Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00115-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00115-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2022-00115-00
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
20 de octubre de 2022
Demandante: Juan Carlos Quintero Sierra y otros
Demandado: representante a la Cámara por la Circunscripción Transitoria para la Paz 4
Rad: 11001-03-28-000-2022-00115-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2022-00115-00
Demandantes: JUAN CARLOS QUINTERO SIERRA Y OTROS
Demandado: DIÓGENES QUINTERO AMAYA, REPRESENTANTE A
LA CÁMARA POR LA CIRCUNSCRIPCIÓN
TRANSITORIA ESPECIAL PARA LA PAZ 4
Temas: Inhabilidad para ser congresista – artículo 179. 2 de la
Constitución. Violación a normas sobre financiación de
campañas – corrupción al elector
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a decidir la demanda presentada por los señores Juan
Carlos Quintero Sierra, Gustavo Adolfo Quintero Sierra, Yoad Ernesto Pérez
Becerra, Yury Angélica Moreno Duque y Luis Caros Montenegro Almeida, en
ejercicio del medio de control de nulidad electoral, con la finalidad de que se
anule la elección de Diógenes Quintero Amaya como representante a la
Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial para la Paz 4, periodo
2022-2026.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1. Pretensiones
Los señores Juan Carlos Quintero Sierra, Gustavo Adolfo Quintero Sierra,
Yoad Ernesto Pérez Becerra, Yury Angélica Moreno Duque y Luis Carlos
Montenegro Almeida, presentaron demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad electoral previsto en el artículo 139 del CPACA, en la cual
solicitaron:
“PRIMERA: Que se declare la nulidad del Acto Administrativo contenido en el
documento electoral E-26_CTP_1_XX_XXX_XXX_XX_XX_X_1037_F_54
(Acta parcial de escrutinio general Circunscripción 4) expedida en la Escuela
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Demandante: Juan Carlos Quintero Sierra y otros
Demandado: representante a la Cámara por la Circunscripción Transitoria para la Paz 4
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de Bellas Artes Jorge Pacheco Quintero a las 9:23 am del día 18 de marzo del
2022 por parte de la Comisión Escrutadora Departamental de Norte de
Santander, conformada por los integrantes: CÉSAR ANTONIO PICON
PACHECO, LUIS FERNANDO LOBO AMAYA y los Secretarios JUAN
CAMILO RAMÍREZ RODRÍGUEZ Y FERNANDO CADENA GUEVARA.
SEGUNDA: Que, como consecuencia de la anterior declaración, se decrete la
nulidad de los actos previos que resuelven de manera negativa las
reclamaciones realizadas respecto a las irregularidades manifestadas a las
autoridades municipales y la departamental frente a los Escrutinios de la
circunscripción 4 del departamento de Norte de Santander.
Que, como consecuencia de la declaración de la primera pretensión de este
libelo, se decrete la nulidad de la credencial (E27) expedida al señor
DIÓGENES QUINTERO AMAYA identificado con cédula de ciudadanía no.
1.090.406.861, así como también, de los actos administrativos derivados del
acto primigenio de elección, que incida en la acreditación del señor
QUINTERO como electo a Representante a la Cámara por la CITREP 4 de
Norte de Santander.
TERCERO: Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, se
practiquen nuevos escrutinios, se profiera nuevo acto de elección y se expidan
las respectivas credenciales a quienes resulten electos”.
Las pretensiones tuvieron como fundamento los siguientes:
1.2. Hechos
Señalaron que el Acuerdo Final para la Paz, en su punto 2.3.6, estableció la
creación de dieciséis (16) circunscripciones transitorias especiales de paz
(CITREP), con la finalidad de instaurar medidas de reparación y participación
política directa a los territorios más afectados por el conflicto armado. De la
misma manera, se consideró la necesidad de garantizar la inclusión y
representatividad de estas poblaciones en atención a la marginalidad de la
que fueron víctimas por causa y con ocasión del conflicto, y de esta forma
fortalecer su participación en escenarios comunitarios, sociales y políticos,
como garantía plena del goce efectivo de sus derechos como ciudadanos
(as).
Anotaron que el Acto Legislativo 02 de 2021, creó las dieciséis (16)
Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz - CITREP, para la Cámara
de Representantes de Colombia en los períodos 2022-2026 y 2026-2030.
Mencionaron que de conformidad con lo establecido en el artículo 2 del Acto
Legislativo 02 de 2021, la circunscripción 4, se constituye por 8 entes
territoriales de Norte de Santander, en la región del Catatumbo, esto es, los
municipios de: Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto,
Sardinata, Teorama y Tibú.
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Comentaron que mediante el Decreto 1207 de 2021, el presidente de la
República reglamentó la implementación de las dieciséis (16)
Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz - CITREP, estableciendo,
entre otros, los requisitos que debían reunir las candidaturas al interior de los
movimientos ciudadanos.
Precisaron que frente a la Circunscripción Transitoria Especial para la Paz –
CITREP de Norte de Santander periodo 2022-2026 se inscribieron siete listas
de candidaturas.
Anotaron que según los resultados de la jornada electoral frente a la CITREP
4, se dio como ganadora la lista 0311 de la Asociación de Familias
Desplazadas de Hacarí - ASOFADHACA, con el candidato Diógenes
Quintero Amaya.
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
Como fundamento de las pretensiones propusieron los siguientes
cuestionamientos:
1.3.1. Inhabilidad consagrada en el numeral 2º del artículo 179 de la
Constitución
Destacaron que esa norma establece que no podrán ser congresistas
quienes hubieren ejercido como empleados públicos, jurisdicción o autoridad
política, civil, administrativa o militar, dentro de los 12 meses anteriores a la
elección.
Indicaron que tal como se puede evidenciar en el Sistema de Información y
Gestión del Empleo Público (SIGEP), y de otras pruebas aportadas,
Diógenes Quintero Amaya se desempeñó en el empleo público de defensor
regional código 0060 desde el 26 de abril de 2019 hasta el 12 de febrero de
2021, en la Defensoría Regional de Ocaña (Norte de Santander).
Precisaron que luego, en esa misma entidad, ejerció como asesor grado 22
adscrito al despacho del defensor del pueblo desde el 26 de febrero de 2021
hasta el 15 de septiembre de ese mismo año.
Explicaron que, de acuerdo con lo anterior, es claro que el demandado fue
empleado público dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la
elección, razón por la que se encontraba inhabilitado para ser elegido como
representante a la Cámara.
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1.3.2 Violación a normas sobre financiación de campañas – corrupción
al elector
Argumentaron que el demandado recibió apoyo de miembros de partidos
tradicionales y organizaciones políticas con personería jurídica que incidieron
directamente en su campaña, y que en la regulación especial de las CITREP,
estaba previamente prohibido.
Mencionaron que el apoyo se hizo a través del alcalde de Hacarí (Norte de
Santander), Deyvy Bayona Guerrero, y fue manifestado a través de audios
de mensajería instantánea en la red social de Whatsapp, junto con
pedagogía electoral con publicidad del demandado.
Apuntaron que el 10 de marzo de 2022, en el medio de comunicación El
Espectador, se publicó un artículo periodístico denominado “Audio muestra
apoyo del alcalde Hacarí a exdefensor que aspira a curul de paz”, en el que
además de hacer una breve reseña del perfil del demandado, se refirió a
apoyos irregulares en su campaña política.
Resaltaron que en lo exhibido por el medio de comunicación se evidencia el
apoyo político, lo que constituye un fundamento de nulidad del acto de
elección del demandado, atendiendo a que esas actuaciones irregulares
fueron ejercidas con aprovechamiento de un cargo público.
Sostuvieron que el 9 de marzo de 2022 a través del número de Whatsapp
320- 8007696 se difundió un audio grabado por una mujer del municipio de
Sardinata (Norte de Santander) en el que se evidenciaba que el entonces
candidato les iba a colaborar con materiales para la escuela de la vereda de
San Luis, lugar en el que reside la señora “Bertilde”, receptora del audio, a
quien le solicitó que le ayudara a recolectar votos por el demandado, lo cual
evidencia, según su dicho, corrupción al elector.
Explicaron que ese mismo día se conoció que el sacerdote Gabriel Peña,
quien reside en el corregimiento de La Victoria, del municipio de Sardinata, le
manifestó a los fieles y asistentes regulares de la iglesia católica de la que
forma parte, que el señor Diógenes Quintero Amaya había donado
$1.500.000, en el marco de su presentación como candidato a la
circunscripción especial para la paz, dinero cuya destinación sería para el
arreglo del templo religioso.
Aseguraron que esa donación se podría considerar como favorecimiento
electoral y constreñimiento al elector, puesto que el sacerdote cumple con
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una función social de incidencia como parte de la identidad de la comunidad.
Sustentaron que otro acto de corrupción al elector se evidencia de un video
en el que un hombre, el día de las elecciones, que se encontraba a pocos
metros de la mesa de votación, tenía una indumentaria con publicidad del
demandado, y el candidato que estaba en la zona avaló ese comportamiento.
Sobre la financiación de las campañas, precisaron que el demandado, en
una entrevista en el diario regional La Opinión de Cúcuta, indicó que había
desistido del anticipo para la financiación de campañas proporcionado por el
Consejo Nacional Electoral, lo cual va en contra de la reglamentación
establecida en el Acto Legislativo 02 de 2021 artículos 3 y 8, que prevé que
el apalancamiento de las campañas para las CITREP será
preponderantemente estatal.
Aseguraron que con el mínimo presupuesto para la realización de la
campaña y conforme lo dispone el artículo 4 de la Resolución 5882 de 2021
del Consejo Nacional Electoral, era obligatorio adquirir una póliza o garantía
que permitiera asegurar el monto total del recurso asignado, cuyo valor
ascendió a los $7.133.0115, quedando un saldo total para gastos de
campaña de $18.633.538 por candidato.
Cuestionaron la “ostentosa” campaña publicitaria del demandado,
representada en vallas, pasacalles, acceso a medios y otro tipo de
publicidad, atendiendo a que no realizó la solicitud de anticipo a la autoridad
competente.
2. Contestaciones
2.1. Demandado
El apoderado del señor Diógenes Quintero Amaya, contestó la demanda en
los siguientes términos:
Sostuvo que los demandantes no precisaron, ni en los hechos ni en el
concepto de la violación, cuál es el tipo de autoridad que, en su opinión,
ejerció el demandado, ni cuál o cuáles funciones implican que se ostente
jurisdicción o autoridad, lo cual no solo dificulta la defensa, sino que impide
que el juez de lo electoral adelante un estudio oficioso acerca de si el cargo
de Asesor – grado 22 implica o no ejercicio de mando.
Destacó que la Sala Electoral ha señalado que “para demostrar que en el
empleo público que el demandado ejerció dentro de los 12 meses anteriores a ser
elegido Diputado, tuvo asignadas funciones que conllevaron alguna de las
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modalidades de competencia o de poder representativas de autoridad administrativa
o civil, no es suficiente que se aluda de manera general al manual de funciones del
empleo; pues es preciso que se alegue en específico y se explique la razón que
sustenta el cargo, cuál o cuáles de las competencias asignadas, comportan los
poderes traducidos en alguna de las atribuciones que comportaran el desempeño de
la autoridad prohibida.”1
Argumentó que dicha falencia fue reconocida por la Sección al resolver la
medida cautelar en el presente proceso, al señalar que a “pesar de haberse
inadmitido la demanda y haberse dicho que “en cuanto al concepto de la violación
de cada demanda, deberán señalarse claramente las razones que sustentan cada
uno de los cargos presentados, indicando de forma separada cada norma que se
considera violada, junto con las motivaciones que sustentan tal vulneración, de
conformidad con lo establecido en los numerales 3 y 4 del artículo 162 de la Ley
1437 de 2011”, lo cierto es que revisado el cargo presentado, se advierte que la
parte actora no indicó de manera concreta cuáles funciones de los cargos
desempañados por el demandado correspondieron al ejercicio de jurisdicción o
autoridad civil, política o administrativa.”
Indicó que respecto a la “violación a normas sobre financiación de campañas –
corrupción al elector”, la parte actora si bien relató conductas del alcalde de
Hacarí, y una conversación sobre el ofrecimiento de obras, una donación a la
iglesia y la existencia de un ciudadano portando publicidad electoral
supuestamente el día de las elecciones, nunca se explicó de qué manera
estos hechos (de manera vaga e imprecisa) se incorporan en los supuestos
fácticos de las normas que regulan las nulidades electorales, generándose
una ausencia material y total del concepto de la violación y, en consecuencia,
la imposibilidad de ejercer una defensa sobre ellos.
Aclaró que el demandado se desempeñó en el empleo público de defensor
regional código 0060 desde el 26 de abril de 2019 hasta el 12 de febrero de
2021, según las Resoluciones 569 de 26 de abril de 2019 y 225 de 12 de
febrero de 2021, mediante las cuales se nombró y se le aceptó la renuncia,
respectivamente.
Comentó que estos documentos no dejan duda de que el señor Quintero
Amaya fue designado y desempeñó ese cargo, pues le aceptaron la
renuncia, lo que muestra, aún en ausencia de la prueba de haber tomado
posesión, que lo ejerció. Pero de la misma manera evidencia que fue
desvinculado el 26 de febrero de 2021, es decir, antes del inicio del periodo
inhabilitante: el 13 de marzo de 2021.
1
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 21 de febrero de 2013, Rad: 70001-23-
31-000-2011-02252-01, M.P. Susana Buitrago Valencia.
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Aseguró que, teniendo en cuenta que las elecciones al Congreso de la
República se realizaron el 13 de marzo de 2022, es forzoso concluir que
estuvo separado del cargo con más de 12 meses de anterioridad a la fecha
de la elección, por lo que no se configura el elemento temporal frente a este
cargo. Motivo por el cual -sostuvo- resulta imposible materializar la
inhabilidad alegada y, por ende, es innecesario el análisis de los demás
elementos que deben concurrir para su edificación.
Agregó que, igualmente, el señor Quintero Amaya se desempeñó como
asesor, código 1030, grado 22, perteneciente al nivel asesor, adscrito al
despacho del defensor del pueblo y corresponde a un empleo de libre
nombramiento y remoción. En cuanto al elemento subjetivo, está acreditado
que fue empleado público en virtud del nombramiento efectuado mediante
Resolución 305 de 26 de febrero de 2021.
Precisó que, en lo que corresponde al elemento temporal, se tiene que el
demandado ocupó dicho cargo desde el 26 de febrero de 2021 hasta el 7 de
septiembre de 2021, es decir, dentro de los 12 meses anteriores a la fecha
de la elección, lo que hace que esté acreditado este elemento.
Argumentó que, no obstante, no ocurre lo mismo frente a los elementos
restantes lo que, por tanto, implica que no se configure la inhabilidad en
cuestión. Por un lado, no de demostró el elemento territorial, y, por otro lado,
tampoco el de autoridad. Sobre la autoridad administrativa se ha sostenido
que puede configurarse bien con un criterio orgánico o con uno funcional. El
orgánico hace referencia a cargos públicos a los que la ley les atribuye
expresamente el ejercicio de autoridad administrativa, entre los que se
destacan los de alcalde, secretarios de la alcaldía, jefes de departamento
administrativo, gerentes o jefes de las entidades descentralizadas, y jefes de
las unidades administrativas especiales. Brilla por su ausencia en esta
conceptualización los cargos de asesores o cualquiera que se le pueda
asimilar, luego no es posible derivar, en este caso concreto, el ejercicio de
autoridad administrativa desde el criterio orgánico.
Sustentó que desde el punto de vista funcional se detenta autoridad
administrativa cuando se está facultado para celebrar contratos o convenios,
ordenar gastos, conferir comisiones, licencias no remuneradas, decretar
vacaciones y suspenderlas, para trasladar horizontal o verticalmente los
funcionarios subordinados, reconocer horas extras, vincular personal
supernumerario o fijarle nueva sede al personal de planta; los funcionarios
que hagan parte de las unidades de control interno y quienes legal o
reglamentariamente tengan facultades para investigar las faltas disciplinarias,
funciones que resultan extrañas a las asignadas a los asesores del despacho
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del defensor del pueblo. En consecuencia, tampoco es posible derivar el
ejercicio de autoridad administrativa del cargo de asesor que se ha
referenciado con base en el criterio funcional.
Alegó que, en cuanto a la autoridad civil ella está determinada
exclusivamente por un criterio funcional; es decir, es necesario analizar las
funciones de un cargo para verificar si se ajustan a las propias de este tipo
de autoridad. Expuso que la autoridad civil es exógena y está en cabeza de
servidores a los que se les asignan funciones misionales de la institución,
con capacidad de tomar decisiones que resultan obligatorias para los
ciudadanos; y que le asista al funcionario, en caso de desobediencia, poder
coercitivo por medio de la fuerza pública para exigir el cumplimiento.
Estableció que los verbos rectores de las funciones atribuidas al asesor del
despacho del defensor del pueblo no solo no encajan en los conceptos
descritos en los incisos anteriores, sino que ni siquiera implican la facultad ni
el poder de tomar decisiones de ningún tipo, por lo que no se pueden
catalogar como ejercicio de autoridad.
Anotó que en la certificación de 7 de abril de 2022 suscrita por el subdirector
de Talento Humano están consagradas en la Resolución 1488 de 2018 las
funciones atribuidas al cargo, de las cuales puede desprenderse claramente
que todas consisten en asesorar, orientar, revisar, conceptuar, conducir
proyectos y propiciar mecanismos de cara al objeto de la entidad. Tales
actividades -señaló- no implican el ejercicio de ningún tipo de autoridad.
Sostuvo que, en cuanto a la “mala fe” del demandado por el supuesto
conocimiento del apoyo del alcalde de Hacarí, el juez no puede ampliar el
estudio del caso sometido a control de legalidad, a aspectos que exceden los
supuestos de la inhabilidad, ni a consideraciones subjetivas como las
planteadas por la parte demandante. Expuso que la nulidad electoral es un
juicio objetivo de legalidad, en el que los aspectos subjetivos no deben ser
considerados por el juez de lo electoral y por tanto, no es procedente analizar
la conducta del elegido.
Destacó que frente a la “violación a normas sobre financiación de campañas –
corrupción al elector”, es un argumento planteado en los hechos de la
demanda y no en el acápite del concepto de la violación. Sin embargo, indicó
que, en primer lugar, una eventual violación de las normas sobre financiación
no es causal de nulidad de los actos electorales. En segundo lugar, respecto
a la corrupción al elector, se debe mencionar que la Sección Quinta, en un
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importante fallo2, determinó que las prácticas electorales corruptas,
configuran la causal de nulidad de infracción de normas en que debe
fundarse el acto, por el desconocimiento de los artículos 40 y 258 de la
Constitución Política, que no han sido invocados por la parte demandante.
Comentó que para la configuración de esta causal de nulidad electoral, lo
que se debe demostrar es que el candidato ejerció directa o indirectamente la
actividad irregular o sabía de ella y con su anuencia se adelantó. Así,
conforme a lo dispuesto por la Sala Electoral, sostuvo que para que una
elección sea declarada nula por corrupción, debe estar plenamente
acreditado que el candidato directa o indirectamente afectó la pureza y
libertad del voto de los electores. Es decir, se requiere de una actividad
probatoria importante y suficiente que demuestre la comisión o autorización
de actos corruptos por parte del demandado, dirigidos a obtener un beneficio
en las urnas.
Resaltó que los demandantes afirmaron que el hoy congresista demandado
recibió apoyo del alcalde de Hacarí, apoyo que, a su juicio fue irregular. En
tales condiciones, se refirieron a unas manifestaciones de dicho mandatario
local las cuales -afirmó- no solo carecen de autenticidad, sino que, además,
no permiten evidenciar que Diógenes Quintero Amaya autorizó ese supuesto
apoyo irregular.
Mencionó que, de otra parte, sin perjuicio de su falta de autenticidad, los
diálogos del alcalde no evidencian la infracción de las disposiciones citadas
por la parte demandante, pues no acreditan que este funcionario haya
tomado parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las
controversias políticas, como lo prohíbe el artículo 127 de la Constitución.
Tampoco que haya utilizado su empleo para presionar a particulares o
subalternos a respaldar una causa o campaña política o influir en procesos
electorales de carácter político partidista como lo prohíbe el artículo 60-2 de
la ley 1952 de 2019.
Agregó que, según las pruebas aportadas por los accionantes se evidencia
únicamente: i) un audio de WhatsApp de una mujer no identificada (“una
mujer del municipio de Sardinata”) que indicó que el señor Quintero Amaya
“les iba a colaborar con materiales para la escuela” de la vereda San Luis de
Sardinata, lugar donde reside “la señora Bertilde”, receptora del mensaje; ii)
otro audio de WhatsApp, el sacerdote Gabriel Peña manifestó que el
demandado donó $1.500.000 para arreglar el templo; y iii) un video en el que
se aprecia a un hombre, no identificado, el día de las elecciones, portando
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Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 16 de mayo de 2019. Rad: 11001-03-28-
000-2018-00084-00, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
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indumentaria con publicidad del accionado, quien estando en la misma zona,
avaló con su silencio dicha acción irregular.
Sostuvo que, tanto los audios y el video carecen de autenticidad de modo
que no pueden sustentar las irregularidades alegadas por los demandantes.
En todo caso, precisó que, aun pasando por alto la falta de autenticidad de
las pruebas, los hechos relatados no acreditan infracciones a la ley pues
promover, dentro de ejercicio de la labor parlamentaria, la obtención de
recursos para la realización de obras por conducto de los alcaldes no implica
ninguna ilegalidad; como tampoco donaciones particulares de los candidatos,
más cuando de los mismos audios se desprende la disociación entre el
aporte y los móviles políticos.
Aseguró que nada evidencia que el video en el que aparece el candidato
cerca de un ciudadano que porta una camiseta con publicidad política haya
ocurrido el día de la elección y al lado de un puesto de votación. Y, si ello
fuera así -sostuvo- solo configuraría una infracción a la prohibición de hacer
propaganda electoral el día de los comicios por parte de un tercero, lo que en
manera alguna afecta la validez del acto demandado.
Formuló el desconocimiento de los audios de WhatsApp, las capturas de
pantallas de WhatsApp y el video aportado con la demanda al tenor de lo
dispuesto en el artículo 272 del CGP. En concreto, desconoció las pruebas
relacionadas en los numerales 12, 13, 18, 19 y 23 del capítulo “ 8. PRUEBAS”
– PRUEBAS APORTADAS POR LA PARTE DEMANDANTE, literal a)
Documentales” de la demanda.
Precisó que los motivos del desconocimiento son los siguientes: (i) no se
puede asegurar quién fue la persona que los elaboró (requisito establecido
en el artículo 244 del CGP para considerar auténtico un documento); (ii) no
se tiene certeza de cómo se hicieron las grabaciones ni la captura de las
imágenes de WhatsApp, de manera que no puede conocerse si
corresponden a maniobras legales o a interceptaciones ilegales; (iii) no existe
información sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se
generaron las conversaciones; (iv) no hay certidumbre de que las voces
corresponden a las personas a las que se atribuyen y, (v) no hay certeza
sobre si estos audios y el video han sido editados de modo que no se puede
establecer el contexto pleno en que se dieron las conversaciones.
Agregó que aún en el caso de considerarse estos documentos auténticos, no
está acreditada la legalidad de la prueba. Advirtió que tantos los pantallazos
de conversaciones de WhatsApp como los audios emitidos por este mismo
medio corresponden a comunicaciones de carácter privado, cuya obtención y
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divulgación sin la autorización expresa de sus intervinientes deviene en una
prueba ilícita, que de conformidad con el artículo 29 de la Constitución resulta
nula de pleno derecho por haber sido obtenida con violación al debido
proceso. Esto hace indispensable que su valoración esté precedida por la
información de cómo ha sido obtenida, circunstancia sobre la cual la parte
demandante no ofreció ninguna información.
2.2. Consejo Nacional Electoral
Mediante apoderada, la entidad contestó la demanda en los siguientes
términos:
Sostuvo que no se tramitó ante el Consejo Nacional Electoral solicitud de
revocatoria de inscripción de la candidatura del señor Diógenes Quintero
Amaya, como representante a la Cámara por la Circunscripción Transitoria
Especial para la Paz 4, con fundamento en la inhabilidad endilgada. En
consecuencia, señaló que al no haberse conocido en sede administrativa la
causal de inhabilidad invocada en el presente asunto por parte del Consejo
Nacional Electoral, corresponde al contencioso administrativo decidir el fondo
de las pretensiones hoy planteadas en instancias jurisdiccionales, decisión a
la que esa corporación se atendrá en su integridad.
3. Actuación procesal
Mediante auto del 16 de mayo de 2022 se inadmitió la demanda al advertir
varias falencias en el escrito inicial. Entre ellas, la acumulación de causales
objetivas y subjetivas, por lo que se conminó a la parte actora para que
subsanara dichos yerros.
En memorial presentado el 24 de mayo de 2022, los demandantes
atendieron los requerimientos efectuados separando del escrito presentado
las causales subjetivas y objetivas. Bajo este radicado correspondió conocer
la demanda por la inhabilidad invocada y la presunta corrupción al elector y el
desconocimiento de las normas sobre financiación de campañas. En dicho
escrito se solicitó la suspensión provisional de los efectos del acto de
elección demandado, razón por la cual se corrió el respectivo traslado de la
medida cautelar, mediante auto del 31 de mayo de 2022.
Por auto del 23 de junio de 2022 se admitió la demanda únicamente por los
reparos y cargos antes señalados y se negó la suspensión provisional de los
efectos del acto acusado. Igualmente, se ordenaron las notificaciones
respectivas a las partes. El 28 de julio de 2022 fue contestada la demanda
por el Consejo Nacional Electoral y, el 4 de agosto siguiente, el demandado
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allegó su memorial de contestación.
A través de proveído del 19 de agosto de 2022 el despacho sustanciador
resolvió la excepción previa de inepta demanda por falta de requisitos
formales, formulada por el demandado, en el sentido de declararla no
probada.
Finalmente se advirtió que en este caso es posible dictar sentencia
anticipada de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo
182A de la Ley 1437 de 2011. Ello en consideración a que no había más
excepciones previas que resolver, con la salvedad de que las propuestas por
el Consejo Nacional Electoral y el apoderado del demandado son de mérito o
fondo y por ende, serían resueltas en la sentencia. Además, revisados los
escritos de demanda, traslado de la solicitud de medida cautelar y
contestaciones de la demanda se evidenció que las partes aportaron pruebas
documentales, razón por la cual, se configuraba la causal c) del numeral 1
del artículo 182A referido para dictar sentencia anticipada dentro del presente
asunto. También se podía aplicar el literal d) de la referida norma, en tanto
que, solo se advirtieron algunas solicitudes probatorias por las partes, las
cuales se negaron por no resultar necesarias ni pertinentes o por no cumplir
con los requisitos para la solicitud de la prueba.
Ahora bien, en la misma providencia, se precisó que el demandado alegó el
desconocimiento de las siguientes pruebas aportadas por la parte
demandante: (i) copia de la imagen de una conversación en WhatsApp entre
Deivy Bayona y Robinson Guerrero, (ii) audio de WhatsApp emitido por el
señor Deivy Bayona, (iii) audio de WhatsApp emitido por el presbítero de la
parroquia del corregimiento de La Victoria, y (iv) audio de WhatsApp de la
señora Berta Prado, con las que se pretende demostrar el supuesto apoyo
brindado por el alcalde de Hacarí al demandado.
Sobre el particular, el magistrado ponente determinó que la figura que
procede frente a los documentos declarativos emanados de terceros, según
el artículo 262 del Código General del Proceso, es la solicitud de ratificación
y no el desconocimiento, puesto que este último solo corresponde a los
documentos representativos y dispositivos emanados de terceros. Con todo,
de la petición de desconocimiento, en el escrito por medio del cual se
pronunció sobre las excepciones previas, la parte demandante se limitó a
decir que se tuvieran en cuenta los medios probatorios cuestionados, por
reunir las calidades del artículo 244 del GGP. De acuerdo con lo anterior, se
advirtió que las pruebas cuestionadas serían valoradas según lo establece el
artículo 262 del CGP junto con los demás medios probatorios que obran en el
expediente.
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Frente al desconocimiento del registro fílmico de publicidad política en el
puesto de votación en presencia del candidato demandado, se aclaró que, de
conformidad con lo establecido en el artículo 272 del Código General del
Proceso, esa figura no procede respecto de reproducciones de voz o de la
imagen de la parte contra la cual se aducen, frente a los cuales deberá
presentarse la tacha, instrumento que no fue utilizado por el demandado.
Con esa claridad, en la referida providencia el magistrado ponente en este
asunto procedió a decretar las pruebas documentales aportadas y a fijar el
litigio en los siguientes términos:
“En este caso debe determinarse si hay lugar o no a declarar la nulidad de la
elección del señor Diógenes Quintero Amaya como representante a la Cámara por
la Circunscripción Especial para la Paz No. 4. De manera concreta debe
determinarse:
• Si el demandado está incurso en la inhabilidad establecida en el numeral 2
del artículo 179 de la Constitución, por haberse desempeñado como Defensor
Regional Código 0060 y Asesor Grado 22 adscrito al despacho del Defensor.
• Determinar si el demandado incurrió en violación a las normas sobre
financiación de campañas por (i) recibir financiación y apoyo de miembros de
partidos políticos tradicionales y organizaciones políticas, concretamente del
señor Deyvy Bayona Guerrero, alcalde de Hacarí, y (ii) no haber realizado la
solicitud del anticipo de los recursos para la campaña, a pesar de la masiva y
excesiva publicidad que realizó.
• Establecer si el demandado incurrió en corrupción al elector por (i) haber
realizado una donación a la iglesia católica del municipio de Sardinata,
corregimiento de la Victoria, en su candidatura, para el arreglo del templo
religioso, al cumplir el sacerdote con una función social de incidencia como
parte de la identidad de la comunidad, y (ii) porque presuntamente el día de
las elecciones una persona estaba vestida con publicidad del demandado, con
su anuencia”.
Por último se corrió traslado a las partes para presentar escrito de alegatos
de conclusión por el término común de diez (10) días dentro del cual la
señora agente del Ministerio Público podría presentar el concepto respectivo.
4. Alegatos de conclusión
4.1. Parte demandante
Señalaron, respecto al cargo de la inhabilidad, que el demandado como “ ex
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asesor del Defensor del Pueblo se desempeñaba como un EMPLEADO PÚBLICO,
característica principal y no accesoria frente al desarrollo o no de función que
implica ejercer jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar
determinada por el constituyente, así mismo, que su empleo público fue
desarrollado dentro de un periodo inmediatamente inhabilitante previo a las
elecciones en la CITREP, por la cual fue declarado electo ante la Cámara de
Representantes por la curul de paz del Catatumbo a pesar de que éste conocía su
situación jurídica e inhabilitante para ser candidato a dicho escenario de
representación política de las víctimas del conflicto interno armado en los territorios
mas afectados y abandonados por el Estado Colombiano como es el Catatumbo”.
Indicaron que “el señor DIÓGENES QUINTERO AMAYA cumplió con el requisito
constitucional de ser EMPLEADO PÚBLICO, en la Defensoría del Pueblo casi de
manera continua bajo 2 cargos ocupados entre el 26 de abril de 2019 y el 15 de
septiembre de 2021, se reitera la configuración del elemento temporal de la
inhabilidad en demostrable sentido ya que ejerció hasta tan solo 7 meses antes de
las elecciones en el proceso de participación política de la víctimas en la 16
Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, es decir, no cumplió con lo
establecido en artículo 179 – 2 ya que indica la configuración de la inhabilidad para
ser congresista a “(…)” Quienes hubieren ejercido, como empleados públicos,
jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, dentro de los doce
meses anteriores a la fecha de la elección “(…)”.
Aseguraron que los cargos desempeñados por el demandado fueron
desarrollados en la región del Catatumbo, Norte de Santander, con impacto
en los 8 municipios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial
PDET, los cuales de conformidad con el Acto Legislativo 02 de 2021 fueron
los mismos en los que las comunidades campesinas contaron con el derecho
a ejercer el voto en el marco de las elecciones para 16 Circunscripciones
Transitorias Especiales de Paz.
Alegaron que “todo intento de la defensa del demandado en querer hacer ver como
un requisito principal aquel que por su suerte es accesorio, pues la norma superior
precitada no se trata de una simple inhabilidad, sino, que, configura con un requisito
principal que ya que como suficiente se reiteró en cuanto que se cumplió con lo
normado en ostentar la calidad de ser EMPLEADO PÚBLICO, indistintamente de
que si en la práctica o desarrollo de su empleo ejerció o no jurisdicción o autoridad
política, civil, administrativa o militar”.
Realizaron un cuadro comparativo de las funciones del defensor del pueblo y
el cargo de asesor, para señalar que dentro de aquellas se encontraban los
verbos rectores de asesorar, evaluar, controlar, orientar, coordinar, conducir,
revisar y propiciar, acciones cuyo desarrollo “no pueden ser observados sin el
verdadero alcance en función de sus labores, mas aún, cuando estos estaban
directamente a la orden del señor Defensor del Pueblo como máximo representante
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de dicha institución”.
Destacaron que, además, debía tenerse en cuenta el nivel de injerencia con
el que el señor Diógenes Quintero Amaya cuenta al interior de la Defensoría
del Pueblo, pues su recorrido profesional demuestra que por influencias de
tipo político desde hace varios años, le han permitido hacer parte del
Ministerio Público. Inicialmente con 2 periodos como personero del municipio
de Hacarí, en la región del Catatumbo, Norte de Santander, es decir, del
mismo ente territorial de donde recibió apoyo público en el marco de la
campaña electoral a través de su actual alcalde con quien guarda estrecha
relación política.
Aportaron algunas imágenes en las se presuntamente se ve la gestión y
desempeño de labores del demandado en la Defensoría del Pueblo.
Indicaron, respecto del segundo cargo, que “el señor DEYVY BAYONA
GUERRERO, actual alcalde del municipio Hacarí, del cual es oriundo el demandado
DIÓGENES QUINTERO AMAYA, brindo (sic) apoyo a éste último en el marco de la
campaña electoral para llegar a ocupar la curul de paz, pues dicho apoyo lo
manifestó después de hacer de un lado a los verdaderos procesos sociales
legitimados en la participación política de la víctimas, y por el contrario dar el apoyo
al demandado de quien ha obedecido a los partidos políticos tradicionales, hechos
que constan en audio y artículo del medio de comunicación EL ESPECTADOR”.
Insistieron que “a pesar de romper la regla principal frente a la preponderancia del
financiamiento de la campaña, este realizo (sic) una gran campaña publicitaria en
los 8 municipios PDET en los cuales se podía realizar la campaña, la cual consistió
en abundante material visual que denotaba por su cantidad un alto costo
económico”.
Reiteraron los argumentos respecto al cargo de “corrupción al elector” en el
sentido de afirmar que el demandado realizó una donación a la iglesia
católica del municipio de Sardinata, corregimiento de la Victoria, en su
candidatura, para el arreglo del templo religioso, pese a que el sacerdote
cumple con una función social de incidencia como parte de la identidad de la
comunidad. Además, porque el día de las elecciones una persona estaba
vestida con publicidad del demando, con su anuencia.
6.2. Parte demandada
Reiteró que, la inhabilidad invocada no puede predicarse del cargo de
defensor regional, puesto que el elemento temporal no se cumple. Como se
indicó, este elemento se fijó en 12 meses anteriores a la fecha de la elección.
En este caso, los comicios en los cuales resultó electo el demandado se
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realizaron el 13 de marzo de 2022, de modo que el periodo inhabilitante inició
el 13 de marzo de 2021. Sin embargo, está acreditado que Diógenes
Quintero Amaya fue desvinculado el 12 de febrero de 2021, es decir, antes
del inicio del periodo inhabilitante.
Indicó que, frente al cargo de asesor grado 22, no se configura la inhabilidad
consagrada en el artículo 179-2 de la Constitución porque los elementos
material y territorial no se demostraron, carga que le correspondía a la parte
actora, según lo establecido en el artículo 167 del CGP.
Mencionó que los demandantes acusan a Diógenes Quintero Amaya de
haber recibido apoyo de partidos y organizaciones políticas que no fueron
identificadas y, además carece de respaldo probatorio. En cuanto al presunto
respaldo recibido del alcalde de Hacarí, ello no encuadra en los supuestos
fácticos de la norma referida: recibir apoyo no es lo mismo que realizar
alianzas, coaliciones o acuerdos; adicionalmente, las alianzas, coaliciones o
acuerdos deben ser entre candidatos a la CITREP y candidatos o listas de
las circunscripciones ordinarias que no es el caso del mencionado
mandatario local. Por tanto, tampoco puede predicarse del demandado la
trasgresión del Acto Legislativo 2 de 2021.
Insistió que las pruebas relacionadas con conversaciones de texto, audios y
videos supuestamente transmitidos por WhatsApp, tal como las pretende
hacer valer la parte actora, no corresponden a mensajes de datos porque no
cumplen con los estándares establecidos por la ley y la jurisprudencia para
que puedan ser validadas como pruebas judiciales.
Anotó que, toda vez que a este proceso lo que se aportaron fueron capturas
(imágenes) de pantallazos de conversaciones de WhatsApp, no la
conversación en su archivo original (ni de texto ni de voz), se debe concluir
que esta prueba no logra siquiera ser, dentro de este proceso, un mensaje de
datos. De conformidad con lo establecido por el inciso 2, del artículo 247 de
CGP, “La simple impresión en papel de un mensaje de datos será valorada de
conformidad con las reglas generales de los documentos”. La captura de una
imagen por conducto de un teléfono no es el archivo original de una
conversación de texto y se aproxima más al concepto de la impresión parcial
de un documento, pues se trata de algo así como una fotografía de este.
Resaltó que, en este orden de ideas, ese documento (la imagen capturada
de una parte de un documento de WhatsApp) no aparece suscrito por nadie,
y solo el actor, sin prueba alguna, lo atribuye a una de las partes, sin
identificar la otra, y sin explicar cómo obtuvo el pantallazo de una
comunicación cuya privacidad está garantizada por la Constitución.
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Alegó que, comoquiera que el desconocimiento de las pruebas que se
presentó fue desestimado por el despacho sustanciador, porque ello solo
corresponde para documentos dispositivos y/o representativos, fluye con más
fuerza frente a los mensajes de datos que no tienen esta característica, la
necesidad de cumplir plenamente las exigencias que la Ley 527 de 1999 y la
jurisprudencia exigen para que sirvan como prueba judicial.
Señaló que, frente a la captura de pantalla correspondiente a una supuesta
conversación entre Deyvy Bayona Guerrero, alcalde de Hacarí y Robinson
Guerrero que según la parte actora da cuenta del apoyo hacia el candidato
electo Diógenes Quintero, no puede tenerse como mensaje de datos, pues
no se aporta el archivo original en que se produjo la conversación ni cumple
ninguna de las condiciones establecidas en el artículo 12 de la Ley 527 de
1999.
Destacó que, considerada como un documento, si bien debería operar la
presunción de autenticidad por mandato el artículo 244 del CGP tal como lo
ha reconocido la Sección Quinta, lo cierto es que en este caso no es posible
predicarla por cuanto la norma referida establece que “Los documentos
públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o
en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la
reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no
hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso.”
Expuso que la presunción opera cuando no se haya presentado tacha de
falsedad o desconocimiento del documento. En la contestación de la
demanda en este asunto se planteó el desconocimiento de los audios de
WhatsApp, las capturas de pantallas de WhatsApp y el video aportado con la
demanda al tenor de lo dispuesto en el artículo 272 del CGP. Al haberse
desconocido dichos documentos, no pueden presumirse como auténticos.
Anotó que, aunque en el auto de 19 de agosto de 2022 se afirmó que dicha
figura no es procedente, lo cierto es que, según la norma referida, basta que
se proponga el desconocimiento para impedir la aplicación de la presunción.
Afirmó que, en todo caso, no es posible establecer con plena certeza quiénes
intervienen en la supuesta conversación que está reflejada en el documento
“pantallazo”, pues solo aparece “Deyvi Bayona” pero se ignora si en realidad
corresponde a dicha persona (si bien aparece otra captura de pantalla con la
información de un contacto de WhatsApp con el nombre de Deivy Bayona y
un número de celular, no está demostrado que en efecto el titular de dicha
línea sea ese sujeto) y también se desconoce quién es el otro interlocutor.
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Por tanto, desde esta perspectiva tampoco es posible aplicar la presunción
de autenticidad del documento en cuestión, pues de él no se tiene total
certeza de quién lo elaboró, suscribió o firmó.
Resaltó que, la afirmación hecha en la demanda de que la conversación se
entabló entre el alcalde de Hacarí y Robinson Guerrero está huérfana de
prueba. De modo que, la parte actora no cumplió con la carga probatoria que
le correspondía. En consecuencia, ante la falta de certeza de quién o quiénes
intervinieron en la conversación plasmada en la captura de pantalla de
WhatsApp, no es posible configurar la autenticidad que se requiere para que
el documento sea valorado.
Argumentó que, en cuanto al audio de WhatsApp supuestamente emitido por
el alcalde de Hacarí Deyvy Bayona, no puede ser tenido como mensaje de
datos; y, considerado como documento, son válidas las consideraciones
expuestas anteriormente frente a la imposibilidad de aplicar la presunción de
autenticidad en tanto también fue desconocido. Ahora bien, la parte actora
afirmó que la grabación de voz corresponde a un “Audio de WhatsApp – emitido
por el actual alcalde del municipio de Hacarí Norte de Santander SEÑOR DEYVY
BAYONA, reconoce su apoyo directo al candidato electo DIÓGENES QUINTERO
AMAYA.”
Sostuvo que no existe certeza de que la voz corresponda a la del señor
Bayona pues la persona que habla no se identifica y no hay prueba alguna
en el expediente que permita individualizar a la persona que quedó registrada
en la grabación, por tanto, no se puede predicar la autenticidad de este
documento.
Destacó que si como lo afirmó la parte actora, la grabación proviene de
WhatsApp, no se acreditó que hubiera sido obtenida en forma lícita. En
principio, un chat de WhatsApp se establece entre 2 usuarios y, en este caso,
se desconoce quién fue el receptor del audio que se le atribuye al referido
alcalde y cómo los demandantes tuvieron acceso a él. Además, respecto de
una conversación que se surte mediante dicho sistema de mensajería existe
una expectativa de privacidad, tal como lo ha reconocido la Sección Quinta,
siguiendo las consideraciones de la Corte Constitucional.
Anotó que, respecto del valor probatorio de las notas periodísticas, la
Sección Quinta recientemente mencionó que tanto su naturaleza como
alcance probatorio ha sido objeto de una línea jurisprudencial pacífica,
compilada en gran parte, en la sentencia de 29 de mayo de 2012, proferida
por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
En ese sentido, sostuvo que la Sala Electoral destacó el carácter de pruebas
documentales que se les ha otorgado, con base en los artículos 251 del
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CPC, hoy 243 del CGP, “por cuanto, éstas representan los hechos que dicen
registrar, constituyéndose, según la fórmula genérica empleada por el legislador, en
objetos muebles que disponen de una esencia representativa o declarativa, lo cual
ha permitido acuñarles la denominación de documentos.” Sin embargo, precisó
que dicho carácter no implica darle pleno valor probatorio.
Aseguró que no está acreditado que Diógenes Quintero Amaya haya
desistido del anticipo para la financiación de su campaña política. Además,
no existe prueba alguna sobre la supuesta “masiva y excesiva publicidad que
realizó”. Por tanto, el segundo problema jurídico establecido en la fijación del
litigio se debe responder en forma negativa, pues el demandado no
trasgredió las normas sobre financiación de campañas.
Adujo que para probar el cargo de corrupción, la parte actora aportó como
prueba un “Audio de Whatsapp – emitido por el presbítero de la parroquia del
corregimiento de la Victoria del municipio de Sardinata GABRIEL PEÑA, en cual
reconoce recibió dinero en efectivo de parte del candidato electo DIÓGENES
QUINTERO AMAYA”. En cuanto a dicha prueba, afirmó que son válidas las
consideraciones expuestas anteriormente frente a la improcedencia de
tenerlo como un mensaje de datos; y, considerado como documento, la
imposibilidad de aplicar la presunción de autenticidad en tanto también fue
desconocido. Sin embargo -señaló- si la Sección valora el documento, se
deberá determinar si el demandado ofreció dádivas a cambio de votos en su
campaña política, es decir, si incurrió en prácticas corruptas que generen la
anulación de su elección.
Concluyó que, respecto a la persona que estaba con publicidad del
demandado el día de las elecciones, nada evidencia que el video en el que
aparece el candidato cerca de un ciudadano que porta una camiseta con
publicidad política haya ocurrido el día de la elección y al lado de un puesto
de votación. Se desconoce la fecha en que fue efectuado el registro
audiovisual pues la persona no identificada que hace la grabación se limita a
decir, “Siendo las 9 en punto de la mañana en el centro educativo rural El Tarra en
el corregimiento de San José del Tarra…”. No dijo la fecha y tampoco se
observa ningún elemento que permita afirmar sin ambages que corresponde
al día de las elecciones.
7. Concepto del Ministerio Público.
La procuradora séptima delegada ante esta Corporación rindió concepto en
los siguientes términos:
Sostuvo respecto de la inhabilidad invocada, que en lo concerniente al cargo
de defensor regional código 060, se aceptó la renuncia del demandado a
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través de la Resolución 225 del 12 de febrero de 2021, es decir, antes de que
iniciaran los doce meses que precedían las elecciones del año 2022, período
que iniciaba el 13 de marzo de 2021, por lo tanto, no se encuentra
configurado el elemento temporal de la inhabilidad, razón por la que no es
necesario estudiar los demás elementos que la configuran.
Anotó que en relación con el cargo de asesor grado 22, adscrito al despacho
del defensor del Pueblo, el demandado fue nombrado por medio de la
Resolución 305 del 26 de febrero de 2021 y, desempeñó dicho empleo hasta
el 7 de septiembre de 2021. Entonces, resulta claro que, lo ejerció durante el
período inhabilitante, con lo cual se demuestra la configuración del elemento
temporal de la prohibición. En el mismo sentido, se encuentra probado que el
señor Quintero Amaya ostentó la calidad de empleado público, pues fue
nombrado en un cargo de libre nombramiento y remoción en la Defensoría
del Pueblo, es decir, tenía una vinculación legal y reglamentaria con la
mencionada entidad, circunstancia que acredita el elemento subjetivo de la
inhabilidad.
Expuso que, en cuanto al elemento territorial, se demostró que el demandado
ejerció el cargo en la Defensoría Regional de Ocaña (Norte de Santander)
(sic); esto es, que se desempeñó como empleado público en la
circunscripción en la que se debía realizar la elección, así las cosas, también
se encuentra acreditado dicho elemento de la inhabilidad. Sin embargo,
también es claro que no se encuentra plenamente probado que se cumple
con el elemento objetivo; esto es, el ejercicio de la jurisdicción o autoridad
civil, política, administrativa o militar. Al revisar las funciones enunciadas en
el manual de funciones para el cargo de asesor grado 22, sostuvo que no es
claro que exista relación con el ejercicio de jurisdicción, mucho menos
ostentaba ningún tipo de autoridad, pues aquellas se encuentran
encaminadas únicamente a cumplir con la función de asesorar y orientar al
defensor del pueblo.
Agregó que no se evidencia que el demandado ejerció autoridad civil o
política, en razón a que, de conformidad con las funciones del cargo de
asesor grado 22, no le era posible tomar decisiones sobre sus dependientes
y ciudadanos; esto es, que hubiera tenido una posición de poder y de
imposición. Además, en el plano territorial, la autoridad política solamente es
ejercida por los gobernantes como jefes de los entes territoriales, sus
secretarios y jefes de departamentos administrativos, como miembros del
gobierno respectivo.
Precisó que, en cuanto al apoyo irregular que recibió el demandado por parte
del alcalde de Hacarí y, los presuntos ofrecimientos realizados por el
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accionado a la comunidad para obtener votos a su favor, de acuerdo con el
artículo 243 del Código General del Proceso- CGP, los videos, las
grabaciones y las fotografías son documentos, por lo que su valoración se
sujeta a las reglas establecidas para este medio de prueba. Así, afirmó que la
jurisprudencia del Consejo de Estado ha indicado que los videos, al igual que
las fotografías, son documentos meramente representativos que pretenden
demostrar la ocurrencia de un hecho.
Manifestó que resulta importante mencionar que las grabaciones de voz o
imagen realizadas en los ámbitos privados sin el consentimiento del titular del
derecho y que después se pretenden aportar como prueba a un proceso
judicial, son ilícitas y, por tanto, corresponde al juez excluirlas sin más, razón
por la que cual no puede ser objeto de valoración. Para el Ministerio Público,
no se evidencia que el presunto apoyo brindado por el alcalde de Hacarí
tenga la suficiente relevancia en el presente medio de control de nulidad
electoral. La sola expresión “la verdad yo sí le daré el respaldo a Diógenes hasta
donde se pueda, ahí con un personal”, no comporta una irregularidad en cabeza
del demandado que pueda viciar de nulidad el acto de su elección, toda vez
que, cualquier reproche en relación con la mencionada conducta, únicamente
puede ser endilgada al sujeto activo de la misma, por la presunta
intervención en política, con las correspondientes connotaciones
sancionatorias en materia disciplinaria y/o penal.
Explicó que tampoco están dados los elementos de juicio que sumen una
contrariedad entre la elección del señor Diógenes Quintero Amaya como
representante a la Cámara por la Circunscripción Especial para la Paz 4 para
el período 2022-2026 y, lo dispuesto en los artículos 3 y 8 del Acto
Legislativo 02 de 2021, que establecen que la financiación de las campañas
para las CITREP será preponderantemente estatal, con base en el
argumento de que el accionado no realizó la solicitud de anticipos de la
campaña, a pesar de la masiva y excesiva publicidad que realizó. Afirmó que
el anterior argumento no tiene ningún asidero jurídico, en razón a que la
solicitud del anticipo de la campaña le corresponde a las organizaciones
promotoras de listas y no a los candidatos, como equivocadamente lo indica
la parte actora.
Frente al cargo de corrupción al elector, precisó que el audio en el que
presuntamente se escucha decir al sacerdote Gabriel Peña que “ Eh, también
Diógenes que es un candidato donó millón quinientos mil (1.500.000) pesos,
Diógenes donó sin ningún compromiso político”, constituye una manifestación
realizada por un tercero, de la cual no es posible demostrar plenamente que
el apoyo económico dado para el templo por parte del demandado esté
dirigido a afectar la libertad de los votantes. La mencionada donación a la
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Iglesia se efectuó voluntariamente sin un compromiso político como lo
precisó el sacerdote, sin que se le hubiere pedido a la comunidad religiosa
que votaran por algún candidato en particular. En todo caso, consideró que
este hecho debe ser de conocimiento del Consejo Nacional Electoral, para
que en el marco de sus competencias, lo analice y determine la eventual
trasgresión a las normas de financiación de campaña por parte del
demandado.
Anotó que, igualmente, en relación con el audio en el que presuntamente se
escucha decir a la señora Berta Prado que necesita recaudar votos para el
candidato “Diógenes” porque este va a regalar materiales para la escuela, es
claro que no está probado que el demandado fue quien realizó directa o
indirectamente prácticas corruptas, pues el anterior medio de prueba no
resulta suficiente para demostrar dicha conducta irregular.
Concluyó que, en consideración a la persona que estaba vestida con
publicidad de demandado a pocos metros de un puesto de votación, el
referido cargo no tiene vocación de prosperidad, en razón a que, si bien es
cierto que en el video aparece una persona con una camiseta blanca con
publicidad del demandado, en ningún momento se observa que esté
participando en actividades tendientes a lograr que los electores, por medio
de dádivas, depositaran su voto a favor del electo representante.
En conclusión, solicitó denegar las pretensiones de la demanda.
Surtidos los trámites legales pertinentes, el proceso se adelantó con la
observancia de las ritualidades previstas en la ley procesal y por lo tanto, sin
que obre causal de nulidad que afecte la actuación, procede la Sección
Quinta del Consejo de Estado a resolver previas las siguientes
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para conocer en única instancia de la presente
demanda de nulidad electoral de conformidad con lo dispuesto en el numeral
3 del artículo 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo3 y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la
Sala Plena de esta Corporación.
3
Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. “El Consejo de
Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones,
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2. El acto acusado
El acto cuya nulidad se pretende dentro del presente asunto es la elección
del señor Diógenes Quintero Amaya como representante a la Cámara por la
Circunscripción Transitoria para la Paz 4.
3. Problema Jurídico
La controversia en este proceso está circunscrita a determinar, de acuerdo
con la fijación del litigio, si el acto de elección se encuentra viciado de nulidad
por cuanto, presuntamente, el demandado estaba incurso en la inhabilidad
establecida en el numeral 2 del artículo 179 de la Constitución, por haberse
desempeñado como defensor regional de Ocaña Código 0060 y asesor
grado 22 adscrito al despacho del defensor del Pueblo, dentro de los 12
meses anteriores a la elección.
Asimismo, se deberá determinar si el demandado incurrió en violación a las
normas sobre financiación de campañas por (i) recibir financiación y apoyo
de miembros de partidos políticos tradicionales y organizaciones políticas,
concretamente del señor Deyvy Bayona Guerrero, alcalde de Hacarí, y (ii) no
haber realizado la solicitud del anticipo de los recursos para la campaña, a
pesar de la masiva y excesiva publicidad que realizó.
Finalmente, deberá establecerse si el demandado incurrió en corrupción al
elector por (i) haber realizado una donación a la iglesia católica del municipio
de Sardinata, corregimiento de la Victoria, en su candidatura, para el arreglo
del templo religioso. Ello con fundamento en que, a su juicio, el sacerdote
con una función social de incidencia como parte de la identidad de la
comunidad. Igualmente, por la financiación de algunos materiales para una
escuela municipal (ii) porque presuntamente el día de las elecciones una
persona estaba vestida con publicidad del demandado, con su anuencia”.
Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala
disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos:
(…) 3. De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar curul, según el caso, del
Presidente y el Vicepresidente de la República, de los Senadores, de los representantes a
la Cámara, de los representantes al Parlamento Andino, de los gobernadores, del Alcalde
Mayor de Bogotá. (…)”
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4. La inhabilidad prevista en el numeral 2 del artículo 179 de la
Constitución Política.
De acuerdo con la normativa constitucional, no podrán ser congresistas:
“ARTÍCULO 179. […] 2. Quienes hubieren ejercido, como empleados públicos,
jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, dentro de los
doce meses anteriores a la fecha de la elección”.
Esta Sala Electoral tiene una línea jurisprudencial4 consolidada, en el sentido
que deben concurrir todos los elementos considerados para que prospere
dicha inhabilidad. En efecto, esta Sección ha precisado que, para que se
configura la mentada inhabilidad, deben verificarse los siguientes elementos:
Elemento temporal: que la inhabilidad se compruebe durante los 12 meses
anteriores a la elección.
Elemento subjetivo: que se haya desempeñado como empleado público.
Elemento objetivo o material: en virtud de dicho empleo, se predique el
ejercicio de jurisdicción o autoridad (política, civil, administrativa o militar).
Elemento territorial: El ejercicio de jurisdicción o autoridad en el respectivo
municipio o distrito.
Sobre el aspecto material de la inhabilidad, esto es, el ejercicio de autoridad
o jurisdicción debe distinguirse cada uno de estos conceptos. En efecto, la
actividad jurisdiccional corresponde a la labor de administrar justicia, en
todos los ámbitos, tanto por las autoridades como a los particulares que les
es encomendada esta labor, en los términos del artículo 13 de la Ley
Estatutaria de Administración de Justicia.
Ahora bien, la autoridad civil se encuentra definida en el artículo 188 la Ley
136 de 1996 el cual prevé que: “(…) se entiende por autoridad civil la capacidad
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Rad: 11001-03-
28-000-2018-00018-00. Sentencia de 25 de octubre de 2018. M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta. Rad: 11001-03-28-000-2014-00021-00. Sentencia de 15 de abril de 2015. M.P.
Susana Buitrago Valencia; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta. Rad: 11001-03-28-000- 2018-00628-00. Sentencia de 16 de mayo de 2019.
M.P. Alberto Yepes Barreiro; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta. Rad: 11001-03-28-000-2018-00029-00. Sentencia de 24 de noviembre de
2018. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Citadas en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta. Rad: 11001-03-28-000-2018-00091-00. Sentencia de 30 de
mayo de 2019. M.P. Rocío Araújo Oñate.
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legal y reglamentaria que ostenta un empleado oficial para cualquiera de las
siguientes atribuciones: 1. Ejercer el poder público en función de mando para una
finalidad prevista en esta Ley, que obliga al acatamiento de los particulares y en
caso de desobediencia, con facultad de la compulsión o de la coacción por medio de
la fuerza pública. 2. Nombrar y remover libremente los empleados de su
dependencia, por si o por delegación. 3. Sancionar a los empleados con
suspensiones, multas o destituciones”.
Sobre la autoridad administrativa, la Sección Quinta la ha abordado en
distintas oportunidades para definir su alcance. En efecto, se ha precisado
que “se requiere de un grado específico otorgado por la estructura de cada entidad,
a partir del cual se puedan tomar decisiones y hacerlas obedecer”5.
Sin embargo, la autoridad administrativa carece de una definición legal en el
ordenamiento jurídico colombiano que ha llevado a ver en ella una noción
jurídica indeterminada6, que genera al interior de la jurisprudencia de este
Alto Tribunal un movimiento que ha propendido por esclarecer sus alcances,
y en cuyo desarrollo pueden reconocerse diversas etapas que transitan de su
homologación con la autoridad civil7 hasta su autonomía frente a ésta8.
Así, para suplir este vacío, la Sala Plena del Consejo de Estado y esta
Sección9 han acudido, “para efectos de precisar los elementos que
caracterizan este poder (…) no con carácter analógico sino a título de
referente conceptual”10, a la definición de dirección administrativa plasmada
en el artículo 190 de la Ley 136 de 1994 que en su tenor literal reza:
“DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. Esta facultad además del alcalde, la ejercen los
secretarios de la alcaldía, los jefes de departamento administrativo y los gerentes o
jefes de las entidades descentralizadas, y los jefes de las unidades administrativas
especiales, como superiores de los correspondientes servicios municipales.
5
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de febrero de 2017, expediente: 05001-
23-33-000-2015- 02491-01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
6
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 05001-
23-33-000-2015-02491-01. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 9 de
febrero de 2017.
7
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Rad. AC-7974. M.P.
Ricardo Hoyos Duque. Sentencia de 1° de febrero de 2000.
8
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-
28-000-2018-00628-00. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 16 de mayo de 2019.
9
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 2007-
00800. M.P. Susana Buitrago Valencia. Sentencias del 20 de febrero de 2009 y Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 2007-00704-02. M.P.
Susana Buitrago Valencia Sentencia de 19 de marzo de 2009.
10
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Rad. 23001-23-31-000-
2008-00087-03(IJ). M.P. Susana Buitrago Valencia. Sentencia de 30 de noviembre de 2010.
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También comprende a los empleados oficiales autorizados para celebrar contratos o
convenios; ordenar gastos con cargo a fondos municipales; conferir comisiones,
licencias no remuneradas, decretar vacaciones y suspenderlas, para trasladar
horizontal o verticalmente los funcionarios subordinados reconocer horas extras,
vincular personal supernumerario o fijarle nueva sede al personal de planta; a los
funcionarios que hagan parte de las unidades de control interno y quienes legal o
reglamentariamente tengan facultades para investigar las faltas disciplinarias.”
A la luz de esta prescripción, la jurisprudencia ha reconocido que la autoridad
administrativa “se refiere al desempeño de un cargo público que otorga a su
titular poder de mando, facultad decisoria y dirección de asuntos propios de
la función administrativa que se dirigen al funcionamiento del aparato
administrativo”11, conjugando en esta fórmula dos tipos de ingredientes, a
saber: uno de corte instrumental; el otro, de tinte finalístico.
En lo que refiere al primero de ellos12, la autoridad administrativa tan solo
podrá verse reflejada en competencias que doten al funcionario de
verdaderas herramientas de dominio o, como lo ha expresado la Sala13 en
otras oportunidades, de potestades que le permitan imponerse, decretar,
mandar y hacerse obedecer, denotando, en general, un grado de autonomía
decisoria en el ejercicio de las funciones que le son confiadas a los
servidores.
No obstante, el concepto estaría incompleto si a él no se añadiera el
ingrediente teleológico, pues las facultades impositivas deben siempre
perseguir el funcionamiento efectivo de la administración pública, en
consonancia con los principios rectores de los que trata el artículo 20914 de la
Constitución Política de 1991, en aras de proporcionar un manejo adecuado
de su recurso humano, de sus bienes o del patrimonio a su cargo15.
11
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. N°.
41001-23-31-000-2003-01299-02(3657). M.P. Filemón Jiménez Ochoa. Sentencia de 9 de
septiembre de 2005.
12 Instrumental.
13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad.
N°.27001-23-31-000-2000-0934-01(2804). M.P. Darío Quiñones Pinilla. Sentencia de 28 de
febrero de 2002.
14 “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la
desconcentración de funciones.”
15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. N°.
50001-23-31-000-2007-01129-01. M.P. Filemón Jiménez Ochoa. Sentencia de 18 de febrero
de 2010.
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Ahora bien, la Sección Quinta del Consejo de Estado16 ha aceptado que a la
noción de autoridad administrativa puede arribarse a través de un criterio
funcional que, a partir del análisis casuístico de las competencias atribuidas
a un cargo, permita obtener la certeza de que el titular de la función detenta
la autonomía decisoria requerida; o mediante el uso de un criterio orgánico
que se ocupa de extraer, tomando como base la ubicación jerárquica del
empleo, el ejercicio de la dirección administrativa que la caracteriza,
materializada en poderes de mando.
Al respecto, en decisión de 9 de septiembre de 200517, esta Sala expresó:
“Es claro, entonces, que para establecer si el ejercicio de determinado cargo público
implica el ejercicio de autoridad administrativa, puede acudirse, o bien a un criterio
orgánico, o bien a un criterio funcional. En virtud del primero, es posible entender
que el ejercicio de determinado cargo conlleva el ejercicio de autoridad
administrativa por tratarse de aquellos que, de conformidad con la ley, implican
dirección administrativa, por ser ésta es una manifestación de dicha autoridad. Y,
acudiendo al segundo, será posible concluir que las funciones propias de un
determinado cargo implican el ejercicio de dicha autoridad, en atención al análisis
que de dichas atribuciones haga el juzgador en el caso concreto.” (Negrilla fuera de
texto)
Así, desde el enfoque funcional, la jurisprudencia18 ha admitido que
comportan autoridad administrativa de conformidad con el artículo 190
ibidem:
● La celebración de contratos o convenios.
● La ordenación de gastos u horas extras.
● La autorización de comisiones, licencias no remuneras, el decreto de
vacaciones y su suspensión.
● El traslado horizontal o vertical de los funcionarios subordinados.
● La vinculación de personal supernumerario o el establecimiento de una
nueva sede al personal de planta.
● Hacer parte de las unidades de control interno o investigar las faltas
disciplinarias.
Sin que se trate de un listado taxativo, pues el catálogo de funciones que
implican el ejercicio de este tipo de autoridad puede verse ampliado, siempre
16 En reciente decisión, esta Sección ratificó el uso de los denominados criterios: Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 50001-23-33-000-2020-
00012-01 acumulado. M.P. Rocío Araújo Oñate. Auto de 1° de octubre de 2020.
17
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. N°.
41001-23-31-000-2003-01299-02(3657). M.P. Filemón Jiménez Ochoa.
18 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 70001-
23-33-000-2020-00035-01. M.P. Rocío Araújo Oñate. Auto de 15 de octubre de 2020.
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y cuando, eso sí, las competencias analizadas cumplan con las condiciones
hasta aquí referidas, esto es: que se constituyan en manifestaciones propias
de la facultad decisoria atribuida al cargo, y cuyo propósito sea el
cumplimiento de los fines esenciales del órgano administrativo al que se
encuentra adscrito, ya que, como lo ha advertido la Sala Plena de esta
Corporación, la autoridad administrativa es:
“…aquella que ejercen quienes desempeñan cargos de la administración nacional,
departamental y municipal o de los órganos electorales y de control que impliquen
poderes decisorios de mando o imposición sobre los subordinados o la sociedad. La
autoridad administrativa, comprende, entonces, las funciones administrativas
de una connotación como la descrita y excluye las demás que no alcanzan a
tener esa importancia.”19 (Negrillas fuera de texto)
Sobre el ejercicio de autoridad política. La Sección Quinta del Consejo de
Estado la ha definido como la capacidad para presentar proyectos de Ley y
sancionarlas, manejar las relaciones con los otros poderes y con otros
Estados, gestionar, trazar y apalancar el rumbo de la Nación.
Finalmente, no se requiere la verificación efectiva de que el servidor público
haya hecho uso de algunas de las atribuciones que le otorga la ley, sino que
basta con que aquel tenga la virtualidad o potencialidad de desarrollarlas,
para afirmar que ejerció autoridad. “La autoridad se ejerce por el mero hecho de
detentarla”20 .
5. Comisión de prácticas corruptas por los candidatos de elección
popular como causal de nulidad
Las prácticas relacionadas con la compra de votos y prácticas corruptas
habían sido catalogadas clásicamente por la jurisprudencia de esta Sección
como violencia sicológica contra el elector y se habían analizado como una
causal objetiva a la luz de lo consagrado en el numeral 1 del artículo 275 de
la Ley 1437 de 2011 que establece como una causal específica de nulidad
electoral el haber “ejercido cualquier tipo de violencia sobre los nominadores,
los electores o las autoridades electorales”.
Para la prosperidad de dicha casual jurisprudencialmente se exigía la
demostración algunos elementos específicos, a saber:
19
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Rad. 11001-03-15-000-
2001-0161-01(PI-025). M.P. Darío Quiñones Pinilla. Sentencia del 27 de agosto de 2002.
20 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17 de octubre de 2013, CP. Alberto
Yepes Barreiro Rad. 19001-33-31-006- 2011-00442- 01
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i) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitan demostrar que
existió la violencia alegada, lo cual además del factor objetivo que incluye
que los constreñidos ejercieron el voto en determinadas zonas, puestos y
mesas, tiene un factor subjetivo, es decir que dicho voto se dio como
consecuencia de las dádivas ofrecidas y/o recibidas;
ii) Que, en caso de violencia sicológica, las dádivas fueron otorgadas por los
demandados con el propósito señalado por el demandante, es decir, para
constreñir la voluntad del elector,
iii) Cuántos ciudadanos votaron en razón de haber recibido un pago o una
promesa de dádiva; y
iv) Que el fraude de esos votantes tuvo la potencialidad de modificar el
resultado electoral.
No obstante, a partir de la sentencia del 16 de mayo de 2019 dentro del
expediente 11001-03-28-000-2018-00084-00 la Sala recogió dicha postura y
planteó una novedosa tesis jurisprudencial según la cual el análisis de la
incidencia de las prácticas relacionadas con corrupción que afecten la
libertad del elector deben ser estudiadas no desde la óptica de la causal
objetiva de nulidad electoral, sino desde el punto de vista de violación de
norma superior caso en el cual no se requeriría de la demostración taxativa
de los requisitos en cita.
En dicha oportunidad, la Sección precisó qué conductas como las antes
señaladas desconocían directamente los artículos 40 numeral 1 y 258 de la
Constitución Política, normas en que deben fundarse las elecciones de
carácter popular. Con todo, aclaró que dada la naturaleza objetiva del medio
de control de nulidad electoral, en el análisis de la conducta del demandado
no se realizaba un juicio de culpabilidad propio de otros mecanismos de
control como la pérdida de investidura o la acción penal, sino simplemente se
verifica o desvirtúa la comisión de las prácticas corruptas con la participación
directa o indirecta del candidato al cargo de elección popular. En efecto, en
ese importante precedente, se estableció:
“(…) actualmente es claro que las causales de nulidad del acto electoral son: i) las
generales consagradas en el artículo 137 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y ii) las específicas enumeradas
en el artículo 275 de esa misma codificación
Dentro de las causales generales de nulidad se encuentran la infracción de las
normas en que debe fundarse el acto; la falta de competencia; la expedición
irregular; el desconocimiento del derecho de audiencia y de defensa; la falsa
motivación y la desviación de poder.
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Conforme lo anterior, puede afirmarse que la corrupción de las prácticas
electorales constituye una clara violación de los artículos 40 y 258
Constitucionales anteriormente desarrollados, toda vez que se afecta el voto
libre y secreto y el derecho a elegir y ser elegido sin coacción alguna, lo cual
redunda, se insiste en orden democrático que debe regir un Estado Social de
Derecho como el colombiano.
Es claro que la alteración indebida de la voluntad de los electores a través de
presiones de cualquier tipo que afecten su libertad y vicien el voto, como por
ejemplo, la corrupción a través de coacción a los votantes o el ofrecimiento y/o
entrega de dádivas para que acudan a las urnas en un sentido determinado,
desconocen principios democráticos fundantes.
Adicionalmente se advierte que las prácticas relacionadas con la compra de votos
han sido catalogadas clásicamente por la jurisprudencia de esta Sección como
violencia sicológica contra el elector y se han analizado como una causal objetiva a
la luz de lo establecido en el numeral 1 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011 que
establece como una causal específica de nulidad electoral el haber “ejercido
cualquier tipo de violencia sobre los nominadores, los electores o las autoridades
electorales”.
Para la prosperidad de dicha casual jurisprudencialmente se ha exigido la
demostración algunos elementos específicos, a saber:
i) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitan demostrar que existió la
violencia alegada, lo cual además del factor objetivo que incluye que los
constreñidos ejercieron el voto en determinadas zonas, puestos y mesas, tiene un
factor subjetivo, es decir que dicho voto se dio como consecuencia de las dádivas
ofrecidas y/o recibidas;
ii) Que, en caso de violencia sicológica, las dádivas fueron otorgadas por los
demandados con el propósito señalado por el demandante, es decir, para constreñir
la voluntad del elector,
iii) Cuántos ciudadanos votaron en razón de haber recibido un pago o una promesa
de dádiva; y
iv) Que el fraude de esos votantes tuvo la potencialidad de modificar el resultado
electoral.21
No obstante, con base en las consideraciones anteriormente expuestas considera la
Sala que el análisis de la incidencia de las prácticas relacionadas con
corrupción que afecten la libertad del elector deben ser estudiadas no desde
la óptica de la causal objetiva de nulidad electoral, sino desde el punto de
vista subjetivo caso en el cual no se requeriría de la demostración taxativa de
los requisitos en cita.
Lo anterior, por cuanto, como se expuso, la conducta de un candidato que
deliberadamente afecte la pureza del voto y que a través de prácticas
21
Ver entre otras: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Quinta. Expedientes 2012-00011-01 y 2014-00030-00 Providencias del 26 de febrero de
2014 y del 21 de enero de 2016, respectivamente. M.P. Dra. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez.
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corruptas obtenga un resultado favorable en las urnas, vulnera las normas de
rango superior en que el acto electoral debe fundarse.
Tal es la relevancia de estas conductas, que recientemente el legislador introdujo
una reforma al Código Penal con el fin de proteger los mecanismos electorales en el
país a través de la modificación de algunas conductas típicas, su(s) penas y la
incorporación de otras, en la Ley 1864 de 2017.
Por lo tanto, las prácticas corruptas y antidemocráticas de candidatos que
busquen coartar por cualquier medio la libertad de los votantes para obtener
beneficios en los resultados electorales, constituyen una causal subjetiva de
nulidad electoral para cuya prosperidad se debe demostrar que el candidato
ejerció directa o indirectamente la actividad irregular o sabía de ella y con su
anuencia se adelantó.
Conforme lo expuesto, es claro que la causal de nulidad electoral endilgada y
analizada en el caso concreto difiere la causal de violencia tradicionalmente
abordada por la Sala, toda vez que en este evento lo que se censura es la
conducta de la demandada desde el punto de vista de la corrupción, por cuanto las
prácticas corruptas que afecten la libertad del elector y la pureza que debe
caracterizar el voto, atentan no sólo contra los principios democráticos del Estado
Social de Derecho sino además, contra normas de rango constitucional.
Es esta entonces la oportunidad para precisar por parte de la Sala que la
corrupción o las prácticas corruptas que se adelanten directa o indirectamente
por un candidato a cualquier elección popular constituyen una causal de
nulidad electoral de naturaleza subjetiva, independiente a la clásica violencia
que ha sido estudiada por la Sección, toda vez que ésta se basa no en las
causales específicas consagradas en el artículo 275 de la Ley 1437 de 2011
sino en las genéricas de que trata el artículo 137 de la misma ley,
concretamente, porque vulneran las normas en que el acto electoral debe
fundarse.
Lo anterior, sin perjuicio de que el análisis de la causal de naturaleza subjetiva en
mención, siga siendo objetivo, en el marco propio de la nulidad electoral.
En este punto, resulta del caso destacar que el estudio efectuado en materia de
nulidad electoral difiere radicalmente de otros juicios tales como el penal o el
que se adelante en materia de pérdida de investidura como pasa a analizarse a
continuación”22 (negrillas fuera de texto).
6. Caso concreto
Como viene de explicarse, corresponde en este asunto determinar si hay
lugar a declarar la nulidad o no del acto de elección del señor Diógenes
Quintero Amaya como representante a la Cámara por la Circunscripción
Especial para la Paz 4. En consideración al problema jurídico planteado, se
abordarán cada uno de los cargos, como sigue:
22
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 16 de mayo de 2019, radicado: 11001-
03-28-000-2018-00084-00, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
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6.1. De la inhabilidad endilgada
Según la parte actora, el demandado se encontraba incurso en la inhabilidad
prevista en el numeral 2° del artículo 179 de la Constitución Política, que
dispone que no podrán ser congresistas quienes hubieren ejercido como
empleados públicos, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o
militar, dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la elección.
Al expediente fueron aportadas las siguientes pruebas:
1. Copia del oficio de 7 de abril de 2022, suscrito por el subdirector de
gestión de Talento Humano de la Defensoría del Pueblo, en el que consta
que el demandando ostentó la condición de defensor regional código 0060 de
dicha entidad, entre el 26 de abril de 2019 y el 12 de febrero de 2021.
Asimismo, que se desempeñó como asesor grado 22, adscrito al despacho
del defensor del pueblo, desde el 8 de marzo de 2021 hasta el 7 de
septiembre de 2021.
2. Copia de la Resolución 225 del 12 de febrero de 2021, en la que se aceptó
a partir del 12 de febrero de 2021, la renuncia presentada por el señor
Diógenes Quintero Amaya al cargo de defensor regional, código 0060,
perteneciente al nivel directivo, adscrito a la Defensoría Regional de Ocaña.
3. Copia de la Resolución 305 del 26 de febrero de 2021, en la que se
resolvió nombrar en titularidad al señor Diógenes Quintero Amaya, en el
cargo de asesor, código 1030, grado 22, perteneciente al nivel asesor,
adscrito al despacho del defensor, cargo de libre nombramiento y remoción.
4. Copia de la Resolución 1282 del 7 de septiembre de 2021, en la que se
aceptó a partir del 7 de septiembre de 2021, la renuncia presentada por el
señor Diógenes Quintero Amaya al cargo de asesor, código 1030, grado 22,
perteneciente al nivel asesor, adscrito despacho del defensor.
Sobre el particular, la Sala encuentra en primer lugar que, respecto del cargo
de defensor regional, código 0060, perteneciente al nivel directivo, adscrito a
la Defensoría Regional de Ocaña, no se cumple con el elemento temporal de
la inhabilidad. Tal y como lo manifestaron el demandado y el Ministerio
Público, mediante la Resolución 225 del 12 de febrero de 2021 se aceptó la
renuncia presentada por el demandado frente a dicho cargo. De manera que,
antes de que iniciaran los doce meses que precedían las elecciones del año
2022 - período que iniciaba el 13 de marzo de 2021- el señor Quintero
Amaya ya no se desempeñaba como defensor regional. Por lo tanto, la
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inhabilidad invocada por los demandantes no se configuró respecto del cargo
en comento.
En segundo lugar, en lo que concierne al cargo de asesor, código 1030,
grado 22, es claro que el elemento temporal de la inhabilidad endilgada, sí se
acredita, si se tiene en cuenta que el demandado se desempeñó en dicho
empleo hasta el 7 de septiembre de 2021, es decir, dentro de los 12 meses
anteriores a las elecciones que tuvieron lugar el 13 de marzo de 2022.
Lo propio sucede con el elemento subjetivo de la inhabilidad, puesto que
ostentó la calidad de empleado público, pues fue nombrado en un cargo de
libre nombramiento y remoción en la Defensoría del Pueblo. Es decir, tenía
una vinculación legal y reglamentaria con la mencionada entidad.
Sin embargo, el aspecto material u objetivo de la inhabilidad no está
acreditado, pues no se evidencia que el demandado haya ejercido autoridad
civil o política, en razón a que, de conformidad con las funciones del cargo de
asesor grado 22 en la defensoría del Pueblo, no le era posible tomar
decisiones sobre sus dependientes y ciudadanos; esto es, que hubiera tenido
una posición de poder y de imposición.
Tampoco se advierte, tal y como lo precisó el demandado y la agente del
Ministerio Público, el ejercicio de autoridad administrativa. Resulta evidente
que, en atención al criterio funcional, no es posible determinar la existencia
de algún tipo de autoridad por parte del demandado, debido a que de las
labores esenciales descritas en el manual respectivo, no es posible inferir
que este pudiese celebrar contratos o convenios; ordenar gastos con cargo a
fondos; conferir comisiones, licencias no remuneradas, decretar vacaciones y
suspenderlas, para trasladar horizontal o verticalmente los funcionarios
subordinados reconocer horas extras, vincular personal supernumerario o
fijarle nueva sede al personal de planta; o que fuera un funcionario que haga
parte de las unidades de control interno, o que legal o reglamentariamente
tuviera facultades para investigar las faltas disciplinarias.
Adicionalmente, de la revisión de la certificación aportada con las funciones
descritas que desempeñaba el demandado en el cargo de asesor, se observa
que aquellas se concretaron, esencialmente, en acciones de asesoramiento,
orientación y conducción de proyectos orientados a contribuir al cumplimiento
de los fines de la entidad:
“Se informa que de acuerdo con el manual de funciones y competencias funcionales
vigente, esto es la Resolución No. 1488 de 2018 las funciones del cargo Asesor
Grado 22 son:
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CARGO: ASESOR – GRADO 22
FUNCIONES ESENCIALES
1. Asesorar al Defensor del Pueblo en el desarrollo e implementación de los
procesos de la Entidad, que le sean asignados con el fin de contribuir al logro de los
objetivos y metas institucionales.
2. Orientar la evaluación y el control de los procesos asignados.
3. Asesorar el diseño de planes, programas, proyectos, sistemas de evaluación,
seguimiento e indicadores, incentivando la comunicación y continuación de los
procesos.
4. Orientar, controlar y coordinar el manejo de la información de los procesos a su
cargo.
5. Orientar el análisis, revisión y conceptualización sobre proyectos de ley, decretos
y actos administrativos.
6. Asesorar la respuesta a derechos de petición y solicitudes de información o de
trámites que sean dirigidas al Defensor del Pueblo.
7. Conducir proyectos especiales que competan a su profesión.
8. Propiciar los mecanismos que permitan acercar los proyectos, planes,
programas e investigaciones efectuadas por la institución a la comunidad”.
En consecuencia el cargo no debe prosperar y así se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.
6.2. Violación a las normas sobre financiación de campañas
La parte demandante alega puntualmente que el demandado: (i) recibió
financiación y apoyo de miembros de partidos políticos tradicionales y
organizaciones políticas, concretamente del señor Deyvy Bayona Guerrero,
alcalde de Hacarí, y (ii) no realizó la solicitud del anticipo de los recursos para
la campaña, a pesar de la masiva y excesiva publicidad que llevó a cabo.
De entrada debe precisarse que el cargo formulado respecto del primer punto
señalado, conforme al sustento de la demanda y la fijación del litigio, se
circunscribe al desconocimiento del parágrafo 2° del artículo transitorio 5° del
Acto Legislativo 02 de 2021 que estableció que “ No podrán presentarse como
candidatos quieres hayan sido candidatos, elegidos o no, a cargos públicos, con el
aval de partidos o movimientos políticos con representación en el Congreso o con
personería jurídica, o quienes lo hayan sido por un partido político cuya personería
jurídica se haya perdido, dentro de los cinco años anteriores a la fecha de la
inscripción, o hayan hecho parte de las direcciones de estos, durante el último año”.
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De manera que, es frente a dicha normativa que la parte actora tenía la carga
de probar que el demandado tuvo el aval de partidos o movimientos políticos
con representación en el Congreso o con personería jurídica, dentro de los 5
años anteriores a la fecha de inscripción o que hizo parte de la dirección de
algún partido durante el último año.
Sin embargo, para demostrar lo anterior, los demandantes únicamente
aportaron las siguientes pruebas:
1. Audio de WhatsApp en el que presuntamente se escucha al señor Deyvy
Bayona Guerrero, alcalde del Municipio de Hacarí manifestando su apoyo al
demandado.
2. Copia de la imagen de conversación de WhatsApp entre el señor Deyvy
Bayona alcalde del municipio de Hacarí y Robinson Guerrero”.
3. Link de la página oficial del medio de comunicación El Espectador, en el
que fue publicado el artículo periodístico titulada “AUDIO MUESTRA APOYO
DEL ALCALDE DE HACARÍ A EXDEFENSOR QUE ASPIRA A LA CURUL DE
PAZ”, y en el que se encuentran los audios referidos en los hechos décimo
tercero al décimo sexto, así como la intervención del alcalde del municipio de
Hacarí https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/audio-de-
alcalde-deacari-con-apoyo-a-diogenes-quintero-y-otros-denuncias-de-su-
campana/
Sobre tales pruebas, el demandado alegó que a este proceso lo que se
aportaron fueron capturas (imágenes) de pantallazos de conversaciones de
WhatsApp, no la conversación en su archivo original (ni de texto ni de voz),
por lo que se debe concluir que esta prueba no logra siquiera ser, dentro de
este proceso, un mensaje de datos. Afirmó que, de conformidad con lo
establecido por el inciso 2, del artículo 247 de CGP, “La simple impresión en
papel de un mensaje de datos será valorada de conformidad con las reglas
generales de los documentos”. Igualmente, sostuvo que la captura de una
imagen por conducto de un teléfono no es el archivo original de una
conversación de texto y se aproxima más al concepto de la impresión parcial
de un documento, pues se trata de algo así como una fotografía de este.
Resaltó que, en este orden de ideas, ese documento (la imagen capturada
de una parte de un documento de WhatsApp) no aparece suscrito por nadie,
y solo el actor, sin prueba alguna, lo atribuye a una de las partes, sin
identificar la otra, y sin explicar cómo obtuvo el pantallazo de una
comunicación cuya privacidad está garantizada por la Constitución.
Igualmente, sostuvo el demandado que, comoquiera que el desconocimiento
de las pruebas que se presentó fue desestimado por el despacho
sustanciador, porque ello solo corresponde para documentos dispositivos y/o
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representativos, fluye con más fuerza frente a los mensajes de datos que no
tienen esta característica, la necesidad de cumplir plenamente las exigencias
que la Ley 527 de 1999 y la jurisprudencia exigen para que sirvan como
prueba judicial.
Señaló que, frente a la captura de pantalla correspondiente a una supuesta
conversación entre Deyvy Bayona Guerrero, alcalde de Hacarí y Robinson
Guerrero que según la parte actora da cuenta del apoyo hacia el candidato
electo Diógenes Quintero, no puede tenerse como mensaje de datos, pues
no se aporta el archivo original en que se produjo la conversación ni cumple
ninguna de las condiciones establecidas en el artículo 12 de la Ley 527 de
1999.
Destacó que, considerada como un documento, si bien debería operar la
presunción de autenticidad por mandato el artículo 244 del CGP tal como lo
ha reconocido la Sección Quinta, lo cierto es que en este caso no es posible
predicarla por cuanto la norma referida establece que “Los documentos
públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o
en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la
reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no
hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso.”
Argumentó que, en tales condiciones, los audios de WhatsApp tampoco
pueden ser tenidos como mensaje de datos; y, considerado como
documento, son válidas las consideraciones expuestas anteriormente, frente
a la imposibilidad de aplicar la presunción de autenticidad en tanto también
fue desconocido. Indicó el demandado que, si bien la parte actora afirmó que
la grabación de voz corresponde a un “Audio de WhatsApp – emitido por el
actual alcalde del municipio de Hacarí Norte de Santander SEÑOR DEYVY
BAYONA, reconoce su apoyo directo al candidato electo DIÓGENES QUINTERO
AMAYA.” lo cierto es que, no existe certeza de que la voz corresponda a la
del señor Bayona pues la persona que habla no se identifica y no hay prueba
alguna en el expediente que permita individualizar a la persona que quedó
registrada en la grabación, por tanto, no se puede predicar la autenticidad de
este documento.
Al respecto, la Sala debe precisar que de acuerdo con el artículo 243 del
Código General del Proceso- CGP, los videos, las grabaciones y las
fotografías son documentos, por lo que su valoración se sujeta a las reglas
establecidas para este medio de prueba, de manera que los videos, al igual
que las fotografías, son documentos meramente representativos que
pretenden demostrar la ocurrencia de un hecho.
Por su parte, la Ley 527 de 1999, artículo 2, literal a), define los mensajes de
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datos como “La información generada, enviada, recibida, almacenada o
comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre
otros, el Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo electrónico, el
telegrama, el télex o el telefax;” El artículo 11 de esa normativa, establece que
en la apreciación judicial de los mensajes de datos como prueba “ habrán de
tenerse en cuenta: la confiabilidad en la forma en la que se haya generado,
archivado o comunicado el mensaje, la confiabilidad en la forma en que se haya
conservado la integridad de la información, la forma en la que se identifique a su
iniciador y cualquier otro factor pertinente”.
El artículo 12 de la referida ley, prevé sobre la conservación de los mensajes
de datos que, cuando deban ser conservados, se requerirá el cumplimiento
de las siguientes condiciones:
1. Que la información que contengan sea accesible para su posterior
consulta.
2. Que el mensaje de datos o el documento sea conservado en el formato en
que se haya generado, enviado o recibido o en algún formato que permita
demostrar que reproduce con exactitud la información generada, enviada o
recibida, y
3. Que se conserve, de haber alguna forma, toda información que permita
determinar el origen, el destino del mensaje, la fecha y la hora en que fue
enviado o recibido el mensaje o producido el documento.
En efecto, al proceso se aportaron simplemente capturas (imágenes) de
pantallazos de conversaciones de WhatsApp, no la conversación en su
archivo original (ni de texto ni de voz), por lo que se debe concluir que estas
pruebas no pueden ser valoradas como un mensaje de datos.
En consecuencia, dado que los pantallazos como los audios, se incorporaron
al proceso mediante auto del 19 de agosto de 2022, como documentos
declarativos emanados de terceros (conforme al artículo 262 del CGP), la
valoración que realizará la Sala será de acuerdo con dicha normativa.
Igualmente, en lo que corresponde al desconocimiento de dichas pruebas y
el cuestionamiento de su autenticidad, debe reiterarse que, sobre el
particular, el despacho sustanciador resolvió dicha solicitud en la referida
providencia, razón por la cual no volverá sobre ese punto.
Sin perjuicio de lo anterior, encuentra la Sala que, tal y como lo señaló el
demandado, sobre el pantallazo de la conversación con el alcalde “Deyvi
Bayona” no es posible establecer con plena certeza quiénes intervienen en
aquella y se ignora si en realidad corresponde a dicha persona, pues no está
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demostrado que en efecto él sea el titular de la línea. También se desconoce
quién es el otro interlocutor.
Además, no se indica la fecha de aquellas, los fines y la contextualización de
la conversación, la clase de información allí compartida y en general, no
existe indicio alguno sobre el origen de las conversaciones y la integridad de
aquellas, razón suficiente para no poder adelantar el estudio de los mensajes
y por ende, para no poderles otorgar ningún valor probatorio dentro del
expediente. De cualquier forma, la conversación tampoco se puede
establecer el apoyo hacia el demandado Diógenes Quintero, ni mucho menos
financiación alguna:
“Amigo buenas tardes, fue que me pareció pero ud le está haciendo campaña a
Juan Carlos Quintero Ascamcat?
Si señor, estoy trabajando con Juan Carlos
-Con todo respeto mi amigo, pero tenemos líderes del pueblo y eso que pasó?
Líderes con los cuales les hice campaña me dejaron botado hoy con todo repeto
(sic) decidí apoyar a Juan Carlos Quintero que es un líder que hizo una acción de
tutela para ganar las curules especial (sic) para que muchos líderes tuvieran la
oportunidad de aspirar a una cámara”
Ahora bien, en lo que corresponde a los audios que provienen de WhatsApp,
no se acreditó, como lo señaló el apoderado del demandado, que hubiera
sido obtenida en forma lícita. En efecto, una conversación de WhatsApp se
establece entre 2 usuarios y, en este caso, se desconoce quién fue el
receptor del audio que se le atribuye al referido alcalde y cómo los
demandantes tuvieron acceso a él. Además, respecto de una conversación
que se surte mediante dicho sistema de mensajería existe una expectativa de
privacidad.
De manera específica, en lo que tiene que ver con el sistema de mensajería
instantánea, la Corte Constitucional ha dicho:
“El alcance y protección del derecho a la intimidad respecto de la información
y las expresiones que circulan en sistemas de mensajería instantánea
como WhatsApp no puede definirse ex ante con absoluta exactitud. Tal
circunstancia, a juicio de la Corte, exige tomar en consideración la expectativa
de privacidad que, atendiendo las circunstancias de cada caso pueda ser
identificada y la cual puede variar según los diferentes contextos fácticos.
Esta categoría, cuyo origen parece encontrarse en el derecho norteamericano
según lo ha referido la propia Corte, ha tenido un desarrollo particular en
relación con el proceso penal. Sin embargo, su pertinencia no se agota en
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ese contexto. De hecho, ha sido empleada por la jurisprudencia extranjera y la
jurisprudencia internacional para juzgar la validez de la violación del derecho
a la intimidad en el contexto de relaciones laborales.
60. La expectativa de privacidad es, entre otros, un criterio relevante
para establecer si determinadas expresiones o manifestaciones de la vida de
las personas se encuentran comprendidas por el ámbito de protección del
derecho a la intimidad o si, por el contrario, pueden ser conocidas o
interferidas por otros. Tal categoría impone definir, atendiendo diferentes
factores contextuales, si quien alega la violación puede considerar
válidamente que su actividad se encuentra resguardada de la interferencia de
otros, por un lado, y si es o no posible concluir que dicha valoración es
oponible a los terceros que pretenden acceder a la información o divulgarla,
por otro. Este doble análisis exige considerar criterios subjetivos y objetivos a
efectos de valorar, en cada caso, si quien solicita la protección en realidad
podía suponer o confiar que las informaciones o contenidos no podrían
circular.
61. Para la Sala, la categoría referida puede emplearse para juzgar si la
divulgación o revelación de mensajes contenidos en una conversación virtual,
vulnera o no el derecho a la intimidad. En particular, la existencia de una
expectativa de privacidad así como su alcance, debe definirse tomando en
consideración, entre otros factores, (i) el carácter más o menos abierto del
sistema de mensajería bajo el cual se desarrolla la conversación; (ii) los
integrantes y fines del grupo virtual; (iii) la clase de información de la que se
trate y si se encuentra o no protegida por regímenes especiales como aquel
previsto, por ejemplo, en la Ley 1581 de 2012; (iv) la existencia de reglas o
pautas que hayan fijado límites a la circulación de las expresiones o
informaciones contenidas en el espacio virtual; y (v) la vigencia de
obligaciones legales o contractuales de confidencialidad como las que pueden
establecerse en contratos de trabajo o en los reglamentos internos de trabajo.
De acuerdo con ello, para determinar si es posible amparar el derecho a la
intimidad frente a la divulgación de mensajes contenidos en una conversación
virtual desarrollada en un grupo conformado en WhatsApp, deberán valorarse
y ponderarse, en cada caso, los factores que han quedado referidos.
Así, por ejemplo, la posibilidad de oponerse a la circulación de las
informaciones o mensajes será mayor cuando (i) se produce en un espacio
virtual con medidas especiales de protección frente a la injerencia o
conocimiento de terceros; (ii) se remiten a un grupo conformado por un
número reducido de personas vinculadas por un propósito relevante solo para
ellas; y (iii) pueden calificarse como privadas o reservadas. La expectativa de
privacidad se incrementaría además, si (iv) los participantes han previsto una
advertencia específica para impedir la divulgación de los contenidos de la
conversación virtual.
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A su vez la facultad de controlar la divulgación de la información podría
debilitarse cuando (i) el espacio virtual en el que circula la información no
tiene especiales medidas para evitar que la información sea conocida por
parte de terceros; (ii) se trata de un grupo conformado por un número
significativo de personas; (iii) la información tiene carácter semiprivado o tiene
relevancia pública; y (iv) los participantes han autorizado expresa o
tácitamente -a través, por ejemplo, de un contrato laboral o del reglamento
interno de trabajo- la posibilidad de que la información circule.”
En dicho pronunciamiento, la Corte también explicó que WhatsApp es una
aplicación de mensajería instantánea que funciona a través de teléfonos
inteligentes, que permite enviar y recibir mensajes a través de internet, de
manera que los usuarios pueden crear listas de distribución y grupos, lo que
facilita el intercambio de videos, imágenes, grabaciones, mensajes escritos,
notas de voz y contactos. Además, explicó que estas conversaciones
cuentan con un sistema de cifrado de extremo a extremo, lo que garantiza
que solo las personas participantes pueden tener acceso a dicha
información23.
Así las cosas, algunos de los elementos a tener en cuenta a la hora de
valorar este tipo de pruebas son:
1. El carácter más o menos abierto del sistema de mensajería bajo el cual se
desarrolla la conversación;
2. Los integrantes y fines del grupo virtual;
3. La clase de información de la que se trate y si se encuentra o no protegida
por regímenes especiales;
4. La existencia de reglas o pautas que hayan fijado límites a la circulación
de las expresiones o informaciones contenidas en el espacio virtual; y
5. La vigencia de obligaciones legales o contractuales de confidencialidad
como las que pueden establecerse en contratos de trabajo o en los
reglamentos internos de trabajo.24
En este asunto, no se cuenta con ninguna información sobre el origen y
contexto de las conversaciones. En efecto, la grabación de voz corresponde,
según el dicho de los demandantes, a un “Audio de Whatsapp – emitido por el
23
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Providencia
del 29 de abril de 2021. Expediente: 50001233300020200000301. M.P. Dr. Carlos Enrique
Moreno Rubio.
2424
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actual alcalde del municipio de Hacarí Norte de Santander SEÑOR DEYVY
BAYONA, reconoce su apoyo directo al candidato electo DIÓGENES QUINTERO
AMAYA.” Sin embargo, no existe certeza de que la voz corresponda a la del
señor Bayona pues la persona que habla no se identifica y no hay prueba
alguna en el expediente que permita individualizar a la persona que quedó
registrada en la grabación. Tampoco hay forma de saber las circunstancias
de tiempo, modo y lugar en que fueron enviadas.
De otro lado, aun cuando esta Sección ha precisado que las notas
periodísticas constituyen medios de convicción de tipo documental, ello no
implica el reconocimiento de un pleno valor probatorio en favor de las
crónicas, noticias y demás trabajos periodísticos, comoquiera que su alcance
–al interior del régimen de la prueba judicial– ha sido mitigado por diversas
decisiones del Consejo de Estado. En ese orden de ideas, su valor probatorio
es, por regla general, accesorio, pues lejos de acreditar la ocurrencia de los
hechos que documentan, las publicaciones periodísticas, sean cuales sean,
dan cuenta únicamente del registro mediático de los mismos25.
Tal y como lo señaló el demandado, en el presente caso, las notas
periodísticas con las cuales la parte actora pretendió demostrar el supuesto
favorecimiento a Diógenes Quintero Amaya, no son demostrativas de los
hechos que pretenden probar los demandantes. En cuanto a la copia de
noticia del periódico El Espectador titulada “Audio muestra apoyo del alcalde de
Hacarí a exdefensor que aspira a la curul de paz”, no existen otros medios de
prueba que respalden las afirmaciones allí contenidas.
Adicionalmente, se trata de la supuesta conversación entre el mandatario
local y “un líder comunal de Hacarí”, es decir, una persona que no se tiene
plenamente identificada.
Igualmente, la parte actora aportó la copia de una denuncia penal ante la
Fiscalía General de la Nación por amenazas de muerte en contra de
Robinson Guerrero. Al respecto, los demandantes afirmaron que el señor
Guerrero fue “quién difundió públicamente los audios que involucran al mandatario
municipal de Hacarí, respaldando políticamente la campaña electoral del candidato
electo DIÓGENES QUINTERO AMAYA”. Sin embargo, dicha aseveración
carece de respaldo probatorio. En efecto, como lo precisó la defensa del
demandado, la presentación de una denuncia penal o reporte de una noticia
criminal no es prueba de que los hechos en que se fundamenta sean ciertos.
25
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 14 de julio
de 2015.Rad. 11001-03-15-000-2014-00105-00(PI). M.P. Alberto Yepes Barreiro.
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De modo que, al desconocerse cuál fue el resultado de la investigación penal
que se inició por parte de la Fiscalía General de la Nación, no es posible
establecer si el señor Guerrero fue amenazado o no. Y en todo caso, los
documentos no dan cuenta de un supuesto apoyo del alcalde Hacarí a
Diógenes Quintero Amaya, pues ninguna de estas personas es mencionada
ni en el formato único de noticia criminal, ni en el de medidas preventivas de
seguridad y autoprotección.
Así las cosas, del recuento probatorio efectuado, encuentra la Sala que no se
demostró de manera efectiva por los demandantes el presunto apoyo del
alcalde municipal a la campaña del demandado ni la financiación que dicho
mandatario pudo hacer a la campaña del señor Quintero Amaya. Además, de
haberse comprobado, dicha conducta no constituye una causal de nulidad,
pues tan solo podría configurar una falta disciplinaria para el alcalde por una
indebida participación en política, más no tendría repercusiones en el acto de
elección demandado.
En todo caso, como se advirtió líneas atrás, el reparo de los demandantes,
se circunscribió en el desconocimiento del parágrafo 2° del artículo transitorio
5° del Acto Legislativo 02 de 2021 que establece que “No podrán presentarse
como candidatos quieres hayan sido candidatos, elegidos o no, a cargos públicos,
con el aval de partidos o movimientos políticos con representación en el Congreso o
con personería jurídica, o quienes lo hayan sido por un partido político cuya
personería jurídica se haya perdido, dentro de los cinco años anteriores a la fecha
de la inscripción, o hayan hecho parte de las direcciones de estos, durante el último
año”. Dicha disposición establece una prohibición respecto a la inscripción de
candidatos a las CITREP, en el sentido que no podrán hacerlo quienes hayan
sido avalados por partidos o movimientos políticos con representación en el
Congreso o con personería jurídica en los eventos antes descritos.
No obstante, se itera, dado que no se encuentra demostrado, de conformidad
con las pruebas allegadas al proceso, que el demandado hubiera sido
candidato a la CITREP 4 de la Cámara de Representantes, con el aval de
partidos o movimientos políticos con representación en el Congreso o con
personería jurídica, o que haya estado en la dirección de alguno partido o
movimiento político durante el año anterior, el referido cargo tampoco debe
prosperar.
En lo que corresponde al reparo que efectúan los demandantes, relativos a
que, el demandado no realizó la solicitud del anticipo de los recursos para la
campaña, a pesar de la masiva y excesiva publicidad que realizó, tampoco
se encuentra acreditado y, en todo caso, ello no comporta una causal de
nulidad del acto demandado.
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Al respecto, el artículo 8 del Acto Legislativo 02 de 2021 señala, entre otras
cosas, que “Las sumas de dinero se entregarán sin dilaciones a las organizaciones
promotoras de la lista, y en ningún caso a los candidatos.” En el artículo 2 de la
Resolución 5882 de 2021 “Por la cual se regulan aspectos relativos a los
ANTICIPOS de la Financiación Estatal para las elecciones para las
Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz de la Cámara de Representantes
en los periodos 2022-2026 y 2026-2030” proferida por el CNE, también se
estableció que la solicitud de anticipo debía realizarse por las organizaciones
que postularon la lista de candidatos. Asimismo, en el parágrafo segundo de
dicho artículo se reiteró la expresa prohibición de que las sumas de dinero
por concepto de anticipo se entregaran a los candidatos. También se previó
que las organizaciones promotoras de la lista que hayan accedido a los
anticipos y que decidan desistir o retirar su lista debían devolver la totalidad
de los recursos asignados dentro de los 15 días siguientes a su retiro.
En la Resolución 1094 de 2022 “Por la cual se autorizan y se distribuyen los
ANTICIPOS de la financiación estatal para las elecciones a la (sic)
Circunscripciones Especiales de Paz para la Cámara de Representantes a
celebrarse el próximo 13 de marzo de 2022”, el CNE condicionó el giro de los
recursos del anticipo autorizado a que las organizaciones -no los candidatos-
acreditaran el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución
5882 de 2021 y garantizaran su uso exclusivo para financiar los gastos de
campaña electoral de los candidatos inscritos en la lista. Luego, no hay razón
para señalar que el demandado fue quien “renunció al anticipo” o no lo
gestionó.
La parte actora aportó los siguientes elementos de convicción para demostrar
este específico cargo:
• Copia del Auto TETP4-001-2022 de 8 de marzo de 2022 en el cual se
abre indagación preliminar en contra del candidato electo Diógenes
Quintero Amaya (por presunta violación al régimen de financiación de
campañas).
• Comunicación del Auto TETP4-001-2022 de 8 de marzo de 2022.
• Copia de noticia del Diario la Opinión de Cúcuta titulada “ ANTICIPO
PARA LAS CURULES DE PAZ, UN PROCESO LENTO Y DIFÍCIL” en el
cual el candidato electo Diógenes Quintero Amaya reconoce que
desiste de los recursos económicos para la campaña electoral.
Sobre la noticia en comento, reitera la Sala que, aquella solo demuestra un
hecho noticioso sin que existan otros medios de prueba que respalden las
afirmaciones allí contenidas, por lo que dicha documental por sí sola no
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prueba que el demandado haya renunciado a la financiación para su
campaña.
Respecto del Auto TETP4-001-2022 de 8 de marzo de 2022 en el cual se
abre indagación preliminar en contra del candidato electo Diógenes Quintero
Amaya y su comunicación, en efecto, tal y como lo señaló el demandado, el
hecho de que se haya iniciado una indagación preliminar contra los
candidatos a la Cámara de Representantes por la CITREP 4 no son
concluyentes para efectos del proceso de nulidad bajo estudio. En ese orden,
con el solo auto de indagación no es posible establecer si efectivamente el
demandado trasgredió la normatividad expedida por el CNE sobre
financiación de campañas electorales, teniendo en cuenta la supuesta
excesiva publicidad a la que se refiere la parte demandante.
Asimismo, como se precisó líneas atrás, la solicitud del anticipo de la
campaña le corresponde a las organizaciones promotoras de listas y no a los
candidatos, como equivocadamente lo indica la parte actora. Igualmente, la
supuesta excesiva publicidad a la que hace referencia la parte actora se
sustenta en la mera afirmación que hacen los demandantes.
Así las cosas, este cargo tampoco se encuentra acreditado por lo que debe
negarse.
6.3. Corrupción al elector
Para los actores, esta causal se fundamenta en que el demandado incurrió
en corrupción al elector por (i) haber realizado una donación a la iglesia
católica del municipio de Sardinata, corregimiento de la Victoria, en su
candidatura, para el arreglo del templo religioso. Ello con fundamento en que,
el sacerdote con una función social de incidencia como parte de la identidad
de la comunidad; además porque presuntamente financió algunos materiales
para una escuela municipal y (ii) porque presuntamente el día de las
elecciones una persona estaba vestida con publicidad del demandado, con
su anuencia”.
Sobre el primer aspecto, la parte actora aportó las siguientes pruebas:
1. Audio de WhatsApp en el que presuntamente se escucha al sacerdote de
la parroquia del corregimiento de La Victoria del municipio de Sardinata,
Gabriel Peña, en cual reconoce que recibió dinero en efectivo de parte del
candidato electo Diógenes Quintero Amaya.
2. Audio de WhatsApp en el que se escucha presuntamente a la señora
Berta Prado, quien hacía parte del equipo de campaña del candidato electo
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Diógenes Quintero Amaya en el corregimiento de las Mercedes, municipio de
Sardinata, en donde indica que se recibirá material de construcción a cambio
de votos.
Sobre estos audios cabe el mismo análisis que fue considerado en el acápite
anterior, y es que, no se acreditó, como lo señaló el apoderado del
demandado, que hubiera sido obtenida en forma lícita. En efecto, una
conversación de WhatsApp se establece entre 2 usuarios y, en este caso, se
desconoce quién fue el receptor del audio que se le atribuye al referido
sacerdote y a la señora que hacía parte de la campaña del candidato y cómo
los demandantes tuvieron acceso a él. Además, respecto de una
conversación que se surte mediante dicho sistema de mensajería existe una
expectativa de privacidad.
Tampoco es posible determinar con certeza que se trate de las personas que
afirman los demandantes, ni que el demandado ofreció dádivas a cambio de
votos en su campaña política, es decir, que haya incurrido en prácticas
corruptas que generen la anulación de su elección.
De acuerdo con lo que esta Sección estableció sobre esta particular causal
de nulidad, es imperativo demostrar que el candidato ejerció directa o
indirectamente la actividad irregular, o que sabía de ella y con su anuencia se
adelantó el comportamiento transgresor, constituyéndose en prácticas
corruptas y antidemocráticas que buscan coartar por cualquier medio la
libertad de los votantes para obtener beneficios en los resultados
electorales26
Nótese que en el audio en el que presuntamente se escucha decir al
sacerdote Gabriel Peña que “Eh, también Diógenes que es un candidato donó
millón quinientos mil (1.500.000) pesos, Diógenes donó sin ningún compromiso
político”, es una manifestación realizada por un tercero, de la cual no es
posible demostrar plenamente que el apoyo económico dado para el templo
por parte del demandado esté dirigido a afectar la libertad de los votantes. En
efecto, tal y como lo señaló el Ministerio Público, la mencionada donación a
la Iglesia se llevó a cabo voluntariamente sin un compromiso político como lo
precisó el sacerdote, sin que se le hubiere pedido a la comunidad religiosa
que votaran por algún candidato en particular.
Lo propio sucede con el audio en el que presuntamente se escucha decir a la
señora “Berta Prado” que necesita recaudar votos para el candidato
“Diógenes” porque este va a regalar materiales para la escuela. De dicho
audio no puede derivarse directamente que haya sido el demandado quien
realizó prácticas corruptas, o que las haya aceptado o se hubiere realizado
26
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 16 de mayo de 2019, expediente:
11001-03-28-000-2018- 00084-00, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
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con su anuencia. Si bien puede constituir una manifestación que puede ser
contraria a la libertad y pureza del voto, no es posible demostrar que fue con
anuencia del demandado o que él, indirectamente, favoreciera prácticas
corruptas de esta categoría.
Finalmente, frente a las apreciaciones de los demandantes, en el sentido que
el demandado incurrió en corrupción al elector debido a que presuntamente
el día de las elecciones una persona estaba vestida con publicidad de
demandado a pocos metros de un puesto de votación, se aportó un video en
el que supuestamente se observa a una persona en un puesto de votación
con publicidad política del candidato electo el señor Diógenes Quintero
Amaya.
Al respecto, se desconoce la fecha en que fue efectuado el video pues la
persona lo grabó solo señaló, “Siendo las 9 en punto de la mañana en el centro
educativo rural El Tarra en el corregimiento de San José del Tarra…”. No dijo la
fecha y tampoco se observa ningún elemento que permita concluir que
corresponde al día de las elecciones. Adicionalmente, en el vídeo tampoco
se advierte sin lugar a duda, que se estén llevando a cabo actividades que
pretendan coartar a los electores, ni tampoco que se les ofrezcan dádivas a
quienes depositaran su voto a favor del demandado. De manera que este
reparo tampoco se encuentra acreditado.
En consecuencia, se denegarán las pretensiones de nulidad de la elección
del señor Diógenes Quintero Amaya, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley
FALLA
PRIMERO: Deniéganse las pretensiones de la demanda, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: En firme esta providencia, archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
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Rad: 11001-03-28-000-2022-00115-00
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAUJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”.
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