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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-02330-01

Fecha
23 de agosto de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodriguez Navas
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-02330-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del siete (7) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR a la parte demandante en costas de segunda instancia a favor de la entidad demandada. Liquídese por Secretaría e inclúyase, por concepto de agencias en derecho, la suma equivalente al cero punto dos por ciento (0,2%) del valor de las pretensiones negadas, como agencias en derecho, a favor de la Empresa de Renovación Urbana (antes, Metrovivienda). TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, una vez esta providencia esté en firme.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2015-02330-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas

23 de agosto de 2024

Radicado: 25000-23-36-000-2015-02330-01(61023)
Demandante: Consorcio Avenida Usminia 003

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 25000-23-36-000-2015-02330-01(61023)
Demandante: Consorcio Avenida Usminia 003
Demandado: Metrovivienda (hoy, Empresa de Renovación Urbana)
Referencia: Controversias contractuales

Tema 1: Congruencia de la sentencia. Tema 2: Aplicación de la buena fe contractual. Tema
3: Abuso de la posición dominante. Tema 4: Cláusula de exclusión de responsabilidad. Tema
5: Cláusula abusiva. Tema 6: Equilibrio financiero del contrato estatal.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación, presentado por la parte demandante, en contra
de la sentencia del siete (7) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, que negó
las pretensiones de la demanda.

I. SINTESIS DEL CASO

El Consorcio Avenida Usminia 003 y Metrovivienda suscribieron un contrato de obra
para la construcción de las obras de urbanismo de la Avenida Usminia, en la ciudad
de Bogotá. Según lo pactado, los diseños urbanísticos, paisajísticos y técnicos de la
obra estaban en desarrollo, y serían revisados por el contratista en una fase de
preconstrucción, fase que concluiría cuando aquellos fueran aprobados por la entidad
contratante y por las empresas de servicios públicos domiciliarios. La ejecución del
contrato fue suspendida y prorrogada en múltiples ocasiones, varias de ellas para
consolidar los diseños definitivos. Finalmente, en el acta de liquidación bilateral,
Metrovivienda retuvo dineros reconocidos al contratista en las actas de obra,
amparado en una cláusula contractual; lo hizo con motivo del incumplimiento en la
obligación de entregar la totalidad de las obras a las empresas de servicios públicos
domiciliarios y al IDU.

II. ANTECEDENTES

2.1. El nueve (9) de octubre de dos mil quince (2015), el Consorcio Avenida Usminia
003, integrado por las sociedades Estyma Estudios y Manejos S.A. y JMV Ingenieros

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Demandante: Consorcio Avenida Usminia 003

S.A.S. 1 , presentó demanda 2 en ejercicio del medio de control de controversias
contractuales en contra de Metrovivienda (hoy Empresa de Renovación Urbana)3,
con la que pretende:

“Conforme a lo anteriormente expuesto, son pretensiones del extremo demandante en
calidad de contratista del CONTRATO DE OBRA No. CDTO-215-09, celebrado entre
el CONSORCIO AVENIDA USMINIA 003 y METROVIVIENDA, que se profieran las
siguientes declaraciones y condenas dentro del proceso de la referencia:

PRIMERA: Que se declare que en la ejecución y liquidación del contrato CDTO-215-
09, celebrado entre METROVIVIENDA Y EL CONSORCIO AVENIDA USMINIA No.
003 conformada por ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A. Y JMV S.A.S., se
presentó un desequilibrio económico en contra del contratista.

SEGUNDA: Que se declare que el desequilibrio económico del contrato CDTO-215-
09, acaeció por causas imputables únicamente a la entidad contratante, conforme a lo
indicado en el acápite de hechos y fundamentos de derecho del presente escrito y a lo
que resulte probado en el proceso.

SEGUNDA SUBSIDIARIA: Que se declare que el desequilibrio económico del
contrato CDTO-215-09, acaeció por causas no imputables al CONSORCIO
AVENIDA USMINIA No. 003 conformada por ESTYMA ESTUDIOS Y
MANEJOS S.A. y JMV S.A.S., conforme a lo indicado en el acápite de hechos
y fundamentos de derecho del presente escrito y a lo que resulte probado en el
proceso.

TERCERA: Que se declare que el desequilibrio económico, que se presentó en
ejecución del contrato CDTO-215-09, no ha sido solucionado ni cubierto por
METROVIVIENDA.

TERCERA A. SUBSIDIARIA: Que se declare que el desequilibrio económico,
que se presentó en ejecución del contrato CDTO-215-09, no fue solucionado ni
cubierto por METROVIVIENDA con pleno desconocimiento del contrato, la Ley
80 de 1993 y los pliegos de condiciones, y el deber legal que en su calidad de
contratante le asiste.

TERCERA B. SUBSIDIARIA: Que se declare que en la ejecución y liquidación
del contrato CDTO-215-09, METROVIVIENDA actuó de mala fe, abuso de la
posición dominante que en ejecución del contrato estatal ostentaba,
desconoció los principios básicos de la contratación estatal, los derechos del
contratista y la ecuación económica del contrato al no solucionar el
desequilibrio económico, que se presentó en ejecución del contrato CDTO-215-
09.

TERCERA C. SUBSIDIARIA: Que se declare que en la ejecución y liquidación
del contrato CDTO-215-09, METROVIVIENDA actuó de mala fe, abuso de la
posición dominante que en ejecución del contrato estatal ostentaba,
desconoció los principios básicos de la contratación estatal, los derechos del

1 Carta de conformación del Consorcio, f. 70-71, c. 2; certificados de existencia y representación de la Cámara de

Comercio de Bogotá (con código de verificación 6VP1ZzoqZr) y de la Cámara de Comercio de Medellín para
Antioquia (con código de verificación abnvajhlphxjRcgV) f. 72-85, c. 2.
2 F. 7-69, c. 1. Luego de la admisión de la demanda, la actora presentó reforma a la demanda para adicionar el

acápite de pruebas: f. 75-82, c. 1.
3 Mediante Acuerdo núm. 643 del 12 de mayo de 2016 del Concejo de Bogotá se dispuso la fusión de Metrovivienda

con ERU: F. 176-186, c. 1

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Demandante: Consorcio Avenida Usminia 003

contratista y la ecuación económica del contrato al retener ilegalmente los
dineros equivalentes a la suma de $202.341.820, dineros del contratista, los
cuales se negó a desembolsar en el acta de liquidación del contrato CDTO-
215-09.

CUARTA: Que se declare que el CONSORCIO AVENIDA USMINIA No. 003
conformado por ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A. y JMV S.A.S. sufrieron un
perjuicio y detrimento económico como consecuencia de la ruptura del equilibrio
contractual del contrato No. CDTO-215-09, en la cuantía que resulte probada en el
proceso de la referencia, y la cual estimo en no menos de UN MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS
CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.297.722.904 M/CTE.)

CUARTA SUBSIDIARIA: Que se declare que el CONSORCIO AVENIDA
USMINIA No. 003 sufrió un perjuicio y detrimento económico como
consecuencia de la ruptura del equilibrio contractual del contrato No. CDTO-
215-09, en la cuantía que resulte probada en el proceso de la referencia, y la
cual estimo en no menos de UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE
MILLONES SETECIENTOSVEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CUATRO
PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.297.722.904 M/CTE.), tal y como lo
acredita la contabilidad del consorcio y los soportes contables y financieros
allegados al proceso, al incurrir en gastos y sobrecostos, como consecuencia
de la mayor permanencia en obra.

QUINTA: Que se declare que METROVIVIENDA debió reconocer y pagar la totalidad
de sumas que generaron una ruptura al equilibrio económico del contrato No. CDTO-
215- 09, al CONSORCIO AVENIDA USMINIA No. 003 el día 22 de julio de 2013, con
el acta de liquidación.

SEXTA. Que se declare que METROVIVIENDA debe pagar a la máxima tasa legal
interés de mora sobre la totalidad de sumas que generaron una ruptura al equilibrio
económico del contrato No. CDTO-215-09, al CONSORCIO AVENIDA USMINIA No.
003 desde el día 22 de julio de 2013, y hasta la fecha de su efectivo pago.

SEXTA SUBSIDIARIA A. Que se declare que METROVIVIENDA debe pagar
a la tasa del interés de mora civil sobre la totalidad de sumas que generaron
una ruptura al equilibrio económico del contrato No. CDTO-215-09, al
CONSORCIO AVENIDA USMINIA No. 003 desde el día 22 de julio de 2013, y
hasta la fecha de su efectivo pago.

SEXTA SUBSIDIARIA B. Que se declare que METROVIVIENDA debe pagar
a la tasa de interés que fije el despacho, sobre la totalidad de sumas que
generaron una ruptura al equilibrio económico del contrato No. CDTO-215-09,
al CONSORCIO AVENIDA USMINIA No. 003 desde el día 22 de julio de 2013,
y hasta la fecha de su efectivo pago.

SEPTIMA. Que se declare que METROVIVIENDA debe indexar la totalidad de sumas
que generaron una ruptura al equilibrio económico del contrato No. CDTO-215-09,
desde el día 22 de julio de 2013, y hasta la fecha de su efectivo pago.

OCTAVA. Que como consecuencia de las declaraciones anteriores, se declare que
METROVIVIENDA, le adeuda al CONSORCIO AVENIDA USMINIA No. 003
conformada por ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A. Y JMV S.A.S., para
restablecer el equilibrio económico del contrato CDTO-215-09, las siguientes sumas
de dinero:

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Demandante: Consorcio Avenida Usminia 003

8.1. Por concepto de mayor permanencia en obra, por los costos
administrativos durante los seis punto tres meses (6.3) meses en los cuales se
prorrogó el contrato, por causas atribuibles a METROVIVIENDA y/o ajenas al
contratista, en la suma que estimo en no menos de QUINIENTOS CUARENTA
Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE ($545.420.494) o en la
cuantía que resulte probada en el proceso.

8.2. Por concepto de sobrecostos consecuencia de la ampliación del plazo
contractual frente al valor inicialmente previsto para las pólizas, la suma de
TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 32.252.222
M./CTE.) o en la cuantía que resulte probada en el proceso de la referencia.

8.3. Por concepto de Sobrecostos ambientales e ítems ambientales no
previstos, ni pagados por METROVIVIENDA la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL
SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS MONEDA CORRIENTE ($240.841.623
M./CTE.) o en la cuantía que resulte probada en el proceso de la referencia.

8.4. Por concepto de Stand By de Maquinaria y Equipos, la suma de
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL
SEISCIENTOS DOCE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 234.123.612
M./CTE.) o en la cuantía que resulte probada en el proceso de la referencia.

8.5. Por concepto de Sobre costos Financieros, la suma de CUARENTA Y DOS
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y
TRES PESOS ($42.743.133 M./CTE.) o en la cuantía que resulte probada en
el proceso de la referencia.

8.6. Por concepto de Retención Injustificada de dineros de propiedad del
CONSORCIO AVENIDA USMINIA 003 la suma de DOSCIENTOS DOS
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE
PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 202.341.820 M./CTE.) o en la cuantía que
resulte probada en el proceso de la referencia.

8.7 Por Concepto de Intereses de Mora sobre las sumas objeto de los ítems
generadores del desequilibrio económico del contrato, toda vez que las mismas
debieron ser canceladas el 22 de julio de 2013 y aún a la fecha de la
presentación de ésta demanda no han sido reconocidas ni canceladas por
METROVIVIENDA, suma que estimo en no menos de UN MIL SEIS MILLONES
QUINIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
MONEDA CORRIENTE ($1.006.590.932 M/CTE.), correspondientes a los
intereses de mora entre el 22 de julio de 2013 al 31 de Julio de 2015, liquidados
a la máxima tasa legal permitida por la Superintendencia Financiera., tal y como
consta en EL CONCEPTO TÉNICO [sic] CONTABLE expedido por el contador
público adjunto a la presente demanda.

8.8 Por Concepto de indexación sobre las sumas objeto de los ítems
generadores del desequilibrio económico del contrato, toda vez que las mismas
debieron ser canceladas el 22 de julio de 2013 y aún a la fecha de la
presentación de ésta demanda no han sido reconocidas ni canceladas por
METROVIVIENDA, suma que estimo en no menos de OCHENTA Y UN
MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES
PESOS MONEDA CORRIENTE ($81.912.953 M/CTE.), correspondientes a la
indexación calculada desde el 22 de julio de 2013 al 31 de Julio de 2015, tal y

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como consta en EL CONCEPTO TÉNICO [sic] CONTABLE expedido por el
contador público adjunto a la presente demanda.

NOVENA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se condene
METROVIVIENDA, a pagar a favor de CONSORCIO AVENIDA USMINIA No. 003
conformada por ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A. y JMV S.A.S la suma que no
estimo en menos de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES
DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
MONEDA CORRIENTE ($ 2.386.226.788 M/CTE.) o cualquiera de las sumas que
hayan afectado el equilibrio económico del contrato CDTO-215-09, que resulten
probadas dentro del proceso de la referencia.

DECIMA: Que se declare que METROVIVIENDA, incumplió el contrato CDTO-215-09,
al omitir su deber legal consagrado en los artículos 3, 4, 5 y 27 de la ley 80 de 1993 y
el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia de 1991, al actuar de mala fe,
abusar de la posición dominante que en ejecución del contrato estatal No. CDTO-215-
09 ostentaba, y desconocer los principios básicos de la contratación estatal, los
derechos del contratista y sus propios deberes como entidad contratante al no
solucionar el desequilibrio económico que se presentó en ejecución del contrato
CDTO-215-09 y al retener sin justificación legal y contractual la suma de $202.341.820,
dineros de propiedad del contratista.

DECIMASUBSIDIARIA [sic]: Que se declare que METROVIVIENDA, debe
devolver a los demandantes las sumas retenidas propiedad del CONSORCIO
AVENIDA USMINIA 003 en cuantía de DOSCIENTOS DOS MILLONES
TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS
MONEDA CORRIENTE ($ 202.341.820 M./CTE.), más indexación e intereses,
calculados desde la fecha de su retención.

DECIMA PRIMERA: Que se declare que METROVIVIENDA, incumplió el contrato
CDTO-215-09: a) Al no entregar de manera oportuna los diseños, b) Al presentar serias
indefiniciones técnicas que no permitieron al contratista ejecutar el contrato los
términos previstos al momento de ofertar, c) Al actuar de mala fe, abusar de la posición
dominante que en ejecución del contrato estatal No. CDTO-215-09 ostentaba, y
desconocer los principios básicos de la contratación estatal, los derechos del
contratista y sus propios deberes como entidad contratante en ejecución del contrato
CDTO-215-09. D) Al retener los dineros de Propiedad del contratista sin justificación
legal ni contractual para ello. E) Al no respetar las condiciones de la licitación en
ejecución del contrato. F) Al trasladar al contratista las consecuencias económicas
negativas de las prórrogas contractuales por causas no atribuibles a éste y no
restablecer la ecuación económica del contrato.

DECIMA SEGUNDA: Que como consecuencia de las declaraciones pretendidas se
condene a METROVIVIENDA al pago de cualquier daño o perjuicio que haya sufrido
el CONSORCIO AVENIDA USMINIA No. 003 conformada por ESTYMA ESTUDIOS Y
MANEJOS S.A. y JMV S.A.S., que resulte probado en el proceso a favor del contratista
hoy demandante, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del fallo.

DECIMA TERCERA: Que sobre las sumas anteriormente indicadas y a las cuales
resulte condenado el METROVIVIENDA con ocasión de la presente demanda,
cancelen los correspondientes intereses de mora desde la fecha de radicación de la
demanda y hasta la fecha del correspondiente fallo.

DECIMA CUARTA: Que se condene a METROVIVIENDA al pago de la indexación de
las sumas anteriormente señaladas, desde la fecha de radicación de la demanda hasta
la fecha del correspondiente fallo.

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DECIMA QUINTA: Que se condene a METROVIVIENDA, al pago de las sumas cuales
resulte condenado en virtud de la presente demanda, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la fecha de quedar ejecutoriado el fallo de instancia.

DECIMA SEXTA: Que se condene a METROVIVIENDA al pago de los intereses
comerciales remuneratorios que devenguen las sumas a las cuales resulte condenado
el METROVIVIENDA dentro del proceso del referencia [sic], durante el término
concedido en el fallo para su pago contado a partir de la ejecutoria de la sentencia y
hasta el momento del pago efectivode [sic] la condena, e intereses moratorios una vez
vencido el plazo concedido por el despacho a la entidad si ésta no cancela al
demandante las sumas a las cuales resulte condenada, conforme a la certificación que
expida la Superintendencia Financiera o el ente competente para los efectos.

DECIMA SEXTA SUBSIDIARIA: Que se condene a METROVIVIENDA al pago
de los intereses legales remuneratorios y de mora a la tasa prevista en la Ley,
sobre cualquier suma que sea reconocida a favor del demandante, desde la
fecha de radicación de la demanda y hasta su efectivo pago.

DECIMA SEPTIMA. Que se condene a la entidad al pago de costas y agencias en
derecho”.

2.1.1. Como fundamento de hecho de las anteriores pretensiones, el demandante
relató básicamente que, tras el agotamiento del correspondiente procedimiento
licitatorio, el 16 de diciembre de 2009, Metrovivienda y el Consorcio celebraron el
Contrato CDT 215-09, cuyo objeto fue la construcción de las obras de urbanismo de
la “Avenida Usminia”. Que el plazo de ejecución fue estipulado de veintiún (21) meses,
pero, durante su ejecución se convinieron suspensiones y prórrogas, que ampliaron
la etapa de preconstrucción, por inconsistencias técnicas en los estudios, planos y
diseños entregados por la entidad contratante, que fueron advertidas por el Consorcio.
Al margen de lo anterior, el contrato fue suspendido para que las empresas de
servicios públicos distritales aprobaran las modificaciones y ajustes hechas a los
diseños. Posteriormente, ya en la etapa de construcción, las ampliaciones del plazo
estuvieron relacionadas con el incremento de obras y la obtención de permisos ante
autoridades ambientales. Por último, que, en la fase de entrega de obras, las
entidades de servicios públicos y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) se negaron a
recibir las obras.

2.2. En la fijación del litigio adelantada durante la audiencia inicial4, el Magistrado
instructor5 sostuvo que la controversia estaba principalmente enfocada en la ruptura
del equilibrio económico del contrato reclamada por la parte actora, mientras que
“como una pretensión subsidiaria” se formulaba que la entidad habría incurrido en
mala fe y en abuso de la posición dominante. Dichas precisiones no tuvieron protesta
alguna de las partes.

Posteriormente, en la misma etapa de fijación del litigio, la parte demandada manifestó
que la controversia se enfocaba en determinar si se presentó un desequilibrio
4 Audiencia en CD (f. 165, c. 1); acta: f. 166-169, c. 1.
5 Audiencia: min. 4:15-4:51.

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económico y que “es una responsabilidad de un tercero, entidad pública, como en el
caso de que no tenía personal suficiente de teléfonos o del IDU”, lo cual “no es
responsabilidad de Metrovivienda […] pues cada entidad pública debe tener su
personal suficiente de acuerdo a los fines sobre los cuales desarrolla su actividad”. La
actora, a su turno, refirió que, teniendo en cuenta la contestación de la demanda, “el
objeto de la litis se centrará en probar el desequilibrio económico que alega el
contratista y el daño correspondiente, con su correspondiente cuantificación”.

De acuerdo con las anteriores, el magistrado sustanciador determinó que el litigio
estaba centrado “en la presunta configuración del desequilibrio de la ecuación
financiera” del contrato, y en “los perjuicios ocasionados que se reclaman a causa de
ese rompe al equilibrio económico” al contratista, de acuerdo con los hechos 38, 40,
41, 42, 43 y 44 de la demanda, sobre los cuales gravita la controversia probatoria, en
los que se enunció lo siguiente:

2.2.1. Las prórrogas y suspensiones que desencadenaron el desequilibrio
contractual alegado por el Consorcio no fueron imputables a su conducta
(hecho núm. 38).

2.2.2. El Consorcio no obtuvo recibos de obra de las empresas de servicios
públicos domiciliarios (ETB, Gas Natural, Codensa y EAAB), ni del IDU, por
circunstancias ajenas a su control.

En particular, que la ETB no recibió las obras porque esta entidad: (i) afirmó
que los diseños que le entregaron no coinciden con los facilitados al contratista;
(ii) echó de menos un convenio con Metrovivienda para adelantar la gestión de
revisión y recepción de las obras; (iii) de acuerdo con actas del comité técnico
de obra, los “compromisos de gestión del convenio y obtención de un
coordinador por parte de la ETB para el proyecto, estaban en cabeza de
METROVIVIENDA” (hecho núm. 40).

2.2.3. La EAAB no había recibido las obras porque esta entidad no tenía un
coordinador para hacerlo, y porque dicha empresa no tenía convenio con
Metrovivienda (hecho núm. 41). Circunstancias análogas llevaron a que el IDU
tampoco hubiera recibido las obras (hecho núm. 42).

2.2.4. Se produjeron las circunstancias referidas en las salvedades del
consorcio contratista al acta de liquidación bilateral del Contrato CDT 215-09,
en las que se fundan las pretensiones de la demanda (hecho núm. 43).

2.2.5. El consorcio sufrió un daño patrimonial, conforme lo indica su
contabilidad (hecho núm. 44).

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2.3. En sentencia del siete (7) de diciembre de dos mil diecisiete (2017) 6 , el
Tribunal negó las pretensiones de la demanda. Desestimó las pretensiones de
restablecimiento del equilibrio económico del Contrato CDT 215-09, por cuanto
consideró que: (i) la modalidad de precios unitarios excluía las reclamaciones por las
diferencias existentes en las cantidades de obra, incluidos los costos ambientales; (ii)
el contratista aceptó todos los diseños, con lo cual asumió los costos que de estos
pudieran derivarse, de la misma forma en que aceptó los riesgos derivados de la
entrega de las obras a las empresas de servicios públicos domiciliarios; (iii) con las
modificaciones núm. 4, 6 y 7 fueron reconocidos los sobrecostos por obras adicionales
de terraplenes, la mora en la obtención de permisos ambientales y el traslado de
redes; (iv) la solicitud de restablecimiento del equilibrio económico del contrato
contraría la buena fe, porque no fue planteada durante la ejecución del contrato, ni
con ocasión de sus modificaciones; y (vi) que en la liquidación del contrato fue
reintegrada la retención de garantía ($363’840.596).

Aparte, negó las pretensiones por el incumplimiento contractual derivado de la omisión
de reintegrar la totalidad de la retención en garantía, pues consideró que: (i) en el acta
de liquidación, “el contratista aceptó, que incumplió el contrato afirmado [sic], que fue
a consecuencia de circunstancias no imputables a él, dado que fueron la ETB, la EAAB
y el IDU quienes no recibieron la obra vial, ―entre otras― por falta de coordinador y
ausencia de convenio con la entidad estatal”; (ii) el contrato estipula la obligación a
cargo del contratista, de entregar las obras a las empresas de servicios públicos
domiciliarios y al IDU; (iii) la realización de descuentos al contratista por las obras no
recibidas a satisfacción por dichas entidades no constituye abuso del derecho, no
contraría la buena fe, ni configura incumplimiento contractual; y (iv) en la convención
modificatoria núm. 10 se supeditó la devolución del 3% del valor neto total de las
sumas retenidas del valor de cada acta mensual de obra, a la entrega de redes a las
empresas de servicios públicos, y de las obras al IDU.

2.4. El quince (15) de enero de dos mil dieciocho (2018), la parte demandante recurrió
en apelación7 la sentencia de primera instancia, y para fundamentar ese recurso,
argumentó que: (i) la sentencia de primer grado es incongruente, vicio que, a su juicio,
tuvo causa en la agrupación que hizo de las pretensiones, en dos conjuntos, en lugar
de analizar una a una las súplicas de la demanda; (ii) de acuerdo con los dictámenes
técnico y contable practicados, que dan cuenta de los sobrecostos administrativos
causados en los últimos 6.33 meses de la etapa de construcción, la ejecución de ítems
ambientales, la improductividad de la maquinaria, (stand by), las primas de las
garantías por la suscripción de prórrogas y los sobrecostos financieros, la
administración contratante no corrigió el desequilibrio contractual de $3.012’784.857
no fue restablecido por la administración,; (iii) el consorcio contratista no aceptó
expresamente que el equilibrio contractual hubiere sido restablecido, ni ello puede
desprenderse del silencio que observó al suscribir las prórrogas y adiciones, en las

6 F. 311-323, c. ppal.
7 F. 331-362, c. ppal.

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que sí fueron reconocidos sobrecostos por el stand by de maquinaria y el retiro de los
sobrantes de excavación; que, por tanto, sus reclamaciones no pueden decirse
extemporáneas; y (iv) que el consorcio probó en este contencioso que la mala
planeación trajo consigo la mayor permanencia en obra, las prórrogas, las
suspensiones, la falta de coordinación entre instituciones, la demora en conseguir los
permisos, los problemas con las redes de servicios públicos y con la entrega a
entidades, y la indefinición de los diseños, todo lo cual ocasionó el desequilibrio
contractual reclamado.

2.5. Mediante auto del 13 de junio de 2018, fue admitido el recurso de apelación8. En
el término para presentar alegatos de conclusión en segunda instancia9, la Empresa
de Renovación Urbana (“ERU”), como sucesora procesal de Metrovivienda 10 ,
solicitó la confirmación de la sentencia de primera instancia, pues las súplicas
económicas fueron formuladas de manera extemporánea, ya que ninguna de ellas fue
planteada en las múltiples modificaciones del contrato, y las circunstancias que
generaron el desequilibrio financiero eran previsibles. Además, por cuanto la acertada
valoración probatoria efectuada por el Tribunal en primera instancia revela que el
desequilibrio contractual protestado por el consorcio demandante es inexistente. Este,
por su lado11, hizo un recuento de las actuaciones del proceso, del contenido de las
pruebas, y de los argumentos expuestos para conseguir la revocación del fallo
apelado. El agente del Ministerio Público ante esta segunda instancia guardó
silencio12.

III. PROBLEMAS JURÍDICOS

3.1. De acuerdo con la motivación expuesta en la providencia apelada y con los cargos
del recurso de apelación, que delimitan la competencia de la Sala13, esta debe dar
respuesta a los siguientes problemas jurídicos:

3.1.1. ¿El fallo de primera instancia, en cuanto no trae análisis de la totalidad
de las pretensiones de la demanda, de manera individualizada, es
incongruente?

3.1.2. ¿El desequilibrio económico del Contrato CDT 215-09 que plantea la
parte demandante por causa de mayor permanencia en obra que ocasionó el
stand by de la maquinaria, la ampliación de pólizas, la ejecución de ítems
imprevistos, y por sobrecostos ambientales, es atribuible al ente contratante
habida consideración de falencias en los estudios y diseños, o de omisión en
8 F. 372, c. ppal.
9 F. 383, c. ppal.
10 F. 385-399, c. ppal.
11 F. 400-519, c. ppal.
12 Informe secretarial: f. 520, c. ppal.
13 CGP. “Artículo 328. El Juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley. || Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitaciones”.

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relación con la obligación de restablecer el equilibrio económico, o por actuar
con abuso de su posición dominante en contra del postulado de la buena fe?

3.1.3. ¿Metrovivienda incumplió el Contrato CDT 215-09 o actuó con abuso de
su posición dominante, contrariando el postulado de la buena fe, al retener
dineros del consorcio contratista, con ocasión de la no recepción de las obras
por parte de empresas de servicios públicos y del IDU?

3.2. El Contrato de obra pública CDT 215-09 fue suscrito por una entidad que, era,
para ese entonces, una “Empresa Industrial y Comercial del Distrito Capital”14 para
satisfacer necesidades en un ámbito de su actuación que no se hallaba en
competencia con el sector privado15-16, puesto que la actividad que tenía por objeto el
referido contrato, atinente a la construcción de una vía pública17, no es realizada por
los particulares como contratantes, sino como contratistas. Por tanto, la problemática
planteada será abordada a la luz de la normativa del Estatuto General de Contratación
de la Administración Pública (EGCAP) vigente para la fecha de celebración del
contrato18.

IV. CONSIDERACIONES

4.1. La Sala es competente para conocer de la apelación interpuesta contra un fallo
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca19, proferido en el marco del medio de

14 CONSEJO DE BOGOTÁ. Acuerdo 033 del 14 de marzo de 2007, artículo 1.
15 LEY 80 DE 1993. Artículo 2, numeral 1: “ARTÍCULO 2o. DE LA DEFINICIÓN DE ENTIDADES, SERVIDORES

Y SERVICIOS PÚBLICOS. Para los solos efectos de esta ley: // 1o. Se denominan entidades estatales: // a) La
Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas
metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos
públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el
Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas
indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea
la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles.” (Se subraya).
16 LEY 1150 DE 2007. Artículo 14, inciso primero original (sin la modificación introducida por el artículo 93 de la

Ley 1474 de 2011: “ARTÍCULO 14. DEL RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y
COMERCIALES DEL ESTADO, LAS SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA, SUS FILIALES Y EMPRESAS CON
PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DEL ESTADO. Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las
sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus
filiales y las Sociedades entre Entidades Públicas con participación mayoritaria del Estado superior al cincuenta
por ciento (50%), estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con
excepción de aquellas que se encuentren en competencia con el sector privado nacional o internacional o
desarrollen su actividad en mercados monopolísticos o mercados regulados, caso en el cual se regirán por las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de lo
previsto en el artículo 13 de la presente ley. Se exceptúan los contratos de ciencia y tecnología, que se regirán por
la Ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas existentes”. (Se subraya).
17 LEY 105 DE 1993. “Artículo 19. Construcción y conservación. Corresponde a la Nación y a las Entidades

Territoriales la construcción y la conservación de todos y cada uno de los componentes de su propiedad, en los
términos establecidos en la presente Ley. || Artículo 20.- Planeación e identificación de propiedades de la
infraestructura de transporte. Corresponde al Ministerio de Transporte, a las entidades del Orden Nacional con
responsabilidad en la infraestructura de transporte y a las Entidades Territoriales, la planeación de su respectiva
infraestructura de transporte, determinando las prioridades para su conservación y construcción. || Para estos
efectos, la Nación y las Entidades Territoriales harán las apropiaciones presupuestales con recursos propios y con
aquellos que determine esta Ley”.
18 Cfr. LEY 153 DE 1887 – Artículo 38.
19 CPACA: “Artículo 150. Competencia del consejo de estado en segunda instancia y cambio de radicación. El

Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones
de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos

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control contencioso-administrativo de controversias contractuales20, en el que una de
las partes es Metrovivienda, una empresa industrial y comercial del Estado21, dentro
de un proceso cuya cuantía impone su juzgamiento por esta Corporación en segunda
instancia22.

4.2. La demanda fue oportunamente presentada. Si bien la demandante debía traer
a esta jurisdicción sus pretensiones en un plazo de dos años contado a partir del
veintidós (22) de julio de dos mil trece (2013), fecha del acta de liquidación bilateral23,
no puede pasar por alto esta Sala que operó la suspensión del término de caducidad
por el trámite conciliatorio extrajudicial que, en este caso, transcurrió entre el catorce
(14) de julio y el siete (7) de octubre de dos mil quince (2015) [24]. Para la fecha de
presentación de la solicitud de conciliación, restaban ocho (8) días para el vencimiento
del plazo bienal contado desde el acta de liquidación bilateral, y entonces, la demanda,
radicada como fue, dos (2) días después de la audiencia conciliatoria 25 , fue
presentada en tiempo.

4.3. Por último, las partes se encuentran legitimadas en la causa, tanto por activa
como por pasiva, dentro del presente proceso, porque fueron ellas quienes celebraron
el Contrato CDTO-215-0926.

ANÁLISIS DEL PRIMER PROBLEMA JURÍDICO:
Sobre la incongruencia del fallo apelado

4.4. Para determinar si la sentencia apelada fue incongruente, resulta oportuno
recordar que, de acuerdo con los hechos de la demanda27, en los que se enfocaron
las pretensiones28 y la definición del litigio en este proceso29-30,y el Consorcio Avenida

susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de
apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan
los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia”.
20 De acuerdo con el artículo 75 de la Ley 80 de 1993, por regla general, “el juez competente para conocer de las

controversias derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento será el de la
jurisdicción contencioso administrativa”.
21 Supra, aptado. 3.2.
22 Conforme al artículo 152 numeral 4 del CPACA, vigente para la fecha de presentación de la demanda, los

Tribunales conocen en primera instancia de los asuntos “[…] relativos a los contratos, cualquiera que sea su
régimen, en los que sea parte una entidad pública en sus distintos órdenes o un particular en ejercicio de funciones
propias del Estado, y de los contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos
domiciliarios en los cuales se incluyan cláusulas exorbitantes, cuando la cuantía exceda de quinientos (500)
salarios mínimos legales mensuales vigentes”. El tope mencionado por la norma procesal equivalía a la suma de
$322’175.000. De acuerdo con la demanda, las pretensiones fueron estimadas en $ 2.386.226.789, guarismo que
supera ampliamente el límite fijado por la norma procesal.
23 F. 253-256, c. 2.
24 Fechas de presentación y de realización de la audiencia de conciliación, respectivamente, según la constancia

expedida por el entonces Procurador Sexto Judicial II para Asuntos Administrativos, Carlos Mauricio González
Arévalo: ver: f. 874-876, c. 5.
25 F. 7, c. 1.
26 F.194-199, c. 2.
27 Aptado. 2.1.1.
28 Aptado. 2.1.
29 Aptados. 2.2 a 2.2.2.
30 “[…] la fijación del litigio, en los términos del artículo 180 del CPACA […] tiene por objeto identificar los hechos

en que se funda el disenso de las partes, porque sobre estos gravitará el debate probatorio y la resolución de la
controversia; es decir, que su función no se agota en un cometido meramente metodológico, ni fáctico, sino que
se ocupa de la determinación provisoria de lo que es objeto de debate. Con todo, el marco de juzgamiento, en

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Usminia 003 solicitó, por un lado, que se “declare” que sufrió un “perjuicio y detrimento
económico como consecuencia de la ruptura del equilibrio contractual del contrato No.
CDTO-215-09”; que el ente demando “debe pagar […] la totalidad de sumas que
generaron una ruptura al equilibrio económico del contrato No. CDTO-215-09”, como
consecuencia de lo cual suplicó que “se declare que METROVIVIENDA, le adeuda al
CONSORCIO AVENIDA USMINIA No. 003 conformada por ESTYMA ESTUDIOS Y
MANEJOS S.A. Y JMV S.A.S., para restablecer el equilibrio económico del contrato
CDTO-215-09” las sumas que discriminó por costos administrativos, diversos
sobrecostos y la “retención injustificada de dineros”; que “se condene
METROVIVIENDA, a pagar a favor de CONSORCIO AVENIDA USMINIA No. 003 […]
la suma que no estimo en menos de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS
MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO
PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 2.386.226.788 M/CTE.) o cualquiera de las sumas
que hayan afectado el equilibrio económico del contrato CDTO-215-09, que resulten
probadas dentro del proceso de la referencia”; y, tras ello, que “se declare que
METROVIVIENDA, incumplió el contrato CDTO-215-09, al omitir su deber legal
consagrado en los artículos 3, 4, 5 y 27 de la ley 80 de 1993 y el artículo 83 de la
Constitución Política de Colombia de 1991, al actuar de mala fe, abusar de la posición
dominante que en ejecución del contrato estatal No. CDTO-215-09 ostentaba, y
desconocer los principios básicos de la contratación estatal, los derechos del
contratista y sus propios deberes como entidad contratante al no solucionar el
desequilibrio económico que se presentó en ejecución del contrato CDTO-215-09
[…]”.

El demandante fundó las anteriores pretensiones en dos circunstancias disímiles: (i)
“que el desequilibrio económico del contrato CDTO-215-09, acaeció por causas
imputables únicamente a la entidad contratante conforme a lo indicado en el
acápite de hechos y fundamentos de derecho del presente escrito y a lo que resulte
probado en el proceso”; y (ii) “que el desequilibrio económico del contrato CDTO-215-
09, acaeció por causas no imputables al CONSORCIO AVENIDA USMINIA No. 003
conformada por ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A. y JMV S.A.S., conforme a
lo indicado en el acápite de hechos y fundamentos de derecho del presente escrito y
a lo que resulte probado en el proceso”.

El demandante fundó así en circunstancias disímiles las pretensiones referidas con
idéntico contenido, pues por un lado afirmó que el desequilibrio económico ocurrió por
causas únicamente imputables el ente contratante, con lo que se configuraría una y,
por el otro, que el rompimiento del equilibrio acaeció por causas no imputables al
contratista. Aparte, deprecó el pago de los costos de administración, sobrecostos en
la ejecución de las obras y el reintegro de sumas retenidas, como restablecimiento del
desequilibrio económico del contrato y/o como consecuencia del “incumplimiento” que

sentido amplio, se define por los hechos y pretensiones de la demanda y, en segunda instancia, además, por el
núcleo de la apelación”. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 28 de junio de
2023, exp. 58022.

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implicaría la omisión de Metrovivienda en restablecer dicho equilibrio. De esa forma,
las pretensiones en la demanda, al tener el mismo fin pero sustentos divergentes, se
excluyen entre sí.

Sin embargo, la acumulación de estas pretensiones que se excluyen es válida,
conforme al artículo 165.2 del CPACA, pues fueron formuladas, incluso
reiteradamente, como principales y subsidiarias. Por ende, el estudio de las múltiples
pretensiones formuladas en este contencioso es procedente, pese a que sean
excluyentes. Si bien, como lo ha precisado la Sala31, no se presenta una incongruencia
en el fallo que no aluda a todas y cada una de las pretensiones sometidas a su juicio,
sí debe desprenderse implícitamente de sus consideraciones una respuesta a todas
ellas, so pena de incongruencia.

Ahora, en este proceso, el a quo no abordó todas las pretensiones de la demanda,
mas no porque no se hubiera referido a cada una de ellas, sino porque no trató el
abuso de la posición dominante del ente demandado en su motivación. Al considerar
que el consorcio contratista había asumido la responsabilidad por los diseños de las
obras y por la entrega de los trabajos a las empresas de servicios públicos
domiciliarios, cuyas falencias ocasionaron la mayor permanencia en obra, el tribunal
desechó la atribución del desequilibrio ―que el actor refirió― al ente demandado o a
circunstancias ajenas al demandante. Aparte, al tomar en consideración que las
reclamaciones por la ejecución de mayores cantidades son improcedentes en la
modalidad de precios unitarios, que con la suscripción de convenciones adicionales
fueron reconocidos los sobrecostos aducidos y que, por su extemporaneidad, la
reclamación de los sobrecostos tras concluir la ejecución del contrato era
improcedente, el a quo descartó la responsabilidad que el demandante le atribuyó al
ente demandado por omitir el restablecimiento del desequilibrio contractual. Pero, con
las anteriores consideraciones, el tribunal no motivó la denegación de los reclamos
por el abuso de la posición dominante y una actuación contraria a la buena fe, que se
desprenden de la demanda.

4.5. Por otro lado, observa la Sala que el Consorcio Avenida Usminia 003 reclamó el
menoscabo pecuniario que habría padecido con la retención de $202’341.820 en el

31 «Según el principio de congruencia, la sentencia debe guardar consonancia con los hechos y pretensiones

esgrimidos en la demanda, así como en las alegaciones, recursos excepciones y defensas presentados
oportunamente, las excepciones y defensas31. De acuerdo con este postulado, el juez debe resolver todas las
cuestiones a él sometidas o explicar las razones por las cuales no se pronunciará sobre alguna de las pretensiones.
En todo caso, “no toda falta de pronunciamiento expreso sobre una pretensión, hace, por sí misma incongruente
una sentencia”. || Cuando el juzgador no se pronuncia sobre alguna de las pretensiones, puede presentarse una
incongruencia por fallo “citra petita”. No obstante, como lo explica Devis Echandía, || “[…] la decisión puede existir
implícitamente en la sentencia, caso en el cual no existirá incongruencia; esto puede ocurrir cuando en la parte
motiva de la sentencia se trató el punto en forma de que aparezca el implícito rechazo de una pretensión o
excepción, a pesar de no haberse dicho nada en la resolución final, y cuando la sentencia negó alguna pretensión
o excepción que necesariamente implica el rechazo también de otra aun cuando no se diga nada sobre ésta en la
parte resolutiva e inclusive tampoco en la motiva. No se trata, pues, de una simple falta de ‘conformidad literal’”31.
|| Puede así, presentarse un fallo congruente que no se haya pronunciado expresamente sobre todas y cada una
de las pretensiones, cuando el objeto de éstas haya sido tratado en la parte motiva o se haya rechazado alguna
pretensión que conlleve el rechazo de otra». CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia
de 28 de octubre de 2019. Rad. 25000-23-26-000-2006-00657-01(40992).

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acta de liquidación a un incumplimiento contractual de Metrovivienda, por un lado, y,
por el otro, a un obrar contrario a la buena fe, con abuso de la posición dominante, y
desconocimiento de los principios básicos de la contratación estatal. De acuerdo con
lo considerado anteriormente, la acumulación de estas pretensiones procede, pues,
pese a que también se excluyen entre sí, fueron planteadas como principal y
subsidiaria, incluso reiteradamente.

El a quo descartó el incumplimiento de Metrovivienda por la retención reclamada, al
considerar que esta se basó en lo estipulado y, en todo caso, el consorcio actor tenía
la responsabilidad de entregar las obras a las empresas de servicios públicos
domiciliarios y al IDU. Si bien, el Tribunal refirió que, por lo anterior, el ente contratante
no habría actuado en contra del postulado de la buena fe ni con abuso de la posición
dominante, solo se aprecia en su análisis un estudio del incumplimiento, que, como
se muestra más adelante 32 , se basa en unas premisas disímiles al abuso de la
posición dominante. Por lo tanto, de esa manera, se produjo un fallo incongruente, al
haber omitido el estudio del abuso de la posición dominante.

En las restantes pretensiones (décima tercera a décima séptima), se depreca la
condena por intereses comerciales, de mora e indexación de las sumas de la condena
y costas, entre otros, que son consecuencia de la prosperidad de las pretensiones
declarativas aludidas en precedencia. Como estas fueron desestimadas, al omitir su
análisis, el fallo apelado no incurrió en una incongruencia.

4.6. De acuerdo con las consideraciones precedentes, se impone una respuesta
afirmativa al primer problema jurídico, debido a que el a quo no estudió las
pretensiones bajo los postulados del abuso de la posición dominante.

ANÁLISIS DEL SEGUNDO PROBLEMA JURÍDICO:
Sobre el desequilibrio por la mayor permanencia en obra y la atribución de
restablecerlo al ente contratante

4.7. Esta Subsección ha venido observando un criterio que la lleva a diferenciar entre
el juicio de responsabilidad contractual por incumplimiento, y el que antecede a la
condena al restablecimiento del equilibrio de la ecuación económica cuando la ruptura
de esta ha sido producto del hecho no imputable a las partes33. Ha seguido esa línea
de entendimiento de uno y otro instituto por cuanto, pese a que el artículo 5.1 inciso
2º de la Ley 80 de 1993 establece una regla en la que plantea la disyuntiva hipotética
de quiebra del equilibrio económico por uno u otro motivo, dicho planteamiento lo ha
hecho el legislador para definir, con base en esas dos suposiciones, respuestas
diferentes.

32 Aptados. 4.9 a 4.10.
33 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 21 de septiembre de 2020, exp. 47106,

aptado. 3.6.2.2; sentencia del 12 de julio de 2021, exp. 50879; y sentencia de 22 de noviembre de 2021, exp.
52430, entre otras.

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Así, de acuerdo con la norma mencionada, cuando el desequilibrio sea imputable al
incumplimiento del ente contratante, “tendrá que restablecerse la ecuación surgida al
momento del nacimiento del contrato”, mientras que, cuando haya acaecido por
circunstancias imprevistas que no sean imputables al contratista, el equilibrio
contractual se restablecerá hasta “un punto de no pérdida”. En todo caso, debe
acreditarse que el contratista sufrió un daño antijurídico, por los sobrecostos en que
habría incurrido para ejecutar el contrato; daño antijurídico que, de acuerdo con el
artículo 50 de la Ley 80 de 1993, la sentencia C-333 de 1996 que analizó su
constitucionalidad 34 y el artículo 90 de la Constitución, debe ser indemnizado
comprendiendo la disminución patrimonial que se ocasione, la prolongación de la
misma y la ganancia, beneficio o provecho dejados de percibir por el contratista,
cuando sea imputable al incumplimiento de la contraparte.

4.8. Ahora bien, como se expone más adelante de forma pormenorizada35, de acuerdo
con lo estipulado en el Contrato CDTO 215-09, Metrovivienda asumió toda la
responsabilidad por los diseños, estudios, planos y evaluaciones necesarios para la
ejecución de la obra, desde la finalización de la etapa de preconstrucción. De esta
forma, la mayor permanencia en obra, que el consorcio demandante imputa a
Metrovivienda por inconsistencias técnicas en los estudios, planos y diseños36, sería
atribuible al consorcio demandante, como responsable que era de estos insumos
técnicos. En consecuencia, conforme a lo estipulado, se impone la desestimación de
las pretensiones de restablecimiento del equilibrio económico fundadas en su
imputación directa a Metrovivienda, por dichas inconsistencias en los diseños y
estudios, o indirecta, por la omisión de la obligación de restablecer el equilibrio
contractual acaecido por circunstancias ajenas al consorcio contratista.

Sobre el abuso de la posición dominante

4.9. Descartada así la obligación de restablecer la ecuación financiara y la
responsabilidad indirecta por el rompimiento del equilibrio económico del Contrato
CDTO 215-09, procede la Sala a estudiar la responsabilidad por el abuso de la
posición dominante, que el Consorcio Avenida Usminia 003 le imputa al ente
contratante, por trasladarle al contratista las consecuencias económicas negativas de
las prórrogas, actuar de mala fe, abusar de la posición dominante y desconocer así
los principios básicos de la contratación estatal.

4.9.1. Como lo ha precisado la jurisprudencia, el principio de buena fe ―que orienta
las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas37, y disciplina tanto

34
35 Aptados. 4.11.1 y 4.11.3.
36 Aptado. 2.1.1.
37 CONSTITUCIÓN POLÍTICA. “Artículo 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas

deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten
ante estas”.

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la celebración como la ejecución de los contratos38― exige que la relación que surge
con el negocio jurídico, se ajuste realmente a la satisfacción cabal de la finalidad
económica, jurídica y social perseguida con su celebración 39 . Esta exigencia se
proyecta sobre las partes contratantes, cuyas facultades contractuales se orientan de
acuerdo con los fines de la contratación40, de forma tal que los compele a que “se
comporten en el ámbito de estas relaciones de manera fiel, recta, honesta y leal,
orientando sus actuaciones a la satisfacción de las prestaciones y absteniéndose de
abusar de los derechos o potestades que cada una de ellas ostenta frente a la otra”41,
en línea con el deber constitucional de no abusar de los derechos propios 42 y la
proscripción del abuso de poder en la contratación estatal 43. De acuerdo con ello,
como sanción44 al incumplimiento de este deber derivado de la buena fe, el artículo
830 del Código de Comercio prevé que “[e]l que abuse de sus derechos estará
obligado a indemnizar los perjuicios que cause”.

A su vez, la Corte Suprema de Justicia45, de tiempo atrás, ha considerado que el abuso
del derecho constituye una fuente de responsabilidad en el plano contractual, pues

«[…] tratándose de la autonomía de la voluntad privada y el conjunto de facultades con
que en virtud de ella cuentan las personas, facultades que se condensan en la de
celebrar un determinado negocio jurídico o dejar de hacerlo, en la de elegir con quien
realizarlo y en la de estipular las cláusulas llamadas a regular la relación así creada,
pueden darse conductas abusivas que en cuanto ocasionen agravio a intereses
legítimos no amparados por una prerrogativa específica distinta, dan lugar a que el
damnificado, aun encontrándose vinculado por el negocio y por fuerza precisamente
de las consecuencias que para él acarrea la eficacia que de este último es propia,
pueda exigir la correspondiente indemnización.

Y un ejemplo sin duda persuasivo de esa clase de comportamientos irregulares, lo
suministra el ejercicio del llamado "poder de negociación" por parte de quien,

38 CÓDIGO CIVIL. “Artículo 1603. Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo

a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación,
o que por ley pertenecen a ella”. CÓDIGO DE COMERCIO. “Artículo 871. Los contratos deberán celebrarse y
ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo
que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural”.
39 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 18 de julio de 2012, exp. 21573.
40 LEY 80 DE 1993. “Artículo 3. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con

la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente
prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran
con ellas en la consecución de dichos fines. || Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar
contratos con las entidades estatales que colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social
que, como tal, implica obligaciones. || Artículo 4o. De los derechos y deberes de las entidades estatales. Para la
consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales: […]. Artículo 5. De los derechos
y deberes de los contratistas. Para la realización de los fines de que trata el artículo 3o. de esta ley, los contratistas:
[…]” (subrayado añadido).
41 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 24 de mayo de 2012, exp. 18931.
42 CONSTITUCIÓN POLÍTICA.” Artículo 95. […] Son deberes de la persona y del ciudadano: || 1. Respetar los

derechos ajenos y no abusar de los propios; […]”.
43 LEY 80 DE 1993. “Artículo 24. Del principio de transparencia. En virtud de este principio: […] 8o. Las autoridades

no actuarán con desviación o abuso de poder y ejercerán sus competencias exclusivamente para los fines previstos
en la ley. […]”.
44 CÓDIGO CIVIL. “Artículo 6. La sanción legal no es sólo la pena sino también la recompensa; es el bien o el mal

que se deriva como consecuencia del cumplimiento de sus mandatos o de la transgresión de sus prohibiciones.
[…]”.
45 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, sentencia del 19 de octubre de 1994, exp. 3972;

reiterada en sentencia del 9 de agosto de 2000, exp. 5372.

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encontrándose de hecho o por derecho en una posición dominante en el tráfico de
capitales, bienes y servicios, no solamente ha señalado desde un principio las
condiciones en que se celebra determinado contrato, sino que en la fase de ejecución
o cumplimiento de este último le compete el control de dichas condiciones,
configurándose en este ámbito un supuesto claro de abuso cuando, atendidas las
circunstancias particulares que rodean el caso, una posición de dominio de tal
naturaleza resulta siendo aprovechada, por acción o por omisión, con detrimento del
equilibrio económico de la contratación» (subrayado añadido).

A partir de los anteriores razonamientos, esta Corporación ha referido que “el contrato
se incumple cuando la prestación se realiza faltando a la buena fe debida, porque
claramente esa ejecución contractual constituye una prestación imperfecta de lo
debido. Situación que suele presentarse en aquellos casos en que una de las partes,
prevaliéndose del poder que ostenta, impone condiciones contractuales inequitativas
o arbitrarias, defraudando la confianza o buena fe depositada por la parte débil en la
relación contractual”; circunstancia que se presenta, en situaciones en las que, “sin
incurrir en mora, el acreedor, aprovechándose de la posición dominante que tiene en
la relación, impone condiciones que solamente tienen en cuenta su propio interés y
que dificultan o imposibilitan entregar las cosas debidas afectando al deudor”46. Esta
es justamente la posición que ostenta el Estado, generalmente, en las relaciones
jurídicas de las que forma parte, en cuanto predispone unilateralmente el contenido
de sus cláusulas47, como lo ha referido esta Corporación48.

4.9.2. Este ejercicio antijurídico de la posición dominante de una de las partes
contratantes puede asimismo plasmarse en el texto contractual, mediante las
cláusulas que una de las partes fija unilateralmente. Unilateralidad que se aparta así
de la concepción propia de la teoría clásica de la autonomía de la voluntad, en la que
las partes negocian el contenido de los contratos en una posición de igualdad, con lo
cual nunca habría injusticia en un contrato que fue aceptado y celebrado por las
partes. Sin embargo, como lo ha precisado la jurisprudencia administrativa 49 , la
aparición de nuevas formas de contratación, en los que una de las partes fija, en su
beneficio, estipulaciones con las que desplaza riesgos u obligaciones o se arroga
facultades excesivas sin contrapartida alguna, ha llevado a revaluar aquella
concepción tradicional definida en razón de una impoluta autonomía de la voluntad,
en aras de “la tutela del débil”, conforme al artículo 13 de la Constitución50, sin que
esto implique “reescribir el contrato”.

46 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 24 de mayo de 2012, exp. 18931
47 LEY 80 DE 1993. “Artículo 30. De la estructura de los procedimientos de selección. La licitación o concurso se

efectuará conforme a las siguientes reglas: […] 2o. La entidad interesada elaborará los correspondientes pliegos
de condiciones, de conformidad con lo previsto en el numeral 5o. del artículo 24 de esta ley, en los cuales se
detallarán especialmente los aspectos relativos al objeto del contrato, su regulación jurídica, los derechos y
obligaciones de las partes, la determinación y ponderación de los factores objetivos de selección y todas las demás
circunstancias de tiempo, modo y lugar que se consideren necesarias para garantizar reglas objetivas, claras y
completas”.
48 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 18 de julio de 2012, exp. 21573.
49 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 28 de abril de 2014, exp. 41834;

sentencia de 29 de enero de 2014, exp. 46482; y sentencia de 25 de junio de 2014, exp. 28067.
50 CONSTITUCIÓN POLÍTICA. “Artículo 13. […] El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por

su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los
abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.

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En todo caso, la protección de la parte débil de la relación jurídica no surge, valga
aclararlo, del empleo de la fuerza en su contra como vicio del consentimiento 51, pues
esta supone el justo temor de verse expuesta a un mal irreparable52, que implica así
un agravio mayor al que se deriva de la abstención de contratar con un sujeto en
posición dominante.

El abuso de la posición dominante puede manifestarse en el texto del contrato
mediante cláusulas abusivas, que han sido caracterizadas, primordialmente, en razón
a:

“a) que su negociación no haya sido individual; b) que lesionen los requerimientos
emergentes de la buena fe negocial -vale decir, que se quebrante este postulado rector
desde una perspectiva objetiva: buena fe, probidad o lealtad-, y c) que genere un
desequilibrio significativo de cara a los derechos y las obligaciones que contraen las
partes”53.

En sentido similar, la jurisprudencia administrativa ha referido que las cláusulas
abusivas son aquellas que no fueron negociadas individualmente y que, “en contra de
las exigencias de la buena fe cause[n] un desequilibrio importante 54 ” 55 . Así, una
actuación que conlleve ese desequilibrio se opone a la buena fe objetiva, aplicable en
materia contractual, ya que este postulado impone “desplegar un comportamiento que
convenga a la realización y ejecución del contrato sin olvidar que el interés del otro
contratante también debe cumplirse y cuya satisfacción depende en buena medida de
la lealtad y corrección de la conducta propia”56.

4.9.3. Ahora, de acuerdo con el artículo 90 de la Constitución Política, que también
gobierna la responsabilidad contractual del Estado 57 , debe configurarse un daño
antijurídico para que surja la obligación indemnizatoria estatal. Con el abuso del
derecho, el daño antijurídicamente causado por quien ejerce sus facultades en
desmedro del fin para el cual fueron concebidas impone la obligación de resarcirlo.
Como lo ha precisado la Corte Suprema de Justicia, “si bien el derecho a la reparación
de los daños debe estar sustentado en la existencia del abuso como causa generatriz
de responsabilidad, también es lo cierto que la condena a pagar los perjuicios
causados por el mismo debe ir precedida tanto de la comprobación de que ese abuso

51 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 24 de abril de 2020, exp. 64432.
52 CÓDIGO CIVIL. “Artículo 1513. La fuerza no vicia el consentimiento sino cuando es capaz de producir una

impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición. Se mira como una
fuerza de este género todo acto que infunde a una persona un justo temor de verse expuesta ella, su consorte o
alguno de sus ascendientes o descendientes a un mal irreparable y grave. || El temor reverencial, esto es, el solo
temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto, no basta para viciar el consentimiento”.
53 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, sentencia del 13 de diciembre de 2002, exp. 6462;

reiterada en sentencia de 25 de agosto de 2021, rad. 19142-31-89-001-2013-00032-01. En sentido similar:
sentencia de 2 de febrero de 2001, exp. 5670; yE sentencia del 19 de octubre de 2011, exp. 2001-847.
«54 ATAZ LÓPEZ, Joaquín; Universidad de Murcia- Aula Senior- Curso 2009-2010. Murcia, 17 de noviembre de
2009».
55 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 25 de julio de 2011, exp. 19481.
56 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia de unificación de 19 de noviembre de 2012, exp. 24897.
57 CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-333 de 1996.

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ocasionó un perjuicio bien por daño emergente o lucro cesante o ya por daños
extrapatrimoniales”58.

De esta forma, cuando la Administración, prevalida de la posición dominante que
tenga en la negociación y ejecución del contrato, imponga al contratista unas
condiciones que dificulten o hagan imposible el cumplimiento de las prestaciones a
cargo del contratista, en términos que lleguen a ocasionarle perjuicios patrimoniales o
extrapatrimoniales, habrá ocasionado un daño imputable a un acto u omisión
antijurídica suya, dando así lugar a la obligación de indemnizarlo.

4.9.4. No pasa por alto la Sala que, si bien, la contratación estatal busca la satisfacción
de intereses generales59 que, como tales, prevalecen sobre los particulares60, es la
misma ley61 la que fija las facultades a través de las cuales, en el ámbito contractual
(entre otros), la Administración actúa con supremacía, imponiéndose sobre el
particular mediante una decisión unilateral ejecutiva y ejecutoria62. De esta forma, en
un estado de derecho con una jerarquía normativa definida conforme a los postulados
de la democracia y de la libertad individual63, es la ley la que fija la forma en que los

58 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, sentencia del 1 de abril de 2003, exp. 6499.
59 LEY 80 DE 1993, artículo 3.
60 CONSTITUCIÓN POLÍTICA. “Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de

República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y
pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la
integran y en la prevalencia del interés general”.
61 LEY 80 DE 1993. “Artículo 14. Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al

celebrar un contrato: || 1o. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la
ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de
los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán en los casos
previstos en el numeral 2 de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos
convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo
exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado. || En los actos en que se ejerciten algunas de estas
potestades excepcionales deberá procederse al reconocimiento y orden d
e pago de las compensaciones e indemnizaciones a que tengan derecho las personas objeto de tales medidas y
se aplicarán los mecanismos de ajuste de las condiciones y términos contractuales a que haya lugar, todo ello con
el fin de mantener la ecuación o equilibrio inicial. || Contra los actos administrativos que ordenen la interpretación,
modificación y terminación unilaterales, procederá el recurso de reposición, sin perjuicio de la acción contractual
que puede intentar el contratista, según lo previsto en el artículo 77 de esta Ley. || 2o. Pactaran las cláusulas
excepcionales al derecho común de terminación, interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento a las
leyes nacionales y de caducidad en los contratos que tengan por objeto el ejercicio de una actividad que constituya
monopolio estatal, la prestación de servicios públicos, los contratos relacionados con el programa de alimentación
escolar o la explotación y concesión de bienes del Estado, así como en los contratos de obra. En los contratos de
explotación y concesión de bienes del Estado se incluirá la cláusula de reversión. || Las entidades estatales podrán
pactar estas cláusulas en los contratos de suministro y de prestación de servicios. || En los casos previstos en este
numeral, las cláusulas excepcionales se entienden pactadas aun cuando no se consignen expresamente”.
62 “La Ley 80 de 1993, solo por vía de excepción, le imprimió carácter de función administrativa a la actividad

contractual a esos asuntos. En los demás, propios de la ejecución del contrato, son, en primer lugar, las partes las
llamadas a determinar las reglas que regirán su relación contractual, sin que puedan derogarse por convenio las
normas de orden público (art. 16 CC) y, en segundo lugar, las normas supletivas del derecho común. Las
decisiones que son expresión de función administrativa (actos de poder), de conformidad con la ley, tienen como
instrumento principal el acto administrativo. En cambio, frente a una manifestación de actividades propias de los
particulares –industriales y comerciales, por ejemplo (actos de gestión)–, no podría predicarse su existencia. || De
ahí que, en la ‘actividad contractual’ del Estado (precontractual, de ejecución y postcontractual), las entidades
sometidas a la Ley 80 de 1993 pueden expedir actos administrativos solo por excepción, cuando ello refleje una
verdadera prerrogativa de poder público. Debe existir, pues, una disposición que establezca expresamente que las
entidades sometidas al estatuto están habilitadas para proferir actos administrativos. En lo demás, la regla general
será el derecho común y, por ende, los actos de gestión”. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección
C, sentencia de 16 de diciembre de 2022, exp. 41646.
63: “Así, el principio de legalidad se configura como un elemento esencial del Estado de Derecho, de forma tal que

es presupuesto de los otros elementos que lo integran. Este principio surge debido a la confluencia de dos

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órganos del Estado deben actuar para alcanzar sus fines64, definiendo las condiciones
que disciplinan su actuación65.

No resulta válido así, consecuentemente, que la Administración, en razón del interés
general que persigue, se arrogue, al margen de lo que dispone la ley, una posición
supraordenada en las relaciones jurídicas de las que forme parte, para imponer al
contratista unas condiciones que desequilibren la relación en detrimento desmesurado
suyo. En todo caso, incluso cuando la Administración ejerza esas facultades
excepcionales, deberá proceder “al reconocimiento y orden de pago de las
compensaciones e indemnizaciones a que tengan derecho las personas objeto de
tales medidas y se aplicarán los mecanismos de ajuste de las condiciones y términos
contractuales a que haya lugar, todo ello con el fin de mantener la ecuación o equilibrio
inicial” (Ley 80, artículo 14). De lo contrario, si la Administración impusiera el
mantenimiento del desequilibrio contractual, incurriría en un abuso de poder, como de
tiempo atrás lo ha precisado la jurisprudencia administrativa66.

4.10. Además de la responsabilidad contractual que surge por el abuso de la posición
dominante, en el derecho comparado se han adoptado medidas legislativas,
administrativas o jurisprudenciales dirigidas a preservar la igualdad en la fase
precontractual, regular el lenguaje empleado, e invalidar cláusulas abusivas, dentro

postulados básicos de la ideología liberal: de una parte, la intención de establecer un gobierno de leyes, no de
hombres (governmet of laws, not of men), esto es, “un sistema de gobierno que rechace las decisiones subjetivas
y arbitrarias del monarca por un régimen de dominación objetiva, igualitaria y previsible, basado en normas
generales” [...], y de otra, el postulado de la ley como expresión de la soberanía popular, el principio democrático,
según el cual la soberanía está en cabeza del pueblo y se expresa mediante la decisión de sus representantes, en
la ley.” CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C- 355 de 2008
64 “Desde esa perspectiva, el pacto de facultades exorbitantes o excepcionales sólo puede provenir de una

autorización del Legislador de incorporar al contrato las cláusulas que regulan su ejercicio, es decir, en los eventos
previa y expresamente establecidos por la ley, toda vez que tamaños poderes no pueden quedar a la mera
autonomía de la voluntad de las partes, a quienes no les es dable convenir su otorgamiento sin la anuencia o
autorización de aquél, pues ello constituye una clara violación, no sólo del artículo 14 de la Ley 80 de 1993, sino,
más grave aún, de los preceptos constitucionales antes citados, lo que acarrea la nulidad de la cláusula
correspondiente al configurarse la causal de nulidad absoluta por objeto ilícito (artículos 1502, 1519 y 1741 del
Código Civil) y la nulidad por abuso de poder (artículo 44-3 de la Ley 80 de 1993), en tanto conlleva el ejercicio de
funciones no asignadas por la Constitución o la ley a la Administración”. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera,
sentencia de 7 de octubre de 2009, exp. 17936.
65 “La definición de Colombia como un Estado de Derecho implica, entre muchas otras cosas, que la actuación de

las autoridades públicas debe sujetarse a la prescripción legal. Este deber de sujeción constituye una de las
expresiones más importantes del principio de legalidad: implica que el comportamiento que desplieguen los
órganos del Estado para alcanzar sus fines, debe sujetarse a las condiciones que para ello se hubieren establecido
en las normas que disciplinan su actuación. Ese punto de partida del principio de legalidad encuentra reflejo o
concreción (i) en el artículo 121 de la Constitución conforme al cual ninguna autoridad del Estado podrá ejercer
funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley, (ii) en el artículo 122 que establece que no habrá
empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley o reglamento, (iii) en el segundo inciso del artículo 123
de la Constitución que establece que los servidores públicos ejercerán sus funciones en la forma prevista por la
Constitución, la ley y el reglamento y (iv) en el artículo 230 al prever que los jueces, en sus providencias, solo están
sometidos al imperio de la ley. […] Según lo anterior, no es admisible que el cumplimiento de funciones públicas
por parte de las autoridades carezca de una regulación que oriente y discipline las actividades que con tal propósito
se emprendan”. CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-414 de 2012.
66 “Y si es la administración la que, so pretexto del bien común, impone el mantenimiento de tal desequilibrio, es

ella la que en tal evento está pisando los terrenos del desvío del poder, que es una de las especies pertenecientes
a la protoforma genérica del abuso del derecho. El hecho del príncipe, se ha visto, causa una perturbación
contractual en perjuicio del contratista privado, que de subsistir implicaría el desafuero o abuso de autoridad. Como
se ve, las anteriores configuraciones aberrantes se entremezclan y amalgaman en complejos antijurídicos que la
ciencia del derecho, en sus manifestaciones teóricas y jurisprudenciales, busca corregir a todo trance. También la
ley los corrige”. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia de 20 de septiembre de 1979, exp. 2742.

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de las que se destacan las de modificación de la responsabilidad contractual67. El
derecho colombiano, aunque tardíamente, no ha sido ajeno a esta tendencia,
incorporando la prohibición de ciertas cláusulas abusivas, dentro de las que se
incluyen los pactos de limitación o exclusión de responsabilidad en los contratos de
transporte 68 , de servicios públicos domiciliarios 69 y en los celebrados con
consumidores70.

En el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (“EGCAP”), por
la remisión al derecho común sobre la materia, se aceptan con carácter general las
cláusulas de exoneración o limitación de responsabilidad en convenciones
modificatorias, en cuanto no impliquen una condonación del dolo futuro, una
obligación sujeta a condición meramente potestativa, ni contravengan las buenas
costumbres, el orden público ni el derecho público71. Sin embargo, por implicar una
renuncia a derechos del contratista que es un colaborador de la Administración, su
interpretación es restrictiva72 y en ella debe tomarse en consideración la matriz de
riesgos73, que debe ser definida desde la etapa precontractual74, para verificar que no
exista un desequilibrio desmesurado en detrimento de una de las partes del contrato.

En línea con ello, en la jurisprudencia administrativa han sido anuladas cláusulas
abusivas, con las cuales: (i) el ente contratante decidía, por sí y ante sí, si, durante la
ejecución del contrato, prevalecían las disposiciones del pliego de condiciones o del
contrato; (ii) se denegaba, anticipadamente, toda reclamación del contratista por

67 MUÑIZ ARGÜELLES, Luis. Las Cláusulas Modificativas de la Responsabilidad Contractual: Estudio comparado

de las normas españolas, francesas y estadounidenses, Temis, Bogotá, 2006.
68 CÓDIGO DE COMERCIO. “Artículo 992. [Modificado por el Decreto 01 de 1990]. El transportador sólo podrá

exonerarse, total o parcialmente, de su responsabilidad por la inejecución o por la ejecución defectuosa o tardía
de sus obligaciones, si prueba que la causa del daño le fue extraña o que en su caso, se debió a vicio propio o
inherente de la cosa transportada, y además que adoptó todas las medidas razonables que hubiere tomado un
transportador según las exigencias de la profesión para evitar el perjuicio o su agravación. || Las violaciones a los
reglamentos oficiales o de la empresa, se tendrán como culpa, cuando el incumplimiento haya causado o agravado
el riesgo. || Las cláusulas del contrato que impliquen la exoneración total o parcial por parte del transportador de
sus obligaciones o responsabilidades, no producirán efectos”.
69 LEY 142 DE 1994. “Artículo 133. Abuso de la posición dominante. Se presume que hay abuso de la posición

dominante de la empresa de servicios públicos, en los contratos a los que se refiere este libro, en las siguientes
cláusulas: || 133.1. Las que excluyen o limitan la responsabilidad que corresponde a la empresa de acuerdo a las
normas comunes; o las que trasladan al suscriptor o usuario la carga de la prueba que esas normas ponen en
cabeza de la empresa; […]”.
70 LEY 1480 DE 2011. “Artículo 43. Cláusulas abusivas ineficaces de pleno derecho. Son ineficaces de pleno

derecho las cláusulas que: || 1. Limiten la responsabilidad del productor o proveedor de las obligaciones que por
ley les corresponden; […]”.
71 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 4 de agosto de 2021, exp. 45004;

reiterada en sentencia de 31 de mayo de 2022, exp. 52386.
72 Ibidem.
73 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 27 de febrero de 2024, exp. 57604.
74 LEY 1150 DE 2007. “Artículo 4°. De la distribución de riesgos en los contratos estatales. Los pliegos de

condiciones o sus equivalentes deberán incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles
involucrados en la contratación. || En las licitaciones públicas, los pliegos de condiciones de las entidades estatales
deberán señalar el momento en el que, con anterioridad a la presentación de las ofertas, los oferentes y la entidad
revisarán la asignación de riesgos con el fin de establecer su distribución definitiva”.

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cualquier sobrecosto 75 ; y (iii) el contratista de una obra renunciaba, de forma
anticipada, a toda reclamación por el reajuste de precios76.

Aparte, en sentencias de esta Corporación proferidas el 29 de enero, 28 de abril y 25
de junio de 2014 (exps. 41834, 46862 y 28067) fue declarada la nulidad absoluta de
sendos contratos de transacción, suscritos con ocasión de un accidente aéreo, por
desconocer la responsabilidad por falla del servicio que le asistía a la Administración,
con lo cual, además de desnaturalizar ese contrato que se caracteriza por las
prestaciones mutuas de los suscribientes, se materializaba un ejercicio abusivo de la
posición de dominio del ente contratante, que “resultó contrario al mínimo equilibrio
que debe observarse y esperarse en las relaciones negociales, teniendo en cuenta,
por demás, la intensidad del daño ocasionado a los demandantes, los cuales, se
reitera, no se encontraban en una igualdad real y efectiva en relación con su
contraparte”.

A su vez, el derecho positivo colombiano ha incorporado prescripciones tendientes a
proscribir conductas que son claramente abusivas, sin que ello signifique, que de esta
forma se agota la regla prescriptiva del principio que proscribe el abuso de la posición
dominante. Así, en los contratos de obra, el EGCAP prohíbe las exenciones de la
responsabilidad derivada de los datos, informes y documentos que se suministren en
el proceso de selección y, en caso de que sean estipuladas, se prevé que son
ineficaces de pleno derecho77. De esta forma, el EGCAP sanciona la omisión del deber
de planeación, del cual se deriva la subregla que le impone a la Administración contar
con los estudios y diseños que hagan posible y viable el proyecto que se propone
realizar a través del contrato de obra que incluya su diseño, además de prever su
impacto social, económico y ambiental78; deber que, como de antaño lo ha precisado
esta Corporación79, busca evitar dilaciones y tropiezos futuros que impidan la oportuna
y adecuada ejecución del contrato.

75 La Subsección A, en sentencia del 18 de julio de 2012 (exp. 21573), declaró la nulidad absoluta de las dos

cláusulas referidas, al considerar que “se trata[ba] de estipulaciones abusivas que vulneran el Principio de Buena
Fe contractual y que afectan el equilibrio económico del contrato”, con las que, además, el contratante se arrogaba,
en la práctica, la facultad de interpretar unilateralmente el contrato, sin sujetarse a las disposiciones atinentes a
esa facultada excepcional.
76 En sentencia del 14 de marzo de 2013 (exp. 20524), la Subsección A resolvió que la cláusula con la que el

contratista de una obra renunciaba, de forma anticipada, a toda reclamación por el reajuste de precios era nula,
por ser opuesta al derecho del contratista a que su valor intrínseco no se altere o modifique durante la vigencia del
contrato (art. 5.1, Ley 80 de 1993), además de ser abusiva, por “propende[r] por el favorecimiento de una de las
partes en la relación contractual, sin que exista una justificación constitucional o legal válida”.
77 LEY 80 DE 1993. “Artículo 24. Del principio de transparencia. En virtud de este principio: […] 5o. En los pliegos

de condiciones: […] d) No se incluirán condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni exenciones de la
responsabilidad derivada de los datos, informes y documentos que se suministren. […] Serán ineficaces de pleno
derecho las estipulaciones de los pliegos y de los contratos que contravengan lo dispuesto en este numeral, o
dispongan renuncias a reclamaciones por la ocurrencia de los hechos aquí enunciados”.
78 LEY 80 DE 1993. “Artículo 25. Del principio de economía. En virtud de este principio: […] 12. Previo a la apertura

de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el caso en que la modalidad de selección sea contratación
directa, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones, según
corresponda. || Cuando el objeto de la contratación incluya la realización de una obra, en la misma oportunidad
señalada en el inciso primero, la entidad contratante deberá contar con los estudios y diseños que permitan
establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental. Esta condición será aplicable
incluso para los contratos que incluyan dentro del objeto el diseño. […]”
79 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 29 de abril de 2015, exp. 21081.

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De esta forma, en el EGCAP fue prohibido el pacto de exclusiones de responsabilidad
con las que la Administración, prevalida de la posición dominante que ostenta, cargue
al contratista con las consecuencias derivadas de la omisión del deber de elaborar
estudios y diseños que le asiste.

Sobre el abuso de la posición dominante por la inclusión de cláusulas
abusivas

4.11. Para determinar la forma en la que en el asunto bajo examen podría configurarse
un abuso de la posición dominante, resulta pertinente referir, de acuerdo con las
consideraciones precedentes, las siguientes estipulaciones que rigieron la relación
jurídica en la que se suscitaron los hechos traídos a este contencioso:

4.11.1. El dieciséis (16) de diciembre de dos mil nueve (2009), Metrovivienda y el
Consorcio Avenida Usminia 003 suscribieron el Contrato80 CDTO 215-09, que tenía
por objeto la ejecución de las “Obras de Urbanismo de la Avenida Usminia, así: Ramal
V3-E1 y Ramal V3-E2, Retorno V7-20, Glorieta G1 y Obras complementarias en la
Operación Estratégica Nuevo Usme”, lo cual comprendía las “Obras de Urbanismo de
la Avenida Usminia, así: Ramal V3-E1 y Ramal V3-E2, Retorno V7-20, Glorieta G1 y
Obras complementarias en la Operación Estratégica Nuevo Usme”.

En este contrato fue estipulado lo siguiente:

“OCTAVA. PLAZO: El plazo de ejecución es veintiún (21) meses, contados a partir de
la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecución del contrato y distribuido así: a) Dos (2) meses para la
etapa de preconstrucción. En este periodo el contratista está obligado a revisar la
documentación suministrada por METROVIVIENDA y por el consultor consorcio
Usminia 2-2008, para que realice observaciones, adopte y proponga nuevas
alternativas si es del caso. Los costos generados por este concepto se encuentran
consignados en los costos administrativos del contrato. Durante la etapa de
Preconstrucción, el contratista deberá seguir las condiciones descritas en las
especificaciones técnicas de las entidades de servicios públicos y distritales vigentes
en la fecha de apertura de este proceso, que en términos generales contemplan los
parámetros mínimos de diseño y las especificaciones técnicas particulares: Durante
la etapa de Preconstrucción se trasladan los siguientes riesgos al contratista:
Variaciones de los componentes técnicos necesarios para cumplir con el objeto
del contrato. En todo caso, el contratista será responsable y asumirá todos los
riesgos, derivados del uso y aplicación de los diseños. […]. PARÁGRAFO
TERCERO: Considerando que los Diseños Urbanísticos, Paisajísticos y Técnicos para
la Avenida Usminia se encuentran en etapa de desarrollo, el contratista no podrá dar
inicio a la obra hasta que se cuente con la aprobación de los mismos por parte de las
autoridades competentes.”

[…]

“DÉCIMA PRIMERA. ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN: El inicio de esta etapa se da
con la firma del acta de iniciación del contrato, una vez se cumpla con los requisitos

80 F. 194-199, c. 4.

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establecidos para la suscripción del contrato. En este periodo el contratista está
obligado a revisar la documentación suministrada por METROVIVIENDA, y realizar un
informe que debe contener como mínimo análisis dentro de los cuarenta y cinco (45)
días calendario siguientes a la firma del acta de inicio del contrato, con todas las
observaciones. En los quince (15) días calendario siguientes, METROVIVIENDA o
quien este designe revisará dicho informe y resolverá las inquietudes planteadas en el
mismo. Así mismo, el contratista realizará durante este periodo la planeación de las
obras de construcción que garanticen el cabal cumplimiento en el plazo estipulado.
Teniendo en cuenta que los costos de personal durante la etapa de preconstrucción
están incluidos dentro del ítem de administración del AUI [sic] presentado por el
contratista. METROVIVIENDA no hará pago o reconocimiento alguno por ningún
concepto al proponente adjudicatario durante este periodo. DECIMA SEGUNDA.
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN: En esta etapa el contratista deberá acometer las obras
de acuerdo al presupuesto, programa y propuesta metodológica previamente
aprobados por la interventoría en la etapa de preconstrucción. […]” (énfasis añadido).

4.11.2. Según el pliego de condiciones81, Metrovivienda le entregaría al contratista los
esquemas generales de construcción, cuya responsabilidad asumiría dicho ente, sin
que, con ello, se exonerara al contratista de “su obligación de avisar oportunamente a
METROVIVIENDA sobre las discrepancias, inexactitudes, errores u omisiones que
encuentre en los planos, esquemas e informaciones que ella le ha suministrado” 82.
En otro extracto del pliego, consta que el contratista recibiría “los planos o esquemas
que le suministre METROVIVIENDA y en estos se basará para la ejecución de los
trabajos objeto de esta licitación”; y que, cualquier “trabajo hecho antes de la entrega”
de dichos insumos, sería “a riesgo del CONTRATISTA”. Esto fue reiterado en el
parágrafo tercero de la cláusula octava del contrato, relacionada con el plazo de
ejecución contractual, transcrito anteriormente. En todo caso, en el pliego se
mencionó, asimismo, que los “Diseños Urbanísticos, Paisajísticos y Técnicos para la
Avenida Usminia se encuentran en etapa de desarrollo, [por lo que] el contratista no
podrá dar inicio a la obra hasta que se cuente con la aprobación de los mismos por
parte de las autoridades competentes”.

4.11.3. En este orden de ideas, de acuerdo con una interpretación sistemática del
Contrato CDTO 215-09 ―a cuyo texto se integra el pliego de condiciones 83 ―
Metrovivienda asumía la responsabilidad por los diseños, estudios, planos y
evaluaciones necesarios para la ejecución de la obra, que le corresponde de acuerdo
con el artículo 26.3 de la Ley 80 de 1993 84 , hasta la finalización de la etapa de

81 F. 109-141, c. 2.
82 En el aparte del pliego referido a los planos, especificaciones y esquemas de la obra, consta que al contratista

se le suministrarían: “[…] esquemas generales de construcción, libres de costo y en la fecha oportuna durante el
progreso de los trabajos, según las necesidades que haya para su ejecución satisfactoria; también podrá tener
acceso a la consulta de los planos de las vías y de las redes, en caso de requerirse. […] Si durante la ejecución
de los trabajos, se requieren trabajos de reconstrucción o construcción de obras, éstas se ejecutarán en su totalidad
de acuerdo con los planos expedidos por METROVIVENDA. […] ETROVIVIENDA asume la responsabilidad de los
planos y de las informaciones suministradas por escrito al Contratista, dentro de la intención general de los mismos,
pero esto no exonera al Contratista de su obligación de avisar oportunamente a METROVIVENDA sobre las
discrepancias, inexactitudes, errores u omisiones que encuentre en los planos, esquemas e informaciones que ella
le ha suministrado”.
83 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia de 3 de febrero de 2000, exp. 10399.
84 LEY 80 DE 1993. “Artículo 26. Del principio de responsabilidad. En virtud de este principio: […] 3o. Las entidades

y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto licitaciones sin haber elaborado previamente los
correspondientes pliegos de condiciones, diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueren necesarios, o

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preconstrucción. En esta fase de la ejecución contractual, el contratista realizaba un
informe con unas observaciones sobre la documentación suministrada, y la
proposición de nuevas alternativas, al que el ente contratante daba respuesta, con lo
cual el consorcio contratista asumía, “en todo caso […] todos los riesgos, derivados
del uso y aplicación de los diseños”.

Sin embargo, el contratista no tenía la facultad de dar por terminado el contrato al
concluir la fase de preconstrucción, pues esta facultad no fue pactada en el Contrato
CDTO 215-09, ni está prevista en la normativa supletiva aplicable a este tipo
contractual. Por ende, de acuerdo con lo pactado, al concluir la fase de
preconstrucción, con la respuesta de la Administración a las observaciones y
propuestas formuladas, el contratista quedaba obligado a ejecutar las obras, conforme
al término y a los precios estipulados inicialmente, sin que tuviera relevancia alguna
la cantidad ni la entidad de los defectos advertidos en las observaciones formuladas.

No pasa por alto la Sala que la labor realizada en la fase de preconstrucción no tenía
una remuneración directa, sino que, como parte del rubro de administración
comprendido en el AIU de los ítems de las obras a ejecutar, sería remunerado después
de que concluyera el período de preconstrucción. De esta forma, el contratista, al
revisar los estudios y diseños proporcionados por el ente contratante, sin una
remuneración directa por ello, asumía la responsabilidad asignada por la ley a la
Administración, sin que en ello incidieran los defectos en las especificaciones, ni la
respuesta a las observaciones dada por el ente contratante.

Aparte, nota la Sala que en el pliego de condiciones85 se especificó que el contratista
era responsable de: (i) los daños que ocasionara a instalaciones de Metrovivienda, los
servicios públicos, propiedades de terceros o por la obstrucción de vías; (ii) la gestión
anticipada de permisos de cierre de vías o corte de servicios públicos; (iii) la obtención
de todos los permisos y licencias que se requieran para ejecutar las obras contratadas;
(iv) “los gastos de gestión, derechos, licencias y consumo de servicios públicos”; (v)
“los perjuicios que ocasione por disposición inadecuada de materiales, por descuido
en el manejo del equipo, por deficiencia en el control de aguas en el sitio donde efectuó
los trabajos ordenados, o por cualquier falla atribuible a negligencia y falta de cuidado
en los mismos”; (vi) “todo lo concerniente a la naturaleza del trabajo y a los sitios del
mismo, las condiciones generales y locales, las relacionadas con el transporte,
disposición, manejo y almacenamiento de materiales”; (vii) la protección de las obras
y de los materiales; (viii) la seguridad del personal de la obra; y (ix) la coordinación de
los trabajos con otros contratistas de Metrovivienda y con las empresas de servicios
públicos.

El contratista, con un carácter general, asumió además el conocimiento de:

cuando los pliegos de condiciones hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que conduzcan
a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de aquellos”.
85 Numerales 7.6 a 7.19.

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“[…] todos los factores sobre los cuales se pueda razonablemente obtener información
y que en alguna forma afecte el trabajo, los plazos para su ejecución y su costo, los
cuales debieron ser tenidos en cuenta por el Contratista al formular su propuesta. En
consecuencia, Metrovivienda no reconocerá ninguna compensación adicional y/o
extensión de los plazos fuera de los casos contemplados expresamente en el contrato.
El hecho de que los documentos de [la] licitación [sic], no lo releva de la
responsabilidad de cerciorarse de la dificultad y del costo de llevar a cabo con éxito los
trabajos”.

De otro lado, en el pliego de condiciones, Metrovivienda no especificó la
responsabilidad que asumía. Consta que, en todo caso, esta entidad podría aumentar
las cantidades estimadas y el contratista tendría que ejecutarlas; e, igualmente, podría
disminuirlas, “sin que el contratista tenga derecho a reclamar por este concepto”.
Aparte, Metrovivienda determinó que “podr[í]a si lo estima conveniente y de acuerdo
al desempeño del contratista en la ejecución de los trabajos, prorrogar el plazo de
ejecución del contrato”.

De esta forma, resulta claro que, en la matriz de riesgos definida en la licitación que
llevó a la suscripción del contrato CDTO 215-09, toda la responsabilidad por los
diseños de las obras, su licenciamiento, ejecución y entrega le correspondió al
consorcio contratista, mientras el ente contratante se eximió incluso de la
responsabilidad que, conforme a la ley, le corresponde por los diseños y estudios
entregados para definir la viabilidad del objeto contractual.

4.11.4. En este orden de ideas, la Sala concluye que Metrovivienda incurrió en un
abuso de su posición dominante al excluir la responsabilidad que, por disposición
legal, le corresponde al ente contratante por la calidad de los estudios y diseños
entregados, tras su revisión por el contratista sin una remuneración directa y la
respuesta de la entidad a los comentarios que aquel realizara, sin que el contratista
tuviera la posibilidad de terminar la relación jurídica, en caso de que hallara que los
defectos en dichos diseños y estudios hicieran excesivamente gravosa la ejecución
de los trabajos, y sin que dicho ente asumiera responsabilidad alguna, ni especificara
una matriz de riesgos del contrato. En consecuencia, la exclusión de responsabilidad
pactada en el Contrato CDTO 215-09 y el pliego de condiciones de la licitación pública
núm. MV-LP-03-2009 se tendrá por no escrita, conforme al artículo 24 ordinal 5º literal
d) de la Ley 80 de 1993. Ante la ineficacia de esta cláusula, procede el estudio del
restablecimiento económico del Contrato CDTO 215-09 por las falencias en los
diseños y estudios técnicos de las obras.

4.11.5. No se impone, sin embargo, la misma prédica sobre la estipulación con la que
el contratista asumió la responsabilidad por la obtención de los permisos y licencias
requeridos para la ejecución de las obras contratadas 86 , pues, con dicho pacto,
Metrovivienda no trasladó al contratista la responsabilidad que, por disposición legal,
le corresponde, sin la posibilidad de terminar la relación jurídica en caso de que, por
causa del mismo ente contratante, esa obligación le resultare excesivamente gravosa,
86 Aptado. 4.11.3.

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pues el licenciamiento depende del cumplimiento de disposiciones legales que son
verificadas por una entidad perteneciente al Sistema Nacional Ambiental (SINA), del
cual no forma parte Metrovivienda (artículo 4, Ley 99 de 1993). La eficacia de esta
estipulación, por lo tanto, se mantiene incólume, de forma tal que la mayor
permanencia la tardanza en el licenciamiento de las obras no es ajena al Consorcio
Avenida Usminia 003 ni, menos aún, imputable a Metrovivienda.

Sobre el desequilibrio contractual por las falencias en los diseños y estudios
técnicos de las obras

4.12. Ahora, para analizar si en el presente asunto se configuró un desequilibrio
financiero del Contrato CDT-215-09, que a su vez hiciera exigible la obligación de
medio de Metrovivienda de restablecerlo, resulta pertinente rememorar los siguientes
hechos:

4.12.1. El diecinueve (19) de abril de dos mil diez (2010), las Metrovivienda y el
Consorcio Avenida Usminia 003 suscribieron el acta de inicio87 del Contrato CDT-215-
09 y, durante la fase de preconstrucción, las partes suscribieron las siguientes actas
modificatorias y suspensivas del plazo del negocio:

Núm. Acto Contenido Motivos
4.12.1.1. Núm. 2 de suspensión Suspensión del plazo del “De acuerdo a lo establecido en los
del contrato de obra contrato durante un (1) pliegos de condiciones del contrato
del 31 de mayo de mes contado desde la de obra donde se especifica que
2010 (f. 204, c. 2) firma del acta. durante la etapa de pre-
construcción el contratista revisará
la documentación suministrada por
METROVIVIENDA, realizará
visitas al terreno y elaborará un
informe dentro de los cuarenta y
cinco (45) días calendario
siguientes a la firma del acta de
inicio del contrato, el consorcio […]
objetó algunos aspectos técnicos
de los planos y diseños
suministrados ante lo cual
Metrovivienda elevó la consulta al
diseñador y su respectiva
interventoría […] para lo cual se ha
dispuesto un término de 30 días
dadas las características de las
observaciones presentadas por el
constructor”.
4.12.1.2. Modificación núm. 1 «A). Modificar la Cláusula De acuerdo con la parte motiva de
del 1° de julio de 2010 Quinta "Anticipo" en el la modificación, en memorando del
(f. 207-208, c. 2) sentido de determinar los 2 de julio de 2010, el “Director
ítems objeto de inversión, Técnico de Obras”, solicitó la
excluyendo la compra de modificación de la cláusula referida
equipo y maquinaria así: al anticipo para replantear el plan
de inversión “que excluya la
compra de equipo y maquinaria de
la siguiente manera”: Pago de
87 F. 201, c. 2.

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• Pago de Salarios, salarios, prestación de servicios y
prestación de servicio y parafiscales (22%); combustibles
para fiscales 22% (10%); transporte de materiales,
escombros y alquiler maquinaria
• Combustibles 10% (28%) y compra de materiales y
accesorios (40%).
• Transporte materiales,
escombros y alquiler En el mismo memorando, fue
maquinaria 28% solicitada la prórroga del “sub plazo
de preconstrucción por un periodo
• Compra de materiales y de dos meses”, porque: (i) ante las
accesorios 40% observaciones del contratista y del
interventor sobre los planos y
B) Modificar la Cláusula diseños de construcción era
Octava "Plazo" en el “necesario hacer mesas de trabajo
sentido de prorrogar el con los profesionales
subplazo de etapa de especializados en las áreas de
preconstrucción por un diseño geométrico, estructura de
periodo de dos (2) meses, pavimento, geotecnia, estructura
es decir, hasta el 18 de hidráulica, redes húmedas, secas y
septiembre de 2010. Con urbanismo”; (ii) durante “el proceso
motivo de la prórroga de la de materialización de puntos de
etapa de preconstrucción control y levantamiento topográfico
la fecha terminación del se evidenciaron inconsistencias en
contrato es el 13 de abril el terreno que son necesario [sic]
de 2012. PARAGRAFO: subsanar”; (iii) para “realizar los
El costo de la prórroga del ajustes de diseño y completar y
subplazo en la etapa de completar los planos de
preconstrucción será construcción se requieren mesas
cancelado mediante la de trabajo con el propósito de
suscripción de la agilizar la obtención de información
correspondiente acta de necesaria para la elaboración de
mayores y menores informes”.
cantidades de obras.»
4.12.1.3. Modificación núm. 2 «Modificar la Cláusula El Director Técnico de Obras,
del 2 de septiembre Octava "Plazo" en el “previa petición al efecto realizada
de 2010 (f. 210-212, sentido de prorrogar el por el CONSORCIO”, planteó la
c. 2) subplazo de etapa de prórroga del plazo contractual,
preconstrucción por un porque: a) en el proceso de
periodo de un (1) mes, es revisión de los diseños, se
decir, hasta el 18 de evidenció que era necesario
octubre de 2010. Con “realizar ajustes y completar los
motivo de la prórroga de la detalles de ingeniería básica
etapa de preconstrucción previos al inicio de la etapa de
la fecha de terminación es construcción los cuales deben ser
el 18 de mayo de 2012. aceptados por las empresas de
PARAGRAFO: El costo de servicios públicos”, advirtiendo que
la prórroga del subplazo en si bien se habían adelantado
la etapa de “mesas de trabajo con la
preconstrucción será participación de los especialistas
cancelado mediante la en cada área”, la “totalidad de las
suscripción de la observaciones al diseño” no
correspondiente acta de habían sido atendidas para la
mayores y menores fecha de la modificación; b) en “la
cantidades de obras.» materialización de puntos de
control y levantamiento topográfico
se han evidenciado
inconsistencias en el terreno que
no han sido subsanadas por parte
de la consultoría”; c) se requería
“un tiempo adicional después de

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recibir los diseños y memorias
aprobadas, para obtener los
detalles de construcción
necesarios para elaborar el
informe consolidado de la etapa de
preconstrucción”.
4.12.1.4. Modificación núm. 3 «Modificar la Cláusula El Director Técnico de Obras,
del 7 de octubre de Octava "Plazo" en el previa petición del Consorcio,
2010 (f. 214-216, c. 2) sentido de prorrogar el solicitó la ampliación del plazo
subplazo de etapa de porque: a) a la fecha, no se
preconstrucción por un contaba con “la totalidad de las
periodo de un (1) mes, es definiciones a las observaciones
decir, hasta el 18 de presentadas a los diseños
noviembre de 2010. Con entregados por la entidad”, ni se
motivo de la prórroga de la habían “recibido por parte del
etapa de preconstrucción consultor los ajustes a los diseños
la fecha de terminación es que permitan contar con los
el 18 de junio de 2012. detalles constructivos para el inicio
PARAGRAFO: El costo de de la etapa de construcción”; y b)
la prórroga del subplazo en las causas que dieron lugar a las
la etapa de prórrogas anteriores no se habían
preconstrucción será superado.
cancelado mediante la
suscripción de la
correspondiente acta de
mayores y menores
cantidades de obras.»
4.12.1.5. Acta núm. 4 de Suspensión del plazo por Sin perjuicio de reactivar el plazo
suspensión del tres meses, a partir del día de ejecución antes de tres meses,
contrato del 10 de de la firma del acta. las partes acordaron la suspensión
noviembre de 2010 (f. “si las empresas distritales y de
218, c. 2) servicios públicos han aprobado”
las modificaciones y ajustes a los
diseños, realizadas en la etapa de
preconstrucción.
4.12.1.6. Acta núm. 5 de Reanudación del plazo La reactivación se produjo en
reinicio del plazo del contractual suspendido en “razón a que se hizo entrega a la
contrato, del 28 de el acta 4. interventoría y al contratista de las
enero de 2011 (f. 220, memorias de cálculo y los planos
c. 2). de diseño del proyecto con sello de
aprobado para construcción por
parte de Metrovivienda”.

4.12.2. Pues bien, de acuerdo con el anterior recuento de los hechos, la Sala
encuentra que, por múltiples defectos que se presentaron en los planos y diseños
suministrados por Metrovivienda, en el levantamiento topográfico, en el diseño
geométrico y geotécnico, en la estructura hidráulica y del pavimento, en las redes
húmedas, secas y de urbanismo, la fase de preconstrucción, que Metrovivienda había
previsto que se extendería por dos (2) meses, hubo de prorrogarse por cuatro (4)
meses más y suspenderse por otros dos (2) meses, para realizar los ajustes
necesarios de los diseños y estudios entregados por Metrovivienda.

Resulta claro así que Metrovivienda no contó con los estudios y diseños que hacían
viable el proyecto que se proponía realizar a través del Contrato CDTO 215-09,
conforme a los términos que previó en el pliego de condiciones, lo cual se opone al
artículo 25.12 de la Ley 80 de 1993. No obstante, estas falencias del ente contratante

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no generaron un perjuicio para el contratista en esta fase de preconstrucción, pues al
prorrogarla, Metrovivienda asumió el pago de los sobrecostos ocasionados mediante
actas de mayores y menores cantidades de obra.

En todo caso, tras las prórrogas y suspensiones del plazo de ejecución de la etapa de
preconstrucción, esta fase concluyó sin que, finalmente, los planos y diseños fueran
aprobados por las empresas de servicios públicos cuyas redes serían intervenidas en
la ejecución del Contrato CDT-215-09. Las memorias de cálculo y los planos de diseño
del proyecto fueron aprobadas únicamente por Metrovivienda. Por ende, ante la
ineficacia de la exclusión de responsabilidad por los diseños, la imputación de la
responsabilidad por los perjuicios ocasionados con las falencias en los diseños
depende así de la diligencia con que cada una de las partes haya desempeñado su
labor de elaboración, revisión y ajuste, de acuerdo con los artículos 50 y 52 de la Ley
80 de 1993, y los artículos 1602 a 1604 del Código Civil.

4.12.3. Luego, con la firma del acta88 núm. 7 del 7 de febrero de 2011, las partes
dispusieron el inicio de la etapa de construcción de las obras contratadas.

4.12.4. Durante la etapa de construcción, las partes adicionaron el valor del contrato,
modificaron lo pactado, y suspendieron el plazo de ejecución, en las siguientes
oportunidades:

Núm. Acto Contenido Motivos
4.12.4.1. Modificación núm. 4 «Modificar la clausula El Director Técnico de Obras,
del 28 de Segunda “Valor” en el sentido tomando en cuenta las
septiembre de 2011 de adicionar el contrato en la solicitudes del contratista y de la
(f. 224-225, c. 2). suma de MIL DOSCIENTOS “firma ACI Proyectos”, solicitó la
DOCE MILLONES adición al contrato por el valor
NOVESCIENTOS [sic] fijado en el acta, porque se
SESENTA Y DOS MIL requería la ejecución de las
SETENTA Y SEIS PESOS siguientes obras adicionales: “a.
M/cte ($1.212.962.076) […]» Terraplenes estabilizados
mecánicamente en
geosintéticos. b. Filtros
longitudinales […] c. Obras de
drenaje […] d. Traslado de red
matriz de agua potable […]”
4.12.4.2. Modificación núm. 5 «Modificar la Cláusula Octava El Director Técnico de Obras
del 29 de diciembre "Plazo" en el sentido de pidió la prórroga, porque requería
de 2011 (f. 226-227, prorrogar el subplazo de la “recuperación del tiempo
c. 2) etapa de construcción por un utilizado en la construcción del
periodo de dos (2) meses, es terraplén de acceso que uniera la
decir, hasta el 6 de marzo de calle 116 con la carrera este sur
2012. En consecuencia, la permitiendo el ingreso a la obra
fecha de terminación del por el costado norte por el
contrato es el 6 de noviembre bloqueo de las vías realizado por
de 2012». parte de la comunidad del sector
para poder de esta forma
continuar con la ejecución de las
obras contratadas”.

88 F. 221, c. 2.

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4.12.4.3. Modificación núm. 6 «Modificar la Cláusula Octava Mediante memorando, el Director
(f. 229-231, c. 2) "Plazo" en el sentido de Técnico de Obras, con
prorrogar el sub plazo de fundamento en la información
etapa de construcción por un suministrada por la interventoría,
periodo de dos (2½) meses y solicitó: a) la prórroga del plazo
medio, es decir, hasta el 21 de contractual porque “para el inicio
mayo de 2012. En de la construcción de los dos box
consecuencia, la fecha de coulvert sobre la quebrada El
terminación del contrato es el Piojo, se requería el permiso de
21 de noviembre de 2012, y ocupación de cauce expedido por
modificar la Cláusula la CAR, permiso que fue
Segunda “valor” en el sentido entregado al contratista el 12 de
de adicionar La suma de enero de 2012, lo que implicó
$938.677.271. Por hacer nueva reprogramación de
consiguiente el valor del esta obra, dado que inicialmente
contrato asciende a la suma estaba programada su ejecución
de $18.810.808.793. para el mes de octubre de 2011”;
PARÁGRAFO: el valor de b) el permiso de la CAR
esta adición será cancelado determinó “la terminación de las
bajo los mismos parámetros obras hidráulicas sobre la
establecidos en el contrato quebrada […] y la construcción
inicial». de la desviación de la red matriz”;
c) la adición en la suma pactada
fue motivada en el “incremento
en las obras de drenaje de la vía,
el incremento en las obras de
alcantarillado pluvial y sanitario” y
la “modificación de las
dimensiones de los box coulvert”.
4.12.4.4. Modificación núm. 7 «PRIMERA: OBJETO: El Director Técnico de Obras
del 18 de mayo de Modificar la cláusula Octava solicitó la prórroga, porque: a) en
2012 (f. 233-236, “plazo” en el sentido de desarrollo de las obras del Box
c.2) prorrogar el sub plazo de Coulvert izquierdo, en la cual
etapa de construcción en debía reubicarse la línea de red
cuarenta (40) días, es decir matriz “HA- Laguna-Monteblando
hasta el 30 de junio de 2012. […] se pudo encontrar que los
En consecuencia, la fecha de alineamientos tanto verticales
terminación del contrato es el como horizontales que presenta
31 de diciembre de 2012. la tubería existente en el sector
SEGUNDA. Adicionar el valor sur, no corresponden a los
del contrato en la suma de esperados según la información
CIENTO SETENTA recibida de la EAAB y se generan
MILLONES ($170.000.000) intersecciones entre dicha red
DE PESOS M/CTE […]». existente y la nueva tubería […]
esto obligó a rediseñar la
geometría de la nueva tubería y
modificar los puntos de empalme
[…] Esta nueva condición […] de
la tubería conllevó una
modificación adicional en cuanto
a la manera y ubicación de hacer
la hidráulica lo cual implicó el
diseño y construcción de una
nueva estructura de anclaje […]
mayores tiempos en la ejecución
mientras se realizaban tanto los
diseños del nuevo empalme
como el diseño estructural y
construcción de la estructura de
concreto para el anclaje”.

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4.12.4.5. Modificación núm. 8 «Modificar la cláusula Octava El Consorcio solicitó a la entidad
(f. 238-240, c. 2) “plazo” en el sentido de y al interventor la reprogramación
prorrogar el sub plazo de de algunas actividades del
etapa de construcción en proyecto por “eventos ajenos al
quince (15) días, es decir contratista y relacionados con el
hasta el 15 de julio de 2012. traslado de la red matriz existente
En consecuencia, la fecha de en el ramal izquierdo del
terminación del contrato es el proyecto”. Además, se
15 de enero de 2013.» encontraba pendiente la
actividad de cierre para el
empate de la tubería, según lo
programado por la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá.
4.12.4.6. Modificación núm. 9 «Modificar la cláusula Adición justificada en la
(f. 242-243, c. 2) segunda “Valor, del Contrato expedición del “Acta de
CDTO 215-09, en el sentido Reajustes No. 09,
de adicionar el valor del correspondiente al Acta de recibo
contrato en la suma de Parcial de Obra No. 22 de julio de
veintinueve millones 2012”.
trescientos veinticinco mil
seiscientos noventa y dos
pesos ($29.325.392) […]»

4.12.5. De conformidad con el anterior relato de los hechos, el plazo de la etapa de
construcción del Contrato CDT-215-09 fue prorrogado por seis (6) meses y diez (10)
días, con lo cual se produjo una mayor permanencia en obra, como lo afirmó la actora.
Las prórrogas y adiciones sucesivas se debieron, fundamentalmente, a: la necesidad
de ejecutar obras adicionales ―dos de las cuales requerían permiso ambiental ―, a
las diferencias que surgieron entre la información de las redes suministrada y las
halladas en el terreno, y a la prolongación de los procedimientos de licenciamiento
ambiental. Las prórrogas por este último factor no son atribuibles al ente contratante
ni ajenas al consorcio contratista pues, de acuerdo con lo considerado
anteriormente89, el contratista asumió válidamente la responsabilidad por la obtención
de los permisos y licencias requeridos para la ejecución de las obras contratadas.

4.12.5.1. Los motivos de estas prórrogas referidos en precedencia coinciden, en lo
fundamental, con los indicados en el dictamen de ingeniería civil aportado por el
consorcio demandante90-91. La ingeniera que elaboró este peritaje, pese a que dio
cuenta de los estudios que la habilitan para dictaminar92 y fundó sus conclusiones en
documentos contractuales que permiten la comprobación intersubjetiva 93 de lo

89 Aptado. 4.11.5.
90 F. 16 -54, c. Peritaje Técnico en Ingeniería.
91 “Dichas causas fueron: la primera, por cambio en las características del contrato debido a adicionales detectados

durante la etapa de construcción, la segunda por demora en el trámite del permiso de la CAR, la tercera debido a
[la] ejecución de obras adicionales por situaciones que se presentaron diferentes a las pactadas inicialmente, y la
cuarta debido al traslado de la red matriz existente y la correspondiente autorización de cierre para empalme”. F.
32-33, c. Peritaje Técnico en Ingeniería
92 Al peritaje fue aportada copia de sus títulos en ingeniería civil de la Universidad Nacional de Colombia (2002) y

de especialista en gerencia de proyectos de construcción e infraestructura de la facultad de administración de la
Universidad del Rosario (2011), así como su tarjeta profesional con la constancia de vigencia respectiva.
93 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, auto de 14 de diciembre de 2022, fundamentos

jurídicos 9.3 y 9.3.1.

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afirmado 94 , se apartó de su competencia como perito, al pronunciarse sobre la
responsabilidad de las partes contratantes95; juicio de responsabilidad que constituye
un punto de derecho sobre el cual no puede pronunciarse por disposición legal96.
Estos juicios de atribución de responsabilidad son, además, ajenos a la labor que le
fue encomendada, la cual, de acuerdo con la metodología que refirió en su informe,
se limitaba a revisar, a partir de los documentos aportados por el consorcio
demandante, “si existieron diferencias entre el alcance inicial y el final y […] si estos
cambios tuvieron algún impacto en el cronograma del proyecto”.

La labor del perito, a quien se acude porque se requieren especiales conocimientos
científicos, técnicos o artísticos para verificar los hechos que interesan al proceso
(artículo 226, CGP), se limita a proporcionar los fundamentos fácticos de tal carácter,
que sean necesarios para fundar el juicio de responsabilidad que le compete a la
judicatura. De acuerdo con lo considerado anteriormente, este juicio, en este asunto,
requería la individualización de las labores que cada una de las partes contratantes
llevó a cabo al revisar y ajustar los diseños en la fase precontractual, y la forma en
que esa labor incidió en la adición de cantidades, para así, a partir de ello, determinar
el sujeto cuya actuación negligente impidiera prever que serían necesarias las obras
adicionadas en la fase de construcción. Sin estos elementos, que se echan de menos
en el dictamen en ingeniería aportado por la demandante, la inferencia con la cual se
determina el nexo causal existente entre la actuación de las partes contratantes, en
un extremo, y las adiciones de obras y prórrogas, en el otro, carece del fundamento

94 “Verificados los documentos que dan cuenta de la ejecución del proyecto, y las diferentes modificaciones que

se presentaron durante la etapa de Construcción, se puede concluir que se presentaron retrasos ajenos a la
responsabilidad del Contratista, los cuales afectaron negativamente los intereses del CONSORCIO AVENIDA
USMINIA 003. || Adicionalmente, se han identificado otras causas, de igual manera ajenas a la responsabilidad del
contratista, como: condiciones inusuales a nivel climático, cambio en las condiciones esperadas del sitio,
suspensión de los trabajos, errores y/o conflictos en planos y las especificaciones. || Se presentaron modificaciones
donde fue necesario prorrogar el contrato, prolongando el tiempo de ejecución del mismo, por causas ajenas a la
responsabilidad del CONSORCIO AVENIDA USMINIA 003, frente a los cuales ningún control pudo ejercer,
originando una mayor permanencia debido a cargas contractuales adicionales. […] Finalmente, respecto a la
entrega del Proyecto a las ESP & IDU, es claro que METROVIVIENDA hizo entrega de diseños con sello de
construcción para dar inicio a la ejecución del Contrato, que todas las obras fueron ejecutadas en su totalidad
dentro de los plazos estipulados por parte del Consorcio y fueron recibidas de forma real y efectiva a satisfacción
por la Interventoría. El CONSORCIO AVENIDA USMINIA 003, hizo todas las diligencias necesarias ante las ESP
& IDU para entregar las diferentes redes, sin embargo, estas no las recibieron por situaciones ajenas al Contratista,
por lo cual es imposible responsabilizarlo por la no obtención de los recibos, toda vez que la causa real y efectiva
corresponde a obligaciones o comportamientos que omitió desarrollar la entidad contratante, quien le genera la
contratista una imposibilidad de cumplir. Las diferencias entre METROVIVIENDA y las ESP a nivel de diseño y
especificaciones no pueden ser indilgadas por ningún motivo al Contratista, toda vez que el presente contrato no
era de diseño y que el contratista cumplió con las obligaciones a su cargo, en etapa de pre construcción y
construcción o de obras civiles como se indica en el contrato”.
95 A guisa de ejemplo, la perito concluyó: “Como se evidencia, esta mayor extensión den el tiempo de construcción

de las obras, surgió, por causas ajenas a la responsabilidad del Consorcio Contratista, y frente a las cuales ningún
control podía ejercer, originando una mayor permanencia debido a cargas contractuales adicionales. […]
Verificados los documentos que dan cuenta de la ejecución del proyecto, y las diferentes modificaciones que se
presentaron durante la etapa de Construcción, se puede concluir que se presentaron retrasos ajenos a la
responsabilidad el Contratista, los cuales afectaron negativamente los intereses del CONSORCIO AVENIDA
USMINIA 003”.
96 CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO. “Artículo 226. Procedencia. La prueba pericial es procedente para verificar

hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. […] No
serán admisibles los dictámenes periciales que versen sobre puntos de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en
los artículos 177 y 179 para la prueba de la ley y de la costumbre extranjera. […]”.

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empírico y de las relaciones explicativas indispensables en un dictamen técnico sólido,
preciso y con unos fundamentos cualificados (artículo 232, CGP)97.

4.12.5.2. Por otra parte, el dictamen en ingeniería civil refiere que, como es evidente,
las adiciones en valor y las prórrogas pactadas durante la fase de ejecución del
contrato repercutieron en el cronograma de actividades 98 . Pero, no tienen un
fundamento claro las conclusiones que alcanzó la perita acerca de los sobrecostos
por el déficit de productividad de maquinaria, las cuales se fundaron, de acuerdo con
la metodología referida, en la diferencia existente entre la maquinaria requerida inicial
y finalmente para la ejecución de las obras, pues la perita pasó por alto que durante
la fase de construcción fueron adicionadas obras con un valor total de $2.321’639.347,
las cuales fueron mayormente ejecutadas y reconocidas en el acta de liquidación99,
cuyos precios unitarios definidos por el consorcio contratista incluían “[l]os costos de
utilización de equipos y de toda clase de maquinaria y herramientas”, de acuerdo con
lo previsto en el pliego de condiciones100.

La omisión de esas mayores cantidades de obra, con las implicaciones que ellas
tenían en la productividad de los equipos, además de socavar las conclusiones del
dictamen al respecto, por su falta de exhaustividad, son un hecho indicador de la falta
de objetividad de la perita, que se refuerza con el juicio de responsabilidad en favor
del consorcio demandante, que realizó al margen de sus competencias y de la
metodología empleada en el informe pericial.

4.12.5.3. Similares conclusiones se alcanzan al examinar el dictamen contable101, en
lo atinente a las consecuencias económicas de la mayor permanencia en obra, los
sobrecostos de administración y de stand by de maquinaria, pues el dictamen contable
tuvo en cuenta únicamente los egresos en que habría incurrido el consorcio
demandante entre enero y julio de 2012, por los salarios, prestaciones, consumibles,
transporte, servicios públicos domiciliarios, y alquileres de oficinas y de maquinaria
cancelados, sin computar los ingresos por administración y por las mayores
cantidades de obra convenidas durante la fase de construcción que habría recibido el
consorcio, pues los precios unitarios de los ítems adicionales ejecutados incluían los

97 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección A, auto de 14 de diciembre de 2022, exp. 68201.
98 “Así mismo, estas causas generaron como es natural, mayores costos a nivel administrativo. Los cambios en los

procesos constructivos con los que se planeó la ejecución del proyecto, las demoras en la adquisición de permisos
o entrega de documentación vital para la ejecución de las obras, y las condiciones de campo diferentes a las
descritas en los estudios y diseños; generaron ampliación de los plazos del proyecto y el permanente impacto del
cronograma debido a las actividades adicionales y extras que se presentaron, a los mayores tiempo de ejecución
y a la restricción de inicio de actividades, que dependían de permisos cuyo trámite era responsabilidad de
METROVIVIENDA, sin que el Contratista pudiese mitigar de alguna manera dichas dilaciones. Todas estas
circunstancias provocaron prórrogas que afectaron la productividad de los equipos, que no se obtuvo como se
tenía planeado, según el equipo previsto y programa de utilización presentado por el CONSORCIO AVENIDA
USMINIA 003, provocando así la improductividad del equipo por causas que no son responsabilidad del
Contratista”.
99 F. 253-256, c. 2
100 F. 132 (reverso), c. 2.
101 F. 684-105, c. Dictamen Pericial Contable.

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costos administrativos y de maquinaria, conforme a lo previsto desde el pliego de
condiciones102.

Aparte, nota la Sala que la perita en contabilidad basó su dictamen relativo a los
sobrecostos de personal en los datos que halló en un software contable, no en
comprobantes de pago de salarios y prestaciones, y se limitó a referir los nombres de
unas personas que habrían recibido los pagos, sin identificar la función administrativa
que cumplían. El dictamen contable carece así de la solidez, claridad, exhaustividad
y precisión requerida para probar estos hechos.

Además, la perita en contabilidad únicamente aportó su tarjeta profesional, en la que
consta que fue inscrita como contadora pública cinco (5) años antes de emitir el
dictamen allegado al plenario, sin haber cursado estudios de postgrado adicionales,
ni haber realizado publicaciones sobre el campo de la experticia, ni arrimar constancia
alguna de la experiencia que afirma tener en su campo de conocimiento, ni de que
haya realizado dictámenes previos, conforme a lo previsto en los numerales 4, 5 y 6
del artículo 226 CGP. No existe así, siquiera, un indicio de rigor científico de lo
dictaminado.

4.12.6. En este orden de ideas, la Sala concluye que el Consorcio Avenida Usminia
003 no honró la carga103 de probar que las circunstancias que desencadenaron una
mayor permanencia en obra fueran atribuibles al ente demandado, ni ajenas a la labor
desempeñada por aquel en la revisión de los diseños. Tampoco acreditó el
demandante que la mayor permanencia en obra le hubiera generado sobrecostos
administrativos o por el stand by de maquinaria que no hubieran sido cubiertos con el
precio pagado.

Esta judicatura no pasa por alto, por demás, que la adición de obras en un contrato
de precios unitarios es previsible, pues es bien sabido que se recurre a esta modalidad
de pago cuando es imposible determinar con exactitud el valor de la obra y, para la
ejecución del objeto contractual pudiera ser necesario adelantar actividades que no
estén previstas inicialmente, sin que exista así una estimación exacta de las
cantidades de obra que serán ejecutadas104. Esta es una circunstancia que debe ser
tenida en cuenta por el proponente al momento de formular su oferta, de acuerdo con
el principio de la buena fe objetiva que rige la actividad contractual.

102 De acuerdo con el pliego de condiciones (f. 108-141, c. 2), los “precios unitarios” debían: “[…] cubrir todos los

costos por concepto de equipos, transportes, mano de obra y materiales, hasta la entrega satisfactoria de la
respectiva obra, por lo tanto los proponentes deben tener en cuenta en los precios unitarios los siguientes aspectos:
||1. Los costos de utilización de equipos y de toda clase de máquinas y herramientas. || 2. Los precios de todos
los materiales necesarios puestos en la obra, así como los costos por concepto de transporte de personal y de
equipo. || 3. El valor de los salarios y prestaciones sociales obligatorias. || 4. Los gastos de administración,
dirección, intereses, instalaciones, campamentos, oficinas, primas, seguros, honorarios, y en general todo costo
directo o indirecto para la correcta ejecución de las obras materia de la licitación. […]”.
103 CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO. “Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el

supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.
104 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 8 de junio de 2018, exp. 38120; y

sentencia de 21 de septiembre de 2020, exp. 47106, entre otras.

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Sobre el desequilibrio contractual por la ejecución de actividades ambientales
imprevistas

4.13.1. Pasando ahora al estudio del desequilibrio contractual por la ejecución de
actividades ambientales imprevistas, nota la Sala que, como fundamento de las
conclusiones del dictamen en ingeniería civil concernientes a los “sobrecostos e ítems
ambientales no reconocidos” 105 —esgrimido por el consorcio apelante como
fundamento de sus pretensiones 106 — la perita refirió que: el consorcio elaboró el
documento “PIPMA” del proyecto, de acuerdo con la Guía de Manejo Ambiental del
IDU, en el que incluyó “el presupuesto ambiental ya que en todo momento fue claro
para el contratista que por la modalidad de pago del contrato ‘precios unitarios fijos
con reajustes’, todas las actividades ejecutadas deben tener un ítem de pago y la
implementación de los componentes de la guía y sus subprogramas demandan la
inversión de unos recursos que el contratista no tenía incluidos en su AIU, ni en los
precios unitarios contratados”.

A continuación, la perita en ingeniería civil relacionó las actividades ambientales
ejecutadas por el consorcio, de acuerdo con los dieciocho (18) informes ambientales
de cumplimiento entregados. Criticó a Metrovivienda por haber adoptado la guía
ambiental empleada por el IDU, sin incluir un presupuesto para actividades “SISOMA”,
como afirmó que procede el IDU en los contratos que celebra, para garantizar así la
correcta ejecución de esas actividades. Agregó que el consorcio reclamó el pago de
costos adicionales por las “actividades extras sin ítems de pago”, que ejecutó para dar
cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental del IDU y reprochó la negativa de
Metrovivienda a dicha reclamación, porque estaría “confundiendo claramente la
obligación del Contratista de realizar estas actividades adicionales, con la
responsabilidad de asumir el pago de las mismas”.

Finalmente, en el dictamen en ingeniería civil fueron cotejadas las actividades
ambientales ejecutadas con las inicialmente planeadas, fue transcrito el numeral 6.1
del Pliego de Condiciones, sobre la forma de pago, y se concluyó que “el Consorcio
terminó asumiendo costos adicionales no previstos en la propuesta ni en el contrato,
[pero] se encuentra justificado y considera procedente y [sic] su reconocimiento
económico”.

5.13.2. Al determinar, conforme a lo expuesto anteriormente, que Metrovivienda debía
pagar los ítems ambientales ejecutados, pese a que no estuvieran previstos, pero que
no lo hizo, al confundir la obligación de ejecutar dichas actividades con la obligación
de pagarlas, el dictamen en ingeniería entró a pronunciarse, una vez más, sobre
aspectos jurídicos que le están vedados y que conciernen a una materia que la perita
desconoce. Con ello, la perita en ingeniería se muestra nuevamente poco objetiva en
sus conclusiones.

105 F.35-42, c. Peritaje Técnico en Ingeniería.
106 Aptado. 2.4.

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Ahora, en el campo de su experticia, en el que la perito en ingeniería debía constatar
las actividades ambientales previstas inicialmente y las ejecutadas por el Consorcio
Avenida Usminia 003, nota la Sala que, pese a que hizo referencia al documento
“PIPMA”, en el que se habrían definido las actividades ambientales que ejecutaría el
consorcio, dicho documento no fue anexado dentro de los treinta y un documentos
anexos al dictamen. De esta forma, la comparación entre las actividades inicialmente
previstas y las ejecutadas carece de un fundamento empírico intersubjetivo107 que las
fundamente.

De igual forma, está desprovisto de sustento empírico la afirmación realizada sobre la
inclusión de una partida para actividades ambientales en los contratos celebrados por
el IDU, pues esta afirmación no tiene sustento alguno, el cual no cabe derivar,
tampoco, de la trayectoria de la perita, quien no arrimó constancia de la experiencia
que afirmó tener en su campo de conocimiento, ni de que hubiera realizado
dictámenes previos, como le correspondía conforme a los numerales 4, 5 y 6 del
artículo 226 CGP.

5.13.3. En este orden de ideas, no queda más que concluir que la hipotética ejecución
de actividades ambientales imprevistas para el consorcio contratista, respondió a un
desacierto suyo sobre la modalidad de pago y los ítems pactados. Esta imprecisión
del consorcio, que se entrevé en el dictamen en ingeniería civil, puede constatarse
con lo afirmado en la comunicación CCAU-089-11(OP), radicada el 26 de mayo de
2011, en la que el consorcio le solicitó al director de la interventoría del Contrato CDT-
215-09 la aprobación de costos ambientales adicionales, al argumentar que su costo
había sido incluido en el AIU, pero “el alcance de las actividades socio ambientales
requeridas por el proyecto y necesarias para el desarrollo del mismo, de acuerdo a la
normativa ambiental pertinente, implica[ba] la utilización de unos recursos adicionales
que no se encuentran incluidos dentro del proyecto, ni en los análisis de precios
unitarios previstos en el pliego de condiciones, ni en la propuesta del contratista”108.

Al punto, advierte la Sala que, de acuerdo a la modalidad de pago prevista en el pliego
de condiciones 109 —en el que fueron enunciados los ítems comprendidos en el
presupuesto110— y a lo estipulado en el Contrato CDTO 215-09111, el precio pactado
sería pagado, “[…] previa presentación mensual de las facturas de cobro debidamente
documentadas y aprobadas por el interventor y corresponderán a la cantidad que
resulte de multiplicar las cantidades de obra recibidas a satisfacción por la
interventoría durante el periodo correspondiente por los precios unitarios propuestos
por el contratista en su oferta y aceptados por METROVIVIENDA” (subrayado

107 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, auto de 14 de diciembre de 2022, fundamentos

jurídicos 9.3 y 9.3.1.
108 F. 150-151, c. Peritaje Técnico en Ingeniería.
109 “LA MODALIDAD DE PAGO […] A PRECIOS UNITARIOS FIJOS CON FÓRMULA DE REAJUSTE”. F.113

(reverso), c. 2.
110 F. 114-116, c. 2.
111 F. 194 (reverso), c. 2.

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añadido). Bajo esta modalidad de precios, en la que, conforme a lo estipulado, solo
procede el pago del volumen de ítems con precios unitarios ejecutados, el
reconocimiento de las labores adicionales requiere la suscripción de un convenio
modificatorio por las partes contratantes, como lo ha reiterado la jurisprudencia
administrativa 112 . No procedía, pues, el cobro de las actividades ambientales
adicionales que el contratista hubiera ejecutado sin la suscripción de una convención
modificatoria previa; reclamación que, además, al oponerse a lo pactado, contraviene
la buena fe objetiva que rige en el campo contractual 113 . Por lo tanto, como esta
imprevisión es imputable el consorcio demandante, no hay lugar a reclamar el eventual
desequilibrio que con ello se hubiera ocasionado.

4.14. En definitiva, la actora no acreditó los supuestos fácticos a partir de los cuales
surge el derecho a que se restablezca el equilibrio de la ecuación económica del
contrato, con la correlativa obligación de medio de restablecerlo a cargo de la
Administración114 (artículo 5.1, Ley 80 de 1993) por lo cual sus pretensiones atinentes
a los hechos analizados en precedencia deben ser desestimadas. En consecuencia,
se impone una respuesta negativa al segundo problema jurídico formulado en esta
instancia.

ANÁLISIS DEL TERCER PROBLEMA JURÍDICO:
Sobre el incumplimiento o abuso de la posición dominante del ente contratante
al retener el pago de sumas en el acta de liquidación

4.15. Con el propósito de analizar un eventual incumplimiento o abuso de la posición
dominante de Metrovivienda, por la retención de pagos en la liquidación, resulta
pertinente referir que, de acuerdo con el pliego de condiciones115 y el clausulado del
Contrato CDTO 215-09 116 , el contratista tenía los siguientes compromisos con

112 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera. Sentencia de 9 de mayo de 1996, exp. 10151; sentencia de 29 de

agosto de 2007, exp. 15469; sentencia de 20 de noviembre de 2008, exp. 17031; Subsección B, sentencia de 29
de febrero de 2012, exp. 16371; Subsección A, sentencia de 13 de noviembre de 2013, exp. 23829; Subsección
A, sentencia de 14 de septiembre de 2016, exp. 50907; y Subsección B, sentencia de 9 de noviembre de 2021,
exp. 52045.
113 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera. Sentencia de unificación 19 de noviembre de 2012, exp. 24897.
114 Código Civil. “Artículo 1757. Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta”.
115 En las obligaciones del contratista, enlistadas por el pliego, se destacan: “[…] 21) Entregar a las diferentes

entidades de servicios públicos las obras correspondientes y obtener de ellas las respectivas aprobaciones de las
obras y aceptaciones de los planos récord para el suministro de los servicios públicos y los respectivos paz y
salvos. || 22) Coordinar con las diferentes entidades de servicios públicos la ejecución y/o supervisión de los
trabajos”. En otro aparte del pliego, constan las obligaciones específicas del contratista en la etapa de construcción
del proyecto, de las cuales cabe destacar que este debía: “[…] - Ajustarse a los siguientes documentos que hacen
parte de la presente licitación pública: || 1. Especificaciones técnicas de METROVIVIENDA, empresas de servicios
públicos domiciliarios (EAAB, ETB, Codensa y Gas Natural) e IDU”.
116 “DÉCIMA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: […] 22) Entregar a las diferentes entidades de servicios

públicos las obras correspondientes y obtener de ellas las respectivas aprobaciones de las obras y aceptaciones
de los planos record para el suministro de los servicios públicos y los respectivos paz y salvos. 23) Coordinar con
las diferentes entidades de servicios públicos la ejecución y/o supervisión de los trabajos. […] DECIMA SEGUNDA.
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN: En esta etapa el contratista deberá acometer las obras de acuerdo al presupuesto,
programa y propuesta metodológica previamente aprobados por la interventoría en la etapa de preconstrucción.
En esta etapa el contratista deberá: […] 4) Ajustarse a los siguientes documentos que hacen parte de la presente
licitación pública: Especificaciones técnicas de METROVIVIENDA empresas de servicios públicos (EAAB, ETB,
Codensa y Gas Natural) e IDU, Planos de diseños geométrico, arquitectónicos y estudios técnicos existentes,
Cartilla de mobiliario urbano, Cartilla de andenes del Taller del espacio público de la Secretaria de Planeación

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respecto a las empresas de servicios públicos domiciliarios y al Instituto de Desarrollo
Urbano (IDU): (i) entregar las obras objeto del contrato; (ii) obtener la aprobación de
los planos récord por parte de las empresas de servicios públicos domiciliarios, y sus
paz y salvos; y (iii) ajustarse a las especificaciones técnicas de dichas empresas.

Luego, al culminar la etapa de preconstrucción, en la que se produjeron múltiples
modificaciones a los planos y diseños, Metrovivienda se comprometió a efectuar “el
acompañamiento técnico al contratista hasta obtener la aprobación y recibo por parte
de las entidades de servicios públicos distritales, incluyendo los ajustes y
modificaciones a los diseño[s] que hayan sido implementados en el desarrollo de la
obra”, conforme a lo consignado en el acta de inicio de la etapa de construcción
suscrita el 7 de febrero de 2011 por representantes de Metrovivienda, el Consorcio
Avenida Usminia 003 y la interventoría117.

Durante el desarrollo de las obras, las partes y la interventoría suscribieron las actas118
núm. 39 del 10 de noviembre de 2011, 51 del 16 de febrero de 2012, 52 del 23 de
febrero de 2012, 54 del 8 de marzo de 2012, 56 del 22 de marzo de 2012, 59 del 18
de abril de 2012, 62 del 10 de mayo de 2012, 65 del 31 de mayo de 2012, 67 del 14
de junio de 2012 y 69 del 28 de junio de 2012. En todas estas actas, se mencionó que
Metrovivienda asumió el compromiso de:

“Gestionar con la EAAB la visita del delegado para revisión del avance de las diferentes
obras de alcantarillado ya construidas”.

Posteriormente, mediante oficio119 del 22 de octubre de 2012, la entonces Gerente de
Alistamiento de Red de Acceso de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.
E.S.P. (en adelante, ETB) le comunicó a la Directora de Obras del Consorcio Avenida
Usminia 003 que, en una visita de ETB a la obra, esta encontró que “la infraestructura
de canalización de ETB fue construida fuera del andén, incumpliendo con la resolución
033 de 2001”. Por lo tanto, esta empresa se abstuvo “de recibir la infraestructura en
dichas condiciones”.

Debido a las diferencias técnicas que impedían la entrega de las obras a las empresas
de servicios públicos, en particular a la ETB, el Consorcio solicitó la cancelación del
total de la retención del 6% del valor del Contrato CDTO 215-09 120 , en el que
originalmente se había estipulado que: “[d]e cada Acta Mensual de Obra se hará una
retención del 6% del neto total de la misma, es decir antes de amortización, la cual se
devolverá con la firma del acta de liquidación del contrato”. Atendiendo a esa petición,
Metrovivienda accedió a las modificaciones, en procura de la “equivalencia entre
derechos y obligaciones surgidos al momento de contratar”, y en ejercicio de su “deber

Distrital, Plan de manejo ambiental, Lineamientos de Gestión Social, Si es del caso, los manuales de gestión
ambiental y de detalles constructivos del IDRD y el manual de arborización urbana del Jardín Botánico de Bogotá”.
117 F. 221, c. 2.
118 F. 283-312, c. 2.
119 F. 8, c. 3.
120 F. 248-250, c. 2.

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de acompañamiento” y gestión ante las entidades, con la suscripción de la
modificación121 núm. 10 al contrato del 5 de marzo de 2013. Con esta convención
modificatoria, Metrovivienda y el Consorcio Avenida Usminia 003 reformaron la
cláusula cuarta referida a la forma de pago, condicionando la devolución de los dineros
retenidos, equivalentes al 6% del neto total de cada acta mensual de obra, a la entrega
de las obras a las empresas de servicios públicos, concretamente: (i) al avance de la
entrega de redes (3%); y (ii) al cumplimiento total de esa obligación, junto a la entrega
de las obras al IDU (3%)122.

Con esta convención modificaron, así mismo, la cláusula octava del contrato, relativa
al plazo, mediante la prórroga de un mes en la etapa de liquidación. Por lo tanto, la
mencionada fase tendría un término de tres (3) meses, y la “fecha de terminación del
contrato será el 15 de abril de 2013”, sin perjuicio de que, “en procura de alcanzar una
liquidación de común acuerdo”, las partes evaluaran la conveniencia de una nueva
prórroga, dependiendo del avance de los “documentos de recibo del IDU y [de] las
Empresas de Servicios Públicos con las que a la fecha persiste dificultad en el recibo
de las redes”.

En el acta de liquidación 123 , la entidad dejó constancia de que retendría dineros
correspondientes al 17,87% del valor total de la garantía del 6% de cada acta mensual
de obra, teniendo en cuenta que con la modificación había devuelto el 50% de dicho
valor, y que en el acta devolvería el 32,13%. La retención, según afirmó Metrovivienda,
se justificaba porque “al momento de la liquidación no se obtuvo la totalidad de los paz
y salvo”, ni se habían recibido las obras por parte de las empresas ETB y EAAB, ni
por el IDU; además esta omisión suponía que la entidad asumiera las actividades y
trámites de entrega no hechas por el contratista.

4.16. En este orden de ideas, resulta claro que la retención de pagos que protesta el
consorcio demandante no es más que el efecto del incumplimiento de sus
obligaciones como contratista, pues no entregó las obras a las empresas de servicios
públicos domiciliarios ni al IDU, ni consiguió la aprobación de los planos récord por
aquellas entidades. No pasa por alto la Sala que, de acuerdo con lo manifestado por
la ETB en el oficio del 22 de octubre de 2012, referido en precedencia, la razón por la
cual ETB se abstuvo de recibir las obras fue la inobservancia de las reglamentaciones
técnicas para la instalación de redes en las obras124, no la falta de convenios previos
entre esta Empresa y Metrovivienda, como lo afirmó el apelante. Por lo tanto, el
121 F. 248-250, c. 2.
122 “2) De cada Acta Mensual de Obra se hará una retención del 6% del neto total de la misma, es decir, antes de

amortización, la cual se devolverá así: a) Conforme al estado de avance de la Etapa de Entrega a Entidades de
Servicios Públicos, previa solicitud escrita DEL CONTRATISTA que debe estar acompañada de los documentos
de recibo que demuestren el avance en la entrega de redes a dichas Empresas y la cuenta de cobro
correspondiente, se hará una primera devolución equivalente al tres por ciento (3%) del valor neto total de las
sumas retenidas del valor de cada acta mensual de obra. b) El porcentaje restante, esto es, el equivalente al tres
por ciento (3%) del neto total de las sumas retenidas del valor de cada acta mensual de obra, será devuelto AL
CONTRATISTA con la firma del acta de liquidación del contrato, previo cumplimiento total de la obligación de
entrega de redes a las Empresas de Servicios Públicos e IDU”.
123 F. 253-256, c. 2
124 Aptados. 4.9.

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Demandante: Consorcio Avenida Usminia 003

Consorcio tampoco cumplió con la obligación de ajustarse a esas reglamentaciones
durante la ejecución del contrato.

La ejecución de estas prestaciones contractuales incumplidas terminaron siendo
asumidas por la entidad contratante, como consta en el acta de liquidación bilateral125
y lo aceptó el mismo Consorcio Avenida Usminia 003, después de la firma del acuerdo
parcial de liquidación, pues el 21 de abril de 2016, la representante del consorcio le
comunicó a la EAAB, con fundamento en el acta de liquidación del contrato de obra,
que “no entendemos el alcance de su comunicación […] cuando las obras ya fueron
recibidas por la interventoría del contrato, en representación de METROVIVIENDA, y
quien asumió la obligación de entregar las obras y obtener los paz y salvos fue
METROVIVIENDA” 126.

Por estos motivos, al retener los dineros mediante el acta de liquidación, la entidad
actuó de conformidad con el contrato, no infringió ninguna obligación contractual, ni
actuó de mala fe o con abuso de posición dominante. Metrovivienda, por el contrario,
accedió a modificar el Contrato CDTO 215-09, atendiendo a las dificultades que el
consorcio contratista acusaba en la entrega de las obras a las empresas de servicios
públicos domiciliarios, para hacer menos gravosa su situación. Esto es así porque, de
acuerdo con lo estipulado inicialmente, Metrovivienda tenía la facultad de retener el
6% de las actas de obra, al concluir el plazo previsto para la liquidación, por la
denegación de la recepción de las obras por cualquiera de las empresas de servicios
públicos domiciliarios o el IDU. Pero, con la modificación núm. 10, además de
conceder un plazo adicional de tres (3) meses para que el consorcio contratista
entregara las redes y obras a satisfacción de sus destinatarias, Metrovivienda
retendría el 3% por la negativa de las empresas de servicios públicos y por el IDU,
pero reconocería otro 3% por los avances que el Consorcio Avenida Usminia 003
consiguiera en dichas entregas, como en efecto lo hizo, con lo cual se morigeró el
derecho de retención del ente contratante. De esta forma, Metrovivienda atendió al
postulado de la buena fe 127 , pues, en lugar de retener el porcentaje pactado
inicialmente al cumplirse el plazo estipulado, imponiendo así sus condiciones, buscó
la realización y ejecución del contrato sin olvidar el interés del otro contratante.

4.17. De acuerdo con las anteriores consideraciones, se impone una respuesta
negativa al tercer problema jurídico y, en definitiva, será confirmado el fallo de primer
grado.
V. COSTAS

Según el CGP, aplicable de acuerdo con el artículo 188 del CPACA, la condena en
costas procede contra la “la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva

125 “[A] través de la Dirección Técnica de Obras, continuará los trámites correspondientes a la entrega de las redes

a las empresas de servicios públicos e IDU respecto de las cuales el Contratista no obtuvo los recibidos, esto es,
ETB, EAAB, IDU”.
Aptados. 4.11.4. a 4.13.1.
126 F. 304, c. 3.
127 Aptados. 4.9.1 y 4.9.2.

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Demandante: Consorcio Avenida Usminia 003

desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto” (CGP, artículo 365 núm. 1). Siguiendo lo preceptuado
en el artículo 366 del CGP, las expensas y demás costas son tasadas por la Secretaría
de esta Corporación (núm. 1), mientras que las agencias en derecho son fijadas en
este pronunciamiento, tomando en consideración la naturaleza, calidad y duración de
la gestión realizada por la parte o su apoderado, Secretaría de la Corporación, y la
fijación de las agencias en derecho debe realizarse de acuerdo con las tarifas
establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, en particular, por el Acuerdo
1887 de 2003, vigente para el momento en que este proceso inició. Con fundamento
en lo anterior, se condenará en costas al Consorcio Avenida Usminia 003, en favor de
su contraparte; y reconocerá la suma de 0,2% del valor de las pretensiones negadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del siete (7) de diciembre de dos mil diecisiete
(2017), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR a la parte demandante en costas de segunda instancia a
favor de la entidad demandada. Liquídese por Secretaría e inclúyase, por concepto de
agencias en derecho, la suma equivalente al cero punto dos por ciento (0,2%) del valor
de las pretensiones negadas, como agencias en derecho, a favor de la Empresa de
Renovación Urbana (antes, Metrovivienda).

TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, una vez esta providencia
esté en firme.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado
Firmado electrónicamente

WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado Magistrado
Aclaración de voto Firmado electrónicamente
Firmado electrónicamente
VF

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