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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01211-01

Fecha
2 de julio de 2025
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01211-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1º) Confírmase la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 9 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 15 de septiembre de 2022, exp. 11001-03-15-000-2022-04683-00, MP Fredy Ibarra Martínez. 17 Expediente: 11001-03-15-000-2025-01211-01 Demandante: Jesús Enrique Arango Hernández Acción de tutela – Impugnación de fallo 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-01211-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

2 de julio de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Dos (2) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-01211-01
Demandante: JESÚS ENRIQUE ARANGO HERNÁNDEZ
Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA
JUDICIAL. IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE
TUTELA POR INCUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL Y
SUBSIDIARIEDAD.

Síntesis del caso: el actor cuestionó la providencia que confirmó el fallo que lo sancionó con
censura por su conducta como apoderado judicial dentro de un proceso ejecutivo
hipotecario. Alegó la configuración de un defecto fáctico por considerar que la autoridad
judicial omitió valorar pruebas relevantes que, a su juicio, desvirtuaban la imputación. La
Sala confirmará la sentencia que declaró improcedente la acción de tutela, por cuanto los
cargos son una reiteración de los argumentos formulados en el proceso disciplinario y
porque el actor intentó introducir planteamientos nuevos que no fueron propuestos ante el
juez natural, con lo cual incumplió el requisito de subsidiariedad.

La Sala decide la impugnación interpuesta por el demandante en contra de la
sentencia de 15 de mayo de 2025 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado en la que se decidió:

“1. Declarar improcedente la acción de tutela promovida por Jesús
Enrique Arango Hernández, de conformidad con las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia. (...)”. (negrillas del original – archivo
disponible en medio magnético en el índice 00019 del aplicativo SAMAI)

I. ANTECEDENTES

El actor promovió proceso de acción de tutela1 para la protección de su derecho
fundamental del debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución
Política, en contra de la sentencia del 14 de agosto de 2024, mediante la cual la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó la decisión que lo declaró

1
Mediante escrito presentado el 3 de marzo de 2025.

2
Expediente: 11001-03-15-000-2025-01211-01
Demandante: Jesús Enrique Arango Hernández
Acción de tutela – Impugnación de fallo

responsable por la comisión de varias faltas previstas en el artículo 33 de la Ley
1123 de 2007 y del auto del 15 de noviembre del mismo año, por medio del cual se
negó la solicitud de aclaración, adición y corrección de ese fallo.

1. Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1) Fue vinculado a un proceso disciplinario iniciado a partir de la queja formulada
por la señora Miryam Mancera Rivera, en el contexto de un proceso ejecutivo
hipotecario promovido desde 1998, en el cual la quejosa denunció que el actor, en
su condición de apoderado de la Asociación Pro Defensa de la Urbanización Villa
Leidy, habría incurrido en maniobras dilatorias destinadas a impedir la entrega
material de un bien inmueble objeto de la ejecución.

2) Mediante decisión del 18 de enero de 2023, la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial del Tolima impuso a Arango la sanción de suspensión por 24 meses del
ejercicio profesional tras encontrarlo responsable de violar los numerales 1, 7, 8 y
11 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007 (Código Disciplinario del Abogado)2 por
considerar que el disciplinado actuó con deslealtad procesal, promovió actuaciones
sin sustento jurídico, tergiversó el contenido de documentos y utilizó vías judiciales
caducadas como pretextos para dilatar el proceso ejecutivo3.

2
“Artículo 33. Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado:

1. Emplear medios distintos de la persuasión para influir en el ánimo de los servidores públicos, sus
colaboradores o de los auxiliares de la justicia.
(...).

7. Aconsejar, patrocinar o intervenir en cualquier acto que comporte el desplazamiento de las
funciones propias de los auxiliares de la justicia. También incurre en esta falta el abogado que de
cualquier modo acceda a los bienes materia del litigio o involucrados en este mientras se encuentre
en curso.

8. Proponer incidentes, interponer recursos, formular oposiciones o excepciones, manifiestamente
encaminados a entorpecer o demorar el normal desarrollo de los procesos y de las tramitaciones
legales y, en general, el abuso de las vías de derecho o su empleo en forma contraria a su finalidad.
(...).

11. Usar pruebas o poderes falsos, desfigurar, amañar o tergiversar las pruebas o poderes con el
propósito de hacerlos valer en actuaciones judiciales o administrativas.”.
3
Esa autoridad evidenció que, durante el desarrollo del despacho comisorio ordenado por el Juzgado
Octavo Civil del Circuito Judicial de Ibagué, se programaron varias diligencias de entrega del bien,
las cuales fueron frustradas por solicitudes del abogado Arango, quien argumentó la existencia de

3
Expediente: 11001-03-15-000-2025-01211-01
Demandante: Jesús Enrique Arango Hernández
Acción de tutela – Impugnación de fallo

3) El sancionado apeló la decisión4 y mediante sentencia del 14 de agosto de 2024,
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó la declaratoria de
responsabilidad disciplinaria, sin embargo, redujo la sanción de 24 a 12 meses por
considerar que no se configuraban agravantes adicionales que justificaran una
suspensión más extensa.

4) La autoridad demandada encontró acreditado que el abogado presentó ante el
juzgado comisionado una solicitud de aplazamiento de la diligencia de entrega,
fundamentada en una denuncia penal presuntamente en curso, cuya referencia
correspondía, en realidad, a una actuación que ya se encontraba archivada.

5) Se concluyó que el disciplinado incurrió en un uso indebido del aparato judicial
porque solicitó el aplazamiento de la diligencia de entrega del bien inmueble con
base en fundamentos que, posteriormente, resultaron infundados.

6) Igualmente, porque invocó una demanda de nulidad en contra del Iinstituto
Geógrafico Agustín Codazzi, la cual había sido presentada cuando ya había
operado la caducidad, actuación que fue valorada como una maniobra obstructiva
encaminada a interferir en la ejecución del fallo civil.

una denuncia penal y la pendencia de un proceso de nulidad contra el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi (IGAC).
4
El actor alegó que ninguna de las pruebas aportadas en el proceso disciplinario permitía concluir
que incurrió en las faltas que le fueron imputadas; sostuvo que el fallo se apoyó en suposiciones sin
fundamento y omitió la valoración integral de las pruebas, a partir de las cuales se pudo evidenciar
que no actuó como apoderado de los opositores en la diligencia de entrega sino, únicamente, como
representante de la Asociación Pro Defensa de la Urbanización Villa Leidy.

Rechazó que hubiera utilizado documentos falsos o alterados e insistió en que no tergiversó la
existencia ni el estado de una denuncia penal.

La solicitud de aplazamiento de la diligencia fue presentada con base en hechos objetivos y de
conformidad con la instrucción expresa de su poderdante y, si bien la denuncia penal fue archivada
con posterioridad, para el momento de su solicitud no hubo mala fe o una intención dilatoria.

La demanda que presentó en contra del IGAC fue rechazada por caducidad, pero su presentación
fue de buena fe y en ejercicio del derecho constitucional de acceso a la administración de justicia.

Finalmente, cuestionó la fiabilidad de los testimonios presentados en su contra, el del señor Marco
Ever Nieto porque carecía de información relevante y el de la señora Ángela Ausique Beltrán,
exapoderada de la quejosa, porque se trata de un testimonio que no ofreció imparcialidad por tratarse
de una abogada suspendedida por apropación de dineros.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01211-01
Demandante: Jesús Enrique Arango Hernández
Acción de tutela – Impugnación de fallo

6) La Comisión Nacional concluyó que la autoridad de primera instancia valoró de
manera conjunta los documentos procesales, los testimonios rendidos y las
constancias de archivo de la denuncia penal, probanzas a partir de las cuales
estableció que el disciplinado tenía pleno conocimiento del estado real de los
procesos que invocó como fundamento de sus actuaciones, lo cual evidenció una
voluntad consciente de obstrucción.

7) Finalmente, aunque mantuvo la declaratoria de responsabilidad, consideró que
la sanción impuesta por la autoridad seccional (24 meses) era excesiva por no existir
reincidencia ni circunstancias personales especialmente agravantes, por lo cual
redujo la suspensión a 12 meses.

8) El demandante presentó una solicitud de adición a la sentencia en la que reclamó
que la autoridad demandada incurrió en errores fácticos por omisiones probatorias
y en afirmaciones inexactas que desvirtuaban el contenido real de sus actuaciones
procesales, además, alegó que el fallo distorsionó los hechos que sirvieron de base
para sancionarlo y omitió pronunciarse sobre aspectos esenciales de su defensa.

9) Mediante auto del 15 de noviembre de 2024, la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial negó en su integridad la solicitud presentada por considerar que las
inconformidades del peticionario no correspondían con errores materiales ni con
omisiones resolutivas, sino que se relacionaron con asuntos sustanciales definidos
en la sentencia de segunda instancia.

2. Los fundamentos de la vulneración

El demandante señaló, en términos generales, que la sentencia proferida por la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial incurrió en un defecto fáctico con
fundamento en que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial fundamentó la
sanción en la omisión de pruebas relevantes que, a su juicio, desvirtuaban las
imputaciones formuladas en su contra.

En esa línea, alegó que no es responsable de las sucesivas suspensiones de la
diligencia de entrega ordenada en el proceso ejecutivo hipotecario, las cuales -
según afirmó- fueron ajenas a su voluntad, como la falta de acompañamiento

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Demandante: Jesús Enrique Arango Hernández
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policial, inconsistencias técnicas en la identificación del bien objeto de entrega o la
existencia de actuaciones judiciales en curso.

Asimismo, manifestó que sus intervenciones procesales como apoderado de la
Asociación Pro Defensa de la Urbanización Villa Leidy se ajustaron a derecho en
virtud de los poderes a él conferidos y que las solicitudes de aplazamiento
realizadas fueron excepcionales y justificadas.

Cuestionó, además, la credibilidad atribuida de los testimonios de los señores Marco
Ever Díaz Nieto y Ángela Pilar Ausique Beltrán, por considerar que existían
circunstancias objetivas que restaban valor a sus declaraciones, como el
distanciamiento del primero respecto de la asociación y los antecedentes
disciplinarios de la segunda.

Adicionalmente, alegó que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial omitió
pronunciarse sobre una situación de acoso sufrida por su apoderada durante el
trámite del proceso disciplinario, a pesar de haber sido puesta en conocimiento de
dicha autoridad.

Según el actor, ese hecho revestía especial gravedad por cuanto comprometía la
imparcialidad del procedimiento y vulneraba el derecho a una defensa técnica
efectiva en condiciones de dignidad y respeto.

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior el demandante solicitó el amparo de las siguientes
súplicas:

“Solicitando así, con todo respeto, se me AMPARE MI DERECHO AL
DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMI[NIS]TRACION DE JUSTICIA,
DERECHO DE DEFENSA, BUEN NOMBRE, AL TRABAJO Y AL MINIMO
VITAL, según los hechos antes alegados, y que refieren de los errores
cometidos en la emisión del fallo, frente a una falsa y falta de motivación
y errado análisis probatorio, bien en algunas pruebas, por omisión, y en
otras porque fueron cercenadas o le otorga alcances qué no tiene o
agrega información que no corresponde, confrontada la sentencia
atacada, con las actas que no se valoraron y que es el objeto de reproche,
como se ha venido desarrollando, manifestación del accionado versus
literalidad del acta dejada de valorar, entre otras situaciones
anteriormente expuestas.

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Demandante: Jesús Enrique Arango Hernández
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Es de señalar, que, frente al procedimiento dado al proceso, y que fue
objeto de reproche en la apelación, sin ser resueltos motivadamente los
mismos, como la nulidad alegada, y por otro, lado se adelantaron
actuaciones como el acoso del que fue víctima mi abogada dentro del
proceso, quien, en plena audiencia de pruebas y calificación, fue
asediada por un secretario del despacho de la Comisión seccional de
disciplina como se prueba con el archivo N. 089.

Por lo anterior, solicito a usted se amparen mis derechos vulnerados, y
se revoque la decisión, emitiéndose una acorde a derecho que proteja
mis derechos solicitados en amparo.”.

4. Actuación en primer grado

La Sección Cuarta del Consejo de Estado por auto de 7 de marzo de 2025 admitió
la acción de tutela (índice 0004 del SAMAI), notificó a los magistrados de la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial y vinculó a los magistrados de la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial del Tolima y a los señores Myriam Mancera Rivera
y José Everardo Devia, entregándoles copia de la demanda y los anexos.

5. Sentencia de primera instancia

El 15 de mayo de 2025 (índice 00019 del SAMAI), la Sección Cuarta del Consejo
de Estado profirió sentencia en la que declaró improcedente el amparo solicitado
por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

Para el a quo, el interés del actor fue emplear la acción de tutela como una tercera
instancia del proceso disciplinario que se adelantó en su contra y usar este
mecanismo para reabrir el debate probatorio ya decidido por el juez natural de la
causa en uso legítimo de su autonomía.

Respecto del argumento relacionado con una presunta situación de acoso hacia su
apoderada durante el trámite del proceso disciplinario, la Sala de primera instancia
advirtió que dicho planteamiento no fue propuesto en sede ordinaria ni expuesto en
el recurso de apelación, por lo cual lo calificó como un argumento nuevo formulado
por primera vez en sede constitucional, de ahí que incumpliera el requisito de
subsidiariedad y reforzara la improcedencia del amparo.

7. Impugnación

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Demandante: Jesús Enrique Arango Hernández
Acción de tutela – Impugnación de fallo

El demandante presentó impugnación (índice 00025 del SAMAI) y le fue concedida
con auto de 4 de junio de 2025 (índice 00027 del SAMAI).

Como fundamentos del recurso, sostuvo que la declaratoria de improcedencia
impidió el análisis de fondo de los planteamientos que sustentaban la configuración
del defecto fáctico alegado y que la omisión de dicho examen privó de eficacia al
control constitucional frente a una decisión disciplinaria que, por sus efectos,
comprometía de forma directa sus derechos fundamentales al trabajo y al mínimo
vital.

Adicionalmente, reprochó que el a quo hubiera omitido analizar un episodio de
acoso sufrido por su defensora técnica durante una audiencia del proceso
disciplinario y si bien reconoció que este hecho no fue alegado en sede ordinaria,
sostuvo que su gravedad justificaba su valoración autónoma en sede constitucional,
por cuanto afectaba el principio de igualdad procesal y el derecho de una defensa
libre, técnica e informada.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el
caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir
términos precluidos o acciones caducadas.

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Demandante: Jesús Enrique Arango Hernández
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De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
constitucionales fundamentales del demandante.

2. El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial con el fin de que se proteja el derecho constitucional
fundamental del debido proceso presuntamente vulnerado con ocasión de la
sentencia proferida por esa autoridad el 14 de agosto de 2024.

En los términos en que fue propuesta la controversia la Sala confirmará la sentencia
de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela por no cumplirse
con los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad por las razones que
procederán a exponerse:

1) Para determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado consideró necesario examinar
varios elementos, siendo ellos que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional a las del proceso ordinario en que fue proferida la providencia acusada,
puesto que este mecanismo especial constitucional fue diseñado para proteger
derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor tenga frente
a la decisión judicial y que la parte actora motive con suficiencia argumentativa la
relevancia constitucional, para lo cual no es suficiente con mencionar la vulneración
de derechos fundamentales5.

2) A partir de las pruebas obrantes en el expediente, la Sala encontró, como lo
hiciera el a quo, que con la acción de tutela el demandante buscó un nuevo
pronunciamiento sobre los aspectos que ya fueron debidamente expuestos,
analizados y resueltos en el proceso disciplinario por parte del juez natural de la
causa.

5
Consejo de Estado , Sala Plena de lo Contencioso Administartivo, sentencia de 5 de agosto de
2014, expediente no. 11001-03-15-000-2012-02201-01, MP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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3) En efecto, en el recurso de apelación que presentó en contra de la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial, el actor sostuvo -como también lo reiteró en la
acción de tutela- que la sanción impuesta se basó en hechos tergiversados, pues,
desconoció que su conducta procesal estuvo siempre ajustada a derecho, que
contaba con poder válido para actuar como apoderado de la Asociación Pro
Defensa de la Urbanización Villa Leidy y que los aplazamientos de la diligencia de
entrega del inmueble no le eran imputables, pues obedecieron a causas ajenas a
su voluntad, tales como problemas logísticos, actuaciones de terceros y decisiones
judiciales.

4) Tales argumentos fueron decididos en segunda instancia por la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial en los siguientes términos:

“Señaló el apelante que su actuación en el proceso ejecutivo de marras
fue legítima y en cumplimiento de las facultades otorgadas en los poderes
que su cliente le otorgó; sin embargo, no se valoraron en debida forma las
pruebas que obraban en el expediente y se dejaron de lado, las que él
aportó al infolio, que demostraban la inexistencia de falta disciplinaria.

(...) la imputación de la falta (...) se hizo (...) porque se encontraba
demostrada una estrategia con miras a no cumplir la orden de entrega del
inmueble objeto de litigio en el proceso ejecutivo hipotecario (...) pues
aquel acudió a evocar acciones penales y administrativas, para no permitir
que la decisión judicial civil se hubiese cumplido en el tiempo oportuno.

Ahora, revisadas las pruebas (...) se observa que la señora María Lucero
Serna de Reyes instauró demanda ejecutiva hipotecaria contra Miryam
Mancera Rivera. La (...) representante legal de la Asociación Pro- Defensa
de la Urbanización “Villa Leidy”, confirió poder al disciplinado para que
asumiera la defensa de sus derechos como “TERCEROS CIVILMENTE
PERJUDICADOS” (...).

(...) Posteriormente, la diligencia fue programada para el 22 de marzo de
2018, pero el disciplinable solicitó el aplazamiento en razón a que tenía
programada en la misma fecha y hora una diligencia de desalojo en el
predio denominado “Puerta de Alcalá” y allegó el respectivo soporte, por
lo que fue reprogramada para el 17 de abril siguiente las 8:30 a.m.,
oportunidad en la cual se suspendió hasta que el IGAC remitiera la ficha
catastral del predio; en consecuencia, como fue allegado el certificado de
libertad y tradición actualizado, se fijó el para el 28 de agosto de 2019 a
las 8:30 a.m.

Es decir, el encartado cumplió su cometido dilatorio y solicitó nuevamente
el aplazamiento hasta que se resolviera la investigación penal en contra
de la señora Miryam Mancera, por delito de fraude procesal, pues estaba
programada para el día 9 de septiembre del 2019, audiencia de limitación
del poder dispositivo, además, estaba pendiente de resolverse la
demanda de acción simple de nulidad, promovida por la Asociación Pro
Defensa de la Urbanización Villa Leidy en contra del Instituto Geográfico

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Demandante: Jesús Enrique Arango Hernández
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Agustín Codazzi -IGAC-., se fijó entonces el 16 de septiembre de 2019
para realizar la diligencia de entrega.

Obra memorial del 13 de septiembre de 2019 con el cual el disciplinable
solicitó “Aplazar la audiencia de levantamiento de medida cautelar
SECUESTRO Y ENTREGA del bien inmueble (...) con fundamento en que
había solicitado el aplazamiento de la diligencia de entrega por la
denuncia promovida contra la señora Miryam Mancera Rivera, en la que
estaba pendiente la audiencia de limitación de poder adquisitivo, respecto
de la cual al ser negada la petición, debió reiterar la solicitud.

El día 16 de septiembre de 2019 se celebró diligencia de entrega, a la cual
la representante legal de la Asociación y el disciplinable presentaron
oposición (…)”; sin embargo, la diligencia se suspendió hasta que se
resolviera la solicitud de suspensión del poder dispositivo, efectuada por
el encartado.

(...) contrario a lo afirmado por el apelante, el a quo valoró en conjunto las
pruebas documentales y testimoniales que obraban y procedió a efectuar
un estudio acucioso de las diferentes solicitudes y acciones judiciales
propuestas por el inculpado, tal como se demuestra en el fallo apelado,
en el que enunció el contenido de estos y las respuestas dadas por los
Juzgados de conocimiento.

(...) Así las cosas, el argumento del inculpado en el sentido de que sus
actuaciones estuvieron dirigidas a ejercer el derecho defensa de sus
clientes, no está llamado a prosperar, pues advierte esta Comisión que,
de cara al proceso de marras, donde el abogado investigado fungía como
apoderado de la Asociación Pro- Defensa de la Urbanización “Villa Leidy”,
se encuentra evidenciado que solicitó el aplazamiento de la diligencia de
entrega en el proceso hipotecario el 2 de marzo de 2018, que si bien fue
aceptado en esa ocasión, lo reiteró para el 26 de agosto de 2019, y utilizó
las acciones judiciales que previamente se habían instaurado -denuncias
penales y acción de simple nulidad-, para este fin.

(...) En lo referente al medio de control de nulidad simple, adujo el apelante
que este no afectó la diligencia de entrega, pese a que el acto se
desprendía de una orden emanada de la comisión dentro del proceso
ejecutivo hipotecario; no obstante, esta Comisión observa que el
encartado invocó esa acción en procura de hacerla valer en el proceso
ejecutivo hipotecario para impedir la entrega del bien, y si bien la demanda
fue presentada por otro abogado, sí sabía de los pormenores de ese
trámite debía abstenerse de paralizar la diligencia de entrega.

En su defensa, además, el disciplinable adujo que instauró las diferentes
acciones con base en los poderes otorgados por sus clientes, sin que
fuera su intención torpedear el trámite que se encontraba pendiente en el
proceso de marras, y solamente solicitó el aplazamiento en 2 ocasiones.

Pues bien, tales argumentos no hacen más que confirmar que el jurista
instrumentalizó las demás acciones judiciales en las que actuó como
apoderado de la mencionada Asociación (cesionaria ejecutante), para
solicitar la suspensión de la audiencia de entrega que se había ordenado
desde el año 2015 y, de paso, torpedeó el normal desarrollo del proceso.
(...)

Nótese que mientras la señora Leidy Julieth Torres Ramos adujo que no
existía dilación en el proceso, los testigos Marco Ever Nieto Ruiz y Ángela
del Pilar Ausique afirmaron lo contrario, a quienes esta Comisión les cree,

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Demandante: Jesús Enrique Arango Hernández
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una vez contrastado su relato con lo obrante en el juicio ejecutivo
hipotecario, con el que quedó demostrado que aquel sí incurrió en el
abuso de las vías de derecho que se le endilgó.”.

6) Así entonces, la discusión planteada por el actor en la acción de tutela ya había
sido expuesta en el recurso de apelación que interpuso contra el fallo de primera
instancia proferido por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima.

7) En efecto, en la demanda, el actor sostuvo que no se valoró debidamente el poder
otorgado por la Asociación Pro Defensa de la Urbanización Villa Leidy, lo cual
legitimaba su actuación como apoderado en el proceso ejecutivo hipotecario; sin
embargo, ya había alegado que su actuación procesal estuvo amparada en un
poder plenamente válido y que las gestiones realizadas lo fueron en ejercicio
legítimo de la representación de sus clientes.

8) Además, ese planteamiento fue expresamente valorado por la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial, quien reconoció la existencia del poder, pero concluyó que el
disciplinado excedió sus atribuciones por interponer una serie de acciones
procesales carentes de fundamento con el fin de dilatar injustificadamente la entrega
del bien.

9) El demandante alegó que no era cierto que las diligencias programadas para el
10 de marzo, 27 de abril y 20 de junio de 2017 se hubieran suspendido por actos de
agresión de la comunidad, sino por razones logísticas como la falta de
acompañamiento de la Policía Nacional, argumentación que también fue expuesta
en el proceso disciplinario.

10) Sobre ese particular, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial analizó las
actas correspondientes y concluyó que existió un patrón de comportamiento dirigido
a impedir la ejecución material de la orden judicial mediante solicitudes de
aplazamiento e interposición sucesiva de recursos y acciones judiciales, no así un
simple obstáculo externo o fortuito.

11) En la acción de tutela, el actor reprochó la valoración otorgada a los testimonios
de los señores Marco Ever Díaz Nieto y Ángela Pilar Ausique y señaló que el primero
había sido retirado de la asociación desde 2015 y que la segunda tenía sanciones
disciplinarias en su contra, lo cual, a su juicio, comprometía su imparcialidad.

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12) No obstante, estas mismas críticas fueron expresadas en el recurso de
apelación y la autoridad disciplinaria las analizó de manera expresa para concluir
que los testimonios fueron creíbles debido a que estaban debidamente respaldados
en otros elementos de prueba y, en particular, con el desarrollo cronológico de las
actuaciones procesales que evidenciaban una conducta reiterada del investigado
para obstruir la entrega del bien.

13) Por otra parte, si bien en la acción de tutela el actor alegó una presunta omisión
por parte de la autoridad disciplinaria frente a una situación de acoso cometida en
contra de su apoderada judicial durante la etapa de juzgamiento del proceso
disciplinario, tal alegación no superó el requisito de subsidiariedad exigido por la
jurisprudencia constitucional, tal como resolvió el a quo.

14) Sin embargo, cabe destacar que, contrario a lo afirmado en la sentencia
impugnada, tal hecho no fue completamente ajeno para el juez natural del proceso,
porque se trató de de una situación que sí fue puesta en conocimiento de la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima, la cual adoptó una decisión
expresa en relación con el asunto, a tal punto que relevó de oficio a la defensora
que venía representando al disciplinado.

15) En efecto, la Sala constató (expediente digital en el índice 00010 del aplicativo
SAMAI) que la defensora técnica presentó un escrito fechado el 16 de noviembre
de 2022 -esto es, antes de la audiencia de juzgadmiento programada para el 29 de
noviembre de 2022- en el cual puso en conocimiento del magistrado instructor una
situación de acoso por parte de un auxiliar del despacho, lo cual condujo a que el
22 de noviembre siguiente se profiriera auto en el cual la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial del Tolima la relevar qde su designación como defensora de
oficio; es decir, el hecho sí fue puesto en conocimiento oportuno de la autoridad
disciplinaria y, por tanto, no puede sostenerse que constituya un argumento nuevo
introducido por primera vez en sede constitucional ni que no se hubiere dado la
oportunidad de analizarlo en el trámite ordinario.

16) Sin embargo, el actor guardó silencio frente a este hecho en el momento de
presentar su recurso de apelación en contra del fallo de primera instancia dentro del
proceso disciplinario; es decir, a pesar de contar con la oportunidad procesal para

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Demandante: Jesús Enrique Arango Hernández
Acción de tutela – Impugnación de fallo

controvertir el modo como fue manejada dicha situación por parte de la Comisión
Seccional y de exponer, en su caso, la existencia de una eventual afectación de sus
derechos fundamentales por esa causa, omitió por completo hacer alusión al tema
en dicho recurso.

17) En ese sentido, la Sala considera que la pretensión dirigida a obtener un
pronunciamiento de amparo en torno a la presunta vulneración del derecho
fundamental del debido proceso, por razón del trato dispensado a su primera
apoderada judicial de oficio en el curso del proceso disciplinario, resulta
incompatible con el principio de subsidiariedad que rige la acción de tutela, toda vez
que la oportunidad adecuada y pertinente para ventilar tal reparo fue el trámite del
proceso disciplinario, particularmente el recurso de apelación, y el actor se abstuvo
de hacerlo.

18) Respecto de tal presupuesto general de procedibilidad, en la sentencia C-590
de 2005 la Corte Constitucional señaló que es necesario que el demandante
identifique, de forma razonable, los yerros de la autoridad judicial que generan la
violación y que esta haya sido alegada en el proceso judicial, en caso de haber sido
posible, así:

“Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional (…).

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios-
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate
de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. De
allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como
un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las
competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de
propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de
esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez (…).

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible. Esta exigencia es comprensible pues,
sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales
contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es

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Acción de tutela – Impugnación de fallo

menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la
afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela (…)” (negrillas adicionales).

19) En consecuencia, es necesario que los yerros de la autoridad judicial que la
parte actora invoca como generadores de la vulneración se hayan explicado y
sustentado con claridad “y que [la parte actora] hubiere alegado tal vulneración
en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible”, exigencia que la
propia Corte justificó en los siguientes términos 6:

“Esta exigencia es comprensible en la medida que, sin que la acción
de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su
naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el
actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al
interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de
pretender la protección constitucional de sus derechos.”. (negrillas de
la Sala)

20) Ello resulta apenas lógico, si se considera que esta acción constitucional no
puede constituirse como un mecanismo complementario, adicional o sustituto de los
procesos judiciales ordinarios, pues ello provocaría el efecto contrario al perseguido
mediante esta acción, toda vez que se desconocería la garantía del debido proceso
prevista en el artículo 29 de la Constitución Política, según la cual las controversias
deberán ser decididas por el juez natural de la causa y con observancia de las
formas propias de cada juicio.

21) Sobre este último aspecto, la Corte Constitucional en sentencia T-649 de 2011,
señaló:

“Una segunda razón radica en el respeto por la importancia del proceso
judicial. Las etapas, recursos y procedimientos que conforman un
proceso, son el primer espacio de protección de los derechos
fundamentales. Estando obligados los jueces a obedecer la ley y la
Constitución (Art. 4 y 230 C.N), corresponde a todos velar porque los
derechos fundamentales sean respetados al interior y como resultado de
los procesos judiciales. Es en este sentido que la sentencia C-543 de 1992
puntualiza que: “tratándose de instrumentos dirigidos a la preservación de
los derechos, el medio judicial por excelencia es el proceso, tal como lo
acreditan sus remotos orígenes” (negrillas del original). Por tanto, es
inadmisible que el afectado alegue la vulneración o amenaza de un

6
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005.

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Acción de tutela – Impugnación de fallo

derecho fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus
derechos dentro del proceso, pues, en principio, el ordenamiento
jurídico le ha dotado de las herramientas tendientes a corregir
durante su trámite las irregularidades que puedan afectarle”
(negrillas de la Sala).

22) En consonancia con el criterio jurisprudencial expuesto, en este caso resulta
claro que lo pretendido por el demandante fue emplear la acción de tutela como una
tercera instancia de lo decidido en el proceso disciplinario y que con la supuesta
configuración del defecto fáctico se analizaran argumentos que debieron ser
planteados dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cual no
es de recibo dado que sobre ellos no tuvo la oportunidad de pronunciarse el juez
ordinario y tampoco la contraparte pudo ejercer su defensa.

23) En ese orden de ideas, lo relacionado con la falta de pronunciamiento sobre el
presunto acoso sufrido por la apoderada del actor durante la audiencia de pruebas
y calificación disciplinaria se trata de un argumento nuevo que pudo ser planteado
dentro del proceso ordinario, pero no se hizo, por lo cual la acción de tutela es
improcedente por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, como así lo
resolvió el a quo, pues este mecanismo constitucional “no es un medio que remedie
los desaciertos procesales de las partes”7.

24) Si bien es cierto que tal presupuesto ha sido concebido como una causal
autónoma de procedencia8, también lo es que guarda una íntima relación con la
idea de subsidiariedad, no en el sentido genérico simple de haberse agotado todos
los recursos judiciales disponibles, sino en uno más concreto y específico, referido
a impedir que se reabra un asunto litigioso con los mismos argumentos que por
desidia, negligencia, incuria o descuido de las partes que, contaron con la
oportunidad de plantearlos en sede ordinaria pero no lo hicieron.

7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, providencia de 31 de
mayo de 2018, exp. 25000-23-42-000-2018-00580-01(AC), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
8
O incluso como sinónimo de falta de relevancia constitucional, como lo ha concebido la Sección
Cuarta de esta Corporación.

En efecto, a partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-00, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para determinar si
un asunto tiene relevancia constitucional y, entre ellos, dispuso que cuando se plantea un argumento
nuevo que no fue discutido en el proceso ordinario el asunto es improcedente por carencia del
presupuesto de relevancia constitucional.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01211-01
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Acción de tutela – Impugnación de fallo

25) En consecuencia, no es de recibo que quienes, tuvieron la oportunidad de alegar
tales reparos en el proceso ordinario, hayan dejado de hacerlo y, ahora, pretendan
subsanar sus falencias y revivir términos fenecidos mediante la acción de tutela con
el fin de utilizarla como un recurso adicional o supletorio de las instancias previstas
en cada jurisdicción, proceder que desde luego se encuentra proscrito pues
desconoce el carácter residual y subsidiario de este mecanismo constitucional.

26) Se reitera, como lo ha dicho esta misma Subsección en anteriores decisiones 9,
esta herramienta constitucional no puede ser utilizada para revivir oportunidades
procesales fenecidas ni para plantear o mejorar argumentos que se dejaron de
proponer en las instancias del proceso ordinario, máxime si se tiene en cuenta que
ni siquiera se justificaron los motivos por los cuales se incurrió en dicha omisión.

27) De igual manera, la Sala encuentra que con los medios de prueba allegados al
proceso no hay lugar a inferir la existencia de un perjuicio con las condiciones de
inminencia, gravedad y urgencia que demanden medidas impostergables para
evitar la consumación de un daño y que ameriten la intervención transitoria y
excepcional del juez de tutela, razón de más para concluir que la acción de tutela
resulta improcedente en el presente caso.

28) En conclusión, para la Sala se debe confirmar la sentencia de primera instancia
que declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento de los requisitos
de relevancia constitucional y subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

FALLA

1º) Confírmase la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

9
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 15 de septiembre de 2022, exp.
11001-03-15-000-2022-04683-00, MP Fredy Ibarra Martínez.

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Acción de tutela – Impugnación de fallo

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes e intervinientes o por el
medio que resulte más expedito y eficaz.

3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera
instancia y remítasele copia del mismo.

4º) Por Secretaría, publíquese la presente providencia en la página web de esta
Corporación.

5º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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