Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-07642-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-07642-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-07642-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
16 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07642-01
Demandante: Municipio de Trinidad – Secretaría de Planeación e Información
Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Temas: Impugnación. Tutela contra providencia judicial. Nulidad.
Esquema de Ordenamiento Territorial. Defecto fáctico. Defecto
sustantivo. Defecto procedimental. Desconocimiento del
precedente.
Decisión: Modifica sentencia de primera instancia. Rechaza por temeridad
y declara improcedente.
La Sala decide la impugnación formulada por la parte actora en contra de la
Sentencia proferida el 5 de febrero de 2026 por la Sección Primera del Consejo de
Estado, mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela por temeridad
frente a la Sentencia de 29 de mayo de 2025 dentro del proceso de nulidad No.
85001-33-33-001-2023-00033-01 y, por no cumplir con el requisito general de
subsidiariedad frente a la Sentencia de 10 de noviembre de 2025 dentro del proceso
de nulidad No. 85001-33-33-002-2024-00087-00.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 1 de diciembre de 2025, la parte actora, por intermedio de apoderado
judicial, presentó una acción de tutela con el propósito de obtener la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso y autonomía territorial, así como los
principios de funcionamiento continuo, eficaz y coordinado de la administración
pública, los cuales fueron presuntamente transgredidos por el Tribunal
Administrativo del Casanare, dentro del proceso de nulidad No. 85001-33 33-001-
2023-00033-01 y el Juzgado 2 Administrativo de Yopal, dentro del proceso de
nulidad No. 85001-33-33-002-2024-00087-00.
2. A título de amparo, solicitó que se revocara la Sentencia de 29 de mayo de
2025 del Tribunal Administrativo del Casanare y, la Sentencia de 10 de noviembre
de 2025 del Juzgado 2 Administrativo de Yopal y, en consecuencia, se dictara una
decisión de reemplazo con el propósito de restablecer la continuidad de la
planeación municipal, así como ordenar la realización del cabildo abierto.
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3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, la parte actora
señaló que contaba con un Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), el cual fue
adoptado y ajustado mediante diversos actos administrativos entre los años 2000 y
2017.
4. Manifestó que, el 3 de marzo de 2023, el señor Rafael Quesada Martínez
radicó demanda de nulidad contra el Concejo Municipal de Trinidad (Casanare)1,
con el propósito de que se declarara la nulidad de los Acuerdos Nos. 006 de 9 de
marzo de 2011, 018 de 9 de noviembre de 2011, 015 de 26 de agosto de 2012 y
009 de 8 de septiembre de 2017 y que, en consecuencia, se ordenara la expedición
de un nuevo EOT en cumplimiento de las exigencias legales.
5. El 19 de febrero de 2024, el Juzgado 1 Administrativo de Yopal declaró la
nulidad del Acuerdo No. 006 de 9 de marzo de 2011, por medio del cual se
modificaban de manera excepcional algunas normas urbanísticas contenidas en el
Esquema de Ordenamiento Territorial de Trinidad, Acuerdos Nos. 019 de 2000 y
012 de 2007, y se dictaban otras disposiciones y, negó las demás pretensiones de
la demanda.
6. El 4 de marzo de 2024, el Concejo Municipal de Trinidad (Casanare) radicó
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, tras considerar que
el medio de control de nulidad no era idóneo para dilucidar la controversia planteada
por el señor Rafael Quesada Martínez, en la medida que, en realidad, se pretendía
un restablecimiento de un derecho subjetivo, dado que se narraba una situación en
la que se inició un proceso policivo de restitución de bien de uso público derivado
del Acuerdo No. 006 de 2011. Expuso que el cabildo abierto constituía un
mecanismo de participación ciudadana de origen popular, promovido directamente
mediante firmas ciudadanas, por lo que no le correspondía asumir dicha
convocatoria, máxime cuando solo intervenían 11 cabildantes, cifra que no cumplía
con el número exigido por la ley.
7. El 29 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo de Casanare confirmó la
Sentencia de 19 de febrero de 2024, tras concluir que no se demostró que, a través
del medio de control de nulidad simple, el señor Quesada Martínez obtuviera un
restablecimiento automático del derecho, puesto que existían otras controversias
judiciales, tramitadas bajo distintos medios de control, en las que se analizaban
pretensiones orientadas a dicho restablecimiento.
8. Precisó que el asunto se centraba exclusivamente en determinar si el
Acuerdo No. 006 de 2011 se expidió con el lleno de los requisitos legales. Sostuvo
que, si bien se realizaron algunas reuniones con la comunidad, lo cierto era que no
se acreditó su citación ni materialización; señaló que, por el contrario, se
evidenciaba en la contestación de la demanda que el cabildo abierto no se llevó a
cabo y, en todo caso, no se encontró soporte alguno que así lo acreditara.
1 Rad. 85001-33-33-001-2023-00033-00/01.
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9. Expuso que, el 13 de junio de 2024, el señor Juan Pablo Betancourt Barrera
radicó demanda de nulidad contra el Concejo Municipal de Trinidad (Casanare) 2,
con el propósito de que se declarara la nulidad de los Acuerdos de 9 de marzo de
2011, 9 de noviembre de 2011, 26 de agosto de 2012, 29 de mayo de 2014 y 8 de
septiembre de 2017.
10. El 10 de noviembre de 2025, el Juzgado 2 Administrativo de Yopal declaró
probada la excepción de cosa juzgada propuesta por el hoy accionante respecto del
Acuerdo No. 006 de 2011 y, declaró la nulidad de los Acuerdos Nos. 019 de 2000,
012 de 2007, 018 de 2011, 015 de 2012, 005 de 2014 y 009 de 2017 en la medida
que no se demostró la existencia de cabildo abierto en el trámite de tales acuerdos.
11. Como fundamentos de la vulneración, la parte actora manifestó que el
Tribunal Administrativo de Casanare incurrió en un defecto sustantivo, en la medida
en que se desconoció la autonomía territorial, la función pública continua y el
principio de planeación, consagrados en los artículos 209, 287, 311, 339 y 342 de
la Constitución. Sostuvo que la declaratoria de nulidad, sin la adopción de un
régimen de transición, dejaba sin instrumento de planificación a un municipio entero,
lo que afectaba su capacidad de gobernanza y de gestión pública.
12. Indicó que también se incurrió en un defecto procedimental, por cuanto se
anuló el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) sin que se valoraran aspectos
como el impacto institucional de la decisión, el deber de continuidad, la necesidad
de adoptar un régimen de transición y la existencia de mecanismos menos lesivos.
13. Señaló que se configuraba en un defecto fáctico, comoquiera que las
autoridades judiciales omitieron analizar pruebas relacionadas con el
funcionamiento de la Secretaría de Planeación y con los efectos sociales,
económicos y administrativos derivados del vacío normativo generado.
14. Afirmó que se había incurrido en desconocimiento del precedente
constitucional, en tanto no se tuvo en cuenta la jurisprudencia obligatoria sobre la
continuidad de la planeación territorial, en particular la abordada en la Sentencia
SU-095 de 2018, así como en las sentencias C-578 de 2001, C-149 de 2010 y C-
635 de 2012.
Intervenciones3
15. El Tribunal Administrativo de Casanare manifestó que el municipio de
Trinidad ya había promovido una acción de tutela por hechos y pretensiones
similares, identificada con el radicado No. 11001-03-15-000-2025-07460-00, cuyo
conocimiento correspondió a la Sección Tercera del Consejo de Estado.
2 Rad. 85001-33-33-002-2024-00087-00.
3 Mediante Auto de 11 de diciembre de 2025, se admitió la acción de tutela de la referencia contra el Tribunal
Administrativo de Casanare y el Juzgado 2 Administrativo de Yopal y, vinculó al Concejo Municipal de Trinidad
– Casanare, al Juzgado 1 Administrativo de Yopal, a Rafael Quesada Martínez y Juan Pablo Betancourt Barrera.
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16. Afirmó que, al proferir la Sentencia de 29 de mayo de 2025 dentro del
proceso de nulidad No. 85001-33-33-001-2023-00033-01, no se vulneraron los
derechos fundamentales a los que hizo referencia el hoy accionante, en la medida
en que el análisis de los actos administrativos había partido de establecer si, con la
declaratoria de nulidad del Acuerdo No. 006 de 2011, se pretendía un
restablecimiento del derecho subjetivo que impidiera tramitar el asunto a través del
medio de control de nulidad simple.
17. Consideró que la providencia cuestionada no incurrió en defecto alguno ni
transgredió los derechos a la autonomía territorial, al debido proceso, a la seguridad
jurídica, a la confianza legítima y al ejercicio de la función pública, pues, aunque en
el proceso se demostró que se realizaron algunas reuniones con la comunidad, no
se acreditó la citación ni la materialización del cabildo abierto, circunstancia que
viciaba de nulidad el acuerdo y determinaba su exclusión del ordenamiento jurídico.
18. El Juzgado 2 Administrativo de Yopal manifestó que conoció del proceso de
nulidad simple No. 85001-33-33-002-2024-00087-00 e indicó que no encontraba
razones para dar trámite a la acción de tutela, en la medida que, por secretaría, se
corrió traslado de una solicitud de adición interpuesta contra la Sentencia de 10 de
noviembre de 2025, la cual aún no había sido resuelta.
19. Señaló que, en todo caso, la sentencia objeto de reproche no se encontraba
ejecutoriada ni en firme, de modo que, mientras no se resolviera la solicitud de
adición y se restablecieran los términos, la parte actora podía, ante cualquier
inconformidad, interponer el recurso de apelación. Precisó que la acción de tutela
resultaba improcedente para procurar la protección de los derechos fundamentales
que consideraba vulnerados.
20. Concluyó que los argumentos expuestos en el escrito de tutela no
comportaban asuntos que debieran debatirse en el escenario constitucional, pues
no se agotaron previamente los recursos o medios judiciales previstos por el
legislador para la solución de las situaciones que se presentan dentro de los
procesos ordinarios o especiales que se adelantan en la jurisdicción.
21. El Juzgado 1 Administrativo de Yopal indicó que profirió la Sentencia de 19
de febrero de 2024 en el marco del proceso de nulidad No. 85001-33-33-001-2023-
00033-00 y, en consecuencia, solicitó que se negara la solicitud de amparo, en la
medida en que dicha providencia se fundamentó en el marco normativo y
jurisprudencial aplicable al caso, así como en la valoración de las pruebas regular y
oportunamente allegadas al expediente. Afirmó que se declaró la nulidad del
Acuerdo No. 006 de 2011, tras evidenciarse que la administración incumplió la
obligación de convocar y desarrollar un cabildo abierto, máxime cuando se trataba
de un deber legal de carácter imperativo, directamente relacionado con la garantía
del derecho de participación ciudadana en las decisiones que la afectaban.
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22. Indicó que tampoco se cumplían los requisitos generales de procedibilidad,
en especial los relativos a la inmediatez y la subsidiariedad, toda vez que la acción
de tutela se presentó después de transcurridos más de 6 meses desde la fecha en
que se profirió la sentencia de segunda instancia, esto es, el 29 de mayo de 2025,
lapso que consideraba suficiente para que se adoptaran decisiones o medidas
orientadas a mitigar los presuntos efectos negativos que se pretendían evitar
mediante la tutela. Afirmó que la parte actora no contestó la demanda y que el
Concejo Municipal se limitó a defender la legalidad del acto, sin formular argumento
alguno respecto del principio de conservación del acto administrativo ni sobre el
presunto desconocimiento de la jurisprudencia.
23. Señaló que, en lo que respecta a las causales específicas de procedibilidad,
el accionante no las invocó ni acreditó en forma alguna, pues se limitó a exponer
presuntas consecuencias desfavorables derivadas de la decisión judicial, sin
demostrar su ilegalidad, circunstancia que tornaba improcedente la acción de tutela.
24. Juan Pablo Betancourt Barrera solicitó que se negaran las pretensiones de
la tutela, comoquiera que el Acuerdo No. 006 de 2011 se encontraba anulado,
mientras que los otros 6 acuerdos estaban suspendidos provisionalmente y
contaban con sentencia de primera instancia que había declarado su nulidad.
Sostuvo que el municipio de Trinidad, y en particular la Secretaría de Planeación e
Información, debía asumir la tarea de adelantar un nuevo Esquema de
Ordenamiento Territorial, esta vez sin las falencias que pudieran generar su
eventual anulación.
25. Expuso que, en un caso similar, en el cual se suspendieron
provisionalmente los acuerdos que conformaban el EOT del municipio de San Luis
de Palenque, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado 4, en
sede de tutela, señaló que no era posible pretender la imposición de un criterio
distinto al adoptado por el juez del proceso de nulidad por el solo hecho de
manifestar inconformidad, dado que la acción de tutela no estaba instituida como un
mecanismo para controvertir o modificar la interpretación judicial con la que no se
estaba de acuerdo.
26. El Concejo Municipal de Trinidad (Casanare) y Rafael Quesada Martínez,
pese a que fue debidamente notificada, guardaron silencio.
Sentencia impugnada
27. El 5 de febrero de 2026, la Sección Primera del Consejo de Estado declaró
improcedente la acción de tutela tras realizar el análisis de manera separada, dado
que se pretendía dejar sin efectos providencias proferidas en procesos distintos.
28. Declaró improcedente la acción de tutela por temeridad respecto de la
Sentencia de 29 de mayo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
4 Rad. 11001-03-15-000-2025-01252-00.
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Casanare en el marco del proceso de nulidad No. 85001-33-33-001-2023-00033-
01, comoquiera que el hoy accionante, con anterioridad a la interposición de la
presente acción, promovió la acción de tutela No. 11001-03-15-000-2025-07460-00.
29. Señaló que entre ambos mecanismos constitucionales existía identidad
parcial de partes, así como identidad de objeto y de causa petendi, en la medida en
que, en esencia, en ambas acciones se perseguía la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso y a la autonomía territorial, presuntamente
vulnerados con ocasión de la Sentencia de 29 de mayo de 2025.
30. Declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito
de subsidiariedad respecto de la vulneración presuntamente derivada de la
Sentencia de 10 de noviembre de 2025, proferida por el Juzgado 2 Administrativo
de Yopal dentro del proceso de nulidad No. 85001-33-33-002-2024-00087-00, en la
medida en que en dicho trámite se encontraba pendiente de resolución una solicitud
de adición, lo que implicaba que el proceso aún estaba en curso.
31. Expuso que la providencia cuestionada podía ser controvertida a través de
los mecanismos ordinarios, en particular el recurso de apelación, circunstancia que
reafirmaba la improcedencia de la solicitud de amparo para cuestionar la decisión
por vía de tutela.
Impugnación
32. La parte actora impugnó el fallo de primera instancia, tras considerar que la
decisión omitió analizar el impacto estructural derivado de la sentencia proferida en
el proceso No. 85001-33-33-001-2023-00033-01, en la medida en que esta dejó sin
cimientos el plan de desarrollo. Sostuvo que todos los estudios y diseños
contratados durante las vigencias 2024 y 2025 fueron formulados con fundamento
en los usos del suelo y en la normativa detallada de desarrollo contenida en el
Acuerdo No. 006 de 2011 y afirmó que tampoco sería posible dar cumplimiento al
plan plurianual de inversiones.
33. Sostuvo que la declaratoria de incumplimiento del requisito de
subsidiariedad, fundada en la supuesta inexistencia de un perjuicio irremediable que
habilitara la intervención del juez constitucional como mecanismo transitorio,
resultaba ajena a la realidad que enfrentaba la entidad, por cuanto existían diversos
procesos contractuales que se venían gestionando desde el año 2024 y 2025, los
cuales se verían afectados por la decisión cuestionada.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
34. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
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80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
Cuestión previa
35. El Tribunal Administrativo de Casanare, en el informe rendido dentro del
presente trámite, puso de presente la existencia de una acción de tutela previa en
curso, promovida por el hoy accionante, en la cual alegaba la vulneración de sus
derechos fundamentales con ocasión de la Sentencia de 29 de mayo de 2025 5,
identificada con el radicado No. 11001-03-15-000-2025-07460-00.
36. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en la
sentencia de tutela de primer grado, indicó que existía una identidad parcial de
partes, objeto y causa petendi, en la medida en que, en esencia, ambas acciones
estaban orientadas a la protección de los derechos fundamentales al debido
proceso y a la autonomía territorial, así como de los principios de funcionamiento
continuo, eficaz y coordinado de la administración pública, todos ellos derivados de
la referida Sentencia de 29 de mayo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo
de Casanare dentro del medio de control de nulidad, en el expediente radicado No.
85001-33-33-001-2023-00033-01.
37. A partir de lo anterior, y una vez verificado el aplicativo SAMAI, la Sala
advierte que, en efecto, concurre identidad de partes 6, objeto7 y causa8 entre el
proceso No. 2025-07460-00 y el de la referencia, específicamente en lo relacionado
con los cuestionamientos formulados respecto de la Sentencia de 29 de mayo de
2025. A ello se suma que la parte actora manifestó, bajo la gravedad de juramento,
no haber interpuesto otra acción de tutela por los mismos hechos.
38. De igual forma, se observa que la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado profirió sentencia el 30 de enero de 2026, mediante la cual
declaró la improcedencia de la acción de tutela por falta de subsidiariedad. Dicha
decisión fue impugnada, lo que dio lugar a su remisión a la Subsección B de la
Sección Segunda de esta Corporación para surtir el trámite correspondiente; no
obstante, según las anotaciones del aplicativo SAMAI, el asunto se encuentra
actualmente al despacho9.
39. En ese orden, la Sala modificará la sentencia proferida el 5 de febrero de
2026 por la Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la
acción de tutela en lo que respecta a los reproches dirigidos contra la Sentencia de
29 de mayo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, para, en
5 Proceso de nulidad No. 85001-33-33-001-2023-00033-01.
6 Accionante: Municipio de Trinidad; Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y Juzgado 1 Administrativo
de Yopal.
7 Dejar sin efectos la Sentencia de 29 de mayo de 2025 proferida dentro del proceso de nulidad No. 85001-33-
33-001-2023-00033-01.
8 Presuntamente haber incurrido en un defecto sustantivo, defecto fáctico, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución.
9 Rad. 11001-03-15-000-2025-07460-01, índice 00003
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su lugar, rechazar la acción de tutela por temeridad, en los términos del artículo 38
del Decreto 2591 de 1991. En efecto, la identidad parcial de partes, objeto y causa
petendi se traduce en una reiteración injustificada de acciones de tutela fundadas
en los mismos hechos y pretensiones, lo cual vulnera los principios de buena fe y
lealtad procesal, y desnaturaliza el carácter excepcional del mecanismo
constitucional.
Problema jurídico
40. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, si el Juzgado 2
Administrativo de Yopal vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y
autonomía territorial, así como los principios de funcionamiento continuo, eficaz y
coordinado de la administración pública de la parte actora, al proferir la Sentencia
de 10 de noviembre de 2025 dentro del proceso de nulidad No. 85001-33-33-002-
2024-00087-00, por presuntamente haber incurrido un defecto sustantivo por
violación directa de la Constitución, procedimental, fáctico y/o desconocimiento del
precedente constitucional.
Procedibilidad de la acción de tutela
41. La Sala confirmará la Sentencia proferida el 5 de febrero de 2026 por la
Sección Primera del Consejo de Estado mediante la cual declaró improcedente la
acción de tutela por no cumplir con el requisito general de subsidiariedad frente a la
Sentencia de 10 de noviembre de 2025 dentro del proceso de nulidad No. 85001-
33-33-002-2024-00087-00 por las razones que pasan a exponerse:
42. El accionante alegó que el Juzgado 2 Administrativo de Yopal incurrió en un
defecto sustantivo, procedimental, fáctico y/o desconocimiento del precedente
constitucional al proferir la referida sentencia, al respaldar —en su criterio— una
decisión que desconocía la autonomía territorial, la continuidad de la función pública
y el principio de planeación, y que fue adoptada sin una valoración integral de sus
efectos ni de los elementos probatorios relevantes. En particular, cuestionó la
declaratoria de nulidad del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) sin la
adopción de un régimen de transición, lo que, según afirmó, dejó al municipio sin
instrumento de planificación y afectó su capacidad de gobernanza y gestión pública,
sin considerar el impacto institucional de la medida, la existencia de alternativas
menos lesivas, las pruebas sobre sus efectos sociales, económicos y
administrativos, ni la jurisprudencia constitucional sobre la continuidad de la
planeación territorial.
43. No obstante, de la verificación realizada en el aplicativo SAMAI se advierte
que: (i) el 13 de noviembre de 2025, la parte actora radicó solicitud de adición contra
la sentencia de primera instancia 10 ; (ii) el 2 de marzo de 2026, el Juzgado 2
10 Índice 00104.
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Demandante: Municipio de Trinidad – Secretaría de Planeación e Información
Administrativo de Yopal negó dicha solicitud11 y; (iii) contra esta última decisión el
accionante interpuso recurso de reposición, el cual se encuentra pendiente de
resolución12.
44. En ese contexto, la Sala observa que el proceso ordinario aún se encuentra
en curso, en la medida en que no se ha resuelto el recurso de reposición interpuesto
contra el Auto de 2 de marzo de 2026. Adicionalmente, se advierte que el municipio
de Trinidad aún dispone de un mecanismo judicial ordinario idóneo para controvertir
los eventuales reparos frente a la sentencia, como lo es el recurso de apelación
previsto en el artículo 243 del CPACA13.
45. En efecto, si la parte actora considera que el Juzgado 2 Administrativo de
Yopal incurrió en errores u omisiones al proferir la Sentencia de 10 de noviembre
de 2025, cuenta con el recurso de apelación como mecanismo idóneo para que el
superior funcional examine los cuestionamientos planteados. En el presente caso,
si bien no se interpuso dicho recurso en un primer momento, lo cierto es que, en
atención a la solicitud de adición formulada y al recurso de reposición actualmente
pendiente de decisión contra el auto que la negó, la oportunidad para acudir a la
alzada aún no se encuentra definitivamente agotada, por lo que subsiste la
posibilidad de controvertir la providencia por la vía ordinaria correspondiente.
46. En ese orden de ideas, la acción de tutela no está concebida como un
mecanismo para reabrir controversias que pueden ventilarse en sede judicial
ordinaria, ni como una vía para corregir errores u omisiones imputables a las partes.
Dada su naturaleza excepcional y su finalidad específica, esto es, la protección
inmediata de derechos fundamentales, su procedencia está sujeta al cumplimiento
estricto de requisitos como el principio de subsidiariedad, consagrado en el artículo
11 Índice 00107.
12 Índice 00110.
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Artículo 243. Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma
instancia:
1. El que rechace la demanda o su reforma, y el que niegue total o parcialmente el mandamiento ejecutivo.
2. El que por cualquier causa le ponga fin al proceso.
3. El que apruebe o impruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales. El auto que aprueba una conciliación solo podrá ser
apelado por el Ministerio Público.
4. El que resuelva el incidente de liquidación de la condena en abstracto o de los perjuicios.
5. El que decrete, deniegue o modifique una medida cautelar.
6. El que niegue la intervención de terceros.
7. El que niegue el decreto o la práctica de pruebas.
8. Los demás expresamente previstos como apelables en este código o en norma especial.
PARÁGRAFO 1o. El recurso de apelación contra las sentencias y las providencias listadas en los numerales 1 a 4 de este
artículo se concederá en el efecto suspensivo. La apelación de las demás providencias se surtirá en el efecto devolutivo,
salvo norma expresa en contrario.
PARÁGRAFO 2o. En los procesos e incidentes regulados por otros estatutos procesales y en el proceso ejecutivo, la
apelación procederá y se tramitará conforme a las normas especiales que lo regulan. En estos casos el recurso siempre
deberá sustentarse ante el juez de primera instancia dentro del término previsto para recurrir.
PARÁGRAFO 3o. La parte que no obre como apelante podrá adherirse al recurso interpuesto por otra de las partes, en lo
que la sentencia apelada le fuere desfavorable. El escrito de adhesión, debidamente sustentado, podrá presentarse ante el
juez que la profirió mientras el expediente se encuentre en su despacho, o ante el superior, hasta el vencimiento del término
de ejecutoria del auto que admite la apelación.
La adhesión quedará sin efecto si se produce el desistimiento del apelante principal.
PARÁGRAFO 4o. Las anteriores reglas se aplicarán sin perjuicio de las normas especiales que regulan el trámite del medio
de control de nulidad electoral.
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86 de la Constitución Política y desarrollado en el artículo 6.1 del Decreto 2591 de
1991.
47. En consecuencia, al evidenciarse que el proceso ordinario aún se encuentra
en trámite y que la parte actora dispone de un medio de defensa judicial idóneo y
eficaz para controvertir la providencia cuestionada, como lo es el recurso de
apelación, la acción de tutela frente a la Sentencia de 10 de noviembre de 2025
resulta improcedente.
48. Por otro lado, la Sala no advierte una posible configuración de un perjuicio
irremediable, pues a pesar de que la parte actora señaló que la decisión cuestionada
podría generar afectaciones en la planeación territorial del municipio y en procesos
contractuales en curso, tales afirmaciones se presentan en términos generales, sin
que se hubieran acompañado de elementos de juicio que permitan acreditar, en el
caso concreto, la inminencia, gravedad y urgencia de una afectación
iusfundamental.
49. Así, ante la ausencia de una justificación concreta sobre la necesidad de
desplazar los medios de defensa judicial ordinarios, y sin que se acrediten
circunstancias excepcionales que configuren un perjuicio irremediable en los
términos exigidos por la jurisprudencia constitucional, no se satisface el requisito de
subsidiariedad, por lo que la acción de tutela resulta improcedente.
Conclusión
50. La Sala modificará la sentencia de primera instancia para, en su lugar,
rechazar la acción de tutela por temeridad en lo que respecta a los reproches
relacionados con la Sentencia de 29 de mayo de 2025; y confirmará la Sentencia
proferida el 5 de febrero de 2026 por la Sección Primera del Consejo de Estado por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley
III. RESUELVE
PRIMERO. MODIFICAR la Sentencia de 5 de febrero de 2026 proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la acción
de tutela y, en su lugar, RECHAZAR POR TEMERIDAD la acción de tutela respecto
de la Sentencia de 29 de mayo de 2025 y, CONFIRMAR la decisión en cuanto
declaró improcedente la acción de tutela frente a la Sentencia de 10 de noviembre
de 2025.
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SEGUNDO. Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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