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dichas pruebas, las cuales son determinantes para probar los hechos presentados en la
demanda del proceso y tiene relación directa con el desequilibrio económico reclamado.

17. Por último, los tutelantes manifestaron que se configuró un defecto sustantivo toda
vez que la sentencia reprochada incurrió en incongruencia entre las partes
considerativa y resolutiva. Argumentaron que la autoridad accionada negó todas las
pretensiones de la demanda de controversias contractuales, pese a que encontró
probado que Metrovivienda abusó de la posición dominante durante la ejecución del
contrato y desconoció los principios de la contratación estatal.

2.3. Trámite procesal

18. El despacho ponente, mediante auto del 6 de marzo de 20257, admitió la solicitud
de amparo; vinculó, como terceros con interés, a la Subsección A de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a Metrovivienda y a los demás
demandantes, demandados y terceros vinculados dentro del proceso con radicado
núm. 25000-23-36-000-2015-02330-00/01; requirió, en medio digital, el expediente
ordinario; tuvo como pruebas los documentos aportados con la demanda de tutela; y
ordenó las notificaciones de rigor.

2.4. Intervenciones

19. La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá 8 se opuso a las
pretensiones de la tutela y aseguró que no están satisfechos los requisitos de
procedibilidad. Afirmó que la solicitud de amparo no tiene relevancia constitucional y
que la autoridad accionada realizó una valoración de los dictámenes periciales
aportados al expediente ordinario, de manera que la sentencia reprochada estuvo
sustentada debidamente.

20. Indicó que no se cumplió con el requisito de subsidiariedad porque la tutela busca
subsanar la falta de solidez, exhaustividad, precisión y claridad de los dictámenes
periciales. Agregó que tampoco se acreditó la configuración de los defectos fáctico y
sustantivo, para lo cual citó apartes de la sentencia cuestionada. Solicitó que se
declare improcedente la tutela y se nieguen las pretensiones de amparo 9.

21. El Instituto de Desarrollo Urbano contestó que se abstenía de pronunciarse frente
a los hechos de la tutela, se opuso a las pretensiones de amparo y pidió su
desvinculación del trámite constitucional. Adujo que no se superó el requisito de
relevancia constitucional y que no se vulneraron derechos fundamentales de los
accionantes 10.

22. El Ministerio Público presentó memorial 11, por conducto de la «Procuraduría
Delegada de Intervención 7: Segunda ante el Consejo de Estado», en ejercicio de sus

7 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-01178-00, índice 5, certificado 488C10E0D572A28B
C1564FF71B024BA5 705CDA576C733337 622B547E210E7359.
8 Como sucesora de Metrovivienda.
9 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-01178-00, índice 11, certificado A640F701EF3A016F
C5FD106DC8FBA6CD 50B953FE7F426FE7 9911CE2AEA18D872.
10 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-01178-00, índice 17, certificado AA8D3467FF41636B
126337C9C9249B4D 4AE1748EADD28740 31F64B67DF7EBB34.
11 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-01178-00, índice 20, certificado 66C7C7C8BC2B4400
1640EB7283B3A2AC 8ADD59EAEA74E404 FA0D9EB9D1DC17E1.

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facultades constitucionales, legales y reglamentarias, especialmente, dirigidas a la
protección del patrimonio público. Consideró que la solicitud de amparo cumple con
todos los requisitos de la tutela contra providencia judicial, excepto frente al cargo de
incongruencia de la sentencia, que no supera la subsidiariedad dado que puede ser
discutido a través del recurso extraordinario de revisión.

23. Respecto de los cargos del defecto fáctico atinentes a las pruebas periciales
contable y de ingeniería civil, expresó que la autoridad accionada no incurrió en esta
causal, toda vez que el estudio que hizo de las pruebas se fundamentó en las
disposiciones del CGP y del CPACA que regulan la materia.

24. En particular, destacó que la sentencia objeto de reparos explicó que el dictamen
contable no computó los ingresos del consorcio por administración y por mayores
cantidades de obra, y que la perita-ingeniera civil hizo pronunciamientos sobre la
responsabilidad de las partes contratantes pese a que son puntos de derecho que
escapan de su competencia técnica.

25. Frente a los cargos del defecto fáctico concerniente a las pruebas documentales y
testimoniales, expresó que, si bien el fallo controvertido no hizo referencia específica
a estas pruebas, lo cierto es que los argumentos del juez evidencian un estudio
detallado del contrato, su ejecución y de los dictámenes periciales. Por último, solicitó
que se declare improcedente el amparo reclamado por los tutelantes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

26. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta en contra de la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado.

3.2. Legitimación en la causa

27. La legitimación en la causa por activa de Estyma Estudios y Manejos SA y JMV
Ingenieros SAS se encuentra acreditada, en su condición de integrantes del Consorcio
Avenida Usminia 003, por cuanto dicho consorcio fue la parte demandante dentro del
proceso de controversias contractuales que finalizó con la sentencia de segunda
instancia del 23 de agosto de 2024 objeto de tutela, y, por lo tanto, son titulares de los
derechos que consideraron fueron vulnerados.

28. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Subsección C
de la Sección Tercera del Consejo de Estado porque fue la autoridad que profirió la
sentencia del 23 de agosto de 2024 que, según afirmaron los tutelantes, vulneró sus
derechos fundamentales.

29. En cuanto a la solicitud de desvinculación formulada por el Instituto de Desarrollo
Urbano, no resulta procedente, en la medida en que su comparecencia al presente
asunto se hizo en calidad de tercero interesado y no como responsable de la alegada
afectación de garantías fundamentales.

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3.3. Problema jurídico

30. Al tener en cuenta los argumentos expuestos en las intervenciones dentro del
trámite de tutela, en particular, la del Ministerio Público, en primera medida le
corresponde a la Sala determinar si la solicitud de amparo supera el requisito de
subsidiariedad ante la existencia del recurso extraordinario de revisión como escenario
judicial idóneo para discutir la posible falta de congruencia del fallo del 23 de agosto
de 2024 objeto de reparos.

31. En caso positivo, se deberá verificar el cumplimiento de los demás requisitos
generales y, si a ello hay lugar, establecer si la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia de Estyma Estudios y Manejos SA y JMV
Ingenieros SAS.

32. De manera concreta, se tendrá que analizar si la autoridad accionada incurrió en
los defectos fáctico y sustantivo en la sentencia del 23 de agosto de 2024, proferida
dentro del proceso de controversias contractuales con radicado núm. 25000-23-36-
000-2015-02330-01.

3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

33. Reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado 12 y de la Corte Constitucional ha
destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de
evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo
constitucional 13.

34.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial.
iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte un
derecho fundamental.
v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

35. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del recurso de
amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible
una providencia judicial con los mandatos constitucionales 14 y, por lo tanto, constituyen
fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En otras palabras, estos
requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la

12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente

núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
13 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
14 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.

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decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la
salvaguarda de los derechos fundamentales.

36. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución 15.

3.5. Análisis del requisito de subsidiariedad

37. En el asunto bajo estudio, Estyma Estudios y Manejos SA y JMV Ingenieros SAS
presentó escrito de tutela en contra de la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, pues consideró que la sentencia del 23 de agosto de 2024 incurrió
en los defectos fáctico y sustantivo. Frente al primero, afirmó que la autoridad
accionada no valoró debidamente el peritaje de la ingeniera civil, el peritaje contable,
los documentos aportados y los testimonios practicados dentro del proceso
contractual.

38. Respecto del defecto sustantivo, consideró que el fallo objeto de reparos incurrió
en incongruencia entre las partes considerativa y resolutiva, en la medida en que la
Subsección accionada reconoció que Metrovivienda abusó de su posición dominante
durante la ejecución del contrato CDTO-215-09, pero negó todas las pretensiones
formuladas en la demanda contractual.

39. Sobre este punto, el requisito de subsidiariedad presupone, en los términos del
artículo 86 constitucional y 6 del Decreto 2591 de 1991 16, que el juez constitucional,
por un lado, verifique que el accionante no cuente con otros mecanismos judiciales de
protección de sus derechos fundamentales; y, por otro lado, que valore si dichos
mecanismos resultan idóneos y eficaces para garantizar de forma oportuna el amparo
solicitado, de acuerdo con las particularidades de cada caso 17.

40. Así pues, en el evento de que existan otros medios de defensa judicial pero que
estos no sean idóneos o eficaces, procede la tutela como mecanismo de protección
de derechos fundamentales, así como en los eventos en que se configura un perjuicio
irremediable, el cual debe ser inminente y grave, y sus medidas de protección
impostergables 18.

41. Cuando se trata de una tutela interpuesta en contra de providencia judicial, la Corte
Constitucional ha indicado que los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios
constituyen vías legítimas de defensa y reconocimiento de los derechos
fundamentales 19. De manera específica, el alto tribunal expresó lo siguiente:

15 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
16 Artículo 6o. causales de improcedencia de la tutela:

«La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
[…]».
17 Corte Constitucional, sentencia T-397 de 2017.
18 Corte Constitucional, sentencia T-471 de 2017.
19 Corte Constitucional, sentencia T-373 de 2021.

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La acción de tutela no fue diseñada para desplazar a los jueces del ejercicio de sus
competencias naturales, motivo por el cual, en principio, no es procedente acudir ante
un juez para impugnar las decisiones judiciales si previamente no se han empleado los
medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial. El agotamiento de estas
herramientas constituye, entonces, un requisito indispensable para que el juez de tutela
pueda entrar a estudiar la vulneración invocada por el accionante.

42. A partir de lo anterior, es preciso indicar que, de acuerdo con el artículo 248 20 del
CPACA, el recurso extraordinario de revisión procede en contra de los fallos dictados,
entre otras autoridades, por las secciones y subsecciones del Consejo de Estado; y
que el artículo 250 21 ibidem prevé como causal del recurso, en su numeral 5, la nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no es susceptible de apelación,
la cual puede ser invocada dentro del año siguiente a la ejecutoria de la providencia
controvertida.

43. En relación con la mencionada causal, la Sala Quince Especial de Decisión de
esta corporación ha sido enfática en establecer que el vicio alegado como nulidad, por
un lado, se debió configurar en el momento en que se profirió la sentencia, y, por otro
lado, debió ser el resultado del desconocimiento grave e insanable de alguna ritualidad
sustancial 22. Además, la Sala Catorce Especial de Decisión indicó 23 que esta causal
ocurre en los siguientes eventos:

[…] la carencia absoluta de motivación de la sentencia, la violación al principio de la non
reformatio in pejus, la prueba obtenida con violación del debido proceso, la expedición
de una sentencia condenatoria contra un tercero que no estuvo vinculado en el proceso,
la falta de congruencia, la falta de votos necesarios para la aprobación de una
sentencia y la expedición de un fallo inhibitorio injustificado [Negrilla fuera de texto].

44. Sobre el particular, la Sala Veintidós Especial de Decisión 24 de esta corporación,
con fundamento en la jurisprudencia de la Sala Plena de la corporación expuso que la
incongruencia interna o externa de la sentencia da lugar a la nulidad de la decisión por
violación al debido proceso. Al respecto indicó lo siguiente:

El artículo 250 del CPACA consagra en su numeral 5º, como causal de procedencia del
recurso extraordinario de revisión “existir nulidad originada en la sentencia que puso fin
al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.

[…] Dentro del contexto expuesto en el acápite anterior, la jurisprudencia de la Sala Plena
Contenciosa ha indicado que debe aceptarse que la causal 6ª del artículo 188 del C.C.A.,
hoy 5 del artículo 250 del CPACA, por nulidad originada en la sentencia, se configura,
entre otras razones, cuando al demandado se le condena por cantidad superior, o por

20 Artículo 248. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas

dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por
los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos.
21 Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son

causales de revisión:
[…]
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Quince Especial de Decisión, sentencia

del 7 de abril de 2015, radicado núm. 2013-02724-00.
23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión, sentencia

del 13 de octubre de 2020, radicado núm. 11001-03-15-000-2019-00119-00.
24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia

de 5 de abril de 2024, radicado núm. 11001-03-15-000-2023-04705-00.

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objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente a la invocada en la
misma.

[…] En el primer caso, se trata de la congruencia externa de la sentencia. Se puede
identificar porque en líneas generales es lo que preceptuaba el artículo 170 del C.C.A.,
y las normas del procesal civil, según los cuales el fallo debe estar en armonía con lo
pedido y alegado tanto por la parte demandante como por la parte demandada. Y, en el
segundo evento, corresponde a la congruencia interna, que es la coherencia que ha de
existir entre lo dispuesto en la parte resolutiva y lo argüido en la parte motiva de la
providencia. […]

En este orden de ideas, esta Sala Especial advierte, conforme a lo expuesto, que la
causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA -antes 6 del
artículo 188 del C.C.A.-, es decir, nulidad originada en la sentencia, se puede configurar
cuando el fallo objeto de revisión ha desatendido la congruencia interna y/o la externa,
pues, en uno y otro caso, el fallador incurre en una clara violación del debido proceso,
artículo 29 constitucional, dado que la providencia proferida en esos términos resulta
contraria a las formas propias de cada juicio, en específico, la falta de competencia del
juez para abordar asuntos frente a los cuales no se podía pronunciar […] 25.

45. En línea con lo expuesto, la Corte Constitucional ha indicado que el recurso
extraordinario de revisión en materia contencioso-administrativa es un medio de
defensa idóneo y eficaz cuando la vulneración del derecho al debido proceso tiene
origen en un fallo judicial que se encuentra ejecutoriado.

46. Adicionalmente, la Corte refirió que la acción de tutela podrá desplazar este
mecanismo judicial siempre que (i) el derecho fundamental cuya protección se solicita
no sea susceptible de ser protegido de manera integral dentro del trámite del recurso;
y (ii) las causales de revisión no se encuadren dentro de los hechos denunciados por
el accionante. Al respecto, ese alto tribunal expuso lo siguiente:

El recurso de revisión constituye un mecanismo idóneo y eficaz de defensa judicial
dependiendo de la naturaleza de los derechos invocados por el peticionario, y la
cobertura brindada por las causales aplicables al proceso específico. Así, el recurso será
eficaz cuando a) la única violación alegada sea el derecho al debido proceso y,
eventualmente, la de otros derechos que no tienen carácter fundamental, o b) cuando el
derecho fundamental cuya protección se solicita sea susceptible de ser protegido de
manera integral dentro del trámite del recurso, porque concurren en él (i) causales de
revisión evidentemente dirigidas a salvaguardar dicho derecho, y (ii) en caso de
prosperar el recurso, decisiones que restauran de forma suficiente y oportuna el
derecho26.

47. En el caso bajo estudio, la Sala considera de suma importancia tener en cuenta
que, revisada la sentencia del 23 de agosto de 2024 objeto de reparos, se observó que
la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado reconoció el abuso de
la posición dominante de Metrovivienda «[…] al excluir la responsabilidad que, por
disposición legal, le corresponde al ente contratante por la calidad de los estudios y
diseños entregados […]». Por lo tanto, afirmó lo que se cita a continuación:

25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia

de 2 de febrero de 2016, radicado núm. 11001-03-15-000-2015-02342-00.
26 Corte Constitucional, Sentencia T-649 de 2011. Dicho criterio ha sido reiterado en las sentencias T-553 de 2012,

T-553 de 2012; T-713 de 2013, SU-263 de 2015, SU-210 de 2017 y recientemente en la SU-026 de 2021.

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En consecuencia, la exclusión de responsabilidad pactada en el Contrato CDTO 215-09
y el pliego de condiciones de la licitación pública núm. MV-LP-03-2009 se tendrá por no
escrita, conforme al artículo 24 ordinal 5º literal d) de la Ley 80 de 1993. Ante la ineficacia
de esta cláusula, procede el estudio del restablecimiento económico del Contrato CDTO
215-09 por las falencias en los diseños y estudios técnicos de las obras.

48. Con fundamento en lo anterior, la autoridad accionada analizó el desequilibrio
contractual derivado de las falencias de los diseños y estudios técnicos de las obras y,
luego de valorar los dictámenes periciales de ingeniería civil y contable, entre otras
pruebas, concluyó que el Consorcio no había cumplido su obligación de acreditar «que
las circunstancias que desencadenaron una mayor permanencia en obra fueran
atribuibles al ente demandado, ni ajenas a la labor desempeñada por aquel en la
revisión de los diseños, [o que] le hubiera generado sobrecostos administrativos […]
que no hubieran sido cubiertos con el precio pagado». Por las razones expuestas,
negó las pretensiones de la demanda.

49. En ese orden, la incongruencia que, según la parte accionante, cometió la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, consiste en que dicha
autoridad judicial, por un lado, reconoció que Metrovivienda abusó de su posición
dominante al excluir su responsabilidad frente a las falencias en los estudios y diseños
entregados, y, por otro lado, negó las pretensiones de que se condenara a la entidad
demandada por desequilibrio contractual por tales falencias, lo que tuvo fundamento
en el análisis que realizó, en particular, de los peritajes de ingeniería civil y contable.

50. Pues bien, la Sala considera que el defecto sustantivo planteado por la parte actora
en el escrito de tutela corresponde a aquellos asuntos que pueden ser decididos a
través del recurso extraordinario de revisión. Esto, por cuanto, según el criterio de los
accionantes, la sentencia objeto de reparos desconoció sus derechos fundamentales
al reconocer que Metrovivienda abusó de su posición dominante durante la ejecución
del contrato CDTO-215-09, y negar todas las pretensiones formuladas en la demanda
contractual, lo que a su juicio configura una falta de congruencia de la providencia.

51. En consecuencia, en atención a lo dispuesto en la jurisprudencia del Consejo de
Estado emitida a través de sus salas especiales, es necesario advertir que, si la parte
tutelante consideraba que la sentencia del 23 de agosto de 2024 de la Subsección C
de la Sección Tercera del Consejo de Estado desconoció el principio de congruencia,
debió discutir ese asunto por conducto del recurso extraordinario de revisión, con
fundamento en la causal contenida en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, «existir
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso alguno».

52. Además, la Sala advierte que los reparos que sustentaron el defecto fáctico
relacionado con las pruebas periciales de ingeniería civil y contable corren la misma
suerte que el defecto sustantivo, que no superó el requisito de subsidiariedad, pues la
incongruencia denunciada en el escrito de amparo fue el resultado de la valoración
probatoria de las referidas pruebas.

53. Así las cosas, corresponderá al juez del recurso extraordinario de revisión analizar
si las razones que expuso la Subsección C accionada para negar las pretensiones de
la demanda contractual son suficientes para que la sentencia del 23 de agosto de 2024
no incurra en incongruencia, pues la providencia cuestionada reconoció que

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Metrovivienda abusó de su posición dominante al incluir cláusulas abusivas de
exoneración de la responsabilidad.

54. De lo contrario, esto es, emitir un pronunciamiento de fondo sobre los reparos por
indebida valoración de las pruebas periciales de ingeniería civil y contable, implicaría
que el juez de tutela decida si la sentencia del 23 de agosto de 2024 que negó las
pretensiones de la demanda contractual, pese a que Metrovivienda abusó de su
posición dominante, es incongruente o no.

55. Finalmente, respecto del defecto fáctico por falta de valoración de pruebas
documentales y testimoniales aportadas al proceso contractual, la Sala se limitará a
expresar que el reproche es por completo improcedente, dado que la parte tutelante
solo enlistó una serie de pruebas sin explicar el contenido de estas, los hechos que
acreditaban, por qué eran determinantes para el caso concreto de cara al análisis
probatorio que sustentó el fallo del 23 de agosto de 2024, de qué manera contradecían
las consideraciones de la Subsección C accionada y cómo incidían de forma
trascendental en la decisión final.

56. En tal sentido, no pueden pretender los accionantes que el juez de tutela, de
manera oficiosa, suplante las competencias propias del juez natural, con violación del
principio de subsidiariedad 27 de este mecanismo constitucional, y valore elementos
probatorios aportados al proceso ordinario para realizar un juicio de corrección de la
providencia controvertida, asunto que escapa de su ámbito funcional.

IV. CONCLUSIONES

En consecuencia, dado que el escrito de tutela que presentaron Estyma Estudios y
Manejos SA y JMV Ingenieros SAS no superó el requisito de procedibilidad de
subsidiariedad, por las razones expuestas, la Subsección declarará improcedente la
solicitud de amparo constitucional.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por el Instituto de
Desarrollo Urbano, por las razones contenidas en esta sentencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por Estyma
Estudios y Manejos SA y JMV Ingenieros SAS en contra de la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con la parte motiva de esta
providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

27 Corte Constitucional, sentencia T-016 de 2019.

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CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

DACJ/SEJV

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En consecuencia,
conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta a
través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

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