Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 27001-23-31-000-2010-00184-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 27001-23-31-000-2010-00184-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 27001-23-31-000-2010-00184-01
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
24 de julio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 27001-23-31-000-2010-00184-01 (58718)
Demandante Rosalino Valencia Hinestrosa y otros
Demandado: INVÍAS y otros
Proceso: Reparación directa
COSA JUZGADA-Definición. FUERZA DE COSA JUZGADA-Carácter vinculante y obligatorio. ACCIÓN DE
REPARACIÓN DIRECTA Y ACCIÓN DE GRUPO-Acciones de naturaleza indemnizatoria. ACCIÓN DE
GRUPO-Procede para obtener el reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios sufridos por un
grupo. ACCIÓN DE GRUPO-Número mínimo de integrantes del grupo afectado-Regulación de la Ley 472 de
1998. GRUPO DEMANDANTE Y GRUPO AFECTADO-No es necesario que todas las personas que integran
el grupo afectado concurran al momento de presentación de la demanda. ACCIÓN DE GRUPO-La integración
del grupo y los efectos vinculantes de la sentencia. COSA JUZGADA-La cosa juzgada en la acción de grupo y
su efecto en la acción de reparación directa. COSA JUZGADA-Sentencia de acción de grupo tiene efectos de
cosa juzgada en este asunto por identidad jurídica de partes, causa y objeto.
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por las
partes contra las sentencias del 27 de octubre de 2016 y 11 de noviembre de 2016
proferidas por el Tribunal Administrativo del Chocó, en las que accedieron
parcialmente a las pretensiones.
SÍNTESIS DEL CASO
El 3 de febrero de 2009, aproximadamente a la 1:00 a. m., en la vía La Mansa-
Quibdó, el autobús de servicio público de placas SYK-680, afiliado a la empresa
Rápido Ochoa S.A. y conducido por el señor Virgilio de Jesús Montoya Zapata,
tuvo un accidente luego de esquivar un derrumbe que se encontraba en la
carretera. El vehículo se volcó y cayó por un abismo. En ese accidente perdieron
la vida, entre otros, Yimmy Valencia Moreno, Alba Leticia Echavarría Mazo y
César Augusto Valencia Martínez. Los demandantes aducen falla del servicio por
Radicación: 27001-23-31-000-2010-00184-01 (58718)
Demandante: Rosalino Valencia Hinestrosa y otros
Demandado: INVÍAS y otro
Proceso: Reparación directa
falta de mantenimiento, rehabilitación, conservación y señalización de la vía en
donde ocurrió el accidente.
ANTECEDENTES
La demanda
Proceso 2010-00184
1. El 10 de septiembre de 20101, Rosalino Valencia Hinestrosa y otros solicitaron
declarar patrimonialmente responsables a la Nación-Ministerio de Transporte y al
Instituto Nacional de Vías –en adelante, INVÍAS–, por los perjuicios causados con
la muerte de Yimmy Valencia Moreno, en un accidente de tránsito, en los
siguientes términos:
«Primero: Declarar administrativamente responsable de manera solidaria sin
división de cuotas, por las conductas negligentes e imprudentes a la Nación-
Ministerio de Transporte; Instituto Nacional de Vías “INVÍAS”, por todos los daños y
perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, peticionados en la demanda y todos
los que resulten probados en el curso del proceso, derivados del siniestro en el
que perdió la vida el señor Yimmy Valencia Moreno (Q.E.P.D.), el día 3 de febrero
de 2009.
Segundo: Condénese a la Nación-Ministerio de Transporte; Instituto Nacional de
Vías “Invias”, solidariamente y sin división de cuota al pago de los siguientes
perjuicios patrimoniales:
Daño emergente: pagar el valor de las reproducciones y solicitudes de
documentos en que se ha incurrido en el curso de esta tragedia para la defensa de
nuestros derechos y los honorarios derivados de los servicios del profesional del
derecho, equivalentes al valor del 30%, ambos gastos emergentes según lo que se
pruebe en el proceso.
Honorarios 30% equivalentes del valor de la eventual condena.
Valor de las reproducciones de documentos en que se incurrió para hacer valer
sus derechos en esta o cualquier otra instancia.
Lucro Cesante:
A reconocer a título de lucro cesante, los perjuicios que resulten probados en el
proceso, los cuales a la fecha de la demanda se liquidan así:
La asignación devengada a la fecha de los hechos (3 de febrero de 2009) como
soldado profesional es de: $ 889.621. Valor actualizado = $ 894.621.
1 Folios 1-19 c. 1.
2
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Demandante: Rosalino Valencia Hinestrosa y otros
Demandado: INVÍAS y otro
Proceso: Reparación directa
Al valor de lo devengado mensual se resta el 25%, como quiera que se presume
que la víctima los destinaba para su propia manutención, quedando como
asignación base mensual de liquidación la suma de $ 670.965. A este valor hay
que adicionar el valor correspondiente a prestaciones sociales como servidor
público dependiente que, según la jurisprudencia, equivale a 25% adicional. $
670.965 + 25% de la asignación = $ 838.707.
(…)
El valor de lucro cesante para Rosa Berena Moreno Ospina: setenta y tres millones
novecientos cinco mil ochocientos cuarenta y dos pesos ($73.905.842).
El valor de lucro cesante para Rosalino Valencia Hinestrosa: sesenta y cinco
millones novecientos treinta mil quinientos sesenta y ocho pesos ($ 65.930.568).
Total lucro cesante: ciento treinta y nueve millones ochocientos treinta y seis mil
cuatrocientos diez pesos ($ 139.836.410).
Tercero: Condénese a la Nación-Ministerio de Transporte; Instituto Nacional de
Vías “Invías” solidariamente y sin división de cuota el pago de los siguientes
perjuicios extrapatrimoniales atendiendo las siguientes pretensiones:
Morales: Reconocer por perjuicios morales el valor de:
Para los padres (2) 100 SMLMV.
Hermanos (8) 50 SMLMV.
Sobrinos (8) 20 SMLMV.
Vida de relación: Reconocer por perjuicios a la vida de relación el valor de:
Para los padres (2) 400 SMLMV.
Cuarto: Condénese a la Nación-Ministerio De Transporte; Instituto Nacional de
Vías “Invias” solidariamente y sin división de cuota al pago de costas del proceso
tasadas por el despacho, en caso de dilación injustificada del proceso al negarse a
conciliar una situación que a juicio de la justicia resulte clara en derecho.
Quinto: Condénese a la Nación-Ministerio de Transporte; Instituto Nacional de
Vías “Invías” al pago de los valores enunciados dando lugar a las actualizaciones
monetarias en intereses a que haya lugar y en los términos dispuestos en los
artículos 115, 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.
Para el cumplimiento de la sentencia ordénese la expedición de copias con destino
a las partes, con las precisiones del art. 115 del Código de Procedimiento Civil y
con observancia de lo preceptuado en el art. 37 del Decreto 359 de 22 de febrero
de 1995.
Sexto: Condénese a la Nación-Ministerio de Transporte; Instituto Nacional de Vías
“Invías” al pago los demás perjuicios que se encuentren probados a-la fecha de la
sentencia, en concordancia con el principio de indemnización plena del daño,
consagrado en el artículo 16 de la ley 446 de 1998.
Séptimo: Dese lugar a la aplicación al principio de principio iura novit curia, en
virtud del cual el juez debe adaptar los hechos probados a las disposiciones
legales vigentes a las tesis jurisprudenciales o doctrinales, que resulten adecuadas
a la materia, así no las haya invocado el actor.
3
Radicación: 27001-23-31-000-2010-00184-01 (58718)
Demandante: Rosalino Valencia Hinestrosa y otros
Demandado: INVÍAS y otro
Proceso: Reparación directa
Octavo: Que se ordene la publicación de la sentencia condenatoria en primera
página en un diario de amplia circulación nacional y uno local, a costas de las
entidades demandadas, dentro de los 15 días siguientes a la ejecutoria de la
sentencia y en la que conste la condena impuesta y las responsabilidades
derivadas de los hechos, como reparación a la afectación moral y social causada
al grupo familiar»2.
Proceso 2011-00099
2. El 28 de marzo de 20113, Lina María Martínez y otros solicitaron declarar
patrimonialmente responsables a la Nación-Ministerio de Transporte y al Instituto
Nacional de Vías –en adelante, INVÍAS–, por los perjuicios causados con la
muerte de Alba Leticia Echavarría Mazo y César Augusto Valencia Martínez, en
un accidente de tránsito, en los siguientes términos:
«Primera: Que se declare administrativamente responsable a: La Nación
Colombiana, Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías-INVIAS como
consecuencia del accidente que produjo la muerte entre otras personas de: Alba
Leticia Echavarría Mazo y César Augusto Valencia Martínez.
Segunda: Consecuencialmente se condene a los resistentes al pago de los
siguientes perjuicios:
Por concepto de perjuicios morales cuantificados en el equivalente a: 1150
salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada demandante.
Por concepto de perjuicios en calidad de daño a la vida de relación y/o alteración a
las condiciones de existencia, en el equivalente a 150 salarios mínimos legales
mensuales para cada demandante.
perjuicios materiales, en su calidad de lucro cesante
Por parte de la occisa Alba Leticia Echavarría Mazo, a favor de su compañero
permanente Edgar Fabricio Colorado Betancur, y los hijos de la occisa, Mary Luz y
Carlos Duván Buritica Echavarría en la suma correspondiente 381.36 salarios
mínimos legales mensuales vigentes, los cuales se distribuyen entre los tres
convocantes, hasta la edad en que se proyecta el lucro cesante para cada uno de
ellos.
Por parte del occiso Cesar Augusto Valencia Martínez, a favor de su compañera
permanente Shirley Acero Marín, sus hijos menores Cesar Augusto, Estefanía
Valencia Acero y la hijastra, Estrella Ivette Acero Marín. Su madre Lina María
Martínez, en la suma equivalente a 700 salarios mínimos legales mensuales
vigentes, los cuales se distribuyen entre estas personas, hasta la edad en que se
proyecta el lucro cesante para cada uno de ellos.
Por concepto de perjuicios en calidad de daño a la vida de relación familiar, a favor
su compañera permanente Shirley Acero Marín, sus hijos Cesar Augusto,
Estefanya Valencia Acero, inclusive su hijastra Estrella Ivette Acero en el
equivalente a 150 salarios mínimos legales mensuales por el resquebrajamiento
2 Folios 2-19 c. 1 proceso 58718.
3 Folios 2-10 c. 1 proceso 58733.
4
Radicación: 27001-23-31-000-2010-00184-01 (58718)
Demandante: Rosalino Valencia Hinestrosa y otros
Demandado: INVÍAS y otro
Proceso: Reparación directa
del núcleo familia del finado Cesar Augusto Valencia, por el sufrimiento que
padecen al perder la armonía de todos los momentos y eventos especiales de la
vida con su familia, a causa de este luctuoso acontecimiento, por perder la
oportunidad de continuar gozando de la protección, el apoyo o las enseñanzas
ofrecidas por la persona fallecida»4.
Hechos comunes a los procesos acumulados
Los demandantes afirman que, el 3 de febrero de 2009, aproximadamente a la
1:00 a. m., en la vía “La Mansa-Quibdó”, en el municipio Carmen de Atrato,
kilómetro 80 más 250 metros, el autobús de servicio público de placas SYK-680,
afiliado a la empresa Rápido Ochoa S.A. y conducido por el señor Virgilio de Jesús
Montoya Zapata, tuvo un accidente. Señalaron que el conductor, mientras
conducía y atravesaba una curva, trató de esquivar un montículo de tierra que se
encontraba en su carril de desplazamiento. Al ejecutar la maniobra e ingresar al
carril contrario –hasta el borde de la vía– el vehículo se volcó y cayó por un
abismo hasta quedar sumergido en el río Atrato. En ese accidente perdieron la
vida, entre otros, el joven Yimmy Valencia Moreno, Alba Leticia Echavarría Mazo y
César Augusto Valencia Martínez, quienes se transportaban en ese automotor.
Alegan que el Ministerio de Transporte y el INVÍAS, quienes tenían la vía a su
cargo, incurrieron en una falla en el servicio por: (i) falta de mantenimiento,
rehabilitación y conservación, dado que el tramo de la vía en la que ocurrió el
accidente no contaba con elementos básicos de seguridad y control tales como
barandas de protección, berma, defensas viales y (ii) ausencia de señalización
informativa y preventiva en la vía del accidente como la demarcación y
señalización de peligro por presencia de obstáculo y profundidad del abismo5.
Contestación de la demanda
Las entidades demandadas ejercieron la defensa en los siguientes términos y con
argumentos comunes en ambos procesos acumulados 2010-00184 y 2011-00099:
El Ministerio de Transporte alegó la fuerza mayor y el hecho de un tercero, porque
el accidente se produjo con ocasión de un deslizamiento de tierra y por la
conducta imprudente del conductor del bus, al esquivar un montículo de tierra que
4 Folios 2-19 c. 1 (58718).
5 Folios 3-4 c. 1.
5
Radicación: 27001-23-31-000-2010-00184-01 (58718)
Demandante: Rosalino Valencia Hinestrosa y otros
Demandado: INVÍAS y otro
Proceso: Reparación directa
había en la vía. Agregó que la entidad no estaba legitimada en la causa por
pasiva, pues no tenía a su cargo la construcción, rehabilitación, mejoramiento,
mantenimiento, conservación, administración y operación vías, y que la entidad
encargada de esa vía nacional era el INVÍAS6.
El INVÍAS contestó la demanda y señaló que el daño se produjo por el hecho de
un tercero –conductor del camión– y por una fuerza mayor –deslizamiento y
posterior montículo de tierra en la vía–. La entidad precisó que la vía donde ocurrió
el accidente, por su diseño geométrico, era angosta, de doble sentido y una
calzada, de modo que los vehículos debían transitar con el máximo cuidado y
extremar ellos mismos las medidas de precaución. Sostuvo que el conductor del
bus de transporte público, en este caso, no condujo con precaución y sus
maniobras imprudentes causaron el accidente. La vía, por sus condiciones
climáticas, era propensa a que se presentaran deslizamientos de tierra, y esa
circunstancia era conocida por las empresas de transporte de la zona, quienes
debían extremar medidas de precaución al transportar pasajeros. Según la
demandada, los conductores que diariamente tomaban la ruta Medellín-Quibdó no
podían alegar una ausencia de señalización, mantenimiento y conservación de la
vía en cuestión, porque conocían estas circunstancias.
La entidad indicó, además, que el conductor del bus accidentado transitaba con
sobrecupo, puesto que la planilla de servicio del vehículo establecía un máximo de
32 ocupantes, pero, según los documentos públicos aportados, fueron entre 51 a
58 las personas involucradas en el accidente. Agregó que, conforme a los
informes del Grupo de Seguridad Vial Seccional Antioquia y de la Administración
Vial, el ancho del paso de la vía –aun con el montículo de tierra– era suficiente y
seguro para el cruce de vehículos, porque tenía entre 4 y 4.10 metros de ancho.
Finalmente, advirtió que, por los mismos hechos demandados en el proceso,
existían dos acciones de grupo: una por los afectados en contra del INVÍAS y el
Ministerio de Transporte, ante el Juzgado 17 Administrativo de Medellín, con
radicado 2009-00241-00; y otra contra la Empresa de Transportes Rápido Ochoa
S.A., ante el Juzgado Único Civil del Circuito de Quibdó, radicado 2009-00225.
Estas acciones, señaló la entidad, por su carácter indemnizatorio y por los efectos
6 Folios 192-204 c.1 (2010-00184) y folios 375-382 c. 1 (2011-00099).
6
Radicación: 27001-23-31-000-2010-00184-01 (58718)
Demandante: Rosalino Valencia Hinestrosa y otros
Demandado: INVÍAS y otro
Proceso: Reparación directa
de cosa juzgada, daban lugar a que se declarara la existencia de un “pleito
pendiente entre las partes” 7.
En escrito separado, el INVÍAS llamó en garantía a los integrantes de la Unión
Temporal Metrovías Corredores -Sociedad CASS Constructores y CIA S.C.A,
Sociedad Constructora LHS S.A., Compañía de Estudios e Interventorías S.A. CEI
S.A. y a Luis Héctor Solarte Solarte y Carlos Alberto Solarte Solarte-, con ocasión
del contrato número 1438, celebrado el 10 de septiembre de 2008, que tenía como
objeto el mejoramiento y mantenimiento de algunas carreteras, entre ellas, la vía
Quibdó-La Mansa-Bolívar, lugar donde ocurrió el referido accidente de tránsito8.
El 22 de febrero de 2012 se admitió el llamamiento en garantía, y en el escrito de
contestación al llamamiento, la Unión Temporal Metrovías Corredores adujo falta
de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de responsabilidad y fuerza
mayor9.
Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo profirió sentencias del 11 de noviembre de 2016
(proceso 2010-00184) y del 27 de octubre de 2016 (proceso 2011-00099), en las
que accedió parcialmente a las pretensiones. Las consideraciones en cuanto al
daño, falla del servicio y nexo de causalidad fueron las mismas en ambos
procesos, las cuales se sintetizan así:
En cuanto a la falla del servicio, el Tribunal encontró probado que, para el 3 de
febrero de 2009, día en el que ocurrió el accidente, el derrumbe en la carretera no
había sido señalizado con advertencias de peligro en la vía ni mucho menos,
removido. Por este motivo, concluyó que la entidad demandada omitió el
cumplimiento de sus funciones, entre ellos, la adecuada señalización, iluminación
y mantenimiento de la vía pública. Además, estimó que la causa eficiente del
daño, fue, precisamente, la falla alegada en la demanda.
En cuanto al hecho de un tercero y la fuerza mayor alegadas, estimó que los
motivos únicos y determinantes del accidente fueron el estado de la vía, la
7 Folios 230-245 del cuaderno 2 (2010-00184) y folios 96-111 c. 1 (2011-00099).
8 Folios 316-317 del cuaderno 2 y folios 1 a 6 y 42, 48 y 49 cuaderno llamamiento (2011-00099).
9 Folios 479-505 c. 3.
7
Radicación: 27001-23-31-000-2010-00184-01 (58718)
Demandante: Rosalino Valencia Hinestrosa y otros
Demandado: INVÍAS y otro
Proceso: Reparación directa
presencia del montículo de tierra y la falta de señalización. Además, agregó que
no había lugar a concluir una fuerza mayor, porque el deslizamiento había
ocurrido días antes y no al momento de los hechos. Finalmente, ordenó enviar
copias de esas sentencias al Juzgado 17 Administrativo de Medellín, para que se
incorporaran en la acción de grupo que cursaba en ese juzgado por los mismos
hechos y contra las mismas entidades demandadas10.
Los recursos de apelación
En el proceso 2010-00184 (58718) las entidades demandadas formularon
recursos de apelación contra la sentencia del 11 de noviembre de 2016. En el
proceso 2011-00099 (58733), demandantes y demandadas formularon recursos
de apelación contra la sentencia del 27 de octubre de 2016.
Los fundamentos de las entidades demandadas fueron comunes en ambos
procesos y admiten la siguiente síntesis:
La Nación-Ministerio de Transporte sostuvo que la sentencia analizó mal la
legitimación en la causa por pasiva, porque esa entidad no tenía a su cargo la
construcción, conservación, señalización y mantenimiento de las carreteras
nacionales. Esas funciones, explicó, fueron radicadas en el INVÍAS y el Ministerio
no le podía impartir órdenes porque era una entidad descentralizada por servicios,
con autonomía administrativa, patrimonialmente independiente, con capacidad
financiera propia y respondía individualmente por sus acciones u omisiones.
Señaló que el Ministerio era un organismo regulador, planificador y normativo y
que no había omitido el cumplimiento de su función de fijar políticas en materia de
transporte11.
El INVÍAS, por su parte, esgrimió que el conductor del vehículo accidentado
conocía la vía La Mansa–Quibdó, porque la transitaba habitualmente como
conductor de la empresa Rápido Ochoa S.A. y, por ello, tenía pleno conocimiento
de todos sus peligros y debía conducir de forma adecuada. Sostuvo que la falta
de señalización del montículo no fue determinante para el siniestro, sino la
10 Folios 743 a 777 del cuaderno principal (proceso 2010-00184) y folios 741-833 del cuaderno principal
(proceso 2011-00099).
11 Folios 900-917 c. principal (proceso 2010-00184) y folios 912 a 919 del cuaderno principal (proceso 2011-
00099).
8
Radicación: 27001-23-31-000-2010-00184-01 (58718)
Demandante: Rosalino Valencia Hinestrosa y otros
Demandado: INVÍAS y otro
Proceso: Reparación directa
desatención, por parte del conductor del bus, de su deber de cautela, sumada a la
alta velocidad con la que transitaba, la inobservancia del estado climático y el
sobrecupo de pasajeros. Insistió en que esa entidad suscribió con la Unión
Temporal Metrovías Corredores un contrato cuyo objeto era el mejoramiento y
mantenimiento de la carretera donde ocurrió el accidente y, ante una eventual
condena, dicha unión temporal debía reintegrar los valores que tuviera que asumir
el INVÍAS. Por último, advirtió que no se podía pasar por alto la existencia de la
acción de grupo interpuesta antes de la demanda de reparación directa, en la que
ya se habían proferido las sentencias de ambas instancias12.
La parte demandante del proceso 2011-00099 (58733) cuestionó que se hubiera
negado el reconocimiento del daño a la vida de relación, pues con la muerte de
sus familiares los actores vieron vulnerados sus derechos a la unidad familiar, se
les modificó sus condiciones de vida y solicitó que se accediera al reconocimiento
de ese perjuicio13.
Trámite de segunda instancia
El 24 de enero de 2016, el tribunal concedió el recurso de apelación 14 y, el 2 de
febrero de 2018, el Despacho lo admitió15. El 28 de junio de 2018 se corrió
traslado para alegar de conclusión en segunda instancia 16. En esta oportunidad,
Las partes reiteraron los argumentos de sus recursos de apelación. El Ministerio
Público, por su parte, conceptuó que se negaran las pretensiones porque no se
probaron las circunstancias de modo en las que ocurrió el accidente.
El 25 de febrero de 2022, este Despacho ordenó la acumulación del proceso con
radicado 2011-00099-01 (58733) al presente proceso 2010-00184 (58718), por ser
este el más antiguo, según certificación de la secretaría de la sección Tercera17.
Como el INVÍAS, en el recurso de apelación manifestó que, por el accidente de
tránsito ocurrido en la vía Medellín-Quibdó, el 3 de febrero de 2009, se interpuso
una acción de grupo contra las mismas entidades demandadas del proceso de
12 Folios 815 a 835 c. principal (proceso 2010-00184) y folios 970-990 c. principal (proceso 2011-00099).
13 Folios 952 a 954 c. principal.
14 Folio 959 c. principal.
15 Folio 976 c. principal.
16 Folio 375 c. principal.
17 Folios 1035 a 1036 c. principal.
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Radicación: 27001-23-31-000-2010-00184-01 (58718)
Demandante: Rosalino Valencia Hinestrosa y otros
Demandado: INVÍAS y otro
Proceso: Reparación directa
reparación directa, en las que ya se había proferido sentencia condenatoria,
encontrándose el asunto pendiente para proferir fallo de segunda instancia, la
Sala, con el fin de esclarecer si había lugar a declarar la cosa juzgada respecto del
objeto que se debate en el proceso de la referencia, decretó una prueba de oficio y
ofició al Juzgado 17 Administrativo de Medellín y al Tribunal Administrativo de
Antioquia, para que certificaran qué personas solicitaron la integración al grupo
durante el proceso número 2009-00241-00 y posterior a él. Asimismo, pidió
certificar qué personas solicitaron la exclusión de la acción de grupo, según lo
establecido en el artículo 56 de la Ley 472 de 1998. También ordenó oficiar a la
Defensoría del Pueblo-Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses
Colectivos, para que certificara qué personas eran beneficiaras de la
indemnización ordenada en la sentencia proferida dentro del proceso de acción de
grupo número 2009-00241-00.
Las entidades requeridas dieron respuesta y expidieron las certificaciones
conforme a los solicitado en el auto que decretó pruebas de oficio18.
CONSIDERACIONES
1. Las demandas se presentaron el 10 de septiembre de 2010 y el 28 de marzo de
2011, por lo tanto, el régimen aplicable es el Código Contencioso Administrativo –
en adelante, CCA–. Conforme al artículo 266 del CCA, en los procesos iniciados
antes de la vigencia de ese código, los recursos interpuestos, los términos que
comenzaron a correr y las notificaciones en curso, se regían por la ley vigente al
momento de esas actuaciones. Por su parte, el artículo 308 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 19 –que empezó a
regir desde el 2 de julio de 2012– prevé que las actuaciones administrativas, las
demandas y procesos en curso a la vigencia de dicho código seguirían rigiéndose
y culminarían conforme al régimen jurídico anterior, esto es, el
CCA. Adicionalmente, conforme al artículo 267 del CCA20, en los aspectos no
18 Índices 67 y 71 Samai.
19
«Artículo 308 del CPACA. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos
(2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas
que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en
vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a
la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico
anterior».
20«Artículo 267 del CCA. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este código se seguirá
el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones
que correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo».
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Radicación: 27001-23-31-000-2010-00184-01 (58718)
Demandante: Rosalino Valencia Hinestrosa y otros
Demandado: INVÍAS y otro
Proceso: Reparación directa
regulados se seguiría el Código de Procedimiento Civil –en adelante, CPC– en lo
que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
I. Presupuestos procesales
Jurisdicción y competencia
2. La jurisdicción administrativa conoce de las controversias cuando se demande
la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una entidad
estatal según el artículo 82 del CCA, modificado por el artículo 1 de la Ley 1107 de
200621. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar
este asunto de conformidad con el artículo 129 del CCA22, según el cual conoce
de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia
por los tribunales administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en
razón a la cuantía pues, de conformidad con el artículo 3º de la Ley 1395 de
201023, que modificó el artículo 20.2 del CPC, el valor de la suma de las
pretensiones supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.6 del CCA, esto
es, $257.500.00024.
Acción procedente
3. La reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
21«Artículo 82 del CCA. Objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo
contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de
las entidades públicas incluidas las sociedades de economía mixta con capital público superior al 50% y de las
personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el
Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de conformidad con la
Constitución y la ley.
Esta jurisdicción podrá juzgar, inclusive, las controversias que se originen en actos políticos o de Gobierno
(…)».
22«Artículo 129 del CCA, Modificado por la Ley 446 de 1998, artículo 37. Competencia del Consejo de Estado
en segunda instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja
cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se
conceda el extraordinario de revisión».
23 «Artículo 3° de la Ley 13965 de 2010. Modifíquese el numeral 2 del artículo 20 del Código de Procedimiento
Civil, el cual quedará así:
1. Por el valor de la suma de todas las pretensiones acumuladas al momento de la presentación de la
demanda».
24 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2010, $515.000 por 500.
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Demandante: Rosalino Valencia Hinestrosa y otros
Demandado: INVÍAS y otro
Proceso: Reparación directa
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo 25, en este caso por
acciones y omisiones imputables a una entidad pública.
Demanda en tiempo
4. El término para formular pretensiones, en reparación directa, de conformidad
con el artículo 136.8 del CCA26 es de dos años, contados a partir del día siguiente
del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la
ocupación temporal o permanente de inmueble por trabajo público o por cualquier
otra causa.
Las demandas de los procesos acumulados 2010-00184 (58718) –10 de
septiembre de 2010– y 2011-00099 (58733) –28 de marzo de 2011– se
interpusieron en tiempo porque el accidente en el que murieron Yimmy Valencia
Moreno, Alba Leticia Echavarría Mazo y César Augusto Valencia Martínez ocurrió
el 3 de febrero de 200927.
En cuanto al proceso 2011-00099 (58733), como el 26 de enero de 2011 se
presentó solicitud de conciliación prejudicial, el término de caducidad se suspendió
hasta el 25 de marzo de 2011, conforme al artículo 21 de la Ley 640 de 2001,
fecha en que se celebró la audiencia y fue declarada fallida, según da cuenta
original del acta de esa diligencia28. Al día siguiente se reanudó el conteo del
término por los 8 días faltantes, que vencían el 2 de abril de 2011.
Legitimación en la causa
5. Rosalino Valencia, Sorany Valencia Moreno, Neiber Valencia Moreno, Rosa
Berena Moreno Ospina, Servelina Valencia Moreno; Rosalino Valencia Moreno,
Jackson Adrián Valencia Córdoba Y Jorge Eliecer Valencia Córdoba; Cristian
Estiven Valencia Pino Y Cristina Miledys Valencia Pino; Yairis Valencia Moreno;
25 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por
actos administrativos respecto de los cuales no se discute su legalidad. Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303 y sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421.
26 «ARTÍCULO 136 del CCA. Caducidad de las acciones. (…) La de reparación directa caducará al
vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión
u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena
por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa».
27 Conforme a los registros civiles de defunción de las víctimas y al informe del accidente de tránsito (f. 15-23
c. 1 (proceso 58733).
28 F. 38 a 40 c. 1 (proceso 58733).
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Demandado: INVÍAS y otro
Proceso: Reparación directa
Josuar David Palacios Valencia; Luz Piedad Valencia Moreno y Jenifer Alejandra
Mena Valencia están legitimados en la causa por activa, ya que conforman el
núcleo familiar de Yimmy Valencia Moreno (víctima directa)29.
Edgar Fabricio Colorado, Mary Luz y Carlos Duván Buritica Echavarría están
legitimados en la causa por activa, porque conforman el grupo familiar de Alba
Leticia Echavarría Mazo (víctima directa)30. Por otro lado, Shirley Acero Marín,
César Augusto Valencia Acero, Estefanía Valencia Acero, Estrella Ivette Acero
Marín; Lina María Martínez; Jhonny Banguera Martínez y Carlos Arvey Banguera
Martínez están legitimados en la causa por activa, porque conforman el grupo
familiar de César Valencia Martínez (víctima directa)31.
El Instituto Nacional de Vías-INVÍAS está legitimado en la causa por pasiva porque
tiene a su cargo la señalización, conservación y mantenimiento de vías nacionales
(Decreto 2171 de 1992). La Nación-Ministerio de Transporte no está legitimado en
la causa por pasiva, porque no tiene dentro de sus objetivos el mantenimiento de
vías públicas (Decreto 101 de 2000).
Problema jurídico
6. Corresponde a la Sala determinar si en el caso ha operado la cosa juzgada,
teniendo en cuenta que existe una decisión ejecutoriada dentro de una acción de
grupo interpuesta por los mismos hechos de los procesos acumulados en esta
instancia.
Análisis de la Sala
La cosa juzgada y sus efectos
7. Conforme al artículo 332 del CPC, la sentencia ejecutoriada proferida en
proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada, siempre que el nuevo proceso
verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y que
entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.
29 Folios 41-59 c. 1 (proceso 58718)
30 Folios 47,50 y 51 c. 1 (proceso 2011-00099)
31 Folios 67,69,70,68,72 y71 c. 1 (proceso 2011-00099)
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Proceso: Reparación directa
El primer elemento del artículo citado, esto es, el formal, implica que no es posible
volver sobre una decisión tomada en providencia ejecutoriada dentro del mismo
proceso o en otro en el que se debatan las mismas pretensiones y fundamentos
jurídicos. El segundo elemento, el material, hace alusión a la “intangibilidad de la
sentencia en firme”, pues se parte de la base de que la jurisdicción se ocupó
plenamente de la relación objeto del litigio y esta fue decidida conforme a las
formas propias del juicio.
El fenómeno de la cosa juzgada se ha asimilado al principio del "non bis in idem" y
tiene por objeto que los hechos y conductas que ya han sido resueltas a través de
cualquiera de los medios aceptados por la ley no vuelvan a ser debatidos en otro
juicio posterior. Por lo tanto, lo resuelto obliga a las partes, primero porque lo antes
decidido tiene carácter vinculante y obligatorio y, segundo, porque es inmutable al
tener plena eficacia jurídica32. En esa línea, para que una sentencia tenga “fuerza
de cosa juzgada” deben concurrir los siguientes elementos: (i) identidad de objeto,
(ii) identidad de causa y (iii) identidad jurídica de partes.
Según lo ha sostenido la Corte Constitucional la cosa juzgada tiene una doble
finalidad: negativa, que prohíbe al funcionario judicial conocer, tramitar y fallar un
asunto ya resuelto; y positiva, que le otorga seguridad a las relaciones jurídicas y
al ordenamiento. En ese sentido, ha precisado que una decisión adquiere efectos
de cosa juzgada cuando: (i) la demanda tiene la misma pretensión material o
inmaterial ya decidida (identidad de objeto); (ii) se fundamenta en los mismos
hechos ya resueltos (identidad de causa) y (iii) concurren al proceso las mismas
partes e intervinientes que fueron vinculados y obligados por la decisión que
constituye, precisamente, cosa juzgada33.
El Consejo de Estado ha considerado que este fenómeno tiene como finalidad
proteger las decisiones judiciales que han adquirido firmeza para otorgar
seguridad jurídica a los conflictos ya sometidos al conocimiento de la jurisdicción,
de manera que, tanto a las partes como al juez, les está vedado debatir de nuevo
una situación previamente resuelta a través de sentencia ejecutoriada34.
32 Sentencia del 12 de mayo de 2016, expediente n.° 50001-23-31-000-2003-20430-01(36350).
33 Corte Constitucional, sentencia C-774 del 25 de julio de 2001.
34 En este sentido, consultar Consejo de Estado, Subsección B, sentencia de 2 de julio de 2020, exp. 65499 A,
M.P. Ramiro Pazos Guerrero y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 21 de mayo
de 2021, exp. 65026, M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
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Proceso: Reparación directa
La acción de grupo como acción indemnizatoria
8. El artículo 46 de la Ley 472 de 1998 dispone que, mediante la acción de grupo,
un número plural o un conjunto de personas, que reunieran condiciones uniformes
respecto de una misma causa que les produjo perjuicios de manera individual,
podrían reclamar el reconocimiento y pago de la indemnización de perjuicios. En la
redacción inicial del artículo, se previó que las condiciones uniformes debían
también tener lugar respecto de los elementos que configuran la responsabilidad.
Sin embargo, la Corte Constitucional, al declarar inexequible la expresión «las
condiciones uniformes también deben tener lugar respecto de los elementos que
configuran la responsabilidad» de los artículos 3 y 46 de la Ley 472 de 1998, dejó
sin sustento el criterio jurisprudencial del Consejo de Estado 35 que distinguía la
acción de grupo de la acción de reparación directa36.
El fallo de constitucionalidad, entonces, desapareció el criterio diferenciador entre
la acción de grupo y una simple acumulación subjetiva de pretensiones. Solo
queda como «parámetro» de distinción de la «acción de grupo» el requisito
obligatorio del número de, al menos, veinte personas afectadas con un daño
proveniente de una misma causa, es decir, en el mismo hecho u omisión. Si el
daño originado en una misma causa afecta de manera individual a veinte o más
personas, procede, además de la reparación directa, la acción de grupo. Si los
afectados son menos de veinte, proceden solo las acciones indemnizatorias
individuales establecidas en los códigos procesales. Para el caso del contencioso
administrativo, se debe acudir a las acciones de nulidad y restablecimiento del
derecho, de reparación directa y contractual, según sea la causa del daño. La
acción de grupo, por lo tanto, se ejercerá exclusivamente para obtener el
reconocimiento y pago de la indemnización de los perjuicios.
Ahora bien, conforme al mismo artículo 46 de la Ley 472 de 1998 en materia de
acción de grupo no es necesario, para instaurar la demanda, que acudan
directamente las veinte personas. Es suficiente que una sola persona formule la
demanda –en nombre de los afectados– y señale los criterios que permitan
identificar a dicho grupo37. En consonancia, el parágrafo del artículo 48 de la Ley
35 Consejo de Estado-Sección Tercera, sentencia del 6 de octubre de 2005, rad. n.° 41001-23-31-000-2001-
00948-01 (AG).
36 Corte Constitucional, sentencia C-569 del 8 de junio de 2004.
37 Declarado exequible Corte Constitucional, sentencia C-116 de 2008.
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472 de 1998 establece que, en la acción de grupo el demandante representa a las
demás personas –por lo menos veinte– que hayan sido afectadas individualmente
por los perjuicios originados en una causa común. Por ello, no se requiere que
cada uno de los afectados interponga, por separado, su propia demanda.
Tampoco es indispensable que los veinte integrantes del grupo concurran a la
acción desde la presentación de la demanda. La legitimación en la causa por
activa estará satisfecha sólo si quien actúa como demandante, en nombre del
grupo, señala los criterios que permitan identificar a los veinte o más afectados.
En esa línea, en la acción de grupo se pueden diferenciar dos grupos: (i) el grupo
demandante, integrado por quienes formulan la acción en nombre de todos los
afectados (incluso podría formular la demanda una sola persona); (ii) el grupo
afectado, integrado por un número no inferior a veinte personas que hayan sufrido
un perjuicio individual procedente de una misma causa –siempre y cuando no se
excluyan de manera expresa dentro del trámite de la acción de grupo o no hayan
iniciado una acción individual antes de presentarse la acción de grupo para
obtener la indemnización–. Los integrantes de este grupo deben identificarse por
sus nombres en la demanda, o en su defecto, en la misma oportunidad se debe
indicar los criterios para su identificación, de conformidad con el artículo 52,
numerales 2 y 4, de la Ley 472 de 199838.
9. Según el parágrafo del artículo 48 de la Ley 472 de 1998, en la acción de grupo
el actor o quien actúe como demandante, representa a las demás personas que
hayan sido afectadas individualmente por los hechos vulnerantes sin necesidad de
que cada uno de los interesados ejerza por separado su propia acción, ni haya
otorgado poder. Por su parte, en el artículo 55 de la misma ley se prevé que
quienes hubieren sufrido un perjuicio podrán hacerse parte dentro del proceso,
antes de la apertura a pruebas, mediante la presentación de un escrito en el cual
se indique su nombre, el daño sufrido, el origen del mismo y el deseo de acogerse
al fallo y de pertenecer al conjunto de individuos que interpuso la demanda como
un mismo grupo. Quien no concurra al proceso podrá acogerse
posteriormente, dentro de los veinte días siguientes a la publicación de la
sentencia, suministrando la información anterior.
38 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de abril de 2011, rad. 25000-23-24-000-2000-00016-
01 (AG).
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El artículo 56 de la misma ley, por su parte, preceptúa que, dentro de los cinco
días siguientes al vencimiento del término de traslado de la demanda, cualquier
miembro de un mismo grupo podrá manifestar su deseo de ser excluido y, en
consecuencia, no ser vinculado por el acuerdo de conciliación o la sentencia. Sin
embargo, transcurrido el referido término sin que el miembro así lo exprese, los
resultados del acuerdo o de la sentencia lo vincularán. En este sentido, solo si
decide excluirse del grupo, podrá intentar una acción individual posterior a la
presentación de la acción de grupo por indemnización de perjuicios individuales.
La cosa juzgada en la acción de grupo y su efecto en la acción de reparación
directa
10. El artículo 66 de la Ley 472 de 1998 prescribe que la sentencia dictada dentro
de la acción de grupo tendrá efectos de cosa juzgada en relación con quienes
fueron parte del proceso y, además, de las personas que, “perteneciendo al grupo
interesado no manifestaron oportuna y expresamente su decisión de excluirse del
grupo y de las resultas del proceso”.
Sobre la integración del grupo y los efectos vinculantes de la sentencia proferida
dentro de ese proceso, y respecto del fenómeno jurídico de la cosa juzgada entre
la acción de grupo y la acción de reparación directa, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de unificación de Sala Especial de
Decisión 39 , estimó que las resultas del acuerdo conciliatorio celebrado con el
grupo demandante, o la sentencia proferida en ese proceso vinculan a todos los
miembros del grupo, salvo aquellos que: i) hayan solicitado expresamente su
exclusión en la oportunidad pertinente –dentro de los cinco días siguientes al
vencimiento del traslado de la demanda–; ii) si participaron en el proceso y
demuestren que sus intereses no fueron representados en forma adecuada por el
representante del grupo o que hubo graves errores en la notificación; o iii) como lo
ha señalado la jurisprudencia, “hubiesen ejercido acciones individuales antes de la
admisión de la acción de grupo”. En este aspecto, la jurisprudencia ha
puntualizado que el ordenamiento jurídico permite, en virtud del derecho de
exclusión, que el interesado pueda iniciar una acción independiente del resto de
39Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión No. 9, sentencia
de 9 de septiembre de 2020, exp. No. 76001333100120080013401.
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las personas cobijadas por la misma causa que originó un daño plural 40 . No
obstante, cuando no ejercen el derecho de exclusión del grupo –en los tres
eventos señalados– resultan vinculadas por lo decidido en la acción instaurada en
su nombre, tanto si se han hecho parte en el proceso como si no 41. Al respecto,
explicó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de Sala
Especial de Decisión:
“201.– La Sección Tercera de la Corporación, en sentencia del 29 de septiembre de
2015, se refirió a la conformación del grupo. En este sentido, señaló que, al tenor de
lo dispuesto en el art. 46 de la Ley 472 de 1998, cualquier miembro de un grupo de no
menos de veinte personas “que reúne condiciones uniformes respecto de una misma
causa que originó perjuicios individuales” puede presentar una acción de grupo con el
fin de “obtener el reconocimiento y pago de la indemnización” de los mismos.
202. – Aclaró sobre el particular, que quien actúa como demandante representa a las
demás personas que hayan sido afectadas individualmente por los hechos
vulnerantes, sin necesidad de que cada uno de los interesados ejerza por separado
su propia acción, ni haya otorgado poder, lo que no excluye el que, con el fin de
obtener la indemnización de su daño individual, estos últimos puedan hacerse parte
del proceso -antes de la apertura a pruebas- o, de no concurrir al mismo, acogerse a
lo allí decidido -dentro del término de veinte días siguientes a la publicación de la
sentencia.
203. – La Sala destaca, que en la misma decisión la Sección Especializada señaló
que las resultas del acuerdo conciliatorio celebrado con el grupo demandante, o la
sentencia proferida en dicha acción, vinculan a todos los miembros del grupo, salvo
aquellos que: i) hayan solicitado expresamente su exclusión en la oportunidad
pertinente –dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del traslado de la
demanda-; ii) habiendo participado en el proceso, demuestren, en el término
establecido, que sus intereses no fueron representados en forma adecuada por el
representante del grupo o que hubo graves errores en la notificación; o iii) como ha
señalado la jurisprudencia, hubiesen ejercido acciones individuales antes de la
admisión de la acción de grupo. En otros términos, y como lo señala expresamente el
artículo 66 de la referida ley, la sentencia proferida en acción de grupo “tendrá efectos
de cosa juzgada en relación con quienes fueron parte del proceso y de las personas
que, perteneciendo al grupo interesado, no manifestaron oportuna y expresamente su
decisión de excluirse del grupo y de las resultas del proceso”.
(…)
205. – Sobre este último tema en particular, la Sala destaca el pronunciamiento de la
Sección Tercera del 16 de marzo de 2006, que se reitera hasta el presente, en el cual
determinó que de conformidad con lo establecido en los artículos 47 y 55 inciso final
de la Ley 472, debe entenderse como excluidos del grupo sometido al proceso
iniciado en ejercicio de la acción grupo, a aquellos afectados que antes de la
admisión de la demanda hayan ejercido su acción individual.
206. – En aquella decisión, quedó en claro que el derecho a presentar las
acciones individuales debe entenderse limitado en el tiempo por la formulación
y admisión de la acción de grupo, dado que una vez admitida ésta, el proceso
vincula a todos los afectados que no hayan formulado acciones individuales,
40 Corte Constitucional, sentencia C-036 del 19 de febrero de 1998.
41 Ibídem.
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porque si ya las instauraron, el proceso iniciado en ejercicio de la acción de grupo
solo los integrará si expresamente el interesado pide su acumulación a la acción de
grupo.
207. – En otros términos, todos los afectados por una causa común quedan
vinculados con la sentencia que se profiera en una acción de grupo, a menos
que antes de la admisión de la demanda de la acción de grupo hayan ejercido la
acción indemnizatoria individual, o que dentro de los términos establecidos en
la ley, soliciten expresamente su exclusión; aceptada ésta podrán intentar, no otra
acción de grupo, sino una acción individual por indemnización de perjuicios, en la
medida en que los términos para accionar no estén vencidos”42. (negrilla fuera del
texto original).
En cuanto a la aplicación del fenómeno jurídico de la cosa juzgada entre las
acciones de reparación directa y de la acción de grupo, la Corporación ha
considerado que, al compartir las dos acciones la misma la naturaleza
indemnizatoria o resarcitoria, lo que hace tránsito a cosa juzgada en una acción de
grupo es lo mismo que produce efectos de cosa juzgada en una acción de
reparación directa. Entonces, al analizar este fenómeno entre una acción de grupo
y una de reparación directa es necesario analizar el objeto, la causa y las partes
del litigio. Sin embargo, se aclara y se reitera –por la particularidad de la acción de
grupo– la parte demandante no es quien interpuso la demanda sino el grupo a
favor del cual se presentó la misma43.
Con base en el marco antes referido, se procede a analizar los efectos que la
acción de grupo tiene en relación con la acción de reparación directa de que trata
el presente proceso.
El caso concreto
11. En el trámite de primera instancia, el INVÍAS manifestó que, por el accidente
de tránsito ocurrido el 3 de febrero de 2009, en la vía Medellín-Quibdó, se
interpusieron dos acciones de grupo así: una ante el Juzgado 17 Administrativo
de Medellín, por los afectados en contra del Ministerio de Transporte y el INVÍAS,
identificada con el número de radicación 2009-00241-00, y otra ante el Juzgado
Único Civil del Circuito de Quibdó, por los afectados en contra de la Empresa de
Transporte Rápido Ochoa S.A., identificada con el número de radicación 2009-
00225. Estas acciones, a juicio del INVÍAS, por su carácter indemnizatorio y de
42 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión No.
9,
sentencia de 9 de septiembre de 2020, exp. n.° 76001333100120080013401.
43 Pueden verse al respecto las siguientes providencias. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del
24 de mayo de 2018. Expediente núm. 05001-23-33-000-2015-02028-01.
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sentencia con efectos de cosa juzgada, daban lugar a que se declarara la
existencia de un “pleito pendiente” sobre los mismos hechos. Por su parte, los
llamados en garantía por el INVÍAS, propusieron la excepción de “superposición
de acciones judiciales e imposibilidad de coexistencia de múltiples acciones”, por
cuanto los aquí demandantes ya habían promovido dos acciones de grupo por los
mismos acontecimientos.
12. Obra en el expediente la referida demanda de grupo con número de
radicación 2009-00241-00, que fue interpuesta el 22 de septiembre de 2009 ante
los Juzgados Administrativos de Medellín, por los señores María Rocío Castrillón
Holguín y otros por el accidente de tránsito ocurrido el 3 de febrero de 2009, en la
vía que de Medellín conduce a Quibdó44. También obran en este proceso las
sentencias –de ambas instancias– de la acción de grupo.
El 21 de mayo de 2015, se profirió sentencia de primera instancia en la acción de
grupo, donde se concluyó que el accidente de tránsito se produjo por la existencia
de un derrumbe que obstruía el carril de circulación por el que se desplazaba el
bus accidentado, y por el desprendimiento de la vía en el momento en el que el
automotor intentó avanzar por el carril contrario. Se condenó al INVÍAS y a la
Nación-Ministerio de Transporte al pago de perjuicios sufridos por el grupo45. El
15 de marzo de 2016, el Tribunal Administrativo de Antioquia modificó esa
decisión, en el sentido de ratificar la declaratoria de responsabilidad del INVÍAS,
pero declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
del Ministerio de Transporte46.
13. Encontrándose el asunto pendiente para proferir fallo de segunda instancia y
con fundamento en la facultad oficiosa que le asiste a esta judicatura, con el fin de
esclarecer si había lugar a declarar la cosa juzgada respecto del objeto que se
debate en el proceso de la referencia, la Sala decretó una prueba de oficio y en
consecuencia se solicitó al Juzgado 17 Administrativo de Medellín y al Tribunal
Administrativo de Antioquia, para que certificaran qué personas peticionaron la
integración al grupo durante el proceso número 2009-00241-00 y posterior a él.
Asimismo, para que certificaran qué personas solicitaron la exclusión de la acción
de grupo, conforme a lo establecido en el artículo 56 de la Ley 472 de 1998. Por
44 Folio 573-589 c. 3.
45 Folio 590-612 c. 3.
46 Folios 613-622 c. 3.
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otro lado, la Sala ofició a la Defensoría del Pueblo-Fondo para la Defensa de los
Derechos e Intereses Colectivos para que certificara qué personas fueron o son
beneficiaras de la indemnización ordenada en la sentencia de 21 de mayo de
2015, proferida por el Juzgado 17 Administrativo de Medellín, confirmada
mediante sentencia del 15 de mayo de 2016, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, en el proceso número 2009-00241-0047.
14. El 15 de abril de 2024, el Juzgado 17 Administrativo Oral de Medellín,
autoridad judicial que tramitó en primera instancia la acción de grupo, dio
respuesta al requerimiento efectuado en la prueba de oficio, relacionando 118
personas que solicitaron expresamente la exclusión del grupo y además enlistó
las personas que solicitaron inclusión al grupo en fecha posterior a la sentencia
de primera instancia. Al respecto, y en lo que importa a este proceso, señaló:
“Durante el trámite del proceso no se presentaron solicitudes de inclusión más allá de
los demandantes” (…)
Personas que solicitaron inclusión al grupo posterior a la sentencia de segunda
instancia:
(…) 23. Lina María Martínez Cruz (…) 104. Rosalino Valencia Hinestroza, 105. Rosa
Berena Moreno Ospina, 106. Sarany Valencia Moreno, 107. Neiber Valencia Moreno,
108. Servelina Valencia Moreno, 109. José Ángel Valencia Moreno, 110. Rosalino
Valencia Moreno, 111. Yairis Valencia Moreno, 112. Luz Piedad Valencia Moreno,
113. Gladyz Constanza Lloreda Moreno (…)48
El 14 de mayo de 2024, la Directora Nacional de Recursos y Acciones Judiciales
de la Defensoría del Pueblo, por su parte, contestó el requerimiento y certificó lo
siguiente: (i) las personas que fueron reconocidas en la sentencia de acción de
grupo n.° 2009-00241-00 como beneficiarias de la indemnización y (ii) el grupo
de personas que cumplieron con los requisitos para ser beneficiarios de la
indemnización de la acción de grupo, con las respectivas resoluciones de
reconocimiento y orden de pago, grado de consanguinidad con la víctima directa
y números de identificación. En esta segunda lista también se incluyeron las
personas que se adhirieron al grupo después de proferidas las sentencias 49. Se
extrae de esa lista, las siguientes personas beneficiarias:
47 Auto del 19 de febrero de 2024, índice 55 Samai.
48 Índice 67 Samai.
49 Índice 71 Samai.
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Radicación: 27001-23-31-000-2010-00184-01 (58718)
Demandante: Rosalino Valencia Hinestrosa y otros
Demandado: INVÍAS y otro
Proceso: Reparación directa
(…)
3.52. RES. 067 de 2023 31.370.734 Martínez Cruz Lina María
3.62. RES. 2346 de 2023 4.798.135 Valencia Hinestroza Rosalino
3.63. RES. 2346 de 2023 26.269.215 Moreno Ospina Rosa Berena
(…)
4.71. RES. 2346 de 2023 1.077.476.068 Valencia Moreno Sorany
4.72. RES. 2346 de 2023 1.077.456.447 Valencia Moreno Neiber
4.73. RES. 2346 de 2023 26.274.646 Valencia Moreno Servelina
4.74. RES. 2346 de 2023 4.803.354 Valencia Moreno José Ángel
4.75. RES. 2346 de 2023 11.809.399 Valencia Moreno Rosalino
4.76. RES. 2346 de 2023 1.077.445.329 Valencia Moreno Yairis
4.76 RES. 2346 de 2023 35.895.887 Valencia Moreno Liz Piedad
4.77. RES. 2346 de 2023 1.076.380361 Valencia Moreno Gladys
15. Para establecer si la decisión proferida dentro del trámite de la acción de
grupo n.° 2009-00241-00 tiene efectos de cosa juzgada respecto de la presente
acción de reparación directa, procede la Sala a verificar si i) la demanda versa
sobre la misma pretensión material o inmaterial ya decidida (identidad de objeto);
ii) se sustenta en los mismos fundamentos fácticos ya resueltos (identidad de
causa) y iii) concurren al proceso las mismas partes e intervinientes que fueron
adherentes vinculados y obligados por la decisión que constituye cosa juzgada.
16. En cuanto a la identidad de objeto se debe señalar que, en la presente
demanda de reparación directa, se solicita la declaratoria de responsabilidad de la
Nación-Ministerio de Transporte y el INVÍAS, por la muerte de Yimmy Valencia
Moreno, Alba Leticia Echavarría Mazo y César Augusto Valencia Martínez, como
consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el 3 de febrero de 2009, en la vía
que de Medellín conduce a Quibdó.
Por su parte, en la demanda que dio origen a la acción de grupo con número de
radicado 2009-00241-01, se pidió: “Declárase que la Nación Colombiana-
Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías - INVÍAS o cualquier otra
persona que hubiese sido citada al proceso de oficio por el Despacho de
conformidad con la facultad otorgada por el artículo 52 de la Ley 472 de 1998, son
administrativa y solidariamente responsables, por todos los daños y perjuicios que
han sufrido o que pudieran sufrir cada una de las víctimas directas o indirectas del
accidente de tránsito ocurrido el 3 de febrero de 2009 en la vía que de Medellín
conduce a Quibdó” (f. 570 c. 3).
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Radicación: 27001-23-31-000-2010-00184-01 (58718)
Demandante: Rosalino Valencia Hinestrosa y otros
Demandado: INVÍAS y otro
Proceso: Reparación directa
Como se expuso anteriormente, el Juzgado 17 Administrativo de Medellín, en
sentencia del 21 de mayo de 201550, se pronunció sobre aquella pretensión de
responsabilidad y, al respecto, consideró que se configuró una falla del servicio y
condenó al INVÍAS y al Ministerio de Transporte al pago de perjuicios al grupo. En
la sentencia de segunda instancia del 15 de marzo de 2015, el Tribunal
Administrativo de Antioquia confirmó la declaratoria de responsabilidad del
INVÍAS y excluyó al Ministerio de Transporte, por haber prosperado la excepción
de falta de legitimación en la causa por pasiva.
17. Respecto de la identidad de causa, en las demandas que se estudian en este
proceso de reparación directa, los demandantes narraron que el 3 de febrero de
2009, a la 1:00 a. m., el vehículo de servicio público de placas SYK-680 salió de
Medellín hacia Quibdó y que, a la altura del sector conocido como “Santa Ana”, el
conductor perdió el control del automotor al tratar de esquivar un derrumbe que se
encontraba en la carretera y que no contaba con señalización, por lo que el
vehículo se volcó y cayó por un abismo, hasta quedar sumergido en el río Atrato.
Como consecuencia de lo anterior, varias personas perdieron la vida, entre ellas,
Yimmy Valencia Moreno, Alba Leticia Echavarría Mazo y César Augusto Valencia
Martínez, pasajeros del vehículo de servicio público afectado.
La demanda de la acción de grupo expuso que “aproximadamente a la 1:00 a.m.
a la altura del kilómetro 90 más 250 metros en la vía que de Medellín conduce a
Quibdó en el trayecto La Mansa-Quibdó, jurisdicción del municipio del Carmen de
Atrato (sector Santa Ana), el bus de placas SYK-680, cayó al río Atrato, como
consecuencia del deficiente estado de la vía y de la falta de defensas,
pavimentación, iluminación y mantenimiento de la misma, pues se presentó un
desprendimiento de parte de la vía y además existía un derrumbe sin ninguna
señalización que taponaba el carril de circulación que le correspondía al vehículo
conducido por el señor Montoya Zapata, lo que generó, reiteramos, que el
vehículo cayera al río Atrato” (f. 560 c. 3).
Como se observa, la acción de reparación directa de los procesos acumulados
que hoy nos ocupan se fundamentó en los mismos hechos expuestos en la acción
de grupo 2009-00241-01 y que fueron tenidos en cuenta por el Juzgado 17
Administrativo de Medellín para declarar la responsabilidad de las entidades
50 Folios 760 a 780 del cuaderno del Consejo de Estado.
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Radicación: 27001-23-31-000-2010-00184-01 (58718)
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demandadas. Incluso, de conformidad con los informes obrantes en el proceso,
dicho juzgado en la sentencia realizó un listado de las personas fallecidas en el
accidente ocurrido el 3 de febrero de 2009, en la vía Medellín-Quibdó, entre las
que figuran Yimmy Valencia Moreno, Alba Leticia Echavarría Mazo y César
Augusto Valencia Martínez51.
18. Frente a la identidad de partes, tanto la acción de grupo como las reparaciones
directas individuales (acumuladas) se dirigieron en contra de la Nación-Ministerio
de Transporte y del Instituto Nacional de Vías-INVÍAS.
Conforme a lo probado, en la sentencia del Juzgado 17 Administrativo de
Medellín, proferida en la acción de grupo, se declaró la responsabilidad de las dos
entidades aquí demandadas y, en segunda instancia, el Tribunal Administrativo de
Antioquia confirmó la declaratoria de responsabilidad del INVÍAS y excluyó al
Ministerio de Transporte, por haber prosperado la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva, lo que indica que, en la acción de grupo
radicada con el número 2009-00241-01, existe un pronunciamiento definitivo en
las dos instancias sobre la responsabilidad de estas dos entidades en el accidente
de tránsito ocurrido el 3 de febrero de 2009, en la vía Medellín-Quibdó.
Ahora, respecto de la identidad de los demandantes de los procesos acumulados
que hoy nos ocupan frente a los demandantes de la acción de grupo, conforme a
las pruebas aportadas en esta instancia bajo la facultad oficiosa, debe abordarse
en dos escenarios diferentes:
A. Proceso 2011-00099: el primer grupo de demandantes, conformado por
Rosalino Valencia Hinestroza, Rosa Berena Moreno Ospina, Sarany Valencia
Moreno, Neiber Valencia Moreno, Servelina Valencia Moreno, José Ángel
Valencia Moreno, Rosalino Valencia Moreno, Yairis Valencia Moreno, Luz Piedad
Valencia Moreno, Gladyz Constanza Lloreda Moreno (familiares de Yimmy
Valencia Moreno –víctima directa–), y Lina María Martínez Cruz (familiar de César
Valencia Martínez –víctima directa–) solicitaron de manera expresa la integración
al grupo después de proferida la sentencia de segunda instancia. A su turno, la
Defensoría del Pueblo, al evaluar el interés legítimo de cada uno, expidió la
Resolución n.° 1428 de 2017, modificada por la Resolución n.° 1230 de 23 de
51 Folio 602 respaldo c. 3.
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octubre de 2018, a través de las cuales se conformó el grupo de personas que
cumplieron con el requisito para ser beneficiarios de la indemnización de la acción
de grupo n.° 2009-00241. Asimismo, la Defensoría del Pueblo expidió las
resoluciones que reconocieron y ordenaron el pago de cada beneficiario
mencionado52.
Así las cosas, conforme a los artículos 46, 55 y 64 de la Ley 472 de 1998, frente a
este primer grupo de demandantes, existe clara identidad de partes, objeto y
causa entre la acción de grupo y esta acción de reparación directa y, por ello, hay
lugar a declarar que lo decidido en la acción de grupo n.° 2009-00241-00 tiene
efectos de cosa juzgada respecto de este primer grupo familiar demandante en
este proceso, toda vez que resultan vinculados por lo decidido en la referida
acción de grupo. Esta circunstancia, entonces, imposibilita continuar con una
acción individual posterior y reclamar perjuicios por los mismos hechos ya
debatidos.
B. Proceso 2010-00184: el segundo grupo, conformado por Jackson Adrián Valencia
Córdoba, Jorge Eliecer Valencia Córdoba; Cristian Extiven Valencia Pino, Cristina
Miledys Valencia Pino; Josuar David Palacios Valencia y Jenifer Alejandra Mena
Valencia (familiares de Yimmy Valencia Moreno –víctima directa–). Edgar Fabricio
Colorado, Mary Luz y Carlos Duván Buritica Echavarría están legitimados en la causa
por activa (familiares de Alba Leticia Echavarría Mazo –víctima directa–). Además,
Shirley Acero Marín, César Augusto Valencia Acero, Estefanía Valencia Acero,
Estrella Ivette Acero Marín; Jhonny Banguera Martínez y Carlos Arvey Banguera
Martínez (familiares de César Valencia Martínez –víctima directa–), conforme a las
pruebas aportadas por el Juzgado 17 Administrativo de Medellín y la Defensoría del
Pueblo, estas personas no solicitaron la integración al grupo en el trámite del proceso,
ni en fecha posterior a la sentencia.
Por lo anterior, es necesario estudiar si, en este escenario, existe identidad de la
parte demandante y si este grupo familiar queda vinculado a las decisiones
proferidas dentro de la acción de grupo.
La sentencia de primera instancia el Juzgado 17 Administrativo de Medellín hizo
un listado de las personas fallecidas en el accidente ocurrido el 3 de febrero de
52 Índice 71 Samai.
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Radicación: 27001-23-31-000-2010-00184-01 (58718)
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2009, en la vía Medellín-Quibdó, entre las que figuraban, Yimmy Valencia Moreno,
Alba Leticia Echavarría Mazo y César Augusto Valencia Martínez, y dispuso que,
dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, el monto de la
indemnización colectiva se entregaría al Fondo para la Defensa de los Derechos e
Intereses Colectivos, a cargo del cual se pagarían las indemnizaciones
individuales de quienes formaron parte del proceso –como integrantes del grupo–
“y las correspondientes a las solicitudes que llegaren a presentar
oportunamente los interesados que no hubieren intervenido en el proceso y que
reunieran los requisitos exigidos por el juez en la sentencia”53.
De conformidad con lo anterior, es necesario verificar si lo decidido en la acción
de grupo radicada con el número 2009-00241-01 tiene para los demandantes del
segundo grupo carácter vinculante y obligatorio o si podían interponer una acción
de carácter individual después de presentada y admitida la acción de grupo.
Según el marco normativo y jurisprudencial atrás citado, la sentencia proferida en
la acción de grupo vincula a todos los miembros del grupo, excepto i) cuando la
acción de carácter individual se hubiera interpuesto antes de la admisión de la
acción de grupo; ii) cuando se solicita expresamente la exclusión del grupo en la
oportunidad pertinente y iii) cuando, habiendo participado en el proceso, se
demuestre, en el término establecido, que sus intereses no fueron representados
en forma adecuada por el representante del grupo o que hubo graves errores en
la notificación.
En este proceso obra el oficio 669 del 19 de mayo de 2016, mediante el cual el
Juzgado 17 Administrativo de Medellín certificó que dentro de la acción de grupo
radicada con el número 2009-00241-00 se profirió el auto admisorio de la
demanda el 16 de octubre de 2009 (f. 574 c. 3), mientras que las demandas de
reparación directa de los procesos acumulados en esta instancia se interpusieron
el 10 de septiembre de 2010 y el 28 de marzo de 2011, es decir que las acciones
de carácter individual no se interpusieron antes de la admisión de la acción de
grupo.
53 Folio 590-612 c. 3.
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Radicación: 27001-23-31-000-2010-00184-01 (58718)
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Puestas las cosas de este modo, frente a este segundo grupo familiar
demandante, quedaron probadas en este expediente las siguientes situaciones
procesales:
a) Que no solicitaron la integración dentro del trámite de la acción de grupo;
b) Que no solicitaron la inclusión al grupo en fecha posterior a la sentencia;
c) Que formularon la demanda de reparación directa el 10 de septiembre de
2010, esto es, se presentó en fecha posterior a la admisión de la acción de
grupo (16 de octubre de 2009).
En virtud de lo anterior, los miembros de este segundo grupo de demandantes
resultaron incluidos en el grupo de víctimas directas o indirectas del accidente de
tránsito ocurrido el 3 de febrero de 2009, en la vía que de Medellín conduce a
Quibdó, pues la demanda de reparación directa no se presentó antes de la
admisión de la acción de grupo y no ejercieron oportunamente el derecho de
exclusión, de conformidad con los parámetros establecidos en la ley 472 de 1998,
de modo que también resultan vinculados por lo decidido en la referida acción,
circunstancia que los imposibilitaba para intentar una acción individual posterior
por los mismos hechos ya debatidos.
El hecho que los aquí demandantes no hubieran participado en la acción de grupo
ni reclamado la indemnización a la que tenían derecho dentro de ese proceso, es
una conducta atribuible exclusivamente a ellos, que no puede servir de
justificación para que en sede de reparación directa se profiera una nueva
decisión sobre un asunto ya debatido sobre el que se produjeron los efectos de la
cosa juzgada.
19. La Sección Tercera, ha decidido otros casos con ocasión del mismo accidente
de tránsito ocurrido el 3 de febrero de 2009 en la vía que de La Mansa conduce al
municipio de Quibdó, en los que declaró probada la excepción de cosa juzgada,
porque los demandantes presentaron la acción de reparación directa en fecha
posterior a la admisión de la acción de grupo y no ejercieron el derecho de
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exclusión del grupo54. Al resolver la excepción de cosa juzgada, señaló la
sentencia:
(…) Mediante el auto de 18 de marzo de 2022, esta Subsección también ofició a la
Defensoría del Pueblo -Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses
Colectivos- que remitiera el listado de todas las personas que figuraban como
beneficiarios de la indemnización ordenada en la sentencia de 21 de mayo de
2015, proferida por el Juzgado 17 Administrativo de Medellín, y confirmada
mediante sentencia de 15 de marzo de 2016, dictada por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, dentro del proceso radicado con el número 2009-
00241-01. Asimismo, que especificara quienes presentaron oportunamente las
correspondientes solicitudes de pago y cumplieron los requisitos establecidos en
los artículos 55 y 65 numeral 3, literal b) de la Ley 472 de 1998 y en la sentencia
de 21 de mayo de 2015, proferida por el Juzgado 17 Administrativo de Medellín. El
8 de julio de 2022, en el traslado de la documentación allegada en virtud de la
prueba de oficio, el apoderado del INVÍAS manifestó que en cumplimiento de las
sentencias proferidas en la acción de grupo radicada con el número 2009-00241-
01 realizó el pago de la condena y allegó las resoluciones proferidas por la
Defensoría del Pueblo, mediante las cuales conformaron el grupo de personas
que cumplieron los requisitos para ser beneficiarios de la indemnización (fls. 1189
a 1238 c. ppal).
Los aquí demandantes tampoco figuran en las resoluciones proferidas por la
Defensoría del Pueblo; sin embargo, el hecho de que no se hubieran presentado
ante el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos y
acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en la sentencia para ser
reconocidos como beneficiarios adherentes y reclamar el pago de los perjuicios,
no los habilitaba para formular una acción individual, como en este caso la
presente acción de reparación directa, toda vez que no habían sido previamente
excluidos del grupo. El hecho de que los aquí demandantes no hubieran
participado en la acción de grupo ni reclamado la indemnización a que tenían
derecho, es una conducta atribuible solo a ellos, que no puede servir de
justificación para que en sede de reparación directa se profiera una nueva
decisión sobre un asunto ya debatido, sobre el que se produjeron los efectos de la
cosa juzgada, toda vez que no fueron excluidos oportunamente del grupo y, por
tanto, quedaron vinculados con las resultas de ese proceso (…)55”
20. Corolario de lo expuesto, en los procesos acumulados estudiados existe
identidad de los tres presupuestos que configuran la cosa juzgada -causa, objeto
y partes-. En ese orden, se concluye que en el presente caso se configuró el
mencionado fenómeno jurídico respecto de la sentencia proferida dentro de la
acción de grupo radicada con el número 2009-00241-01, razón que impone
revocar la providencia impugnada, para, en su lugar, declarar probada la
excepción de cosa juzgada y, en consecuencia, negar las pretensiones de la
demanda.
54 Al respecto ver sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, del 30 de agosto de
2022, Rad. n.° 58728, M.P. María Adriana Marín y sentencia del 23 de septiembre de 2022, Rad n.° 58896, M.
P. José Roberto Sáchica.
55 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 30 de agosto de 2022, Rad. 58728, M.P.
María Adriana Marín.
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Radicación: 27001-23-31-000-2010-00184-01 (58718)
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21. Como no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las
partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo
previsto en el artículo 171 del CCA., modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de
1998.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR las sentencias que dictó el Tribunal Administrativo del
Chocó, el 27 de octubre de 2016 y el 11 de noviembre de 2016 y, en su lugar,
DECLARAR probada la excepción de cosa juzgada y, en consecuencia, NEGAR
las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia DEVOLVER el expediente al Tribunal.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
FIMADO ELECTRÓNICAMENTE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
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Demandante: Rosalino Valencia Hinestrosa y otros
Demandado: INVÍAS y otro
Proceso: Reparación directa
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen
la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
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