Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03522-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03522-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03522-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
31 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA CUARTA ESPECIAL DE DECISIÓN
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Treinta y uno (31) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Medio de control: CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03522-00
Entidad: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Objeto de control: Resolución 46902 del 5 de mayo de 2026
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
El Consejo de Estado es competente para conocer del control inmediato de
legalidad contra la Resolución 46902 del 5 de mayo de 2026 expedida por el
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS)1, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 20 de la Ley 137 de 19942 y 136 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) 3, el
cual es de conocimiento de las Salas Especiales de Decisión, según lo establecen
los artículos 234, 29.35 y 426 del Acuerdo 080 de 2019 y, a su vez, lo decidido en
sesión virtual 10 del 1.° de abril de 2020, ambos de la Sala Plena del Consejo de
Estado.
1 Organismo del orden nacional que hace parte del sector central de la administración pública,
según lo establece el Decreto 1084 del 26 de mayo de 2015.
2 «Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y
como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control
inmediato de legalidad, ejercido por la autoridad de lo contencioso administrativo en el lugar donde
se expidan si se tratare de entidades territoriales o del Consejo de Estado si emanaren de
autoridades nacionales. Las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos
administrativos a la jurisdicción contencioso-administrativa indicada, dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a su expedición».
3 «Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y
como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control
inmediato de legalidad, ejercido por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en el lugar
donde se expidan, si se tratare de entidades territoriales, o del Consejo de Estado si emanaren de
autoridades nacionales, de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en este Código.
Las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos administrativos a la autoridad
judicial indicada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición. Si no se
efectuare el envío, la autoridad judicial competente aprehenderá de oficio su conocimiento».
4 «Para efectos de la sustanciación, el Presidente de la Corporación sorteará los asuntos de
control inmediato de legalidad entre todos los Magistrados de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo».
5 «Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de competencia de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo: […] 3. Los demás procesos que les sean asignados por
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo».
6 «La convocatoria a las sesiones de las Salas, Secciones y Subsecciones se hará previa y
públicamente por escrito en el que se mencionarán lugar, día, hora y orden del día. En caso de
urgencia la citación podrá ser verbal, de lo que se dejará testimonio en el acta».
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Entidad: Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social (DPS)
Acto: Resolución 46902 del 5 de mayo de 2026
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I. ANTECEDENTES
A. Declaratoria de emergencia económica, social y ecológica, decreto
legislativo y acto objeto de control
1. El presidente de la República, mediante Decreto 0150 del 11 de febrero de
2026, y con la firma de todos sus ministros, declaró el Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La
Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, por el término de treinta (30)
días, pues acontecieron hechos hidrometeorológicos atípicos y extraordinarios
que derivaron en afectaciones masivas y verificables.
2. En efecto, a partir del 1.° de febrero de 2026, en los departamentos en
mención, se presentaron condiciones climáticas excepcionales que conllevaron
lluvias intensas, inundaciones, crecientes súbitas y afectaciones significativas en
zonas costeras, marítimas y continentales, de ahí que se decretara lo que a
continuación se cita:
ARTÍCULO 1o. Declárese el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar,
Magdalena y Chocó por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir
de la vigencia de este decreto.
3. Asimismo, en el artículo 3.° del decreto en mención, se habilitó al Gobierno
nacional para que adoptara decretos legislativos y operaciones presupuestales
que conllevaran a la conjuración de la crisis e impedir la extensión de sus efectos.
4. Por consiguiente, el Gobierno nacional expidió el Decreto Legislativo 0245
del 12 de marzo de 20267 en el que, entre otros, autorizó al DPS para
implementar, de manera extraordinaria, transitoria y estrictamente limitada a la
emergencia, tres medidas en las zonas mencionadas del país, así: i)
transferencias monetarias extraordinarias orientadas a la protección del mínimo
vital de los hogares damnificados; ii) apoyos extraordinarios de atención
alimentaria y agua segura y iii) apoyos temporales para recuperación básica de
unidades productivas y economías populares.
5. Como consecuencia de lo expuesto, el DPS dictó la resolución objeto de
control, esto es, la 46902 del 5 de mayo de 2026, «[p]or medio de la cual se
reglamenta la entrega de apoyos extraordinarios de atención alimentaria y agua
segura con el fin de conjurar la crisis e impedir la extensión de los efectos
derivados de la emergencia económica, social y ecológica declarada mediante el
Decreto 0150 de 2026 y se dictan otras disposiciones».
7 «[p]or medio del cual se adoptan medidas extraordinarias de carácter presupuestal, de
focalización y de ejecución a cargo del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,
con el propósito de conjurar la crisis e impedir la extensión de los efectos derivados del frente frío,
en el marco del Estado de Emergencia, Social y Ecológica declarado mediante el Decreto 0150
de 2026».
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6. Para esos efectos, el director del DPS invocó los artículos 3.° del Decreto
0150 de 2026; 59.3 de la Ley 489 de 1998; 67 de la Ley 2294 de 2023; 1.° y 4.°
del Decreto 0245 de 2026; 27 del Decreto 0684 de 2024; 8.° (ordinales 2.°, 5.°,
7.° y 9.°) del Decreto 017 de 2025. Al margen de ello, se consignó que la entrega
de apoyos extraordinarios de atención alimentaria y agua segura resultaban
necesarios ante la insuficiencia de los mecanismos ordinarios.
7. En ese sentido, se dispuso autorizar la entrega de la transferencia en
especie extraordinaria y no condicionada de atención alimentaria y agua segura
a los hogares o personas afectadas por la Emergencia Económica, Social y
Ecológica en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre,
Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.
8. Bajo ese supuesto, se precisaron los tres tipos de ayuda con el fin de
atender la emergencia, así:
1. Paquetes de respuesta inmediata / Listo para consumo. Para zonas con
colapso de infraestructura de servicios y cocina.
2. Paquetes de sostenimiento / Disponible para preparar. Para zonas con
afectación moderada donde sea posible la cocción de alimentos.
3. Apoyo a personas ubicadas en alojamientos temporales (comedores). Entrega
de productos alimentarios a granel para apoyar comedores o alberges [sic]
donde se entregue comida servida a la población.
9. Ello, con el fin de que a los hogares afectados en los municipios de los
departamentos referenciados les fuera entregado el apoyo extraordinario de
atención alimentaria y agua segura con base en los censos o listados oficiales de
afectación expedidos o validados por la Unidad Nacional de Gestión, Riesgos y
Desastres (UNGRD), entidades territoriales, comités de gestión del riesgo, o en
registros administrativos sectoriales definidos por el DPS.
10. A su vez, se establecieron criterios de priorización para que dichas ayudas
fueran orientadas a sujetos de especial protección constitucional y a hogares con
mayor afectación socioeconómica, de ahí que el parágrafo 1.° del artículo 4.° de
la Resolución 46902 de 2026 haya considerado a niños, niñas, adolescentes,
gestantes y lactantes, personas mayores, con discapacidad, mujeres cabeza de
hogar, comunidades étnicas, población rural dispersa, entre otros.
11. Por último, se fijó que dichas ayudas serían sufragadas con cargo al
certificado de disponibilidad presupuestal n.° 16526 del 27 de abril de 2026, el
cual, según el artículo 5.°, hace parte del presente acto objeto de control.
B. Actuaciones procesales
12. Por auto del 13 de mayo de 20268 el magistrado ponente avocó
conocimiento del control inmediato de legalidad de la referencia y dispuso: i) fijar
8 Índice 7 Samai.
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aviso en la Secretaría General de esta corporación, mediante el cual se
comunicara a la ciudadanía la existencia del proceso, a efectos de que se
pronunciara frente a la legalidad del acto analizado; ii) solicitar al DPS el envío de
los antecedentes administrativos y, por último, iii) correr traslado al Ministerio
Público para que rindiera concepto.
C. Intervenciones
Procuradora Séptima Delegada ante el Consejo de Estado
13. Mediante concepto del 19 de junio de 20269 solicitó declarar la legalidad
de la Resolución 46902 del 5 de mayo de 2026 bajo el entendido de que cumplió
con los requisitos de forma, materia, conexidad y proporcionalidad.
14. En efecto, indicó, frente a los aspectos de forma, que el acto objeto de
control guarda relación con las funciones asignadas al DPS y a su director, pues
la adopción de medidas consistentes en entrega de apoyos extraordinarios de
atención alimentaria y agua segura para mitigar las consecuencias de la
Emergencia Económica, Social y Ecológica (Decreto 0150 de 2026) está
circunscrita a la formulación e implementación de instrumentos de intervención
estatal dirigidos a la atención de la población en situación de vulnerabilidad10.
15. En relación a la motivación de la Resolución 46902 del 5 de mayo de 2026,
adujo que existió una exposición de las razones fácticas y jurídicas para su
expedición, es decir, se detalló el marco constitucional de los estados de
excepción distintos a la guerra y conmoción interior, el derecho a la alimentación
adecuada (artículo 65 de la Constitución Política) y, a su vez, los fenómenos
hidrometeorológicos atípicos que conllevaron a la autorización para implementar
apoyos extraordinarios de atención alimentaria y agua segura.
16. Finalmente, afirmó que dicho acto se expidió en ejercicio de las funciones
administrativas asignadas al DPS y a su director. Asimismo, indicó que aquel
constituye una manifestación unilateral de la voluntad de carácter general por su
contenido abstracto e impersonal. En suma, advirtió que la resolución referida
contiene el encabezado, fecha, número del acto, competencia normativa,
consideraciones, vigencia y la firma de quien la suscribió.
17. Por otra parte, estableció, frente a los requisitos de fondo, que se cumplió
la conexidad entre los decretos 0150 de 2026, 0245 de 2026 y la resolución objeto
de control, en tanto que esta última desarrolló el alcance de los apoyos
extraordinarios de atención alimentaria y agua segura a la población damnificada,
lo cual se habilitó en el decreto legislativo con ocasión de los fenómenos
hidrometeorológicos atípicos y sus consecuencias en los departamentos de
Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.
9 Índice 19 Samai.
10 Ordinal 1.º del artículo 5 del Decreto 017 de 2025, «[…] [p]or el cual se modifica la estructura
del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social».
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18. Por último, esgrimió que las medidas adoptadas son proporcionales para
superar las situaciones que dieron lugar a la declaratoria del estado de excepción,
con ocasión del fenómeno climático denominado «Frente Frío», pues las tres
modalidades de apoyo contrarrestan las dificultades de acceso a alimentos y agua
segura y, en consecuencia, garantizan la satisfacción de necesidades básicas
indispensables para la subsistencia de la población damnificada (derecho al
mínimo vital y alimentación).
II. CONSIDERACIONES
19. La Sala Cuarta Especial de Decisión declarará la legalidad de la Resolución
46902 del 5 de mayo de 2026, bajo el entendido de que observó los criterios
formales y materiales relacionados con la conexidad de las medidas adoptadas
con los motivos que dieron lugar a la expedición del Decreto 0150 de 2026 y su
proporcionalidad.
20. A efectos de sustentar la tesis propuesta se abordará: i) la naturaleza
jurídica del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, ii) los
elementos del control inmediato de legalidad y, iii) el contenido de la Resolución
46902 del 5 de mayo de 2026 del Departamento para la Prosperidad Social.
2.1. Naturaleza del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica y
su decreto
21. La Constitución Política de 1991 contempló, en su capítulo sexto, los
estados de excepción bajo tres precisas modalidades, a saber: i) Estado de
Guerra Exterior (artículo 212); ii) Estado de Conmoción Interior (artículo 213) y iii)
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica (artículo 215).
22. Este último, en términos de la norma constitucional, está concebido para
hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 ibidem, pero que, a su
vez, perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden
económico, social y ecológico o que constituyan grave calamidad pública, lo cual,
en palabras de la Corte Constitucional consiste en una «[… ] desgracia o infortunio
que afecta intempestivamente a la sociedad o a un sector importante de ella»11.
De manera textual, se consideró:
33. La calamidad pública alude, entonces, a un evento o episodio traumático,
derivado de causas naturales o técnicas, que altera gravemente el orden
económico, social o ecológico, y que ocurre de manera imprevista y sobreviniente.
Al respecto, la Corte ha señalado que “los acontecimientos, no solo deben tener
una entidad propia de alcances e intensidad traumáticas, que logren
conmocionar o trastrocar el orden económico, social o ecológico, lo cual
caracteriza su gravedad, sino que, además, deben constituir una ocurrencia
imprevista, y por ello diferentes a los que se producen regular y cotidianamente,
esto es, sobrevinientes a las situaciones que normalmente se presentan en el
discurrir de la actividad de la sociedad, en sus diferentes manifestaciones y a las
cuales debe dar respuesta el Estado mediante la utilización de sus competencias
11 Corte Constitucional, Sentencia C-216 del 14 de abril de 1999, MP. Antonio Barrera Carbonell.
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normales”. En tales términos, la Corte ha reconocido que la calamidad pública
puede tener una causa natural, por ejemplo, temblores o terremotos, avalanchas,
desbordamientos de ríos, inundaciones, etc., o puede tener una causa técnica
como por ejemplo “accidentes mayores tecnológicos”12. [énfasis es del original].
23. La Ley Estatutaria 137 de 1994, en su artículo 46, dispuso, en cuanto a la
temporalidad, que la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica solo será por periodos de hasta 30 días, que sumados no podrán
exceder de 90 durante el año calendario.
24. Asimismo, tanto el artículo constitucional 215, como el 47 de la ley citada,
prescriben que el Gobierno podrá, junto con la firma del presidente y de todos sus
ministros, dictar decretos legislativos con la precisa finalidad de conjurar la crisis
e impedir la extensión de sus efectos. Así las cosas, aquellos deberán limitarse a
las materias que tengan relación directa y específica con aquella.
25. A su vez, el artículo 47 de la Ley 137 de 1994 habilitó a que, en forma
transitoria, se establezcan nuevos tributos o se modifiquen los existentes, evento
en el cual dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el
Congreso, durante el año siguiente, les otorgue carácter permanente.
26. Por último, la norma en comento estableció la prohibición referida a que el
Gobierno desmejore, mediante los decretos legislativos proferidos en el marco del
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, los derechos sociales de
los trabajadores.
2.2. El control inmediato de legalidad (CIL) y sus elementos
27. El control inmediato de legalidad constituye un mecanismo jurisdiccional
especial previsto en los artículos 2013 de la Ley Estatutaria 137 de 1994 y 13614
del CPACA, concebido para garantizar que las medidas administrativas de
carácter general expedidas por las autoridades del orden nacional o territorial, en
ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos
dictados durante los estados de excepción, se ajusten al ordenamiento superior.
12 Ibidem.
13 «ARTÍCULO 20. CONTROL DE LEGALIDAD. Las medidas de carácter general que sean
dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos
durante los Estados de Excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la
autoridad de lo contencioso administrativo en el lugar donde se expidan si se tratare de entidades
territoriales o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales.
Las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos administrativos a la jurisdicción
contencioso-administrativa indicada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su
expedición».
14 «ARTÍCULO 136. CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD. Las medidas de carácter general
que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos
legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido
por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en el lugar donde se expidan, si se tratare de
entidades territoriales, o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales, de
acuerdo con las reglas de competencia establecidas en este Código.
Las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos administrativos a la autoridad
judicial indicada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición. Si no se
efectuare el envío, la autoridad judicial competente aprehenderá de oficio su conocimiento».
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28. En tal sentido, como lo ha señalado la jurisprudencia de esta
Corporación15, aquel se erige como un verdadero proceso judicial cuyo objeto
consiste en preservar el principio de juridicidad durante el ejercicio de las
competencias extraordinarias conferidas a la Administración en escenarios de
anormalidad constitucional, mediante la confrontación de los actos sometidos a
control con la Constitución, la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción, el
decreto declarativo y los decretos legislativos que desarrollan la respectiva
situación excepcional. De ahí que la providencia que decida el control inmediato
de legalidad consista en una sentencia judicial.
29. A su vez, una de las notas distintivas de este mecanismo radica en su
carácter oficioso, automático e inmediato. En efecto, una vez expedido el acto
administrativo general que desarrolla un decreto legislativo, la autoridad que lo
profirió debe remitirlo a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, con el fin de que se adelante el
correspondiente escrutinio judicial, sin que sea necesaria la formulación de
demanda o el impulso procesal de los particulares.
30. Incluso, la omisión de dicho deber no impide el ejercicio del control, pues
habilita al juez administrativo para asumir el conocimiento de manera oficiosa, en
atención al interés público comprometido y a la naturaleza objetiva de este
mecanismo.
31. De igual forma, la jurisprudencia de esta Corporación16 ha precisado que
el control inmediato de legalidad es autónomo, lo cual implica que su procedencia
y decisión no se encuentran condicionados al pronunciamiento que adopte la
Corte Constitucional respecto de la exequibilidad del decreto que declaró el
estado de excepción o de los decretos legislativos expedidos para desarrollarlo.
32. Por consiguiente, ambos controles coexisten dentro del sistema de control
constitucional y administrativo, responden a competencias diferenciadas y
persiguen finalidades complementarias, circunstancia que permite al juez
contencioso adelantar el examen de legalidad del acto administrativo aun cuando
el control constitucional de los decretos legislativos permanezca pendiente de
decisión.
33. Asimismo, el medio de control referido reviste carácter integral, en la
medida en que comprende el examen tanto de los presupuestos formales como
de los materiales que sustentan la validez del acto sometido a revisión. En ese
contexto, corresponde a la autoridad judicial verificar, entre otros aspectos, la
competencia de la autoridad que lo expidió, la observancia de las formas propias
para su producción, la conexidad externa e interna entre la medida adoptada, las
causas que motivaron la declaratoria del estado de excepción y el decreto
legislativo que desarrolla, así como la razonabilidad y proporcionalidad de las
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Dieciocho Especial de
Decisión. Sentencia del 4 de junio de 2025, radicado: 11001-03-15-000-2025-01249-00, MP.
Oswaldo Giraldo López.
16 Ibidem.
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disposiciones adoptadas para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus
efectos.
34. No obstante, la integralidad del juicio no supone un examen abstracto
frente a todo el ordenamiento jurídico, sino uno orientado a los parámetros
constitucionales y legales relevantes para el control ejercido en cada caso
concreto.
35. Finalmente, la sentencia que decide el control inmediato de legalidad
produce efectos erga omnes y hace tránsito a cosa juzgada relativa, de
conformidad con el artículo 189 del CPACA.
36. En consecuencia, cuando el juez desestima la nulidad, o la declara
únicamente respecto de algunas disposiciones, la decisión vincula a todos los
destinatarios del acto administrativo, pero exclusivamente en relación con los
aspectos de legalidad efectivamente examinados y resueltos en la providencia.
37. De allí que permanezca abierta la posibilidad de promover posteriormente
los medios de control de nulidad o de nulidad por inconstitucionalidad, según
corresponda, con fundamento en cargos distintos de aquellos que fueron objeto
de análisis dentro del trámite especial del control inmediato de legalidad.
2.3. Caso concreto
2.3.1. Sobre los requisitos de forma del acto administrativo objeto de control
38. En punto del estudio formal del acto administrativo objeto de control
inmediato de legalidad se tiene que el artículo 20 de la Ley Estatutaria 137 de
1994 y 136 del CPACA, dispone que aquel recae sobre las medidas
administrativas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función
administrativa por una autoridad del orden nacional y como desarrollo de los
decretos legislativos proferidos en virtud de la declaratoria del estado de
excepción.
39. Al respecto, la Sala advierte que la Resolución 46902 del 5 de mayo de
2026 fue expedida por el director del Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, quien, para el efecto propuesto
trajo a colación los artículos 3.° del Decreto 0150 de 2026; 59.3 de la Ley 489 de
1998; 67 de la Ley 2294 de 2023; 1.° y 4.° del Decreto 0245 de 2026; 27 del
Decreto 0684 de 2024; 8.° (ordinales 2.°, 5.°, 7.° y 9.°) del Decreto 017 de 2025.
40. De la normativa en comento, se observa que el Decreto Legislativo 0245
de 2026 dispuso en su artículo 1.° que le correspondía al DPS reglamentar los
criterios de identificación, focalización excepcional, priorización, selección,
asignación, dispersión y verificación aplicables a los hogares damnificados
destinatarios de las medidas referidas, entre otras, a los apoyos extraordinarios
de atención alimentaria y agua segura, orientadas a enfrentar hambre y sed.
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41. Por su parte, a los departamentos administrativos les corresponde cumplir
las funciones y atender los servicios que les están asignados y, en ese sentido,
dictar, en desarrollo de la ley y de los decretos respectivos, las normas necesarias
para el efecto17. Así, el artículo 2.° del Decreto 017 de 2025 dispone que es
función general del DPS la formulación, adopción, dirección, articulación,
coordinación y ejecución de las políticas, planes, programas, estrategias y
proyectos para la inclusión social y la reconciliación en términos de la superación
de condiciones de vulnerabilidad, la atención de grupos vulnerables.
42. A su vez, el artículo 1.° del Decreto 017 de 2025 le atribuye a la entidad
que profirió el acto, el carácter de «[…] organismo principal de la Administración
Pública, del Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación».
43. Adicional a lo expuesto, se observa que el ordinal 2.° del artículo 8 del
decreto en mención dispone como funciones del despacho del director del DPS,
las que a continuación se citan:
Despacho de la Dirección del Departamento. Son funciones del despacho del
Director, además de las que le señalan la Constitución y el artículo 59 de la Ley 489
de 1998, las siguientes: […]
2. Diseñar, adoptar y hacer seguimiento a las políticas, planes, programas y
proyectos del Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación.
[…]
5. Direccionar y articular la oferta social del Estado para el desarrollo de la
política de inclusión social y reconciliación en el marco de las competencias
de la atención de grupos vulnerables y víctimas del conflicto armado.
[…]
7. Orientar y articular las estrategias tendientes a promover el fortalecimiento
institucional de los diferentes actores locales públicos, privados y/o
comunitarios, para la implementación de las políticas, planes, programas y
proyectos a cargo del Sector de Inclusión Social y Reconciliación y Sistema
de Transferencias.
[…]
9. Impartir directrices para la coordinación de las actividades del
Departamento, en lo relacionado con sus objetivos y funciones, con las
entidades públicas del Orden Nacional, del sector central y del
descentralizado, los entes territoriales y sus entidades adscritas y
vinculadas.
[…] [énfasis es del original].
44. Conforme lo indicado, resulta evidente para la Sala que el director del
DPS, en ejercicio de las funciones administrativas en comento, tenía la
competencia para proferir la Resolución 46902 del 5 de mayo de 2026, pues lo
regulado en esta se basó en la normativa expuesta, la cual establece la facultad
17 Ordinal 3.° del artículo 59 de la Ley 489 de 1998.
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para reglamentar la entrega de apoyos extraordinarios de atención alimentaria y
agua segura con el fin de conjurar la crisis e impedir la extensión de los efectos
derivados del «frente frío».
45. Por otra parte, el acto objeto de control es de contenido general, impersonal
y abstracto, en tanto, de su parte considerativa y resolutiva se deriva que su objeto
es, como se indicó, reglamentar una medida extraordinaria adoptada en el marco
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado mediante el
Decreto 0150 de 2026, la cual está dirigida a todos los hogares o personas
afectadas, en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre,
Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, con ocasión de los hechos
hidrometeorológicos atípicos y de condiciones excepcionales que generaron
lluvias intensas, inundaciones, crecientes súbitas y afectaciones significativas.
46. Asimismo, la Sala logra establecer que la Resolución 46902 de 2026
desarrolla el Decreto Legislativo 0245 de 2026, en concreto, sus artículos 1.° y
4.°. En efecto, el primero de aquellos autorizó al DPS a implementar, de manera
extraordinaria, transitoria y estrictamente limitada a la emergencia, entre otras, la
medida de «[a]poyos extraordinarios de atención alimentaria y agua segura,
orientados a enfrentar hambre y sed derivadas de la emergencia».
47. Para ese preciso objetivo, se dispuso, en la norma referida, que el DPS
debía reglamentar «[…] los criterios de identificación, focalización excepcional,
priorización, selección, asignación, dispersión y verificación aplicables a los
hogares damnificados destinatarios de las medidas previstas en el presente
decreto, así como los mecanismos de transparencia y control para evitar
duplicidades en la asignación de beneficios».
48. En similares términos se precisó en el artículo 4.° del decreto en comento,
en el sentido de facultar al DPS «[…] para implementar apoyos extraordinarios de
atención alimentaria y agua segura, incluyendo entregas en especie, bonos, vales
u otros mecanismos idóneos definidos en la reglamentación, orientados a conjurar
el riesgo de hambre y sed en hogares damnificados».
49. Con esa finalidad, se advierte que el parágrafo 1.° de la norma en mención,
fijó la posibilidad de que, ante la insuficiencia estructural de los mecanismos
ordinarios por el aumento abrupto y concentrado derivado de la emergencia, se
ampliara, incrementara o ajustara, transitoriamente, las metas y cupos de los
instrumentos de atención alimentaria en los departamentos de Córdoba,
Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. Al respecto, se
observa que esta última excepción encontraría sustento en «certificación técnica»
y, además, en «disponibilidad presupuestal certificada».
50. Para el efecto, se limitaron los beneficiarios de, entre otros, el apoyo
extraordinario de atención alimentaria y agua segura con base en la
reglamentación expedida y en «[…] los insumos oficiales de identificación y
verificación». Con todo, el acto administrativo que determinara a aquellos debía
incluir «criterios objetivos verificables».
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51. Así, se desprende que la resolución objeto de control guarda conexidad
con lo expuesto en precedencia, pues su articulado desarrolló a detalle las
medidas extraordinarias adoptadas, entre otras, de ejecución a cargo del DPS,
con ocasión de la declaratoria de la Emergencia Económica, Social y Ecológica.
52. Al respecto, el artículo 1.° de la Resolución 46902 de 2026 reiteró la
autorización de la entrega de la transferencia en especie extraordinaria y no
condicionada de atención alimentaria y agua segura a los hogares afectados por
el «frente frío», la cual se previó, incluso, en el decreto que declaró la Emergencia
Económica, Social y Ecológica, a saber:
Que, en atención a la magnitud y gravedad de los efectos del frente frío asociado a
la severa ola invernal, y dada la insuficiencia de los mecanismos ordinarios para
responder con oportunidad a la situación sobreviniente, se hace necesario adoptar
medidas extraordinarias y transitorias orientadas a implementar y/o ampliar de
forma provisional la atención mediante transferencias monetarias no condicionadas
para hogares damnificados, en el marco de la línea de intervención para atención
de emergencias del programa Renta Ciudadana, previa identificación en el registro
o censo otorgado por las autoridades competentes, como instrumento idóneo para
proteger el mínimo vital, estabilizar el consumo básico y evitar la extensión de los
efectos económicos y sociales derivados de la emergencia.
53. Por su parte, el artículo 2.° ibidem, detalló los tres tipos de apoyos
extraordinarios autorizados en el Decreto 0245 de 2026 (artículos 1.° y 4.°), según
la afectación, así:
1. Paquetes de respuesta inmediata / Listo para consumo. Para zonas con colapso
de infraestructura de servicios y cocina.
2. Paquetes de sostenimiento / Disponible para preparar. Para zonas con
afectación moderada donde sea posible la cocción de alimentos.
3. Apoyo a personas ubicadas en alojamientos temporales (comedores). Entrega
de productos alimentarios a granel para apoyar comedores o alberges [sic]
donde se entregue comida servida a la población.
54. Asimismo, el parágrafo de la norma en mención coincide con lo previsto en
el artículo 4.° del Decreto 0245 de 2026 en el sentido que dichos paquetes, en
cuanto a las especificaciones, calidades técnicas, contenido y cobertura
geográfica serían definidos por la Dirección de Soberanía Alimentaria.
55. Sobre esto último, el artículo 3.° de la Resolución 46902 de 2026 estableció
que si bien «[…] los municipios específicos en cada departamento serán
establecidos y priorizados, en forma autónoma, por la Dirección para Soberanía
Alimentaria de Prosperidad Social […]», lo cierto es que la cobertura geográfica
debía coincidir «[…] con el artículo 1 de la presente resolución».
56. Dicho entendimiento, a su vez, fue reiterado en el artículo 4.° ibidem en el
sentido que los potenciales beneficiarios de los hogares damnificados por la
emergencia serían en los «[…] departamentos señalados en el artículo 1 de la
presente resolución». Lo anterior, bajo la estricta limitación de los censos o
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listados oficiales de afectación expedidos, entre otros, por la Unidad Nacional de
Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD).
57. Por último, se debe destacar que tal artículo y sus parágrafos también
encuentran sustento en el Decreto 0245 de 2026, en tanto que: i) reiteró la
población objetivo y los criterios excepcionales de identificación; ii) circunscribió
la entrega a hogares damnificados en los departamentos de Córdoba, Antioquia,
La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, según las fuentes oficiales
y, por último, iii) ordenó no aplicar otros criterios de no elegibilidad ni de
priorización.
58. Finalmente, se tiene que la Resolución 46902 de 2026 contiene las demás
exigencias de forma que ha considerado esta Corporación18, esto es, el respectivo
encabezado, número, fecha, competencia, normativa en la que se funda, así
como la materia objeto de pronunciamiento, la parte resolutiva, vigencia y firma
de quien lo suscribe.
59. Bajo esos supuestos, el acto objeto de control se ajusta a los requisitos
formales que habilitan el control inmediato de legalidad.
2.3.2. Sobre los requisitos de fondo del acto administrativo objeto de control
60. En este punto, la Sala abordará el examen de conexidad entre las medidas
adoptadas en la Resolución 46902 del 5 de mayo de 2026 y las circunstancias
fácticas y jurídicas que se derivaron de la declaratoria del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica dispuesto en el Decreto 0150 de 2026 y, por
último, se abordará el juicio de proporcionalidad con el que se pretende demostrar
la razonabilidad de la entrega del apoyo extraordinario no condicionado de
atención alimentaria y agua segura.
61. Al respecto, el Decreto 0150 de 2026 puntualizó que, entre el 1.° y el 6 de
febrero de 2026, ocurrió en la región caribe colombiana un «frente frío» debido a
precipitaciones superiores a los promedios climatológicos y una alta
concentración temporal de las lluvias, lo cual conllevó a eventos de inundaciones
y, consecuentemente, daños en viviendas e infraestructura, en concreto, se indicó
una «[…] afectación potencial sobre 687.198 personas, correspondientes a
199.095 hogares y 184.890 viviendas […]», con lo que se impactaron
significativamente las condiciones de infraestructura habitacional, alimentación y
bienestar social en las zonas inundadas.
62. En lo que concierne a la alimentación se dispuso que el Programa Hambre
Cero tenía como propósito entregar 11.000 canastas para hogares que se
encuentren con dificultad de acceso al derecho humano a la alimentación; no
obstante, se indicó que las familias afectadas superan tal cifra, de ahí que, la crisis
desborde el funcionamiento ordinario del programa.
18Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Once Especial de
Decisión. Sentencia del 30 de julio de 2025, radicado: 11001-03-15-000-2025-02356-00, MP. Luis
Antonio Rodríguez Montaño.
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63. En ese mismo sentido, se señaló que el DPS reportó una población
actualmente atendida por sus programas sociales de 277.311 hogares; sin
embargo, el universo total de potenciales beneficiarios damnificados supera
ampliamente la capacidad operativa y presupuestal ordinaria.
64. En consecuencia, el acto objeto de control reglamentó la entrega de apoyos
extraordinarios de atención alimentaria y agua segura con ocasión de las
condiciones climáticas excepcionales que condujeron a que el presidente de la
República y todos sus ministros declararan el estado de excepción, por lo que se
dispusieron tres tipos de ayuda para los hogares o personas afectadas, en los
departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar,
Magdalena y Chocó, según las características de la afectación.
65. Además, dentro de los considerandos de aquella se observa que la razón
de su expedición fue la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social
y Ecológica en los departamentos indicados, con ocasión del evento
hidrometereológico atípico, motivo por el cual, ante la insuficiencia de los
mecanismos ordinarios, se acudió a medidas extraordinarias de forma inmediata
para mitigar el riesgo de hambre y sed en los hogares damnificados.
66. Por consiguiente, para la Sala es diáfano que los fenómenos
hidrometereológicos en el país que conllevaron a la declaratoria del estado de
excepción ante la perturbación grave e inminente del orden económico, social y
ecológico implicaron una grave limitación al acceso, entre otros, del derecho a la
alimentación, agua y mínimo vital en los hogares afectados, máxime si se tiene
en cuenta que los damnificados con la crisis climática suspendieron actividades
comerciales y laborales lo que se tradujo en una reducción sustancial de los
ingresos.
67. En ese sentido, las afectaciones masivas y verificables en los hogares por
motivo del incremento de las lluvias en la primera temporada de 2026 en los
departamentos referidos implicaban la intervención extraordinaria e inmediata de
las instituciones estatales, en específico, del DPS, pues se requería la atención y
formulación de programas sociales que conjuraran la protección, entre otros, de
los derechos al mínimo vital y alimentación.
68. Así las cosas, resulta oportuno poner de presente que la conexidad exigida
en los controles inmediatos de legalidad, según la jurisprudencia de esta
Corporación19, implica que las medidas adoptadas con ocasión de una situación
de excepción deben estar suficientemente sustentadas desde el punto de vista
jurídico y fáctico, requisito que, en el presente caso, se encuentra satisfecho.
69. En efecto, la entrega de apoyo extraordinario y no condicionado de
atención alimentaria y agua segura a los hogares o personas afectadas por la
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de
Decisión. Sentencia del 12 de abril de 2021, radicado: 11001-03-15-000-2021-00086-00, MP. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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emergencia económica, social y ecológica en los departamentos de Córdoba,
Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó resultó
necesaria y en consonancia con los hechos y motivaciones plasmados en los
Decretos 0150 de 2026 y 0245 de 2026, bajo el entendido de que los paquetes
de ayuda pretendían evitar el riesgo de hambre y sed.
70. Al margen de lo hasta aquí considerado, la Sala advierte que la Resolución
46902 del 5 de mayo de 2026 reglamentó, además de los tipos de ayuda a
entregar a los hogares afectados, la cobertura geográfica en los que aquella
serían suministradas y los criterios de focalización y elegibilidad para el efecto.
71. Así pues, el artículo 3.° del acto objeto de control estableció que los
municipios objeto de la entrega de los paquetes de alimentos serían determinados
por la Dirección para la Soberanía Alimentaria de Prosperidad Social con sustento
en los censos o listados oficiales, con corte semanal o cuando lo exija la evolución
del evento.
72. A su vez, el artículo 4.° ibidem determinó que los potenciales beneficiarios
serían los hogares damnificados en los departamentos mencionados, en los que
se priorizarían niños, niñas, adolescentes, gestantes y lactantes, personas
mayores, con discapacidad, mujeres cabezas de hogar, comunidades étnicas,
población rural dispersa, entre otros.
73. Conforme a ello, se desprende que la resolución objeto de control
inmediato de legalidad reglamentó una serie de ayudas tendientes a mitigar los
efectos de la crisis climática en la región caribe que conllevó a la declaratoria del
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, puntualmente, el acceso
a la alimentación y agua segura de la población afectada. Bajo ese supuesto, para
la Sala está acreditada la conexidad entre aquel acto y los supuestos fácticos y
jurídicos que lo sustentan.
74. En suma, el decreto estableció parámetros objetivos para la identificación,
caracterización y priorización de la población destinataria de las medidas de
asistencia, al circunscribir la entrega de las ayudas a los departamentos
comprendidos en la declaratoria del estado de emergencia económica, social y
ecológica y supeditar su asignación a la información contenida en los censos
correspondientes, así como a criterios de focalización previamente definidos.
75. En tales condiciones, las medidas adoptadas guardan una relación directa
e inmediata con las circunstancias que dieron lugar a la declaratoria excepcional,
razón por la cual se concluye que el requisito de conexidad se encuentra
debidamente acreditado.
76. Por otra parte, en lo que atañe al juicio de razonabilidad y proporcionalidad
de las medidas, la Sala pone de presente que aquel tiene como objeto «[…]
verificar si la medida adoptada se encuentra ajustada a los hechos que busca
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limitar y/o conjurar, y establecer si la afectación de posiciones jurídicas de estirpe
constitucional no excede los beneficios que se logran con la medida […]»20.
77. En otras palabras, se debe constatar «[…] si las medidas objeto de control
inmediato de legalidad son excesivas y si están directamente relacionadas con la
gravedad de los hechos que buscan conjurar, y si de existir limitaciones al
ejercicio de derechos y libertades sea en el grado estrictamente necesario con el
fin de retornar a la normalidad»21.
78. Bajo ese entendimiento, la Sala encuentra que las tres modalidades de
ayuda alimentaria previstas en la resolución objeto de control satisfacen el juicio
de razonabilidad y proporcionalidad, en tanto se evidencia que las medidas fueron
estructuradas con arreglo a criterios objetivos directamente vinculados con la
magnitud de las necesidades que pretenden atender.
79. En efecto, su diseño responde a la intensidad diferenciada de las
afectaciones ocasionadas por el fenómeno hidrometeorológico y establece
mecanismos de atención acordes con las condiciones materiales de la población
damnificada, mediante la entrega de: (i) paquetes listos para el consumo,
destinados a hogares con colapso de la infraestructura básica o imposibilidad de
preparación de alimentos; (ii) paquetes de alimentos para preparar, dirigidos a
quienes conservan condiciones mínimas para la cocción; y (iii) productos
alimentarios a granel, orientados al abastecimiento de comedores comunitarios y
alojamientos temporales.
80. Desde esa perspectiva, los apoyos extraordinarios se ajustan a los límites
constitucionales y legales que rigen el ejercicio de las facultades excepcionales,
pues persiguen una finalidad constitucionalmente legítima consistente en
salvaguardar el mínimo vital y la seguridad alimentaria de la población afectada.
81. Tal finalidad encuentra sustento en las consecuencias derivadas de la
emergencia, entre ellas: (i) la afectación de la infraestructura; (ii) la pérdida de
activos productivos y bienes de subsistencia; (iii) el incremento del costo de los
bienes esenciales; (iv) la alteración de las cadenas de producción y
abastecimiento; (v) la disminución de las oportunidades de generación de
ingresos; y (vi) las restricciones de acceso a los territorios afectados,
circunstancias que evidencian un riesgo cierto e inminente para la satisfacción de
necesidades básicas de pervivencia y, en particular, para la garantía de los
derechos al mínimo vital y a la alimentación.
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete Especial de
Decisión. Sentencia del 4 de agosto de 2021, radicado: 11001-03-15-000-2020-03808-00, MP.
Rocío Araújo Oñate.
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Once Especial de
Decisión. Sentencia del 30 de julio de 2025, radicado: 11001-03-15-000-2025-02356-00, MP. Luis
Antonio Rodríguez Montaña.
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82. En ese contexto, la provisión inmediata de paquetes alimentarios y de agua
segura22, así como el suministro de productos a granel para la atención de
alojamientos temporales, constituye una respuesta idónea y necesaria para
conjurar los efectos de la calamidad y mitigar el impacto generado por las lluvias
intensas, las inundaciones y las crecientes súbitas que motivaron la declaratoria
del estado de excepción.
83. De igual manera, la Sala observa que las medidas previstas en la
resolución guardan una relación directa e inmediata con los motivos que dieron
lugar a la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica en
los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar,
Magdalena y Chocó.
84. En efecto, la atención alimentaria extraordinaria se circunscribe a los
departamentos en mención por los eventos hidrometeorológicos y tiene como
destinatarios a los hogares damnificados, cuya situación compromete la garantía
efectiva del derecho al mínimo vital, circunstancia que evidencia la
correspondencia material entre el contenido del acto administrativo y las causas
que justificaron la adopción de las medidas excepcionales.
85. A lo anterior, se suma que la Resolución 46902 del 5 de mayo de 2026
estableció mecanismos adicionales dirigidos a asegurar la adecuada ejecución de
las medidas adoptadas, al asignar a la Dirección para la Soberanía Alimentaria la
competencia para definir las especificaciones técnicas, las condiciones de calidad
y la composición de los paquetes alimentarios, así como los criterios temporales
de identificación y priorización de los beneficiarios con fundamento en los censos
oficiales. Tales previsiones fortalecen la razonabilidad de la medida, en cuanto
incorporan parámetros técnicos y objetivos que reducen la discrecionalidad
administrativa en la asignación de las ayudas.
86. En ese orden de ideas, se concluye que el apoyo extraordinario no
condicionado consistente en la entrega de asistencia alimentaria y agua segura
no comporta una restricción desproporcionada de derechos o libertades
constitucionales ni impone cargas excesivas a sus destinatarios.
87. Por el contrario, constituye una medida de protección encaminada a
garantizar el acceso efectivo a bienes indispensables para la subsistencia de la
población afectada, conforme a criterios técnicos de composición y cantidad
previamente definidos, con el propósito de mitigar las consecuencias
humanitarias derivadas de la emergencia y brindar especial protección a quienes
se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.
22 Al respecto, consultar: Corte Constitucional, Sentencia T-420 del 9 de octubre de 2025, MP.
Juan Carlos Cortés González. En esta decisión se precisó que «[…] el agua para consumo
humano es una necesidad personal que permite disfrutar de condiciones materiales de existencia,
así como un presupuesto esencial del derecho a la salud y del derecho a gozar de una
alimentación sana […]». En ese sentido, se consideró que, para la realización efectiva del derecho
al agua potable se debe cumplir con unas condiciones mínimas, entre ellas, de calidad, lo cual
implica, necesariamente, «[…] que el agua debe ser salubre para uso personal y doméstico».
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88. En consecuencia, la Sala declarará ajustada a derecho la Resolución
46902 del 5 de mayo de 2026, por cuanto las medidas extraordinarias allí
previstas fueron adoptadas con fundamento en las afectaciones ocasionadas por
el fenómeno hidrometeorológico que dio lugar a la declaratoria del estado de
emergencia y resultan idóneas, necesarias y proporcionadas para contribuir a la
superación de la crisis, mediante la garantía del acceso a alimentos y agua segura
para la población damnificada.
89. Finalmente, la Sala no pierde de vista que la Corte Constitucional, mediante
el Comunicado de Prensa n.º 22 del 24 de junio de 202623, informó que, a través
de la Sentencia C-191 de 2026, declaró la exequibilidad condicionada del artículo
1.º del Decreto 0150 de 2026, bajo el entendido de que el ámbito territorial de la
emergencia comprende únicamente «[…] (i) a los 181 municipios que, según el
reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD–
, registraron afectaciones por el fenómeno meteorológico atípico ocurrido entre
enero y febrero de 2026, y (ii) a los demás municipios respecto de los cuales
pueda demostrarse, de manera precisa, una afectación concreta derivada del
fenómeno que originó la declaratoria del estado de excepción»24.
90. Además de la delimitación territorial de la declaratoria, la Corte
Constitucional informó, entre otros aspectos que guardan alguna relación con la
materia regulada por el acto objeto de control, que las competencias para financiar
y ejecutar recursos al amparo del estado de excepción no pueden extenderse a
gastos no relacionados directamente con la emergencia declarada y que la
autoridad competente para ordenar el gasto deberá justificar, mediante acto
administrativo, las razones por las cuales no resulta posible acudir a los
mecanismos ordinarios de financiación, obligación que se extiende a los recursos
que aún no se hayan comprometido o ejecutado.
91. Aunque el texto íntegro de la Sentencia C-191 de 2026 aún no ha sido
publicado, el sentido de la decisión informado en el citado comunicado resulta
relevante para el presente control, en la medida en que la Resolución 46902 de
2026 desarrolla las medidas adoptadas con ocasión del estado de emergencia
declarado mediante el Decreto 0150 del mismo año.
92. En ese contexto, la referencia a los departamentos comprendidos en la
resolución habrá de entenderse de manera armónica con el alcance territorial
informado por la Corte Constitucional respecto del decreto que le sirve de
fundamento, así como con los demás criterios expuestos en el citado comunicado
que resulten pertinentes para la ejecución de los recursos extraordinarios
previstos en el acto objeto de control, sin perjuicio de lo que establezca el texto
definitivo de la Sentencia C-191 de 2026.
23 Disponible en: «https://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/comunicado-22-junio-24-
de-2026».
24 Entre otros asuntos, en el comunicado se señaló que la Corte Constitucional definió los límites
al ejercicio de las facultades de excepción, en cuanto a: i) ambito territorial; ii) la naturaleza de las
medidas que pueden adoptarse para la atención del desastre y iii) la forma de ejecución de los
recursos destinados a la financiación de la emergencia.
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En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA CUARTA
ESPECIAL DE DECISIÓN, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
III. FALLA:
PRIMERO: DECLARAR LA LEGALIDAD de la Resolución 46902 del 5 de mayo
de 2026, expedida por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,
por los motivos expuestos en la presente providencia.
SEGUNDO: En firme esta decisión, ARCHIVAR el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Magistrado
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Magistrado
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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