Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-01220-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-01220-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2025-01220-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López
10 de julio de 2025
Radicación: 11001 03 15 000 2025 01220 01
Accionante: Julián David Ruíz Barajas
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2025 01220 01
Accionante: JULIÁN DAVID RUÍZ BARAJAS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ
Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando el proceso en
el que se profirió la providencia cuestionada se encuentra
en curso, y no se acreditó la ocurrencia de un perjuicio
irremediable.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en
contra del fallo de tutela proferido el 9 de abril de 2025 por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de
tutela.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Julián David Ruíz Barajas, actuando en nombre propio, promovió
acción de tutela en contra de los autos proferidos el 4 de octubre de 2024,
8 de noviembre del 2024, 22 de enero de 2025 y 4 de febrero del 2025
por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en el proceso de nulidad
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Accionante: Julián David Ruíz Barajas
electoral identificado con el radicado nro. 15001 23 33 000 2024 00110
00, y para ello, formuló las siguientes pretensiones1:
«[…] 1. TUTELAR los derechos fundamentales de ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DEBIDO PROCESO,
IGUALDAD PROCESAL Y DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN,
toda vez que el Tribunal Administrativo de Boyacá, por medio de
los autos de fecha 04 de octubre, 08 de noviembre del 2024, 22 de
enero y 04 de febrero del 2025 y las decisiones contenidas allí,
incurrió, primero, en un defecto sustantivo, al no aplicar las normas
que efectivamente disponían los términos para la contestación de
la demanda y segundo en un defecto procedimental, al violar los
principios de igualdad procesal y acceso a los recursos procesales,
puesto que todo lo anterior se dispuesto (sic) se tomó en violación
a los derechos fundamentales ya referidos.
2. Que, en garantía del debido proceso, acceso a la justicia, se
tenga por v[á]lida y radicada dentro del término legal y oportuno
la contestación de la demanda radicada por mi apoderada el 04 de
septiembre de 2024, dado que fue radicada dentro del término
oportuno de los 20 días que ha clarificado el Honorable Consejo de
Estado en acciones de Nulidad Electoral.
3. Que se dejen sin efectos los autos de fecha 04 de octubre, 08
de noviembre del 2024, 22 de enero y 04 de febrero del 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, dentro del
proceso de nulidad electoral ya referenciados.
4. Ordenar al Tribunal Administrativo de Boyacá, en el término de
esta providencia, se pronuncie nuevamente respecto de la
contestación de la demanda, y se retrotraiga el proceso, teniendo
en cuenta la aplicación del artículo 318 del Código General del
Proceso al proceso de nulidad electoral objeto de la tutela, y bajo
el principio de igualdad procesal […]» (Mayúsculas y negrillas
originales del escrito de tutela).
Adicionalmente, solicitó la siguiente medida provisional2:
«[…] Que se conceda como medida provisional la suspensión del
proceso de nulidad electoral, con el radicado No.
15001233300020240011000, actualmente en curso ante el
Tribunal Administrativo de Boyacá, hasta tanto se resuelva de
fondo la presente acción de tutela […]».
1
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01220 00.
2
Ibidem.
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2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante informó que, mediante acta de plenaria nro. 002 de 2024,
fue elegido por el concejo municipal de Ramiriquí como personero de
dicho ente territorial para el periodo constitucional 2024-2028.
Manifestó que “(…) [l]a Mesa Directiva del Concejo Municipal de Ramiriquí
reiter[ó] el nombramiento del personero municipal en un exceso de
formalismo, lo anterior expidiendo la Resolución No. 005 del 10 de enero
del 2024, dado que, el acto electoral de elección se encuentra contenido
en acta de plenaria N° 002 de 2024 en el cual la Corporación en pleno me
eligió. El acto administrativo No. 005 del 10 de enero del 2024 fue
demandado por la Universidad Popular del C[é]sar, entidad con quien el
Concejo Municipal de Ramiriquí suscribió el convenio para la realización
del Concurso Público de Méritos para la selección de los candidatos a
personero municipal (…)”3.
Señaló que “(…) [e]n un principio la demanda fue inadmitida al indicarse,
entre otras cosas que: la universidad no tenía legitimación en la causa
por activa para interponer la demanda, tampoco en el escrito de la
demanda no se aportaba el lugar de notificación del demandado e
igualmente no se realizó el env[ío] previo de la demanda, conforme lo
establece el artículo 162 del CPACA (…)”4.
Indicó que la demanda fue rechazada por el Tribunal Administrativo de
Boyacá y que, contra dicha decisión, el demandante presentó recurso de
apelación y la Procuraduría 45 Judicial ll de Asuntos Administrativos de la
Procuraduría General de la Nación interpuso recurso de reposición y en
subsidio súplica.
Precisó que “(…) [e]l Tribunal, de oficio, adecu[ó] el recurso presentado
por el accionante, argumentando, por un lado, la aplicación del artículo
3
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01220 00.
4
Ibidem.
3
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318 del Co digo General del Proceso y por el otro la garantí a del derecho
de acceso a la administración de justicia del demandante (…)”5.
Resaltó que, “(…) al ser decididos los recursos presentados, se revocó el
auto que rechazo la demanda y devolvió el expediente al despacho
correspondiente para que se continuara con el trámite, por lo que por
medio del auto de fecha 01 de agosto del 2024, se admitió la demanda,
corriéndose traslado para la contestación de la demanda en los términos
dispuestos en el artículo 279 del CPACA y se ordenó notificarme
personalmente del proveído, siendo lo mismo realizado, por medios
electrónicos, al correo institucional de la Personería Municipal, el día 5 de
agosto del 2024; por lo que, teniendo en cuenta la Ley 2213 de 2022 y la
Ley 2080 de 2021, se tenía hasta el 04 de septiembre para dar
contestación a la demanda (…)”6.
Anotó que, por auto del 4 de agosto de 2024, el tribunal accionado
rechazó por extemporáneas las excepciones previas y la contestación de
la demanda presentada por su apoderada, al considerar que “(…) el plazo
para radicar el escrito era hasta el 02 de septiembre del 2024,
desconociendo de esta manera los dos días que otorga la norma y la
reiterada jurisprudencia que hay al respecto para que se entienda
realizada la notificación personal. Es decir, tuvo como término 18 días, de
los 20 días establecidos para su contestación impidiendo, al suscrito tener
garantía al debido proceso (…)”7.
Al respecto, citó un aparte del auto proferido el 3 de noviembre de 2023
por la Sección Quinta de esta Corporación, en el proceso radicado nro.
11001 03 28 000 2022 00214 00, en el que se expuso que “(…) para
efectos de contabilizar los quince (15) días establecidos en el artículo 279
del código en cita para contestar el libelo, se deben computar previamente
los dos (2) días señalados en el inciso cuarto del artículo 199 ibidem y los
tres (3) días contemplados en el artículo 277, numeral 1, literal f) del
5
Ibidem.
6
Ibidem.
7
Ibidem.
4
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mismo código, para un total de veinte (20) días (…)”8. En ese sentido, el
accionante aseguró que “(…) el Tribunal Administrativo de Boyacá,
desconoció el t[é]rmino establecido de 20 días hábiles para realizar la
contestación de la demanda, afectando con ello las garantí as y derechos
fundamentales del suscrito (…)”9.
Adujo que, a través de apoderado, interpuso recurso de súplica en contra
del precitado auto “(…) amparándose el mismo en el desconocimiento y
no aplicación de las Leyes 2213 de 2022 y 2080 de 2021 y los dos días
que se otorgan para que se tenga como notificada de forma personal y
por medios electrónicos, una providencia (…)”10.
Relató que, por medio del auto del 8 de noviembre de 2024, el tribunal
accionado rechazó por improcedente el recurso de súplica, “(…) dándose
con ello un trato desigual a las partes con relación a la aplicación del
artículo 318 del Código General del Proceso, transgrediendo el parágrafo
único de dicho art[í]culo (…)”11.
Enunció que “(…) [c]ontra el auto anteriormente referenciado, mi
poderdante interpuso recurso de reposición y de forma personal yo
radique una solicitud de aclaración y adición del auto, siendo ambos
escritos rechazados y negados, respectivamente. En el auto de fecha 22
de enero de 2025, se refirieron que, en cuanto al recurso, alegan su
improcedencia, pues para el tribunal, contra el auto que decide el recurso
de súplica no procede recurso alguno y en razón a la solicitud de
aclaración, la desestimaron a grandes rasgos, argumentando que no se
omitió decidir sobre alguna circunstancia adicional que amerite
pronunciamiento, además que las circunstancias fueron claramente
expuestas en la providencia, según lo señalado por el Tribunal (…)”12.
8
Ibidem.
9
Ibidem.
10
Ibidem.
11
Ibidem.
12
Ibidem.
5
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Agregó que “(…) [p]osteriormente a lo sucedido, el Tribunal
Administrativo de Boyacá, aun desconociendo y no atendiendo de fondo
las diferentes cuestiones y argumentos esbozados en los recursos
presentados, profirió el auto de fecha 04 de febrero del 2025, por medio
del cual da aplicación a la figura de sentencia anticipada, siendo lo mismo
contrario a derecho y siguiendo con ello vulnerándose mis derechos de
defensa, debido proceso y acceso a la administración de justicia, por
cuanto no fueron objeto de valoración y estudio las pruebas presentadas
con la contestación de la demanda, ni tampoco los argumentos esbozados
allí, como para dar efectiva aplicación a la figura de sentencia anticipada
(…)”13.
Aseveró que “(…) [c]on lo anteriormente relacionado, queda demostrada
la continua vulneración a mis derechos fundamentales, dentro del marco
del proceso de nulidad electoral con radicado No. 15001-23-33-000-2024
00110-00, pues, por un lado, no se hicieron efectivos, ni se tuvieron en
cuenta los términos que efectivamente la norma da para el traslado y
poder allegar la contestación, así como también, se me dio un trato
desigual con relación a la parte actora, pues a la misma, aun cuando el
recurso era improcedente le fue adecuado de oficio por el mismo Tribunal,
además que al no analizar de fondo todos los escritos que se han
presentado en contra de las decisiones tomadas por el ente juzgador, se
vulneran mis derechos a la defensa y contradicción, a la igualdad procesal,
al acceso a la administración de justicia y al debido proceso, afectándose
igualmente la equidad dentro del proceso judicial, aunado a que con ello
se demuestra que he agotado todos los medios posibles para controvertir
la decisión, sin que lo mismo haya dado resultado (…)”14.
En el acápite denominado “Requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales”, el accionante explicó que “(…) en
principio ser[í]a desacertado la interposición de una acción de tutela
contra los autos aquí discutidos, no obstante, es menester aclarar que en
13
Ibidem.
14
Ibidem.
6
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la presente cuestión se cumplen todos y cada uno de los requisitos que
se delimitan para la procedencia y prosperidad de esta acción
constitucional, puesto que debemos de tener en cuenta las cuestiones y
situaciones que afectan mis derechos fundamentales al acceso a la
administración de justicia, el debido proceso, la igualdad procesal y la
defensa y contradicción, pues la postura y decisiones que se han tomado
en el curso del proceso de nulidad electoral objeto de esta tutela
desconocen y menoscaban los derechos ya aludidos (…)”15.
Alegó que “(…) [e]n el presente caso, se han desconocido los dos días,
establecidos en las Leyes 2213 de 2022 y 2080 de 2021 para que una
providencia judicial, como la admisión de la demanda, se entienda
notificada personalmente por medios electrónicos. Como consecuencia de
esta omisión, el Tribunal ha considerado como no contestada la demanda,
bajo el argumento de que dichos días no aplicaban, lo cual es incorrecto
si se realiza una interpretación integral de la norma (…)”16.
Argumentó que “(…) [e]l Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), en el literal f del numeral 1 del
artículo 277, establece que los términos de contestación de la demanda
comienzan a contar a partir del tercer día siguiente a la notificación
personal o por aviso. Por su parte, las Leyes 2213 de 2022 y 2080 de
2021 determinan que la notificación personal por medios electrónicos se
entenderá realizada dos días hábiles después del envío del mensaje de
datos (…)”17.
Sostuvo que “(…) si aplicamos correctamente estas disposiciones, el
término para contestar la demanda se extendía hasta el 4 de septiembre
de 2024 y no hasta el 2 de septiembre, como erróneamente lo ha
considerado el Tribunal (…). Esta interpretación no solo es congruente con
el ordenamiento jurídico, sino que también respeta el debido proceso y la
seguridad jurídica de las partes. En el marco del análisis sobre el cómputo
15
Ibidem.
16
Ibidem.
17
Ibidem.
7
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de los términos legales para la contestación de la demanda, resulta
relevante traer a colación la posición del Consejo de Estado respecto a la
notificación personal y los plazos aplicables en estos casos. En particular,
la Corporación ha precisado la forma en que deben contabilizarse los días
establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), estableciendo criterios claros sobre
la oportunidad para la presentación de los escritos de contestación. Al
respecto, en la siguiente providencia se expone como el t[é]rmino
corresponde efectivamente a 20 días ya que se computan los dos días
establecidos en normas como la Ley 2213 de 2022 y hasta el mismo
CPACA (…)”18.
Finalmente concluyó que “(…) la actuación del Tribunal en este caso
vulnera mis derechos fundamentales, como el acceso a la justicia, el
debido proceso, la igualdad procesal y el derecho de defensa y
contradicción. Al desconocer los términos de notificación establecidos en
las Leyes 2213 de 2022 y 2080 de 2021, el Tribunal incurrió en un defecto
sustantivo o material, ya que su interpretación errónea de la norma
impacto directamente el desarrollo del proceso y la garantí a de mis
derechos como parte demandada. Además, se evidencia un trato desigual
entre las partes, pues mientras que al demandante se le permitió la
adecuación de su recurso, a la parte demandada se le negó sin una
revisión de fondo (…). Asimismo, se cumplen todos los requisitos para la
procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales, dado
que la cuestión tiene relevancia constitucional, se agotaron los medios de
defensa ordinarios, se cumple el requisito de inmediatez y la irregularidad
procesal tiene un impacto determinante en el proceso (…)”19.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
18
Ibidem.
19
Ibidem.
8
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3.1. La tutela fue radicada el 3 de marzo de 202520 a través de la
ventanilla virtual de esta Corporación y correspondió por reparto a la
Sección Cuarta del Consejo de Estado que, por auto del 7 de marzo de
202521 la admitió, negó la medida provisional solicitada y dispuso
notificar22 a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo de
Boyacá, como parte accionada; así como vincular23 a la Universidad
Popular del César, al Concejo Municipal de Ramiriquí y a la Procuraduría
45 Judicial ll de Asuntos Administrativos de la Procuraduría General de la
Nación, como terceros interesados en el resultado del proceso.
De igual forma, requirió al Tribunal Administrativo de Boyacá, para que
allegara copia digital o hipervínculo del expediente correspondiente al
proceso identificado con el radicado nro. 15001 23 33 000 2024 00110
00, el cual fue remitido24.
3.2. El magistrado a cargo del proceso objeto de debate rindió informe25
en el que solicitó que se declare la improcedencia de la solicitud de
amparo, “(…) por disponer la parte demandada de otras acciones idóneas
para lograr la protección de sus derechos fundamentales, aunado a que
en el presente caso no se aprecia que el demandado se encuentre ante la
consumación de un perjuicio irremediable que torne ineficaz el
mencionado medio de defensa (…)”.
Para ello, inicialmente, explicó que, contra el auto del 4 de octubre de
2024, que rechazó por extemporáneas las excepciones previas
presentadas por el hoy accionante en el proceso ordinario, procedía el
recurso de reposición dispuesto en el artículo 242 del Código de
20
Visto en los índices 2 y 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01220 00.
21
Visto en el índice 6 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01220 00.
22
Esta orden se cumplió el 13 de marzo de 2025. Visto en el índice 9 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025
01220 00.
23
Ibidem.
24
Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01220 00.
25
Ibidem.
9
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Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual
no fue promovido, ya que el hoy accionante interpuso recursó de súplica,
el cuál fue estudiado por la Sala Dual de Decisión nro. 2 del Tribunal
Administrativo de Boyacá y por auto del 8 de noviembre de 2024, lo
rechazó por improcedente.
Posteriormente, frente al auto del 4 de febrero de 2025, que dispuso dar
aplicación a la figura de la sentencia anticipada, advirtió que “se notificó
por estado el 5 de febrero de 20259, el envío de la comunicación a los
correos electrónicos de las partes se hizo en la misma fecha10, y el 10 de
febrero de 2025 el Personero municipal de Ramiriquí, en nombre propio,
interpuso recurso de reposición y en subsidio súplica en contra del auto
del 4 de febrero de 202511, los que a la fecha están pendientes de
resolverse”.
Teniendo en cuenta lo anterior, aseguró que “(…) al demandado en la
acción de tutela de la referencia no se le ha vulnerado el derecho
fundamental al debido proceso en el marco de la acción electoral 2024-
00110-00, pues ha gozado de oportunidades en el trámite de la acción
electoral para argumentar que la contestación de la demanda fue en
término, no obstante, no ha usado los recursos procedentes, aunado a
que precisamente el proceso se encuentra al despacho para resolver el
recurso de reposición y dar trámite al de súplica (…)”.
Arguyó que “(…) es evidente que en el presente caso no se acredita el
requisito de subsidiaridad, en razón a que el Personero Municipal
demandado, cuenta con otro mecanismo judicial eficaz, como son los
recursos de reposición y súplica, que interpuso en contra el auto del 4 de
febrero de 2025, y que se repite están pendientes de resolverse (…)”.
3.3. La Universidad Popular del César, el Concejo Municipal de Ramiriquí
y la Procuraduría 45 Judicial ll de Asuntos Administrativos de la
Procuraduría General de la Nación, guardaron silencio.
10
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3.4. Mediante escrito radicado el 31 de marzo de 2025, a través de la
ventanilla virtual de esta Corporación, el accionante manifestó lo
siguiente26:
«[…] formulo ante su despacho MEMORIAL DE ACLARACIÓN, en
el trámite de la presente tutela, lo anterior en los siguientes
términos:
SITUACIONES RELEVANTES DENTRO DEL PROCESO DE
NULIDAD ELECTORAL
Como primera medida es importante señalar que el Tribunal
Administrativo de Boyacá repuso el auto de fecha 04 de febrero del
2025, por medio del cual aplica el trámite de sentencia anticipada al
proceso, no obstante, con ello no cesó la vulneración de mis
derechos fundamentales, dado que nunca se subsanó lo relacionado
con la contestación de la demanda y las excepciones propuestas. El
Tribunal se limitó a pronunciarse sobre las pruebas aportadas en la
contestación de la demanda, sin aclarar si dicha contestación era
considerada válida o no.
La falta de una resolución de fondo en el asunto es evidente, pues
en el auto de fecha 19 de marzo del 2025, el Tribunal no indicó las
razones por las cuales no revisó de fondo los diferentes recursos
interpuestos. Es importante resaltar que estos recursos no tenían la
intención de dilatar el proceso, sino que eran el ejercicio legítimo de
mi derecho de defensa, especialmente considerando la inaplicación
de la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre los dos días
adicionales (notificación personal) para la contestación de la
demanda de nulidad electoral.
El Tribunal nunca se pronunció de fondo sobre la razón que le asistía
para declarar improcedente el recurso de súplica interpuesto contra
el auto que declaró extemporánea la contestación de la demanda.
En su lugar, se limitó a afirmar que ya se había pronunciado de fondo
al declarar improcedente el recurso, indicando: "En el presente caso,
la decisión suplicada rechazó las excepciones propuestas por la
apoderada del demandado, por lo que, de acuerdo a la norma
anteriormente expuesta, la súplica es improcedente en la medida
que la decisión no está incluida en el listado del artículo 246 del
CPACA, como susceptibles de ser suplicados". Sin embargo, omitió
justificar el trato desigual que se ha dado a la parte demandada en
comparación con la parte demandante, a quien sí se le adecuó el
recurso interpuesto.
El Tribunal argumentó lo siguiente respecto a la parte demandante:
"De ese modo, como el apoderado de la demandante interpuso un
recurso improcedente (apelación) contra el auto que rechazó la
demanda en un trámite de única instancia, el Magistrado Luis
Ernesto Arciniegas consideró necesario adecuar el recurso al que era
26
Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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procedente (súplica), conforme lo indica el parágrafo del artículo 318
del CGP". Sin embargo, esa misma consideración no se aplicó en mi
caso, bajo el argumento de que "contra la providencia que resuelve
el recurso de súplica no procede ningún recurso". Esta
argumentación ignora que el recurso no adecuado y sobre el cual se
alega la vulneración es el de súplica interpuesto contra el auto de
fecha 04 de octubre del 2024, el cual declaró no contestada la
demanda, cuestión que nunca ha sido objeto de pronunciamiento de
fondo y que sigue teniendo repercusiones sobre la decisión final del
proceso.
Adicionalmente, en el auto de fecha 19 de marzo del 2025 se
evidencia una omisión de análisis de fondo. El Tribunal no indicó las
razones que le llevaron a no revisar en forma exhaustiva los
diferentes recursos interpuestos. Resulta aún más preocupante que,
en el pronunciamiento sobre el recurso de súplica –interpuesto
contra el auto que declaró extemporánea la contestación de la
demanda– el Tribunal se haya limitado a aplicar una norma de
manera meramente formal, sin analizar en forma sustancial los
argumentos que sustentan la vulneración. Se invoca, de forma
inconsistente, que “contra la providencia que resuelve el recurso de
súplica no procede ningún recurso”, sin considerar que, en
contraste, a la parte demandante se le había otorgado la posibilidad
de adecuar su recurso. Este trato desigual, que ignora el fundamento
de los recursos presentados, evidencia la aplicación arbitraria y
desproporcionada de la norma procesal.
El Tribunal ha omitido hacer un análisis de fondo sobre mis
argumentos y tampoco ha presentado justificaciones convincentes
sobre la cuestión central en discusión: el reconocimiento de los dos
días adicionales para la notificación personal, reconocidos por las
Leyes 2213 de 2022 y 2080 de 2021 y avalados por la jurisprudencia
del Consejo de Estado.
No puede considerarse que se ha superado el hecho generador de la
vulneración, ya que en el auto de fecha 19 de marzo del 2025, en el
que se resolvió un recurso de reposición contra el auto que ordenó
la sentencia anticipada, si bien se hizo referencia a las pruebas
aportadas con la contestación de la demanda, nunca se aclaró si la
demanda se consideraba contestada o no. Tampoco se corrigió la
irregularidad respecto de la validez de la contestación de la
demanda.
El Tribunal ha reconocido implícitamente su error, puesto que al
reponer parcialmente el auto de fecha 04 de febrero del 2025, ha
aceptado que cometió fallas en su actuación. Sin embargo, al no
haber resuelto de fondo la cuestión de la contestación de la
demanda, mis derechos fundamentales siguen vulnerados.
(…)
En conclusión, la actuación del Tribunal Administrativo de Boyacá, al
limitarse a un análisis superficial de las pruebas y omitiendo la
valoración de argumentos fundamentales, consagra una vulneración
continuada de mis derechos constitucionales. Esta situación
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demanda una intervención urgente que obligue al ente judicial a
revisar de fondo la situación, subsanar las irregularidades y
garantizar que se restablezca el equilibrio procesal, en aras de
asegurar el efectivo ejercicio del derecho a la defensa y el debido
proceso […]» (Mayúsculas y negrillas originales del escrito).
4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado, en sentencia del 9 de abril de
202527, declaró la improcedencia de la solicitud de amparo por no cumplir
con el requisito general de subsidiaridad al considerar que “existe otro
medio en curso y no se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable
que haga procedente la intervención del juez de tutela”.
Expuso que “(…) no resulta pertinente la intervención del juez de tutela,
ni siquiera de manera excepcional, pues el proceso de nulidad electoral
se encuentra en curso y al interior del mismo el actor ha presentado
diversos recursos cuyas pretensiones son idénticas a las que se exponen
dentro de la presente acción constitucional (…)”.
Señaló que, “(…) revisado el sistema de consulta de procesos SAMAI, se
evidencia que, contra el auto del 4 de febrero de 2025, que dispuso el
trámite de sentencia anticipada, el señor Ruíz Barajas interpuso recursos
de reposición y en subsidio súplica, al considerar que: (i) no se han
revisado de fondo los recursos interpuestos contra los autos de 4 de
octubre y 8 de noviembre de 2024; (ii) existe un trato disímil entre las
partes, pues a la demandante se le adecuó de oficio un recurso de súplica
contra el auto que rechazó la demanda y el que interpuso el señor Ruíz
Barajas se rechazó por improcedentes; (iii) el origen de las
inconformidades en el presente caso radica en el desconocimiento de los
plazos establecidos en las Leyes 2213 de 2022 y 2080 de 2021, que
indican que las providencias judiciales enviadas por medios electrónicos
se consideran notificadas a los dos días; y, (iv) la decisión de dar trámite
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Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01220 00.
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de sentencia anticipada carece de fundamentos y no se configura la
situación que autorizaría dicho procedimiento (…)”.
Anotó que, por auto del 19 de marzo de 2025, el despacho a cargo del
proceso objeto de debate repuso el auto del 4 de febrero de 2025,
mediante el cual se dispuso el trámite de sentencia anticipada, adicionó
el decretó de pruebas decretas y remitió al despacho del magistrado que
sigue en turno el recurso de súplica interpuesto por el personero municipal
de Ramiriquí, Boyacá.
Teniendo en cuenta lo anterior, adujo que “(…) existe un pronunciamiento
por parte de la autoridad judicial demandada, en relación con la solicitud
de pruebas hecha en la contestación de la demanda y la procedencia del
recurso de súplica contra el auto que dispuso sentencia anticipada (…)”.
Resaltó que “(…) [e]n el escrito de aclaración, presentado por el actor,
con posterioridad a la admisión de tutela, se indicó que con la anterior
providencia no cesaba la vulneración de los derechos deprecados, porque
el tribunal accionado de manera expresa no determinó si se tenía o no
por contestada la demanda. Sin embargo, es un argumento que el
tutelante puede plantear al interior del proceso, solicitando la adición y/o
aclaración del auto del 19 de marzo de 2025 e incluso ante la sala
pendiente de decidir el recurso de súplica que se concedió (…)”.
Sostuvo que no se evidencia la configuración de un perjuicio irremediable,
por un lado, porque el asunto aún sigue pendiente de resolución en virtud
del recurso de súplica interpuesto en contra del auto que dispuso trámite
de sentencia anticipada y, por otro, porque aún no se ha dictado fallo
definitivo en el proceso ordinario y no se observa una situación
excepcional que justifique la intervención del juez de tutela.
Finalmente arguyó que “(…) la acción de tutela es empleada de manera
paralela al proceso de nulidad electoral, lo cual hace improcedente el
mecanismo residual y subsidiario de la acción de tutela, lo anterior cobra
especial relevancia si se tiene en cuenta que los presuntos yerros en que
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habría incurrido la autoridad judicial demandada han sido reclamados en
ejercicio de las herramientas propias del mecanismo judicial, frente a las
cuales el tribunal demandado profirió las decisiones de acuerdo con las
solicitudes de las partes, por lo que, al margen del sentido de las
decisiones adoptadas en el trámite judicial, tal es un asunto que
actualmente se encuentra en trámite y en conocimiento del juez natural
de conocimiento, quien, en todo caso, tiene las facultades en cualquier
etapa del proceso de realizar los saneamientos a que haya lugar (…)”.
5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN
5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, el accionante lo
impugnó28 manifestando lo siguiente:
Alegó que “(…) [e]l fallo impugnado fundamenta su decisión en la
existencia de un recurso de súplica pendiente de resolución por parte del
Tribunal Administrativo de Boyacá. Empero, no analiza si ese medio es
verdaderamente idóneo para restituir el derecho vulnerado. Según la
jurisprudencia constitucional, la tutela solo cede ante mecanismos
judiciales alternativos que garanticen la protección efectiva del derecho.
El recurso de súplica no apunta a revisar el fondo de la controversia —la
admisión y valoración de mi contestación de demanda y las excepciones—
sino únicamente la procedencia formal de dichos escritos. De este modo,
no cumple la función restitutiva que exige el principio de subsidiariedad.
En este caso, la súplica únicamente aborda la procedencia formal de los
escritos presentados, sin entrar al estudio de fondo de los argumentos y
pruebas indispensables para garantizar mi derecho de defensa (…)”.
Agregó que “(…) [el] recurso de súplica al no abordar la validez temporal
de mi contestación de demanda y excepciones, sino al únicamente tocar
aspectos formales de procedencia, lo hace manifiestamente inadecuado
para reparar la vulneración constitucional, lo que justifica plenamente la
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intervención excepcional del juez de tutela. Tal como lo ha sostenido la
Corte Constitucional, la subsidiariedad no opera cuando los mecanismos
alternativos carecen de eficacia restitutiva frente a derechos
fundamentales (…)”.
Indicó que “(…) el fallo impugnado omite por completo la necesidad de
retrotraer el proceso al punto anterior al auto del 04 de octubre de 2024,
cuando se declaró extemporánea mi contestación. Dicha decisión inicial
marco el vicio sustantivo: desde ese momento, todas las providencias —
incluyendo la reposición parcial del 04 de febrero de 2025— han carecido
de base legal para validar mi defensa, al no haber testado si mi
contestación cumplió los términos legales. Esta ausencia de revisión de
fondo vulnera de forma continuada los derechos constitucionales al debido
proceso, a la defensa, a la contradicción y a la igualdad procesal principios
consagrados en el artículo 29 de la Constitución (…)”.
Advirtió que “(…) de mantenerse esta situación, las futuras decisiones
dentro del proceso continuarán viciadas. Si la resolución de la súplica
confirma la improcedencia formal de mi demanda sin valorar su
contenido, se abrirá paso a decisiones adicionales que perpetuaran la
vulneración, configurando un perjuicio irremediable. No existe garantía
de que un eventual fallo posterior de súplica corrija todos los actos
subsiguientes; por el contrario, podría consolidar el agravio y por ende
me quedaría sin ningún tipo de medio de defensa, puesto que en caso de
presentarse otra tutela sería tomada la misma como temeridad (…)”.
Argumentó que “(…) la providencia del 19 de marzo de 2025, mencionada
en la sentencia impugnada, resulta claramente insuficiente para
restablecer mis derechos vulnerados. Si bien repuso la decisión respecto
al trámite de sentencia anticipada, esta decisión no resuelve el problema
jurídico fundamental: no se pronuncia sobre la validez de mi contestación
de demanda ni clarifica el estatus procesal de mis argumentos defensivos.
El auto se limita a considerar formalmente las pruebas aportadas con la
contestación, manteniendo en un limbo jurídico la validez de los
argumentos y excepciones allí planteados. Esta ambigüedad procesal
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perpetua la inseguridad jurídica y agrava la vulneración de mis derechos
de defensa y contradicción, pues no existe certeza sobre el tratamiento
que se dará a mis argumentos en la decisión final. La subsistencia de esta
incertidumbre hace ineficaz cualquier pronunciamiento parcial y justifica
plenamente la intervención del juez constitucional (…)”.
Frente al prejuicio irremediable, afirmó que el a quo omitió hacer un
análisis sobre su configuración, lo que permitiría la procedencia
excepcional de la tutela, comoquiera que “(…) [n]o se trata de una simple
inconformidad procesal, sino de un vicio estructural que afecta el
desarrollo íntegro del proceso (…)”.
Adujo que “(…) [e]ste escenario constituye precisamente lo que la
jurisprudencia ha denominado un perjuicio irremediable, pues afecta el
núcleo esencial del derecho de defensa consagrado en el artículo 29
constitucional. La decisión que declaró extemporánea mi contestación no
solo impacta una etapa procesal aislada, sino que compromete la
legitimidad de todas las actuaciones subsiguientes, incluida la eventual
sentencia. De mantenerse esta situación, se concretaría un perjuicio
imposible de reparar mediante los recursos ordinarios pendientes (…)”.
Reiteró que “(…) de pronunciarse sobre la improcedencia del recurso de
súplica, sin fijar los efectos de una decisión contraria o favorable, deja
abierta la posibilidad de que, incluso superada esa etapa, se mantenga la
situación de vulneración. En tal escenario, el proceso continuaría
tramitándose con las mismas deficiencias, generando nuevas
providencias viciadas que profundizarían el agravio. Esta incertidumbre
constituye un riesgo de perjuicio irremediable, pues no existe garantía de
que un eventual fallo posterior rectifique todos los actos subsiguientes,
aún más cuando en el fallo de tutela no se verifica que sucedería en tal
caso, ni mucho menos se intenta dar algún tipo de trasfondo al asunto
que de igual forma sigue siendo grave, pues se están transgrediendo
garantías fundamentales dentro de un proceso jurisdiccional (…)”.
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Aseveró que la acción de tutela es procedente porque “(…) el requisito de
subsidiariedad se cumple plenamente aun cuando exista una decisión
pendiente, ya que este último no constituye un mecanismo idóneo para
restablecer los derechos vulnerados (…)”.
Añadió que “(…) La única solución efectiva para remediar la vulneración
constitucional es retrotraer el proceso al momento anterior al auto del 04
de octubre de 2024, para que el Tribunal efectúe una correcta aplicación
de las normas sobre términos de notificación electrónica. Solo así se
garantizaría una revisión integral de la validez temporal de mi
contestación y excepciones, restableciendo el equilibrio procesal
vulnerado desde ese momento inicial (…)”.
Concluyó que “(…) [l]a acción de tutela sigue siendo el único mecanismo
idóneo para garantizar la protección de mis derechos fundamentales, pues
los recursos ordinarios pendientes carecen de la capacidad para remediar
integralmente la vulneración constitucional que se ha consolidado a lo
largo del proceso. La declaratoria de improcedencia desconoce la
dimensión constitucional de la controversia y deja en estado de
indefensión a una parte procesal (…). La existencia de un recurso de
súplica pendiente de decisión no desvirtúa la idoneidad ni la necesidad del
amparo constitucional solicitado, en tanto dicho recurso no garantiza el
restablecimiento integral de los derechos fundamentales vulnerados. Por
el contrario, se evidencia una línea procesal sostenida por el Tribunal que
ha privilegiado argumentos de forma sobre la resolución de fondo, con lo
cual se perpetua una situación de indefensión y desequilibrio procesal en
mi contra. La ausencia de un pronunciamiento claro sobre la validez de la
contestación de la demanda ha desencadenado un efecto domino de
decisiones viciadas que afectan de manera directa y continuada el
desarrollo legítimo del proceso. Por todo lo anterior, y ante el riesgo cierto
de un perjuicio irremediable, reitero que la tutela es el único medio judicial
eficaz e impostergable para la protección de los derechos fundamentales
cuya salvaguarda se solicita (…)”.
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5.2. Por auto proferido el 5 de mayo de 2025 se concedió la impugnación29
y la misma fue asignada a esta Sección por acta de reparto del 15 de
mayo de 202530.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de
noviembre de 199131, en concordancia con el numeral 5 del artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201532, modificado por
el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202133, así como con
fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12
de marzo de 201934, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de
diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
regula la distribución de negocios entre las secciones.
6.2. HECHOS RELEVANTES
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente35:
29
Visto en el índice 27 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01220 00.
30
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01220 01.
31
El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación,
estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo.
El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de
pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente.
Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará
de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
32
Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
33
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela".
34
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
35
Lo que se desprende del expediente del proceso de nulidad electoral identificado con
el radicado nro. 15001 23 33 000 2024 00110 00. Visto en el índice 13 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025
01220 00.
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6.2.1. La Universidad Popular del Cesar presentó demanda de nulidad
electoral en contra de la Resolución nro. 005 del 10 de enero de 2024,
expedida por la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Ramiriquí, por
medio de la cual se nombró al señor Julián David Ruiz Barajas como
personero del municipio de Ramiriquí, Boyacá, para el periodo 2024-2028.
6.2.2. La demanda correspondió por reparto al despacho nro. 02 del
Tribunal Administrativo de Boyacá que, por auto del 29 de febrero de
2024, inadmitió la demanda y concedió un término de tres días para
subsanarla.
6.2.3. La parte demandante allegó escrito de subsanación y por auto del
22 de abril de 2024 el despacho de conocimiento rechazó la demanda al
considerar que la Universidad Popular del César no estaba legitimada para
interponer el medio de control de nulidad electoral en atención a que no
tiene calidad de persona natural.
6.2.4. Inconforme con la decisión anterior, la parte demandante interpuso
recurso de apelación y el agente del Ministerio Público interpuso recurso
de reposición y en subsidio súplica.
6.2.5. El despacho de conocimiento, mediante auto del 2 de mayo de
2024, resolvió lo siguiente:
«[…] PIRMERO (sic). ADECUAR EL RECURSO DE APELACIÓN
interpuesto por el apoderado de la parte demandante en contra del
auto de 22 de abril de 2024 que rechazó la demanda, AL DE
SÚPLICA, de conformidad con lo expuesto.
SEGUNDO. NO REPONER el auto proferido el 22 de abril del año
en curso, a través del cual se rechazó la demanda.
TERCERO. CONCEDER los recursos de súplica. Por Secretaría y a
la mayor brevedad, REMÍTASE el expediente al Despacho del
magistrado Dayán Alberto Blanco Leguízamo por ser el que sigue en
turno, para que se pronuncie sobre los recursos de súplica
interpuestos por el apoderado de la parte demandante y por el
Ministerio Público […]». (Mayúsculas y negrillas de la providencia)
6.2.6. La Sala de Decisión nro. 2 del Tribunal Administrativo de Boyacá,
mediante auto del 11 de julio de 2024, revocó el auto del 22 de abril de
20
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2024 que rechazó la demanda y, en su lugar, ordenó devolver el
expediente al despacho de conocimiento.
6.2.7. Conforme lo anterior, mediante auto del 1 de agosto de 2024, el
despacho de conocimiento admitió la demanda y dispuso notificar al señor
Julián David Ruiz Barajas, al Concejo Municipal de Ramiriquí y al Ministerio
Público.
6.2.8. Por auto del 4 de octubre de 2024, el despacho de conocimiento
rechazó por extemporáneas las excepciones previas presentadas por el
personero municipal de Ramiriquí al considerar que “(…) la contestación
de la demanda presentada por el personero municipal de Ramiriquí no se
contestó en el término y por lo mismo no hay lugar a resolver las
excepciones previas propuestas (…)”.
6.2.9. Contra la precitada decisión, el apoderado del señor Ruiz Barajas
interpuso recurso de súplica, el cual fue rechazado por improcedente
mediante auto del 8 de noviembre de 2024 proferido la Sala Dual de
Decisión nro. 2 del Tribunal Administrativo de Boyacá.
6.2.10. Inconforme con la decisión anterior, la apoderada del hoy
accionante interpuso recurso de reposición y solicitó aclaración y/o
adición, por lo que el despacho nro. 06 del Tribunal Administrativo de
Boyacá, en auto del 22 de enero de 2025, resolvió lo siguiente:
«[…] PRIMERO: RECHAZAR por improcedente el recurso de
reposición interpuesto por la abogada Laura Camila Ávila Ojeda
contra el auto proferido por la Sala Dual de Decisión No. 2, de 8 de
noviembre de 2024 por medio del cual se rechazó por improcedente
un recurso de súplica, según las razones expuestas.
SEGUNDO: NEGAR las solicitudes de aclaración y adición
propuestas por el señor Julián David Ruiz Barajas, en nombre propio,
respecto del auto proferido por la Sala Dual de Decisión No. 2, de 8
de noviembre de 2024 por medio del cual se rechazó por
improcedente un recurso de súplica, según las razones expuestas
[…]». (Mayúsculas y negrillas de la providencia).
21
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6.2.11. Por auto del 4 de febrero de 2025, el despacho a cargo del proceso
prescindió de la audiencia inicial, saneó el proceso, fijó el litigio, decretó
pruebas y dispuso correr traslado para alegar de conclusión.
6.2.12. Inconforme con la anterior decisión, el hoy accionante interpuso
recurso de reposición y en subsidio súplica.
6.2.13. Por auto del 19 de marzo de 202536 el despacho de conocimiento
resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO. REPONER el auto proferido el 4 de febrero de
2025, mediante el cual se dispuso aplicar la figura de la sentencia
anticipada dentro del proceso de la referencia, por las razones
expuestas.
SEGUNDO. ADICIONAR el auto del 4 de febrero de 2025, en los
siguientes términos:
• Tener como medios de prueba los documentos allegados por el
Personero Municipal de Ramiriquí, aportadas con la contestación de
la demanda, visibles en los índices 53, 54 y 55 de SAMAI.
• Negar los testimonios solicitados por el Personero Municipal de
Ramiriquí, acorde con lo señalado en la parte considerativa de esta
providencia.
-Negar la solicitud de prueba trasladada, solicitada por el Personero
Municipal de Ramiriquí, por las razones expuestas.
TERCERO. REMITIR el expediente al despacho del magistrado que
sigue en turno, a efectos de que decida el recurso de súplica
interpuesto por el Personero Municipal de Ramiriquí, parte
demandada, como subsidiario al de reposición, contra el auto
proferido el 4 de febrero de 2025 […]”. (Mayúsculas y negrillas
originales de la providencia).
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
En el asunto bajo examen, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en
fallo de primera instancia proferido el 9 de abril de 2025 declaró
improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito general
de subsidiariedad, al considerar que “existe otro medio en curso y no se
36
Visto en el índice 120 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 15001 23 33 000 2023 00110 00.
22
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evidencia la existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente
la intervención del juez de tutela”37.
A su turno, el accionante en su escrito de impugnación alegó, entre otras
cosas, que la tutela sí es procedente porque “(…) el requisito de
subsidiariedad se cumple plenamente aun cuando exista una decisión
pendiente, ya que este último no constituye un mecanismo idóneo para
restablecer los derechos vulnerados (…)”38.
En ese escenario, y circunscribiéndose a lo que es motivo de impugnación,
la Sala considera que se debe confirmar la decisión del a quo, por las
razones que pasan a explicarse.
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela
sólo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable39.
La Corte Constitucional ha explicado que el requisito general de
subsidiariedad envuelve tres eventos que conducen a la improcedencia de
la acción de tutela: (i) cuando el asunto está en trámite; (ii) en el evento
en que no se han agotado los medios de defensa judicial, ordinarios y
extraordinarios, y (iii) si se usa para revivir etapas procesales en donde
se dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento jurídico.
Sobre la improcedencia de la acción de tutela en los casos en los que el
asunto está en trámite, la Corte Constitucional ha explicado que la
intervención del juez constitucional, en principio, está vedada, toda vez
que la acción de tutela no constituye un mecanismo alternativo o paralelo
37
Aparte del fallo de tutela de primera instancia. Visto en el índice 18 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025
01220 00.
38
Aparte del escrito de impugnación. Visto en el índice 24 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01220 00.
39
Artículo 86 C.P.: “(…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable (…)”.
23
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para resolver problemas jurídicos que deben ser resueltos al interior del
trámite ordinario40.
Al respecto, ha señalado que “(…) la acción de tutela no procede de
manera directa cuando el asunto está en trámite, toda vez que se cuenta
con la posibilidad de agotar los medios de defensa previstos en el
ordenamiento. No obstante, la protección de derechos fundamentales a
través de la acción de tutela permite la intervención del juez constitucional
siempre que se demuestre que no existe otro medio de defensa judicial o
que se pretende evitar un perjuicio irremediable (…)”41.
Adicionalmente, frente a la procedencia de la acción de tutela contra autos
interlocutorios, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha explicado
que “(…) i) no se trata de decisiones definitivas; ii) la persona tiene a su
disposición distintos recursos jurídicos para controvertir el auto, en el
marco del proceso judicial en el cual fue emitido y, además, iii) tiene la
posibilidad de recurrir la decisión final. Tal criterio restrictivo encuentra
su justificación en que la acción de tutela no puede ser utilizada por el
accionante para “controvertir una decisión adversa a [los] intereses”, en
el marco de un proceso judicial en el cual “no se ha proferido ningún fallo
definitivo” (…)”42.
Bajo dicho contexto, y comoquiera que la inconformidad planteada por el
señor Julián David Ruíz Barajas, tanto en el escrito de tutela como en la
impugnación, está relacionada con los autos dictados el 4 de octubre de
2024, el 8 de noviembre de 2024, el 22 de enero de 2025 y el 4 de febrero
de 2025, en el proceso de nulidad electoral identificado con el radicado
nro. 15001 23 33 000 2024 00110 00, promovido por la Universidad
Popular del César en contra del acto de elección del hoy accionante como
personero municipal de Ramiriquí, Boyacá, la acción de tutela devine
improcedente porque el referido proceso está en curso, por lo que la
40
Corte Constitucional. Sentencia T-335 de 2018. M.P.: Diana Fajardo Rivera.
41
Corte Constitucional. Sentencia SU-695 de 2015. M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
42
Corte Constitucional. Sentencia T-511 del 11 de diciembre de 2020.
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Accionante: Julián David Ruíz Barajas
solicitud de amparo no puede utilizarse como un mecanismo paralelo a
dicho proceso.
En el escrito de impugnación, el accionante sostuvo que “(…) [l]a única
solución efectiva para remediar la vulneración constitucional es retrotraer
el proceso al momento anterior al auto del 04 de octubre de 2024, para
que el Tribunal efectúe una correcta aplicación de las normas sobre
términos de notificación electrónica. Solo así se garantizaría una revisión
integral de la validez temporal de mi contestación y excepciones,
restableciendo el equilibrio procesal vulnerado desde ese momento inicial
(…)”43. En ese sentido, lo que pretende el accionante escapa de la
competencia del juez de tutela, ya que retrotraer la actuación y
determinar si el hoy accionante contestó o no la demanda en oportunidad,
implicaría invadir la competencia del juez natural en la causa lo que, en
principio, le está vedado al juez constitucional.
Ahora, frente al prejuicio irremediable, el accionante afirmó en la
impugnación que el a quo omitió hacer un análisis sobre su configuración,
lo que permitiría la procedencia excepcional de la tutela, comoquiera que
“(…) [n]o se trata de una simple inconformidad procesal, sino de un vicio
estructural que afecta el desarrollo íntegro del proceso (…)”44.
Adujo que “(…) [e]ste escenario constituye precisamente lo que la
jurisprudencia ha denominado un perjuicio irremediable, pues afecta el
núcleo esencial del derecho de defensa consagrado en el artículo 29
constitucional. La decisión que declaró extemporánea mi contestación no
solo impacta una etapa procesal aislada, sino que compromete la
legitimidad de todas las actuaciones subsiguientes, incluida la eventual
sentencia. De mantenerse esta situación, se concretaría un perjuicio
imposible de reparar mediante los recursos ordinarios pendientes (…)”45.
43
Aparte del escrito de impugnación. Visto en el índice 24 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01220 00.
44
Ibidem.
45
Ibidem.
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Argumentó que “(…) [e]n tal escenario, el proceso continuaría
tramitándose con las mismas deficiencias, generando nuevas
providencias viciadas que profundizarían el agravio. Esta incertidumbre
constituye un riesgo de perjuicio irremediable, pues no existe garantía de
que un eventual fallo posterior rectifique todos los actos subsiguientes
(…)”46.
De los anteriores planteamientos, la Sala advierte que el accionante no
logró acreditar la existencia de un perjuicio irremediable, comoquiera que
el supuesto daño alegado sería incierto en la medida en que se
fundamenta en hechos futuros, que tienen que ver con providencias que
no se han proferido y sobre las cuales no recae la solicitud de amparo.
En consecuencia, sin ser necesario descender a otras consideraciones, la
Sala confirmará el fallo proferido el 9 de abril de 2025 por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de
tutela por no cumplir con el requisito general de subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 9 de abril de 2025
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, según lo expuesto en la
parte motiva.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.
46
Ibidem.
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Accionante: Julián David Ruíz Barajas
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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