Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02543-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02543-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02543-00
Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora
15 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Bogotá, D.C., quince (15) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02543-00
Accionante: JULIÁN OSWALDO CRUZ LÓPEZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Defecto sustantivo - se configura por
falta de aplicación, indebida aplicación o por interpretación errónea de las disposiciones
legales.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
Se accederá al amparo solicitado por el señor Julián Oswaldo Cruz López, porque
las autoridades judiciales demandadas incurrieron en defecto sustantivo, por
indebida interpretación de los artículos 162 y 165 del CPACA.
II. ANTECEDENTES
La demanda
1. El 30 de marzo de 2026, el accionante interpuso demanda de tutela para que se
protegieran sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia1.
2. Atribuyó la vulneración al auto dictado el 8 de mayo de 2025 por el Juzgado Doce
Administrativo de Tunja, que rechazó la demanda por no haber sido subsanada en
debida forma, y a la providencia del 1º de octubre de 2025 del Tribunal Administrativo
de Boyacá, que confirmó esa decisión.
Hechos relevantes
3. El señor Julián Oswaldo Cruz López instauró demanda con pretensiones de
nulidad y restablecimiento del derecho y de reparación directa contra el municipio de
Ciénaga (Boyacá), para que se dejaran sin efectos los actos que dieron por
1
También se invocó el derecho a la tutela judicial efectiva. En sentencia T-608 de 2019, la Corte
Constitucional indicó que el derecho de acceso a la administración de justicia también se denomina
«derecho a la tutela judicial efectiva», pues se entiende como la posibilidad de acudir a los jueces
competentes para dirimir una controversia, y obtener una resolución efectiva al problema planteado,
a través de una decisión final, que sea cumplida.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02543-00
Accionante: Julián Oswaldo Cruz López
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
terminado el procedimiento administrativo para la selección del personero municipal
y se condenara al pago de lo que el accionante hubiera percibido en ese cargo,
durante cuatro años. Al proceso se le asignó el radicado 15001-33-33-012-2024-
00096-00.
4. El Juzgado 12 Administrativo de Tunja, en proveído del 11 de marzo de 2024,
inadmitió la demanda y le concedió al demandante el término de 10 días para que
aclarara cuál fue el medio de control que instauró. Esto, porque no podía tenerse «al
mismo tiempo como fuente del daño un acto ilegal y una actuación irregular
extracontractual, proveniente de la expedición del mismo acto administrativo», y
tampoco podía obtenerse indemnización por dos medios de control distintos, ni
«dejar a la deriva del juez de instancia el reconocimiento de la indemnización
pretendida». Además, no procedía la acumulación de pretensiones pues las
planteadas se excluyen entre sí y el juez no puede escoger.
5. El demandante interpuso recurso de reposición contra la anterior decisión. Indicó
que se interpretó erróneamente el artículo 165 del CPACA, pues si bien la fuente del
daño es una, existe la posibilidad de que el acto sea legal y por ello se puede buscar
la reparación del daño mediante la reparación directa. Reprochó que se le exija
realizar valoraciones excluyentes de legalidad e ilegalidad para escoger un medio de
control y afirmó que como el acto administrativo puede causar un daño antijurídico
por defraudar expectativas legítimas, procede la reparación directa, de manera
subsidiaria.
6. En auto del 23 de enero de 2025, la jueza de primera instancia decidió no reponer
la decisión recurrida. Indicó que la tesis propuesta por el accionante implicaría dejar
al azar la prosperidad de las causales de nulidad invocadas contra el acto acusado,
«pues supondría que el funcionario judicial estableciera -al final del proceso- la vía
procesal adecuada para satisfacer las pretensiones de la demanda».
Adicionalmente, tampoco sería posible efectuar el análisis de la reparación directa,
en caso de considerarse legal el acto, porque esa legalidad no fue planteada ni
concebida en la demanda.
7. El 27 de enero de 2025, el demandante presentó escrito de corrección de la
demanda. Insistió en la posibilidad de acumular las pretensiones invocadas, reiteró
y agregó algunos hechos, y expuso que ratificaba «las pretensiones formuladas y en
la acumulación de pedimentos de nulidad y restablecimiento del derecho con los de
reparación directa consignados en el escrito de demanda».
8. En providencia del 8 de mayo de 2025, se rechazó «el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, acumulado con reparación directa», por no haberse
subsanado la demanda, en los términos dispuestos por el despacho.
9. El actor apeló. Sostuvo que: (i) corrigió la demanda en la forma que estimó
procedente; (ii) lo resuelto no se ajusta a lo previsto en el artículo 165 del CPACA;
(iii) en proveído del 7 de octubre de 2024, el Tribunal Administrativo de Boyacá
aceptó la acumulación de pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho y
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02543-00
Accionante: Julián Oswaldo Cruz López
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
de reparación directa en un asunto electoral, de modo que, en su caso, se impuso
una ritualidad excesiva que no ha previsto el ordenamiento jurídico; (iv) el juez
incurrió en una extralimitación de poder, y (v) la irregularidad expuesta por el juzgado
no se refiere al incumplimiento de requisitos formales que impidan surtir el trámite
procesal o dictar sentencia de fondo.
10. El Tribunal Administrativo de Boyacá, en providencia del 1º de octubre de 2025,
confirmó el auto apelado, bajo el argumento de que el accionante no subsanó la
demanda en la forma indicada por el Juzgado 12 Administrativo de Tunja.
11. En su criterio, el requisito incumplido se subsume en el artículo 162 del CPACA,
porque la demanda debe contener lo pretendido, con precisión y claridad, y observar
lo dispuesto respecto a la acumulación de pretensiones. Así mismo, la escogencia
de la acción no depende de la discrecionalidad del demandante, sino del origen del
perjuicio alegado, y el caso estudiado no se asemeja al que se abordó en el proveído
del 7 de octubre de 2024 —al que hizo alusión el demandante—, porque en ese
asunto el Tribunal consideró que «la vía adecuada era la nulidad y restablecimiento
del derecho ya que el demandante no solo solicitó control de legalidad, sino también
el restablecimiento de su derecho», pero no había solicitudes de acumulación de
pretensiones.
Pretensiones
12. El demandante solicitó amparar sus derechos fundamentales, revocar las
providencias de inadmisión y rechazo de la demanda, y ordenar la admisión de la
demanda.
Fundamentos de la demanda de tutela
13. Los autos de inadmisión y rechazo de la demanda incurrieron en defecto
sustantivo, porque realizaron una interpretación indebida del artículo 165 del
CPACA y restringieron la posibilidad de acumular pretensiones, pese a que estas
fueron presentadas, unas como principales y otras como subsidiarias. Por las
mismas razones, se configuró un defecto fáctico, en tanto se valoró de manera
inadecuada la demanda.
14. Existe un daño antijurídico cuya fuente es el acto administrativo demandado;
por ende, «las valoraciones necesariamente tendrán que estar entre la ilegalidad y
la legalidad del acto, lo cual deriva en la acumulación de pretensiones».
15. Se violó la Constitución Política al impedirle al demandante acudir a la
jurisdicción, en los términos del artículo 229 de la Carta Política; además, «se
vulneran las regulaciones normativas constitucionales referidas a los personeros y
su elección, consagradas en el artículo 313 constitucional».
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02543-00
Accionante: Julián Oswaldo Cruz López
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
Trámite impartido
16. El 8 de abril de 2026, el entonces magistrado sustanciador admitió la tutela
contra el Juzgado 12 Administrativo de Tunja y el Tribunal Administrativo de Boyacá.
Tuvo como prueba los documentos aportados con la demanda.
Intervenciones
17. El Tribunal Administrativo de Boyacá señaló que en el escrito de
subsanación de la demanda el accionante se limitó a ratificar las pretensiones de
nulidad y restablecimiento del derecho y de reparación directa, sin atender el
requerimiento del despacho. Por esa razón, se rechazó la demanda. Además, es
fundado el rechazo que se sustenta en el incumplimiento de la orden de corrección
y, en todo caso, no se efectuó ningún pronunciamiento sobre la elección de los
personeros municipales.
18. El Juzgado Doce Administrativo de Tunja se limitó a otorgar acceso al
expediente ordinario.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
19. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala Contencioso
Administrativa del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de
primera instancia, conforme a los artículos 86 de la Constitución y 29 del Decreto
2591 de 1991, concordantes con el Acuerdo 080 de 2019, por el cual se expidió el
reglamento interno de esta corporación.
Problema Jurídico y metodología de la decisión
20. Corresponde a la Sala verificar si la acción de tutela cumple los requisitos de
procedibilidad. Si se cumplen, resolverá si el Juzgado Doce Administrativo de Tunja
y el Tribunal Administrativo de Boyacá incurrieron en el defecto alegado y si se
vulneraron los derechos fundamentales invocados, al inadmitir y rechazar la
demanda instaurada con el argumento de que, en ese caso, no es procedente
acumular pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho y de reparación
directa.
Análisis de la Sala
Legitimación en la causa
21. El señor Julián Oswaldo Cruz López está legitimado en la causa por activa,
en los términos del artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 10 del Decreto
2591 de 1991, porque es el titular de los derechos fundamentales que estima
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Accionante: Julián Oswaldo Cruz López
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
vulnerados. En el proceso en el que se profirieron las decisiones cuestionadas él
actuó como demandante.
22. El requisito de legitimación en la causa por pasiva también se cumple, porque
el Juzgado 12 Administrativo de Tunja y el Tribunal Administrativo de Boyacá fueron
las autoridades judiciales que profirieron el auto que rechazó la demanda y el que
confirmó esa decisión.
Inmediatez
23. Se cumple este requisito, porque el auto de 1º de octubre de 2025, que
rechazó la demanda, se notificó por estado del 6 de octubre de 20252, y la acción de
tutela se radicó el 30 de marzo de 2026. Este término es razonable3.
24. La providencia censurada no fue proferida en otro proceso de tutela.
Subsidiariedad
25. El artículo 86.3 de la Constitución, en armonía con el numeral 1º del artículo
6 del Decreto Ley 2591 de 19914, establece que la acción de tutela tiene un carácter
subsidiario, por lo que resulta improcedente ante la existencia de otros mecanismos
de defensa judicial, salvo que estos no sean eficaces o idóneos, o que sea necesario
evitar la concreción de un perjuicio irremediable5.
26. En este caso se cumple el requisito de subsidiariedad, porque se discute la
violación de derechos fundamentales y se agotaron los recursos disponibles para
garantizar su protección. El accionante instauró recurso de reposición contra el auto
que inadmitió la demanda y luego recurso de apelación contra el proveído que
rechazó la demanda, de modo que no cuenta con otro mecanismo para cuestionar
esas decisiones.
Relevancia constitucional
27. La acción de tutela no es una instancia adicional para discutir aspectos
económicos, de mera legalidad o la interpretación legítima de los jueces naturales6.
2
Esto, según el índice 8 del expediente electrónico alojado en la plataforma SAMAI.
3
La Corte Constitucional, en sentencias SU-499 de 2016 y T-038 de 2017, enfatizó que la acción de
tutela no tiene un término de caducidad legalmente establecido, pero debe interponerse en un plazo
oportuno.
El Consejo de Estado, por su parte, ha considerado que un plazo de seis meses puede catalogarse
como razonable. En sentencia de 11 de abril de 2019, rad. 11001-03-15-000-2018-03905-01, esta
Subsección estimó que cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial, el plazo razonable
de seis meses debe contabilizarse desde la notificación de la decisión o, desde la ejecutoria, cuando
se hubieren realizado trámites adicionales que incidieron en su firmeza.
4
«La acción de tutela no procederá (…) [c]uando existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable».
5
Al respecto, ver la sentencia T-108 de 2024.
6
En la sentencia T-352 de 2025, la Corte Constitucional determinó que el requisito de relevancia
constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de las
5
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Referencia: Acción de tutela de primera instancia
Este mecanismo solo procede cuando afloran serias dudas sobre la arbitrariedad,
capricho o irracionalidad de una decisión judicial.
28. El asunto que estudia es relevante desde el punto de vista constitucional,
porque se discute la posibilidad de que el accionante acceda a la administración de
justicia para debatir la legalidad de un acto administrativo y la viabilidad de obtener
reparación por un daño que considera antijurídico. La demanda contiene una carga
argumentativa suficiente para entender en qué consiste la vulneración de derechos
fundamentales y no se observa la intención de utilizar este mecanismo constitucional
como una tercera instancia.
Defecto sustantivo
29. Este vicio constituye una forma auténtica de violación directa de la ley, bien
sea por falta de aplicación, indebida aplicación o por interpretación errónea de las
disposiciones legales7.
30. En criterio de esta Sala, la postura adoptada en las providencias censuradas
configura un defecto sustantivo.
31. El artículo 162 del CPACA establece los requisitos de la demanda: (i) la
designación de las partes; (ii) «lo que se pretenda, expresado con precisión y
claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado, con observancia de lo
dispuesto en este mismo Código para la acumulación de pretensiones»; (iii) los
hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones; (iv) los
fundamentos de derecho de las pretensiones, incluidos los cargos de nulidad contra
el acto demandado; (v) la petición probatoria; (vi) la estimación razonada de la
cuantía; (vii) los datos de notificaciones de las partes, y (viii) constancia del envío de
la demanda y sus anexos a la contraparte.
32. El artículo 165 del CPACA, por su parte, prevé la posibilidad de acumular
pretensiones de nulidad, de nulidad y restablecimiento del derecho, relativas a
contratos y de reparación directa, siempre que sean conexas, el juez sea competente
para conocer de todas, no se excluyan entre sí «salvo que se propongan como
autoridades judiciales de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por lo tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad, (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a disputas vinculadas con la afectación de los derechos fundamentales e (iii) impedir
que esta acción se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de
los jueces.
7
Más ampliamente, la Corte Constitucional ha sostenido que el defecto sustantivo se configura en
los siguientes eventos: «(i) la decisión judicial se basa en una norma inaplicable, porque no es
pertinente, ha sido derogada o, a pesar de que está vigente y es constitucional, no se adecúa a la
situación fáctica a la cual se aplicó; (ii) la interpretación o aplicación de la norma al caso concreto
no se encuentra dentro del margen de interpretación razonable o se funda en una lectura normativa
que no es sistemática; (iii) se desconoce o se omite la norma aplicable al caso concreto; y (iv) no se
aplica la excepción de inconstitucionalidad pese a que se configura el deber de acudir a ella o
cuando se aplican normas abiertamente inconstitucionales». Sentencia SU-426 de 2025.
6
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Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
principales y subsidiarias», no haya operado la caducidad y se tramiten por el mismo
procedimiento8.
33. Según el artículo 169 de ese código, se rechazará la demanda cuando opere
la caducidad, o no se hubiere corregido la demanda en la oportunidad legal o cuando
el asunto no sea susceptible de control judicial.
34. Esta Sección ha precisado que, en vigencia de la Ley 1437 de 2011, el
derecho de acción es uno solo y la acción que se ejerce es la contencioso-
administrativa, aunque se empleen diversos medios de control para trabar la litis. En
ese entendido, el juez, como director del proceso, debe impartir trámite a la demanda
que reúna los requisitos legales para ese efecto, e incluso tiene la potestad de
adecuar el medio de control a las pretensiones formuladas, cuando se hubiera
señalado una vía procesal inadecuada, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 171 del CPACA9.
35. En el caso que se analiza, la demanda se presentó «en ejercicio de la acción
o medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho acumulada con
pretensiones de reparación directa» contra el municipio de Ciénaga (Boyacá). En el
acápite de pretensiones se pidió: (i) como principales, la nulidad de la Resolución
008 de 15 de enero de 2024, por la cual se dejó sin efectos el acto que convocó y
reglamentó el concurso público y abierto de méritos para proveer el cargo de
personero municipal de Ciénaga y, a título de restablecimiento, el pago de los
salarios que hubiera percibido el demandante en el cargo de personero, durante el
período constitucional de cuatro años; y (ii) como «acumuladas subsidiarias», la
declaración de responsabilidad patrimonial del ente territorial y la imposición de
condena por perjuicios materiales, en la suma que hubiera devengado el
demandante si hubiera sido elegido personero municipal de Ciénaga.
36. El escrito introductorio reúne los demás requisitos del artículo 162 del CPACA.
37. Por la inadmisión de la demanda, el accionante presentó oportunamente10
memorial de «corrección», en el que ratificó las pretensiones formuladas «y la
acumulación de pedimentos de nulidad y restablecimiento del derecho con los de
reparación directa».
38. La decisión de rechazar la demanda no se ajusta a lo dispuesto en las normas
citadas, porque la acumulación de las pretensiones de nulidad y restablecimiento del
8
En sentencia de 23 de agosto de 2024, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, rad. 25000-23-36-000-2015-02330-01 (61.023), resaltó que la acumulación de pretensiones
que se excluyen es válida, conforme al artículo 165.2 del CPACA, cuando se formulan como
principales y subsidiarias.
9
Consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto del 12 de marzo
de 2018, rad. 25000-23-36-000-2015-00928-01 (58595); Subsección C, auto del 24 de agosto de
2016, rad. 68001-23-33-000-2015-00109-01 (57.638) y del 22 de noviembre de 2021, rad. 52001-
23-33-000-2018-00549-01 (65.501).
10
El auto que resolvió el recurso de reposición contra la decisión de inadmisión de la demanda se
notificó por estado del 24 de enero de 2025 y el memorial de corrección de la demanda se presentó
el 27 de enero del mismo año, dentro del término de diez días concedido por el despacho.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02543-00
Accionante: Julián Oswaldo Cruz López
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
derecho y de reparación directa estaba permitida, aunque ambas tuvieran fuente en
el acto administrativo y se excluyeran, pues se presentaron como principales y
subsidiarias, como autoriza el artículo 165 del CPACA.
39. La tesis de que no se subsanó la demanda en la forma exigida por el juzgado
de primera instancia no resulta válida y transgrede el derecho fundamental de acceso
a la administración de justicia. Se impuso una exigencia que excede las cargas
procesales dispuestas en el ordenamiento legal para la etapa de admisión de la
demanda y se obvió que el demandante sí presentó, en oportunidad, el memorial de
corrección de la demanda; sin embargo, insistió en las pretensiones acumuladas.
40. En efecto, en la demanda se expusieron con claridad los hechos, los
fundamentos de derecho, los cargos de nulidad contra el acto administrativo
demandado y las peticiones de reparación. Además, se cumplían los presupuestos
de conexidad, competencia y procedimiento, de modo que no había justificación legal
para el rechazo, al menos no por la razón esgrimida.
41. El análisis que realizaron las autoridades judiciales accionadas no tuvo en
cuenta la etapa inicial en la que se encontraba el proceso, en la que bastaba verificar
si se satisfacían los requisitos formales del escrito introductorio —y de los de
procedibilidad cuando aplican—, así como el ejercicio oportuno del medio de control.
42. Frente a la acumulación objetiva de pretensiones, el análisis debió ceñirse a
lo dispuesto en el artículo 165 del CPACA, bien para aceptar la solicitud de
acumulación o para rechazar el trámite de las pretensiones subsidiarias, en caso de
que fuera imposible estudiarlas junto a las principales. Esto, independientemente de
la decisión que posteriormente se llegara a adoptar en la sentencia, luego del debate
probatorio y una vez conocidos los argumentos de defensa.
43. En suma, el Juzgado 12 Administrativo de Tunja y el Tribunal Administrativo
de Boyacá incurrieron en defecto sustantivo, por la indebida interpretación del
artículo 165 del CPACA, en consonancia con los artículos 162 y 169 del mismo
ordenamiento legal, lo que vulneró el derecho de acceso a la administración de
justicia del accionante, previsto en el artículo 22911 de la Constitución. Por
consiguiente, (i) se accederá al amparo solicitado; (ii) se dejará sin efecto el auto del
8 de mayo de 2025, que rechazó la demanda, y el del 1º de octubre de 2025, que
confirmó esa decisión, y (iii) se ordenará al Juzgado 12 Administrativo de Tunja
efectuar nuevamente el estudio de admisibilidad de la demanda, teniendo en cuenta
lo expuesto en esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
11
«Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley
indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado».
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02543-00
Accionante: Julián Oswaldo Cruz López
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
RESUELVE
PRIMERO. AMPARAR el derecho de acceso a la administración de justicia del
señor Julián Oswaldo Cruz López, vulnerado por el Juzgado 12 Administrativo de
Tunja y el Tribunal Administrativo de Boyacá.
SEGUNDO. Como consecuencia, i) DEJAR SIN EFECTOS los autos del 8 de mayo
de 2025 y del 1º de octubre de 2025, dictados por el Juzgado 12 Administrativo de
Tunja y el Tribunal Administrativo de Boyacá, en el proceso con radicado No. 15001-
33-33-012-2024-00096-00, y (ii) ORDENAR a dicho juzgado que dicte nueva
decisión conforme a lo señalado en esta sentencia.
TERCERO. NOTIFICAR la presente providencia a las partes y a los interesados por
el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO. Si no se impugna esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con salvamento de voto
VF
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
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