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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01273-00

Fecha
5 de junio de 2025
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01273-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela promovida por el señor José Orlando Henao Echeverry en contra de la Corte Suprema de Justicia —Salas Penal, Laboral y Civil, Agraria y Rural—, el Tribunal Superior de Pereira ―Sala Civil-Familia―, el Juzgado 3 Civil del Circuito de Pereira y Colseguros S.A., hoy Allianz Seguros S.A, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO. NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO. En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-01273-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

5 de junio de 2025

Demandante: José Orlando Henao Echeverry
Demandados: Corte Suprema de Justicia y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01273-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01273-00
Demandante: JOSÉ ORLANDO HENAO ECHEVERRY
Demandado: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ―SALAS PENAL,
LABORAL Y CIVIL, AGRARIA Y RURAL―, TRIBUNAL
SUPERIOR DE PEREIRA ―SALA CIVIL-FAMILIA―,
JUZGADO 3 CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA Y ALLIANZ
SEGUROS S.A.

Tema: Tutela contra providencia judicial. Tutela contra tutela.
Improcedencia.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve la acción constitucional de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991
y 1069 de 20151.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. El señor José Orlando Henao Echeverry, actuando en nombre propio,
presentó acción de tutela contra la Corte Suprema de Justicia —Salas Penal,
Laboral y Civil, Agraria y Rural—, el Tribunal Superior de Pereira ―Sala Civil-
Familia―, el Juzgado 3 Civil del Circuito de Pereira y Colseguros S.A., hoy Allianz
Seguros S.A., por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales de
acceso a la administración de justicia y «ejecución de sentencias en firme».

2. Las anteriores garantías las estimó vulneradas con ocasión de «la
situación fraudulenta en la que habría incurrido la jueza Tercera Civil del Circuito
de Pereira» que no ha «[acatado] la orden emitida en sentencia del 12 de agosto
de 1998 por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de
Justicia».

1 Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.

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Demandante: José Orlando Henao Echeverry
Demandados: Corte Suprema de Justicia y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01273-00

1.2. Pretensiones

3. El accionante solicitó lo siguiente:

1°) TUTELAR el derecho de acceder a la justicia (CP art. 228) como el
derecho a la ejecución de las sentencias en firme (CP arts. 1, 2 y 229).

2°) ORDÉNESE al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, con el fin
de agilizar el trámite de la LIQUIDACIÓN ordenado en la sentencia de 12 de
agosto de 1998 por la Sala de Casación Civil Agraria y Rural de la Corte
Suprema de Justicia, efectúe de oficio, es decir, sin necesidad de previa
solicitud, el procedimiento previsto en los artículos 229 y 334 del C.G.P.,
donde se designe un perito financiero, que le presente al juzgado para el
proceso ordinario la LIQUIDACIÓN de los intereses moratorios donde se
concrete la suma que debe pagar la Aseguradora Colseguros hoy Seguros
Allianz S.A., a favor de José Orlando Henao Echeverry beneficiado en la
sentencia.

1.3. Hechos

4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia, de la siguiente manera:

5. El señor José Orlando Henao Echeverry promovió demanda de
responsabilidad civil contractual en contra de Colseguros S.A., hoy Allianz
Seguros S.A., con el fin de obtener el pago de la indemnización pactada en una
póliza. El proceso se identifica con el radicado 66001-31-03-003-1991-12030-00.

6. El Juzgado 3 Civil del Circuito de Pereira conoció el asunto en primera
instancia y profirió sentencia del 24 de junio de 1993, en la que se negaron las
pretensiones de la demanda. La anterior decisión fue confirmada por el Tribunal
Superior de Pereira, Sala Civil, en sentencia del 19 de enero de 1994.

7. El 12 de agosto de 1998, la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la
Corte Suprema de Justicia casó la sentencia de segunda instancia emitida por el
Tribunal Superior de Pereira y profirió fallo de reemplazo en el que decidió lo
siguiente:

[…]
DECLARAR que la ASEGURADORA COLSEGUROS S. A. está obligada a
resarcir las pérdidas que en los despachos de mercancía amparados por
tales documentos, con aplicación a la póliza automática 002-105472-3,
tuvieron ocurrencia en perjuicio del demandante ORLANDO HENAO
ECHEVERRY y por lo tanto se la condena a pagar la suma de doce millones
cuarenta y dos mil ochocientos veintinueve pesos con cuarenta y siete
centavos ($12.042.829.47) роr dicho concepto, incrementada en la cantidad
de dos millones setecientos quince mil seiscientos cincuenta y ocho pesos
con tres centavos ($2.715.658.03), valor de los intereses moratorios sobre
aquella suma, liquidados a la tasa del 18% anual y causados desde el 18 de
septiembre de 1989 hasta el 19 de diciembre de 1990, fecha esta última a
parir de la cual y hasta el momento en que el pago se verifique, la demandada
le adeuda asimismo al demandante los intereses moratorios causados sobre

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la misma suma y los cuales se liquidaran de conformidad con lo dicho en la
parte expositiva de esta sentencia.
[…]

8. El 21 de septiembre de 1998, el señor José Orlando Henao Echeverry
aportó memorial en el que manifestó que efectuó una cesión de derechos sobre
los dineros que le corresponderían por concepto de la condena impuesta a
Colseguros S.A. por parte de la Corte Suprema de Justicia en favor del señor
Horacio Muñoz Echeverry. El señor Muñoz fue aceptado como sucesor procesal
del señor José Orlando Henao por medio de auto del 5 de abril de 19992.

9. El 23 de febrero de 19993, el apoderado de Colseguros S.A. envió oficio al
Juzgado 3 Civil del Circuito de Pereira en el que informó que el capital adeudado
con ocasión de la condena impuesta por la Corte Suprema de Justicia por valor
de $ 12.042.829 le fue pagado al hoy tutelante el 2 de julio de 1998, mientras que
el valor de los intereses, que ascendía a la suma de $ 62.444.466 fue consignada
en el mes de noviembre de ese año, en la cuenta judicial del Juzgado 35 Civil del
Circuito de Bogotá en el marco de un proceso ejecutivo adelantado por el señor
Jorge Ayala Alarcón en contra del señor José Orlando Henao Echeverry 4 en el
que se decretó el embargo del crédito en contra del ejecutado.

10. Para probar lo anterior, Colseguros S.A. aportó el Oficio 3072 del 28 de
noviembre de 1998 proferido por el Juzgado 35 Civil del Circuito de Bogotá en el
que se ratificó el embargo del crédito del señor Henao Echeverry5, constancia de
depósito judicial de la Caja Agraria a nombre del citado despacho, órdenes de
pago a nombre del accionante por concepto de capital y liquidación del crédito
con indicación de la operación matemática utilizada para establecer el valor a
pagar por concepto de intereses de mora6.

11. El 17 de marzo de 19997, 7 de octubre de 20058, 30 de noviembre de 20059

2 Carpeta «C01principalParteII», documento «Cuaderno01ParteII», página 41, en la carpeta 55

del expediente.
3 Carpeta «C01principalParteII», documento «Cuaderno01ParteII», página 26, en la carpeta 55

del expediente.
4 Proceso con radicado 11001-31-03-035-1998-00095-00.
5 Carpeta «C01principalParteII», documento «Cuaderno01ParteII», página 28, en la carpeta 55

del expediente.
6 «El capital fue pagado directamente al señor José Orlando Henao Echeverry el día 2 de julio de

1998, una vez conocido por las partes el dictamen pericial ordenado por la Corte Suprema de
Justicia.
[…]
Para el cálculo de los intereses entre el periodo correspondiente al 20 de diciembre de 1990 y el
2 de julio de 1998 (fecha en que se pagó el capital al demandante) se aplicó la tasa de interés
moratorio más alta del mercado, es decir la tasa de usura, vigente en la fecha de pago del capital,
de acuerdo con lo ordenado en la sentencia sustitutiva dictada por la Corte Suprema de Justicia».
7 Carpeta «C01principalParteII», documento «Cuaderno01ParteII», página 29 y 40, en la carpeta

55 del expediente.
8 Carpeta «C01principalParteII», documento «Cuaderno01ParteII», páginas 57 y 28, en la carpeta

55 del expediente.
9 Carpeta «C01principalParteII», documento «Cuaderno01ParteII», páginas 60 y 61, en la carpeta

55 del expediente.

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y 2 de febrero de 200610, los señores José Orlando Henao y Horacio Muñoz
solicitaron ante el Juzgado 3 Civil del Circuito de Pereira que se expidiera una
nueva copia de la sentencia de casación del 12 de agosto de 1998 que prestara
mérito ejecutivo, en atención a que la entregada el 24 de febrero del año 2000 al
cesionario se encontraba extraviada, en el documento prometieron no utilizar la
primera copia en caso de aparecer.

12. El 6 de febrero de 200611, el Juzgado expidió copia auténtica al señor
Horacio Muñoz, sin la leyenda de prestar mérito ejecutivo, en atención a que, de
acuerdo con los documentos suministrados por Colseguros S.A.12, la obligación
se encontraba satisfecha. Además, a pesar de haber cedido los derechos
litigiosos, concedió copias simples al señor José Orlando Henao, pero por haber
sido parte del proceso y en los términos del entonces vigente Código de
Procedimiento Civil, artículo 115. A pesar de lo anterior, el 29 de marzo de 2006,
el actor solicitó que se conminara a la citada entidad al pago de la condena13.

13. El 14 de noviembre de 200614, por medio de apoderado judicial, el señor
Horacio Muñoz elevó una nueva solicitud de expedición de copias auténticas con
la anotación de prestar mérito ejecutivo, con el propósito de iniciar un proceso de
ejecución en contra de la aseguradora por el presunto incumplimiento de la
condena, insistió en que la primera copia expedida permanecía extraviada y que
en caso de aparecer sería entregada al despacho judicial.

14. Con ocasión de la insistencia del cesionario frente a la insatisfacción de la
obligación, el Juzgado 3 Civil del Circuito de Pereira requirió a Colseguros S.A.
para que informara sobre el cumplimiento de la condena. Ante el silencio de la
aseguradora, la autoridad judicial profirió auto del 23 de noviembre de 2006 en el
que pidió al apoderado del cesionario que manifestara si pretendía iniciar un
nuevo proceso ejecutivo. En caso afirmativo, le indicó que debía «desistir» de
una ejecución promovida en el mes de marzo de ese año.

15. El 1 de diciembre de 200615, el apoderado del cesionario señaló que sí
pretendía iniciar un nuevo proceso ejecutivo, razón por la que manifestó que «a
la petición que se presentó previamente no se le debe dar trámite». Con ocasión
de lo anterior, el Juzgado entregó las referidas copias el 18 de diciembre de ese
mismo año16.

10 Carpeta «C01principalParteII», documento «Cuaderno01ParteII», páginas 64 al 67, en la
carpeta 55 del expediente.
11 Carpeta «C01principalParteII», documento «Cuaderno01ParteII», página 41, en la carpeta 55

del expediente.
12 Documentos allegados el 23 de febrero de 1999 y citados en el llamado número 3.
13 Información contenida en el auto del 23 de noviembre y 1 de diciembre de 2006.
14 Carpeta «C01principalParteII», documento «Cuaderno01ParteII», páginas 77, en la carpeta 55

del expediente.
15 Carpeta «C01principalParteII», documento «Cuaderno01ParteII», páginas 81 y 82, en la

carpeta 55 del expediente.
16 Carpeta «C01principalParteII», documento «Cuaderno01ParteII», página 85, en la carpeta 55

del expediente.

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16. Por medio de autos del 23 de noviembre de 2007, el Juzgado 3 Civil del
Circuito de Pereira negó el mandamiento de pago solicitado por el señor Horacio
Muñoz al considerar que la obligación se satisfizo con las consignaciones del
capital e intereses pagados al señor José Orlando Henao en el año 1998. La
anterior decisión fue confirmada por el Tribunal Superior de Pereira, Sala Civil-
Familia, pero por falta de legitimación en la causa del demandante.

17. El señor José Orlando Henao Echeverry ha promovido múltiples procesos
ejecutivos y acciones de tutela en donde ha propuesto los mismos hechos y
pretensiones. Todos han sido negados por inexistencia de la obligación, falta de
legitimación o ausencia de vulneración de derechos fundamentales.

1.4. Sustento de la vulneración

18. El accionante manifestó que la Corte Suprema Justicia, Sala Civil, Familia
y Agraria, condenó a Colseguros S.A., hoy Allianz Seguros, a pagar los daños
causados a la mercancía amparada por la póliza número 002-105472-3. La
anterior orden fue impartida por medio de sentencia de casación del 12 de agosto
1998, dentro del proceso de responsabilidad civil contractual con radicado 66001-
31-03-003-1991-12030-00, en la que solo se estableció el valor del capital en la
suma de $ 12.042.829,47, «incrementada en $ 2.715.658,03» por concepto de
intereses moratorios causados entre el 18 de septiembre de 1989 y el 19 de
diciembre de 1990.

19. Así, sostuvo que sobre las anteriores cifras debía calcularse el valor de los
intereses de mora causados desde el 19 de diciembre de 1990 hasta la fecha en
la que se efectuara el pago, tal como lo ordenó la máxima autoridad civil en el
siguiente sentido: «fecha esta última, a partir de la cual y hasta el momento en
que el pago se verifique, la demandada le adeuda asimismo al demandante los
intereses moratorios causados sobre la misma suma y los cuales se liquidarán
de conformidad con los dicho en la parte expositiva de esta sentencia.

20. De acuerdo con la anterior transcripción, el accionante afirma que la citada
decisión judicial no estableció un monto definitivo de la condena, pues ello estaba
sujeto a la fecha de pago por parte de Colseguros S.A., lo cual, para el momento
de la decisión era incierto.

21. Con ocasión de lo manifestado, señaló que el Juzgado 3 Civil Municipal
de Pereira se ha negado a dar trámite al proceso ejecutivo y ha afirmado que la
obligación se encuentra satisfecha, lo cual no es cierto, pues Colseguros S.A. no
ha pagado la condena en los términos establecidos por la Corte Suprema de
Justicia, pues para ello habría que designarse un perito financiero que
estableciera el valor de los intereses moratorios causados a partir del 19 de
diciembre de 1990.

22. La autoridad accionada, según indica el tutelante, ha dado por satisfecha
la obligación sin que ello sea cierto, pues Colseguros «abandonó el proceso» y

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no ha dado cabal cumplimiento a la condena que le fue impuesta. En tal sentido,
el Juzgado ha incurrido en «falsedad, fraude a resolución judicial y actuación
fraudulenta» al permitir que Colseguros S.A. se sustraiga de su deber de cumplir
una sentencia y se enriquezca injustificadamente.

23. En memorial de «aclaración y adición de la acción de tutela», el accionante
agregó que el magistrado Edder Jimmy Calambás, del Tribunal Superior de
Pereira, modificó la sentencia de “hacer” la liquidación de los intereses moratorios
para concretar la suma que debe pagar la aseguradora, poniendo la sentencia
en una obligación de “dar” donde su trámite es el proceso ejecutivo».
Adicionalmente, señaló que el Juzgado 3 Civil del Circuito de Pereira se equivoca
al catalogar el proceso como un ejecutivo, cuando en realidad es un ordinario de
mayor cuantía.

1.5. Trámite de primera instancia

24. El señor José Orlando Henao Echeverry anunció como accionadas a la
Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior de Pereira, Sala Civil-Familia, y
al Juzgado 3 Civil del Circuito de Pereira. Sin embargo, las pretensiones y el
sustento de la vulneración están solo encaminadas a la última de las autoridades
citadas. Por tal razón, a través de auto del 6 de marzo de 2025, el despacho
sustanciador decidió remitir la presente acción de tutela al Tribunal Superior de
Pereira, en cumplimiento de las reglas de reparto consignadas en los Decretos
2591 de 1991 y 333 de 2022.

25. No obstante, por medio de auto número 485 del 9 de abril de 2025, dictado
por la Corte Constitucional dentro del expediente ICC-4989, esa alta corporación
dejó sin efecto la providencia del 6 de marzo de 2025 y ordenó la devolución del
expediente a esta Sección para que se «[tramitara] y [adoptara] la decisión de
fondo a la que haya lugar».

26. En cumplimiento de lo anterior, a través de auto del 25 de abril de 2025,
se admitió la acción de tutela de la referencia. En consecuencia, se ordenó
notificar como accionadas a la Corte Suprema de Justicia —Salas Penal, Laboral
y Civil, Agraria y Rural—, al Tribunal Superior de Pereira ―Sala Civil-Familia―,
al Juzgado 3 Civil del Circuito de Pereira y Colseguros S.A., hoy Allianz Seguros
S.A., por haber participado como autoridades judiciales y demandada, en el
proceso de responsabilidad civil contractual 66001-31-03-003-1991-12030-
00/01.

27. Adicionalmente, por auto del 19 de mayo de 2025, se ordenó la vinculación
del señor Horacio Muñoz Echeverry, cesionario del señor José Orlando Henao
Echeverry en el proceso 66001-31-03-003-1991-12030-00/01 y se ordenó al
Juzgado 3 Civil del Circuito de Pereira y al Tribunal Superior de Pereira la
publicación de una constancia de la admisión de la presente acción de tutela
dentro del citado proceso ordinario.

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1.6. Intervenciones

1.6.1. Tribunal Superior de Pereira, Sala Civil-Familia17

28. Relató que el expediente ordinario al que se refiere el accionante ha
arribado a esa instancia en 10 oportunidades, en el marco del trámite de múltiples
recursos de apelación propuestos contra las decisiones adoptadas por el
Juzgado 3 Civil del Circuito de Pereira en las que se ha negado librar
mandamiento de pago en relación con el cumplimiento de la sentencia de
casación del 12 de agosto 1998.

29. Manifestó que el primer proceso ejecutivo promovido por el señor José
Orlando Henao Echeverry data del 29 de junio de 2007, en cuyo trámite el
Juzgado 3 Civil del Circuito de Pereira profirió auto del 23 de noviembre de ese
año, en el que decidió no librar mandamiento de pago por estimar cumplida la
obligación de acuerdo con el siguiente argumento:

[…] el embargo del crédito decretado dentro del aludido proceso tramitado
ante el Juzgado 35 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá D.C. surtió sus
efectos legales y que el pago verificado por la ASEGURADORA
COLSEGUROS S.A. es un hecho demostrativo de que la obligación derivada
de la sentencia de agosto 12 de 1.998 proferida por la Sala de Casación Civil
y Agraria de la Corte Suprema de Justicia fue satisfecha por la antes
mencionada sociedad.

30. Indicó que la anterior decisión fue recurrida por el hoy accionante, alzada
que fue decidida en providencia del 23 de abril de 2008, en el sentido de
confirmarla, pero por falta de legitimación en la causa de la parte ejecutante, con
ocasión de la cesión de derechos en favor del señor Horacio Muñoz Echeverry.
Manifestó que, con posterioridad, el señor José Orlando Henao Echeverry ha
insistido en múltiples oportunidades en que se libre mandamiento de pago,
pretensión que ha sido negada por el juzgado de primera instancia y confirmada
por el Tribunal, por las mismas razones expuestas en las decisiones del año
2007.

31. Además de lo anterior, señaló que el accionante propuso un «incidente de
desacato» ante la Corte Suprema de Justicia que fue remitido por competencia
al Juzgado 3 Civil del Circuito de Pereira, autoridad que negó el mandamiento de
pago, decisión que fue nuevamente recurrida y revocada por el Tribunal, en
atención a que lo pedido era la apertura de un incidente de desacato y no que se
librara el citado mandamiento. En cumplimiento de las anteriores
consideraciones, el Juzgado profirió una nueva decisión en la que negó la
apertura del trámite incidental por cumplimiento de la orden emitida en la
sentencia del 12 de agosto 1998.

32. El señor Henao Echeverry acudió nuevamente ante el Tribunal Superior
de Pereira para que se diera apertura al incidente de desacato, petición que fue

17 Documento 33.

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negada a través de auto del 21 de julio de 2020, porque la liquidación de intereses
moratorios no es una circunstancia prevista para la procedencia de esa clase de
trámites incidentales, de acuerdo con el estatuto procesal civil.

33. El accionante también promovió un incidente de nulidad el 11 de enero de
2023, bajo la causal 2 del artículo 133 del C.G.P. «cuando el juez proceda contra
providencia ejecutoriada del superior», la cual fue negada por medio de autos del
8 de febrero y 25 de abril de 2023, proferidas por el Juzgado 3 Civil del Circuito
de Pereira y el Tribunal Superior de Pereira, Sala Civil-Familia. Contra las citadas
decisiones promovió recurso de súplica, desestimado por improcedente, y acción
de tutela en la que la Corte Suprema de Justicia negó las pretensiones de amparo
por considerar lo siguiente:

[…] lo aducido en el auto censurado no luce irrazonable, habida cuenta que
se atendieron las reglas de las nulidades, lo que le permitió al Tribunal no
acceder a la nulidad deprecada por abordar un tema que ya había sido
zanjado en pretéritas oportunidades, tanto así que sobre la existencia de la
nulidad referida y la falta de trámite de la liquidación presentada por el actor
el Juzgado y el Tribunal ya habían emitido otras decisiones que fueron objeto
de estudio constitucional por esta Sala en sentencia STC14963-2022.

34. De acuerdo con lo anterior, el Tribunal argumentó que a cada solicitud
interpuesta por el accionante se le ha impartido el trámite que ha correspondido
y se ha garantizado su derecho de acceso a la administración de justicia.
Además, las decisiones adoptadas se han ajustado a la ley y las pruebas
obrantes en el expediente.

35. Finalmente, allegó un cuadro con información de al menos 16 acciones
constitucionales promovidas por José Orlando Henao Echeverry, Horacio Muñoz
Echeverry y la empresa Confecciones Michelin Ltda.18, en contra del Juzgado 3
Civil del Circuito de Pereira, el Tribunal Superior de Pereira ―Sala Civil-
Familia―, la Corte Suprema de Justicia y Allianz Seguros S.A. por hechos y
pretensiones de gran similitud a los planteados en esta oportunidad19.

1.6.2. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral20

36. Expuso que ha decidido dos acciones de tutela promovidas por el señor
José Orlando Henao Echeverry, por los mismos hechos y pretensiones
propuestos en esta oportunidad, en las cuales, a su vez, ha discutido decisiones
adoptadas en otros procesos constitucionales.

37. Así, manifestó que ha proferido las sentencias CSJ STL17717-2024 del 6
de noviembre de 2024 y CSJ STL17717-2024 del 4 de diciembre de esa misma
anualidad, en las que ha decidido acciones de tutela iniciadas por el señor José

18 Empresa de la que el señor José Orlando Henao Echeverry es representante legal, según su

dicho, y que participó del proceso ordinario de responsabilidad civil.
19 Documento 32.
20 Documento 45.

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Demandante: José Orlando Henao Echeverry
Demandados: Corte Suprema de Justicia y otros
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Orlando Henao Echeverry en contra del Juzgado 3 Civil del Circuito de Pereira y
de la Sala de Casación Civil Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia,
para discutir decisiones adoptadas dentro de otras acciones de tutela.

38. En virtud de lo anterior, señaló que la acción de tutela de la referencia
resulta ser improcedente, pues pretende cuestionar decisiones adoptadas en
procesos de la misma naturaleza constitucional.

1.6.3. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal21

39. Indicó que, en el mes de noviembre de 2024, el señor Henao Echeverry
promovió acción de tutela en contra de los autos del 6 y 13 de agosto de 2024,
proferidos en el proceso ordinario civil 66001-31-03-003-1991-12030-00 por parte
del Tribunal Superior de Pereira y la Sala de Casación Civil de esa corporación.
En esa oportunidad, el accionante pidió que se ordenara al Juzgado 3 Civil del
Circuito de Pereira y a Allianz Seguros S.A. dar cumplimiento a la sentencia de
casación del 12 de agosto de 1998.

40. El citado proceso fue decidido en primera instancia por la Sala Laboral de
la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de declarar la improcedencia de ese
medio de amparo, decisión que fue confirmada por la Sala Penal en fallo del 4 de
febrero de 2025.

41. De acuerdo con lo anterior, manifestó que la presente solicitud de amparo
es improcedente, pues el tutelante insiste en que se le concedan pretensiones
que ya han sido negadas tanto en sede ordinaria como en sede de tutela, menos
aun cuando las decisiones han sido remitidas a la Corte Constitucional para su
eventual revisión y no han sido escogidas.

42. Finalmente, señaló que, de acuerdo con las reglas de reparto previstas en
el Decreto 333 de 2021, al Consejo de Estado no le corresponde el conocimiento
de las acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia, por lo que
«debe ser remitida la actuación».

1.6.4. Juzgado 3 Civil de Circuito de Pereira22

43. La autoridad judicial accionada señaló que por medio de auto del 23 de
noviembre de 2007 se negó el mandamiento de pago solicitado en relación con
el pago de la sentencia de casación del 12 de agosto de 1998, dentro del proceso
de responsabilidad civil contractual 66001-31-03-003-1991-12030-00/01, al
considerar cumplida la obligación, con ocasión del pago efectuado por
Colseguros S.A. al Juzgado 35 Civil del Circuito de Bogotá, en razón del embargo
decretado dentro de un proceso ejecutivo adelantado en contra del señor José
Orlando Henao Echeverry.

21 Documento 28.
22 Documento 46.

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44. El Juzgado explica que en la mencionada decisión se explicó que
Colseguros S.A. probó que efectuó 2 pagos iniciales directamente al señor José
Orlando Henao Echeverry en cuantía de $ 6.021.415 cada uno, para un total de
$ 12.042.829, tal como se prueba con las órdenes de pago visibles en los folios
248 y 249 del proceso ordinario. Los citados desembolsos tuvieron lugar el 2 de
julio de 1998 y correspondían al valor del capital.

45. Adicionalmente, comenta que el 13 de noviembre de 1998, Colseguros
realizó dos nuevas consignaciones, esta vez a la cuenta judicial del Juzgado 35
Civil del Circuito de Bogotá, en atención al embargo del crédito decretado por ese
despacho en el marco de un proceso ejecutivo promovido por Jorge Ayala
Alarcón en contra de José Orlando Henao Echeverry y comunicado a la
aseguradora por medio de Oficio 2319 del 27 de agosto de 1998, del cual reposa
copia en el expediente ordinario. Estos dos pagos suman un total de
$ 64.444.466.

46. En providencia del 20 de mayo de 2008, se negó nuevamente librar el
mandamiento de pago solicitado por el accionante. En esa oportunidad se reiteró
que, efectuadas las operaciones matemáticas del caso, se encontró que los
$ 12.042.829 pagados por Colseguros al señor José Orlando Henao a título de
capital más los $ 62.444.466 consignados al Juzgado 35 Civil del Circuito de
Bogotá dan un total de $ 72.847.259, cifra con la que se entiende cumplida la
condena impuesta por la Corte Suprema de Justicia.

47. A pesar de estar demostrado lo anterior dentro del proceso ordinario
comentado, el accionante y el cesionario del crédito Horacio Muñoz Echeverry,
insisten en una supuesta insatisfacción de la obligación, situación que les ha sido
explicada y resuelta a través de los proveídos del 23 de mayo de 2007, 23 de
abril, 20 de mayo y 7 de octubre de 2008, 11 de mayo de 2009, 15 de julio de
2010, 22 de noviembre de 2011, 30 de mayo de 2012 y 29 de noviembre de 2016,
proferidos tanto por ese Juzgado como por el Tribunal Superior de Pereira.

1.6.5. Allianz Seguros S.A.23

48. Como sucesora de Colseguros S.A., argumentó que el Juzgado 3 Civil del
Circuito de Pereira y el Tribunal Superior de Pereira han garantizado los derechos
fundamentales del accionante tanto en el proceso ordinario como en las acciones
de tutela incoadas. Por ello, considera que debe negarse el amparo pretendido.

49. Señaló que el señor José Orlando Echeverry se limitó a afirmar que las
autoridades accionadas han incurrido en actuaciones fraudulentas, pero no
argumentó tal dicho ni fáctica ni jurídicamente.

50. Para la aseguradora es claro que el accionante pretende reabrir el debate

23 Documento 46.

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legal y probatorio que ya se surtió en el proceso ordinario, propósito para el que
o está prevista la procedencia de acciones de tutela contra providencia judicial y
menos aún contra sentencias proferidas en otros trámites de tutela.

1.6.6. Horacio Muñoz Echeverry

51. El señor Muñoz Echeverry, vinculado al presente proceso como tercero
con interés, en atención a que es el cesionario de los derechos litigiosos del señor
José Orlando Henao Echeverry en el proceso ordinario que originó la presente
solicitud de amparo, acompañó los argumentos y pretensiones del accionante,
pues él también sostiene que la aseguradora demandada no ha cumplido la
condena impuesta en la sentencia del 12 de agosto de 1998.

52. En ese sentido, precisó que fue reconocido como sucesor procesal del
accionante por medio de auto del 5 de abril de 1999 y que el entonces Colseguros
allegó fotocopias del supuesto pago efectuado en la cuenta del Juzgado 35 Civil
del Circuito de Bogotá, las cuales carecen de total valor probatorio y no debieron
ser tenidas en cuenta por el Juzgado 3 Civil del Circuito de Pereira.

53. Sostuvo que la medida cautelar decretada por el juzgado 35 Civil del
Circuito de Bogotá no surte efectos en el proceso adelantado en contra de
Colseguros S.A. Afirmó que los recibos no son documentos legales de depósitos
bancarios, pues no tienen el sello del Banco Agrario, y fueron expedidos a
órdenes del Juzgado 3 Civil del Circuito de Pereira, por lo que no pueden ser
entendidos como pago de la sentencia de casación.

54. Indicó que el apoderado de Colseguros aportó las citadas copias y
«abandonó el proceso», pues no volvió a realizar ningún tipo de actuación.
Además, señaló que el 6 de diciembre de 2005 el juzgado accionado requirió a
la aseguradora para que manifestara si había cumplido o no con la obligación,
pero esa entidad guardó silencio, razón por la que se accedió a expedir nuevas
copias de la sentencia.

55. En virtud de lo anterior, aseguró que el Juzgado 3 Civil del Circuito de
Pereira sí ha incurrido en actuaciones fraudulentas y, por esa razón, solicitó que
se acceda al amparo deprecado.

1.6.7. La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia
guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

56. En cuanto a la competencia de esta Sección para conocer el presente
asunto, debe decirse que, en virtud de las reglas de reparto previstas en el
Decreto 333 de 2021, por medio de auto del 6 de marzo de 2025 se ordenó su

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remisión al Tribunal Superior de Pereira, pues las pretensiones solo están
dirigidas al Juzgado 3 Civil del Circuito de esa ciudad.

57. Ahora bien, en la contestación rendida por la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia, esa autoridad señaló que la presente acción de
tutela no contiene pretensiones ni hechos claros relacionados con sus
actuaciones judiciales. Sin embargo, indicó que al haber sido incluida como
accionada, el Consejo de Estado no es el llamado a conocer el caso de la
referencia, pues no puede deprecarse superioridad funcional respecto de aquella.

58. A pesar de que esta Sala de Decisión considera que le asiste razón a la
Corte Suprema de Justicia en su pronunciamiento, pues así se había indicado en
la providencia del 6 de marzo de 2025 antes citada, la competencia de esta
Sección para decidir la acción de tutela de la referencia fue decidida mediante el
auto número 485 del 9 de abril de 2025, dictado por la Corte Constitucional dentro
del expediente ICC-4989, en el que dejó sin efectos el auto remisorio y ordenó el
conocimiento de este caso.

2.2. Legitimación en la causa

59. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

60. La Sala advierte que el Juzgado 3 Civil del Circuito de Pereira y el Tribunal
Superior de Pereira están legitimados en la causa por pasiva por ser las
autoridades que han negado en múltiples oportunidades el mandamiento de pago
en los procesos ejecutivos promovidos por el accionante dentro del asunto de
responsabilidad civil contractual 66001-31-03-003-1991-12030-00/01.

61. En cuanto a la legitimación en la causa por activa del señor José Orlando
Henao Echeverry, la Sección considera que sobre este asunto debe efectuarse
un análisis que se relaciona íntimamente con la solución del caso concreto. Lo
anterior es así en atención a la cesión de los derechos litigiosos efectuada por el
accionante en el proceso ordinario comentado.

62. A pesar de lo anterior, es el accionante quién ha promovido múltiples
acciones de tutela con hechos y pretensiones similares a las propuestas en esta
oportunidad. Por tal razón, es sobre este aspecto que versará el estudio del caso
concreto, dadas las particulares advertidas de la revisión de las pruebas
allegadas por las partes.

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2.3. Problema jurídico

63. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados, corresponde a esta
Sala de Decisión resolver los siguientes problemas jurídicos:

• ¿El señor José Orlando Henao Echeverry se encuentra legitimado en la
causa por activa para exigir, en esta instancia constitucional, la ejecución
de la sentencia del 12 de agosto de 1998 dictada por la Sala de Casación
Civil Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso
de responsabilidad civil contractual 66001-31-03-003-1991-12030-00/01?

• ¿La presente solicitud de amparo cumple con los requisitos generales y
específicos de procedencia de acciones de tutela contra decisiones
judiciales de la misma naturaleza?

64. En caso afirmativo, deberá pronunciarse sobre el siguiente interrogante:

• ¿Las autoridades accionadas han vulnerado los derechos fundamentales
invocados por el señor José Orlando Henao Echeverry a partir de las
decisiones ordinarias y en sede de acciones de tutela en las que han
negado la apertura del proceso ejecutivo solicitado por el accionante en el
marco de la acción de responsabilidad civil contractual 66001-31-03-003-
1991-12030-00/01?

65. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los
siguientes temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de
la acción de tutela contra providencias judiciales; (iii) el estudio de los requisitos
de procedibilidad; y, de superarse (iii) el caso concreto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

66. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 201224. Lo anterior, porque hasta ese
momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
posturas sobre este tema25. En la referida sentencia se estableció que la tutela
contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales26.

24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de

2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
25 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena

antes reseñado.
26 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”

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67. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201427. En esta sentencia
se establecieron seis requisitos generales de procedencia y ocho defectos
especiales en los que puede incurrir una providencia judicial28.

68. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configuran
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes
requisitos generales de procedencia:

i) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.

69. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial.

2.6. Procedibilidad de la acción en el caso concreto

70. El primer asunto objeto de estudio será la legitimación del señor José
Orlando Henao Echeverry para solicitar que, como amparo de sus derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia y «ejecución de
sentencias en firme», se ordene al Juzgado 3 Civil del Circuito de Pereira que se
dé trámite a la liquidación de la condena impuesta en la sentencia del 12 de
agosto de 1998, dictada por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte
Suprema de Justicia dentro del proceso 66001-31-03-003-1991-12030-00/01.

27 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto

de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
28 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando

el funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́
completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; iv). Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el
juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de
su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la Constitución.

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71. Pues bien, sobre tal asunto, debe decirse que, de acuerdo con la copia
digitalizada del citado proceso ordinario allegada por el Juzgado 3 Civil del
Circuito de Pereira, se pude observar que el señor José Orlando Henao
Echeverry promovió el aludido proceso en contra de la entonces Colseguros S.A.
hoy Allianz Seguros S.A.

72. El referido proceso fue fallado por la Corte Suprema de Justicia, en sede
de casación, a través de fallo de reemplazo en el que condenó a la entonces
Colseguros S.A. a pagar al señor José Orlando Henao Echeverry, representante
de la empresa Confecciones Michelin, la suma total de $ 12.042.829,47,
«incrementada en $ 2.715.658,03» por concepto de intereses moratorios
causados entre el 18 de septiembre de 1989 y el 19 de diciembre de 1990.

73. Además, dispuso el reconocimiento de los intereses moratorios causados
desde el 19 de diciembre de 1990 hasta la fecha en que se efectuara el pago. De
acuerdo con una serie de documentos aportados por Colseguros S.A. esa
entidad habría realizado el pago del capital el 2 de julio de 1998, es decir, antes
de que se profiriera la aludida sentencia de casación, pero después de que en
esa instancia judicial se realizara la liquidación de lo adeudado.

74. Luego de ese primer pago, el Juzgado 35 Civil del Circuito de Bogotá
profirió el Oficio 2319 del 27 de agosto de 1998, por medio del cual le comunicó
a Colseguros S.A. sobre el embargo del crédito impuesto al señor Henao
Echeverry en el marco de un proceso ejecutivo adelantado en su contra por parte
del señor Jorge Ayala Alarcón.

75. No obstante, el 21 de octubre de 1998, el señor José Orlando Henao cedió
los derechos judiciales sobre el valor de la condena al señor Horacio Muñoz
Echeverry. Mientras que el 13 de noviembre de ese año, Colseguros realizó un
nuevo pago, esta vez a título de los intereses moratorios causados entre el 19 de
octubre de 1990 y el 2 de julio de 1998, fecha de pago del capital.

76. De acuerdo con la revisión del expediente ordinario, el segundo pago
citado se efectuó a órdenes del Juzgado 35 Civil del Circuito de Bogotá, con
ocasión de la notificación efectuada a la empresa pagadora. Por su parte, en
atención a la cesión litigiosa comentada, el 5 de abril de 1999, el Juzgado 3 Civil
del Circuito de Pereira reconoció al señor Horacio Muñoz Echeverry como
cesionario del señor José Orlando Henao.

77. De acuerdo con lo relatado, el señor José Orlando Henao Echeverry ya no
es el titular de los derechos económicos discutidos en el proceso ordinario 66001-
31-03-003-1991-12030-00/01, pues los cedió al señor Horacio Muños Echeverry,
situación que fue reconocida dentro del citado asunto y en cuya virtud se
emitieron sendas decisiones judiciales.

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78. En ese sentido, la primera copia de la sentencia de casación comentada
le fue entregada el 24 de febrero del año 2000 al señor Horacio Muñoz y no al
señor José Orlando Henao. Lo anterior, en atención a la tan mentada cesión
litigiosa. Del mismo modo, el Juzgado 3 Civil del Circuito de Pereira solo ha dado
respuesta a las múltiples solicitudes de expedición de copias que presten mérito
ejecutivo elevadas por el señor Muñoz Echeverry, pues aquellas radicadas por el
señor José Orlando Henao han sido negadas o expedidas en calidad de parte
interesada pero no como titular del derecho.

79. Vale la pena precisar que el señor José Orlando Henao, a pesar de haber
cedido sus derechos en el proceso ordinario, situación reconocida en ese trámite
judicial, promovió, a título personal y por medio de apoderado, el primer proceso
ejecutivo para lograr el cumplimiento. El juzgado de primera instancia a través de
auto del 23 de noviembre de 2007 se negó a librar mandamiento de pago, por
considerar que, con las pruebas aportadas por Colseguros S.A. se entendía
satisfecha plenamente la obligación, decisión confirmada por el Tribunal Superior
de Pereira29, pero con estimar la falta de legitimación del demandante, en
atención a la tan comentada cesión de derechos.

80. Según obra en el expediente, el 20 de mayo de 2008, el Juzgado 3 Civil
del Circuito de Pereira se negó nuevamente a librar el mandamiento de pago
solicitado por el señor José Orlando Henao Echeverry, situación que se ha
repetido en múltiples oportunidades, en las que el Juzgado ha mantenido su
postura sobre la inexistencia de deuda por parte del Colseguros y la falta de
legitimación del accionante para promover procesos ejecutivos en relación con el
proceso ordinario.

81. Visto lo anterior, para la Sala resulta claro que el accionante no se
encuentra legitimado en la causa para solicitar el cumplimiento de la sentencia
de casación del 12 de agosto de 1998, en atención a la cesión celebrada el 21
de octubre de 1998 y que fue reconocida por medio de auto del 5 de abril de
1999, tal como ya se ha considerado en el citado proceso ordinario. En tal
sentido, la pretensión propuesta dentro del presente asunto en relación con el
proceso 66001-31-03-003-1991-12030-00/01 es improcedente.

82. Ahora bien, el señor Henao Echeverry ha promovido múltiples acciones
de tutela dirigidas en contra de fallos de tutela30 en los que fueron accionadas
las mismas autoridades acusadas en esta oportunidad, en las que por las mismas
circunstancias ha solicitado que se ordene la liquidación de la deuda que
considera insatisfecha por parte de Colseguros S.A., hoy Allianz Seguros S.A.31.

29 No existe claridad sobre la fecha de esta providencia.
30 El resumen detallado de estas acciones puede ser consultado en el siguiente link Acciones de

Tutela
31 Las acciones de tutela tienen los siguientes radicados: 11001-31-03-004-2006-00345-00/01,

11001-02-03-000-2007-01876-00, 11001-02-03-000-2008-01943-00/01, 11001-02-03-000-2009-
01550-00/01, 11001-02-03-000-2010-00740-00, 11001-02-03-000-2010-01643-00/01, 66001-22-
13-000-2011-00218-01, 11001-02-03-000-2012-01402-00/01, 11001-02-05-000-2018-00866-00,
11001-02-03-000-2018-00675-00/01, 11001-02-03-000-2021-00117-00, 11001-02-05-000-2021-

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83. Si bien es cierto que el accionante no expuso hechos o pretensiones
concretas relacionadas con dichos procesos constitucionales, la Sala no
desconoce que se ha referido reiteradamente al descontento que sostiene con
las decisiones adoptadas no solo en sede ordinaria, sino también en sede
constitucional, pues es de allí que alega que el Tribunal Superior de Pereira y la
Corte Suprema de Justicia han «permitido» lo que considera como un actuar
«fraudulento» por parte del Juzgado 3 Civil del Circuito de Pereira, toda vez que
tampoco han accedió a sus múltiples solicitud de amparo.

84. Sobre esta situación, debe indicarse que de acuerdo con la jurisprudencia
de la Corte Constitucional y de esta Sección, la procedencia de esta acción
constitucional en contra de providencias judiciales es excepcional, lo que implica,
entre otras, verificar que el objeto de este mecanismo no sea controvertir
decisiones de tutela.

85. Esta causal de improcedencia se justifica en la necesidad de salvaguardar
la eficacia de los derechos fundamentales y de la acción de tutela, instituida
constitucionalmente como un mecanismo de protección iusfundamental célere y
definitivo. En palabras de la Corte Constitucional:

«[d]e aceptarse que la tutela procede contra sentencias de tutela ésta
perdería su efectividad como mecanismo de acceso a la justicia para
amparar los derechos fundamentales. El derecho a acceder a la justicia no
comprende tan sólo la existencia formal de acciones y recursos sino ante
todo que las personas puedan obtener de los jueces una decisión que
resuelva las controversias jurídicas conforme a derecho. Si la acción de
tutela procediera contra fallos de tutela, siempre sería posible postergar la
resolución definitiva de la petición de amparo de los derechos
fundamentales, lo cual haría inocua ésta acción y vulneraría el derecho
constitucional a acceder a la justicia»32.

86. Lo anterior admite solo una excepción: la cosa juzgada fraudulenta. Esta
se presenta en aquellos eventos en los que «las partes o el juez usan el proceso
con fines ilegales o dolosos y con ello afectan los derechos de terceros y atentan
contra el bien social de la administración de justicia»33. Sin embargo, la carga de
la prueba del fraude es del accionante. En efecto, este tiene el deber de «aportar
medios de prueba que demuestren con un alto grado de certeza, es decir, de
manera “clara”, “cierta”, “suficiente” y “coherente” que las decisiones
cuestionadas son fraudulentas»34.

87. En este caso, no se configura tal excepción. Esto, no solo porque la parte
actora no alegó —y mucho menos probó— la existencia de una situación de

00099-00/01, 11001-02-03-00-2021-01235-00/01, 11001-02-03-000-2021-01769-00/01, 11001-
02-03-000-2022-01323-00/01, 11001-02-03-000-2022-03780-00/01, 11001-02-03-000-2024-
00035-00/01.
32 Corte Constitucional, Sentencia T-478 de 2018.
33 Corte Constitucional, Sentencia T-023 de 2023.
34 Id.

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Demandante: José Orlando Henao Echeverry
Demandados: Corte Suprema de Justicia y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01273-00

fraude, sino porque toda la argumentación del escrito de tutela se funda en
simples desacuerdos con las decisiones adoptadas por los jueces de instancia.

88. En efecto, el accionante únicamente ha indicado de manera insistente que
el Tribunal Superior de Pereira y la Corte Suprema de Justicia han vulnerado sus
derechos fundamentales y han incurrido en decisiones irregulares, pero tal
afirmación se basa en el hecho de que no han accedido a sus pretensiones,
aseveración que no permite advertir con claridad una actuación fraudulenta por
parte de las autoridades accionadas, que torne procedente la acción sub
examine.

89. Así, aun cuando el actor ha manifestado que la vulneración de sus
derechos fundamentales radica en que no se ha accedido a continuar con la
liquidación de la sentencia de casación, a pesar de que en múltiples
oportunidades se le han explicado las razones por las cuales se estima cumplida
la condena, su posición no cumple con las exigencias fijadas por la corte
Constitucional para que proceda un estudio de fondo sobre el particular.

90. Adicionalmente, no se observa satisfecho el requisito de relevancia
constitucional, pues para ello es necesario que: (i) el actor cumpla con su carga
argumentativa, a fin de que explique con suficiencia la vulneración de los
derechos fundamentales, por lo que no basta con la simple mención de su
transgresión; (ii) la tutela no persiga reabrir el debate concluido por los jueces de
instancia, pues este mecanismo solo está instituido para proteger derechos
fundamentales, y no para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la
decisión judicial; y (iii) que la acción no verse sobre debates eminentemente
legales o económicos.

91. Pues bien, el señor José Orlando Henao Echeverry no solo no ha cumplido
con la carga argumentativa necesaria para demostrar la existencia de un fraude
en las decisiones adoptadas en las acciones de tutela previas, sino que sus
razones pretenden insistir en un asunto ya zanjado, en múltiples oportunidades
por el juez natural de la causa, quien le ha señalado, una y otra vez, por qué no
hay lugar a liquidar una obligación que para el juez ya se encuentra satisfecha.
Adicionalmente, el objeto de la discusión puesto de presente termina siendo un
asunto meramente económico que no reviste la relevancia necesaria para
justificar la intervención del juez de tutela.

92. Por todas las razones expuestas previamente, la Sala declarará la
improcedencia de la acción de tutela promovida por el señor José Orlando Henao
Echeverry.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

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III. FALLA

PRIMERO. DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela promovida por
el señor José Orlando Henao Echeverry en contra de la Corte Suprema de
Justicia —Salas Penal, Laboral y Civil, Agraria y Rural—, el Tribunal Superior de
Pereira ―Sala Civil-Familia―, el Juzgado 3 Civil del Circuito de Pereira y
Colseguros S.A., hoy Allianz Seguros S.A, por las razones expuestas en esta
providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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