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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07460-01

Fecha
13 de abril de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
1 providencia

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07460-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

13 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., trece (13) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07460-01 (11827)
Accionante: Municipio de Trinidad
Accionados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad.
Subtema 2: subsidiariedad.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del 30 de enero de
2026 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

1. Síntesis del Caso

El municipio de Trinidad (Casanare) presentó acción de tutela con la pretensión de
amparo de sus derechos fundamentales a la autonomía territorial, al debido proceso y
a los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, que consideró vulnerados
con ocasión de las sentencias del 19 de febrero de 2024 y del 29 de mayo de 2025,
dictadas, respectivamente, por el Juzgado Primero Administrativo de Yopal y el
Tribunal Administrativo de Casanare, dentro del proceso de nulidad identificado con el
radicado núm. 85001-33-33-001-2023-00033-00/01.

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela1 y los demás elementos aportados por las partes en

1 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-07460-00, índice 2.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07460-01 (11827)
Accionante: Municipio de Trinidad
Accionados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro

el trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:

2. El señor Rafael Quesada Martínez presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad contra el municipio de Trinidad y el Concejo Municipal de Trinidad,
con el objeto de obtener la nulidad del Acuerdo núm. 006 de 2011 «por medio del cual
se modifica excepcionalmente algunas normas urbanísticas, contenidas en el
esquema de ordenamiento territorial de Trinidad Acuerdo 019 del 2000 y 012 de 2007
y se dictan otras disposiciones», así como de sus acuerdos modificatorios, esto es, los
núm. 018 de 2011, 015 de 2012 y 009 de 2017.

3. Como consecuencia, solicitó: (i) que el ente territorial demandado expidiera un
nuevo Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), previa convocatoria a cabildo
abierto; (ii) que, en lo relacionado con la afectación de suelos y definición de trazados
viales, se aportaran los documentos que acreditaran la propiedad y tradición de bienes
del municipio, y (iii) que se excluyera del EOT la vía Morita - Cruce Mata de Vaquero,
en la medida en que parte de los terrenos que la componían son de su propiedad y no
del ente territorial.

4. El conocimiento de la demanda correspondió al Juzgado Primero Administrativo
de Yopal, que, por sentencia del 19 de febrero de 2024, declaró la nulidad del Acuerdo
núm. 006 del 2011 y negó las demás pretensiones. La autoridad judicial consideró que
dicho acuerdo estaba viciado de nulidad, por cuanto el Concejo Municipal de Trinidad
no convocó ni realizó un cabildo abierto previo al estudio y modificación del EOT y,
respecto de los demás acuerdos demandados, indicó que perdieron fuerza de
ejecutoria por decaimiento del acto administrativo, por lo cual la pretensión de nulidad
respecto de estos no prosperaba.

5. Inconforme con la anterior decisión, el Concejo Municipal de Trinidad interpuso
recurso de apelación y el Tribunal Administrativo de Casanare, mediante sentencia
del 29 de mayo de 2025, la confirmó.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

6. La parte actora solicitó en el escrito de tutela lo siguiente:

1. Que se amparen los derechos fundamentales invocados.

2. Que se dejen sin efectos: o la sentencia del Tribunal Administrativo de Casanare (29
de mayo de 2025), o la sentencia del Juzgado Primero Administrativo de Yopal (19 de
febrero de 2024),

3. Que se ordene rehacer las providencias con: o respeto al precedente, o análisis
adecuado de la Ley 507/1999, o ponderación de la autonomía territorial.

4. Subsidiariamente, ordenar que: o el EOT vigente continúe aplicándose hasta que se
adopte uno nuevo, evitando un vacío normativo. o Que, de manera SUBSIDIARIA y como
medida de restablecimiento institucional, el Honorable Consejo de Estado ORDENE al

2

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Concejo Municipal de Trinidad – Casanare que, dentro de un término razonable que no
exceda de treinta (30) días, convoque y realice un CABILDO ABIERTO específico sobre
la revisión y ajuste del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), como mecanismo
democrático destinado a SUBSANAR la falencia procedimental identificada por los jueces
accionados, consistente en la ausencia del cabildo previsto en el artículo 2 de la Ley 507
de 1999.2.

7. Para sustentar sus pretensiones, la parte actora alegó que las providencias
judiciales del 19 de febrero de 2024 y del 29 de mayo de 2025, dictadas por el Juzgado
Primero Administrativo de Yopal y el Tribunal Administrativo del Casanare,
respectivamente, incurrieron en defecto sustantivo al dar un alcance retroactivo y
absoluto a la Ley 507 de 1999, siendo que el Consejo de Estado ha indicado que el
cabildo no puede convertirse en un requisito que anule el ordenamiento territorial
vigente.

8. Sostuvo que desconocieron el precedente de la Sección Primera del Consejo de
Estado relacionado con los efectos diferidos en nulidades urbanísticas, la prohibición
de dejar un municipio sin POT/EOT vigente y de la prevalencia del principio de
conservación normativa.

9. Expuso que también se configuró el defecto fáctico, debido a que se ignoraron
pruebas sobre decaimiento, vigencia, socializaciones, conceptos de Corporinoquia,
Consejos Territoriales de Planeación y participación ciudadana. Adujo que no
valoraron la situación urbanística actual del municipio ni ponderaron el daño
institucional.

10. Indicó que se incurrió en violación directa de la Constitución Política, al suprimir
de hecho las competencias territoriales del municipio, lo que a su juicio implicaba la
intromisión indebida en funciones propias del Concejo Municipal, sustitución del
principio democrático y afectación al núcleo esencial de la autonomía.

11. Por último, manifestó que las decisiones objeto de tutela causan un perjuicio
irremediable, porque conllevan a la parálisis del ordenamiento territorial, afecta
derechos colectivos, inversiones públicas y la eficacia administrativa.

2.3. Trámite procesal

12. El conocimiento de la acción de tutela correspondió a la Subsección A de la
Sección Tercera de esta corporación, que profirió auto el 4 de diciembre de 20253, en
el que admitió la solicitud de tutela, negó la medida provisional solicitada y ordenó
notificar, como parte accionada, al Tribunal Administrativo de Casanare y al Juzgado
Primero Administrativo de Yopal. Adicionalmente, vinculó como tercero con interés, al
señor Rafael Quesada Martínez.

2 Se transcribe con errores.
3 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-07460-00, índice 4.

3

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2.4. Intervenciones

13. El Tribunal Administrativo de Casanare4 solicitó que se declarara improcedente
la acción de tutela por no cumplir el requisito de subsidiariedad, dado que el municipio
de Trinidad no presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia
del 19 de febrero de 2024, de manera que los argumentos ahora expuestos no fueron
propuestos al interior del proceso ordinario. Con todo, señaló que la decisión dictada
por esa corporación no incurrió en defecto alguno ni transgredió los derechos
invocados por la parte actora.

14. El Juzgado Primero Administrativo de Yopal5 pidió que se negara el amparo al
considerar que no cumplía los requisitos de procedencia de inmediatez y
subsidiariedad. El primero, porque la sentencia de segunda instancia cuestionada se
dictó el 29 de mayo de 2025 y la tutela se presentó luego de seis meses. El segundo,
porque no alegó de manera previa en el proceso ordinario los reproches ahora
planteados, teniendo en cuenta que ni siquiera contestó la demanda.

15. Sumado a lo anterior, consideró que no se acreditó la configuración de alguna
irregularidad, pues contrario a lo indicado por la parte accionante, la decisión de
primera instancia valoró las pruebas y concluyó que no tenían el alcance de suplir la
obligación de convocar y desarrollar un cabildo abierto como se exige normativamente.

16. Los demás vinculados guardaron silencio.

2.5. Sentencia de primera instancia

17. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 30 de enero de 20266, declaró improcedente la acción de tutela por no
superar los requisitos de subsidiariedad y relevancia constitucional. De manera
preliminar, sostuvo que, contra lo afirmado por el juzgado accionado, la tutela sí
cumplía el requisito de la inmediatez, por cuanto se radicó dentro de los seis meses
siguientes a la notificación de la sentencia del 29 de mayo de 2025.

18. No obstante, advirtió que no se satisfacía el requisito de subsidiariedad, dado
que la fundamentación de los defectos alegados no fue expuesta ante la autoridad
judicial a través del recurso de apelación contra el fallo de primera instancia.

19. Indicó que el recurso de apelación fue interpuesto por el Concejo Municipal de
Trinidad y que las inconformidades giraron en torno a sostener que la demanda de
nulidad tenía como finalidad el restablecimiento automático de un derecho subjetivo,
particular y concreto del demandante y que la realización del cabildo abierto era
obligatoria siempre y cuando lo solicitara la ciudadanía, por ser un mecanismo de

4 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-07460-00, índice 8, certificado núm. 6F9F40B6F1AA0E26
2C7C9C93BA72704D EA79B93D0D2CE90B 8424AF553BA8F2DE.
5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-07460-00, índice 10.
6 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-07460-00, índice 13.

4

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iniciativa popular.

20. Por lo tanto, afirmó que los reparos planteados por el municipio de Trinidad no
fueron formulados a través del recurso de apelación, que constituía el escenario
procesal idóneo para exponer las razones por las cuales estimaba que no resultaba
acorde con la norma, las pruebas y la jurisprudencia la decisión del a quo de anular el
Acuerdo 6 de 2011.

21. Adicionalmente, consideró que, sin perjuicio de lo anterior, la tutela tampoco
superaba el presupuesto de relevancia constitucional, en la medida en que la
sustentación de los defectos sustantivo y fáctico pretendía reabrir un debate jurídico
zanjado por la autoridad judicial accionada. En cuanto al desconocimiento del
precedente y la violación directa de la Constitución, adujo que la demanda carecía de
carga argumentativa mínima.

22. Por otro lado, estimó que no se configuró la indebida interpretación de la Ley 507
de 1999, pues la parte actora partía de un supuesto equivocado al asumir que el
Acuerdo 006 de 2011 contenía el Esquema de Ordenamiento Territorial, cuando en
realidad dicho acto únicamente lo modificaba, siendo este el previsto en los Acuerdos
019 de 2000 y 012 de 2007, los cuales conservaban su vigencia. En ese contexto,
expuso que la anulación del acuerdo obedeció al incumplimiento de un requisito legal,
consistente en la realización previa de un cabildo abierto.

23. Asimismo, señaló que no se presentó defecto fáctico, toda vez que los
cuestionamientos del actor se dirigieron a reabrir el debate probatorio e imponer su
propia valoración sobre los medios de convicción. Indicó que, aunque se acreditaron
reuniones con la comunidad, no se demostró la convocatoria y realización del cabildo
abierto, por lo que tales actuaciones no suplían el requisito legal omitido. Con base en
lo anterior, concluyó que la decisión adoptada no era arbitraria, sino el resultado de un
análisis jurídico y probatorio razonado.

24. Finalmente, expuso que la controversia era de estricta legalidad y no de
relevancia constitucional, y que la parte actora no demostró la afectación de derechos
fundamentales, limitándose a expresar su desacuerdo con la decisión judicial.

2.6. Impugnación

25. La parte accionante presentó escrito de impugnación7 en contra de la sentencia
proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Sostuvo
que, aunque el municipio de Trinidad no interpuso recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia en el proceso ordinario, esa circunstancia no impedía
que el juez de tutela estudiara los elementos fácticos, jurídicos y jurisprudenciales que
permitían concluir que las decisiones de las autoridades accionadas sí desconocían
precedentes jurisprudenciales.

7 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-7460-00, índice 17.

5

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26. Indicó que era necesario que se hiciera una ponderación de derechos, en el
entendido de que si bien no se probó la realización del cabildo abierto como impone la
norma, también lo era que la anulación del acto administrativo impedía «la
materialización de derechos de rango constitucional de los asociados, entre ellos, el
acceso a la vivienda diga (sic), servicios públicos entre otros».

3. Consideraciones

3.1. Competencia

27. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta contra la sentencia del 30 de enero de
2026 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

3.2. Legitimación en la causa

28. La legitimación en la causa por activa del municipio de Trinidad se encuentra
acreditada porque actuó como parte demandada en el proceso de simple nulidad que
finalizó con la sentencia del 29 de mayo de 2025, objeto de tutela, y, por lo tanto, es
titular de los derechos que considera le fueron vulnerados.

29. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Casanare y el Juzgado Primero Administrativo de Yopal, porque son
las autoridades judiciales que profirieron las providencias que, según afirmó la parte
tutelante, vulneraron sus derechos fundamentales.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

30. Reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado8 y de la Corte Constitucional ha
destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de
evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo
constitucional9.

31. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial.

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente

núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
9 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07460-01 (11827)
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iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte
un derecho fundamental.
v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

32. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del recurso
de amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales 10 y, por lo
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En otras
palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la
integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional
para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

33. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución11.

3.4. Problema jurídico

34. Corresponde a la Sala decidir si confirma, revoca o modifica el fallo del 30 de
enero de 2026, dictado por la Subsección A de la Sección Tercera esta corporación,
que declaró improcedente la acción de tutela. Para ello, deberá resolver el siguiente
problema jurídico:

35. ¿La solicitud de amparo promovida supera el requisito de subsidiariedad y, de
ser así, las autoridades judiciales accionadas vulneraron los derechos fundamentales
a la autonomía territorial y al debido proceso al declarar la nulidad del Acuerdo núm.
006 de 2011?

3.5. Análisis del requisito de subsidiariedad

36. En el asunto bajo estudio, el municipio de Trinidad pretende que se dejen sin
efectos las sentencias del 19 de febrero de 2024 y del 29 de mayo de 2025, proferidas
por el Juzgado Primero Administrativo de Yopal y el Tribunal Administrativo de
Casanare, respectivamente, mediante las cuales, en primera instancia, se declaró la
nulidad del Acuerdo núm. 006 de 2011 y, en segunda, se confirmó dicha decisión,
dentro del proceso de medio de control de nulidad identificado con el radicado núm.

10 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.
11 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018 y SU-215 de 2022.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07460-01 (11827)
Accionante: Municipio de Trinidad
Accionados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro

85001-33-33-001-2023-00033-00/01.

37. A juicio de la entidad accionante, las autoridades judiciales vulneraron sus
derechos fundamentales a la autonomía territorial y al debido proceso, así como los
principios de seguridad jurídica y confianza legítima, al declarar la nulidad del citado
acuerdo con fundamento en una interpretación indebida de la Ley 507 de 1999.
Asimismo, sostuvo que las decisiones cuestionadas desconocieron el precedente del
Consejo de Estado en materia de nulidades urbanísticas, incurrieron en un defecto
fáctico por indebida valoración probatoria y configuraron una violación directa de la
Constitución Política, lo cual, en su criterio, genera un perjuicio irremediable.

38. En ese contexto, es preciso tener en cuenta que el requisito de subsidiariedad
presupone, en los términos del artículo 86 de la Constitución y del artículo 6 del Decreto
2591 de 1991, que el juez constitucional, por un lado, verifique que la accionante no
cuente con otros mecanismos judiciales de protección de sus derechos fundamentales
y, por otro lado, que valore si dichos mecanismos resultan idóneos y eficaces para
garantizar de forma oportuna el amparo solicitado, de acuerdo con las particularidades
de cada caso12.

39. Así pues, en el evento de que existan otros medios de defensa judicial pero que
estos no sean idóneos o eficaces, procede la tutela como mecanismo de protección
de derechos fundamentales, así como, en los eventos en que se configura un perjuicio
irremediable, el cual debe ser inminente y grave, y sus medidas de protección
impostergables13.

40. Cuando se trata de una tutela interpuesta en contra de providencia judicial, la
Corte Constitucional ha indicado que los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios constituyen vías legítimas de defensa y reconocimiento de los
derechos fundamentales14. De manera específica, el alto tribunal expresó lo siguiente:

La acción de tutela no fue diseñada para desplazar a los jueces del ejercicio de sus
competencias naturales, motivo por el cual, en principio, no es procedente acudir ante
un juez para impugnar las decisiones judiciales si previamente no se han empleado los
medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial. El agotamiento de estas
herramientas constituye, entonces, un requisito indispensable para que el juez de tutela
pueda entrar a estudiar la vulneración invocada por el accionante.

41. En el caso bajo estudio, la Sala advierte que el municipio de Trinidad actuó como
parte demandada dentro del proceso de nulidad promovido contra el Acuerdo núm.
006 de 2011, decidido en primera instancia por el Juzgado Primero Administrativo de
Yopal mediante sentencia del 19 de febrero de 2024, en la cual se declaró la nulidad
de dicho acto administrativo.

12
Corte Constitucional, sentencia T-397 de 2017.
13
Corte Constitucional, sentencia T-471 de 2017.
14
Corte Constitucional, sentencia T-373 de 2021.

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42. En ese contexto, es preciso señalar que el ordenamiento jurídico prevé la
posibilidad de controvertir las decisiones adoptadas en primera instancia a través del
recurso de apelación, el cual constituye el mecanismo ordinario idóneo para someter
a consideración del superior funcional los reparos frente a la decisión judicial. En
efecto, de conformidad con el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el
artículo 62 de la Ley 2080 de 2021, las sentencias proferidas en primera instancia son
susceptibles de apelación.

43. Bajo este entendido, si el municipio de Trinidad consideraba que la decisión
adoptada por el juez de primera instancia vulneraba sus derechos fundamentales o
desconocía el ordenamiento jurídico, por ejemplo, por una indebida interpretación de
la Ley 507 de 1999, el desconocimiento del precedente o la afectación de la autonomía
territorial, debió formular tales cuestionamientos mediante el recurso de apelación con
el fin de que el juez de segunda instancia se pronunciara sobre ellos.

44. En consecuencia, la acción de tutela no puede ser empleada como un medio
sustitutivo de los recursos ordinarios. De ahí que, si la parte actora no hizo uso del
recurso de apelación, no resulta procedente analizar las razones expuestas en su
escrito de tutela.

45. Así las cosas, la Sala concluye que la acción objeto de estudio es improcedente,
en el entendido de que el agotamiento efectivo de los mecanismos de defensa judicial
no sólo es un acto de diligencia exigible a las partes frente a sus propios asuntos
procesales, sino un requisito necesario para la procedencia de la acción de tutela como
instrumento de protección.

46. Ahora bien, la entidad accionante, en la impugnación sostuvo que la tutela
resultaba procedente con el fin de evitar un perjuicio irremediable, en atención a las
consecuencias que, en su criterio, se derivan de la anulación del Acuerdo núm. 006 de
2011, particularmente en relación con la afectación de derechos de los asociados,
como el acceso a la vivienda y a los servicios públicos. No obstante, la Sala advierte
que dicho argumento carece de sustento probatorio, pues se limita a formular
afirmaciones generales sin acreditar la existencia de una afectación concreta, actual e
inminente de los derechos fundamentales invocados.

47. En efecto, se tiene que el Acuerdo núm. 006 de 2011 no contenía de manera
autónoma el Esquema de Ordenamiento Territorial, sino que correspondía a un acto
de modificación de las disposiciones previamente adoptadas en los Acuerdos 019 de
2000 y 012 de 2007. En tal sentido, la declaratoria de nulidad de dicho acuerdo no
implica la desaparición del marco normativo en materia de ordenamiento territorial, al
subsistir las disposiciones contenidas en los acuerdos anteriores, que conservan su
vigencia.

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48. Por lo expuesto, no se acredita una circunstancia que permita superar el requisito
de subsidiariedad ni habilite al juez constitucional para efectuar un estudio de fondo
del asunto.

3. Conclusión

49. En este orden de ideas, la Sala concluye que la solicitud de tutela no cumple con
el requisito de subsidiariedad. En consecuencia, se confirmará la sentencia del 30 de
enero de 2026, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera de esta
corporación.

4. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Confirmar la sentencia del 30 de enero de 2026, proferida por la Subsección
A de la Sección Tercera del Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de
tutela promovida por el municipio de Trinidad, conforme a lo expuesto en esta
providencia.

Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07460-01 (11827)
Accionante: Municipio de Trinidad
Accionados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

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