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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01228-00

Fecha
7 de abril de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01228-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Instituto Penitenciario y Carcelario (INPEC). SEGUNDO: AMPARAR el derecho al debido proceso de María Fernanda Mesías Muñoz, María José Ordierez Mesías, María Isabella Ordierez Mesías, Teresa Margot Muñoz Bolaños y José Fernando Mesías Gutiérrez. En consecuencia, ORDENAR a la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, dentro de los 10 días siguientes a la notificación de esta providencia, dicte la sentencia de remplazo que en derecho corresponda. TERCERO: NEGAR la solicitud de amparo en todo lo demás, por las razones dadas en esta sentencia. CUARTO: En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-01228-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

7 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., siete (7) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01228-00
Accionantes: María Fernanda Mesías Muñoz y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Subsección A –
Sección Tercera

Temas: Tutela contra providencia judicial. Reparación directa. Defecto
Fáctico

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

1. La Sala1 decide, en primera instancia, la acción de tutela presentada por María
Fernanda Mesías Muñoz y otros contra la Subsección A de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

2. El 3 de marzo de 2025, María Fernanda Mesías Muñoz, María José Ordierez
Mesías, María Isabella Ordierez Mesías, Teresa Margot Muñoz Bolaños y José
Fernando Mesías Gutiérrez, a través de apoderado, presentaron una acción de
tutela contra la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia, así como del principio de
supremacía de lo sustancial sobre lo formal, con ocasión de la Sentencia de 29 de
agosto de 20242, proferida dentro en el proceso No 11001-33-43-063-2019-00037-
01. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó:

«PRIMERO. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, debido proceso
probatorio, acceso a la administración de justicia, principio de supremacía de lo
sustancial sobre lo formal y como consecuencia de ello.

SEGUNDO. Dejar sin efecto la Sentencia de segunda instancia del 29 de agosto de
2024, proferida por la Sección Tercera Subsección A del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, radicado 11001334306320190003701.

TERCERO. Ordenar a la Sección Tercera Subsección A del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que expida sentencia en la cual no se incurra en las falencias referidas
y se motive la decisión con la valoración adecuada de todo el acervo probatorio»

1
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del
Sector Justicia, y el Acuerdo No. 80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente para
conocer del proceso de la referencia.
2
Notificada a través de mensaje de datos de 3 de septiembre de 2024.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01228-00
Accionantes: María Fernanda Mesías Muñoz y otros

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, fueron
identificados los siguiente:

4. Germán Andrés Ordierez Andrade era miembro activo del Instituto
Penitenciario y Carcelario (INPEC).

5. El 28 de abril de 2017, mientras participaba de un curso de ascenso, el señor
Ordierez Andrade sufrió un accidente en una actividad pedagógica, en la que se
recreaba un traslado de internos.

6. María Fernanda Mesías Muñoz, María José Ordierez Mesías, María Isabella
Ordierez Mesías, Teresa Margot Muñoz Bolaños y José Fernando Mesías
Gutiérrez3 presentaron una demanda de reparación directa por falla en el servicio.

7. El 27 de agosto de 2021, el Juzgado 63 Administrativo de Bogotá declaró
responsable al INPEC por los perjuicios causados con ocasión de la muerte de
Germán Andrés Ordierez Andrade. Esta providencia fue apelada por el INPEC.

8. Mediante Sentencia de 29 de agosto de 2024 la Subsección A de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó la decisión de primera
instancia y, en su lugar, declaró probada la culpa exclusiva de la víctima. Para ello,
luego de analizar el material probatorio del proceso, adujo que el video del accidente
no podría valorarse porque «no se tiene certeza de quien tomó las imágenes4».

9. Como fundamento de la vulneración, la parte actora manifestó que la
autoridad judicial accionada incurrió en defecto procedimental por excesivo ritual
manifiesto al no darle valor probatorio al video del accidente por el desconocimiento
de la persona que tomó las imágenes y defecto fáctico por la falta valoración
probatoria de (i) el video que mostraba que el bus se desplazaba muy lento, así
como las personas que observaron el hecho trataron de advertir sobre el accidente,
(ii) el informe de investigación de accidente de 4 de mayo de 2017, (iii) el proceso
disciplinario, (iv) la licencia de conducción vencida de Mauricio Camargo5 y (v) no
se valoraron en conjunto algunos testimonios6.

10. Agregó que hubo sentencia condenatoria del Juzgado 32 Administrativo de
Bogotá (radicado No 11001333603220180012800), por los mismos supuestos
fácticos, en un proceso que fue iniciado por la madre, hermanos y sobrinos de
Germán Andrés Ordierez Andrade.

3
Quienes actúan como esposa, hijos y suegros de German Andrés Ordierez Andrade.
4
Consejo de Estado, SCA, Sección Quinta, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, providencia del 20 de octubre de 2022, rad.
11001032800020220011500.
5
Quien conducía el bus que causó la muerte del señor Ordierez Andrade.
6
En especial los de Zandra Patricia Montenegro, Julieth Liliana Salazar Nossa, Hugo Alberto Henao Cañaveral, Luis Fernando
Hernández, Juan Carlos García Lemus, Gelver Fontecha Zea y Arnulfo Herrera Aro.

2
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01228-00
Accionantes: María Fernanda Mesías Muñoz y otros

Intervenciones7

11. La Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca indicó que (i) No se incurrió en un defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto, ya que la exigencia de certeza respecto a la persona que elaboró
el video es un requisito legal establecido en los artículos 243 y 262 del Código
General del Proceso (CGP). Por lo tanto, era responsabilidad de la parte interesada
identificar de manera clara a la persona que lo elaboró, así como las circunstancias
de tiempo, modo y lugar en las que se obtuvo el video y (ii) la parte actora no explicó
en qué consistió la arbitrariedad u omisión que dieron lugar al supuesto defecto
fáctico.

12. El Juzgado 63 Administrativo de Bogotá, luego de hacer un resumen del
trámite del proceso, concluyó que las actuaciones se realizaron conforme con lo
establecido en el CPACA y la jurisprudencia aplicable al caso concreto. Solicitó que
se le desvincule de la acción de tutela o se niegue por no existir ninguna vulneración.

13. El INPEC manifestó que la acción de tutela estaba dirigida contra una
providencia judicial sobre la cual dicha autoridad no tuvo ninguna participación, por
lo que alegó no tener legitimación pasiva en la causa. Adujo que no vulneró los
derechos fundamentales de la parte actora, pues fue la Subsección A de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca quien generó la inconformidad
manifestada que dio lugar a las reclamaciones que se hacen en la solicitud de
amparo.

II. CONSIDERACIONES

Cuestión previa

14. La Sala estima pertinente aclarar que solo se estudiará el defecto fáctico,
debido a que los argumentos dados respecto del presunto defecto procedimental
por exceso de ritual manifiesto pueden ser abordados desde el primero. Ahora bien,
en lo referente a la existencia previa de una condena judicial por los mismos hechos,
pero respecto de otras personas (igualmente familiares del señor Ordierez
Andrade), la Sala hará el respectivo estudio a la luz de una posible violación directa
de la Constitución, concretamente, del derecho a la igualdad.

15. Además de lo anterior, se rechazará la solicitud de desvinculación presentada
por el INPEC, dado que esta autoridad participó en el proceso ordinario y, con base
en ello, se le vinculó al asunto en cuestión como tercero con interés.

Problema jurídico

7
Mediante Auto de 6 de marzo de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela contra la Subsección A de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y vinculó al Juzgado 63 Administrativo de Bogotá y al INPEC.

3
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Accionantes: María Fernanda Mesías Muñoz y otros

16. Corresponde a la Sala establecer, una vez verificados los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, si la
Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
como juez de segunda instancia en el medio de control reparación directa con
radicado No. 11001-33-43-063-2019-00037-01, incurrió en (1) defecto fáctico por no
haber valorado (a) el video que muestra que el bus se desplazaba muy lento, así el
hecho de que las personas que observaron el hecho trataron de advertir sobre el
accidente, (b) el informe de investigación de accidente de 4 de mayo de 2017, (c) el
proceso disciplinario, (d) la licencia de conducción del conductor del vehículo, y (e)
algunos testimonios8, en conjunto; y/o (2) la violación directa de la Constitución,
concretamente del derecho a la igualdad, ante la existencia de una condena judicial
previa por los mismos hechos a favor de otros familiares del señor Ordierez
Andrade.

Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

17. La presente acción de tutela cumplió con todos los requisitos generales de
procedencia, dado que: (1) posee relevancia constitucional, ya que el asunto en
discusión se centra en la posible vulneración de derechos fundamentales debido a
la indebida valoración de pruebas, así como la existencia de una sentencia favorable
previa por los mismos hechos; (2) se encontró satisfecha la legitimación en la causa,
tanto activa como pasiva, puesto que la parte actora participó como demandante en
el proceso ordinario y la decisión objeto de cuestionamiento fue emitida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca;
(3) se cumplió con el requisito de subsidiariedad, ya que la parte actora agotó todos
los recursos judiciales disponibles para procurar la defensa de sus derechos; (4) la
acción de tutela fue presentada el 3 de marzo de 2025, esto fue, dentro del plazo
de 6 meses contados a partir de la notificación de la sentencia enjuiciada9; (5) no se
alegó una irregularidad procesal, sino la falta de análisis probatorio y una presunta
vulneración al derecho a la igualdad; (6) los hechos y fundamentos en los que se
basó la presunta vulneración de derechos fueron identificados de manera razonable;
y (7) la tutela no fe interpuesta contra una providencia de la misma naturaleza.

Análisis de vulneración alegada: estudio de defectos

18. La Sala amparará el derecho al debido proceso por encontrar configurado el
defecto fáctico alegado, por las razones que pasan a explicarse:

19. En lo que respecta al video del accidente, la Subsección A de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca expresamente indicó que no
valoraría dicha prueba «porque no se tiene certeza de quien tomó las imágenes10».

8
En especial los de Zandra Patricia Montenegro, Julieth Liliana Salazar Nossa, Hugo Alberto Henao Cañaveral, Luis Fernando
Hernández, Juan Carlos García Lemus, Gelver Fontecha Zea y Arnulfo Herrera Aro.
9
Notificada mediante mensaje de datos de 3 de septiembre de 2024.
10
Consejo de Estado, SCA, Sección Quinta, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, providencia del 20 de octubre de 2022, rad.
11001032800020220011500.

4
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Accionantes: María Fernanda Mesías Muñoz y otros

20. Al respecto, en el informe presentado por dicha autoridad judicial en el marco
de la presente solicitud de amparo, señaló:

«Sobre lo primero, destaco que en la sentencia cuestionada se explicó la razón por la
que esa prueba no fue valorada, pues se dijo: “De otro lado, no se valorará el video del
accidente aportado con la demanda porque no se tiene certeza de quién tomó las
imágenes”, razón que corresponde al requisito legal del artículo 243 del CGP que
regula la prueba documental y los documentos declarativos de terceros (artículo 262
CGP), en la que es necesario conocer su autoría como condición del carácter
declarativo de la prueba. Por eso esa razón se justificó con cita jurisprudencial 11 que
explica la importancia del autor del video para la valoración probatoria.

Es decir que la justificación razonada sobre la idoneidad de la prueba fue explícita, no
por aspecto meramente formal. Obsérvese que la jurisprudencia ha reiterado este
aspecto. Y cito como muestra sentencia de la Subsección C, M.P. Nicolás Yepes
Corrales, sentencia del 19 de febrero de 2024, expediente N°
76001233300020130020401 (65017):

“Finalmente, frente a las fotografías y el video aportados al proceso debe
precisarse que, en cuanto prueba documental su valoración solo es posible
siempre que se tenga certeza de su autenticidad y de la fecha en que fueron
otorgados. Así, se valorarán las fotografías allegadas con los informes de policía
judicial, toda vez que ellas fueron tomadas por dichos funcionarios, se conoce su
origen y el lugar y época al que corresponden. Sin embargo, no ocurre lo mismo
con el video allegado por los demandantes, pues carece de reconocimiento o
ratificación y en su calidad de documento privado no está dotado de presunción
de autenticidad, de manera que no reúne los requisitos del artículo 244 del
C.G.P., pues no se tiene certeza respecto de la persona que lo elaboró, ni de las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que fue obtenido”»

21. Debe destacarse que el video muestra el accidente de Germán Andrés
Ordierez Andrade, cuya veracidad fue confirmada por los testigos del proceso.
Asimismo, las demás pruebas presentadas permiten determinar con precisión la
fecha y el lugar en que ocurrieron los hechos.

22. Si bien es cierto que, en principio, las pruebas documentales deben cumplir
con requisitos formales como autenticidad y certeza para su valoración, también lo
es que, conforme a las reglas de la lógica y la sana crítica, el juez de instancia debe
analizar todos los elementos persuasivos debidamente incorporados al proceso.
Esto es fundamental para tomar una decisión judicial fundamentada y debidamente
motivada.

23. Corresponde al juez de la responsabilidad valorar las particularidades del caso
para evitar descartar una prueba por requisitos formales, cuando, como por ejemplo
en el asunto de la referencia, no existen dudas sobre el contexto en que fue obtenido
el video. En este caso, como previamente se indicó, el video registra el momento
del accidente en el que falleció el señor Ordierez Andrade, por lo que no puede
dejarse de valorar bajo el argumento de que se desconoce quién lo grabó,
especialmente cuando no hay duda de que en este se documentó el suceso en el

11
Consejo de Estado, SCA, Sección Quinta, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, providencia del 20 de octubre de 2022, rad.
11001032800020220011500. En esa sentencia se consideró: «Al respecto, la Sala debe precisar que de acuerdo con el
artículo 243 del Código General del Proceso- CGP, los videos, las grabaciones y las fotografías son documentos, por lo que
su valoración se sujeta a las reglas establecidas para este medio de prueba, de manera que los videos, al igual que las
fotografías, son documentos meramente representativos que pretenden demostrar la ocurrencia de un hecho».

5
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que perdió la vida el exintegrante del INPEC. Asimismo, no puede perderse de vista
que la misma autoridad accionada, en su informe presentado en esta acción de
tutela, adujo que los videos, como prueba documental, pretenden demostrar la
ocurrencia del hecho.

24. Aunado a ello, igualmente se advierte que la Subsección A de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no hizo valoración y/o
referencia alguna sobre la licencia de conducción del conductor del vehículo, la cual,
según la parte actora, estaba vencida.

25. Bajo los argumentos expuestos, la Sala advierte que en el asunto de la
referencia se configuró un defecto sustantivo. Lo anterior no implica entonces que
el Tribunal de instancia deba reconocer, de forma automática, las pretensiones del
proceso, sino que debe darle el valor probatorio que corresponda al video del
accidente de Germán Andrés Ordierez Andrade, así como a la licencia de
conducción de quien manejaba el vehículo que causó el accidente. La
determinación sobre la responsabilidad del INPEC y las eventuales
indemnizaciones derivadas dependerá del análisis integral de todas las pruebas
decretadas y practicadas dentro del proceso, por parte del juez natural de la causa.

26. Ahora bien, en lo referente a la falta de valoración del informe de investigación
de accidente de 4 de mayo de 2017, el proceso disciplinario y la apreciación en
conjunto algunos testimonios, la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca indicó lo siguiente:

«El 04 de mayo de 2017, el INPEC suscribió el acta No. 5 que se refiere a la
investigación llevada a cabo por el accidente de tránsito en los siguientes términos
(págs. 79 y 80 c.1.):

Se desarrolla la investigación en compañía del comité investigador de la EPN para
establecer las causas que pudieron ocasionar el accidente de trabajo mortal. El
escenario para el día anterior a la fecha de la ocurrencia se organizó otro tipo de
prácticas donde había mucho carro y poco campo visual. Se manifiesta que dentro de
la práctica “simulacro” la persona que realizaba como herido “mortal” debía caer en el
jardín y no en la vía donde se presume que es (ilegible) que desencadena el evento.
Dentro de la investigación existe un guion el cual es la representación de los actores
que intervienen en la simulación pedagógica. Realizan presencia en la investigación
Gallego G. Oscar y el inspector Torres Jhon. Manifiestan que el curso debería hacer un
curso táctico pedagógico y lo manifiestan a todo el grupo quienes quieren realizar la
actividad. Para el día jueves 26 de abril se realizan varios ensayos. Para el día viernes
a primera hora se realiza el ejercicio nuevamente con instrucción del guion. Dentro de
los ensayos el funcionario accidentado debería caer en la simulación dentro de la zona
verde.
(…)
También obra la investigación disciplinaria No. 831-17 que adelantó el INPEC, en la
que se recepcionó la declaración de algunos alumnos que hacían parte de la actividad
académica y presenciaron el accidente de tránsito:

• La señora Zandra Patricia Montenegro Velasco indicó que el día anterior realizaron
varios ensayos del procedimiento y el día del accidente también practicaron el ejercicio.
Agregó que cada uno de los participantes tenía un rol determinado y que en los ensayos
la víctima quedó en algunas ocasiones en la vía y otras en la zona verde. Y que el
conductor participó en todas las practicas.

6
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• La señora Julieth Liliana Salazar Nossa informó que realizaron la convocatoria abierta
para quienes quisieran participar, por lo que acudieron a la actividad los voluntarios.
Señaló que el ejercicio fue practicado el día anterior en la mañana y en la tarde, y
también el día del accidente. Puso de presente que el ejercicio se ensayó de distintas
formas y que en la mañana fue acordado que el señor Germán Andrés Ordierez
Andrade cayera en el pasto “no entiendo porque él se quedó ahí. No entiendo a él que
le pasó”. Y que el conductor estuvo en todos los ensayos.

• La señora Alicia Dudfay Arizabaleta Ortiz afirmó que hubo un ensayo previo durante
varias sesiones y en diferentes horas. Y que la instrucción dada a la víctima fue “que
se quedara dentro de la zona verde”

(…)
• El señor Hugo Alberto Henao Cañaveral refirió que “desde el día de ayer realizamos
varios entrenamientos en las horas de la mañana como a medio día. Hicimos varios
ensayos e inclusive hoy en la mañana antes de iniciar el ejercicio repasamos
nuevamente las actividades que debíamos realizar”. Además, señaló que la víctima
debía estar en el jardín, pero al momento de simular su muerte lo hizo en la vía y allí
se quedó acostado.

• El señor Luis Fernando Hernández Díaz manifestó que desempeñaba el mismo rol de
la víctima y agregó:

Mi papel consistía en simular ser una persona invidente y al paso de la remisión
accionar el arma obviamente con munición de fogueo lo que realicé en su debido
momento y de inmediato corrí hacia la zona verde o jardín, ubicándome al lado
de un busto (sic) que hay allí, desde donde observé que el compañero
ORDIERES, estaba siendo arrollado por el buseton.
(…)
el rol que debería desempeñar mi compañero también consistía en atacar la
remisión simulando ser una persona de ornamentación quien posteriormente
perdería la vida en el cruce de disparos y quedaría en el piso del jardín, ese era
el rol que él tenía.
(…)

PREGUNTADO: Indique al Despacho si sabe por qué el compañero ORDIERES,
cambia de sitio de caída y se queda en el piso de la plaza de armas. CONTESTO:
No tengo conocimiento de la decisión que tomo el compañero, no me dijo nada.
(…)
Hicimos varios ensayos en el trascurso del día de ayer.

• El señor Juan Carlos García Lamus indicó que el 27 de abril de 2017 se realizaron
varios ensayos y el día del accidente en la mañana también desarrollaron una práctica.
En relación con las instrucciones dadas para el ejercicio, el testigo manifestó: “lo que
se hizo fue una organización para saber en qué parte iba a ir cada persona, en cuanto
a las actividades que se iban a realizar, mas no de los roles que cada uno iba a asumir.
Las instrucciones consistían en por donde se debía caminar, el armamento como se
debía llevar, como hacer el ingreso al bus, a los vehículos, era un ejercicio muy simple”.
Y agregó que desconocía si a la víctima se le dio alguna instrucción referente al sitio
en el que debía caer.

• El señor Gerlver Fontecha Zea manifestó que el jueves 27 de abril de 2017 realizaron
varios ensayos del ejercicio académico. Y el día del accidente, a las 06: 30 am,
ensayaron nuevamente. Agregó que la víctima tenía la instrucción de caer en el pasto»

27. De lo anterior, no se encuentra que el análisis de las pruebas hecho por el
tribunal haya sido arbitrario, irracional o caprichoso, comoquiera que se valoraron
las pruebas que echó de menos la parte actora, es decir, el informe de investigación
de accidente de 4 de mayo de 2017, el proceso disciplinario y los testimonios. El
Tribunal analizó las pruebas que obraban en el expediente y, en su criterio, no

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fueron suficientes para demostrar que el INPEC incumplió con su carga obligacional
y, con ello, probar su responsabilidad.

28. Al respecto, es importante señalar que las autoridades judiciales cuentan con
autonomía e independencia para resolver el caso concreto y, en particular, para
valorar el material probatorio recopilado dentro del proceso. Por ello, solo cuando
se evidencie un error que contradiga abiertamente las reglas de la sana critica, el
juez podrá intervenir en lo decidido. En consecuencia, el hecho de que la autoridad
judicial demandada haya realizado una interpretación distinta de la pretendida por
el accionante no implica la existencia de un defecto fáctico, ya que dicha
interpretación fue razonable y no se advierte omisión o error en la valoración de las
pruebas.

29. Por último, respecto de la presunta vulneración al derecho a la igualdad
(violación directa de la Constitución) dada la existencia de una sentencia
condenatoria proferida por el Juzgado 32 Administrativo de Bogotá, con radicado
No. 11001-33-36-032-2018-00128-00, es importante señalar que dicha sentencia
aún no se encuentra en firme. Esto se debe a que el INPEC presentó un recurso de
apelación, el 28 de febrero de 2025, el cual aún no ha sido resuelto. Por lo tanto,
esta sentencia no puede considerarse como un criterio de referencia o precedente
en este momento.

Conclusión

30. La sala amparará el derecho fundamental al debido proceso de María
Fernanda Mesías Muñoz, María Fernanda Mesías Muñoz, María José Ordierez
Mesías, María Isabella Ordierez Mesías, Teresa Margot Muñoz Bolaños y José
Fernando Mesías Gutiérrez, respecto del defecto fáctico por la no valoración del
video del accidente de 28 de abril de 2017 y la licencia vencida de conductor del
vehículo. En consecuencia, le ordenará a la Subsección A de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Rad. 11001-33-43-063-2019-00037-
01, profiera sentencia de remplazo en la que haga la valoración que corresponda a
los aludidos documentos.

31. Es preciso reiterar que esta orden de tutela no implica que deban concederse
de forma automáticas las pretensiones de la demanda de reparación directa, sino
que corresponderá la autoridad accionada adoptar la decisión que en derecho
corresponda.

32. Aunado a lo anterior, se negará en todo lo demás la solicitud de amparo, esto
es, el defecto fáctico por la no valoración del informe de investigación de accidente
de 4 de mayo de 2017, el proceso disciplinario y la apreciación en conjunto de
algunos testimonios.

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Accionantes: María Fernanda Mesías Muñoz y otros

En mérito de lo expuesto, la Subsección de la Sección Segunda del Consejo de
Estado administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Instituto
Penitenciario y Carcelario (INPEC).

SEGUNDO: AMPARAR el derecho al debido proceso de María Fernanda Mesías
Muñoz, María José Ordierez Mesías, María Isabella Ordierez Mesías, Teresa
Margot Muñoz Bolaños y José Fernando Mesías Gutiérrez. En consecuencia,
ORDENAR a la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que, dentro de los 10 días siguientes a la notificación de esta
providencia, dicte la sentencia de remplazo que en derecho corresponda.

TERCERO: NEGAR la solicitud de amparo en todo lo demás, por las razones
dadas en esta sentencia.

CUARTO: En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado Electrónicamente

Con salvamento de voto
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado Electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
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