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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01178-01

Fecha
8 de agosto de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01178-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la providencia del 7 de abril de 2025 proferida por la Sección Segunda Subsección B del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia. Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-01178-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

8 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D. C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01178-01
Accionante: Estyma Estudios y Manejos S.A y otro1
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial

Decisión: Se confirma la decisión de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A, de la Sección Segunda, del Consejo de Estado decide
la impugnación formulada por la parte accionante contra la providencia del 7 de
abril de 2025 proferida por la Sección Segunda Subsección B del Consejo de
Estado mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela por no
cumplir con el requisito de subsidiariedad.

II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos

2. Del escrito de tutela2 y del expediente se colige que, en el año 2009, se
suscribió el contrato de obra CDTO-015-093, el cual tuvo diferentes
modificaciones4 durante su ejecución y fue liquidado de común acuerdo el 22 de
julio de 2013.

3. En el año 2015, la parte accionante interpuso una demanda5 a través del
medio de control de controversias contractuales. Mediante providencia del 7 de

1
JMV Ingenieros S.A.S.
2
Presentada el 3 de marzo de 2025.
3
El 16 de diciembre de 2009, entre el Consorcio Avenida Usminia 003 (conformado por Estyma Estudios y
Manejos S.A. y JMV Ingenieros SAS) y Metrovivienda (fusionada mediante el Acuerdo 643 del 12 de mayo de
2016 en la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá- RENOBO), para la construcción de las obras de urbanismo
de la Avenida Usminia, en la ciudad de Bogotá, por un término de ejecución de 21 meses contados a partir del
acta de inicio, es decir, desde el 19 de abril de 2010.
4
Entre la cuales se suscribieron suspensiones, adiciones y varias prórrogas al mismo, que el contratista adujo que
no le eran imputables.
5
Ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A y seguida bajo el radicado
250000-23-36-000-2015-02330-00. De la demanda se extrae que el contratista alegó que dejó constancia en la
liquidación del instrumento contractual acerca de un desequilibrio económico y su intención de reclamar el
reconocimiento y pago posterior ante las instancias judiciales, toda vez que reprochó que, tras las modificaciones
contractuales, se alteró la ecuación económica del contrato, por lo que pidió que se declarara el incumplimiento
de este por parte Metrovivienda (actual RENOBO) y se le declarara patrimonialmente responsable por los perjuicios
sufridos con el desequilibrio económico alegado.

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diciembre de 20176 se negó7 lo pretendido por la parte actora. En sede de
apelación, mediante sentencia del 23 de agosto de 20248 la Sección Tercera,
Subsección C del Consejo de Estado confirmó la decisión del a quo.

2.2. Fundamento jurídico

4. La parte actora consideró trasgredidos sus derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia, con ocasión de la
providencia del ad quem.

5. Como sustento principal de sus reproches, los accionantes alegaron la
existencia de un defecto sustantivo por incongruencia entre la parte
considerativa y la resolutiva de la sentencia pues adujeron que la autoridad
judicial accionada reconoció expresamente que Metrovivienda (actual RENOBO)
incurrió en abuso de posición dominante y desconoció principios de la
contratación estatal, pero negó las pretensiones que solicitaban dichas
declaraciones.

6. Señalaron que esta contradicción vulneró el principio de congruencia,
al omitir el deber de coherencia entre los fundamentos jurídicos y la decisión
adoptada, lo que configuró la transgresión ius fundamental invocada, al incumplir
lo dispuesto en los artículos 187 del CPACA, 280 del CGP y 55 de la Ley 270 de
1996.

7. Aunado a lo anterior, alegaron la existencia de un defecto fáctico porque
en su sentir, el ad quem realizó una valoración contraevidente del acervo
probatorio al desestimar y cuestionar la idoneidad de un dictamen contable
pericial9 que presentaron como prueba.

8. Adicionalmente, reprocharon que la autoridad judicial no valoró un
dictamen de ingeniería que aportaron, al considerar que en este se emitieron
juicios de carácter jurídico y existió falta de objetividad en el perito10. No obstante,
la parte actora no señaló si la valoración de los dictámenes periciales fue
resultado de un manifiesto juicio irrazonable y determinante en la decisión final.

9. Asimismo, adujeron que no se valoraron otras pruebas documentales11 y

6
Índice 10 del aplicativo SAMAI, CUADERNO 1
7
Entre las razones que expuso el a quo en su decisión, estuvo la de que el contratista, cuando actuó en calidad
de oferente, aceptó las condiciones del pliego en el sentido de que “no podía presentar reclamos por las diferencias
de cantidades de obra” y asumió los riesgos relacionados con los costos ambientales y la entrega de la obra a
terceros y las dificultades que ello implicaba respecto a las diferencias técnicas que se presentaran. Aunado a lo
anterior, indicó que la solicitud de equilibrio se presentó de forma extemporánea, con posterioridad a la
finalización de la obra, lo cual no era de recibo.
8
Notificada a las partes mediante correo electrónico el 4 de octubre de 2024. Índices 39 y 40 del aplicativo SAMAI,
exp. 25000-23-36-000-2015-02330-01
9
Exigiendo en su sentir requisitos no previstos en la normativa, como estudios de posgrado, publicaciones y
dictámenes previos, lo que consideraron arbitrario y contrario a lo previsto en los artículos 226, 227 y 232 del CGP
y 219 del CPACA.
10
A juicio de los accionantes el dictamen se fundamentó exclusivamente en criterios técnicos, conforme lo
establece la jurisprudencia del Consejo de Estado, y se sustentó en documentos contractuales verificables,
incluyendo el acta de liquidación, que fue incorporada y analizada en el informe pericial, siendo además sustentado
en audiencia.
11
Entre estas pruebas se encontraba el contrato de obra CDT 2015-09 y los soportes contables por mayor
permanencia en obra.

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testimoniales12 incorporadas válidamente en la audiencia de pruebas,
incumpliendo el deber previsto en el artículo 164 del CGP, por no realizar en su
sentir, un examen crítico del acervo probatorio.

2.3. Pretensiones

10. La parte accionante solicitó:

«4.1. TUTELAR el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO Y ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, vulnerados por el CONSEJO DE
ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN
TERCERA, SUBSECCIÓN C.

4.2. DÉJASE SIN EFECTO la providencia proferida por el Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C el
veintitrés (23) de agosto de dos mil veinticuatro (2024), por ser violatoria del
derecho fundamental al debido proceso de los accionantes.

4.3. ORDÉNESE al Consejo de Estado, que en el término de sesenta (60)
días, contados a partir de la notificación de la sentencia de tutela, profiera una
nueva decisión sobre las pretensiones del proceso No. 25000-23-36-000-
2015-02330-01, en la cual corrija los defectos fácticos y materiales violatorios
de los derechos fundamentales del accionante.». (Sic en toda la cita).

2.4. Intervenciones

11. Mediante auto13 del 6 de marzo de 2025, la Sección Segunda, Subsección
B del Consejo de Estado notificó como accionado a la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado y como terceros interesados en el
resultado del proceso vinculó y notificó a la Subsección A de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a Metrovivienda14 y a los demás
demandantes, demandados y terceros vinculados dentro del proceso con
radicado 25000-23-36-000-2015-02330-00/01.

2.4.1. La Empresa de Renovación Urbana de Bogotá RENOBO15 indicó que
el asunto planteado no reviste relevancia constitucional, ya que no se advierte
una vulneración manifiesta de los derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia de la parte accionante.

12. Afirmó que la providencia cuestionada estuvo fundamentada en un análisis
riguroso de los hechos, las pruebas y la normativa del CPACA y del CGP
aplicable al caso, y se encuentra debidamente motivada conforme a las reglas de
la sana crítica, aunado a que el desacuerdo con la valoración probatoria no
transforma el debate en una cuestión de rango constitucional.

13. Adicionalmente, señaló que la acción de tutela no cumplía el requisito de
subsidiariedad, pues existían otros medios ordinarios y extraordinarios idóneos

12
La parte actora hizo referencia a los testimonios de tres profesionales vinculados al Consorcio Avenida Usminia
003, que señaló que declararon sobre hechos determinantes del proceso.
13
Índice 4 del aplicativo SAMAI
14
Actualmente Empresa de Renovación Urbana- RENOBO.
15
Índice 11 del aplicativo SAMAI

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dentro del proceso contencioso administrativo para cuestionar la providencia
judicial, que los accionantes no demostraron haber ejercido y tampoco habían
demostrado la existencia de un perjuicio irremediable.

14. Finalmente, argumentó que no existió el defecto alegado, pues contrario a
lo manifestado por la parte actora, la autoridad judicial realizó el análisis que
correspondía sobre las pruebas conforme al Código General del Proceso.

2.5.6. El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)16, solicitó ser desvinculado de la
acción por carecer de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que la acción
no estuvo dirigida contra esa entidad si no contra la autoridad judicial accionada.

15. No obstante, indicó que: «en el caso en concreto no se configura ningún
perjuicio irremediable en contra del accionante, pues en el proceso se han
garantizado todas las instancias procesales.». (Negrillas de la Sala).

2.5.7. La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado,
concluyó que no se configuró defecto fáctico ni vulneración de derechos
fundamentales, ya que la autoridad judicial valoró las pruebas periciales,
documentales y testimoniales conforme al CGP y CPACA. Señaló que el
dictamen contable fue analizado críticamente y se evidenció que omitió ingresos
relevantes; mientras el dictamen de ingeniería no sustentó sus conclusiones con
claridad.

16. Respecto al supuesto defecto sustantivo por incongruencia, advirtió que a
su juicio el fallo no presenta contradicciones sustanciales entre la decisión y sus
fundamentos. No obstante, solicitó declarar improcedente la tutela interpuesta
contra la sentencia del 23 de agosto de 2024, toda vez que el accionante cuenta
con mecanismos de defensa, como el recurso extraordinario de revisión que
no ha agotado.

2.5.8. La Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, guardó
silencio.

2.5.9. No se rindieron más informes.

2.6. Sentencia Impugnada17

17. La Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, concluyó que
la tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad, pues la parte actora no
agotó el recurso extraordinario de revisión para controvertir la providencia que
reprocha, por las causales que le endilga, que encajan en las previstas en el
artículo 250 del CPACA cuando existe nulidad por incongruencia entre la parte
motiva y resolutiva.

18. Adicionalmente, indicó que la acción solo sería procedente al demostrar

16
Índice 17 del aplicativo SAMAI
17
Índice 23 del aplicativo SAMAI

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que el recurso es ineficaz o existe un perjuicio irremediable, pero ello no se
evidenció en el asunto.

19. Respecto del defecto fáctico por indebida valoración probatoria, señaló
que la parte tutelante no demostró cómo los documentos y testimonios omitidos
contradecían el fallo ni su relevancia específica en el análisis realizado por la
autoridad judicial, por lo que no procedía que el juez constitucional sustituyera al
juez natural valorando las pruebas, máxime cuando la parte actora no había
cumplido con el requisito de subsidiariedad dado que existen recursos judiciales
específicos aptos para controvertir la sentencia del 23 de agosto de 2024.

2.7 Impugnación18

20. La parte actora reiteró los planteamientos de su escrito de tutela con
relación a los defectos endilgados a la providencia.

21. Adujo además que la gravedad del perjuicio irremediable estaba dada
tanto en la afectación económica, por la desestimación de una reclamación de
más de $2.386 millones de pesos, como en la afectación constitucional, por la
violación de garantías mínimas, la valoración incompleta de las pruebas y la falta
de coherencia de la providencia, aunado a que se comprometía la participación
de los accionantes en el mercado público de contratación.

22. Alegó que el recurso extraordinario de revisión no constituye una vía idónea
ni eficaz para la protección inmediata de los derechos fundamentales
comprometidos, ya que no tiene efectos «suspensivos» ni un término de decisión
definido por lo que la intervención del juez constitucional resultaba urgente, al
haberse cumplido los requisitos jurisprudenciales que habilitaban la tutela como
mecanismo transitorio.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

23. La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la
referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás
normas concordantes.

3.2. Problema jurídico

24. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
establecer si la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, con
ocasión de su sentencia del 23 de agosto de 2024, que confirmó la providencia
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A del
7 de diciembre de 2017 que negó19 las pretensiones de la demanda dentro del

18
Índice 28 del aplicativo SAMAI
19
Entre las razones que expuso el a quo en su decisión, estuvo la de que el contratista, cuando actuó en calidad
de oferente, aceptó las condiciones del pliego en el sentido de que “no podía presentar reclamos por las diferencias
de cantidades de obra” y asumió los riesgos relacionados con los costos ambientales y la entrega de la obra a
terceros y las dificultades que ello implicaba respecto a las diferencias técnicas que se presentaran. Aunado a lo

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medio de control de controversias contractuales con radicado 25000-23-36-000-
2015-02330-00/01, incurrió en los defectos sustantivo y fáctico y con ellos en la
trasgresión ius fundamental al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia de la parte actora.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

25. La acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, así como por
los Decretos 306 de 1992 y 1382 de 2000, compilados en el Decreto 1069 de
2015, protege los derechos fundamentales cuando son vulnerados o
amenazados, actuando de manera residual o subsidiaria en ausencia de otros
medios judiciales, salvo cuando se requiera utilizar como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.

26. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la Carta le impone.

27. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de estos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso.

28. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica,
la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad
de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

29. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela
y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como
son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se

anterior, indicó que la solicitud de equilibrio se presentó de forma extemporánea, con posterioridad a la
finalización de la obra, lo cual no era de recibo.

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trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.

3.4.1. Del requisito de subsidiariedad

30. El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagró el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
determinó que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral 1º del
artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.

31. Así las cosas, cuando existen otros mecanismos de defensa judicial que
resultan idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se
consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela.

32. Al respecto, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una
persona recurre a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos
sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones
paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado
bajo su competencia20.

33. No obstante, es claro que en determinadas oportunidades el enfoque bajo
el cual se resuelven no es suficiente para precaver la vulneración de derechos
fundamentales, puesto que los recursos pueden ser ineficientes o inadecuados,
momento en el cual la tutela se torna procedente para precaver la eventual
conculcación de estas garantías de orden superior.

3.4.2. Análisis del presupuesto de subsidiariedad y el perjuicio irremediable

34. Al respecto, esta Sala considera que la presente acción de tutela es
improcedente, porque la controversia aquí planteada encuadra dentro de los
supuestos del numeral 5.° del artículo 250 del CPACA, el cual consagra para la
procedencia del recurso extraordinario de revisión la falta de congruencia como
una causal de nulidad de la sentencia, que es precisamente uno de los
argumentos principales con los que sustenta su solicitud de amparo.

35. Sobre el particular, el numeral 5.° del artículo 250 del CPACA, establece
lo siguiente:

20 En sentencia T-313 de 1 de abril de 2005, se estableció: «En efecto, la Constitución y la ley estipulan (sic)

un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar
el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines
del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela,
que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en
consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de
protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones».

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«ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en
el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
(…)
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra
la que no procede recurso de apelación.»

36. En ese entendido la parte accionante adujo que existió una clara
incongruencia entre la parte considerativa y la resolutiva de la sentencia pues la
autoridad judicial accionada reconoció expresamente que Metrovivienda (actual
RENOBO) incurrió en abuso de posición dominante y desconoció principios de la
contratación estatal, pero negó las pretensiones que solicitaban dichas
declaraciones, con lo que en su sentir se configuró un defecto sustantivo.

37. Los accionantes fueron explícitos en argumentar que esta contradicción
vulneró el principio de congruencia, al omitir el deber de coherencia entre los
fundamentos jurídicos y la decisión adoptada, lo que configuró la transgresión ius
fundamental invocada, al incumplir lo dispuesto en los artículos 187 del CPACA,
280 del CGP y 55 de la Ley 270 de 1.996, por lo que, sin duda alguna la Sala
colige, como lo encontró la primera instancia, que los accionantes censuraron
trasgredido el principio de congruencia en la providencia.

38. Así las cosas, el examen de lo planteado por el actor no entra en la órbita
de acción del juez constitucional pues deberá plantear primero sus reparos en
sede extraordinaria de revisión para que esta determine la procedencia o no de
sus alegaciones, con lo que el requisito de subsidiariedad no se ve cumplido y
releva automáticamente del estudio de los defectos alegados.

39. En ese entendido, con fundamento en los hechos expuestos y los
presuntos defectos fácticos alegados, esta Sala constata que la acción
constitucional de tutela resulta del todo improcedente, en tanto no se satisface el
requisito de subsidiariedad previsto en el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991.

40. Aunado a lo anterior el accionante no demostró que tales mecanismos
resultan ineficaces o inidóneos frente a la presunta vulneración de los derechos
fundamentales alegados y su alegación respecto a la presunta existencia de un
perjuicio irremediable resulta débil.

41. Por lo expuesto, el argumento planteado en la impugnación respecto a que
el recurso extraordinario de revisión no sería idóneo ni eficaz respecto a su
asunto carece de sustento jurídico y no es más que una apreciación subjetiva,
toda vez que es el medio procesal establecido expresamente en el artículo 250
del CPACA para controvertir sentencias judiciales que presuntamente presenten
nulidades por incongruencia, como la alegada por el actor.

42. Asimismo, el hecho de que el recurso extraordinario de revisión no
suspenda la decisión o establezca un término definido para resolverla, en medida
alguna le resta idoneidad ni lo convierte en ineficaz pues la jurisprudencia ha sido
clara en establecer que lo relevante es la existencia del medio judicial específico
para atender la presunta vulneración y no sus efectos procesales inmediatos. En
ese entendido el recurso citado garantiza el acceso a un juez de cierre con

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competencia para examinar defectos sustanciales en el fallo controvertido.

43. Aunado a lo anterior, la urgencia invocada no está demostrada en el
expediente pues no existe prueba alguna de la existencia del perjuicio
irremediable que haga necesaria la intervención del juez constitucional como
mecanismo de amparo transitorio, pues la afectación económica mencionada por
la parte actora no cumple con los criterios de inminencia, gravedad o
irreversibilidad definidos por la jurisprudencia constitucional.

44. En consecuencia, la tutela no puede convertirse en una instancia paralela
o sustitutiva de los medios judiciales ordinarios ni en un escenario para
controvertir decisiones adoptadas dentro de un proceso judicial, salvo que se
acredite la configuración de una vía de hecho o que se demuestre una afectación
directa y grave a los derechos fundamentales sin otra opción de defensa.

45. Por lo anterior, se debe confirmar la improcedencia de la acción de tutela
interpuesta contra la providencia proferida por la Sección Tercera, Subsección C
del Consejo de Estado, al no cumplir con el requisito de subsidiariedad ni
acreditar una afectación grave e inminente que justifique la intervención
excepcional del juez constitucional.

46. Así las cosas, dado que, la acción de tutela es un mecanismo subsidiario
que permite reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios
de protección judicial como dispositivos legítimos y prevalentes para la
salvaguarda de los derechos, ese reconocimiento obliga a los asociados a incoar
los recursos jurisdiccionales con los que cuenten para conjurar la situación que
estimen lesiva de sus derechos.

47. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional21 ha sido clara en reiterar
que las personas deben hacer uso de todos los recursos ordinarios y
extraordinarios que el sistema judicial ha dispuesto para conjurar la situación que
amenaza o lesiona sus derechos, de tal manera que se impida el uso indebido
de la acción de tutela como vía preferente o instancia judicial adicional de
protección.

48. De tal modo, al no comprobarse la inminencia, ni existencia de un perjuicio
irremediable, no resulta procedente un estudio de fondo. En ese entendido, la
parte accionante no ha hecho uso de los medios de defensa judicial que son
idóneos y efectivos para obtener el amparo de sus derechos, a lo que, en gracia
de discusión, al no ser viable el estudio de defecto alguno por no cumplirse el
requisito de subsidiariedad, se adiciona el hecho de que el presunto defecto
fáctico alegado careció de argumentación suficiente, razones por las cuales, se
confirmará la improcedencia de la presente acción de tutela.

49. Así las cosas, la Sala confirmará la decisión de primera instancia, pues, se
reitera, dentro de las facultades del juez constitucional no se encuentra la de
sustituir las herramientas judiciales idóneas para obtener la protección

21 Sentencia T-375 de 2018. Corte Constitucional.

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Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01178-01
Accionante: Estyma Estudios y Manejos S.A. y otro

iusfundamental quebrantada, porque de lo contrario, la acción de tutela se
convertiría irremediablemente en un medio de protección alternativo que lejos de
amparar un derecho vulnerado, propiciaría un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones que le encomendó la Constitución a los jueces de
tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la providencia del 7 de abril de 2025 proferida por la Sección
Segunda Subsección B del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la
parte motiva de la providencia.

Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA

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