Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01252-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01252-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-01252-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
11 de abril de 2025
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá D.C, once (11) de abril de dos mil veinticinco (2025).
Magistrado Ponente (E): FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-01252-00
Demandante: MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE Y OTRO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE Y OTROS
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL
DICTADA EN PROCESO DE NULIDAD SIMPLE – MEDIDA
CAUTELAR DE SUSPENSIÓN DE ACTOS
ADMINISTRATIVOS – SE NIEGA EL AMPARO
Síntesis del caso: la parte actora consideró que la autoridad judicial demandada vulneró sus
derechos constitucionales fundamentales con ocasión del auto que revocó la decisión de
primera instancia y, en su lugar, decretó la medida cautelar de suspensión provisional de los
actos administrativos demandados en el medio de control de nulidad simple. La Sala negará el
amparo pretendido porque no se probó la configuración de una decisión sin motivación.
La Sala procede a resolver la acción de tutela presentada por el municipio de San Luis
de Palenque y el personero municipal de San Luis de Palenque en contra del Tribunal
Administrativo de Casanare y el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de
Yopal para obtener la protección de sus derechos constitucionales fundamentales del
debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia, ambiente sano,
vivienda digna y trabajo, presuntamente vulnerados con ocasión de la providencia de 6
de febrero de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare en el medio de
control de nulidad simple con radicación no. 85001-3333-004-2024-00133-011.
I. ANTECEDENTES
1. Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
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Índice 2 SAMAI.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01252-00
Demandante: Municipio de San Luis de Palenque y otro
Acción de tutela
1) El señor Iván Yesid Aranguren Betancourt presentó demanda de nulidad simple en
contra del municipio de San Luis de Palenque con el fin de que se declarara la nulidad
del Acuerdo no. 003 del 29 de enero de 2010, “Por el cual se adopta la revisión general
y ajustes al esquema de ordenamiento territorial del municipio de San Luis de Palenque,
Casanare, adoptado mediante el acuerdo No. 017 del 2000”, y el Acuerdo no. 007 del
31 de agosto de 2017, “Por medio del cual se ajusta de forma excepcional el esquema
de ordenamiento territorial, con la modificación de uso de suelo recreacional por
residencial para desarrollar vivienda de interés prioritaria”2.
2) Con la demanda, el señor Aranguren Betancourt solicitó como medida cautelar la
suspensión de los efectos de los actos administrativos cuya nulidad pretende.
3) La demanda correspondió por reparto al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito
Judicial de Yopal, quien la admitió mediante auto del 12 de septiembre de 2024.
4) Mediante auto del 9 de octubre de 20243 el Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito Judicial de Yopal resolvió negar la medida cautelar de suspensión provisional
de los efectos de los actos administrativos demandados por considerar que 1) “el negar
la petición no es más gravoso que concederla en el entendido que, los actos hasta el
momento gozan de presunción de legalidad” y 2) no se causa un perjuicio irremediable
al negar la medida y tampoco se hacen nugatorios los efectos de la futura sentencia.
5) El señor Iván Yesid Aranguren Betancourt interpuso recurso de apelación contra el
auto del 9 de octubre de 2024; argumentó que la solicitud de medida cautelar sí cumplía
con los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, ya que resulta procedente en el medio de control de
nulidad simple la suspensión provisional de los efectos de los actos demandados
cuando frente a ellos exista una violación de las disposiciones invocadas en la
demanda, como se evidencia, entre otros, el incumplimiento del requisito de celebrar un
cabildo abierto antes de la expedición de los actos demandados.
6) Mediante auto del 6 de febrero de 2025 el Tribunal Administrativo de Casanare
revocó el auto de primera instancia y, en su lugar, decretó la medida cautelar solicitada
por encontrar que en el medio de control de nulidad simple solamente es necesario
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Alegó que los actos demandados violaban los artículos primero y segundo de la Constitución Política, el
artículo 81 de la Ley 134 de 1994, el artículo 2 de la Ley 507 de 1999 y el artículo 28 de la Ley 388 de
1997 porque no se convocó ni celebró el cabildo abierto obligatorio previo a la expedición de los actos.
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Índice 2 y 16 de SAMAI.
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Demandante: Municipio de San Luis de Palenque y otro
Acción de tutela
demostrar la confrontación de los actos demandados con las normas superiores que se
invocan como violadas para que proceda el decreto de la medida cautelar y “en los
actos demandados y en las pruebas aportadas al expediente, no existe certificación
alguna que dé cuenta que para la expedición de los […] se convocó y se realizó cabildo
abierto, por lo que es evidente la transgresión del artículo 2º de la Ley 507 de 1999,
norma vigente para la época de expedición de los actos cuestionados” 4.
2. Fundamentos de la vulneración
La parte actora alegó que el auto del 6 de febrero de 2025 incurrió en un defecto fáctico
porque no se probó el perjuicio o la afectación causada por los actos administrativos
demandados y dicha prueba es un requisito para el decreto de la medida cautelar de
suspensión provisional; sostuvo que la medida decretada no previene un perjuicio, sino
que, por el contrario, está ocasionando uno mayor dado que la suspensión no permite
poner en marcha el EOT.
En relación con el defecto sustantivo y la decisión sin motivación, argumentó que la
autoridad judicial demandada omitió exponer de manera precisa y suficiente las razones
que justifican la suspensión de los actos administrativos demandados y, en ese sentido,
no fue claro en determinar cuál era el perjuicio inminente que pretendía prevenir con el
decreto de la medida.
Sobre el defecto procedimental expuso que, si bien el incumplimiento del requisito de
celebrar un cabildo abierto previo a la expedición de los actos era una causal válida
para su revisión, no era necesaria su suspensión. Afirmó que la suspensión no era
proporcional y generaba efectos negativos en el municipio, por lo que debió proponerse
un “mecanismo de revisión o corrección del procedimiento” diferente a la suspensión de
los actos.
Finalmente, alegó que el auto del 6 de febrero de 2025 incurrió en una violación directa
de la Constitución porque “pone en peligro varios derechos fundamentales derivados de
la falta de un EOT actualizado”; puntualmente, se refirió a los derechos del debido
proceso, trabajo, seguridad jurídica, vivienda digna y ambiente sano.
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Índice 2 y 16 de SAMAI.
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Demandante: Municipio de San Luis de Palenque y otro
Acción de tutela
3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:
“PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO, A LA
IGUALDAD, AL TRABAJO, AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,
CONEXOS A LA PREVALENCIA DEL INTERÉS GENERAL, LOS PRINCIPIOS DE
SEGURIDAD JURÍDICA, CONTINUIDAD ADMINISTRATIVA Y DE LEGALIDAD DE
LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS, toda vez que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CASANARE, en auto del 06 de febrero de 2025 incurrió en un Defecto Factico, Defecto
material o sustantivo, defecto procedimental, decisión sin motivación, Violación
directa de la Constitución, debido a que el funcionario al tomar la decisión de
suspender el EOT, no valoró la afectación o daño irremediable a derechos
fundamentales para el caso en concreto. La medida cautelar carece totalmente de
acervo probatorio dentro del proceso, y no tiene en cuenta el impacto negativo que esta
decisión tendría en los ciudadanos y su interés general, la estabilidad jurídica, en la
planeación del municipio y su desarrollo; En tal sentido la medida cautelar de suspensión
no es conducente, ni adecuada al generar un perjuicio mayor al que pretende evitar, al
darle más prevalencia a un defecto procesal que a los derechos e intereses generales
de los administrados y dejar al municipio sin una regla que rija y regule su desarrollo
urbano y rural como lo es el EOT, afectando no solo el trámite procesal sino a toda la
comunidad Sanluiseña.
SEGUNDO: QUE SE DEJE SIN EFECTOS el auto de fecha 06 de febrero de 2025,
proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE dentro del proceso de
nulidad simple.
TERCERO: ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE, que, en el
término de esta providencia, profiera un nuevo auto dentro de proceso de nulidad simple,
teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la ley y la jurisprudencia que versa
sobre la presente Litis.”. (mayúsculas y negrillas del original – índice 2 de SAMAI).
3. Actuación procesal
Mediante auto de 25 de marzo de 20255, después de que el apoderado del accionante
acató oportunamente el requerimiento del auto inadmisorio del 7 de marzo de 20256, se
admitió la acción de tutela, se notificó al presidente y a los magistrados integrantes del
Tribunal Administrativo del Casanare y al titular del Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito Judicial de Yopal y se vincularon al proceso como terceros con interés al señor
Iván Yesid Aranguren Betancourt y al presidente o quien haga sus veces del Concejo
Municipal de San Luis de Palenque, con el fin de que allegaran un informe sobre los
hechos que motivaron el ejercicio de la acción.
4. Actuación de la autoridad judicial demanda y vinculadas
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Índice 10 de SAMAI.
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Índice 4 de SAMAI.
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1) El magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Casanare7 solicitó negar las
pretensiones de la acción de tutela porque el auto del 6 de febrero de 2025 sí fue
motivado y no incurrió en un defecto fáctico porque “por tratarse de una medida
cautelar, la decisión no requería un mayor acervo probatorio”; agregó que, la acción de
tutela no cumple con el requisito de relevancia constitucional porque el demandante
solo hace una exposición genérica de la importancia de los esquemas de ordenamiento
territorial y su relación con el desarrollo de los municipios sin explicar la relevancia
constitucional de sus reproches.
2) Por su parte, el titular del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de
Yopal8 también solicitó negar las pretensiones de la demanda porque la acción no
cumple con el requisito de relevancia constitucional en vista de que el demandante solo
presentó su inconformidad con el auto cuestionado, pero no argumentó por qué
considera que vulneró los derechos fundamentales que invoca, de los cuales, además,
no es titular.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una
acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir recursos ordinarios o extraordinarios, tampoco para desplazar o variar los
procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos precluidos o
acciones caducadas.
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Índice 17 de SAMAI.
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Índice 16 de SAMAI.
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De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del
demandante.
2. El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo de Casanare con el fin de que se protejan los derechos constitucionales
fundamentales del debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia,
ambiente sano, vivienda digna y trabajo, presuntamente vulnerados con ocasión del
auto de 6 de febrero de 2025 mediante el cual la mencionada autoridad judicial decidió:
“PRIMERO: REVOCAR el proveído proferido el 9 de octubre de 2024 por parte del
Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal, y en su lugar se DECRETA la
medida cautelar de suspensión provisional de los Acuerdos Núm. 003 y 007 de 29 de
enero de 2010 y 31 de agosto de 2017, respectivamente, expedidos por el Concejo
Municipal de San Luis de Palenque- Casanare, atendiendo las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia
SEGUNDO: En firme esta providencia, DEVOLVER la actuación al Juzgado de origen
dejando las constancias a que haya lugar.”9.
En los términos en que fue propuesta la controversia, la Sala negará las pretensiones
de la acción de tutela con fundamento en lo siguiente:
La acción de tutela cumplió con los requisitos genéricos de procedibilidad enunciados
por la jurisprudencia constitucional por cuanto: i) la cuestión que se discute resulta de
relevancia constitucional, en tanto se invocaron los defectos fáctico, sustantivo y
procedimental, decisión sin motivación y violación directa de la Constitución,
argumentos que no pudieron ser planteados en el curso del proceso ordinario porque
fue en el auto de segunda instancia que se decretó la medida provisional de suspensión
de los efectos de los actos demandados; ii) se agotaron todos los medios de defensa
judicial disponibles al alcance de las personas afectadas ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo; iii) el presente caso no se trata de una irregularidad procesal
que deba ser tenida como un efecto determinante en la sentencia que se impugna y
afectar los derechos fundamentales de la parte actora; iv) el actor identificó de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se
transgredieron; v) no se ataca una sentencia de tutela y, vi) se cumplió con el requisito
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de la inmediatez, si se tiene en cuenta que la acción fue promovida dentro de los 6
meses siguientes a la notificación de la providencia cuestionada10.
La Sala estudiará los defectos alegados por el demandante de manera conjunta por
encontrar que todos están dirigidos a exponer el mismo reproche, a saber: la supuesta
falta de motivación del auto cuestionado para decretar la suspensión provisional de los
acuerdos no. 003 del 29 de enero de 2010 y 007 del 31 de agosto de 2017 ante la
inexistencia de un perjuicio irremediable que justificara el decreto de la medida cautelar.
2.1 El análisis de la decisión sin motivación en el caso concreto
1) En el presente asunto la parte actora reclamó la vulneración de sus derechos
constitucionales fundamentales del debido proceso, igualdad, acceso a la
administración de justicia, ambiente sano, vivienda digna y trabajo porque, a su juicio, el
Tribunal Administrativo de Casanare no acreditó la procedencia de la medida cautelar
de suspensión provisional de los actos demandados en el proceso de nulidad simple
porque no se probó la existencia de un perjuicio irremediable que justificara su decreto.
2) Para resolver los planteamientos de la parte actora basta con señalar que la
autoridad judicial demandada sí motivó el auto del 6 de febrero de 2025. De hecho, en
la providencia objeto de tutela el tribunal se refirió ampliamente a las normas del
CPACA que regulan el contenido y el alcance de las medidas cautelares, así como los
requisitos necesarios para su decreto; también aludió a jurisprudencia del Consejo de
Estado sobre la procedencia de las medidas cautelares en los procesos de nulidad
simple.
3) De conformidad con lo anterior, el tribunal concluyó que, en el medio de control de
nulidad simple, para la procedencia de la medida cautelar de suspensión provisional
solamente es necesario demostrar la confrontación de los actos demandados con las
normas superiores cuya violación se alega.
4) En relación con el análisis de fondo, el Tribunal Administrativo de Casanare estudió el
artículo 2 de la Ley 507 de 1999 –una de las normas cuya violación se alega en el
proceso de nulidad simple, según la cual los concejos municipales o distritales deben
celebrar, obligatoriamente, un cabildo abierto previo para el estudio y análisis de los
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El auto cuestionado se notificó el 7 de febrero de 2025 y la demanda de acción de tutela se presentó el
4 de marzo de 2025.
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planes de ordenamiento territorial– y los hechos probados en el proceso y determinó
que “no existe certificación alguna que dé cuenta que para la expedición de los
Acuerdos núms. 003 del 29 de enero de 2010 y 007 del 30 de agosto de 2017, se
convocó y se realizó cabildo abierto, por lo que era evidente la transgresión del artículo
2º de la Ley 507 de 1999”.
4) Si bien el demandante alega que 1) no se probó el perjuicio que se pretendía evitar
con el decreto de la medida cautelar y 2) aunque el incumplimiento del requisito de
celebrar el cabildo abierto era una causal de “revisión” de los actos demandados debió
optarse por una medida menos gravosa que la suspensión provisional, lo cierto es que
la autoridad judicial demandada expuso suficientemente las razones por las cuales la
demostración del perjuicio no era un elemento necesario para el decreto de la medida
cautelar en el proceso de nulidad simple y expuso las razones por las cuales la
suspensión provisional era procedente.
La parte demandante insiste en que el tribunal debió adoptar medidas menos gravosas
que la suspensión de los efectos de los actos administrativo, como por ejemplo, un
“mecanismo de revisión o corrección del procedimiento”; sin embargo, la ley en los
procesos de simple nulidad no contempla este tipo de medidas.
5) Así entonces, la Sala considera que la autoridad judicial demandada motivó
suficientemente el auto del 6 de febrero de 2025, en ejercicio de su facultad
interpretativa como juez natural de la causa. No es posible que por la vía de tutela el
demandante pretenda que se imponga un criterio diferente al de dicho juez por el simple
hecho de estar inconforme, puesto que la acción de tutela no fue instituida como una
herramienta para perseguir que se modifique la interpretación realizada por aquel
simplemente por encontrarse en desacuerdo, como si se tratara de una instancia
adicional al proceso ordinario, especialmente cuando el demandante no se pronunció
en el término de traslado sobre la solicitud de medida cautelar en el proceso ordinario.
6) De acuerdo con lo expuesto, esta Sala concluye que no hay lugar a declarar la
configuración de una decisión sin motivación en la providencia atacada, razón por la
cual se negarán las pretensiones de la acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01252-00
Demandante: Municipio de San Luis de Palenque y otro
Acción de tutela
FALLA:
1º) Deniégase la acción de tutela presentada por la parte actora de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
3º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado (E) Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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