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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01220-00

Fecha
9 de abril de 2025
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01220-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por Julián David Ruíz Barajas, contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, acorde con lo expuesto en la parte considerativa. 2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha. (Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente) WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA Presidente (Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente) MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRIGUEZ MONTAÑO Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador 9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-01220-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

9 de abril de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01220-00
Demandante: Julián David Ruíz Barajas

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01220-00
Demandante: JULIÁN DAVID RUÍZ BARAJAS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ

Temas: Tutela contra providencia judicial. Autos que tuvieron por no
contestada la demanda de nulidad electoral y dispuso trámite
de sentencia anticipada. Requisitos generales de
procedibilidad.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Julián David Ruíz
Barajas, personero del municipio de Ramiriquí (Boyacá) contra el Tribunal
Administrativo de Boyacá de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del
Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 4 de marzo de 2025, el actor interpuso acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Boyacá por estimar vulnerados los derechos fundamentales de
acceso a la administración de justicia, al debido proceso, a la igualdad, de defensa
y contradicción. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

«1. TUTELAR los derechos fundamentales de ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, DEBIDO PROCESO, IGUALDAD PROCESAL Y DE DEFENSA Y
CONTRADICCIÓN, toda vez que el Tribunal Administrativo de Boyacá, por medio de los
autos de fecha 04 de octubre, 08 de noviembre del 2024, 22 de enero y 04 de febrero del
2025 y las decisiones contenidas allí , incurrió , primero, en un defecto sustantivo, al no
aplicar las normas que efectivamente disponían los términos para la contestación de la
demanda y segundo en un defecto procedimental, al violar los principios de igualdad
procesal y acceso a los recursos procesales, puesto que todo lo anterior se dispuesto se
tomó en violación a los derechos fundamentales ya referidos.

2. Que, en garantía del debido proceso, acceso a la justicia, se tenga por valida y radicada
dentro del término legal y oportuno la contestación de la demanda radicada por mi
apoderada el 04 de septiembre de 2024, dado que fue radicada dentro del término
oportuno de los 20 días que ha clarificado el Honorable Consejo de Estado en acciones
de Nulidad Electoral.

3. Que se dejen sin efectos los autos de fecha 04 de octubre, 08 de noviembre del 2024,
22 de enero y 04 de febrero del 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá,
dentro del proceso de nulidad electoral ya referenciados.

4. Ordenar al Tribunal Administrativo de Boyacá, en el término de esta providencia, se
pronuncie nuevamente respecto de la contestación de la demanda, y se retrotraiga el

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Demandante: Julián David Ruíz Barajas

proceso, teniendo en cuenta la aplicación del artículo 318 del Código General del Proceso
al proceso de nulidad electoral objeto de la tutela, y bajo el principio de igualdad procesal».

2. Hechos

De la demanda de tutela, se indican como hechos relevantes los siguientes:

El Concejo Municipal de Ramiriquí eligió a Julián David Ruíz Barajas como
personero del municipio para el periodo 2024 - 2028, nombramiento que se
protocolizó mediante Resolución nro. 5 del 10 de enero de 2024.

La Universidad Popular del Cesar, entidad con quien el Concejo Municipal de
Ramiriquí suscribió el convenio para la realización del concurso público de méritos
para la selección de los candidatos a personero municipal, promovió demanda de
nulidad electoral, en la cual solicitó la nulidad del anterior acto administrativo y,
como consecuencia, que se ordenara al Concejo Municipal Ramiriquí que
procediera a suplir la falta transitoria del cargo de personero con la persona que
siguiera en jerarquía y en el evento de no contar con dicho servidor, se hiciera una
designación transitoria.

Mediante auto de 1º de agosto de 20241, el Tribunal Administrativo de Boyacá
admitió la demanda de la referencia, que en su numeral “SEGUNDO” dispuso
notificar al señor Julián David Ruiz Barajas personalmente conforme al numeral 1º
del artículo 277 del CPACA., a la dirección electrónica informada; y en el numeral
“TERCERO” ordenó correr traslado de la demanda por el término de 15 días
conforme al artículo 279 del CPACA., plazo que comenzaría a correr luego de los
3 días a la notificación personal conforme al artículo 277-1, literal “f” ibidem.
Decisión que se notificó mediante correo electrónico enviado el 5 de agosto de
2024.

El Personero municipal de Ramiriquí, Julián David Ruíz Barajas, a través de
apoderado, presentó la contestación de la demanda el 4 de septiembre de 2024,
proponiendo la excepción de “inepta demanda por debida integración del petitum -
indebida identificación del acto electoral”, “inepta demanda por ausencia de norma
que fundamenta el concepto de la violación – los vicios invocados carecen de
soporte para irradiar la legalidad del acto enjuiciado”; e “indebida impetración del
medio del control”.

Mediante auto de 4 de octubre de 2024, el magistrado sustanciador rechazó por
extemporáneas las excepciones propuestas por la apoderada del demandado y la
contestación de la demanda. Al respecto, indicó que, «Conforme con lo establecido
en el artículo 279 del CPACA, los demandados tenían un término de quince (15) días
para contestarla, el que comenzaba a correr tres (3) días después de la notificación
personal o por aviso, según el caso. En el presente caso está acreditado que se notificó la

1
Debe precisarse que previa a la admisión de la demanda, se surtieron las siguientes actuaciones:
• Mediante auto del 29 de febrero de 2024, el Tribunal Administrativo de Boyacá inadmitió la demanda, porque consideró
que: (i) no existía legitimación en la causa por activa; (ii) no se allegó la constancia de publicación del acto acusado; (iii)
debían corregirse las pretensiones; (iv) se debía informar la dirección de notificación del demandado; y, (v) no se acreditó el
cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 162 del CPACA., relacionado con la remisión de la demanda y de
sus anexos, de forma simultánea, a la parte demandada.
• El 5 de marzo de 2024, el apoderado de la parte demandante radicó escrito de subsanación. Sin embargo, en auto del 22
de abril de 2024, el tribunal rechazó la demanda.
• Mediante auto del 2 de mayo de 2024, se resolvió el recurso de reposición formulado por el Ministerio Público, en el sentido
de mantener la decisión inicial de rechazo de la demanda; allí mismo, se adecuó el recurso de apelación interpuesto por el
apoderado de la parte demandante al de súplica y se concedió ante el despacho que seguía en turno.
• Con auto de 12 de julio de 2024, la Sala Dual de Decisión No. 2 del Tribunal Administrativo de Boyacá revocó el auto de 22
de abril de 2024 y ordenó admitir la demanda.
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demanda personalmente el 5 de agosto de 2024 (índice 46 de Samai) … Por ende, había
plazo para radicar el citado escrito hasta el 2 de septiembre de 2024».

Contra la anterior decisión se interpuso recurso de súplica. Sin embargo, la Sala
Dual del Tribunal, en auto del 8 de noviembre de 2024, rechazó por improcedente
el recurso, al considerar que la decisión no está incluida en el listado del artículo
246 del CPACA, como susceptibles de ser suplicados

Contra dicho proveído interpuso recurso de reposición y solicitud de aclaración y
adición. En auto del 22 de enero de 2025, la Sala Dual del Tribunal Administrativo
de Boyacá, declaró improcedente el recurso y desestimó las solicitudes de adición
y aclaración.

Posteriormente, el ponente, mediante auto del 4 de febrero de 2025, resolvió:
«PRIMERO: Dar aplicación en el presente caso a la figura de la SENTENCIA
ANTICIPADA, conforme a lo establecido en el artículo 182A, numeral 1, literales b) y d)
del CPACA, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021.

SEGUNDO: Tener como medios de prueba los documentos allegados por las partes
conforme se indicó en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NEGAR los testimonios solicitados por las partes, acorde con lo señalado en
la parte considerativa de esta providencia.

CUARTO: CORRER TRASLADO de las pruebas allegadas al proceso por el término de
tres (3) días y vencido este plazo, córrase traslado por diez (10) días para que las partes
presenten sus alegatos de conclusión por escrito y el Ministerio Público rinda su
concepto.»

3. Argumentos de la acción de tutela

A juicio del actor, el Tribunal Administrativo de Boyacá incurrió en defecto
sustantivo por indebida aplicación de las normas que disponen los términos de
contestación de la demanda.

El actor señaló que, el envío del mensaje de datos se había efectuado el 5 de
agosto de 2024, pero de conformidad con las Leyes 2213 de 2022 y 2080 de 2021,
la notificación se entendía surtida luego de trascurridos 2 días hábiles al envío del
mensaje. Que, como en el caso que se analiza, la notificación del auto admisorio
se surtió el 8 de agosto de 2024 el término vencía el 4 de septiembre de 2024, fecha
en la que efectivamente se radicó el escrito que contenía las excepciones que
fueron rechazadas.

Aunado a lo anterior, señaló que la Sala Plena del Consejo de Estado, en auto del
29 de noviembre de 20222, fijó como regla de unificación que se debían tener en
cuenta los dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje para que los
términos empezar a correr a partir del día siguiente al de la notificación.

Indicó que, al desconocer los plazos legales aplicables para la notificación y la
contestación de la demanda, “se ha restringido el derecho a la defensa de la parte
demandada. No se puede permitir que una interpretación errónea de la norma prive
de una defensa efectiva a una de las partes en el proceso”

2
Expediente radicado número 68001-23-33-000-2013-00735-02, C.P. Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto.
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Demandante: Julián David Ruíz Barajas

Que al no tener por contestada la demanda, tampoco se tuvieron en cuenta las
pruebas allí solicitadas, las que dice son pertinentes, conducentes y útiles para
determinar los supuestos fácticos y jurídicos.

Por otra parte, aseguró que las providencias cuestionadas incurrieron en un
defecto procedimental, al violar los principios de igualdad procesal y acceso a los
recursos procesales.

Lo anterior, teniendo en cuenta que, el auto del 4 de febrero de 2025, que rechazó
por improcedente el recurso de súplica promovido contra el auto que rechazó por
extemporáneas las excepciones previas y la contestación presentadas, vulneró el
derecho a la igualdad de las partes. Pues el Tribunal accionado, de oficio, adecuó
a recurso de súplica, el recurso interpuesto contra el proveído que había rechazado
la demanda.

Por otra parte, señaló que el auto del 4 de febrero de 2025, en el cual se dispuso el
trámite de sentencia anticipada, es “contrario a derecho y siguiendo con ello
vulnerándose mis derechos de defensa, debido proceso y acceso a la
administración de justicia, por cuanto no fueron objeto de valoración y estudio las
pruebas presentadas con la contestación de la demanda, ni tampoco los
argumentos esbozados allí, como para dar efectiva aplicación a la figura de
sentencia anticipada”.

4. Trámite previo

El 7 de marzo de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela, negó
la medida cautelar solicitada y ordenó notificar a los demandantes, a los
magistrados que conforman el Tribunal Administrativo de Boyacá, en calidad de
demandados. Adicionalmente, a la Universidad Popular del César, al Concejo
Municipal de Ramiriquí y a la Procuraduría 45 Judicial II de Asuntos Administrativos,
como terceros interesados.

5. Oposiciones

El Tribunal Administrativo de Boyacá solicitó que se declarara improcedente la
acción de tutela de la referencia, porque no cumple los requisitos generales de
procedibilidad. Para el efecto, indicó que el proceso de nulidad electoral se
encuentra en curso, por lo que no se cumple con el requisito de subsidiariedad.

Que, contra el auto de 4 de octubre de 2024, mediante el cual se rechazaron por
extemporáneas las excepciones previas presentadas por el personero municipal de
Ramiriquí, procedía el recurso de reposición, acorde con lo previsto en el artículo
242 del CPACA, pero el actor no lo promovió, que, en su lugar se interpuso recurso
de súplica que analizó la Sala Dual de Decisión N. 2, en el auto del 8 de noviembre
de 2024, rechazándolo por improcedente.

Precisó que, contra el auto del 4 de febrero de 2025, que dispuso el trámite de
sentencia anticipada, se interpuso recurso de reposición y en subsidio súplica, los
cuales, a la fecha en que profirió respuesta, se encontraban pendientes de decidir.
Que, en esa medida, el actor cuenta con otros mecanismos de defensa de los
derechos fundamentales deprecados y no se evidencia la existencia de un perjuicio
irremediable.

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6. Intervención adicional de la parte actora. Escrito de aclaración

El 31 de marzo de 2025, el señor Julián David Ruíz Barajas presentó memorial de
aclaración de la acción de tutela, en el cual relató que el magistrado ponente del
proceso de nulidad electoral, en auto del 19 de marzo de 2025, repuso la decisión
que dispuso el trámite de sentencia anticipada. Sin embargo, considera que con
ello no cesa la vulneración de sus derechos fundamentales, porque se limitó a
pronunciarse sobre las pruebas aportadas en la contestación de la demanda, sin
aclarar si dicha contestación era considerada válida o no.

Adujo que, en el referido auto, el Tribunal Administrativo de Boyacá omitió un
análisis de fondo, limitándose a una interpretación formal y superficial de los
recursos interpuestos, sin justificar adecuadamente la falta de revisión exhaustiva
de los mismos. Que, al resolver el recurso de súplica sobre la extemporaneidad de
la contestación de la demanda, se desestimaron los argumentos de la parte
demandante, aplicando la norma de manera arbitraria y desigual. Además, el
Tribunal no abordó el argumento principal, sobre los dos días adicionales para la
notificación personal establecidos por las Leyes 2213 de 2022 y 2080 de 2021, ni
resolvió de fondo la validez de la contestación de la demanda. Que, a pesar de
reconocer errores en su actuación, no corrigió las irregularidades y continuó
vulnerando los derechos fundamentales de la parte afectada, lo que evidencia una
violación del debido proceso y la necesidad de una intervención judicial que
restablezca el equilibrio procesal y garantice el derecho a la defensa.

En consecuencia, pidió que se ordene al tribunal a revisar y corregir de fondo la
situación que afecta su derecho de acceso a la administración de justicia, en esa
medida, estimó que debe proferirse una medida provisional de suspensión del
proceso electoral, para evitar la configuración de un perjuicio irremediable.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela

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contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional3, para
lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el
amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales4 y específicas5 de
procedencia de la acción de tutela.

Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Boyacá ha
vulneraron los derechos fundamentales invocados, al rechazar por extemporáneas
las excepciones propuestas por la apoderada del demandado y la contestación de
la demanda y disponer el trámite de sentencia anticipada, dentro del proceso de
nulidad electoral promovido por la Universidad Popular del César contra el señor
Julián David Ruíz Barajas, personero municipal de Ramiriquí (Boyacá), bajo
radicado nro. 15001-23-33-000-2024-00110-00.

De acuerdo con lo anterior, la Sala analizará sí la presente solicitud de amparo
cumple con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.

En caso de ser afirmativa la respuesta, se analizará si las autoridades judiciales
accionadas incurrieron en defectos sustantivo y procedimental deprecados.

i) Del requisito general de subsidiariedad

Dentro de los requisitos generales de procedencia se encuentra el de
subsidiariedad, consistente en “(…) (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable; (…)”.

Dicho requisito consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de
los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la
Constitución y la ley estipulan una serie de mecanismos judiciales igualmente
eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

3
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del
pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa
oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca)
4
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i)
Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de
una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos
fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
5
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno
de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido;
(vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho
fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
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No en vano los artículos 866 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto
2591 de 19917 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la
existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos
invocados. De manera que la acción de tutela sólo puede utilizarse cuando se han
agotado los mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto
para la protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales.

Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por
lo menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues, de
lo contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo
involucra la interposición de los recursos que proceden, sino también que en éstos
se cuestionen las decisiones que, en concreto, se atacan en la acción de tutela.

Ahora, en sentencia T-113 de 2013, la Corte Constitucional señaló que «si el
proceso se encuentra en curso la intervención del juez constitucional está en
principio vedada, pues como se sabe la acción de tutela no es un mecanismo
alternativo o paralelo, pero puede resultar necesaria para evitar un perjuicio
irremediable que comprometa la vulneración de derechos fundamentales».
Asimismo, en sentencia T-126 de 2019, la Corte indicó que «no es dable la
intromisión de la jurisdicción constitucional en la órbita propia de la justicia ordinaria
sino cuando se presentan unas especialísimas circunstancias que hacen
procedente el amparo».

Caso concreto

El señor Julián David Ruíz Barajas interpuso la presente acción de tutela con el fin
de que se dejara sin efectos las providencias del 4 de octubre8 y 8 de noviembre
del 20249 y 22 de enero10 y 4 de febrero del 202511, proferidas por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, en las que se rechazó por extemporáneas las
excepciones propuestas y la contestación de la demanda y se dispuso el trámite de
sentencia anticipada, dentro del proceso de nulidad electoral adelantado por la
Universidad Popular del Cesar contra el acto de elección como personero municipal
de Ramiriquí (Boyacá), del señor Julián David Ruíz Barajas, bajo radicado nro.
15001-23-33-000-2024-00110-00.

Lo anterior, al considerar que incurrieron en defecto sustantivo, por indebida
aplicación de las normas que sustenta el conteo de los términos de contestación de
la demanda y en defecto procedimental, al violar los principios de igualdad procesal
y acceso a los recursos procesales, pues consideró que, dentro del medio de control
de nulidad electoral, a favor de la parte demandante, de oficio, se adecuó un recurso
de súplica, cuando en su caso, este recurso se ha rechazado por improcedente.

6
“Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública. (…)Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (…)” (se destaca).
7
“Artículo 6º-Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante (…).”
8
El magistrado sustanciador rechazó por extemporáneas las excepciones propuestas por la apoderada del demandado y la
contestación de la demanda.
9
En el cual la Sala Dual del Tribunal Administrativo de Boyacà,rechazó por improcedente el recurso de súplica interpuesto
contra el auto del 4 de octubre de 2024..
10
Mediante el cual la Sala Dual del Tribunal Administrativo de Boyacá, declaró improcedente el recurso de reposición contra
el auto del 8 de noviembre de 2024 y negó las solicitudes de adición y aclaración.
11
En el que el magistrado sustanciador dispuso el trámite de sentencia anticipada.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01220-00
Demandante: Julián David Ruíz Barajas

No obstante, en el presente caso la Sala advierte que el recurso de amparo es
improcedente, porque no resulta pertinente la intervención del juez de tutela, ni
siquiera de manera excepcional, pues el proceso de nulidad electoral se encuentra
en curso y al interior del mismo el actor ha presentado diversos recursos cuyas
pretensiones son idénticas a las que se exponen dentro de la presente acción
constitucional.

Revisado el sistema de consulta de procesos SAMAI, se evidencia que, contra el
auto del 4 de febrero de 2025, que dispuso el trámite de sentencia anticipada, el
señor Ruíz Barajas interpuso recursos de reposición y en subsidio súplica, al
considerar que: (i) no se han revisado de fondo los recursos interpuestos contra los
autos de 4 de octubre y 8 de noviembre de 2024; (ii) existe un trato disímil entre las
partes, pues a la demandante se le adecuó de oficio un recurso de súplica contra
el auto que rechazó la demanda y el que interpuso el señor Ruíz Barajas se rechazó
por improcedentes; (iii) el origen de las inconformidades en el presente caso radica
en el desconocimiento de los plazos establecidos en las Leyes 2213 de 2022 y 2080
de 2021, que indican que las providencias judiciales enviadas por medios
electrónicos se consideran notificadas a los dos días; y, (iv) la decisión de dar
trámite de sentencia anticipada carece de fundamentos y no se configura la
situación que autorizaría dicho procedimiento.

Mediante auto del 19 de marzo de 2025, el magistrado sustanciador, resolvió el
recurso de reposición, en los siguientes términos:

«PRIMERO. REPONER el auto proferido el 4 de febrero de 2025, mediante el cual se
dispuso aplicar la figura de la sentencia anticipada dentro del proceso de la referencia, por
las razones expuestas.

SEGUNDO. ADICIONAR el auto del 4 de febrero de 2025, en los siguientes términos:

-Tener como medios de prueba los documentos allegados por el Personero Municipal de
Ramiriquí, aportadas con la contestación de la demanda, visibles en los índices 53, 54 y
55 de SAMAI.

• Negar los testimonios solicitados por el Personero Municipal de Ramiriquí, acorde con
lo señalado en la parte considerativa de esta providencia.

-Negar la solicitud de prueba trasladada, solicitada por el Personero Municipal de
Ramiriquí, por las razones expuestas.

TERCERO. REMITIR el expediente al despacho del magistrado que sigue en turno, a
efectos de que decida el recurso de súplica interpuesto por el Personero Municipal de
Ramiriquí, parte demandada, como subsidiario al de reposición, contra el auto proferido el
4 de febrero de 2025».

Entonces, la Sala encuentra que existe un pronunciamiento por parte de la
autoridad judicial demandada, en relación con la solicitud de pruebas hecha en la
contestación de la demanda y la procedencia del recurso de súplica contra el auto
que dispuso sentencia anticipada.

En el escrito de aclaración, presentado por el actor, con posterioridad a la admisión
de tutela, se indicó que con la anterior providencia no cesaba la vulneración de los
derechos deprecados, porque el tribunal accionado de manera expresa no
determinó si se tenía o no por contestada la demanda. Sin embargo, es un
argumento que el tutelante puede plantear al interior del proceso, solicitando la
adición y/o aclaración del auto del 19 de marzo de 2025 e incluso ante la sala
pendiente de decidir el recurso de súplica que se concedió.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01220-00
Demandante: Julián David Ruíz Barajas

Luego, no se evidencia la configuración de un perjuicio irremediable, pues el asunto
sigue pendiente de resolución en virtud del recurso de súplica interpuesto. Aún no
se ha dictado fallo definitivo y no se observa una circunstancia excepcional que
justifique la intervención del juez de tutela. En este contexto, no se acreditan los
elementos necesarios que permitan considerar que la situación requiere una
respuesta inmediata y urgente por parte del juez, pues el proceso aún sigue su
curso regular y las posibles afectaciones pueden ser resueltas dentro del marco
procesal ordinario.

Todo lo anterior, permite señalar que la acción de tutela es empleada de manera
paralela al proceso de nulidad electoral, lo cual hace improcedente el mecanismo
residual y subsidiario de la acción de tutela, lo anterior cobra especial relevancia si
se tiene en cuenta que los presuntos yerros en que habría incurrido la autoridad
judicial demandada han sido reclamados en ejercicio de las herramientas propias
del mecanismo judicial, frente a las cuales el tribunal demandado profirió las
decisiones de acuerdo con las solicitudes de las partes, por lo que, al margen del
sentido de las decisiones adoptadas en el trámite judicial, tal es un asunto que
actualmente se encuentra en trámite y en conocimiento del juez natural de
conocimiento, quien, en todo caso, tiene las facultades en cualquier etapa del
proceso de realizar los saneamientos a que haya lugar.

En suma, el presente caso no se cumple con el requisito general de subsidiariedad,
porque existe otro medio en curso y no se evidencia la existencia de un perjuicio
irremediable que haga procedente la intervención del juez de tutela, por lo que no
se configura violación alguna de los derechos fundamentales invocados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por Julián David Ruíz
Barajas, contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, acorde con lo expuesto en la
parte considerativa.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRIGUEZ MONTAÑO

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

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