Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01277-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01277-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-01277-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
4 de abril de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., cuatro (4) de abril de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01277-00
Accionante: CARLOS DUVÁN BURITICÁ ECHAVARRÍA Y OTROS
Accionado: CONSEJO DE ESTADO- SECCIÓN TERCERA-
SUBSECCIÓN C
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Tutela contra providencia de Alta Corte. Improcedencia por no satisfacer la
específica carga argumentativa de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
ANTECEDENTES
Escrito de tutela
1. Mary Luz y Carlos Duván Buriticá Echavarría, y Estefanía, Shirley, Estrella y
César Augusto Valencia Acero, actuando a través de apoderada judicial, ejercieron
acción de tutela contra la providencia proferida el 24 de julio de 2024, por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la que resolvió la
apelación de dos procesos de reparación directa por los hechos relacionados con
un accidente de tránsito que ocurrió el 3 de febrero de 2009, en la vía que conduce
de Quibdó a Medellín. Lo anterior con base en los siguientes antecedentes.
Desarrollo procesal contencioso administrativo que llevó a la sentencia
ordinaria objeto de acción de tutela.
2. El 3 de febrero de 2009, a la 1:00 a.m. en la vía la Mansa-Quibdó, un bus de
servicio público tuvo un accidente luego de esquivar un derrumbe ubicado en la
carretera. Por esquivar el derrumbe, el vehículo rodó por un abismo lo que conllevó
al deceso de Yimmy Valencia Moreno, Alba Leticia Echavarría y Cesar Augusto
Valencia.
3. Por estos hechos se iniciaron varios procesos judiciales. El primero con
radicado 2010-00184 y el segundo con radicado 2011-0099 formulados en ejercicio
de la acción de reparación directa. En ambos se solicitó declarar responsable
administrativamente al INVIAS por las muertes ocurridas como resultado de la caída
del bus al abismo y reconocer la reparación a los familiares de las víctimas mortales.
Paralelamente se ejercieron medios de control de indemnización de perjuicios
causados a un grupo. Uno con radicado 2009-00241, promovido por familiares de
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01277-00
Accionante: Carlos Duván Buriticá y otros
Accionado: Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Referencia: Primera Instancia
víctimas del accidente, y el proceso 2009-00225, esta vez promovido por la empresa
de transportes a la que se encontraba afiliado el bus que cayó al río Atrato.
4. Dentro de los procesos identificados con radicado 2010-00184 y 2011-00099,
el Tribunal Administrativo de Chocó profirió sendas providencias en las que, en cada
una accedió parcialmente a las pretensiones de las demandas de reparación
directa. Las dos providencias fueron apeladas y llegaron en sede de segunda
instancia, a esta corporación. En el trámite de segunda instancia, el despacho
sustanciador mediante auto de 25 de febrero de 2022 acumuló los dos procesos
para ser resueltos bajo una misma cuerda procesal1.
5. El despacho sustanciador de esta corporación “decretó una prueba de oficio
y ofició al Juzgado 17 Administrativo de Medellín y al Tribunal Administrativo de
Antioquia, para que certificaran qué personas solicitaron la integración al grupo
durante el proceso número 2009-00241-00 y posterior a él. Asimismo, pidió certificar
qué personas solicitaron la exclusión de la acción de grupo, según lo establecido en
el artículo 56 de la Ley 472 de 1998. También ordenó oficiar a la Defensoría del
Pueblo-Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, para que
certificara qué personas eran beneficiaras de la indemnización ordenada en la
sentencia proferida dentro del proceso de acción de grupo número 2009-00241-
00”2.
6. El 15 de abril de 2024, el Juzgado 17 Administrativo Oral de Medellín,
autoridad judicial que tramitó en primera instancia la acción de grupo dio respuesta
al requerimiento efectuado en la prueba de oficio, relacionando 118 personas que
solicitaron expresamente la exclusión del grupo y además enlistó las personas que
pidieron la inclusión al grupo en fecha posterior a la sentencia de primera instancia.
7. Al proceso 2010-00184 (58718) se allegó copia de las dos sentencias
proferidas dentro del proceso de indemnización de perjuicios causados a un grupo
(Rad. 2009-00241), por las autoridades judiciales competentes. En la sentencia de
segunda instancia de esa acción de grupo se declaró administrativamente
responsable al INVIAS y se ordenaron medidas indemnizatorias.
8. En providencia de 24 de julio de 2024, proferida por la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, al momento de desatar el recurso de
apelación contra las sentencias proferidas por el Tribunal Administrativo de Chocó
dentro de los radicados 2011-00099-01 (58733) al 2010-00184 (58718), declaró la
probada la excepción de cosa juzgada pues verificados los certificados expedidos
por el Tribunal Administrativo de Antioquia que había resuelto en segunda instancia
la acción de grupo identificada con radicado 2009-00241 y el certificado que expidió
la Defensoría del Pueblo, concluyó que los tutelantes habían tenido la oportunidad
procesal de solicitar la exclusión expresa del fallo de acción de grupo, y puesto que
las demandas individuales de reparación directa fueron admitidas después de la
1
Puntualmente, acumuló el proceso 2011-00099-01 (58733) al 2010-00184 (58718).
2
Escrito de tutela, anexo, folio 140 y subsiguientes.
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Accionante: Carlos Duván Buriticá y otros
Accionado: Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Referencia: Primera Instancia
admisión de la demanda de indemnización de perjuicios causados a un grupo,
quedaron cobijadas dentro del grupo que fue reparado en aquel proceso3.
Escrito de tutela
9. Los tutelantes consideran que la decisión judicial vulnera su derecho a la
igualdad, el acceso a la administración de justicia y el debido proceso. Respecto a
la vulneración del artículo 13 superior, sostienen que, están en la misma situación
fáctica que el resto de los familiares de las víctimas mortales del accidente de aquel
3 de febrero de 2009, y ellos sí recibieron reparación por la pérdida de sus familiares,
mientras los accionantes no.
10. La parte actora afirmó que la providencia cuestionada incurrió en violación
directa a la Constitución, pues no se tuvieron en cuenta los principios que rigen la
reparación integral. Acudió a argumentos de la doctrina del derecho de daños, con
el fin de sostener que resulta posible que coexistan varias acciones con
pretensiones indemnizatorias, resultado de los mismos hechos, pero ello no debe
llevar a que se declare la cosa juzgada entre las acciones, pues no estima correcto
exigir que las personas estén permanentemente buscando los procesos judiciales
que otras iniciaron:
“En conjunto, estas soluciones son peligrosas para las víctimas,
en un medio geográfico e incomunicado como el nuestro. En efecto,
uno entiende que, por economía procesal, el fallo condenatorio
beneficie a quienes sin haber sido partes en el proceso, se
presenten ante el mismo juez a reclamar su indemnización, dentro
de un plazo razonable. (sic) pero es inaudito que una persona
perjudicada, que vive en un lugar lejano de aquel donde se ventila
la acción de grupo y que en la practica (sic) no tuvo oportunidad de
conocer la publicación sobre la sentencia, tenga escasos 20 días
para presentar a reclamar su indemnización. Paraíso para
responsables que, demandados y condenados en un pueblo lejano,
van a ver que, pasados 20 días, sus finanzas quedaran saneadas,
pues la gran mayoría de víctimas, casi de seguro no conocerán el
fallo, o cuando lleguen a reclamar ya será demasiado tarde”.
11. Sostiene que el artículo 47 de la Ley 472 de 1998 prescribe que la acción de
grupo se ejerce sin “perjuicio de las acciones individuales”.
3
Se lee dentro de la sentencia atacada: “En virtud de lo anterior, los miembros de este segundo
grupo de demandantes resultaron incluidos en el grupo de víctimas directas o indirectas del accidente
de tránsito ocurrido el 3 de febrero de 2009, en la vía que de Medellín conduce a Quibdó, pues la
demanda de reparación directa no se presentó antes de la admisión de la acción de grupo y no
ejercieron oportunamente el derecho de exclusión, de conformidad con los parámetros establecidos
en la ley 472 de 1998, de modo que también resultan vinculados por lo decidido en la referida acción,
circunstancia que los imposibilitaba para intentar una acción individual posterior por los mismos
hechos ya debatidos.// El hecho que los aquí demandantes no hubieran participado en la acción de
grupo ni reclamado la indemnización a la que tenían derecho dentro de ese proceso, es una conducta
atribuible exclusivamente a ellos, que no puede servir de justificación para que en sede de reparación
directa se profiera una nueva decisión sobre un asunto ya debatido sobre el que se produjeron los
efectos de la cosa juzgada.”
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01277-00
Accionante: Carlos Duván Buriticá y otros
Accionado: Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Referencia: Primera Instancia
12. Por lo anterior, solicitó tutelar los derechos constitucionales invocados y dejar
sin efecto la sentencia proferida el 24 de julio de 2024, por la Subsección C de la
Sección Tercera de esta corporación y ordenar que se profiera fallo de reemplazo.
Trámite de la tutela
13. En auto de 7 de marzo de 2025, se admitió la acción de tutela y se vinculó al
Tribunal Administrativo del Chocó, al Juzgado Diecisiete Administrativo de Medellín,
al Tribunal Administrativo de Antioquia, a la Defensoría del Pueblo, al Instituto
Nacional de Vías, al ministerio público, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado, a la compañía de estudios e interventorías S.A. a la sociedad CASS
constructores y Compañía S.C.A., a la sociedad constructora LHS S.A y a los demás
sujetos procesales de las acciones de reparación directa.
14. La Defensoría del Pueblo4 intervino con el fin de solicitar que se declare que
la entidad carece de legitimación en la causa por pasiva, pues no tiene competencia
para adelantar acciones u omisiones para atender la vulneración a los derechos
constitucionales alegada. En igual sentido se pronunció la representante judicial de
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, solicitando su desvinculación
del proceso de tutela5. El magistrado ponente del Tribunal Administrativo del Chocó6
acudió dentro del proceso para recordar que, la acción de tutela está sometida a
exigentes cargas argumentativas y reglas jurisprudenciales para su procedencia. En
el caso concreto señaló que no se agotó el recurso extraordinario de revisión, y no
se avizora alguna vulneración a un derecho fundamental, motivo por el cual, solicitó
“denegar por improcedente”, el amparo invocado.
15. Una magistrada del Tribunal Administrativo de Antioquia7 intervino para
indicar que no participó en la sentencia de segunda instancia que puso fin a la acción
de grupo con radicado 2009-00241.
16. La apoderada del Instituto Nacional de Vías8 acudió al proceso de amparo
con el fin de solicitar que sea declarado improcedente, pues se utiliza la acción
constitucional para reabrir un debate procesal ya resuelto en dos instancias.
Recordó que, en el desarrollo de los procesos de reparación directa que llevaron a
la sentencia de 24 de julio de 2024, objeto de censura constitucional, el Invias “al
contestar las demandas de Reparación Directa multicitadas, puso de presente (…)
a las partes de la existencia de la acción de Grupo tramitada ante el Juzgado 17
Administrativo de Medellín, iniciada con ocasión del accidente ocurrido en la vía
Quibdó- Medellín el día 3 de febrero de 2009. Por lo anterior, sostuvo que, la
providencia atacada no incurrió en ningún yerro”9.
4
Índice samai 11.
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Índice samai 17.
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Índice samai 12
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Índice Samai 15
8
Índice samai 18.
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Índice samai 18.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01277-00
Accionante: Carlos Duván Buriticá y otros
Accionado: Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Referencia: Primera Instancia
CONSIDERACIONES
Competencia
17. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019.
Problemas jurídicos
18. Los tutelantes sostienen que la providencia proferida el 24 de julio de 2024
(notificada el 11 de septiembre) por la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado incurrió en la causal especifica de violación directa a la
Constitución. Por lo anterior, corresponde formular dos problemas jurídicos. En
primer lugar, se examinará si el amparo solicitado satisface los requisitos de
procedibilidad formales de tutela contra providencia de Alta Corte. En caso de
responder afirmativamente el anterior interrogante, como segundo problema jurídico
debe examinarse si, la providencia atacada incurrió en el defecto invocado por los
actores.
19. Con el fin de resolver los anteriores problemas jurídicos, en primer lugar, se
reiterará el precedente sobre procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales de Alta Corte, y se resolverá en el caso concreto, si se satisfacen los
requisitos.
Acción de tutela contra providencias judiciales proferidas por Altas Cortes
20. En precedente de unificación de la Corte Constitucional10 ha señalado que,
una acción de tutela formulada contra una providencia proferida por una Alta Corte
debe cumplir una “carga argumentativa transversal”, elemento que se concreta en
un análisis más restrictivo y riguroso sobre el cumplimiento de los requisitos
generales y específicos de procedencia. Al respecto, la Corte ha señalado que, en
estos eventos, debe acreditarse que se trata de “un caso definitivamente
incompatible con el alcance y límite de los derechos fundamentales que han sido
desarrollados por la Corte Constitucional o cuando se genera una anomalía de tal
entidad que es necesaria la intervención del juez constitucional”11. Por lo tanto:
“(…) además de cumplir con los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela y con los especiales de procedibilidad contra
providencias judiciales, el accionante debe acreditar una irregularidad
que contraríe abiertamente los mandatos constitucionales, de tal manera
que amerite la intervención urgente del juez de tutela”
21. Además de una carga argumentativa especialmente exigente que, evidencie
una contradicción objetiva entre preceptos constitucionales y la decisión judicial, el
tutelante debe satisfacer los requisitos de 1) legitimación por activa y por pasiva, 2)
10
Cfr. SU-128 de 2021 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger), T-495 de 2024 (Juan Carlos Cortes
González), -917 de 2010, SU-050 de 2017, SU-573 de 2017 (M.P. Antonio José Lizarazo), SU-050
de 2018 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger), y SU-167 de 2024 (M.P. José Fernando Reyes Cuartas)
11
Cfr. SU-209 de 2021 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger)
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01277-00
Accionante: Carlos Duván Buriticá y otros
Accionado: Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Referencia: Primera Instancia
relevancia constitucional, 3) subsidiariedad, 4) inmediatez, 5) irregularidad procesal
decisiva, 6) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho, y 7)
que no se ataquen sentencias de tutela12.
22. Con base en lo anterior, se examinará si la acción de tutela de la referencia
satisface los requisitos de procedencia formal.
23. Respecto al requisito de legitimación en la causa por activa y pasiva, se
verifica que el amparo fue promovido por profesional del derecho en ejercicio de
poder especial otorgado por Mary Luz y Carlos Duván Buriticá Echavarría, y
Estefanía, Shirley, Estrella y César Augusto Valencia Acero, personas que se vieron
afectadas por la sentencia proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado el 24 de julio de 2024, y notificada el 13 de septiembre del mismo
año. En esa medida también se satisface el requisito de legitimidad en la causa por
pasiva, pues la petición de amparo se dirigió contra la autoridad judicial que profirió
la decisión cuestionada.
24. En relación con el requisito de relevancia constitucional, como se acabó de
indicar, la Corte Constitucional ha explicado que13, el mismo reviste especial
importancia cuando se trata de una censura constitucional a una providencia
proferida por una corporación judicial de cierre, y exige que el actor muestre una
irregularidad de tal entidad que contrarie directamente mandatos constitucionales.
25. En el asunto de la referencia, para esta Sala el escrito de tutela no plantea
un debate constitucional que muestre una contradicción ostensible entre la decisión
atacada y una norma constitucional. Los tutelantes acuden a argumentos de orden
legal y doctrinario sobre las competencias del juez de la reparación y el juez de
grupo, y la manera en la que, en su criterio debería interpretarse el artículo 47 de la
Ley 472 de 1998. Se acudió a un amplio pasaje de autores nacionales respecto a la
existencia paralela de acciones de grupo y de reparación directa, sin embargo, no
se muestra, siquiera someramente una eventual vulneración a una norma
constitucional. En esa medida, los tutelantes proponen un debate legal y doctrinario.
26. Además, enuncian que se presenta una vulneración al derecho a la igualdad,
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia por la violación directa
a la Constitución. No obstante, omiten explicar las razones, por ejemplo, por las
cuales se satisfacen los requisitos de procedencia formal, y en punto al examen de
fondo, omiten desarrollar justificaciones sobre la manera concreta, en la que se
vulnera alguna norma constitucional.
27. A juicio de la Sala de tutela, el escrito de amparo, en punto al examen del
requisito de relevancia constitucional, no satisface la específica argumentación
exigida para cuestionar una decisión proferida por una corte de cierre. Esto pues,
se itera, acude a argumentos legales y doctrinarios en los que muestra las razones
12
Conceptos ampliamente explicados por la Corte Constitucional en sentencias C-590 de 2005 entre
otras.
13
SU-215 de 2022 (M.P. Natalia Ángel Cabo): “(…) esta Corporación ha indicado que cuando la
tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de cierre, su examen
sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente exigente pues la sustentación de tales
requisitos requiere de una argumentación cualificada”. (negrillas agregadas por la sala)
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01277-00
Accionante: Carlos Duván Buriticá y otros
Accionado: Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Referencia: Primera Instancia
por las cuales no comparte la conclusión del fallo de 24 de julio de 2024. Además,
se limita a enunciar normas constitucionales, sin explicar, de manera concreta y
objetiva la manera en la que se presenta una transgresión a parámetros
constitucionales. Finalmente, resulta evidente que el escrito no presenta la
argumentación exigida por la jurisprudencia constitucional para atacar en sede de
tutela decisiones judiciales, al punto que omite explicar las razones por las cuales
satisface las causales genéricas de procedencia, especialmente exigentes
tratándose de un ataque constitucional a una decisión de un órgano colegiado de
cierre de la jurisdicción.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE por no satisfacer el requisito de
relevancia constitucional, el amparo solicitado por Mary Luz Buriticá Echavarría,
Carlos Duván Buriticá Echavarría, Estefanía Valencia Acero, Shirley Valencia
Acero, Estrella Valencia Acero y César Augusto Valencia Acero contra la
providencia de 24 de julio de 2024, proferida por la Subsección C de la Sección
Tercera de esta Corporación dentro del radicado 27001-23-31-000-2010-00184-01
(58718).
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.
TERCERO: En caso de no ser impugnada REMITIR a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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