Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01249-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01249-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-01249-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
4 de junio de 2025
1
Radicado: 11001 03 15 000 2025 01249 00
Control inmediato de legalidad
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA 18 ESPECIAL DE DECISIÓN
Bogotá D.C., cuatro (4) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001 03 15 000 2025 01249 00
Asunto: Control inmediato de legalidad de la Resolución nro. 000196 del 28 de
febrero de 2025, “Por la cual se modifica el instructivo del formulario No. 490 “Recibo
Oficial de Pago Impuestos Nacionales” prescrito mediante Resolución 000051 de
2020, para recaudar el impuesto Especial para el Catatumbo establecido en el
Decreto Ley 0175 de 14 de febrero de 2025”, proferida por la Dirección de Impuestos
y Aduanas – DIAN.
SENTENCIA
La Sala 18 Especial de Decisión del Consejo de Estado, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 20 de la Ley 137 de 19941 y 136 de la Ley 1437 de 20112,
procede a efectuar el control inmediato de legalidad de la Resolución nro. 000196
del 28 de febrero de 2025, “Por la cual se modifica el instructivo del formulario No.
490 “Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales” prescrito mediante Resolución
000051 de 2020, para recaudar el impuesto Especial para el Catatumbo establecido
en el Decreto Ley 0175 de 14 de febrero de 2025”, emitida por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (en adelante DIAN).
I. ANTECEDENTES
1.1. Acto sometido a control
La DIAN remitió a esta Corporación, para los efectos de su control inmediato de
legalidad, copia de la mencionada norma, cuyo tenor literal es el que sigue:
1 “Por la cual se reglamentan los Estados de Excepción en Colombia”.
2 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo”.
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Control inmediato de legalidad
“En uso de sus facultades legales, en especial de las que confiere el numeral 2
del artículo 8 del Decreto 1742 de 2020 y el artículo 7 del Decreto 0175 de 2025,
y
CONSIDERANDO
Que en virtud del artículo 213 de la Constitución Política, mediante el Decreto
62 del 24 de enero de 2025 se declaró el estado de conmoción interior en la
región del Catatumbo, así como en el área metropolitana de Cúcuta y los
municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar, por el término
de noventa (90) días, contados a partir de la entrada en vigencia del
mencionado decreto, con el fin de conjurar la grave perturbación del orden
público e impedir la extensión de sus efectos.
Que el artículo 2 del Decreto 62 del 24 de enero de 2025 entró a regir a partir
de la fecha de su publicación, esto es. 24 de enero de 2025 en el Diario Oficial
No. 53.009.
Que en uso de las facultades legales conferidas por el artículo 213 de la
Constitución Política, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Ley 0175 del 14
de febrero de 2025, “Por el cual se adoptan medidas tributarias destinadas a
atender los gastos del Presupuesto General de la Nación necesarios para hacer
frente al estado de conmoción interior decretado en la región del Catatumbo, el
área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del
departamento del Cesar”.
Que el artículo 2 del Decreto 0175 del 14 de febrero de 2025 creó el impuesto
temporal que grava la extracción en el territorio nacional de hidrocarburos y
carbón de las partidas arancelarias 27.01 (Hullas, briquetas, ovoides y
combustibles sólidos similares, obtenidos de la hulla) y 27.09 (Aceites crudos
de petróleo o de mineral bituminoso), al momento de la primear venta o la
exportación.
Que el artículo 3 del Decreto Ley 0175 del 14 de febrero de 2025 estableció que
uno de los hechos generadores es la primera venta de hidrocarburos y carbón
de las partidas arancelarias 27.01 (Hullas, briquetas, ovoides y combustibles
sólidos similares, obtenidos de la hulla) y 27.09 (Aceites crudos de petróleo o
de mineral bituminoso), dentro o desde el territorio nacional.
Que el numeral (i) del artículo 4 del Decreto Ley 0175 del 14 de febrero de 2025
estableció que la base gravable en la venta dentro o desde el territorio nacional,
será el valor de la venta.
Que el artículo 5 del Decreto Ley 0175 del 14 de febrero de 2025 estableció que
la tarifa del Impuesto Especial para el Catatumbo es el 1% del valor de la venta
en pesos de los hidrocarburos y/o carbón vendido.
Que el numeral 2 del artículo 7 del Decreto Ley 0175 del 14 de febrero de 2025
estableció que el recaudo del Impuesto Especial para el Catatumbo se realizará
por la persona natural o jurídica que realice la venta en o desde el territorio
nacional, a través del Recibo Oficial de Pago o del medio que determine la
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
DIAN, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, consolidando
las operaciones de venta del mes anterior.
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Control inmediato de legalidad
Que el parágrafo 3 del artículo 7 del Decreto Ley 0175 del 14 de febrero de 2025
destinó exclusivamente los recursos obtenidos en virtud del impuesto para
atender los gastos del presupuesto general de la nación necesarios para
conjurar las causas de la perturbación que dieron lugar a la declaración del
estado de conmoción interior.
Que el parágrafo 5 del artículo 7 del Decreto Ley 0175 del 14 de febrero de
2025, prevé sanciones e intereses en los eventos en que no se presente el
documento soporte de pago del impuesto o en el que se presente pago
extemporáneo o incompleto del impuesto.
Que el artículo 10 del Decreto Ley 0175 del 14 de febrero de 2025 establece
que las disposiciones previstas en el decreto son aplicables desde la
culminación del quinto día hábil siguiente a su publicación; es decir, desde el 22
de febrero de 2025, hasta el 31 de diciembre de 2025.
Que, en consecuencia, se requiere modificar el instructivo del formulario Recibo
Oficial de Pago Impuestos Nacionales (Formulario 490) para que la persona
natural o jurídica pueda cumplir con la liquidación y pago del Impuesto Especial
para el Catatumbo dentro de los términos legales, así como para la identificación
de los recursos, adicionando el concepto 53 "Impuesto Especial para el
Catatumbo generado en la venta en o desde del territorio nacional de
hidrocarburos y carbón".
Que en atención a la urgencia con la que se requiere la expedición de la
presente resolución, pues el impuesto causado desde el 22 de febrero de 2025
hasta el 28 de febrero de 2025 debe ser pagado en los primeros cinco (5) días
del mes de marzo de 2025, y con el ánimo de garantizar la participación pública
frente a los aspectos abordados en la normativa, fue necesario aplicar la
excepción contemplada en el numeral 2 del artículo 32 de la Resolución 0091
de 2021 y publicar para comentarios del público en general este proyecto por el
término de 7 días calendario, del 18 al 24 de febrero de 2025. Lo anterior,
también en cumplimiento del numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE
Artículo 1. Modificar el instructivo del Formulario No. 490 “Recibo Oficial
de Pago de Impuestos Nacionales” prescrito mediante Resolución 000051
del 21 de mayo de 2020. Modifíquese el instructivo del formulario 490 “Recibo
Oficial de Pago de Impuestos Nacional”, prescrito mediante Resolución 000051
del 21 de mayo de 2020, adicionando el siguiente concepto de pago.
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Parágrafo 1. El Recibo de Pago 490 “Recibo Oficial de Pago Impuesto
Nacional” también se utilizará para liquidar y pagar las sanciones e intereses a
que haya lugar, de conformidad con lo previsto en el parágrafo 5 del artículo 7
del Decreto 0175 de 2025.
Parágrafo 2. El Formulario No. 490 “Recibo Oficial de Pago Impuestos
Nacionales” hace parte integral de esta resolución.
Artículo 2. Publicación. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial de
conformidad con el artículo 65 del Código Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
Artículo 3. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación en
el Diario Oficial.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE”
1.2. Actuación procesal surtida
1.2.1. Por reparto de la Secretaría General de esta Corporación el presente asunto
fue remitido al Despacho del consejero Ponente el 5 de marzo de 2025, para el
trámite de rigor.
1.2.2. En providencia del 7 de marzo de 2025 se avocó conocimiento del proceso
de la referencia en única instancia y, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 185
y 186 de la Ley 1437 de 2011, se dispuso notificar al Director de la DIAN, así como
al Director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Ministerio
Público, e igualmente comunicar a la comunidad en general sobre su existencia, en
orden a que cualquier ciudadano interviniera por escrito para defender o impugnar
la legalidad de la Resolución número 000196 del 28 de febrero de 2025, e invitar a
las entidades públicas, organizaciones privadas y expertos en la materia, para que
presentaran su concepto.
Asimismo, se dispuso el envío de oficio a la DIAN, con el fin de que remitiera, en
medio magnético, copia de los antecedentes administrativos que sirvieron de
fundamento al acto objeto de revisión en esta sede, o de cualquier otro documento
que hubiere sido relevante para expedir dicho acto administrativo. Y se ordenó a la
Secretaría General de esta Corporación que, vencido el término de que trata el
numeral 4 del artículo 185 del CPACA, enviara el asunto al Ministerio Público para
que rindiera su concepto.
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II. INTERVENCIONES
2.1. En memorial del 27 de marzo de 2025, la DIAN manifestó que la Resolución
objeto de control fue emitido en desarrollo del Decreto Legislativo 175 de 2025, por
el cual se creó el Impuesto Especial para el Catatumbo como una medida tributaria
adoptada bajo el Estado de Conmoción Interior declarado en el Decreto 062 de
2025.
Anotó que el citado impuesto constituye un tributo indirecto, de causación
instantánea, que se aplica a una tarifa del uno por ciento (1%) sobre la primera venta
o exportación de hidrocarburos y carbón, específicamente sobre los productos
clasificados en las partidas arancelarias 27.01, correspondiente a hullas, briquetas
y combustibles sólidos similares, y 27.09, relativa a aceites crudos de petróleo o de
mineral bituminoso. La base gravable del impuesto corresponde al valor de la
transacción realizada dentro del territorio nacional o desde este.
Mencionó que, como entidad encargada de la administración de dicho tributo
temporal de carácter nacional, ostenta la obligación de garantizar su recaudo. Por
tal motivo resultaba necesario modificar el instructivo del Formulario No. 490,
“Recibo Oficial de Pago de Impuestos Nacionales”, con el fin de adicionar el
concepto del Impuesto Especial para el Catatumbo. Lo anterior, con el propósito de
regular el cumplimiento de la obligación tributaria temporal, generar seguridad
jurídica para su pago y asegurar el financiamiento de las políticas de gasto
adoptadas por el Gobierno Nacional en el marco del estado de excepción, y lo hizo
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 189 de la Constitución Política, así
como en los artículos 1° y 8° del Decreto 1742 de 2020 y en el numeral 2 del artículo
7 del Decreto Legislativo 0175 de 2025.
Refirió que para la emisión del acto objeto de estudio se cumplieron las previsiones
de los artículos 31 y 32 de la Resolución DIAN 91 de 2021, la Constitución Política
y la Ley 1437 de 2011.
2.2. En memorial del 21 de abril de 2025, el señor Harold Eduardo Sua Montaña
solicitó la suspensión del proceso hasta tanto la Corte Constitucional adopte una
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decisión sobre la constitucionalidad de la declaratoria de estado de conmoción
interior y de los decretos legislativos emitidos en el marco de dicho estado. De otro
lado señaló que, de confirmarse la validez de dicha declaratoria, deberá estimarse
la legalidad del acto objeto de control3
III. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado emitió concepto de
la manera que se transcribe a continuación:
“Análisis en relación con el marco normativo ya señalado
Del análisis de las previsiones contenidas en la Resolución 196 de febrero 25
de 2025 y su confrontación con las normas en las que se soportó, el Ministerio
Público considera que el acto administrativo en cuestión no vulnera la legalidad,
ni limita el núcleo esencial de ningún derecho fundamental, y que, por el
contrario, lo que pretende es adaptar el instructivo del formulario número 490
“Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales”, con el fin de permitirse el
recaudo del Impuesto Especial para el Catatumbo establecido en el Decreto Ley
175 del 14 de febrero de 2025.
En el caso concreto, es claro que existe una relación de conexidad entre el acto
y la normatividad que le sirvió de fundamento. Una vez declarado el estado de
conmoción interior, en su desarrollo se profirió el Decreto Ley 175 de 2025, por
el cual se adoptaron medidas tributarias destinadas a atender los gastos del
Presupuesto General de la Nación necesarios para hacer frente al estado de
conmoción interior decretado en la región del Catatumbo, el área metropolitana
de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del departamento del
Cesar. En su artículo 2 se creó el impuesto Especial para el Catatumbo,
impuesto temporal que grava la extracción en el territorio nacional de
hidrocarburos y carbón de las partidas arancelarias 27.01 y 27.09, al momento
de la primera venta o la exportación. Así mismo, en el artículo 3 se consignó
que los hechos generadores serían: 1) La primera venta dentro o desde el
territorio nacional de hidrocarburos y carbón, y 2) La presentación y aceptación
de la solicitud de autorización de embarque al resto del mundo, de hidrocarburos
y carbón, respecto de las partidas arancelarias mencionadas.
De esta forma, es claro que la Resolución objeto de estudio, esto es, la
Resolución 196 del 28 de febrero de 2025, tiene conexidad y desarrolla el marco
normativo referenciado pues lo que pretendió fue, precisamente, modificar “el
instructivo del formulario No 490 “Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales”
prescrito mediante Resolución 51 de 2020, para recaudar el Impuesto Especial
para el Catatumbo establecido en el Decreto Ley 0175 del 14 de febrero de
2025”. Como se lee en la misma, se dispuso modificar el instructivo del
Formulario No 490, adicionándose el “Concepto de pago (Casilla 2)”: 53, con
“Nombre”: “Impuesto Especial para el Catatumbo generado en la venta en o
desde el territorio nacional de hidrocarburos u carbón” y por el “Periodo”:
3 Visible a índice 18 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
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Control inmediato de legalidad
“Mensual. 01 Ene -05 May-09 Sep / 02 Feb-06 Jun- 10 Oct/ 03 Mar -07 Jul – 11
Nov/ 04 Abr -08 Ago-12 Dic/”.
Frente a la finalidad de la Resolución objeto de estudio, es claro que se pretende
adaptar el formulario en cuestión a la medida tributaria establecida, con lo que
era necesario su modificación con el fin de adicionar el concepto de pago antes
descrito, y de esta forma, garantizar su debido diligenciamiento -comprendiendo
el “Impuesto Especial para el Catatumbo”- y su pago efectivo. Finalidad que se
adapta tanto al decreto ley en el cual se soporta, como al estado de conmoción
interior decretado.
Se evidencia, además, que se trata de disposiciones que atienden el criterio de
proporcionalidad, puesto que la medida impartida es adecuada y necesaria para
garantizar el debido diligenciamiento del formulario 490, garantizando el pago
del impuesto establecido por el Decreto Ley 175 de 2025; medida destinada a
atender los gastos del Presupuesto General de la Nación necesarios para hacer
frente al estado de conmoción interior decretado en la región del Catatumbo, el
área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del
departamento del Cesar. Como se lee de la motivación, es claro el objeto y la
necesidad lo dispuesto por la Resolución objeto de análisis:
“Que, en consecuencia, se requiere modificar el instructivo del formulario
Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales (Formulario 490) para que
la persona natural o jurídica pueda cumplir con la liquidación y pago del
impuesto Especial para el Catatumbo dentro de los términos legales, así
como para la identificación de los recursos, adicionando el concepto 53
“Impuesto Especial para el Catatumbo generado en la venta en o desde
del territorio nacional de hidrocarburos y carbón”.
Así las cosas, puede concluirse que la Resolución 196 del 28 de febrero de
2025, emitida por el Director General (E) de la Unidad Administrativa Especial
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, no contradice mandatos
legales y constitucionales, es una regulación expedida en virtud de las
competencias legalmente atribuidas al director general de la DIAN, que respeta
los lineamientos contemplados en la Ley 137 de 1994, norma que señala los
parámetros y los límites a los cuales deben ceñirse las decisiones adoptadas
durante los estados de excepción”4 (Negrillas dentro del texto).
IV. CONSIDERACIONES
4.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 137 de 1994 y en los
artículos 118, numeral 8, y 136 de la Ley 1437 de 2011, corresponde a la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ejercer el control inmediato
de legalidad de los actos administrativos de carácter general, proferidos por
4 Visible en el índice número 14 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
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Control inmediato de legalidad
autoridades del orden nacional, en ejercicio de la función administrativa y como
desarrollo de los decretos expedidos durante los estados de excepción.
En sesión virtual número 10 llevada a cabo el 1º de abril de 2020, la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado aprobó “asignar los controles
inmediatos de legalidad a las salas especiales de decisión, de conformidad, entre
otros, con los artículos 107-4, 185-1 y 111-8 del CPACA y 23, 29-3 y 42 del Acuerdo
080 de 2019”.
4.2. Cuestión previa
Como se expuso en los antecedentes, el señor Harold Eduardo Sua Montaña
solicitó la suspensión del presente asunto hasta tanto la Corte Constitucional se
pronuncie sobre la constitucionalidad de los decretos expedidos en el marco del
estado de excepción declarado por el Gobierno Nacional y que dieron lugar a la
emisión del acto objeto de estudio. Sin embargo, es preciso señalar que la
jurisprudencia de esta Corporación ha sido pacífica en afirmar que el control
inmediato de legalidad constituye un mecanismo autónomo, razón por la cual su
resolución no está supeditada al pronunciamiento previo del anotado Tribunal sobre
la exequibilidad de los mencionados decretos legislativos, de ahí que sea factible la
emisión de la presente sentencia.
Al respecto, en fallo del 13 de noviembre de 2020, se dijo:
“Ahora bien, a partir de las disposiciones legislativas que regulan la materia, la
jurisprudencia de esta Corporación ha establecido entonces una serie de
características propias que definen este medio de control, así5:
(…)
Es autónomo, lo que implica que sea posible adelantar el control de los actos
administrativos aún antes de que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la
5 Sobre este asunto, ver Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias
de 28 de enero de 2003, exp. 2002-0949-01; 7 de octubre de 2003, exp. 2003-0472-01; 16 de junio
de 2009, exp. 2009-00305-00; 9 de diciembre de 2009, exp. 2009-0732-00; y 5 de marzo de 2012,
radicación 11001-03-15-000-2010-00369-00. Además, Consejo de Estado, Sección Primera,
sentencia del 26 de septiembre de 2019, radicación 11001-03-24-000-2010-00279-00.
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constitucionalidad del decreto que declara el Estado de Excepción o respecto
de los decretos legislativos que lo desarrollan”6 (Subrayas de la Sala).
Con todo, la Sala aclara que, si bien la Corte Constitucional aún no se ha
pronunciado sobre la exequibilidad del Decreto Legislativo 175 de 2025, sí lo hizo
respecto del Decreto 062 del mismo año, por medio del cual se declaró el estado de
excepción en sentencia C-148 de 2025. Y aunque no se conoce aún el texto
completo de esa providencia, sí se tiene certeza sobre el sentido del fallo, pues en
el Comunicado No. 14 del 29 de abril de 20257 se informó que dicha norma fue
declarada parcialmente exequible.
En consecuencia, se negará la petición de suspensión del proceso por las razones
antes expuestas.
4.3. Naturaleza, finalidad y características del control inmediato de legalidad
El control inmediato de legalidad es el medio jurídico previsto en Ley Estatutaria 137
de 19948 y en la Ley 1437 de 20119 para examinar “las medidas de carácter general
que sean dictadas” por las diferentes autoridades, tanto del orden nacional como
territorial, en ejercicio de la función administrativa, para desarrollar o reglamentar
los decretos legislativos proferidos durante los estados de excepción.
El examen de legalidad se realiza mediante la confrontación del acto administrativo
con las normas constitucionales que permiten la declaratoria de los estados de
excepción (artículos 212 a 215 de la Constitución), la ley estatutaria de los estados
de excepción (Ley 137 de 1994), el decreto que declara la situación de excepción y
los decretos legislativos expedidos por el Gobierno Nacional para conjurarla.
Esta Corporación ha definido como características del control inmediato de legalidad
las siguientes10:
6 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión Dieciséis.
Proceso radicado número: 11001 03 15 000 2020 01613 00. Consejero Ponente: Nicolás Yepes
Corrales.
7 Téngase en cuenta que, la Corte Constitucional ha señalado que sus comunicados no tienen fuerza
vinculante como consta en el Auto 201 de 2013.
8 “Por la cual se regulan los Estados de Excepción en Colombia”
9 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
10 Ver, entre muchas otras, sentencias de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del 28 de
enero de 2003, expediente núm. 2002-0949-01, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; del 7 de
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a. Es un verdadero proceso judicial, porque el artículo 20 de la Ley 137 de 1994
otorgó competencia a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para tramitar
dicho mecanismo de escrutinio o revisión de las medidas de carácter general,
expedidas por las autoridades nacionales y territoriales, en ejercicio de la función
administrativa, para desarrollar los decretos legislativos expedidos por el Gobierno
Nacional durante los estados de Excepción. De ahí que la providencia que decida
el control inmediato de legalidad es una sentencia judicial.
b. Es automático e inmediato, porque, tan pronto se expide el correspondiente
acto administrativo general para desarrollar los decretos legislativos expedidos por
el Gobierno Nacional durante los estados de Excepción, la autoridad pública de la
cual emanó dicho acto debe enviarlo a la jurisdicción contenciosa dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes, para que se ejerza el control correspondiente,
so pena de que la autoridad judicial competente asuma, de oficio, el conocimiento
del asunto. Por lo tanto, ni siquiera es necesario que el acto se haya divulgado.
c. Es autónomo, porque es posible que se controlen los actos administrativos
generales expedidos para desarrollar los decretos legislativos proferidos por el
Gobierno Nacional durante los estados de excepción, antes de que la Corte
Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad del decreto que declara el
mismo y de los decretos legislativos que expida el presidente de la República para
conjurarlo.
d. Es integral, en la medida en que se trata de un juicio que examina: (i) la
competencia de la autoridad que expidió el acto; (ii) la conexidad del acto con los
motivos que dieron lugar a la declaratoria del Estado de Excepción y con el
respectivo decreto legislativo; (iii) la sujeción a las formas, y (iv) la proporcionalidad
de las medidas adoptadas para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus
efectos. Ahora bien, aunque en principio podría pensarse que el control integral
implica confrontar el acto administrativo general expedido en desarrollo de los
decretos legislativos con todo el ordenamiento jurídico, debe precisarse que, dada
octubre de 2003, expediente núm. 2003-0472-01, C.P. Tarcisio Cáceres Toro, del 16 de junio de
2009, expediente núm. 2009-00305-00, y del 9 de diciembre de 2009, expediente núm. 2009-0732-
00, C.P. Enrique Gil Botero.
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Radicado: 11001 03 15 000 2025 01249 00
Control inmediato de legalidad
la complejidad y extensión de dicho ordenamiento, el control inmediato de legalidad
queda limitado a las normas invocadas en la sentencia que pone fin al proceso.
e. La Sala Plena del Consejo de Estado ha dicho, además, que el control es
compatible con las acciones públicas de Nulidad Simple y Nulidad por
Inconstitucionalidad, según sea el caso11. De modo que el acto administrativo
general expedido para desarrollar los decretos legislativos proferidos por el
Gobierno Nacional durante los Estados de Excepción puede demandarse
posteriormente en nulidad simple o en nulidad por inconstitucionalidad, siempre que
se alegue la violación de normas diferentes a las examinadas en el trámite del
control inmediato de legalidad.
f. Es un control participativo, pues los ciudadanos podrán intervenir
defendiendo o atacando la legalidad de los actos administrativos objeto de control.
g. La sentencia que decide el control inmediato de legalidad hace tránsito a cosa
juzgada relativa (artículo 189 del CPACA), si desestima la nulidad del acto. En
cuanto a esta característica, esta Corporación ha dicho que los fallos que
desestiman la nulidad de los actos objeto de control o que la decretan sólo
parcialmente respecto de algunos de sus preceptos, aunque tienen efecto erga
omnes, esto es, oponible a todos y contra todos, tienen la autoridad de cosa juzgada
relativa, es decir, sólo frente a los ítems de ilegalidad analizados y decididos en la
sentencia. Entonces, la decisión adoptada en un fallo desestimatorio, en estos
casos, en tanto se contrae a un estudio de legalidad limitado dado su carácter
oficioso, ajeno a la naturaleza dispositiva del control judicial asignado a la justicia
administrativa, no implica el análisis de todos los posibles motivos de contradicción
con normas superiores y, por lo mismo, no es óbice para que a futuro se produzca
otro pronunciamiento, que verse sobre reproches distintos que puedan edificarse
sobre la misma norma.
4.4. Control inmediato de legalidad de la Resolución nro. 000196 del 28 de
febrero de 2025
11 Ver, entre otras, las siguientes sentencias: (i) del 7 de febrero de 2000, expediente núm. CA-033,
C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; (ii) del 20 de octubre de 2009, expediente núm. 2009-00549,
C.P. Mauricio Fajardo Gómez, y (iii) del 9 de diciembre de 2009, expediente núm. 2009-00732, C.P.
Enrique Gil Botero.
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Control inmediato de legalidad
Procede la Sala Especial a realizar el control inmediato de legalidad de este acto
administrativo, de acuerdo con los criterios explicados por la jurisprudencia, a saber:
competencia, sujeción a las formas, conexidad y proporcionalidad.
4.4.1. En cuanto a la competencia
En aras de verificar este primer aspecto, se advierte que en el artículo 1º del Decreto
1742 de 2020 se determinó que a la DIAN corresponde la administración de los
impuestos, lo que, entre otras, compromete su recaudación. La norma en contexto
prevé:
“Artículo 1. Competencia. A la Unidad Administrativa Especial Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales le competen los siguientes asuntos:
La administración de los impuestos de renta y complementarios, de timbre
nacional y sobre las ventas; los derechos de aduana y los demás impuestos
internos del orden nacional cuya competencia no esté asignada a otras
entidades del Estado, bien se trate de impuestos internos o al comercio exterior;
así como la dirección y administración de la gestión aduanera, incluyendo la
aprehensión, decomiso o declaración en abandono a favor de la Nación de
mercancías y su administración y disposición.
Igualmente, le corresponde el control y vigilancia sobre el cumplimiento del
régimen cambiario en materia de importación y exportación de bienes y
servicios, gastos asociados a las mismas, financiación en moneda extranjera de
importaciones y exportaciones, y subfacturación y sobrefacturación de estas
operaciones.
La administración de los impuestos comprende su recaudación, fiscalización,
liquidación, discusión, cobro, devolución, sanción y todos los demás aspectos
relacionados con el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
La administración de los derechos de aduana y demás impuestos al comercio
exterior, comprende su recaudación, fiscalización, liquidación, discusión, cobro,
sanción y todos los demás aspectos relacionados con el cumplimiento de las
obligaciones aduaneras. La dirección y administración de la gestión aduanera
comprende el servicio y apoyo a las operaciones de comercio exterior, la
aprehensión, decomiso o declaración en abandono de mercancías a favor de la
Nación, su administración, control y disposición.
Le compete mantener la unidad doctrinal en la Interpretación de las normas en
materia tributaria, aduanera y de control cambiario, en lo de competencia de la
DIAN y la generación de estadística en las mismas materias.
Le compete, en su calidad de entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, el recaudo del impuesto de industria y comercio consolidado en
el régimen SIMPLE, previsto en el parágrafo 2 del artículo 908 del Estatuto
Tributario.
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Control inmediato de legalidad
La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales desarrollará todas las actuaciones administrativas necesarias para
ejercer su competencia” (Subrayas de la Sala).
En ese sentido, el numeral 2 del artículo 8 ibidem determina que son funciones de
la Dirección General de la DIAN impartir instrucciones de carácter general en
materia tributaria; veamos:
“Artículo 8. Funciones de la dirección general. Son funciones de la Dirección
General en desarrollo de las competencias propias de la DIAN, las siguientes:
(…)
2. Impartir instrucciones de carácter general en materia tributaria, aduanera, de
comercio exterior y de control cambiario, en lo de competencia de la DIAN”.
A su vez, en el Decreto Legislativo No. 175 de 2025 el Gobierno Nacional creó el
denominado “Impuesto Especial para el Catatumbo” (artículo 2 ibidem12) y, en el
artículo 7 del mismo decreto, se estableció que su recaudo estaría a cargo de la
DIAN. La última norma en cuestión es del siguiente tenor:
“Artículo 7. Recaudo. El Impuesto que se crea mediante el presente decreto
se pagará, así
1. Por la persona natural o jurídica exportadora, a través del Recibo Oficial de
Pago o del medio que determine la Unidad Administrativa Especial Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, el cual será documento soporte al
momento de la presentación y aceptación de la solicitud de autorización de
embarque. El valor pagado debe corresponder al valor del impuesto del
presente decreto que ampara la solitud de autorización de embarque.
2. Por la persona natural o jurídica que realice la venta en o desde el territorio
nacional, a través del Recibo Oficial de Pago o del medio que determine la
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
-DIAN, dentro de los 5 primeros días hábiles de cada mes, consolidando las
operaciones de venta del mes anterior.
Parágrafo 1. Para el caso del numeral 1 de este artículo, cuando la solicitud de
autorización de embarque registre datos provisionales, y estos varíen respecto
de los consignados en la declaración de exportación con datos definitivos, se
procederá a
1. Liquidar y pagar el impuesto faltante que se genere entre el valor FOB de la
declaración de exportación y la solicitud de autorización de embarque, a más
tardar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de la
declaración de exportación con datos definitivos.
12 “Artículo 2. Impuesto Especial para el Catatumbo. Crease el Impuesto temporal que grava la
extracción en el territorio nacional de hidrocarburos y carbón de las partidas arancelarias que se
definen en el artículo 3 del presente Decreto, al momento de la primera venta o la exportación”.
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2. Solicitar la devolución del pago en exceso cuando el valor FOB de la
declaración de exportación sea inferior al declarado en la solicitud de
autorización de embarque, adjuntando los documentos que prueben el hecho,
en los términos del artículo 850 del Estatuto Tributario.
Parágrafo 2. La presente disposición aplicará a las solicitudes de autorización
de embarque que se presenten y acepten a partir del quinto día hábil siguiente
a la publicación del presente decreto. Las solicitudes de autorización de
embarque que se presenten y acepten antes de que culmine la vigencia de la
medida se someten a estas mismas reglas independientemente de la fecha de
la declaración de exportación definitiva.
Parágrafo 3. Los recursos obtenidos en virtud de lo dispuesto en este artículo
se destinarán exclusivamente a atender los gastos del Presupuesto General de
la Nación necesarios para conjurar las causas de la perturbación que dieron
lugar a la declaración del estado de conmoción interior en la región del
Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de
Rio de Oro y González del departamento del Cesar, e impedir la extensión de
sus efectos.
Parágrafo 4. En el caso del numeral 1 del presente artículo, la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN
sancionará la no presentación del documento soporte del pago de este
impuesto de acuerdo con el numeral 2.1. del artículo 31 del Decreto 920 del
2023, sin perjuicio de la liquidación y pago del valor del impuesto y los intereses
a que haya lugar, en el evento en que el exportador no realice el pago.
El pago incompleto de este impuesto dará lugar a la sanción del inciso 2 del
numeral 2.1. del artículo 31 del Decreto 920 de 2023, sin perjuicio de la
liquidación y pago del valor faltante del impuesto y los intereses a que haya
lugar.
La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales -DIAN, a través de las áreas de fiscalización Aduanera, o quien haga
sus veces, será la competente para imponer las sanciones y/o la liquidación del
impuesto. Cuando se deba expedir la liquidación por el no pago o pago
incompleto del impuesto, esta se efectuará a través de resolución
independiente, previo requerimiento especial. Para el efecto se aplicará el
procedimiento previsto en el artículo 106 y siguientes del Decreto 920 de 2023
respecto de la imposición de sanciones. En todo caso, el contenido de la
resolución sancionatoria será el previsto en el artículo 115 del Decreto 920 de
2023, incluyendo, cuando sea el caso, la liquidación del impuesto o su faltante.
A la sanción a que se refiere el presente parágrafo, le serán aplicables los
artículos 23 y 24 del Decreto 920 de 2023.
Parágrafo 5. En el caso del numeral 2 del presente artículo, la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN
sancionará la no presentación y pago del recibo de pago, de acuerdo con el
numeral 11 del artículo 643 del Estatuto Tributario, es decir el 20% del valor del
impuesto que ha debido pagarse. En el evento en el que se presente y pague
extemporáneamente o pague un menor valor, aplicarán las sanciones de los
artículos 641 y 644 del Estatuto Tributario, calculado sobre el valor del
impuesto, junto con los intereses moratorios.
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Control inmediato de legalidad
La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales DIAN, a través de las áreas de fiscalización Tributaria, o quien haga
sus veces, será la competente para imponer las sanciones y/o la liquidación del
impuesto. Cuando se deba expedir la liquidación por el no pago o pago
incompleto del impuesto, esta se efectuará a través de resolución
independiente, previo pliego de cargos. Para el efecto se aplicará el
procedimiento previsto en los artículos 637 y 638 del Estatuto Tributario. En
todo caso, en la resolución sancionatoria, se incluirá, adicionalmente la
liquidación del impuesto o su faltante, cuando haya lugar a ello.
Sin perjuicio de lo anterior, el sujeto pasivo o responsable podrá subsanar las
inconsistencias de manera voluntaria, antes de que la administración tributaria
profiera el pliego de cargos, en cuyo caso las sanciones se reducirán, de
acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 651 del Estatuto Tributario. Es decir, se
reducirán al 10% de lo previsto en los artículos 641 y 644 del Estatuto
Tributario, junto con los intereses moratorios.
A la sanción a que se refiere el presente parágrafo, le será aplicable el
artículo 640 del Estatuto Tributario”.
Bajo tal perspectiva, la Sala advierte que la Resolución nro. 000196 del 28 de
febrero de 2025 fue expedida al amparo de las disposiciones normativas citadas, en
el contexto de la emergencia derivada de la grave perturbación del orden público
provocada por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales en la región del
Catatumbo; y, conforme a lo dispuesto en dichas normas, se confirió a la DIAN la
responsabilidad de administrar y recaudar el impuesto creado con el propósito de
generar los recursos necesarios para atender dicha situación de emergencia.
4.4.2. En cuanto a los requisitos de forma
Desde el punto de vista formal, la Resolución 000196 del 28 de febrero de 2025
examinada contiene los elementos requeridos para la efectiva expresión de la
voluntad unilateral emitida en ejercicio de función administrativa, en tanto que en
ella aparece el objeto, la causa, el motivo y finalidad de su expedición, según se
advierte de la lectura de sus considerandos.
Aunado a lo anterior, la citada resolución cumple con los demás elementos formales
de todo acto administrativo, tales como: el encabezado, número, fecha, epígrafe o
resumen de las materias reguladas, la competencia o la referencia expresa de las
facultades que se ejercen, el contenido de las materias reguladas u objeto de la
disposición, la parte resolutiva y la firma de quien lo suscribe.
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Control inmediato de legalidad
4.4.3. En cuanto a la conexidad
En relación con el análisis de conexidad en el marco del control inmediato de
legalidad, el Consejo de Estado ha precisado que “Se trata de establecer si la
materia del acto objeto de control inmediato tiene fundamento constitucional y
guarda relación directa y específica con el estado de emergencia declarado y el
decreto legislativo que adopta medidas para conjurarlo. Se puede afirmar que hay
conexidad entre el decreto legislativo y el decreto que lo desarrolla cuando entre
uno y otro hay una correlación directa” 13.
En este orden, se debe establecer si la Resolución 196 de 2025 es consonante con
las causas que generaron la declaratoria del Estado de Excepción y las normas que
se han expedido para superar dicha situación, particularmente lo previsto en el
Decreto Legislativo 175 de 2025.
4.4.3.1. Al respecto, es pertinente señalar que el presidente de la República,
en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas
en los artículos 213 de la Constitución Política y 34 de la Ley 137 de 1994, por medio
del Decreto 62 del 24 de enero de 2025 declaró el “estado de conmoción interior en
la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los
municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar”14, con el fin de
adoptar medidas que permitan conjurar los graves problemas de orden público que
se presentan en esa zona, atendiendo, entre otras, a las siguientes motivaciones:
“Que, pese a los esfuerzos del Gobierno nacional para la protección de los
líderes sociales y la población en proceso de reincorporación a la vida civil, la
ARN ha reportado que, desde el 15 de enero de 2025, 102 firmantes del acuerdo
final de paz han sido desplazados forzadamente con sus familias; 5,
asesinados, y 11, desaparecidos, en la región del Catatumbo.
Que, desde el 16 de enero de 2025, la grave perturbación del orden público en
la región del Catatumbo se ha intensificado como consecuencia del despliegue
militar, las hostilidades y las operaciones armadas del ELN en contra de la
población civil y las instituciones, lo que ha generado una grave e imprevisible
crisis humanitaria que compromete, entre otras, a poblaciones especialmente
vulnerables como el pueblo indígena Bari, líderes sociales, niños, niñas y
adolescentes, campesinos y campesinas.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Rad. 11001-03-15-000-2015-
0257800(CA), sentencia de 24 de mayo de 2016, C.P. Guillermo Vargas Ayala.
14 Artículo 1º ibidem.
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Control inmediato de legalidad
Que, según la información reportada por las autoridades territoriales en los
Puestos de Mando Unificados, en el marco de la escalada de violencia y con
corte al 21 de enero de 2025, se han confirmado 38 homicidios (incluidos 5
firmantes del acuerdo final de paz), sin que sea posible descartar la existencia
de un número mayor de víctimas mortales ante las extremas dificultades que
enfrentan las autoridades para la recolección e identificación de cuerpos en las
zonas más afectadas por la confrontación, así como múltiples casos de lesiones
personales y desapariciones forzadas.
Que, en atención a la situación presentada, 395 personas han sido extraídas,
entre las que se encuentran 14 firmantes de paz y 17 de sus familiares, quienes
se han refugiado en unidades militares; además, se encuentra pendiente la
evacuación de 52 personas.
Que, de acuerdo con la información proporcionada por el Comité de Justicia
Transicional, con corte a 22 de enero de 2025, el consolidado de la población
desplazada forzadamente es de 36.137 personas. En contraste, durante todo el
año 2024 el RUV reportó un total de 5.422 desplazados forzadamente.
Que, según el Puesto de Mando Unificado departamental, con corte a 21 de
enero de 2025, de ese número de personas desplazadas forzadamente, 16.482
se encuentran resguardadas en albergues y refugios ubicados en distintos
municipios de Norte de Santander, así:
(…)
Que el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que, con motivo de la grave
situación de orden público descrita, los días 17, 18 y 19 de enero de 2025 se
presentó un flujo migratorio hacia territorio venezolano que alcanzó las 700
personas diarias; y que los días 20 y 21 de enero de 2025 se presentó una leve
disminución a cerca de 400 personas por día.
Que, a su vez, con corte a 21 de enero de 2025, la Alcaldía de Cúcuta reportó
que, por medio de sus distintas secretarias y dependencias, ha atendido a
15.086 personas como consecuencia del escalamiento de las hostilidades y los
ataques a la población civil en la región del Catatumbo en los últimos días.
Que, adicionalmente, según el reporte de 21 de enero de 2025, el Puesto de
Mando Unificado dio cuenta de que en los municipios de Tibú, Teorama y San
Calixto se presenta el confinamiento de 7.122 personas y que, en general, los
municipios receptores de población víctima del conflicto afrontan
desbordamiento institucional, lo cual afecta negativamente su capacidad de
protección de derechos de esta población.
Que los municipios de Rio de Oro y González del departamento del Cesar, como
colindantes de la región del Catatumbo, han venido recibiendo población víctima
de desplazamiento forzado como consecuencias de las graves afectaciones del
orden público derivadas de los atentados y amenazas perpetrados por el ELN
en esa región.
Que los hechos descritos prueban de manera objetiva que se presenta una
perturbación extraordinaria del orden público en la región del Catatumbo,
derivada de enfrentamientos armados, amenazas, desplazamientos forzados
masivos, afectaciones al ejercicio de los derechos fundamentales de la
población civil, alteración de la seguridad y daños a bienes protegidos y al
ambiente.
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Control inmediato de legalidad
(…)
Que, dada la excepcionalidad de la situación, el Gobierno nacional deberá
recurrir a recursos fiscales extraordinarios y a modificaciones del PGN, con el
objeto de financiar, por una parte, las acciones y capacidades de la Fuerza
Pública para el restablecimiento del orden público y, por otra, los proyectos y
programas de inversión social, priorizando los concertados con las autoridades
regionales, locales y étnicas, lo mismo que con las organizaciones sociales en
los sectores productivo, de infraestructura, educación, salud y ordenamiento del
territorio, en aras de avanzar en la transformación territorial y la construcción de
paz en la región del Catatumbo.
(…)
Que, en atención a la gravedad de la crisis que afecta a la región del Catatumbo
y el área metropolitana de Cúcuta, y tras constatarse la insuficiencia de los
medios ordinarios con los que cuentan las autoridades para conjurar la grave
perturbación del orden público, se hace necesario acudir al estado de
conmoción interior.” (Subrayas de la Sala).
Posteriormente, el Gobierno Nacional, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales, entre ellas, las derivadas del decreto declarativo del
estado de emergencia, expidió el Decreto Legislativo 175 de 2025, “Por el cual se
adoptan medidas tributarias destinadas a atender los gastos del Presupuesto
General de la Nación necesarios para hacer frente al estado de conmoción interior
decretado en la región del Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y los
municipios de Rio de Oro y González del departamento del Cesar”, con fundamento,
entre otras, en las siguientes consideraciones:
“Que, la imposición de tributos en el marco del estado de conmoción interior se
encuentra limitada por el conjunto de principios constitucionales que orientan el
sistema tributario, en particular los criterios de justicia y equidad, así como por
las normas que protegen las competencias y recursos de las autoridades
locales, marco que fue considerado en las medidas transitorias implementadas
mediante el presente decreto.
Que, tal y como ha sido reconocido por la jurisprudencia constitucional en el
marco de los estados de conmoción interior no resulta aplicable la prohibición
establecida en el artículo 359 Superior. En este sentido, los recursos
recaudados en atención a las medidas aquí establecidas deberán emplearse
para financiar, por una parte, las acciones y capacidades de la Fuerza Pública
y, por otra, los proyectos y programas de las distintas entidades del Gobierno
nacional requeridos para intervenir respecto de los actos que han dado lugar al
estado de excepción e impedir que se extiendan. sus efectos.
(…)
Que la atención de la conmoción interior implica gastos no contemplados en el
PGN por lo que el Gobierno nacional estima necesario acudir a medidas
tributarias, transitorias, que le permitan obtener recursos adicionales para
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responder de manera concreta y específica a la superación de la conmoción
interior.
(…)
Que, para obtener recursos que permitan la atención de la conmoción interior,
se crea con carácter temporal, el Impuesto a cargo de las personas naturales o
jurídicas que exporten definitivamente o vendan dentro o desde el territorio
nacional, hidrocarburos y/o carbón, estableciendo los elementos esenciales de
este impuesto, en desarrollo de los principios de legalidad y certeza del tributo.
(…)
Que este impuesto grava la primera venta derivada de la extracción de
hidrocarburos y carbón de las partidas arancelarias que en este se definen,
tanto para la venta dentro y desde el territorio nacional como la exportación al
resto del mundo.
Que el impuesto que se crea mediante el presente decreto se causa tanto en el
caso de la primera venta dentro o desde el territorio nacional como con la
presentación y aceptación de la solicitud de autorización de embarque al resto
del mundo de hidrocarburos y carbón de las partidas arancelarias señaladas,
en el caso de la exportación al resto del mundo.
Que de conformidad con el parágrafo 1 del artículo 20 de la Ley 2056 de 2020,
se entiende como pago de regalías en especie, la entrega material de una
cantidad de producto bruto explotado por quien explota los recursos naturales
no renovables, de la cantidad de producto liquidado de regalías.
Que cuando las regalías se paguen en especie y el recurso natural se entregue
a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, su venta no generará el impuesto
especial para el Catatumbo para no gravar las regalías. El recurso natural
pagado en especie únicamente generará el impuesto especial para el
Catatumbo si el tercero que lo adquiere posteriormente lo exporta.
Que la no presentación del documento soporte de pago del Impuesto a que se
crea mediante el presente decreto o su pago incompleto se someterá al régimen
sancionatorio aduanero establecido en el Decreto 920 de 2023, para el caso de
las exportaciones. Para el caso de las ventas dentro y desde el territorio
nacional, aplicarán las sanciones de los artículos 641, 643 y 644 del Estatuto
Tributario, así como el procedimiento previsto en los artículos 637 y 638 del
mismo estatuto.
Que actualmente la tarifa del impuesto de timbre es de cero por ciento (0%) de
conformidad con lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 519 del Estatuto
Tributario, adicionado mediante el artículo 72 de la Ley 1111 de 2016, que es
del siguiente tenor "La tarifa del impuesto a que se refiere el presente artículo
se reducirá de la siguiente manera: (...) Al cero por ciento (0%) a partir del año
2010".
Asimismo, en los artículos 2 y subsiguientes del anotado acto resolvió lo que sigue
a continuación:
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Control inmediato de legalidad
“Artículo 2. Impuesto Especial para el Catatumbo. Crease el Impuesto temporal
que grava la extracción en el territorio nacional de hidrocarburos y carbón de
las partidas arancelarias que se definen en el artículo 3 del presente Decreto,
al momento de la primera venta o la exportación.
Artículo 3. Hecho generador y causación. Son hechos generadores del
impuesto que se crea mediante el presente decreto:
(i) La primera venta dentro o desde el territorio nacional de hidrocarburos y
carbón de las partidas arancelarias que se mencionan a continuación, y
(ii) La presentación y aceptación de la solicitud de autorización de embarque al
resto del mundo, de hidrocarburos y carbón de las partidas arancelarias que se
mencionan a continuación:
Parágrafo 1. El Impuesto que se crea mediante el presente Decreto se causará:
(i) en el caso de la primera venta dentro o desde el territorio nacional, con la
emisión de la factura y a falta de esta, en el momento de la primera entrega,
aunque se haya pactado reserva de dominio, pacto de retroventa o condición
resolutoria; y (ii) en el caso de la exportación, con la presentación y aceptación
de la solicitud de autorización de embarque al resto del mundo de Hidrocarburos
y Carbón de las partidas arancelarias señaladas.
Parágrafo 2. Los aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso de la
partida arancelaria 27.09 recibidos por parte de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos por concepto de pago de regalías, no causan el impuesto
especial para el Catatumbo al momento de la venta. Este sólo se causará al
momento de la exportación.
Artículo 4. Base gravable. La base gravable será: (i) en la venta dentro o
desde el territorio nacional, el valor de la venta; (ii) en la presentación y
aceptación de la solicitud de autorización de embarque, el valor FOB en pesos
de los hidrocarburos y/o carbón exportado de las partidas arancelarias
establecidas en el artículo 3 del presente Decreto. En caso de que el valor FOB
esté en dólares de los Estados Unidos de América, se utilizará la TRM del día
en que se presente y acepte la solicitud de autorización de embarque para
convertir ese valor a pesos colombianos.
Parágrafo. Cuando quien extrae el hidrocarburo o el carbón, es quien lo exporta
directamente, el impuesto sólo se causa una vez, aplicando la base gravable de
la presentación y aceptación de la solicitud de autorización de embarque,
prevista en este artículo.
Artículo 5. Tarifa. La tarifa será la siguiente:
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Artículo 6. Sujeto pasivo y responsable. Serán sujetos pasivos y
responsables las personas naturales o jurídicas que realicen exportaciones
definitivas y/o que vendan hidrocarburos y/o carbón de las partidas arancelarias
establecidas en el artículo 3 del presente decreto
Artículo 7. Recaudo. El Impuesto que se crea mediante el presente decreto se
pagará, así
1. Por la persona natural o jurídica exportadora, a través del Recibo Oficial de
Pago o del medio que determine la Unidad Administrativa Especial Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, el cual será documento soporte al
momento de la presentación y aceptación de la solicitud de autorización de
embarque. El valor pagado debe corresponder al valor del impuesto del
presente decreto que ampara la solitud de autorización de embarque.
2. Por la persona natural o jurídica que realice la venta en o desde el territorio
nacional, a través del Recibo Oficial de Pago o del medio que determine la
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
-DIAN, dentro de los 5 primeros días hábiles de cada mes, consolidando las
operaciones de venta del mes anterior.
Parágrafo 1. Para el caso del numeral 1 de este artículo, cuando la solicitud de
autorización de embarque registre datos provisionales, y estos varíen respecto
de los consignados en la declaración de exportación con datos definitivos, se
procederá a
1. Liquidar y pagar el impuesto faltante que se genere entre el valor FOB de la
declaración de exportación y la solicitud de autorización de embarque, a más
tardar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de la
declaración de exportación con datos definitivos.
2. Solicitar la devolución del pago en exceso cuando el valor FOB de la
declaración de exportación sea inferior al declarado en la solicitud de
autorización de embarque, adjuntando los documentos que prueben el hecho,
en los términos del artículo 850 del Estatuto Tributario.
Parágrafo 2. La presente disposición aplicará a las solicitudes de autorización
de embarque que se presenten y acepten a partir del quinto día hábil siguiente
a la publicación del presente decreto. Las solicitudes de autorización de
embarque que se presenten y acepten antes de que culmine la vigencia de la
medida se someten a estas mismas reglas independientemente de la fecha de
la declaración de exportación definitiva.
Parágrafo 3. Los recursos obtenidos en virtud de lo dispuesto en este artículo
se destinarán exclusivamente a atender los gastos del Presupuesto General de
la Nación necesarios para conjurar las causas de la perturbación que dieron
lugar a la declaración del estado de conmoción interior en la región del
Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de
Rio de Oro y González del departamento del Cesar, e impedir la extensión de
sus efectos.
Parágrafo 4. En el caso del numeral 1 del presente artículo, la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN
sancionará la no presentación del documento soporte del pago de este
impuesto de acuerdo con el numeral 2.1. del artículo 31 del Decreto 920 del
2023, sin perjuicio de la liquidación y pago del valor del impuesto y los intereses
a que haya lugar, en el evento en que el exportador no realice el pago.
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El pago incompleto de este impuesto dará lugar a la sanción del inciso 2 del
numeral 2.1. del artículo 31 del Decreto 920 de 2023, sin perjuicio de la
liquidación y pago del valor faltante del impuesto y los intereses a que haya
lugar.
La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales -DIAN, a través de las áreas de fiscalización Aduanera, o quien haga
sus veces, será la competente para imponer las sanciones y/o la liquidación del
impuesto. Cuando se deba expedir la liquidación por el no pago o pago
incompleto del impuesto, esta se efectuará a través de resolución
independiente, previo requerimiento especial. Para el efecto se aplicará el
procedimiento previsto en el artículo 106 y siguientes del Decreto 920 de 2023
respecto de la imposición de sanciones. En todo caso, el contenido de la
resolución sancionatoria será el previsto en el artículo 115 del Decreto 920 de
2023, incluyendo, cuando sea el caso, la liquidación del impuesto o su faltante.
A la sanción a que se refiere el presente parágrafo, le serán aplicables los
artículos 23 y 24 del Decreto 920 de 2023.
Parágrafo 5. En el caso del numeral 2 del presente artículo, la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN
sancionará la no presentación y pago del recibo de pago, de acuerdo con el
numeral 11 del artículo 643 del Estatuto Tributario, es decir el 20% del valor del
impuesto que ha debido pagarse. En el evento en el que se presente y pague
extemporáneamente o pague un menor valor, aplicarán las sanciones de los
artículos 641 y 644 del Estatuto Tributario, calculado sobre el valor del
impuesto, junto con los intereses moratorios.
La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales DIAN, a través de las áreas de fiscalización Tributaria, o quien haga
sus veces, será la competente para imponer las sanciones y/o la liquidación del
impuesto. Cuando se deba expedir la liquidación por el no pago o pago
incompleto del impuesto, esta se efectuará a través de resolución
independiente, previo pliego de cargos. Para el efecto se aplicará el
procedimiento previsto en los artículos 637 y 638 del Estatuto Tributario. En
todo caso, en la resolución sancionatoria, se incluirá, adicionalmente la
liquidación del impuesto o su faltante, cuando haya lugar a ello.
Sin perjuicio de lo anterior, el sujeto pasivo o responsable podrá subsanar las
inconsistencias de manera voluntaria, antes de que la administración tributaria
profiera el pliego de cargos, en cuyo caso las sanciones se reducirán, de
acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 651 del Estatuto Tributario. Es decir, se
reducirán al 10% de lo previsto en los artículos 641 y 644 del Estatuto
Tributario, junto con los intereses moratorios.
A la sanción a que se refiere el presente parágrafo, le será aplicable el
artículo 640 del Estatuto Tributario.
(…)
Artículo 9. Los recursos obtenidos en virtud de lo dispuesto en el artículo 8 del
presente decreto se destinarán exclusivamente a atender los gastos del
Presupuesto General de la Nación necesarios para conjurar las causas de la
perturbación que dieron lugar a la declaración de la conmoción interior en la
región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los
municipios de Rio de Oro y González del departamento del Cesar, e impedir la
extensión de sus efectos
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Artículo 10. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su
publicación. Las disposiciones contenidas en el presente Decreto serán
aplicables una vez culmine el quinto día hábil siguiente a su publicación y hasta
el 31 de diciembre de 2025”.
4.4.3.2. Ahora, debe señalarse que la DIAN, mediante el artículo 9 de la
Resolución 0004 del 15 de enero de 2019, adoptó el Instructivo del formulario No.
490, denominado “Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales”, en los siguientes
términos:
“Artículo 9o. Recibo oficial de pago impuestos nacionales - formulario
número 490. Prescribir como “Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales”,
el Formulario Modelo número 490, diseño que forma parte integral de la
presente resolución.
La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN), pondrá a disposición el Formulario Modelo número 490 en
forma virtual en la página web, www.dian.gov.co, para su diligenciamiento,
presentación y pago electrónico, o para su diligenciamiento en el sistema y
posterior presentación ante las entidades autorizadas para recaudar.
Este recibo debe utilizarse por todas las personas naturales y jurídicas y sus
asimiladas, que efectúen pagos por concepto de impuestos, retenciones y
sanciones”
Así, la disposición citada tiene como finalidad reglamentar el uso de un formulario
oficial y estandarizado para la realización de pagos por concepto de impuestos,
retenciones y sanciones a cargo de personas naturales y jurídicas, buscando
facilitar la gestión tributaria mediante un instrumento único diseñado
específicamente para el cumplimiento de obligaciones fiscales a nivel nacional.
4.4.3.3. Lo anterior reviste especial relevancia, ya que la finalidad del acto
objeto de análisis, a saber, la Resolución No. 000196 del 28 de febrero de 2025,
consiste precisamente en adicionar al instructivo del Formulario 490 el Impuesto
Especial para el Catatumbo, creado mediante el Decreto Legislativo 175 de 2025.
En este sentido, la anotada Resolución incorpora dicho impuesto dentro del
procedimiento formal para su declaración y pago, esto es, a través del instrumento
oficial previamente reglamentado para esos efectos.
En efecto, en el artículo 1 de la anotada Resolución se expuso:
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“Artículo 1. Modificar el instructivo del Formulario No. 490 “Recibo Oficial
de Pago de Impuestos Nacionales” prescrito mediante Resolución 000051
del 21 de mayo de 2020. Modifíquese el instructivo del formulario 490 “Recibo
Oficial de Pago de Impuestos Nacional”, prescrito mediante Resolución 000051
del 21 de mayo de 2020, adicionando el siguiente concepto de pago.
Parágrafo 1. El Recibo de Pago 490 “Recibo Oficial de Pago Impuesto
Nacional” también se utilizará para liquidar y pagar las sanciones e intereses a
que haya lugar, de conformidad con lo previsto en el parágrafo 5 del artículo 7
del Decreto 0175 de 2025”.
En consecuencia, resulta evidente que la medida objeto de estudio cumple con el
requisito de conexidad material con el Decreto Legislativo 175 de 2025, en la medida
en que dicho decreto creó el Impuesto Especial para el Catatumbo, mientras que la
Resolución No. 000196 del 28 de febrero de 2025 se limitó a incorporar dicho tributo
en el instructivo del formulario oficial adoptado por la DIAN para efectos de facilitar
su declaración y recaudo.
4.4.4. Proporcionalidad.
Pues bien, de la lectura de los considerandos del acto objeto de control se
desprende que la razón invocada para su expedición fue la necesidad de modificar
el Recibo Oficial de Pago de Impuestos Nacionales, previsto en el Formulario 490,
con el fin de incorporar el Impuesto Especial para el Catatumbo, y así permitir y
facilitar que los contribuyentes pudieran realizar el pago de esa obligación.
En tal contexto, observa la Sala que la Resolución objeto de control es adecuada e
idónea para la consecución de los fines perseguidos por el Decreto Legislativo 175
de 2025, pues en este último acto se buscó la creación del mencionado tributo para
conjurar las causas de la perturbación que dieron lugar a la declaración del estado
de conmoción interior en la región del Catatumbo, y en el acto enjuiciado se busca
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la incorporación de ese impuesto en el formulario oficial que permita su pago por
parte de las personas obligadas.
En conclusión, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, se encuentra la
Resolución No. 000196 del 28 de febrero de 2025, emitida por la DIAN, resulta
idónea, necesaria y proporcional con los hechos que dieron lugar a la declaratoria
del estado de excepción y los decretos legislativos que se expidieron para
conjurarlos. Asimismo, se observa una especial correlación entre los fines buscados
y los medios empleados para conseguirlo, de modo que se hace evidente el
cumplimiento de este requisito.
Aclara la Sala que, como lo ha reiterado esta Corporación en su jurisprudencia15, “si
bien es cierto que el control automático supone un control integral, no puede
pretenderse con ello que, al ejercer tal control, el juez revise todo el ordenamiento
jurídico”, por lo cual los efectos de esta sentencia tienen la autoridad de cosa
juzgada relativa (artículo 189 del CPACA), es decir, sólo frente a los aspectos
analizados y decididos en ella.
En mérito de lo expuesto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, a través de su Sala Especial de Decisión No. 18, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: NEGAR la petición de suspensión del proceso efectuada por el señor
Harold Eduardo Sua Montaña, por las consideraciones antes expuestas.
SEGUNDO: DECLARAR que la Resolución No. 000196 del 28 de febrero de 2025,
expedida por la DIAN, se encuentra ajustada a derecho, de conformidad con las
razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
15 Sobre este aspecto consultar: Sentencia de 20 de octubre de 2009, exp. 11001-03-15-000-2009-
00549OO(CA); Sentencia de 23 de noviembre de 2010, exp. 11001-03-15-000-2010-00196-00(CA);
Sentencia de 18 de enero de 2011, exp. 11001-03-15-000-2010-00165-00(CA); Sentencia de 12 de
abril de 2011, exp. 1100103-15-000-2010-00170-OO(CA).
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Control inmediato de legalidad
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala Especial de Decisión
número 18 de la Sala de Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado, en
sesión del 4 de junio de 2025.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Consejera de Estado Consejero de Estado
WILSON RAMOS GIRÓN (E)
Consejero de Estado
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