Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-06590-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-06590-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2025-06590-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
18 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06590-00 (10433)
Accionantes: Horacio Muñoz Echeverri y José Orlando Henao Echeverry
Accionados: Secciones Cuarta y Quinta del Consejo de Estado
Tema: tutela en contra de providencia judicial. Subtema: tutela contra sentencia de
tutela.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por los señores Horacio Muñoz Echeverri y José
Orlando Henao Echeverry en contra de las Secciones Cuarta y Quinta de esta
corporación.
1. SÍNTESIS DEL CASO
Los señores Horacio Muñoz Echeverri y José Orlando Henao Echeverry
presentaron solicitud de amparo contra las sentencias de tutela proferidas por las
Secciones Cuarta y Quinta de esta corporación. Expusieron que dichas decisiones
judiciales desconocieron sus derechos «al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y al cumplimiento de sentencias judiciales ejecutoriadas»,
pues, en su criterio, omitieron pronunciarse sobre aspectos planteados en el trámite
de esa primera acción de tutela.
2. ANTECEDENTES
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes
en el trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06590-00 (10433)
Accionantes: Horacio Muñoz Echeverri y José Orlando Henao Echeverry
Accionados: Secciones Cuarta y Quinta del Consejo de Estado
2. El señor José Orlando Henao Echeverry presentó acción de tutela contra las
Salas de Casación Penal, Laboral y Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de
Justicia, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Pereira, el Juzgado Tercero
Civil del Circuito de Pereira y Colseguros S.A., hoy Allianz Seguros S.A1.
Concretamente, explicó que la finalidad del amparo era detener una situación que
calificó como fraudulenta y atribuible al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira,
derivada del incumplimiento de la sentencia proferida el 12 de agosto de 1998 por
la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, dentro
de un proceso declarativo de responsabilidad civil contractual.
3. Por medio de auto del 25 de abril de 20252, la Sección Quinta del Consejo de
Estado admitió la acción de tutela bajo el radicado 11001-03-15-000-2025-01273-
00, ordenó notificar a las accionadas, tuvo como pruebas los documentos aportados
con la solicitud de amparo y ofició al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira
para que allegara copia del proceso ordinario mencionado. Posteriormente, a través
de auto del 19 de mayo de 20253, ordenó vincular al señor Horacio Muñoz Echeverri,
«por ser la persona a quien el accionante le cedió los derechos sobre los dineros
que le correspondían por la condena impuesta en la sentencia de casación del 12
de agosto de 1998».
4. Mediante sentencia del 5 de junio de 20254, la Sección Quinta declaró la
improcedencia de la acción de tutela. Consideró que el accionante no se encontraba
legitimado en la causa para solicitar el cumplimiento de la sentencia proferida el 12
de agosto de 1998, «en atención a la cesión celebrada el 21 de octubre de 1998 y
que fue reconocida por medio de auto del 5 de abril de 1999». Además, apuntó que
el señor Henao Echeverry ha presentado varias acciones de tutela en contra de
decisiones de igual naturaleza, en las que fueron vinculadas las mismas autoridades
involucradas en ese trámite, y en las cuales planteó objeciones semejantes5.
5. A partir de lo expuesto, indicó que la cosa juzgada fraudulenta constituye la
única excepción que permite la procedencia de la tutela en contra de decisiones
judiciales de esa misma naturaleza. Sin embargo, advirtió que en este caso dicha
causal no se configura, dado que el accionante no acreditó la existencia de un fraude
y sus planteamientos se limitaron a expresar desacuerdos con las providencias
adoptadas en las respectivas instancias. Por último, determinó que tampoco se
cumplió con el requisito de relevancia constitucional, ya que se pretendió insistir en
1 Samai, expediente digital, índice 9, 11RECIBEPRUEBAS_11001031500020250127(.zip),
003ED_DemandaPDF(.pdf) NroActua 2.pdf.
2 Ibidem. 030Autoqueadmite_20250127300Admitepdf(.pdf) NroActua 23.pdf.
3 Ibidem. 051Autoparamejor_20250127300Ordenavin(.pdf) NroActua 38.pdf.
4
Ibidem. 059Sentencia_87SENTENCIA202501273(.pdf) NroActua 46.pdf.
5
Los radicados de los trámite de tutela que identificó la Sección Quinta de esta corporación son: 11001-31-03-
004-2006-00345-00/01, 11001-02-03-000-2007-01876-00, 11001-02-03-000-2008-01943-00/01, 11001-02-03-
000-2009- 01550-00/01, 11001-02-03-000-2010-00740-00, 11001-02-03-000-2010-01643-00/01, 66001-22- 13-
000-2011-00218-01, 11001-02-03-000-2012-01402-00/01, 11001-02-05-000-2018-00866-00, 11001-02-03-
000-2018-00675-00/01, 11001-02-03-000-2021-00117-00, 11001-02-05-000-2021- 00099-00/01, 11001-02-03-
00-2021-01235-00/01, 11001-02-03-000-2021-01769-00/01, 11001- 02-03-000-2022-01323-00/01, 11001-02-
03-000-2022-03780-00/01, 11001-02-03-000-2024- 00035-00/01.
2
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06590-00 (10433)
Accionantes: Horacio Muñoz Echeverri y José Orlando Henao Echeverry
Accionados: Secciones Cuarta y Quinta del Consejo de Estado
un asunto meramente económico que ya estaba determinado por el juez natural de
la causa.
6. Los señores Horacio Muñoz Echeverri y José Orlando Henao Echeverry
presentaron impugnación en contra de esa providencia judicial, la cual fue
concedida mediante auto del 17 de junio de 20256. En ese sentido, la segunda
instancia le correspondió por reparto a la Sección Cuarta del Consejo de Estado7,
quien, por medio de sentencia del 6 de agosto de 2025 8, confirmó la decisión de
primera instancia e instó al señor José Orlando Henao Echeverry para que hiciera
un uso racional de la acción de tutela, coherente con su naturaleza y propósito.
7. Contrario a la apreciación del juez de primera instancia, la Sección Cuarta
consideró que el señor José Orlando Henao Echeverry sí estaba legitimado en la
causa por activa para instaurar la acción de tutela. No obstante, expuso que el
accionante presentó al menos siete solicitudes de amparo con hechos y
pretensiones similares, que guardan relación con el cumplimiento de la sentencia
del 12 de agosto de 1998. Por consiguiente, acreditó la cosa juzgada constitucional,
pues, de lo analizado, estableció la identidad de sujetos, hechos y objeto respecto
de los siguientes tres tramites de tutela: 11001-02-03-000-2022-03780-00, 66001-
22-13-000-2024-00258-00 y 11001-02-05-000-2024-02052-00.
8. Agregado a lo anterior, reiteró las consideraciones de la Sección Quinta, en el
sentido en que el accionante en su escrito expresó de forma general su desacuerdo
con las sentencias de tutela proferidas por el Tribunal Superior de Pereira y la Corte
Suprema de Justicia, a las cuales atribuyó haber respaldado los errores que imputa
al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira. En consecuencia, evidenció la
improcedencia de la acción de tutela, dado que no se observó una cosa juzgada
fraudulenta y los argumentos planteados buscaban reabrir un debate probatorio y
jurídico ya analizado por otros jueces constitucionales.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
9. La parte actora solicitó, en su escrito de tutela9, lo siguiente:
Dejar sin efectos dichas decisiones por vulnerar los derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la justicia y cumplimiento de sentencias judiciales.
Ordenar emitir un nuevo fallo de tutela en el cual se analicen los derechos
fundamentales comprometidos, reconociendo la legitimación y respaldo jurídico
otorgado a Horacio Muñoz Echeverri para solicitar el cumplimiento de la sentencia
del 12 de agosto de 1998 proferida por la Sala Civil Agraria de la Corte Suprema
de Justicia.
6 Samai, expediente digital, índice 9, 11RECIBEPRUEBAS_11001031500020250127(.zip),
064Autoqueconced_20250127300Concedeim(.pdf) NroActua 53.pdf.
7 Samai, expediente digital, índice 9, 12RECIBEPRUEBAS_11001031500020250127(.zip),
001ED_ActaReparto(.png) NroActua 2.png.
8 Ibidem. 001Sentencia_620250127301JOSEORLA(.pdf) NroActua 11.pdf.
9 Samai, expediente digital, índice 2, 2ED_Demanda(.pdf) NroActua 2(.pdf).
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Accionantes: Horacio Muñoz Echeverri y José Orlando Henao Echeverry
Accionados: Secciones Cuarta y Quinta del Consejo de Estado
Disponer las medidas necesarias para garantizar la liquidación y pago de los
intereses moratorios ordenados en la referida sentencia de casación.
10. Como fundamento de sus pretensiones, los señores Horacio Muñoz
Echeverri y José Orlando Henao Echeverry afirmaron que las sentencias de tutela
proferidas por las Secciones Cuarta y Quinta de esta corporación vulneraron sus
derechos fundamentales «al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia y al cumplimiento de sentencias judiciales ejecutoriadas». Indicaron que
esas decisiones judiciales no se pronunciaron sobre el cumplimiento de la condena
impuesta en la sentencia proferida el 12 de agosto de 1998 por la Sala de Casación
Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia.
11. Argumentaron que las sentencias proferidas dentro del trámite de la acción de
tutela se limitaron a examinar la falta de legitimación por activa del señor José
Orlando Henao Echeverry y no se pronunciaron sobre los efectos jurídicos
derivados del derecho previamente reconocido en sede de casación. En otras
palabras, «omitieron cualquier pronunciamiento sobre la sentencia de casación del
12 de agosto de 1998 […], en abierta contradicción con el derecho fundamental al
cumplimiento de las sentencias judiciales». Asimismo, señalaron que esa omisión
vulnera el derecho de acceso a la administración de justicia del cesionario, el señor
Horacio Muñoz Echeverri.
12. Defendieron la procedencia excepcional de la acción de tutela en el presente
caso, pues: i) las sentencias vulneran derechos fundamentales e incurren en
defectos por omisión de pronunciamiento y desconocimiento de la legitimación
procesal reconocida; ii) no existe otro medio de defensa judicial; y iii) no ha operado
la cosa juzgada constitucional. Además, explicaron que se configuró un
desconocimiento del precedente constitucional sobre el cumplimiento de
sentencias, que, según su lectura, constituye un derecho fundamental autónomo.
13. Finalmente, cuestionaron los informes presentados por el magistrado del
Tribunal Superior de Pereira, Edder Jimmy Sánchez Calambás, y por la juez Tercera
Civil del Circuito de Pereira dentro del trámite de tutela anterior, y sostuvieron que
sus afirmaciones no se ajustaban a la verdad procesal. Así, precisaron que, a raíz
de lo anterior, se ha generado una serie de decisiones judiciales «basadas en una
premisa falsa, lo cual explica que hayan sido necesarias múltiples acciones de tutela
para intentar restablecer el orden jurídico vulnerado y obtener el cumplimiento
efectivo de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia».
2.3. Trámite procesal
14. El despacho ponente, mediante auto del 23 de octubre de 202510, admitió la
demanda y vinculó como terceros con interés a la Corte Suprema de Justicia, al
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, al Juzgado Tercero Civil del
Circuito de Pereira y a Allianz Seguros S. A. Asimismo, dispuso notificar esa
10 Samai, expediente digital, índice 4.
4
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Accionantes: Horacio Muñoz Echeverri y José Orlando Henao Echeverry
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providencia y requirió a las Secciones Cuarta y Quinta de esta corporación, para
que remitieran el expediente de tutela con radicado 11001-03-15-000-2025-01273-
00/01. También tuvo como pruebas las allegadas con la solicitud de amparo y pidió
a los señores Horacio Muñoz Echeverri y José Orlando Henao Echeverry dar
cumplimiento a lo previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 199111.
2.4. Intervenciones
15. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira compartió el link del proceso
ordinario en cuestión y pidió «tener en cuenta que son innumerables las acciones
de tutela, penales y disciplinarias instauradas en relación con el mismo tema»12.
16. La Sección Cuarta del Consejo de Estado señaló que la acción de tutela no
satisface las exigencias jurisprudenciales que habilitan, de manera excepcional, su
procedencia frente a una sentencia dictada en un asunto de esa misma naturaleza13.
Advirtió que, aún no ha iniciado el trámite para la eventual selección de la tutela en
la Corte Constitucional, por lo que ese simple aspecto torna improcedente el
presente amparo. A su vez, sostuvo que no se cumplió con la carga argumentativa
requerida y que las providencias enjuiciadas no fueron producto de fraude alguno.
17. La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia
informó que, en la Sala de Casación Penal de esa misma corporación, «se
encuentra en trámite la acción de tutela identificada con el radicado No 11001-02-
30-000-2025-01185-00 […], en la que el señor [..] Henao Echeverry figura como
accionante, y que guardan relación con la misma acción constitucional conocida por
esta Sala»14.
18. Los demás sujetos vinculados a la presente acción de tutela guardaron
silencio.
2.5. Pronunciamientos de los accionantes
19. Durante el presente trámite procesal, los accionantes allegaron escritos
refiriéndose a asuntos propios de la acción de tutela presentada. Concretamente, a
través de memorial del 30 de octubre de 202515, dieron a conocer que presentaron
una petición ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira sobre el
cumplimiento de la sentencia proferida el 12 de agosto de 1998. Sin embargo,
relataron que, mediante auto del 25 de julio de 2025, esa autoridad judicial «resolvió
de manera totalmente irregular “No se atiende la petición formulada…”, sin indicar
número de radicación, […], sin motivación alguna». Por ende, pidieron que esa
providencia judicial sea valorada en el estudio de la presente tutela.
11
Por medio de memorial del 30 de octubre de 2025, los accionantes manifestaron bajo la gravedad del
juramento que no se han interpuesto otras acciones de tutela por los mismos hechos y en contra de las mismas
autoridades judiciales. Samai, expediente digital, índice 12.
12 Samai, expediente digital, índice 16.
13 Samai, expediente digital, índice 14.
14 Samai, expediente digital, índice 17.
15 Samai, expediente digital, índice 12.
5
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06590-00 (10433)
Accionantes: Horacio Muñoz Echeverri y José Orlando Henao Echeverry
Accionados: Secciones Cuarta y Quinta del Consejo de Estado
20. Por su parte, el señor José Orlando Henao Echeverry presentó escrito el 31 de
octubre de 2025 para señalar que el trámite de tutela que cursa ante la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia corresponde a un asunto distinto16,
referido a la omisión de analizar la audiencia de sustentación y fallo prevista en el
artículo 327 del Código General del Proceso, dentro del cual se encuentra vinculado
el Tribunal Superior de Manizales.
21. Finalmente, en memorial del 13 de noviembre de 202517, ambos accionantes
solicitaron la «nulidad del auto de 6 de agosto de 2024 proferido por la Jueza
Tercera Civil del Circuito de Pereira, origen de las acciones de tutela». Según
insistieron, esa providencia judicial carece de formalidades esenciales como la
indicación del número del expediente, clase de proceso y motivación, por lo que no
tiene validez jurídica y podría ser anulada».
3. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
22. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y
el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de
la presente solicitud de amparo interpuesta por los señores Horacio Muñoz
Echeverri y José Orlando Henao Echeverry en contra de las Secciones Cuarta y
Quinta de esta corporación.
3.2. Legitimación en la causa
23. La legitimación en la causa por activa de los señores Horacio Muñoz Echeverri
y José Orlando Henao Echeverry se encuentra acreditada, por cuanto fueron
interviniente y parte, respectivamente, en el trámite de tutela con radicado 11001-
03-15-000-2025-01273-00, en el cual, según afirmaron, se vulneraron sus derechos
fundamentales.
24.También está probada la legitimación en la causa por pasiva de las Secciones
Cuarta y Quinta de esta corporación, debido a que fueron las autoridades judiciales
que profirieron las sentencias objeto de tutela.
3.3. Problema jurídico
25. Conforme a los argumentos y hechos expuestos por los accionantes, y con el
fin de determinar si las autoridades judiciales accionadas vulneraron los derechos
fundamentales invocados en la acción de tutela, la Sala se circunscribirá a
responder el siguiente problema jurídico:
16 Samai, expediente digital, índice 18.
17 Samai, expediente digital, índice 20.
6
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06590-00 (10433)
Accionantes: Horacio Muñoz Echeverri y José Orlando Henao Echeverry
Accionados: Secciones Cuarta y Quinta del Consejo de Estado
26. ¿Resulta procedente controvertir una sentencia de tutela a través de otra acción
de tutela cuando no se exponen argumentos dirigidos a acreditar una situación
fraudulenta?
27. En caso de ser negativa la respuesta, se declarará la improcedencia de la
presente acción de tutela; de lo contrario, se entrará a estudiar de fondo el asunto.
3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela en contra de providencia
judicial
28. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado18 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional19.
29.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar lo siguiente:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte
un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela en contra de una sentencia de tutela.
30. Ahora bien, cuando la tutela es interpuesta en contra de una sentencia emitida
en un trámite de tutela, la Corte Constitucional unificó su jurisprudencia en el fallo
SU-627 de 2015 y explicó que el mecanismo constitucional procede de manera
excepcional, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos:
i) Que el accionante exponga y demuestre con sus argumentos que la
providencia controvertida fue el resultado de una situación de fraude (fraus
omnia corrumpit);
ii) que se cumplan los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra
providencia judicial:
iii) que el nuevo trámite de tutela no comparta identidad procesal con la tutela
que es objeto de discusión.
18
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, proceso con radicado
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
19
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-813 del 4 de octubre de 2007, proceso con radicado T-1334615
(acumulados). M.P. Jaime Araújo Rentería.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06590-00 (10433)
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Accionados: Secciones Cuarta y Quinta del Consejo de Estado
31. Respecto del principio fraus omnia corrumpit, la Corte indicó que la cosa
juzgada no es absoluta, toda vez que en ciertas ocasiones puede entrar en «en
tensión con el principio de justicia material, a partir del cual es posible desvirtuar la
presunción de legalidad y acierto que tiene la decisión del juez». Sobre el particular,
la sentencia T-218 de 2012 expuso lo siguiente:
En suma, la Constitución contempla la buena fe que conlleva, además de la
presunción atinente a que acompañará en sus actuaciones a los particulares frente
al Estado, el deber de comportarse conforme a sus postulados. Esto incluye la
colaboración de todas las personas para el buen funcionamiento de la
administración de justicia, así como los deberes de las partes en el proceso de
lealtad y probidad. Lo anterior se contrapone, como es obvio, al uso del proceso
con fines ilegales, dolosos y fraudulentos. En este sentido, existe un deber de
las autoridades judiciales, incluido el juez de tutela, de adoptar todas las medidas
que el ordenamiento jurídico le confiere para combatir que el fraude corrompa la
correcta administración de justicia.
La cosa juzgada fraudulenta se predica cuando el dolo se ha materializado en la
sentencia judicial. Sin embargo, esto no necesariamente conlleva consecuencias
ilícitas, ni la aparición de estas es necesaria para que el fraude pueda combatirse.
En todo caso, el objeto de este último supone lograr que una situación dolosa,
a través de la majestad que sustenta una sentencia, sea exigible
coercitivamente. Por lo mismo, el fraude puede ser cometido, por una parte, por
ambas o por el juez que conoce el asunto. Cuando esto último sucede, la gravedad
de la actuación es aún mayor, por desconocer la autoridad judicial sus deberes
como poder constituido (negrilla fuera del texto).
3.5. Caso concreto
32. Los señores Horacio Muñoz Echeverri y José Orlando Henao Echeverry
presentaron acción de tutela contra sentencias de esa misma naturaleza, proferidas
por las Secciones Cuarta y Quinta de esta corporación. Según explicaron, esas
decisiones judiciales vulneraron sus derechos al debido proceso, acceso a la justicia
y cumplimiento de sentencias, ya que no se pronunciaron sobre la ejecución de la
sentencia dictada el 12 de agosto de 1998 por la Sala de Casación Civil, Agraria y
Rural de la Corte Suprema de Justicia.
33. Teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala considera que los reparos expuestos
por los accionantes no permiten concluir que las sentencias objeto de solicitud de
amparo deriven de un fraude o situación contraria a la lealtad o buena fe que haya
incidido en el sentido de tales decisiones. Tampoco aportaron medios de prueba
que permitan alcanzar un alto grado de certeza sobre un evento de esa índole,
atribuible a alguno de los intervinientes en el primer trámite de tutela o a las
autoridades judiciales que profirieron las sentencias aquí cuestionadas20. Sobre el
estándar probatorio exigible en este tipo de asuntos, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha definido que:
20 Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, sentencia T-023 del 13 de febrero de 2023, proceso con
radicado T-8.162.957 (acumulados). M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06590-00 (10433)
Accionantes: Horacio Muñoz Echeverri y José Orlando Henao Echeverry
Accionados: Secciones Cuarta y Quinta del Consejo de Estado
El estándar de prueba requerido para dar por demostrada una situación de
fraude es particularmente exigente. El interesado en revertir fallos de tutela tiene
el deber de aportar medios de pruebas que demuestren con un alto grado de
certeza, es decir, de manera “clara”, “cierta”, “suficiente” y “coherente” que
las decisiones cuestionadas son fraudulentas. El fraude puede probarse por
medio de prueba directa o prueba indiciaria. Los indicios de la situación de fraude
deben ser graves, conducentes y trascendentes (negrillas fuera del texto)21.
34. En ese sentido, es posible inferir que los señores Horacio Muñoz Echeverri y
José Orlando Henao Echeverry usaron la figura excepcional de la tutela en contra
de sentencia de tutela para que esta corporación emitiera un nuevo pronunciamiento
sobre el asunto analizado en el trámite con radicado 11001-03-15-000-2025-01273-
00. De hecho, los posteriores memoriales presentados por los accionantes en este
trámite muestran que su propósito no era poner en evidencia un fraude en las
decisiones de tutela cuestionadas, sino reabrir la discusión sobre el cumplimiento
de la sentencia proferida el 12 de agosto de 1998 por la Sala de Casación Civil,
Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia.
35. Finalmente, y tal como lo advirtió en su momento la Sección Cuarta en su
sentencia, se han interpuesto varias acciones de tutela cuya finalidad en últimas es
controvertir el cumplimiento de la sentencia proferida el 12 de agosto de 1998 por
la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia. Por
consiguiente, esta Sala reitera que los accionantes no pueden valerse de este
mecanismo constitucional de manera indiscriminada para insistir sobre un mismo
punto de derecho que ya en ocasiones pasadas ha sido estudiado, pues su uso
encadenado dificulta el adecuado funcionamiento de la administración de justicia.
4. CONCLUSIÓN
36. La Sala concluye que los señores Horacio Muñoz Echeverri y José Orlando
Henao Echeverry no desarrollaron argumentos encaminados a demostrar un
escenario fraudulento en las sentencias de tutela proferidas por las Secciones Cuarta
y Quinta de esta corporación. Esa falencia descrita impide la procedencia de la
presente solicitud de amparo, pues únicamente dicha comprobación permite acudir
de manera excepcional a la tutela en contra de decisiones judiciales de igual
naturaleza.
5. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
21 Ibidem.
9
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06590-00 (10433)
Accionantes: Horacio Muñoz Echeverri y José Orlando Henao Echeverry
Accionados: Secciones Cuarta y Quinta del Consejo de Estado
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por los
señores Horacio Muñoz Echeverri y José Orlando Henao Echeverry en contra de
las Secciones Cuarta y Quinta de esta corporación, por las razones expuestas en
esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
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